La controversia que ha
abierto la presentadora de televisión, Silvia Intxaurrondo en el programa informativo de, "La Hora de La 1" gira en torno a un
punto neurálgico del proceso penal: cuándo, cómo y con qué lenguaje se puede
hablar de delitos y de culpabilidad durante las fases preliminares de una investigación.
A partir del contraste entre los “últimos autos” dictados en los presuntos
procedimientos conocidos como caso Leire y caso Zapatero, Intxaurrondo plantea
que ciertas decisiones judiciales podrían estar chocando con estándares
jurídicos europeos diseñados, precisamente, para evitar que el investigado sea
tratado como culpable antes de tiempo.
En su intervención, la
periodista recordó su revisión de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE), subrayando que la doctrina europea “dice que no se
puede atribuir la comisión de un delito en una etapa preliminar del procedimiento
penal”. Lo decisivo, en su argumentación, no es el hecho de que la
investigación avance: es lógico que en una instrucción existan sospechas,
indicios y diligencias. El problema surge cuando el relato jurídico o mediático
transforma esa fase indiciaria en una afirmación de culpabilidad con apariencia
de certeza. Intxaurrondo interpreta que tal práctica “pervertiría el
procedimiento penal” y, sobre todo, incrementaría “el riesgo de estigmatización
del investigado”.
A continuación, la
presentadora conectó esa regla europea con lo que entiende que ocurre en dos
resoluciones judiciales recientes: las del juez Santiago Pedraz y las del juez
José Luis Calama, citadas por el programa como relevantes para los procedimientos
denominados Leire y Zapatero. En su conclusión, formulada con tono tajante,
sostuvo que “no es legal hacer esto”. Más que una crítica meramente retórica,
el núcleo de su postura es jurídico: si el estándar europeo prohíbe atribuir
delitos en etapas preliminares, entonces cualquier formulación que, en autos,
parezca dar por cometidos los hechos con una certeza incompatible con la fase
procesal estaría comprometiendo derechos fundamentales.
El magistrado Ignacio
González Vega, invitado al espacio, reforzó el planteamiento desde una
perspectiva institucional. Según explicó, estas garantías no son simples
criterios orientativos, sino mandatos vinculantes que obligan a todos los
operadores judiciales. El experto amplió el argumento al recordar que no se
trata únicamente de jurisprudencia: también existe una directiva comunitaria
“que precisamente habla de los derechos de defensa del investigado en el juicio
y habla de la presunción de inocencia”. Con ello, González Vega introduce una
idea clave: la presunción de inocencia no es un adorno del sistema, sino un
principio rector que condiciona el modo en que se construye la argumentación
judicial y, por extensión, la comunicación pública de lo que ocurre en los
tribunales.
En ese marco, el
magistrado hizo una distinción pedagógica: lo que se presume es la inocencia de
las personas, y, por tanto, “es la acusación —por ejemplo el fiscal— quien debe
de acreditar su culpabilidad”. Hasta entonces, no deben presentarse los hechos
como probados. La fase de investigación se nutre de indicios y verosimilitud,
no de condena. Por eso insistió en que “no se presumen los delitos o los
hechos, los hechos están todavía en una fase indiciaria” y que “hasta que no
haya una sentencia condenatoria, esa persona es inocente”. La lógica es clara:
cualquier lenguaje que desdibuje esa frontera entre sospecha e imputación
probada reduce el espacio de defensa, favorece el prejuicio y puede contaminar
la percepción social del caso.
El debate, sin embargo,
no se limita al contenido estrictamente jurídico de los autos. Intxaurrondo
introdujo un factor contemporáneo: la repercusión mediática que acompaña a los
sumarios desde el momento en que se levanta el secreto de las actuaciones. En
una “sociedad hiperconectada”, donde las noticias circulan “al minuto”, la
periodista cuestiona que, incluso en contextos sensibles, los tribunales no
sean capaces de sostener un nivel adecuado de discreción y de control sobre el
impacto público de sus resoluciones. Su crítica es especialmente severa cuando
afirma que “cuando se levantan nos encontramos con culpabilidades aseguradas en
un auto judicial”, lo cual —en su visión— sería “lo contrario de lo que dice el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. De ahí la tesis final: “aquí algo
falla”.
