3 de junio de 2021

MÁS CORRUPCION EN EL PP. La exministra de Defensa del Gobierno de España y exsecretaria general del partido popular, ante al juez por el caso kitchen. Y Casado sin comentarios al respecto.

 El juez de la Audiencia Nacional ha unido "la cadena de apuntes" que salpican a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, en el papel de protagonistas para captar al topo de la trama.

El juez que investiga el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ha logrado relacionar casi medio centenar de anotaciones y grabaciones que salpican a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo —principal investigado de la macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional— lo grababa todo, lo apuntaba todo, y ahí ha quedado reflejado el presunto papel central de la exnúmero dos de los populares en una operación ilegal de máximo nivel para entorpecer la investigación que iba a poner en jaque todas las finanzas del partido.

La conocida como Operación Kitchen fue un operativo "parapolicial" organizado en 2013 para robar los documentos que escondía el extesorero Luis Bárcenas sobre la caja b de la formación, que podría perjudicar de manera directa al presidente del Gobierno de entonces Mariano Rajoy y a su número dos.

El último movimiento del instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón deja patente que se trató de una operación del partido, de máximo nivel, en la que podría haber estado detrás directamente Cospedal con la ayuda de su marido, Ignacio López del Hierro, quien también salía en los papeles de Bárcenas.

Operación del partido al máximo nivel. El juez sospecha que Interior fue el instrumento para materializar el plan

Sin embargo, necesitaban medios y una plataforma para llevar a cabo el plan, y ésta fue el Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Jorge FernándezDíaz y del secretario de Estado, Francisco Martínez.

El magistrado ha tardado casi un año en lograr unir todas las piezas para implicar directamente a Cospedal. El empujón final vino cuando a finales de año, la Policía registró la celda de Villarejo, que se encontraba en prisión provisional desde noviembre de 2017, y halló una serie de agendas que escondía y que no habían sido incautadas en su momento.

Eran las agendas de 2013, todas las anotaciones sobre sus conversaciones, en la época en la que se ideó, organizó y perpetró la Operación Kitchen. Pero además de estos apuntes, el juez, lo ha unido con conversaciones mantenidas por Villarejo e incluso de otras personas como la del propio Francisco Martínez.

El origen de Kitchen. "Plan contra LB. Intervenir comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”

Con todo ello, García Castellón ha contabilizado 43 indicios que apuntan a Cospedal y su entorno. “Cospe. Control de LB”: recoge Villarejo el 4 de septiembre de 2013.

Según el juez, el 11 de julio de 2013 es el origen de la operación Kitchen. El día antes, el juez que investigaba la caja b del PP, Pablo Ruz, dictó un auto citando a Bárcenas para el día 15. Fue ahí cuando se activó la maquinaria. Todo hacía indicar que el extesorero podría acabar en prisión y si eso ocurría, pasaría a la ofensiva al entender que su partido, en ese momento en el Gobierno, le había dejado caer sin frenar su encarcelamiento.

Ese 11 de julio, Villarejo anota, al lado del nombre de Chisco —nombre utilizado para Francisco Martínez— “Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Intervenir comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”.

En esos días, el excomisario apunta hasta 10 anotaciones sobre la operación que empezaban a preparar contra Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. "Chisco. Quiere plan estratégico para salir del caso LB", escribe el excomisario el día 15. Un día más tarde: "Chisco. Problemática por posibles grabaciones de LB".

Los contactos —y sus correspondientes anotaciones que Villarejo hace en sus agendas— se intensifican esos días de plena crisis en el Partido Popular. Así lo refleja el día 17 en el que tras escribir "gabinete crisis" apunta "pendiente conductor de LB", en referencia al chófer de la familia, imputado por ser el topo de la trama "parapolicial".

El 18 de julio Villarejo manuscribe tras hablar, presuntamente, con Ignacio López del Hierro: "Aviso contacto Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo". Ese mismo día hay otra anotación que cerca a Cospedal: "Cospe vio contactos y posible cita".

