18 de febrero de 2026

Violencia Machista en la política española, con techo de cristal, de violencia política de género.

En España, la violencia machista ha permeado las instituciones y el debate público, manifestándose como violencia política de género.    

Esta modalidad busca silenciar, desprestigiar o apartar a las mujeres del ejercicio del poder mediante ataques que no cuestionan su gestión, sino su condición de mujer, su físico o su vida privada.

1. El Escenario Actual y los Datos

A pesar de que España es un referente internacional con el Índice Europeo de Igualdad de Género 2025, donde ocupa el tercer puesto, la realidad sobre el terreno sigue siendo alarmante. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 revela que una de cada tres mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. En el plano institucional, el año 2025 cerró con cifras trágicas: 46 mujeres y 3 menores asesinados por violencia de género, lo que el Gobierno ha calificado como un "fracaso colectivo".

2. Manifestaciones en la Esfera Pública

La violencia política se manifiesta de formas específicas en el contexto español:

· Violencia Digital.- Según datos del Ministerio de Igualdad, la violencia en entornos digitales afecta ya a 2,6 millones de mujeres, siendo especialmente virulenta contra aquellas con perfil público y político.

· Discursos de Odio.- Se observa un repunte de discursos que cuestionan la existencia misma de la violencia de género, lo que dificulta el consenso político necesario para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

·  Acoso Institucional.- Prácticas como la negación de información o la obstaculización del desempeño de funciones son formas de violencia que buscan minar la autoridad de las mujeres electas.

3. Respuesta Legislativa y Desafíos

España ha liderado respuestas legales robustas, como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como "solo sí es sí"), que entró en vigor en 2022 para unificar el tratamiento de las agresiones sexuales. Asimismo, el Plan España te Protege (2022-2025) busca extender la protección más allá de la pareja o expareja.

Sin embargo, el reto persiste en la polarización política. Mientras el Gobierno asegura que no permitirá "ni un paso atrás" en estas políticas, la irrupción de discursos negacionistas en las instituciones pone en riesgo los avances logrados en las últimas décadas.

RESUMEN

La violencia machista en la política española no es solo una agresión individual contra las representantes, sino un ataque a la calidad democrática del país. Erradicarla requiere no solo leyes punitivas, sino un cambio cultural profundo que garantice que el espacio público sea un lugar seguro y de igualdad real para todas.


Diferencias de actuación respecto casos de abusos sexuales dentro del partido, entre el PSOE y el PP. 

Modus operandi respecto casos de abuso sexual en el PSOE

Políticas y mecanismos existentes dentro del PSOE

v  Existencia de un protocolo antiacoso

Ø  El PSOE cuenta con un protocolo interno de prevención e intervención para casos de acoso y abuso sexual en el seno del partido.

v  Canales internos de denuncia

Ø  El partido ha habilitado canales internos de comunicación para que afiliadas y afiliados puedan denunciar conductas inapropiadas.

v  Compromiso público con la igualdad

Ø  La dirección del PSOE defiende que la lucha contra el machismo y la protección de las mujeres forma parte de su identidad política.

Respuesta oficial pública a las crisis

v  Reconocimiento de errores

Ø  Líderes del PSOE — incluido el presidente Pedro Sánchez — han admitido públicamente errores en la gestión de denuncias internas.

v  Expresiones de arrepentimiento

Ø  La formación ha pedido disculpas a las denunciantes por no haber actuado con la rapidez o apoyo esperado.

v  Negación de encubrimiento

Ø  La dirección insiste en que no ha intentado “tapar” ni encubrir casos, aunque reconoce fallos de comunicación o procedimiento.

Gestión específica de casos polémicos

v  Caso de Francisco Salazar

Ø  Denuncias internas tardaron meses en tramitarse.

Ø  El PSOE reconoció falta de diligencia y admitió haber incumplido partes de su propio protocolo (p. ej., apoyo psicológico/legal a víctimas).

v  Otros casos denunciados

Ø  Han surgido denuncias contra cargos locales — por ejemplo, un ex secretario general del PSOE en Torremolinos — donde la supuesta víctima apunta a mala gestión interna y falta de respuesta inmediata.

v  Suspensiones y represalias internas

Ø  En varios casos los implicados han sido suspendidos de militancia o dimitido de sus cargos tras hacerse públicas las acusaciones.

