Todos los países de la UE se han dotado de instrumentos para evitar la manipulación o intoxicación externa e incluso interna, de sus opiniones públicas.
Bueno todos no, porque en España
existe un reducto político de derechas que se niega a reconocer la evidencia y
esos defensores de las “fake news” dentro de un orden, faltaría más, son PP,
Vox y Ciudadanos.
El resto de democracias europeas han
asumido que existe la amenaza real de manipulación por actores externos, y en
ocasiones internos, de sus opiniones públicas en asuntos como la calidad de los
procesos electorales internos o la protección de derechos fundamentales.
Todos los países europeos han adoptado
en los últimos años decisiones legislativas o técnicas para intentar, en la
medida de lo posible, defenderse ante estas amenazas; con especial mención al
papel de actores que como Rusia juegan directamente a la desestabilización de
las democracias liberales, como sucedió en las presidenciales de EE.UU. de
2016. La UE creó en 2015 equipos para asesorar a los gobiernos, y en abril de
2018 se elaboró un documento en la Comisión Europea, que fue remitido al
Parlamento Europeo, con el objetivo de buscar un “enfoque europeo” a la “lucha
contra la desinformación en línea”.
Ese documento sirvió de base para que
los gobiernos tomaran cartas en el asunto, que como ejemplo expongo los
siguientes:
Francia
El país vecino aprobó en noviembre del
2018 la ley contra la manipulación de la información. Se presta especial
atención a la protección de los procesos electorales e incluye la exigencia de
transparencia de las plataformas digitales. Incluso por mandato judicial se
puede ordenar la paralización de noticias que se consideren falsas. Tiene
aspectos polémicos como la capacidad de detener transmisiones de servicios de
televisión que se presuponga que están controlados por países extranjeros. La
verificación del cumplimiento de este deber ha sido encomendada a la CSA
(Autoridad de Radiodifusión Francesa).
Alemania
Este año se acordó modificar la ley de
aplicación en las redes sociales que obliga a las operadoras a introducir
procedimientos de denuncia de contenido ilegal o denigrantes (desde noticias
falsas a pornografía infantil), con amenaza de multas de hasta 50 millones de
euros. La ley crea una Unidad de Comunicación Estratégica del Ministerio de
Exteriores para contrarrestar la desinformación.
Reino Unido
En el 2018 se creó el Equipo de
Comunicaciones de Seguridad Nacional (NSCT) dentro del sistema de Seguridad
Nacional. Lo integran el gabinete del primer ministro y varios ministerios. La
cobertura legislativa la da el secretariado para el Fortalecimiento de la
Democracia del Plan de Comunicación del Gobierno 2019-2020. Reino Unido ha sido
pionero en la formación de funcionarios para detectar las fake news y ha
logrado la complicidad de muchos medios de comunicación a tal fin.
Países Bajos
Se está desarrollando un marco
legislativo para luchar contra la desinformación con el apoyo de los
tribunales. El Código Penal ya contempla penas sobre el uso malicioso de las
plataformas digitales. Y se quieren reforzar las sanciones en la manipulación
de informaciones durante los procesos electorales.
Italia
En este país se creó en abril de este
año una unidad de seguimiento para combatir la difusión de fake news
relacionadas con la Covid-19 en las webs y redes sociales bajo la tutela del
subsecretario de Estado a la Presidencia del Consejo de Ministros. Trabajará en
coordinación con Agcom, que es la autoridad italiana para la garantía de las
comunicaciones. También se ha creado una “comisión parlamentaria de
investigación sobre la difusión masiva de información falsa”.
Dinamarca
Se introdujo en el 2019 una
modificación en el Código Penal que tipifica como delito la desinformación que
ayude o permita a un actor extranjero influir en la opinión pública. Además, se
han creado grupos de trabajo interministeriales para luchar contra la
manipulación informativa de servicios de inteligencia de terceros países en los
procesos electorales.
Lituania
Dispone de una Ley de Información
Pública que otorga poder a la Comisión de Radio y Televisión (LRTK) en la lucha
contra la difusión de propaganda y desinformación. Este organismo puede detener
y suspender transmisiones de emisores extranjeros. Rusia es la gran amenaza.
EDITORIAL
España
Ahora que el Gobierno español, a instancias
de la UE, ha presentado un proyecto (aprobado por el Consejo Nacional de
Seguridad Nacional) en el sentido de proteger a los españoles contra la
desinformación en redes sociales y plataformas digitales, y también de las falsedades de los políticos, tanto de procedencia
nacional como internacional, el PP, Vox y Ciudadanos manifiestan que España no
lo necesita, porque ese control de medios es censura, (al contario de la época del
gobierno de Rajoy, que creo era del PP también y pedían lo opuesto) y que
secunda la Asociación de prensa de Madrid (APM) a eso se llama incoherencia política
y profesional, respectivamente, que seguro no lo dan los años dedicados al
estudio de las carreras de derecho y de periodismo, correspondientemente.
Igualito que el corte de la señal de emisión, por parte de las cadenas de TV de EEUU, del discurso postelectoral de Trump, lleno de ataques a la propia
democracia de Estados Unidos.
¡Ay! Políticos de derechas y medios de
comunicación de la APM, ambos dos españoles, cuanto les queda por aprender de la
democracia más antigua del mundo, después de la griega de Platón y Sócrates, por
supuesto.
POSDATA
Mis felicitaciones para el Presidente electo de USA, Joe Biden y también para la Vicepresidenta electa Kamala Harris, y otra muy especial para el pueblo estadounidense, que supo entender que la democracia es siempre la mejor cura para todos los males, incluido las pandemias.
Fuente: La Vanguardia.com