OPINIÓN. La chusma fascista babea de la corrupción ajena y bendice la propia

Los santos varones del PP, perseguidos por la sombra de la corrupción, en compras de mascarillas durante la pandemia

Una asociación prepara una denuncia contra Feijóo por contratos de mascarillas en la pandemia.

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) ultima una denuncia que presentará en unos días ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Audiencia Nacional contra el presidente del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por poner a la venta “mascarillas falsificadas, dejando la puerta abierta a todos los que se quieran sumar a esta iniciativa", según publica ElPlural.com. Concretamente, la asociación señala a la compra de material sanitario a la mercantil gallega Sibucu 360 SL.

Dentro del caos que supuso la pandemia, paralelamente las comunidades debían seguir las indicaciones que se marcaban desde la Unión Europea y el Ministerio de Consumo.

Según denuncia la plataforma, tanto la Comunidad de Madrid como Galicia hicieron caso omiso a un tipo de mascarillas perjudiciales para la salud que compraron a esta empresa en varias ocasiones pese a las alertas vertidas sobre algunos lotes de la misma.

Según indica el citado medio, la Xunta solicitó de nuevo los servicios de la marca en junio de 2021, tras haberle comprado 2,3 millones de mascarillas en un contrato de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Mientras, en Madrid se gastaron medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición de mascarillas quirúrgicas para el hospital La Paz.

Pese a la futura denuncia, es importante señalar que fueron varias las administraciones, de todos los signos políticos, las que acudieron a esta empresa.

Sibucu llegó a vender al gobierno gallego las mascarillas por menos de 50 céntimos la unidad, lo que suponía un 15% menos de dinero que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. En la plataforma señalan que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 restricciones para evitar que una empresa haga ofertas más bajas basadas en la menor calidad de sus productos o servicios.

Sibucu 360 SL multiplicó sus ingresos en pandemia con 4.000% más de beneficios en el año en el que explotó la pandemia, pasando de los menos de 765.000 euros con los que cerró 2019 hasta los más de 31 millones con los que llegó al 31 de diciembre de 2020.

Fuente: El Plural.com

Sibucu 360, la empresa de las mascarillas ‘fake’ de Feijóo y Ayuso que aumentó su facturación un 4.000% en pandemia

La compañía a la que recurrieron la presidenta de la Comunidad y el ahora líder del PP a pesar de detectarse irregularidades multiplicó por diez sus beneficios en 2020

Sibucu, una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida con el sector sanitario se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra el Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente un 4.000% en 2020.

Los delitos que persiguen al hombre detrás de Sibucu 360, la empresa de las mascarillas 'fake' de Feijóo y Ayuso

Aquel año, en el que las administraciones -entre ellas Madrid y Galicia con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- recurrían a la empresa que más fácil se lo ponía para acceder a material sanitario para salvar vidas, esta sociedad -que controla la empresa de iluminación MoonOff- cerró el curso con una facturación de más de 31 millones de euros. Venía de una cifra de negocio de algo de menos de 765.000 euros en 2019.

Lo que es lo mismo, Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año. En el mismo tramo de tiempo, el resultado de explotación se disparó hasta los 4 millones de euros -estaba en 159.000 antes de la pandemia-, el patrimonio neto se situó en 1,5 millones y los socios acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos: una cifra que multiplicaba por tres su facturación en 2019.

Muchas autonomías recurrieron a la firma, pero Feijóo y Ayuso repitieron

En los últimos días, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) recordaba que la Xunta de Galicia, entonces gobernada por el ahora líder del PP- puso a la venta “mascarillas falsificadas” tras cerrar contratos con esta compañía. Fuentes de la asociación contaban a ElPlural.com que elevarían la causa ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o el Tribunal de Justicia Europeo.

Hay que explicar que Sibucu 360 firmó acuerdos con distintas regiones y Ayuntamientos, incluido el de José Luis Martínez-Almeida antes de que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño contactaran con el Consistorio.  Así las cosas, Sibucu la sociedad fue la primera en hacer negocio con Cibeles, el 20 de marzo de 2020. En total, se llevó 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2

 Pero las comunidades de Ayuso y Feijóo repitieron después de que la compañía repartiera mascarillas con sellos falsos. En concreto, se vertieron alertas sanitarias en mayo de 2020 por cuatro tipos importados desde China, publicándose el riesgo en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y en la red de alertas del Ministerio de Consumo.

De manera más detallada, parte de las mascarillas que distribuyó la compañía tuvieron que retirarse por tener una certificación irregular, ya que estaban validadas por un laboratorio italiano que carecía de acreditación para ello. Esto impulsó la apertura de un expediente por parte del Instituto Galego de Consumo ante el que uno de los socios expresó que se trataba de un “fraude del laboratorio” que afectó a 80.000 mascarillas cuando se habían distribuido 80 millones.