Críticas a la actuación del PSOE

v  Desde dentro del propio partido

Ø  Militantes y dirigentes socialistas han reclamado mayor contundencia y transparencia en la gestión de estos casos.

v  Desde la oposición política

Ø  La gestión de los casos se ha convertido en un punto de crítica política por parte de otros partidos, que califican la respuesta de insuficiente o tardía.

v  Percepción pública

  • La tardanza en activar protocolos completos (asesoramiento legal, apoyo psicológico, medidas de protección) ha sido vista — incluso por sectores feministas — como una decepción ante las expectativas que el partido genera sobre igualdad y feminismo.

   RESUMEN

El PSOE ha generado mecanismos internos de actuación frente a casos de abuso y acoso sexual, incluyendo protocolos formales, canales de denuncia y declaraciones públicas de rechazo a estas conductas. Sin embargo, la aplicación de esos mecanismos en casos concretos ha sido criticada por retrasos, falta de apoyo completo a víctimas y debilidad en la implementación práctica, lo que ha llevado a la dirección a disculparse públicamente por errores y a reforzar su compromiso con la igualdad y la tolerancia cero.

 

Modus operandi respecto casos de abuso sexual en el Partido Popular.  

Protocolos y declaraciones oficiales del PP

Ø      Protocolos internos y defensa institucional

Ø  El PP ha difundido públicamente que dispone de un protocolo interno específico para casos de acoso y abuso sexual, que incluye:

§  Canales de denuncia internos.

§  Oficina de Cumplimiento Normativo (Compliance) para analizar las denuncias.

§  Mecanismos que, según su relato, deberían permitir una investigación interna y la posible expulsión si se confirma la conducta.

Ø  Dirigentes populares suelen subrayar la existencia de ese protocolo como una diferencia frente a otras formaciones políticas cuando son cuestionados sobre su gestión en estos casos.

Ø  También han utilizado estos temas como herramientas de crítica política, acusando a la izquierda de doble moral o de “ver, oír y tapar” ante denuncias del otro lado.

v  Críticas sobre la acción efectiva en casos concretos

Ø      Caso exedil de Móstoles

  •     Una concejala del municipio de Móstoles denunció presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde del PP (Manuel Bautista), además de otros delitos.

Ø  La denunciante afirmó que:

§  Solicitó en repetidas ocasiones activar el protocolo interno del PP, sin recibir apoyo efectivo.

§  Fue instada por dirigentes a no hacer pública la denuncia.

§  El caso fue archivado internamente sin investigación formal ni audiencias.

Ø  Un medio reportó que el PP manejó el caso con negación de la veracidad del testimonio, calificándolo de “fabricado”, y con defensas públicas contradictorias entre dirigentes.

v  Crítica por falta de protección

Ø  Documentos filtrados mostraron que dirigentes del partido preguntaron repetidamente a una víctima si “valía la pena denunciar”, algo que fue considerado por la denunciante como desaliento para activar los canales internos.

v  Percepción y discurso externo

Ø      Tendencia a politizar y descentralizar responsabilidades

§  En comunicados y debates parlamentarios, el PP ha tendido a:

·     Situar casos como problemas individuales y aislados más que como fallos sistémicos de organización.

·   Enmarcarlos dentro de la agenda política o como argumento contra adversarios (por ejemplo, acusando a otros partidos de encubrir).

Ø  En ocasiones, cuando los casos trascienden públicamente, la respuesta inicial ha sido la negación, minimización o contraposición a críticas políticas, más que un enfoque centrado exclusivamente en la víctima.

v  Evaluación crítica del “modus operandi”

Ø  Acciones formales que el PP dice públicamente que existen

§  Protocolos internos y acatamiento de normas internas para gestionar denuncias.

§ Canales de denuncia interna promovidos en declaraciones públicas.

§  Mensajes de exigencia de responsabilidad en casos de otros partidos.

Ø  Prácticas que la crítica y algunas víctimas, han denunciado.

§  Archivado interno sin investigación efectiva o sin medidas cautelares claras.

§  Presiones o desaliento a víctimas para que no presenten denuncias públicas o judiciales.

§  Defensas institucionales previas a la verificación de los hechos (negación o tildado de “fabricado”).

§  Tendencia a enmarcar casos en debate político en lugar de enfoque centrado en protección de víctimas.


