22 de abril de 2023

ESPAÑA. Escrivá estima en 140.000 millones de euros los dineros de las pensiones destinados a otros menesteres. Excluidos entiendo los 64.000 millones que volaron de la hucha de las pensiones

 La Seguridad Social acumula más de 30 años en los que ha estado pagando con cotizaciones sociales de los trabajadores prestaciones consideradas no contributivas, como la sanidad (entre 1989 y 1998), el complemento de mínimo de las pensiones (hasta 2014), las bonificaciones de cuotas para apoyar la creación de empleo o las ayudas por nacimiento de hijos, entre otras. 

Ahora, el ministro José Luis Escrivá ha puesto cifras a este lastre. 

Que en un informe remitido a los diputados del Pacto de Toledo, viene a asumir que desde 1989 se han gastado más de 90.000 millones provenientes de cotizaciones sociales para financiar políticas no contributivas (dentro de la legalidad, en todo caso). Además, calcula que en todos estos años el Estado se ha quedado corto en cerca de 50.000 millones de euros en sus transferencias a la Seguridad Social para financiar prestaciones contributivas.

Si se suman ambas cantidades, se llega a la conclusión de que el Ministerio de Seguridad Social cifra en unos 140.000 millones los gastos asumidos por la Seguridad Social en los últimos 30 años para financiar prestaciones que debían haber sido cubiertas con impuestos. Las cifras que figuran en el 'Informe sobre la acción protectora de la Seguridad Social y la Financiación del Estado' tambien se pueden leer de otra manera: esos 140.000 millones serían suficientes para poner a cero la deuda de la Seguridad Social contraída por el Estado desde 1999 (106.178 millones) y aún quedarían más de 30.000 millones para nutrir una hucha de pensiones con la que atender algunas de las futuras dificultades que se auguran para el sistema. Si, como ya recomendó el Tribunal de Cuentas en 2020, el Estado hubiera devuelto estas cantidades a la Seguridad Social, los debates sobre los recortes de las pensiones se podrían haber formulado sobre una base diferente.

Las cantidades más abultadas de cotizaciones sociales que en los últimos años se han destinado a pagar gastos que tenían que haber sido cubiertos con impuestos corresponden a sanidad (30.991 millones entre 1989 y 1998); complementos para pensiones mínimas (51.890 millones entre 1999 y 2013); bonificaciones de cuotas por creación de empleo (15.163,44 millones entre 1991 y 2022) y prestaciones por nacimiento de hijos (39.305,16 millones, entre 1991 y 2000).

Para comprender el alcance de esta cifra de 140.000 millones, basta apuntar que daría para pagar más de un año de pensiones de jubilación en España (16 mensualidades). Además hay que señalar que esta cantidad ya no irá a más, pues el Gobierno ya ha culminado el llamado proceso de separación de fuentes de financiación y en 2023 las cotizaciones solo van a pagar pensiones contributivas; las prestaciones no contributivas ya se pagan con transferencias del Estado provenientes de la recaudación de impuestos. Pero la insuficiencia de los últimos años ha dejado un lastre de deuda con el Estado en la Seguridad Social (106.178 millones a diciembre de 2022) que va camino de convertirse en perpetua, pues cada vez que se acerca el momento de pagarla, el Gobierno de turno aprueba un nuevo aplazamiento de 10 años, y que no genera intereses (son préstamos sin interés).

Fuente: El Periodico.com

CONCLUSIÓN

Por tanto antes de hablar de los posibles problemas futuros de solvencia de la Seguridad Social, que no los discuto, bien harían los que así se pronuncian, en comprobar como principalmente los trabajadores hemos pagado con 140.000 millones de nuestro impuestos durante los últimos 30 años, las carencias del Estado de bienestar en España. Fuera parte entiendo, los 64.000 millones de euros que se esfumaron del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por no hablar de los casi 100.000 millones de euros que nos costó la operación "salvemos al soldado BANCA" que igualmente fue financiada con nuestros impuestos, de los cuales casi la mitad serán irrecuperables, según el Banco de España. 

 Pues ahí están las cuentas de lo que toda la vida había pensado y no podía demostrar, que la Seguridad Social no está quebrada, lo que está quebrada es la dignidad de los que no pagan los impuestos que les corresponden en razón de sus ingresos, para luego con los privilegios que concede don dinero (poderoso caballero) y las provechosas subvenciones obtenidas, llevarse sus empresas fuera de España.

Y que no me venga ahora nadie diciendo que hay mucho jubilado o parado que no paga nada, pues primero trabajamos y bien que lo hicimos, cuando los que no tenían nómina se escaqueaban de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto las suyas como las de sus empleados caso de muchos empresarios, o bien  como el Presidente de la CEOE que pagaba como autónomo cuando tenían un sueldo de 300.000€ anuales, para decir después, que todo está bien si la ley lo permite, y que la culpa es del gobierno. Ya, y de ahí viene la desaparición de la hucha de la pensiones  y el detraimiento o desvío de las cotizaciones de la Seguridad Social, a otros menesteres, de que todo está bien ¿no? Si es que no me extraña que los Del Pino de este país estén a favor que gobierne la derecha en España, pues los regalos que públicamente suplican  a los posibles gobernantes del PP, les llegan por todos los lados, y cuando no les llegan se llevan de España las empresas. Eso para la derecha se llama PATRIOTISMO.

¿Y donde fueron a parar los 140.000 millones de euros?. ¿No será que haya demasiados que no paguen en razón del sueldo lo que les corresponda tanto de cotizaciones a la Seguridad Social como de impuestos? Más que nada además lo digo por aquello de las elusiones fiscales, el dinero negro, los paraísos fiscales y todo eso, ustedes ya me entienden, que hoy no me quiero extender mucho. 

¿Y que hay de los 66.000 millones de euros de la hucha de las pensiones? ¿O también es legal y justo que haya desaparecido prácticamente todo ese dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social?.

Porque desde finales de 2011 que había 66.815 millones de euros en la hucha (que se corresponde con el  inicio del gobierno de Rajoy), hasta los exiguos 2.140 millones de euros de 2018 (año de salida de Rajoy del gobierno) que coincide con los que actualmente quedan en dicha hucha, me sale que se evaporaron 64.675 millones de euros. Que alguien me explique a que fin el PP de Rajoy cuando estaba en el gobierno del Estado empezó a conceder créditos a la Seguridad Social para pagar las pensiones con cargo al Fondo de Reserva de la misma, siendo que la Seguridad Social recaudaba de sobra para pagar las pensiones contributivas, las únicas obligadas a pagar.