En Madrid, el 10 de agosto del primer año de pandemia el hospital La Paz invirtió medio millón de euros, tal y como destapó ElPlural.com. Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con la misma empresa la venta de mascarillas y filtros por valor de 14.980 euros -en julio- para el Hospital Ramón y Cajal.

Por su parte, la Xunta acudió de nuevo a los servicios de esta marca en junio del año siguiente, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas por valor de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de la región.

Fuente: El Plural.com

El PP de Ayuso tiene miedo y presiona a Feijóo para que se oponga a que el Congreso investigue la compra de mascarillas en pandemia

Voces dentro del partido creen que hay buscar una buena argumentación para negarse a investigar los contratos que se firmaron durante la pandemia. Al tiempo que Alfonso Serrano y Martínez Almeida ya han puesto en duda su legalidad.

Tras la ofensiva del PP con el 'caso Koldo', a inicio de semana el PSOE puso sobre la mesa una comisión de investigación en el Congreso para fiscalizar los procedimientos de compra de material sanitario durante la pandemia de todas las administraciones. La anunció el lunes y la registró el martes. Este miércoles, fuentes oficiales del PP aseguraban que todavía no han decidido si la apoyarán o no. "Cuando queramos comunicarlo, lo haremos", señalan.

Pero en el PP de Madrid ya han dejado claro su rechazo explícito. Y lo han hecho sembrado dudas sobre la legalidad de la comisión: "Tengo mis propias dudas jurídicas acerca de que una Cámara, como es el Congreso de los Diputados, pueda investigar cuestiones que afectan a otras administraciones que tienen sus propios controles", aseguró Alfonso Serrano, 'número 2' de Isabel Díaz Ayuso. 

EDITORIAL

Por lo que se ve, la exención de responsabilidades políticas y parlamentarias, solo afectaría a la Comunidad de Madrid y a su Ayuntamiento, no para el resto de España, a juzgar por las manifestaciones de Feijóo, Tellado, Gamarra y compañía, respecto la apertura de Comisiones de Investigación en el Senado para cuantas comunidades autónomas y ayuntamientos les plazca, a la mayoría absoluta del PP en dicha Cámara Parlamentaria, por supuesto excluyendo igualmente de las mismas a las administraciones, autonómica y municipal de Madrid.  Faltaría más, sino quiere Feijóo coger el mismo camino que Casado. 

Fuente: Publico.es

OPINIÓN. Justicia Constitucional versus Justicia Política

 Difícilmente jueces europeos vean terrorismo en conductas de Puigdemont

La decisión del Tribunal Supremo de investigar al dirigente soberanista catalán por organizar una banda armada no tiene precedentes en el derecho de la UE, que al ser eurodiputado procede solicitar suplicatorio al Parlamento Europeo, que está por ver si es concedido.  

El Tribunal Supremo ha dado el paso crucial de investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en el marco de la investigación contra Tsunami Democràtic, el movimiento ciudadano catalán surgido en los días del 1-O para protestar contra las decisiones del Estado español. 

Sin duda, el tribunal ha decidido atravesar un peligroso Rubicón al aceptar las tesis del juez García-Castellón, un magistrado que se ha mostrado abiertamente en contra de la amnistía a los encausados por el procés. Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional (órgano judicial en el que aterrizó en 1993 para sustituir a Baltasar Garzón) se encuentra en el ojo del huracán por defender los intereses del PP en ciertos momentos de su trayectoria profesional.

Pues éste magistrado es el que ha puesto al Supremo ante la difícil tesitura de sentar en el banquillo de los acusados a Puigdemont, el anticristo de la derecha política y judicial de este país. El alto tribunal podría haber desestimado la instrucción, pero nos encontramos en un momento culminante de la historia de España, cuando Pedro Sánchez trata de cerrar heridas con Cataluña, pasando página, con la amnistía.

Es evidente que la decisión tomada por el Supremo trasciende lo judicial para meterse de lleno en el terreno de la política. De modo que hay motivos para sospechar que estamos ante un nuevo caso de lawfare o guerra sucia jurídica. Y no solo eso, sino que todo el mundo sabe que la Justicia europea no va a comprar la tesis de que Puigdemont es un terrorista.

El expresident puede ser un sedicioso, alguien que conspira para destruir el Estado español en pos de la independencia de Cataluña, pero nadie lo ve como el nuevo sanguinario Txapote. Si los autos de extradición y euroórdenes del juez Llarena se disolvieron más allá de los Pirineos, caben muchas posibilidades de que la más que forzada y retorcida con calzador instrucción de García-Castellón podría seguir el mismo camino.

Países como Suiza, Bélgica, Alemania e Italia ya han dicho, no, a tratar a Puigdemont como si se tratase de un miembro de ETA o del IRA, y nada hace pensar que la jurisprudencia vaya a cambiar. Pese al auge de la extrema derecha en todas partes, Europa sigue siendo garantista con los derechos humanos y hay que llevar una resolución judicial muy bien fundamentada para convencer a un magistrado de la UE.  