RESUMEN

El modus operandi del PP en casos de abuso y acoso sexual, según diversos informes periodísticos y testimonios, muestra una tensión entre:

  1. Protocolos formales declarados que buscan dar un marco de respuesta interna
  2. Y la crítica pública en la gestión práctica de casos concretos, que en ocasiones ha sido vista como insuficiente por las víctimas, con percepciones de dificultad real, para activar dichos mecanismos y el apoyo institucional efectivo.

La respuesta institucional del PP suele centrarse en la defensa de sus procedimientos internos, a la vez que en casos específicos, ha generado controversias por el modo en que trató las denuncias y por la narrativa pública que se construyó alrededor de ellas.

 

CONCLUSIÓN GENERAL

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

En líneas generales:

1)  Suspensión o expulsión cautelar más rápida

a)   En varios casos mediáticos, el partido ha optado por suspender de militancia o apartar de cargos al implicado mientras se investiga.

2) Mayor énfasis en el discurso feminista institucional

a) El PSOE ha vinculado su actuación a su posicionamiento político en materia de igualdad y violencia sexual, especialmente desde el impulso de leyes como la del “solo sí es sí”.

3)  Protocolos internos contra el acoso

a)   Dispone de protocolos formales contra el acoso y la violencia sexual dentro del partido, activados en denuncias internas.

4)  Críticas recibidas

a)   Se le ha acusado en algunos casos de actuar solo cuando el asunto se hace público o hay presión mediática. 

Partido Popular (PP) 

En líneas generales:

1)  Actuaciones más variables según el caso

a) Ha habido situaciones en las que el partido ha esperado a decisiones judiciales antes de adoptar medidas internas contundentes.

2)  Menor identificación con discurso estructural de género

a)  Su narrativa suele centrarse más en la presunción de inocencia y en tratar los casos como hechos individuales.

3)  Medidas disciplinarias

a) También contempla suspensión o expulsión cuando hay imputación formal o condena, pero históricamente se le ha criticado por mayor cautela previa.

4)  Críticas recibidas

a) En determinados casos mediáticos, sectores sociales han considerado que la reacción fue lenta o defensiva.

 

EDITORIAL

El partido popular "ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio"

A mi entender, el PP no debe sentirse orgulloso de su forma de proceder en los casos de  abusos sexuales dentro de su partido. Aunque supongo que sus futuros pactos con Vox, algo tienen que ver con el negacionismo impostado y su narrativa contraria a la violencia de género empleada con las mujeres afiliadas al Partido Popular. 

Y digo yo, que si así tratan a las mujeres de su propio partido, que no harán con los políticos y políticas de los otros partidos políticos. 

Por no hablar del acoso y persecución que hacen las derechas extremas en este país a periodistas por el hecho de hacer su trabajo. A ver, en mi opinión, muy democrático no es, y me aventuro a decir sin temor a equivocarme, que sino es más fascismo puro y duro, se parece una barbaridad. 

¿Y con el resto de la ciudadanía qué va a pasar?

Me temo que la negación de la violencia de género solo es el principio. Después, caso PP y Vox ganen las elecciones generales y gobiernen el Estado, vendrá la expulsión de muchos residentes en España. Luego se eliminarán los sindicatos, las autonomías y los partidos políticos, aunque supongo, no en ese orden. Y más tarde empezarán las detenciones y las desapariciones forzadas, de cualquier persona con nacionalidad española, con la excusa del rojerío.

De este modo, si la mayoría coincide en votar a PP y Vox, va a haber fascismo en este país para rato. Y como suelen decir los paisanos del pueblo, "vamos a cagar todos, lo más duro como agua", que a día de hoy, aún no sé muy bien lo que querían decirme, aunque algo me imagino y no creo tenga que ver con problemas gástricos.

Cambiando de tema, resulta patético como, con lo que tienen en casa, los diputados del PP y Vox (convencidos negacionistas de la violencia de género) pidieran ayer en el Congreso, la dimisión del Ministro de Interior, al acusarle sin pruebas de haber incumplido la ley respecto del respaldo y protección de una víctima de agresión sexual, presuntamente cometido por el DAO de la Policía Nacional ahora dimitido. 

Pero así es el Partido Popular, las pruebas para qué, se preguntan. ¿Para que no les ponga una denuncia por calumnias en los juzgados quizás?

