El Tribunal de
Justicia de Canarias también lo inhabilita durante dieciocho años y le impone
una multa 60.000 euros.
La Sala de lo Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al magistrado
Salvador Alba a penas que suman 6 años y medio de prisión por confabular contra
la también jueza y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell.
La sentencia condena
a Alba por los delitos más graves que se puede imputar a un juez en el
ejercicio de su cargo: prevaricación, cohecho y falsedad en documento público.
Y le exime de los de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y
revelación de secretos.
El juez es condenado
por utilizar unas diligencias abiertas a un empresario canario "como
coartada y vehículo de una investigación paralela" contra Rosell, su
antecesora en el juzgado que había dado el salto a la política con Podemos.
Además, Alba realizó
un informe que fue utilizado por el exministro del Partido Popular José Manuel
Soria para querellarse contra Rosell. La entonces diputada dimitió de su escaño
para defenderse ante el Tribunal Supremo.
En concreto, Alba
recibe una pena de de tres años de cárcel -por el delito de prevaricación en
concurso con cohecho- y otra pena de tres años y medio por falsedad en
documento oficial.
Además, el juez Alba
ha sido condenado también a 18 años de inhabilitación y a pagar una
indemnización de 60.000 euros a Victoria Rosell por daños morales. La sentencia
puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Investigación
paralela
El TSJ de Canarias
considera en la sentencia que el juez Alba dió instrucciones al empresario y
presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para
perjudicar a la entonces diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que había
sustituido en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. Esa
conversación fue grabada por Ramírez, se hizo pública y es la base de esta
condena.
El empresario y el
juez abordaron en el despacho judicial “la posibilidad de introducir en el
procedimiento" judicial abierto contra Ramírez "información y
pruebas” sobre la relación del empresario con la pareja de Rosell, Carlos Sosa.
Al mismo tiempo, se buscaría la nulidad de esta causa en la que la Seguridad
Social reclamaba al empresario 13 millones de euros.
Ramírez era
investigado en el juzgado de Rosell por un delito contra la Hacienda pública.
El 23 de octubre de 2016, la juez colgó la toga: pasó a formar parte de la
lista al Congreso de Podemos. Tres días después, Sosa vendió por 300.000 euros
los derechos de una emisora al empresario.
EL sustituto de
Rosell en el juzgado fue el juez Salvador Alba, examigo de la primera. Fue por
poco tiempo, que utilizó el magistrado para instrumentalizar este proceso penal
abierto contra Ramírez "como coartada y vehículo de una investigación
paralela" destinada a descubrir informaciones que pudieran servir
"para relacionar al compañero sentimental de la juez con el empresario
". Y, de este modo, "establecer una relación entre la supuesta
paralización de la causa y un pretendido interés indirecto" de Rosell.
Condena más grave a un juez en las dos últimas décadas
En el juicio que se
celebró el pasado mes de julio, se juzgó si el juez Alba manipuló una
instrucción penal que había iniciado Rosell contra un empresario con la finalidad
de perjudicar a su colega -entonces diputada de Podemos en el Congreso- y de
favorecer la querella que el exministro José Manuel Soria (PP) había presentado
contra ella ante el Tribunal Supremo.
En el caso de que el
Supremo confirme esta sentencia, Salvador Alba -que está apartado de sus
funciones- recibirá la mayor condena a un juez de la historia reciente.
Sólo estará superado
por Lluís Pascual Estivill, condenado por extorsión a más de nueve años de
cárcel en 1996. Otro precedente es el de Javier Urquía, condenado en 2012 a dos
años de prisión por cohecho.
Desde entonces nunca
se había producido una pena de esta magnitud, porque los demás jueces
condenados en este tiempo fueron apartados de la carrera judicial por
inhabilitación: Javier Gómez de Liaño (en 1997 y 15 años de inhabilitación),
Baltasar Garzón (2012, 11 años), Elpidio José Silva (2015, 17 años y medio) o
Fernando Presencia (2018, 10 años).
No obstante, la
diputada de Podemos se ha mostrado convencida de que el juez Alba recurrirá la
sentencia ante el Tribunal Supremo por lo que el caso aún no está cerrado y le
tocará continuar defendiendo su honor.
Fuente: Publico.es