Todo apunta a que la Justicia española sigue sin tomar nota de cómo funcionan las cosas en el espacio Schengen. Tratando de empapelar por organización terrorista al expresident impulsor del procés los jueces pueden volver a cometer el mismo error por segunda vez, porque cuando el Supremo envíe el requerimiento a la Justicia belga, ese novelón negro con más imaginación patriótica que fundamentos jurídicos, ningún jurista de aquellas tierras va a entender nada.

¿Pues dónde están las bombas lapa, los asesinatos, los secuestros y la estructura criminal que se supone rodean a todo grupo armado?

El juez García-Castellón ha levantado un extraño constructo donde una manifestación popular más o menos violenta se convierte en terrorismo, donde la única víctima mortal es un ciudadano extranjero que lamentablemente y por desgracia murió  de un infarto en un aeropuerto tomado por los manifestantes y donde un líder o cabecilla que siempre ha apelado a la vía pacífica para alcanzar sus objetivos políticos, con los que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero siempre encauzados por procedimientos democráticos como el derecho a votar.

Un juez belga, cuando reciba este dosier, quedará estupefacto al comprobar cómo un colega español pretende que vea terrorismo donde él solo ve una protesta cívica.

Los primeros varapalos ya han llegado después de que la Oficina Federal de Justicia suiza (OFJ) haya suspendido la tramitación de la comisión rogatoria cursada el pasado mes de noviembre por el juez en la que se solicitaba información sobre el paradero de Marta Rovira, huida de la Justicia española.

Mucho nos tememos que abocan a este país a sufrir un nuevo y espantoso ridículo internacional que solo servirá para incrementar la imagen de república bananera del Estado español y para reforzar la posición del fugado y refugiado en Waterloo.

Puigdemont, que estaba más débil que nunca, máxime después de que el Parlamento Europeo hubiese acordado investigar a fondo la trama rusa del procés y los posibles contactos de los líderes soberanistas con la Rusia de Putin. Y ahora son los jueces españoles, que con la politización de la justicia y sus posiciones maximalistas y ultras, están dando oxigeno y haciendo crecer al independentismo que, hasta ayer mismo, estaba de capa caída.

Fuente:Diario16.es

EDITORIAL

Probablemente se necesite retocar algún artículo del Código Penal

Entiendo, no estaría demás matizar, lo que correspondiese del Código Penal en los artículos que correlativamente van del 570 al 573 bis, en lo concerniente a la definición de terrorismo callejero, diferenciándole claramente respecto del de desórdenes públicos, puesto que, estos últimos,  a mi juicio,  en ciertas ocasiones van dirigidos por uno o varios políticos, unas veces de derechas o ultraderechas y otras de izquierdas o ultraizquierdas, con el firme propósito de desestabilizar al Gobierno y por tanto al Estado. Pero claro, ocurre que casi nunca puede demostrarse, o  igual interesa que así sea. 

En concreto me estoy refiriendo, a manifestaciones, más o menos violentas (donde en algún caso hubo hasta 30 policías heridos en un solo día)  que con la excusa de la amnistía, se produjeron en las inmediaciones del Congreso de Diputados, de Ferraz y/o de Moncloa, de los fervientes seguidores de PP y Vox, siguiendo indicaciones y exhortaciones públicas de, Abascal, Feijóo, Aznar, Ayuso y compañía, que desde luego, no creo el Tribunal Supremo esté considerando imputar por terrorismo a los mencionados líderes de PP y Vox, como por contra, aseguran jueces y fiscales del TS, que así consta en la ley en el caso de Puigdemont. 

Curiosa la distinta vara de medir de la Justicia, dependiendo de la persona de quien se trate, que además, desde mi opinión entiendo, no es un modo muy democrático ni constitucional de proceder.

Fuente: Redacción

POSDATA

Informe Comisión Venecia avala  amnistía

El borrador filtrado no se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, como el PP difunde a los cuatro vientos

• Según EFE, el documento no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, “que es una cuestión que en última instancia debe decidir el Tribunal Constitucional”, ni sobre la incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

• El borrador avalaría la posibilidad de una ley de amnistía siempre que cumpla con los requisitos de legalidad, respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir con claridad los actos amnistiados y las excepciones, una tramitación que permita debate y participación y respeto a la independencia del poder judicial.

• El borrador señala que, en general, las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política, unos “objetivos legítimos que deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes”, entre los que apunta la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos.

• Según el documento para la Comisión de Venecia esta proposición de ley de amnistía registrada en el Congreso “no afectaría a la separación de poderes, ya que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos conforme a la norma”. Sin embargo, sobre que la proposición de ley se tramite de urgencia, apunta que “los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía”.

• Advierte de que la proposición “ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España” y anima a todas las autoridades a tomarse “el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo”.

Fuente: EFE