ULTIMA HORA

El abogado de la agente de Policía que se ha querellado por agresión sexual contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González, hoy mismo, jueves 19 de febrero de 2026, acaba de confirmar en rtve.es, que comunicaron la denuncia al Ministerio del Interior el martes 17 de febrero de 2026, y que no lo hicieron antes porque decidieron llevarlo directamente con la "máxima reserva" por la vía judicial.

Espero que los bocachanclas de las derechas radicales, se den por satisfechos y se disculpen ante el Ministro de Interior, por su manifiesta maldad y evidente  ignorancia de los hechos, impropia de unos diputados a los que con nuestros impuestos pagamos, y muy bien por cierto,  para que hablen con propiedad y no para que difundan bulos infundados, en la sede de la Soberanía Nacional, cual fascistas impostados.

POSDATA

"Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas a remojar" 

Sabio es el refranero español, y la cita anterior creo encaja como anillo al dedo, con la noticia siguiente.

Mark Zuckerberg testificó ayer, miércoles 18 de febrero de 2026, ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en un juicio histórico que busca determinar si Meta y otras tecnológicas diseñaron sus plataformas para ser deliberadamente adictivas para niños y adolescentes, con los consiguientes traumas mentales derivados de dichas adiciones.

Espero que Elon Musk preste mucha atención al hecho reseñado y no cometa el error o torpeza, de llamar traidores o fascistas (como hizo con el Presidente del Gobierno de España) a los jueces del mencionado Tribunal, caso fuese declarado culpable el dueño de Facebook. 

Visto lo visto, la cosa parece ponerse interesante, pues de fondo, se les viene encima a Estados Unidos una batalla legal entre, la democracia que representa el Poder Judicial, y la codicia que representan los oligarcas tecnológicos, mientras a priori, el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo están como observadores. 

Ya veremos como acaba todo esto.

Fuente: Redacción

Aznar transfirió más de 35.000 dólares a “Equipo Económico”, despacho del exministro Montoro.

El juez del caso, ha reclamado las cuentas del exministro de Hacienda y del despacho “Equipo Económico” para continuar la investigación.

La investigación judicial en torno al llamado “caso Montoro” ha dejado de ser un asunto estrictamente técnico para convertirse en un terremoto político de amplio alcance.

 Lo que comenzó como una indagación sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Hacienda durante los gobiernos del Partido Popular ha terminado por situar en el centro del debate a figuras clave de la política española, entre ellas el expresidente José María Aznar. La aparición de su nombre en la documentación vinculada al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro, añade una dimensión política que trasciende la mera responsabilidad individual y abre interrogantes sobre las relaciones entre poder, legislación y beneficio privado.

Un entramado bajo sospecha

El núcleo de la investigación se centra en Equipo Económico, consultora creada en 2006 por Montoro tras su primera etapa como ministro de Hacienda (2000-2004), precisamente bajo el mandato de Aznar. Según los informes de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía Anticorrupción, el despacho habría actuado como intermediario para favorecer reformas fiscales a medida de determinadas empresas —especialmente de los sectores, gasístico, energético y del juego— a cambio de cuantiosos pagos. La investigación judicial, que ha permanecido bajo secreto durante siete años, apunta a la existencia de una presunta trama que podría haber generado comisiones cercanas a 50 millones de euros y beneficios fiscales para empresas por valor de 2.200 millones en 2012.

Entre los datos más relevantes figura el pago de 35.544,89 dólares realizado por Aznar al despacho de Montoro. Aunque la naturaleza exacta de este pago no ha sido aún esclarecida judicialmente, su mera existencia plantea preguntas políticas inevitables, dado el vínculo histórico entre ambos dirigentes y el papel central que Montoro desempeñó en los gobiernos del Partido Popular, tanto con Aznar como posteriormente con Mariano Rajoy.

El papel del juez y la ampliación de la investigación

El magistrado Rubén Rus, titular del Juzgado de Instancia número 2 de Tarragona, ha intensificado recientemente la instrucción. Ha solicitado las cuentas bancarias de Montoro y de Equipo Económico, así como hojas registrales, memorias y cuentas anuales entre 2008 y 2025 de diversas sociedades vinculadas. También ha requerido documentación sobre hasta trece empresas y las escrituras de constitución, transmisión de participaciones y titularidad real de múltiples sociedades, incluidas aquellas relacionadas con investigados directos.