Estamos hablando de un total de 204.675 millones de euros (los 140.000 de Escrivá más 64.675 de la hucha de las pensiones) que en los últimos 30 años no se han destinado para lo que estaba previsto, cual era para pagar las pensiones contributivas y solo debería  recurrirse al Fondo de Reserva caso no hubiese suficiente con las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Y luego vienen los listos de turno que no han dado un palo al agua en su vida, y se han pasado la mitad de su existencia estudiando la manera de no trabajar y salen presumiendo de ser conseguidores, es decir chupópteros profesionales, y detrás vienen sus progenitores políticos diciendo que todo está bien, que son bisnes legales, y que en el peor de los casos no hace falta que vayan a la cárcel, que para eso tienen buenas agarraderas y quien no las tenga que espabile o sino se fastidie. Así entienden los negocios la derecha a base de enchufes, que ellos muy finos, lo llaman contactos.

Y finalmente salen en tromba el resto de favorecidos por la diosa fortuna "de aquella manera claro", y vienen a decirnos que ellos son los que más contribuyen a la sostenibilidad de la economía española con el pago de impuestos (será a nivel individual por razón de salario o ingresos, porque en conjunto no es cierto) y los padrinos políticos de todos ellos nos intentan convencer que es una fiscalidad legal e incluso progresiva (supongo querrán decir que para sus propios bolsillos). Y añaden que caso algún día gobernasen,  sino fuese legal cambiarían esa ley y cualquier otra del gobierno actual para que lo fuese, y eso sí me lo creo.

  ¡Ah! Y además dejan claro que ellos no hacen electoralismo, que eso lo hacen los demás. Y culpan que haya paro y pobres al gobierno de Pedro Sánchez, como si fuese el culpable de que esté vacía la hucha de pensiones, después de haber pasado pandemias, guerras y catástrofes naturales, sin haberla tocado; que de eso bien que se encargó Rajoy sacando de la hucha 64.675 millones de euros

Y corriendo todos juntos a confesarse, dos padre nuestros y un ave maría, y arreglado, “pa la saca y todo por la patria”, sin olvidarse de una propina para el cura y otra para el partido, por los servicios prestados. Nobleza obliga.

¡Que bello es vivir en España para corruptos y vividores! 

¡Y que poca dignidad tienen!

Fuente: Redacción; Publico.es

POSDATA

Caso de Ecología, y Sostenibilidad Climática, el PP y Vox deberían darle una vuelta al asunto.

Por que imagínense que ganasen el PP las elecciones (no lo quiera Dios o quien sea  que esté allá arriba) y los españoles tuviésemos  que pagar de nuestros impuestos, en multas, el equivalente a todo el dinero desaparecido de la hucha de las pensiones, que no sería descabellado después del varapalo de ayer de la Comisión Europea a la Junta de Andalucía. Por que con los genios políticos del PP que gobiernan o aspiran a gobernar las distintas comunidades autónomas, así como el Estado, que se han adherido o pretenden hacerlo, a las tesis andaluza de legalizar los pozos ilegales para el riego de la huerta y desecar Doñana en el caso de Andalucía o hacer lo mismo con los pozos ilegales de las Tablas de Daimiel, según he oído insinuar al candidato del PP a la presidencia de la Comunidad de Castilla La Mancha, solo falta se defina al respecto Madrid, Murcia, junto a Castilla y León, aunque no me suena tengan Humedales naturales protegidos, sino ya serían historia, porque se los habrían pulido sin ningún remordimiento, como enemigos declarados del ecologismo que son.

Todos estos actos, colocan al PP al mismo nivel de Vox en activismo del negacionismo climático. Otro motivo más para no votarles, si es que le están haciendo la campaña a la izquierda. Y estoy seguro que el PSOE agradece las ayudas, pero a nadie le gusta vencer en las elecciones, si los rivales políticos se dejan ganar, que en las competiciones deportivas se llama hacer tongo. 

Aunque poniéndonos serios, con el tema de la  ecología y la sostenibilidad climática, si se incumplen las directivas europeas, perderemos todos, y no solamente en el aspecto económico, que también, sino y principalmente en el aspecto ambiental, con el futuro que vamos a dejar a las siguientes generaciones en España, en Europa y en el mundo.

Fuente: Redacción

7 de abril de 2023

ESPAÑA. Nuevo método para diagnosticar diferentes tipos de cáncer en menos de tres horas

 Permite usar moléculas de ácido ribonucleico de transferencia (ARNt) como biomarcadores para su diagnóstico y por un coste inferior a 50 euros.

Científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han desarrollado una nueva herramienta que permite usar moléculas de ácido ribonucleico de transferencia (ARNt) como biomarcadores para diagnosticar cánceres y hacerlo en un futuro próximo en menos de tres horas y con un coste inferior a los 50 euros por muestra.

Los científicos, que publicaron el jueves su trabajo en la revista 'Nature Biotechnology', han logrado por primera vez desarrollar un método para medir la abundancia y las modificaciones de ARNt de una forma sencilla y barata, con aplicaciones prometedoras para diagnosticar y pronosticar enfermedades, y que además no es una prueba invasiva y tiene alta sensibilidad y especificidad.

El método ha sido desarrollado por el grupo de investigación de Eva Novoa en el CRG de Barcelona y, con financiación de la Asociación Española Contra el Cáncer, ahora están utilizando el método como base para desarrollar un nuevo kit y una plataforma que podrá determinar si una muestra biológica es cancerosa y predecir su malignidad en menos de 3 horas, y a un coste inferior a 50 euros por muestra.

Según ha explicado Novoa, cuando las moléculas de ácido ribonucleico de transferencia (ARNt) se modifican incorrectamente, producen proteínas defectuosas o incompletas, lo que se asocia a diversas enfermedades humanas, incluidas las neurodegenerativas, las metabólicas y el cáncer.

“Los ARNt son moléculas que contienen mucha información“

"Los ARNt son moléculas que contienen mucha información, con enorme potencial para el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades y hasta ahora no se han explotado debido a la falta de métodos que puedan capturar esta información de forma cuantitativa y rentable", según la investigadora, que pone como ejemplo que algunos tipos de cáncer son difíciles de diagnosticar porque sus síntomas no son específicos y pueden confundirse con otras afecciones.

"Ser capaz de aislar moléculas de ARNt de muestras de sangre y cuantificar sus modificaciones puede ayudar a diagnosticar cánceres sin utilizar pruebas de imagen o biopsias invasivas. Además, el tipo de modificaciones del ARNt puede cambiar según el estado de la enfermedad, proporcionando valiosa información", ha añadido Novoa.

Los métodos actuales para medir moléculas de ARNt generalmente involucran técnicas como la secuenciación de última generación o la espectrometría de masas, con limitaciones para diagnosticar porque no pueden detectar las modificaciones o no son capaces de identificar en qué punto de la molécula de ARNt están.