Entre los apuntes aparece un nombre “Andy”, que ahora se conoce que es el actual comisario Andrés Gómez Gordo, persona de confianza de Cospedal porque estuvo con ella en el área de seguridad durante su época como presidenta de Castilla-La Mancha. Villarejo anota el 19 de julio de aquel año: “Aunque Cospe le ha dicho que se fíe de mi, como su jefe de seguridad le puede decir que está equivocada”.

En esa fecha, Villarejo ya tenía contactos con Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. De hecho, un año antes, le habían pedido ayuda para salvar a Bárcenas de la investigación por el caso de corrupción Gürtel. Todo se torció cuando el juez Ruz encontró en enero de 2013 cuentas en Suiza a nombre del ex tesorero del PP, en las que había llegado a acumular 48 millones de euros. El partido ya no podía salvarle y le dejó caer para que no lo arrastrara.

Gómez Gordo fue la persona encargada de captar al chófer de Bárcenas para sustraer la información. Así, en su auto por el que ha citado como investigados a Cospedal y su marido, el juez instructor sostiene que “la participación de Cospedal en la captación del chófer Sergio Ríos en la trama, a través de Andrés Gómez, al parecer pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar”.

Más apuntes en la agenda. “Andi. Muy contento por los datos que le di para la Cospe”

A lo lago de esos meses, Villarejo intervino en la relación con Ríos, y éste se lo hizo saber a la secretaria general del partido. El 1 de octubre reflejó en su agenda: “Andi. Muy contento por los datos que le di para la Cospe”.

Además de las anotaciones en las agendas, el juez ha logrado unir de manera indiciaria contra Cospedal algunas conversaciones telefónicas a manos de los investigadores. En una de ellas (25 de septiembre de 2018), al exsecretario de Estado le pregunta su esposa que "si ha hablado con Cospe" una vez que el escándalo copa las portadas de todos los medios de comunicación. A lo que él responde: "Bueno, no hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay". En otra, una interlocutora le consuela: "Tú no has hecho nada por iniciativa propia".

Hay más. Martínez escribe en un mensaje que él es un hombre "leal y comprometido" y que por eso, "precisamente", se ha metido "en este lío": "Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y Rajoy".

Ahora Cospedal tendrá que explicar el próximo 29 de junio qué le contó Villarejo, que información le dio, si se reunió con él, cuantas veces, cuál fue su papel para captar al chófer y sobre todo, porqué lo hizo.

Mientras tanto, la actual cúpula del PP  guarda silencio, pero ya lo dice la sabiduría popular,  "quien  calla otorga".

 Fuente: La Vanguardia.com

EEUU. La Casa Blanca apunta a Rusia por un ciberataque dirigido a obstaculizar el suministro de carne en el país.

 El ataque, que obligó a parar la producción de varias plantas de la compañía cárnica JBS, tendrá un “impacto significativo” en el mercado

El gigante cárnico brasileño JBS ha sido el último objetivo de la piratería informática global, después de que a comienzos de semana su filial en Estados Unidos fuera extorsionada mediante un ciberataque que los responsables de la empresa creen originado en Rusia y que obligó a parar parte de la producción en Norteamérica y Australia. El parón ha provocado preocupación ante una posible escasez de carne, dado que JBS, la segunda mayor empresa del sector en EE UU, suministra hasta el 20% de los productos cárnicos procesados que se consumen en el país.

La filial estadounidense de JBS recibió una petición de rescate por parte de “una organización delictiva probablemente radicada en Rusia” después de sufrir un ataque informático que afectó a la cadena de procesamiento en Australia y Norteamérica, según ha informado este martes una portavoz de la Casa Blanca. El hecho de que la confirmación del suceso proceda de la Casa Blanca revela la entidad del suceso, que se produce menos de un mes después de que la acción de piratas informáticos del grupo DarkSide obligara a cerrar temporalmente la red de oleoductos Colonial Pipeline, que proporciona el 45% del combustible que consume la costa este de EE UU. El presidente Joe Biden hablará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, de la amenaza informática, que ha revelado la vulnerabilidad de redes de suministro básicas en EE UU, en el encuentro que mantendrán en Ginebra el próximo 16 de junio. Preguntado este miércoles por la posibilidad de adoptar represalias hacia Moscú, Biden se limitó a afirmar que sigue “muy de cerca” el asunto.