Este movimiento judicial responde a un nuevo informe de la Agencia Tributaria que difiere sustancialmente del elaborado previamente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2025. Mientras la UCO no apreció irregularidades significativas, los inspectores de Hacienda detectaron más de 150 cheques de origen desconocido por importe superior a dos millones de euros y pagos fraccionados que coincidirían temporalmente con la aprobación de reformas legislativas favorables a las empresas pagadoras. La disparidad entre ambos informes no solo complica la interpretación jurídica del caso, sino que introduce un debate sobre los criterios de análisis y la profundidad de las investigaciones.

Un “traje a medida” legislativo

Uno de los elementos más controvertidos es la acusación de que el Ministerio de Hacienda habría confeccionado un “traje a medida” fiscal para determinadas empresas gasísticas. Según la investigación, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) consiguió en 2014 una reforma fiscal que había solicitado sin éxito en ocasiones anteriores. Tras la mediación de Equipo Económico, se aprobó una reducción del 85% en la base liquidable del impuesto eléctrico, lo que supuso una pérdida recaudatoria estimada en 59 millones de euros en 2015.

La tesis que sostienen algunos analistas, como el periodista Ernesto Ekaizer, es que la labor del despacho no se limitaba a la de un lobby tradicional —actividad que en España carece de regulación específica—, sino que su valor diferencial residía en la proximidad a los centros de decisión del Ministerio. En esta interpretación, las empresas no pagaban solo por asesoramiento técnico, sino por una puerta de acceso privilegiada a la arquitectura normativa.

Aznar en el foco mediático

La figura de Aznar adquiere especial relevancia en este contexto. Además de los pagos al despacho de Montoro, su nombre apareció a principios de 2026 en documentos desclasificados del caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, donde figuraba como destinatario de dos paquetes enviados por Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. Aunque estos hechos no implican necesariamente responsabilidad penal, contribuyen a erosionar la imagen pública del expresidente y a situarlo nuevamente bajo escrutinio mediático.

La coincidencia temporal de ambas controversias alimenta una narrativa de opacidad que impacta no solo en las personas implicadas, sino en la credibilidad institucional. En democracias consolidadas, la confianza en las instituciones depende en gran medida de la percepción de imparcialidad y transparencia en la toma de decisiones públicas.

Implicaciones políticas e institucionales

El “caso Montoro” no es únicamente un proceso judicial; es también un espejo que refleja tensiones estructurales del sistema político español, como la regulación insuficiente del lobby, la permeabilidad entre cargos públicos y consultoras privadas, y la dificultad para investigar tramas complejas que combinan decisiones técnicas con posibles intereses económicos.

El hecho, que Equipo Económico haya recurrido el informe de Hacienda, acusando al juez de “extrema pasividad” por alargar la causa durante ocho años, añade otra capa de complejidad. 

La defensa sostiene que existe una extralimitación en el análisis prospectivo de los ingresos del despacho, mientras que la Fiscalía considera imprescindible examinar la totalidad de las cuentas para determinar la existencia de delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias o falsedad documental.

En última instancia, el desenlace judicial determinará las responsabilidades penales individuales. Sin embargo, más allá de las condenas o absoluciones, el caso ya ha generado un impacto político significativo, dado que ha reabierto el debate sobre los límites éticos del ejercicio del poder, la necesidad de regular la actividad de los grupos de presión y la importancia de blindar la función pública frente a intereses particulares.

La intrahistoria del “caso Montoro” (ver Anexo I) muestra cómo las decisiones fiscales, aparentemente técnicas, pueden convertirse en el eje de una trama que conecta despachos privados, ministerios y grandes empresas. Y demuestra, una vez más, que en política la transparencia no es solo una virtud moral, sino una condición indispensable para la legitimidad democrática.

Fuente: Redacción

 

ANEXO I

INTRAHISTORIA DEL “CASO MONTORO”

El caso Montoro es un caso de corrupción política en España que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 27 personas más por presuntas irregularidades cometidas al frente de ese ministerio durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018).

La investigación judicial se centra en el supuesto favorecimiento a empresas (gasísticas, renovables o del juego) al crear normas y reformas fiscales a cambio de pagos directos al despacho Equipo Económico, fundado por Montoro en 2006. Se considera este bufete como el "epicentro de una supuesta trama corrupta acusada de beneficiar a empresas a cambio de dinero".​ Entre otros casos, dicha empresa habría cobrado "casi un millón de euros para que el Ministerio de Hacienda, que Montoro dirigía, aprobara dos reformas fiscales a la carta",​ según investigación de la Agencia Tributaria en febrero de 2026. Los cambios legislativos se habrían aprobado contra el criterio de los técnicos.