El nuevo método puede medir tanto la abundancia como las modificaciones

Este nuevo método, denominado Nano-tRNAseq, según los científicos del CRG, puede medir tanto la abundancia como las modificaciones de las moléculas de ARNt en un solo paso y se basa en la secuenciación de nanoporos, una tecnología que puede secuenciar las moléculas de ARN directamente pasándolas a través de un pequeño poro y detectar los cambios en la corriente eléctrica que se genera cuando cada nucleótido pasa a través del poro.

"Antes dependíamos de dos métodos separados que son menos informativos, tardarían semanas y costarían miles de euros para obtener resultados. Nano-tRNAseq es mucho más económico, y podemos tener resultados en un par de días. En un futuro cercano, será en pocas horas", ha asegurado la investigadora del CRG Morghan Lucas.

Otra ventaja es que las máquinas de secuenciación de nanoporos para utilizar Nano-tRNAseq son pequeñas, ligeras y pueden funcionar con un portátil o una batería externa, lo que las hace fáciles de transportar y permite usarlas en el campo o en la clínica.

Aunque todavía existen algunas limitaciones en el nuevo método, que se ha probado con el ARNt de la levadura, Lucas afirma "que usar Nano-tRNAseq en paralelo con otros métodos permite describir los perfiles de modificación del conjunto completo de ARNt en humanos y, en el futuro, utilizar Nano-tRNAseq para identificar qué cambios en los ARNt están asociados con una determinada enfermedad".

"Nano-tRNAseq es una tecnología de prueba de concepto que allana el camino para desarrollar un método simple, barato y altamente preciso que puede cuantificar estas moléculas de forma no invasiva. Nuestro objetivo es continuar desarrollando esta tecnología y combinarla con herramientas de inteligencia artificial para determinar la malignidad de una muestra biológica en menos de 3 horas y con un coste de no más de 50 euros por muestra", ha concluido Novoa.

Fuente: www.tve.es

CRIPTOMONEDAS. El mercado encuentra en Rusia nueva oportunidad de negocio

 A la Unión Europea le llevó un año aprobar diez paquetes de sanciones contra Rusia con el fin de bloquear al límite su economía y limitar su maquinaria bélica. Pero por el contrario, solo cinco clics le bastan a los criptousuarios rusos para que puedan burlar el muro de las sanciones y movilizar sus rublos hacia el mercado global.

Un informe de la firma de análisis Inca Digital resalta que al menos dos plataformas de criptoactivos, Kucoin y Huobi, permitían hasta hace pocas semanas, utilizar a los usuarios rusos sus tarjetas de débito y crédito para comprar tokens, emitidas por bancos locales sancionados. Posteriormente, los interesados podrían cambiar sus activos por otras monedas y recibirlas en otro país libre de sanciones.

Explicación, pues ambas plataformas de intercambio están establecidas en Seychelles, un paraíso fiscal.

Incluso, señala la investigación, Binance, el exchange más grande del mundo , ofrece en la actualidad múltiples posibilidades a sus usuarios rusos para comprar tokens digitales sin ningún tipo de control ni registro. “Siempre habrá clientes que operen con malicia y que intenten eludir los más avanzados controles”, defiende ante Bloomberg Chagri Poyraz, jefe global de Binance.

Este es solo un ejemplo del uso de las monedas digitales para actividades ilícitas, que alcanzó en 2022 el máximo histórico de 19.517 millones de euros en transacciones anuales. Expresado de otro modo, el 0,24% de todos los criptointercambios corresponden a actividades ilícitas, lo que duplica el valor de 2021.

La investigación de la firma Chainalysis resalta que al menos el 43% de estos fondos, algo menos de 9.000 millones de euros, corresponden a operaciones realizadas por entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), pero que aún operan en el mercado. La capacidad del regulador estadounidense es, por lo menos, limitada: en todo 2022 solo sancionó a diez individuos y empresas, principalmente por lavado de activos y tráfico de drogas. Entre los penalizados se encuentran firmas asociadas con el régimen ruso.

Cuando se elimina este segmento, el resto de las categorías tradicionales de delitos relacionados con las criptodivisas han disminuido, como los ataques cibernéticos. Desde Chainalysis relacionan el descenso de estas estafas con el criptoinvierno que comenzó en 2022. El mercado total de criptos pasó de 2,2 billones en 2021 a 900.000 millones de dólares al año siguiente, según la firma Invesco.

Optimismo

Juan Montaner, experto en Chainalysis España, matiza que uno de los puntos débiles del criptomundo puede ser su mayor protección para evitar su uso masivo para eludir las sanciones a Rusia. “Los mercados de criptomonedas son demasiado ilíquidos para soportar la evasión masiva de sanciones rusas, aunque eso no significa que esta actividad no esté ocurriendo, pero a una escala menor”, destaca Montaner.

Además, lo que para algunos es señal de la necesidad de prohibir estos activos, para los entusiastas de estas alternativas digitales se convierte en la máxima prueba de la transparencia y los beneficios de la tecnología que sostiene el criptomundo. A través del uso de los mismos protocolos, los reguladores pueden rastrear transacciones ilícitas de criptos hasta sus puntos de origen, presentar procesos legales a esas empresas y obtener información relevante.

La coordinación global parece lejos de ser una realidad. Mientras las autoridades estadounidenses parecen decididas a redoblar la presión en el sector, en una operación que la prensa ya bautizó como Operation Choke Point 2.0, en Europa, el primer reglamento (MiCA, Markets in Crypto-Assets, por sus siglas en inglés) aún espera su votación en el Parlamento.

El FMI resucita la idea de prohibir las criptos

VETO.- Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha vuelto a reflotar la idea de que, quizá, las criptomonedas no puedan estar encuadradas en el marco legal. “Si la regulación falla, o la implementación es lenta, entonces prohibir estos activos debería ser una opción por los riesgos que generan a la estabilidad financiera”, señaló Georgieva.

NORMATIVA.- El organismo multilateral, muy crítico con el mundo cripto, ha resaltado en numerosas oportunidades los desafíos de crear una normativa que sea capaz de contener estas monedas. “Los criptoactivos no son nada, no pueden ser aceptados como moneda de curso legal”, resaltó la máxima representante de la entidad, que mantiene una mirada crítica sobre El Salvador, la nación centroamericana que ha apostado por el bitcóin.

Fuente: Cinco Días.com

RUSIA. Gasta en solo tres meses el 82% del déficit previsto para todo 2023

 El Gobierno ruso espera suavizar el desplome de los ingresos por hidrocarburos con un nuevo sistema impositivo para sus petroleras. Los gastos se han disparado un 34% un año después de comenzar la ofensiva

Tres meses son insuficientes para hacer un pronóstico sobre la economía rusa, pero el primer tramo del año apenas ha dejado margen al Kremlin para el resto de 2023 si no hay un cambio de rumbo. 


