A propósito del respeto de las Instituciones del Estado, debo decir que
llevo bastante tiempo mordiéndome la lengua, como vulgarmente se dice en
España, mientras observo que en este país se están mancillando a las
Instituciones democráticas del Estado impunemente.
A tal grado de degradación moral se está llegando, que está tomando
tintes preconstitucionales, porque los ataques proceden, tanto de los
poderes fácticos, como de los poderes públicos, elegidos por sufragio
universal.
Cuando no sale el clero diciendo que España necesita buenos ciudadanos
que voten pensando en los partidos que defiendan los ideales e intereses de la
Iglesia, lo cual implicaría que el resto no serían buenos ciudadanos, (excepto si marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, faltaría más), o salen
los periodistas afines a conservadores e independistas, intentando demostrar que la separación de
poderes de Montesquieu es una quimera, o cuando no, los Diputados electos y Presidentes Autonómicos, atacan impunemente
al Presidente del Congreso o del Senado, tachándolos de prevaricadores o al Presidente del Gobierno en funciones,
recuerden lo de OKUPA o ilegítimo.
Bien, a todo esto,
me surgen las siguientes interrogantes.
1.¿Dónde queda la separación de poderes que decía Montesquieu entre los
Poderes del Estado?.
2.¿Acaso no merece el mismo
respeto, el representante del Poder Ejecutivo (Presidente del Gobierno y 2ª
Autoridad del estado), los
Representantes del Poder Legislativo (el Presidente del Congreso, 3ª
Autoridad del estado, y el Presidente del Senado, 4ª Autoridad del
Estado), que el poder Judicial?
Respecto a la primera
cuestión, debo decir que en mi humilde opinión, si han existido las interferencias entre los poderes Legislativos y Judicial, han sido en ambas direcciones,
pero solo se critican cuando éstas van desde el poder Legislativo al poder
Judicial, y no en sentido contrario, puesto que nunca he visto a los poderes fácticos criticar ninguna sentencia del Poder judicial que les beneficie y cito, como
ejemplo las controversias surgidas por las sentencias contradictorias entre sí
del Tribunal Supremo, referidas a Cláusulas suelo o Gastos de Constitución de
hipotecas.
Y más recientemente, esta misma semana por ser más exacto, la polémica
surgida a raíz de la petición de la
Presidencia del Congreso al Tribunal Supremo, de información sobre la forma de
proceder con respecto a los Diputados presos, obteniendo como respuesta que
debería aplicar el artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso.
En este punto, quiero recordar que
los Letrados del Congreso, que también algo saben de Derecho, en respuesta al escrito a ellos dirigido
por parte de la Presidencia del Congreso, tuvieron a bien desestimar la
sugerencia implícita en la respuesta del Tribunal Supremo, por entender que no
se cumplían los requisitos mencionados en el anteriormente citado artículo del
Reglamento del Congreso, y en su lugar recomendaron aplicar el artículo 384 bis
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Alto Tribunal en su momento
rechazó aplicar en este caso, por motivos de proporcionalidad del Congreso de Diputados, que
no comprendo muy bien como se puede incluir dentro de los fundamentos
jurídicos.
Y más a más, teniendo en cuenta
el precedente jurídico también del Tribunal Supremo, del juez instructor, Pablo
Llarena, que el 9 de julio de 2018, mandó escrito al Parlament de Catalunya
diciendo que Carles Puigdemont, Junqueras, Rull, Turull y Raül Romeva
–ahora senador y a la espera de que la Cámara decida sobre su situación esta
semana- habían quedado “suspendidos
automáticamente por imperio del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal” en sus funciones y cargos, y que la Mesa del Parlament debía proceder
a hacerlo efectivo.
Respecto de la segunda
pregunta les diré que, sin embargo, los malos de la película a ojos de conservadores
e independentistas, siguen siendo, la segunda, la tercera y la cuarta
Autoridad del Estado, porque entiendo no son de sus respectivos partidos, pues creo que de haber ganado las
elecciones candidatos afines a sus ideas políticas, dichos representantes
serían intocables, y tan sagrados que parecerían los representantes de Dios en
la tierra.
Y los diputados electos de partidos
conservadores e independentistas deberían conocer que una vez los Presidentes de
Congreso y Senado son elegidos, representan al pueblo español y a la propia
Institución, y merecen el máximo respeto, independientemente de las ideologías
políticas de cada uno, que evidentemente todos
tenemos, incluidos la Judicatura, faltaría más.
Además , cuando se
ataca a los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, se está atacando a la propia
Institución, no a la persona, y me parece
surrealista que este humilde ciudadano tenga que recordárselo a sus Señorías.
Y tengan en cuenta que todos
los españoles y españolas de a pie, sabemos, que los actuales Presidentes de
Congreso y Senado, han sido elegidos democráticamente por nuestros
representantes en ambas Cámaras Legislativas, salidos de las últimas elecciones
Generales, al igual que esperamos que el actual Parlamento
elija más pronto que tarde al futuro Presidente del Gobierno de la decimotercera
Legislatura. Y mal que les pese a conservadores e independistas, son nuestros
representantes, los representantes del pueblo español, y les defenderemos
SIEMPRE, a pesar de ellos y por encima
incluso, de los poderes fácticos, que solo se representan a si mismos por no haber concurrido nunca a unas
elecciones, y lo
seguiremos demostrando en las urnas.
Además, tengan todos ustedes presente que la sociedad española independientemente de su nivel de estudios y clase social, sabe que si el Parlamento, que es la Casa del
Pueblo, no se respeta, se acabará con él. Y quizá después volvieran tiempos
preconstitucionales, que espero y deseo que conservadores, independentistas y poderes fácticos, no tengan en mente, por el bien de todos.