Las empresas que pagaban a dicho bufete se habrían beneficiado tanto de las reformas legales impulsadas desde el Ministerio dirigido por el ex ministro del Partido Popular como de información privilegiada de los presupuestos generales del Estado antes que el propio Congreso.​ Según la investigación judicial, llevada por los Mozos de Escuadra y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la trama de Hacienda de Montoro consiguió en total comisiones cercanas a los 50 millones de euros. Asimismo, las empresas implicadas gozaron de un beneficio fiscal de 2.200 millones en 2012. Entre el Impuesto a las Actividades Económicas (IAE) y la rebaja en el Impuesto Especial sobre la electricidad, las empresas gasísticas dejaron de pagar más de 51 millones: 41 los dejó de ingresar el Estado y algo más de 10 millones varios ayuntamientos. Entre los municipios afectados, están Alcalá de Guadaíra, Morell, Tres Cantos y Sagunto.

Cronología

Cristóbal Montoro y cuatro de sus altos cargos, todos ellos investigados, coinciden en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de José María Aznar entre 2000 y 2004.​ En el año 2006, Montoro funda con la cúpula de su Ministerio el bufete llamado Montoro y Asociados, que posteriormente se llamará Equipo Económico. En el año 2008, para regresar al Congreso de los Diputados, Montoro vende sus acciones del despacho consultor a 10 euros cada una, lo que no es “un precio razonable de venta”, según Hacienda. Cuando Rajoy lo nombra ministro de Hacienda (2011), los dirigentes de Equipo Económico supuestamente ejercieron una notable influencia sobre el Ministerio y los nuevos integrantes del mismo.

Entre 2008 y 2012, el operador de juegos de azar Codere pagó más de 140.000 euros al año al bufete Equipo Económico, sumando un total de 679.000 euros, Durante esos años, el ex ministro Rafael Catalá, quien había trabajado con Montoro como alto cargo de Hacienda durante el Gobierno de Aznar (entre 2000 y 2002), eran el secretario general de la empresa beneficiaria del sector del juego.​ Las normativas aprobadas sobre el juego en línea favorecieron a esta empresa.

En el año 2013 se produce la rebaja del impuesto a las compañías eléctricas. A finales de ese año, el diputado Pedro Saura le preguntó a Montoro sobre su posible conflicto de intereses con las empresas que contrataban a Equipo Económico. El ministro por entonces aseguró que no tenía ninguna vinculación. E insistió: "Se montan teorías por ahí, pero qué le vamos a hacer. Tanta difamación... Tanta difamación en esta vida solo se combate desde la transparencia".

En el año 2014, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) consigue en muy poco tiempo una reforma fiscal que había propuesto en varias ocasiones sin éxito. La investigación de la UCO concluye que la mediación de Equipo Económico habría sido fundamental para cambiar el criterio de Hacienda respecto a la tributación del sector gasístico.​ AFGIM pagó a Equipo Económico 312.180 euros por favorecer una menor carga impositiva para ellas. Mientras que AFGIM se benefició de la reducción del 85% sobre la base liquidable del Impuesto eléctrico, Hacienda Pública tuvo una pérdida recaudatoria de 59 millones de euros en 2015. Los cambios legales favorables se realizaron entre 2014 y 2018.

En 2019, la fiscal anticorrupción encontró indicios de una operación compleja y sostenida en el tiempo ocasionando una trama en la que los socios "han podido recurrir al uso de testaferros y empresas pantalla para alejar la ganancia de su origen ilícito y ocultar su inversión". El entramado societario habría usado varias empresas instrumentales, como Econodos S.L, propiedad de Ricardo Martínez Rico; Tutman Fiscalía S.L., de Manuel de Vicente-Tutor; Consultaría y Diagnóstico S.L., de Francisco de Asís Piedras Camacho; y Plataforma de Soluciones Jurídicas, de Salvador Mariano Ruiz Gallud. La investigación de Mozos de Escuadra y de la UCO también rastreó 16 inmuebles adquiridos por estas empresas.

En el caso Montoro, están investigados miembros de la cúpula de Hacienda de los gobiernos de Aznar y Rajoy

Fuente: Wikipedia.org