El Ministerio de Finanzas ruso ha cifrado su desequilibrio presupuestario de enero a marzo en 2,4 billones de rublos, unos 27.000 millones de euros al devaluado cambio actual y algo más del 82% de objetivo de déficit previsto para 2023, unos 2,9 billones de rublos. Su costosa invasión de Ucrania y el desplome de los ingresos de los hidrocarburos por las sanciones explican un agujero cada vez más grande, el cual Moscú espera subsanar con un nuevo sistema de impuestos a sus petroleras.

“La aclaración del nuevo mecanismo y la reducción gradual de los descuentos en los precios del barril de los Urales contribuirán a la recuperación gradual de los ingresos fiscales del sector petrolero, especialmente en la segunda mitad de este año”, ha prometido el Ministerio de Finanzas ruso a través de un comunicado. Según sus cálculos, los ingresos por la venta de crudo y gas, 1,6 billones de rublos, se han hundido un 45% respecto al primer trimestre de 2022, aunque entonces Moscú se benefició del sobreprecio que alcanzó el gas al pujar muchos países por este recurso ante el temor de quedar desabastecidos al inicio de la guerra.

Las sanciones al crudo ruso se hicieron esperar hasta este año. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales aprobaron en diciembre un tope de 60 dólares al precio del barril de petróleo ruso que se transporta por mar, y ello ha obligado a las petroleras rusas a asumir los sobrecostes de su transporte, tanto con la contratación de barcos fantasma como al costear sus seguros. Esta situación se ha trasladado al mercado que tomaba como referencia el Ministerio de Finanzas para aplicar sus impuestos, el barril de los Urales. Este índice ruso aplica los descuentos de más de 20 dólares en su cotización respecto al Brent y, por ende, ha reducido la tributación de las petroleras que nutren las arcas de guerra del Kremlin.

Moscú ha capeado el temporal aplicando una nueva regla financiera que permite al Banco Central de Rusia recurrir a las reservas que no han quedado congeladas, especialmente oro y yuanes, para cubrir los ingresos perdidos de la venta de hidrocarburos estos meses. “Esto garantiza la estabilidad del sistema presupuestario”, asegura el Ministerio de Finanzas.

Moscú observa un brote verde en los ingresos ajenos a los hidrocarburos. Estos, que aportaron cuatro billones de rublos a sus finanzas entre enero y marzo, se redujeron un 4% respecto al mismo periodo del año anterior. “La dinámica en la recepción de estos ingresos y la financiación de los gastos indican una normalización gradual de la ejecución del presupuesto federal”, valora el Ministerio de Finanzas.

La guerra desatada contra Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha disparado los gastos del Gobierno un 34% en el primer trimestre respecto a los tres primeros meses de aquel año. No obstante, la ejecución de este dispendio se concentró en enero y febrero, pues en marzo apenas se elevó el gasto un 4% respecto al mismo mes de 2022. Moscú, que por ley ha codificado como secretas gran parte de las partidas presupuestarias por la invasión, no especifica en qué se empleó aquel dinero. Como comparación, Rusia se apuntó un superávit de 1,1 billones de rublos, más de 13.000 millones de euros, en el primer trimestre de 2021.El rublo se debilita al nivel previo a la guerra

Las sanciones y la situación económica general del país están haciendo mella en la capacidad para obtener otras divisas, como el dólar y el euro, cuya cotización se ha disparado en las últimas semanas en el mercado ruso hasta alcanzar los niveles registrados al inicio de la guerra. El euro cotiza de nuevo por encima de los 90 rublos cuando el pasado verano rondaba los 55 debido al minicorralito impuesto por el banco central que dirige Elvira Nabiúllina. “El mercado esperaba un debilitamiento del tipo de cambio del rublo desde principios de año, pero no a esta velocidad. Su última caída se produce en un aumento de los precios del petróleo y de sus exportaciones por alta mar, junto con una mejor confianza en el comercio internacional”, apunta un análisis de mercados de la sociedad de inversiones rusa Loko—Invest.

La firma apunta a que el rublo ha perdido su fortaleza del pasado año al desaparecer el superávit de divisas que acumuló en los primeros meses de la guerra gracias al encarecimiento de las materias primas. Ello, sumado a la marcha de muchos inversores foráneos y a “la demanda de moneda extranjera por parte de la población rica y de quienes han huido del país”, ha disparado las peticiones de euros y dólares. “Los medios están copados de noticias sobre no residentes que hacen cola para vender sus negocios y retirar sus fondos del país. El proceso es extremadamente opaco, y en un mercado de divisas poco líquido, esto provoca volatilidad en el tipo de cambio”, añade la compañía.

El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, quitó hierro a la fluctuación del rublo frente a unas divisas que han perdido interés para un Kremlin orientado totalmente hacia el yuan de su socio chino. Según el alto cargo, Moscú no intervendrá en la cotización de la moneda rusa. “Se deba al aumento de las importaciones o a la reducción de los ingresos por las exportaciones, nuestro curso se adhiere a los principios del mercado y (el tipo de cambio) flota libremente ante las condiciones económicas externas cambiantes”, subrayó Siluánov.

Fuente: El Pais.com

ESPAÑA. La delgada línea que separa la estupidez de la mala fe, en la política española.

 El contrato indefinido fijo discontinuo se ha convertido en inesperado e injustificado  protagonista en el debate sobre los efectos de la reforma laboral de 2021.

Puesto que, bien por estupidez política o bien por mala fe, algunas fuentes están deslizando la idea de que la transformación de los contratos temporales en indefinidos se realiza, casi exclusivamente, a través de la citada modalidad contractual.

Comencemos por los datos 

La Encuesta de población activa (EPA), que se realiza con criterios homologados por Eurostat, es la estadística básica para el conocimiento del mercado de trabajo. La EPA cifra en 17.371.500 las personas que trabajaron como asalariadas en el último trimestre de 2022, de las que 594.200, apenas el 3,4%, tenían un contrato de duración indefinida discontinua.

Esta es la dimensión real de los fijos discontinuos en España: poco más de 3 de cada 100 asalariados; un peso sin la entidad necesaria para explicar la profunda transformación del empleo que se ha producido en el primer año de aplicación de la reforma laboral. Recordemos además el contexto. En el año 2022 el empleo indefinido tuvo un crecimiento extraordinario en España: en un solo año aumentó en 1.591.000 personas, más que en Alemania, Italia y Francia juntas.

Por mala fe o algo peor, algunas fuentes están deslizando la idea de que la transformación de los contratos temporales en indefinidos se realiza, casi exclusivamente, a través de fijos discontinuos, lo que estaría provocando un desorbitado incremento de esta modalidad contractual.

La realidad es que el 86% de ese aumento del empleo en 2022 responde a contratos indefinidos ordinarios y solo el 14% indefinidos fijos discontinuos.

Parece evidente que la mayoría del empleo temporal se está transformando en indefinido ordinario y solo en las actividades estacionales tiene más relevancia el indefinido fijo discontinuo.