Llegados a este punto,
González Vega aportó un matiz relevante: los jueces “hablan a través de sus
resoluciones”, pero con frecuencia “la distorsión suele venir de la forma de
expresar titulares de prensa o noticias”. Es decir, no siempre el problema radica
en lo que literalmente dice el órgano judicial, sino en cómo se traduce,
simplifica o incluso se sensacionaliza el contenido para captar atención. En
esa transformación mediática, una sospecha puede convertirse en un “delito
cometido” para el público, o una formulación condicional puede aparecer como un
veredicto. El magistrado señaló que esa información a veces se vuelve “sesgada”
y que no refleja “justamente la que está transmitiendo el órgano judicial”.
A partir de ahí, el
debate se desplaza hacia la responsabilidad de la prensa. González Vega citó la
idea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los medios como “perro
guardián de la democracia”, pero incluyó una exigencia ética-jurídica: el periodismo
debe procurar que en las noticias “quede reflejada la inocencia de estas
personas mientras no haya una sentencia condenatoria”. La protección no se
agota en los tribunales: también se juega en el lenguaje con el que la sociedad
aprende lo que ocurre ante la justicia. Titulares que afirman culpabilidades
sin condena pueden contribuir a un juicio paralelo; y ese juicio paralelo,
aunque no tenga efectos penales formales, puede tener efectos materiales en la
reputación, en la capacidad de defensa y en la confianza pública.
En síntesis, el análisis del programa expone un conflicto de fondo entre tres planos que deberían ser
coherentes entre sí:
- (1) la garantía europea de que no se atribuya la comisión de un delito en fases preliminares;
- (2) el principio interno y supranacional de presunción de inocencia y de carga probatoria sobre la acusación;
- (3) la comunicación pública, donde los límites entre sospecha judicial y certeza mediática pueden difuminarse.
La advertencia de
Intxaurrondo y el marco aportado por González Vega apuntan a una misma
conclusión:
- Cuando la investigación se convierte —por autos o por titulares— en una narrativa de culpabilidad anticipada, se vulnera el diseño garantista del proceso penal y se pone en riesgo un derecho fundamental que no es negociable.
- Puesto que, mientras no exista sentencia condenatoria, la regla europea y la ética democrática exigen, ante todo, cautela: los hechos pueden estar en fase indiciaria, pero la inocencia no debería convertirse en una etiqueta provisional, sino en un punto de partida firme.
Fuente: El Plural.com
POSDATA
Quiero creer que los jueces citados desconocían que el marco legal de la Unión Europea, prohibe acusar en autos en fase de instrucción a investigados sin pruebas (lo cual ya de por sí es grave) y también, prefiero no pensar que eran conocedores de dicha prohibición, pues en ese supuesto, estarían dañando a propósito la reputación de los investigados, que entiendo, en ese caso sería denunciable, al menos ante las altas instancias judiciales europeas. Ya que por intereses políticos los carroñeros de PP y Vox, no han perdido la ocasión de mancillar el buen nombre de los investigados y de no respetar su presunción de inocencia. Lo cual da cuenta, de la baja estatura moral y de la evidente ignorancia en derecho europeo, de los dirigentes y abogados de dichos partidos políticos, a no ser que fuesen conocedores y por tanto conscientes, de que estaban incumpliendo la ley, que en ese supuesto sería un hecho denunciable.
Al igual que han hecho, algunos periodistas de las principales caberas conservadoras de este país, justificándose con la idea que lo había dicho un juez.
¿O es que quizás estén todos de acuerdo para dañar la reputación de los investigados?
Por qué, a decir verdad, a todos los que viven de la carroña no les viene mal, con el fin de medrar en sus propios intereses, para unos de tipo político (PP y Vox) y para otros de tipo profesional y/o empresarial (quienes inventan y/o distribuyen la carroña, respectivamente)
Y lo peor está por venir, porque imagínense que Feijóo pierda las generales, y entonces, ¿como va a devolver los favores debidos?
Me parece que este año es el último que le va a salir gratis, el turrón y los insultos a sus rivales políticos, al presunto líder del PP.
Por cierto, y hablando de todo un poco. Por qué será que solo Vox confía en el PP para la moción de censura. Quizás sea porque ambos dos, son tal para cual.
Fuente: Redacción
