Madrid, con 19 investigaciones,
encabeza la lista de las autonomías seguida de Catalunya, con 7 residencias, y
Castilla-La Mancha, con 5. La Fiscalía no aclara las provincias donde se
encuentran ni el número de personas fallecidas en ellas. Asimismo, tiene 124
informes de seguimiento en los centros de mayores para conocer la afección por
coronavirus
La Fiscalía investiga a 38 residencias
por supuestos delitos penales a causa del fallecimiento de ancianos, según ha
difundido este viernes la Fiscalía General del Estado.
La mayoría de las residencias
investigadas por la vía penal se encuentran en la Comunidad de Madrid (19 casos
abiertos), Catalunya (7), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (2), Región
de Murcia (2), Comunidad Valenciana (al menos una residencia, aunque habría en
investigación un total de tres), Canarias (1) y Cantabria (1).
La Fiscalía General del Estado que
dirige la exministra de Justicia Dolores Delgado no ha aclarado los presuntos
delitos que se investigan, los nombres de las residencias, ni la provincia
donde se encuentran, ni el número de fallecimientos investigados.
Se investigan conductas que pueden
encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato.
En estas 38 residencias se investigan
conductas que pueden encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente,
abandono o maltrato, si bien los delitos aún no puede concretarse porque
generalmente se investigan hechos y luego se califican, informa Europa Press.
En el ámbito de la protección de los
mayores, que es competencia de los fiscales, se han abierto 124 informes de
seguimiento de otros tantos casos con el fin de cumplir con esa función tuitiva
(defensora) de los ancianos en el ámbito Civil.
Estos 124 informes de seguimiento
abordan situaciones concretas de ancianos y de residencias y han sido
realizados por las fiscalías de cada provincia y elevadas a sus fiscales
superiores.
Las Residencias de Mayores es un negocio que mueve cerca de 5.000 millones de euros al año, engordado con dinero público.
Las comunidades autónomas han
comenzado a contabilizar el número de ancianos fallecidos en las residencias y que no fueron evacuados por los servicios
sanitarios a los hospitales tras explotar la pandemia. A gran parte de los
fallecidos tampoco se les hizo ningún test para confirmar si habían sido
contagiados y habían muerto por esta causa.
Son más de 10.924 los residentes
fallecidos por COVID-19 o con síntomas similares, la mayoría en Castilla y León,
Madrid y Cataluña, que superan en más de la mitad el total de fallecidos
notificados por el Ministerio de Sanidad y cuya estadística se centra en los
casos confirmados por medio de los test, lo que en la práctica reduce la cifra
a los fallecidos en los hospitales.
Fuente: Público.es