En concreto, los datos de Seguridad Social muestran que dos de cada tres nuevos fijos discontinuos en 2022 se concentran en hostelería, educación, comercio, agricultura y empresas de trabajo temporal (ETT).

Todos los datos utilizados hasta aquí están disponibles en las páginas web del INE, Eurostat y la Seguridad Social. Para el análisis de los fijos discontinuos en los periodos de inactividad es necesario utilizar los microdatos de la EPA. Datos que nos dicen que en el cuarto trimestre de 2022 había 45.200 personas en paro y 70.500 personas inactivas, que habían trabajado antes como fijas discontinuas.

Este es sin duda un dato muy significativo, porque la mayoría de los fijos discontinuos en situación de inactividad no buscan trabajo, por una razón fundamental: porque ya lo tienen. Están esperando a que empiece el curso escolar o la temporada turística para reincorporarse a su empresa, a su puesto de trabajo, en el que tienen sus derechos laborales consolidados.

Esta es la razón por la que la EPA, desde siempre, solo contabiliza como parados a los fijos discontinuos en periodo de inactividad cuando cumplen con la condición básica para ello: buscar empleo de forma activa.

Por si se entiende mejor: un fijo discontinuo en periodo de actividad figura como ocupado en la EPA y como afiliado en la Seguridad Social. Cuando está en periodo de inactividad, la EPA lo contabiliza como parado si busca empleo o inactivo si no lo hace, porque está esperando a que su empleador lo vuelva a llamar.

Esta figura contractual es la respuesta más adecuada para hacer compatible la estacionalidad productiva de determinados sectores con la estabilidad laboral. Es un contrato indefinido a todos los efectos, que da estabilidad y seguridad a las personas asalariadas, que genera los mismos derechos que un indefinido ordinario en la antigüedad, las vacaciones, la protección frente al despido o a la carrera profesional dentro de la empresa.

El Boletín Oficial del Estado no puede cambiar las temporadas turísticas ni los ciclos de la agricultura, pero sí puede y debe garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en estos sectores, empezando por el derecho a un contrato estable. Hemos pasado de los contratos temporales precarios de antes a los contratos indefinidos y con derechos de ahora.

CONCLUSIÓN

Por último, es posible entender la utilización partidaria del ruido en el debate político, pero es sorprendente que algunos analistas, en lugar de poner el foco en entender el extraordinario comportamiento de nuestro mercado de trabajo en los tres últimos años, parezcan obsesionados por la casilla en la que se registra a los fijos discontinuos en periodo de inactividad en los servicios de empleo de las comunidades autónomas.

Fuente: El Pais.com

28 de marzo de 2023

INVASION UCRANIA. La Academia de Ciencias Militares de China considera que la guerra terminará antes del próximo otoño y Rusia acabará con ventaja.

 El periódico japonés Nikkei, ha publicado la conclusión del informe elaborado por el grupo de expertos que configura la Academia de Ciencias Militares China (AMS, por sus siglas en inglés) donde señalan que la guerra en Ucrania terminará antes del otoño del presente año.

Pekín habría tomado muy en serio este informe para apostar por su papel de mediador, ante la posible resolución del conflicto durante los próximos meses.

El AMS ha realizado una simulación militar del conflicto y ha sugerido que llegará a su fin «alrededor del verano de 2023», siendo Rusia quien termine «con ventaja». En su análisis, apuntan a que tanto Ucrania como Rusia no soportarían mucho más tiempo la prolongación de este conflicto.

Según Nikkei, China habría apostado por la resolución del conflicto y ofrecerse como mediación, para restablecer así las relaciones con Europa y Kiev y poder garantizar el flujo de inversiones y tecnología.

«Junto con Rusia, no podemos darnos el lujo de perder Ucrania», señalaba una fuente del gobierno chino al medio de comunicación japonés.

Dentro del plan chino para la paz, Pekín está planteando ayudar económicamente a Kiev.

Xi Jinping estaría evaluando acudir a Moscú para tener una reunión con Putin sobre estos detalles. Nikkei apunta a finales de abril o principios de mayo como fecha para que desde China se impulsen las propuestas de paz.

Fuente: Diario16.com

ESPAÑA. El Congreso votará la reforma de las pensiones. Consecuencias favorables de dicha reforma.

 Este jueves, el Congreso de los Diputados, votará la propuesta de la reforma de las pensiones, que tanto necesita este país, y que tanto PP como Vox, como no podía ser de otra manera, se preparan para votar en contra con excusas de mal pagador.

Medidas fundamentales de la reforma española de pensiones 

La semana de mitad de este mes fue crucial en Europa para una de las aristas principales del Estado del bienestar de varios países: las pensiones.

 Dos países vecinos y fronterizos, como son España y Francia, han tenido dos procesos de negociación y tramitación bien diversos. Mientras que, en el país de la Gran revolución, los franceses han salido a manifestarse a las calles y han organizado huelgas en sectores clave como el transporte y la energía; en España la negociación se ha llevado a cabo en silencio y sin visibilidad para los ciudadanos españoles, que se encuentran ensordecidos por la crispación y el ruido político desatado por temas más mundanos.

La cuestión de las pensiones es de especial relevancia para el desarrollo democrático, pero también para la Comisión Europea (CE). Tanto es así que el cuarto pago del fondo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea (UE) se encuentra ligado a la reforma de las pensiones de los países que necesiten convertir su sistema en sostenible.

Aunque no es de extrañar que el PP y Vox  estén en contra, puesto que según su lógica, lo que es bueno para los trabajadores es malo para los empresarios y por tanto para las populismos de derechas que siempre se benefician de la bronca social y de la inflación, como hicieron derecha y extrema derecha en el siglo pasado, y ahora quieren volver a repetir.

Una apuesta por los ingresos en el sistema público

El jueves 16 de este mes, el Consejo de Ministros del Gobierno aprobaba el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. El texto es resultado de un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 y se ha llevado a cabo bajo el marco del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Las medidas garantizan el poder adquisitivo de todas las pensiones y se establecen subidas adicionales para los pensionistas más vulnerables, refuerza los ingresos del sistema público, especialmente en los años en los que el sistema tiene que soportar un mayor reto demográfico, y diseña un modelo más justo para las personas que han tenido una carrera profesional no lineal, una situación que hasta ahora suponía una merma desproporcionada a su derecho de pensión”, señalan en Moncloa.

La reforma del sistema español de pensiones, publicada en el BOE desde este mismo viernes, se caracteriza principalmente por reforzar los ingresos de la Seguridad Social. En primer lugar, las bases máximas de cotización (la referencia que toma la Seguridad Social para calcular cuánto tienen que pagar las empresas en base al salario de sus trabajadores) subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050, logrando incrementar la financiación a la Seguridad Social. Para no crear un desequilibrio y una brecha entre ambas, también subirán las pensiones máximas, pues se revalorizarán desde 2025 con el IPC anual más un alza adicional cada año del 0,115%, logrando una subida del 3% hasta 2050. A partir de 2051 y hasta 2065, se producirán alzas adicionales para que en 2065 la pensión máxima haya subido de manera acumulada un 20%. A partir de ese año, se valorará la posibilidad de ir a un incremento total del 30%.