La portavoz de la Casa Blanca informó de que el Gobierno del presidente Joe Biden ha ofrecido asistencia a JBS, y que el Departamento de Agricultura se mantiene en contacto con los responsables de la empresa, mientras el FBI investiga el incidente y la Agencia para la Ciberseguridad y la Seguridad de Infraestructuras (CISA), en coordinación con el FBI, ofrece apoyo técnico a la compañía. “La Casa Blanca está en contacto directo con el Gobierno ruso sobre este tema, y envía el mensaje de que los Estados responsables no albergan a delincuentes de ransomware [programa informático malicioso]”, afirmó la portavoz. Rusia ha negado repetidamente servir de base a los piratas de DarkSide. Fuentes con acceso a la investigación del ciberataque a JBS han atribuido este miércoles su autoría a un grupo denominado REvil.

El ransomware es un modus operandi de la ciberdelincuencia que consiste en aprovechar las fallas de seguridad de un sistema informático para bloquearlo y exigir luego un rescate para reanudarlo. Colonial Pipeline, una de las mayores redes de distribución de combustible de EE UU, tuvo que desembolsar 4,4 millones de dólares a los piratas informáticos para desbloquear sus sistemas, según reconoció la firma. La vulnerabilidad de la empresa llevó la semana pasada al Gobierno de Biden a imponer por primera vez requisitos de ciberseguridad en los oleoductos.

El ataque al gigante cárnico fue desvelado por la compañía este lunes. “JBS USA resultó ser el objetivo de un ataque de ciberseguridad organizado, que afectó a algunos de los servidores que soportan sus sistemas informáticos de América del Norte y Australia”, dijo la compañía en un comunicado sin dar más detalles. Según el diario The New York Times, el incidente obligó a cerrar nueve plantas de procesamiento de vacuno en EE UU y alteró la producción en otras dedicadas a procesar carne de pollo y de cerdo. El Departamento de Agricultura se vio forzado a posponer este martes el índice de precios de vacuno y porcino por la paralización de la producción, mientras los analistas alertan de que un solo día de interrupción puede tener “un significativo impacto” en los precios.

United Food and Commercial Workers, que representa a los trabajadores en Colorado y Wyoming, indicó que los turnos de matadero y fabricación fueron cancelados el lunes. Una fábrica de Wisconsin informó de que no habría producción ese día. Otra de Utah anunció la suspensión de actividad también el lunes, mientras que en Iowa el cierre fue parcial, con solo cuatro departamentos paralizados. La división de JBS en Canadá canceló algunas operaciones el lunes y durante la madrugada de este martes, pero luego anunció a través de Facebook que reanudaría la producción con normalidad.

JBS, una multinacional con sede en Brasil especializada en productos procesados a base de carne de res, pollo y cerdo, es una de las mayores empresas agroalimentarias del mundo, con presencia en Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, México, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La compañía ha asegurado que sus servidores de respaldo no resultaron afectados por el incidente, y que confía en reanudar la actividad en la mayoría de las plantas este miércoles. En Australia, la fábrica de JBS quedó paralizada, lo que obligó a enviar a casa sin paga a 10.000 trabajadores, según fuentes sindicales citadas por la agencia France Presse, que afirmaron desconocer la fecha de reanudación de la actividad en la planta.

Los dos ciberataques citados acontecen tras la osada intromisión en la compañía de software SolarWinds en 2020, que Washington atribuye a un grupo respaldado por Moscú y que motivó una tanda de duras sanciones contra individuos y empresas en la órbita del Kremlin. De ese mismo grupo se sospecha una nueva andanada de ciberataques ocurridos hace unas semanas, según Microsoft, que habrían tenido como objetivo los servidores de agencias del Gobierno, centros de expertos, consultoras y otras organizaciones.

“El panorama de ciberseguridad está en constante evolución y debemos adaptarnos para abordar las amenazas nuevas y emergentes”, declaró la semana pasada Alejandro Mayorkas, responsable del Departamento de Seguridad Interior estadounidense.

Fuente: El País.com