Vigilancia a gran escala, uno de los principales temas
del Gobierno de Barack Obama en la ofensiva contra filtraciones de seguridad
nacional, amenaza la libertad de prensa y el derecho al asesoramiento jurídico,
dijeron las organizaciones Human Rights Watch y American Civil Liberties Union
en un reporte conjunto.
Los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de
Seguridad (NSA por su sigla en inglés), que incluyen la recolección de
"metadatos" telefónicos, han reforzado las preocupaciones de los
funcionarios sobre relacionarse con los medios, ya que "cualquier
interacción -por correo electrónico, teléfono- es un riesgo de dejar un rastro
digital que podría posteriormente ser usado en su contra", según el
reporte.
Los grupos entrevistaron a más de 90 periodistas,
abogados y actuales y ex funcionarios del Gobierno estadounidense para el
informe.
"Los periodistas nos dijeron que los funcionarios
están considerablemente menos dispuestos a estar en contacto con la prensa,
incluso sobre temas no clasificados u opiniones personales, de lo que estaban
algunos años atrás", dijeron los grupos en el reporte.
El Gobierno de Obama ha sido más duro que sus
predecesores sobre silenciar a quienes filtran información, y acusó a ocho
personas bajo la Ley de Espionaje por sospechas de filtrar información.
Tras las filtraciones del ex contratista de la NSA
Edward Snowden, el Gobierno aumentó sus esfuerzos para detectar "amenazas
internas" de empleados públicos que quieran entregar información a la
prensa.
Muchos programas estadounidenses de vigilancia van
mucho más allá de lo necesario para controlar la seguridad nacional, dijo el
reporte.
"Estados Unidos se dice un modelo de libertad y
democracia, pero sus propios programas de vigilancia están amenazando los
valores que clama representar", dijo el autor del informe, Alex Sinha, en
un comunicado.
El reporte instó al presidente Obama y al Congreso a
reformar las políticas de vigilancia del país, así como reducir la
confidencialidad y brindar mayor protección a quienes denuncian prácticas
ilegales o corrupción.
La Cámara de Representantes aprobó una ley en mayo para
poner fin a la recolección de datos telefónicos de la NSA. El proyecto de ley
está actualmente bajo consideración del Senado.
Fuente: Reuters