Por otra parte, se ha creado una cuota de solidaridad para los salarios más altos que se encuentren por encima de la base máxima. Esta medida tendrá un componente distributivo, que se desplegará progresivamente desde cuotas de alrededor del 1% en 2025, hasta alcanzar valores alrededor del 6% en 2045. Esta cuota solidaria no se aplicará a trabajadores autónomos.

Protección a la “hucha de las pensiones”

También se ha modificado el recientemente creado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cuyo objetivo es incrementar los recursos destinados al pago de pensiones. Este impuesto, que se encuentra en vigor desde el 1 de enero de 2023 y consiste en el 0,6% del salario del trabajador, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año y con la siguiente distribución: 1% a cargo de la empresa y 0,2% a cargo del trabajador. A partir de 2030, se mantendrá en el 1,2% hasta 2050 y podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB.

Los ingresos conseguidos a través del MEI irán destinados a engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, la “hucha de las pensiones”, vaciada en un 90% durante el mandato de Mariano Rajoy ante el gran déficit que enfrentaban las cuentas de la Social. Ahora, partiendo de algo menos de 3.000 millones de euros este año, llegará a una suma de entre 120.000 y 130.000 millones de euros en 20 años, el doble de lo que tuvo en 2011 (68.000 millones de euros), hasta ahora la cifra más alta. Estos fondos se irán desembolsando entre principios de la década de 2030 y hasta los primeros años de 2050 para que el sistema sea capaz de paliar los desequilibrios financieros derivados de las jubilaciones de los baby boomers, la generación más amplia, y los salarios de los jóvenes.

Además, para evitar precisamente un nuevo vaciamiento de esta “hucha”, desde 2033, la Ley de Presupuestos establecerá el desembolso anual a efectuar por el Fondo de Reserva en términos de porcentaje del PIB, con un límite máximo para cada ejercicio del periodo 2033-2053, que se moverá entre el 0,10% del PIB (2033) y el 0,91% (2047), dependiendo de cada ejercicio.

Una búsqueda del equilibrio

Por otra parte, la reforma también se ha llevado a cabo pensando en reducir la brecha de género en pensiones. Así, el complemento de brecha se subirá en los dos próximos ejercicios, 2024 y 2025, un 10% adicional al IPC. De igual forma, se cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100% de la base mínima, frente a los cuatro actuales. El sexto y el séptimo año sin cotizar se cubrirá con un 80% de la base mínima, frente al 50% actual.

Finalmente, la norma incluye una serie de subidas de las pensiones más bajas, mínimas y no contributivas, en sintonía con la evolución del salario mínimo. El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo llegue en 2027 como mínimo a los 16.500 euros anuales, es decir, 1.178,5 euros al mes por catorce pagas, un 22% más que ahora.

Desde Moncloa aseguran que “el conjunto de medidas de refuerzo de la sostenibilidad aportará ingresos adicionales al sistema en las décadas de 2030 y 2040, cuando se hará frente al mayor reto demográfico”.

CONCLUSIÓN

Una cosa más para terminar. Ahora ya se sabe, que no es la subida de las pensiones ni de los salarios lo que aumenta la inflacción, sino el mantenimiento de los márgenes empresariales, cuando no el incremento de los mismos, puesto que dichas subidas todavía están muy por debajo de la inflación.

Fuente: El Plural.


ESPAÑA. Feijóo inicia ronda de financiación con empresarios para próximas elecciones y prepara en la sombra su alianza poselectoral con Vox.

Feijóo más cercano a las tesis de Rajoy y Garamendi de subir impuestos y cotizaciones a los trabajadores que las del Gobierno del Presidente Sánchez, de hacer justamente lo contrario.

El presidente del PP corteja con decisión al ‘establishment’ empresarial, que ve en las cargas de la reforma de las pensiones un auténtico “impuesto al trabajo”

Solo habían pasado dos días desde la debacle bursátil del sector bancario tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB). Faltaban minutos para que el Credit Suisse alimente los fantasmas de una crisis financiera global. A casi ocho kilómetros en línea recta de la madrileña Plaza de la Lealtad, la sede de la Bolsa donde empieza a cundir la desconfianza por las noticias que llegan desde diferentes partes de Europa, los socios de PwC aguardan en la planta noble de su rascacielos a un séquito muy especial. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura, a puerta cerrada, la habitual reunión de la cúpula de la auditora. Llega acompañado de Juan Bravo, el responsable de economía. Más cercano que en sus actos públicos, expresa su confianza en la banca española y europea, pese a reconocer sin ambages que no es un experto en materia financiera. Su acercamiento al establishment contrasta con la ola de críticas vertidas en los últimos tiempos por el Gobierno contra el sector empresarial, que se siente vapuleado por impuestos, prestaciones varias y cargas laborales. Los ejecutivos de PwC no dudan en hacérselo saber a su interlocutor.

Fuente: cincodias/elpais.com


CONCLUSIÓN

Pero la confirmación llegó este domigo, cuando, en un mitín del PP europeo en Madrid, con evangelistas de por medio como teloneros (curiosamente como Trump y Bolsonaro) el líder del PP, acompañado del Alcalde de Madrid y de la Presidenta de la misma Comunidad, presentó su plan de gobernanza, donde caso ganar las elecciones, manifestaba su deseo de bajar los impuestos a los ricos, al tiempo que en la misma cuantía, entiendo por cuadrar cuentas, supongo se reduciría el gasto Público, en sectores tales como Pensiones, Educación y Sanidad. 

A ver, gasto público social seguiría habiendo, pero redirigido al sector privado, como educación concertada, fondos de pensiones privados, sanidad privada, mochila austriaca, etc., etc., etc.. Así se hace el paripé que se mantiene el gasto público, que los ciudadanos de a pie no ven ni de cerca y los empresarios, lógicamente agradecidos, devuelven favores.

Pero los chicos listos del PP, se pasaron de frenada y tildaron a la delegación española desplazada a la cumbre Hispanoamericana, de cercanos a los dictadores, obviando quizás a propósito, que dicha delegación la encabezaba el Jefe del Estado, al que acompañaba el Presidente del Gobierno. Es lo que tienen los populismos, ahora que se han quitado la careta, están tan acostumbrados a usar tácticas hitlerianas para llegar al poder, que no reparan en daños morales, pues así lo demandan sus afines y afiliados de la CEOE, como el señor Del Pino.

Pues si señores, todo tiene un coste social y electoral, y ahora que conscientemente han faltado al respeto al Jefe del Estado y al Presidente del Gobierno (porque me da la sensación que les sobran) ya ha empezado la cuenta atrás para convertir a este país en un estado policial, que es lo que ocurrirá si el PP gana las próximas elecciones generales y gobierna con Vox, pues es bien sabido que cuando manda la extrema derecha en un país, su Constitución salta por los aires, como ocurrió en Europa en el siglo pasado y empieza a ocurrir en éste. Y sólo podrá evitarlo, una movilización general de la izquierda y su posterior triunfo en dichas elecciones.

Fuente: Redacción

TJUE. Nueva sentencia del Alto Tribunal Europeo vuelve a contradecir al Tribunal Supremo de España.

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en fecha 15/03/2023, dictó sentencia que contradice la doctrina respecto a la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios y refrenda el criterio de que en la mayoría de las ocasiones, la cláusula puede ser considerada nula por abusividad y al respecto abre la puerta a un elevado número de reclamaciones judiciales.

Según la sentencia del TJUE, la cláusula de comisión de apertura tiene carácter accesorio respecto del contrato de crédito.

La Directiva Europea sobre Cláusulas Abusivas establece dos límites al control del carácter abusivo de una cláusula: quedan excluidas de dicho control, por un lado, las cláusulas que se refieran a la definición del objeto principal del contrato. Por otro lado, las relativas a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, siempre que estén redactadas de manera clara y comprensible.

El Tribunal Supremo español preguntó al TJUE si la comisión de apertura está comprendida entre las cláusulas relativas al objeto principal del contrato, de modo que escaparía al control judicial de su potencial carácter abusivo.

El Tribunal de Justicia recuerda en su sentencia que la excepción al mecanismo de control previsto por la Directiva para proteger a los consumidores debe ser interpretada de manera estricta. Incluir en el concepto de «objeto principal del contrato» todas las prestaciones que simplemente están relacionadas con el propio objeto principal y que, por ello, son de carácter accesorio, resultaría contrario a dicha obligación de interpretación estricta.

Según el TJUE, no puede considerarse que una cláusula que retribuye «los servicios relacionados con el estudio, la concesión o la tramitación del préstamo o crédito u otros servicios similares inherentes a la actividad del prestamista ocasionada por la concesión del préstamo o crédito», forme parte de los compromisos principales que resultan de un contrato de crédito.

En consecuencia, según la sentencia, la Directiva se opone a la jurisprudencia española que, a la vista de la normativa nacional que preceptúa que la comisión de apertura retribuye dichos servicios, considera que la cláusula que establece esa comisión forma parte del «objeto principal del contrato», por entender que tal comisión constituye una de las partidas principales del precio.

En segundo lugar, el TJUE declara que, en virtud de la Directiva, para valorar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que estipula el pago por el prestatario de una comisión de apertura, el juez competente deberá comprobar, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, que el consumidor está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se derivan para él de dicha cláusula, entender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en ella y verificar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos en el contrato o entre los servicios que estos retribuyen.

Entre los elementos que el Tribunal Supremo deberá tener en cuenta al examinar el carácter claro y comprensible de la cláusula relativa a la comisión de apertura se cuentan el tenor de la cláusula examinada, la información ofrecida por las entidades al consumidor, incluida la que esté obligada a ofrecer conforme a la normativa nacional pertinente, y la publicidad que la entidad bancaria haga en relación con el tipo de contrato suscrito, todo ello teniendo en cuenta el nivel de atención que puede esperarse de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

A este respecto, el Tribunal de Justicia indica que el conocimiento generalizado entre los consumidores de las cláusulas que establecen comisiones de apertura no es un elemento que pueda tomarse en consideración al valorar su carácter claro y comprensible.

Sí lo es, en cambio, la información obligatoria que la entidad financiera deba dar al consumidor de acuerdo con la normativa nacional, como también lo es, con carácter general, la información dada por la entidad en el contexto de la negociación de un contrato sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de la celebración de dicho contrato.

El TJUE insiste en que deberá tomarse en consideración, como información ofrecida por el prestamista en el contexto de la negociación del contrato, la publicidad de la entidad financiera en relación con el tipo de contrato suscrito. También la especial atención que el consumidor medio presta a una cláusula de este tipo en la medida en que esta estipula el pago íntegro de una cantidad sustancial desde el momento de la concesión del préstamo o crédito.

Por último, el Tribunal de Justicia responde al Tribunal Supremo que la Directiva no se opone a una jurisprudencia nacional que considera que la cláusula relativa a la comisión de apertura puede no dar lugar, en detrimento del consumidor, a un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones que para las partes derivan del contrato, siempre que la posibilidad de que exista dicho desequilibrio pueda ser objeto de un control efectivo por el juez competente de conformidad con los criterios establecidos por el TJUE.

El Tribunal de Justicia recuerda que debe limitarse a dar al tribunal nacional indicaciones para que este examine el carácter abusivo de la cláusula de que se trate.

En este sentido, considera que, sin perjuicio de la valoración del Tribunal Supremo, no parece que una cláusula contractual regulada por el Derecho español que establece una comisión de apertura, comisión que tiene por objeto la remuneración de servicios relacionados con el estudio, el diseño y la tramitación singularizada de una solicitud de préstamo o crédito hipotecario, los cuales son necesarios para su concesión, pueda incidir negativamente en la posición jurídica en la que el Derecho español sitúa al consumidor, a menos que no pueda considerarse razonablemente que los servicios proporcionados como contrapartida se prestan en el ámbito de las prestaciones antes descritas o que el importe que debe abonar el consumidor en concepto de dicha comisión sea desproporcionado en relación con el importe del préstamo.

El Tribunal de Justicia precisa no obstante que sería contraria a la Directiva una jurisprudencia nacional de la que se desprendiera que no cabe en ningún caso considerar abusiva una cláusula que establezca una comisión de apertura por el mero hecho de que tenga por objeto servicios inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo y previstos en la normativa nacional.

Esa jurisprudencia estaría limitando la facultad de los tribunales nacionales de llevar a cabo, de oficio en su caso, el examen del potencial carácter abusivo de las cláusulas en cuestión y, por consiguiente, no garantizaría los plenos efectos de la Directiva.

Fuente: Diario16.com

Las abrumadoras cifras de los metales que Europa necesita para la transición energética

 Un estudio de la universidad KU Leuven, en Bélgica, señala que para los objetivos de neutralidad climática de la UE para 2050, necesitaremos 35 veces más litio, el doble de níquel, tres veces más cobalto y entre siete y 26 veces más tierras raras. ¿Hay vías para hacerlo de forma sostenible?

La Unión Europea tiene grandes objetivos para reducir sus emisiones. 

Pero la transición energética no saldrá gratis. Para cambiar a una energía limpia necesitamos abundantes metales que habrá que obtener con más minería y, en el mejor de los casos, con reciclaje. Los coches eléctricos, los paneles solares, los aerogeneradores y las baterías de almacenaje consumen grandes cantidades de litio, níquel, cobre, cobalto o aluminio. Las cifras de un estudio reciente de la universidad KU Leuven, en Bélgica, son abrumadoras. Para los objetivos de neutralidad climática de la Unión Europea para 2050, necesitaremos 35 veces más litio del que usamos ahora, el doble de níquel, tres veces más de cobalto, y entre siete y 26 veces más de tierras raras. ¿Podemos permitirnos un cambio con tantos costes?

“La Unión Europea se enfrenta a un gran reto; por un lado, porque tiene limitaciones en la producción doméstica de metales”, explica la principal investigadora del estudio, Liesbet Gregoir, “por otro, porque la transición energética aumentará la demanda de estos recursos. Esto puede provocar una carencia en el mercado global. Europa depende de ese mercado, por lo que si no se toman medidas es probable que no tengamos suficientes metales y tierras raras dentro de 15 o 20 años”.

La dependencia de la Unión Europea en la transición energética es algo que ya se observa. En este momento, menos del 3% de las baterías de ion de litio —las que usan, por ejemplo, los coches eléctricos— se producen en Europa y más del 90% se importan de China, Japón y Corea del Sur. Tampoco hay una industria en Europa para el procesamiento de estos recursos. El litio, por ejemplo, que se consume en la UE, procede sobre todo de Australia, pero se refina en China.

Mejorar los estándares ambientales y sociales de la minería es imprescindible para que la transición energética reduzca sus costes. Algunos metales, como el litio, son abundantes en la naturaleza, pero su manera de extraerlo, bien por minas tradicionales abiertas, bien a través del bombeo de agua desde debajo de la tierra, producen problemas de contaminación del aire y el agua. Para hacernos una idea: una batería de un solo coche eléctrico de tamaño medio requiere entre  seis y ocho kilos de litio según un cálculo reciente que ha hecho la revista Nature, y cada tonelada de litio necesita la evaporación de unos dos millones de litros de agua, según otro cálculo de la organización Institute for Energy.

Tom Hegen es un fotógrafo alemán que se dedica a captar imágenes aéreas para documentar la huella que dejamos los humanos sobre la superficie de la Tierra. Son esos lugares donde se extraen, se refinan o se consumen recursos. Uno de sus últimos trabajos es el que mostramos aquí. Son las minas a cielo abierto de litio en el desierto de Atacama, en Chile, uno de los lugares más secos y menos poblados del planeta. “Más del 50% del litio mundial se encuentra en Iberoamérica, en el triángulo entre Bolivia, Chile y Argentina. El Salar de Atacama contiene más de un 25% de los recursos del mundo. Pero la industria del metal está cambiando el paisaje. La mayor planta de evaporación se ve incluso desde el espacio”, nos cuenta desde Alemania.

Las nuevas técnicas de extracción directa del litio o de aguas geotérmicas tienen menor impacto, pero siguen siendo caras. Tanto el estudio de la universidad de KU Leuven como la investigadora Julia Poliscanova, directora de la división de coche eléctrico y baterías de la ONG Transport and Environment, apuntan a que, además de la extracción, necesitamos otras soluciones.

La clave está en el reciclaje

“Los metales pueden usarse indefinidamente, así que reciclar es indispensable”, explica Gregoir. “Una vez tengamos un volumen importante de metales circulando en el sistema tiene sentido reutilizarlos para reducir el coste social y ambiental. Eso será hacia el año 2035-2040. Pero aún estamos mal preparados. Todavía el reciclaje es poco interesante desde un punto de vista tecnológico y económico. No sale rentable. Debemos trabajar más en esto, igual que en el diseño de los productos, tanto para que necesiten menos metales como para que esos metales sean más fáciles de recuperar”, incide.

Julia Poliscanova prefiere ponerlo en términos positivos: “Más que un problema, lo podemos ver como una oportunidad. Se pueden crear nuevas regulaciones que protejan más el medioambiente. La industria del reciclaje debe crecer en Europa en vez de enviar las viejas baterías a China para que se haga allí. Además, hay que hacerlo antes de que llegue el momento de recuperar esos materiales. Si esperamos nos encontraremos con el mismo problema que tenemos ahora para conseguir el material de las baterías. Tenemos que estar preparados para el año 2030 cuando tengamos grandes volúmenes de baterías para reciclar”.

Finalmente, la escasez de metales tendrá que abordarse desde la perspectiva del consumo. Las ciudades necesitarán desarrollarse con un uso menor de estos recursos, como el transporte colectivo, o los productos tendrán que reducir el uso de materiales para cumplir su función. “No necesitamos conducir un tanque eléctrico que es lo que son muchos SUV hoy”, explica Poliscanova.

“Si no tenemos las materias primas será necesario que reduzcamos la demanda”, dice Liesbet Gregoir. “Y para eso tenemos dos medidas: hacerlo de forma tecnológica, creando productos que utilicen menos recursos, o mejorando el uso de esos productos, como promoviendo el coche compartido”.

La paradoja de la transición energética, con su necesidad de grandes cantidades de metales, plantea muchas cuestiones. El debate no deberá ser solo sobre el qué o el cuándo sino también sobre el cómo. La crítica a las consecuencias negativas de la minería, dicen estas expertas, es necesaria y pertinente puesto que puede originar otros problemas. Aunque, advierten, para la transición energética no hay otra alternativa.

“Si no realizamos la transición energética no vamos a sobrevivir. Nos vamos a abrasar”, dice Julia Polinoscava. “Pero, por supuesto, hay diferentes modos de hacer la transición. La podemos hacer mal y repetir los mismos errores que hemos cometido con la extracción de petróleo o la podemos hacer bien y combinar la transición energética que necesitamos con mejorar nuestra situación. Todo lo que usamos en este mundo requiere materiales así que garanticemos que haya regulaciones para asegurarnos que se usarán de un modo responsable”.

La subida de tipos decidida por Jean-Claude Trichet en julio de 2008 se recuerda como uno de los grandes errores del BCE. En marzo había quebrado el banco estadounidense Bear Stearns, un anticipo de la gigantesca crisis financiera que desató en septiembre de ese año el colapso de Lehman Brothers. El Consejo de Gobierno del BCE decide hoy sobre qué hacer con el precio del dinero en la zona euro bajo la inesperada presión que ha desatado la caída del Silicon Valley Bank y que ha activado las alarmas también en la banca europea. El miedo a una crisis bancaria también se palpaba ayer en Europa ante el desplome bursátil, uno más, de Credit Suisse, que no cuenta con que su principal accionista, el Saudi National Bank (SNB), vaya a aportarle más capital.

Fuente: El Diario.es