EL CASO DEL HOSPITAL DE ALCORCÓN EN MADRID.
Además, es un claro intento de privatización de la sanidad pública madrileña,
en un proceso continuo y polémico, que ha evolucionado a lo largo de las
décadas, con la Comunidad de Madrid manteniendo un modelo de colaboración
público-privada significativo.
Modelo de Gestión en Madrid
- Madrid a la
Cabeza.- Según
informes de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP) de 2024 y 2025, la Comunidad de Madrid se encuentra entre las
regiones españolas con un mayor grado de privatización sanitaria.
- Gasto en
Conciertos.- En los
presupuestos de 2024, se asignaron más de 1.200 millones de euros a la
asistencia mediante medios ajenos (conciertos sanitarios con empresas
privadas). La región destina a la sanidad concertada más del doble de
fondos públicos que la media del país.
- Hospitales
con Gestión Privada.-
Actualmente, cinco de los ocho hospitales públicos con gestión privada en
España están en Madrid, incluyendo la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital
de Villalba, el Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y el Hospital
Universitario de Torrejón.
El Hospital
Universitario Fundación Alcorcón mantiene la titularidad pública, y gestión
privada, donde el personal y responsabilidad dependen de la administración
pública madrileña.
Debate Político y Desarrollos Recientes (2024-2025)
El
debate sobre la privatización sigue siendo un tema central en la política
madrileña.
- Nuevas
Polémicas.-
Recientemente (diciembre de 2025), han surgido nuevas polémicas
relacionadas con el Hospital de Torrejón (uno de los de gestión privada),
con acusaciones de reutilización de material sanitario desechable, lo que
ha reavivado las críticas al modelo de gestión privada y ha generado una
"nueva guerra" entre la presidenta Ayuso y la oposición.
- Iniciativas
a Nivel Estatal.- El
Ministerio de Sanidad del Gobierno central, liderado por Mónica García, ha
iniciado los trámites para una ley de gestión pública del sistema de salud
a nivel estatal, que aspira a limitar las privatizaciones futuras.
La Comunidad
de Madrid continua defendiendo la eficacia de su modelo mixto, mientras
que las asociaciones de defensa de la sanidad pública lo critican por
incrementar los costes y mercantilizar el servicio esencial.
De los pagos de cerca de 5.000 millones de euros al Grupo Quirón.
Los datos oficiales (noviembre/diciembre de 2025 y junio de 2025) arrojan las siguientes cifras
- Pagos
anuales elevados.- El
negocio de Quirón-salud con la sanidad madrileña ronda los 1.000
millones de euros anuales.
- Pagos
acumulados recientes.- La
Comunidad de Madrid ha reconocido haber pagado más de 5.000
millones de euros a los hospitales gestionados por Quirón-salud
durante los primeros seis años del gobierno de Isabel Díaz Ayuso
(aproximadamente desde 2019 a 2025).
- Desviaciones
presupuestarias.- Se ha
reportado que el gobierno regional ha llegado a pagar a los hospitales de
Quirón el doble de lo presupuestado inicialmente en
algunos ejercicios.
- Deuda y
pagos extra.- Se
han inyectado cientos de millones de euros extra, por encima del crédito
inicial, para cubrir la actividad real de estos hospitales concesionados.
Resumen de composición del Grupo Quirón, y de pagos recibidos de la Comunidad de Madrid
Los
cuatro hospitales principales del grupo Quirón que operan bajo el modelo de
gestión externalizada son el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el
Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital de Villalba y el Hospital
General de Valdemoro.
El
gigante sanitario Quirón, que gestiona cuatro hospitales de la red pública
madrileña, ha experimentado a partir de 2021 un espectacular aumento de
ingresos procedentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tan elevado es el salto
que en el cuatrienio 2021-2024 los documentos oficiales sobre la liquidación de
cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) constatan que los cuatro
hospitales de Quirón han cobrado el doble de lo originalmente presupuestado: la
suma del crédito inicial asignado a esos centros ascendió en ese periodo a
2.543.928.271 euros, pero el conjunto de los pagos contabilizados al cierre de
cada uno de esos ejercicios se disparó hasta rozar los 5.000 millones,
exactamente 4.803.124.204 euros.
Quirón
es propietaria en Madrid del hospital Fundación Jiménez Díaz y gestiona otros
tres de titularidad pública situados en los municipios de Móstoles (el Rey Juan
Carlos), Valdemoro (Infanta Elena) y el General de Collado Villalba.
El
último año cuya liquidación de cuentas se conoce, 2024, opera como la cima de
un fenómeno cuyo inicio se sitúa en 2021 a tenor de los datos oficiales. Tanto
es así que de los 715.712.602 euros asignados en conjunto a los cuatro
hospitales como “crédito inicial” (ver la tabla) se pasó a un pago de
1.611.196.188 euros. Es decir, un 125% por encima de lo presupuestado.
En
el cuatrienio comprendido entre 2016 y 2019, Quirón ya fue cobrando más de lo
presupuestado. Pero la diferencia entre los números del principio y los del
final fue muchísimo menos relevante: los 1.693 millones presupuestados en total
se convirtieron en 2.126 millones, lo que significa un aumento de 433 millones.
Entre los dos cuatrienios (2016-2019 y 2021-2024) se sitúa un año excepcional:
2020, el de la pandemia.
Y
justamente ese ejercicio, aquel en que la COVID-19 colapsó los hospitales y
acabó en las residencias madrileñas de mayores con 7.291 vidas de contagiados
que no fueron derivados a ningún centro hospitalario, Quirón cobró menos de la
sanidad madrileña: para sus cuatro hospitales las cuentas de la Comunidad de
Madrid habían reservado 609.405.223 euros, pero los pagos se redujeron a
504.379.292 euros.
Por
hospitales, el presupuesto inicial y la cifra abonada a lo largo del cuatrienio
según los sucesivos documentos de “Liquidación del presupuesto de gastos” del
SERMAS son los que siguen: Hospital Fundación Jiménez Díaz, 1.566 millones
presupuestados y 2.741 millones abonados; Rey Juan Carlos, 460 millones
asignados y 1.023 pagados; Infanta Elena, 240 millones de crédito inicial y 519
satisfechos; y Hospital General de Villalba, 276 millones presupuestados y 518
pagados.
Fuente:
El Diario.es
CONCLUSIÓN
No
es de extrañar, se muestre la Comunidad de Madrid tan generosa con los pagos a la Quirón, porque el grupo pagó religiosamente las comisiones por las mascarillas a
los familiares y afines de la Presidenta de Madrid, luego hay que corresponder.
Por
otra parte, está el escándalo que ha estallado en la Comunidad de Madrid tras
la filtración de unos audios del entonces CEO de Ribera
Salud (empresa que gestiona el Hospital Público de Torrejón), Pablo
Gallart, en los que ordenaba aumentar las listas de espera y
rechazar pacientes o procedimientos "no rentables" para
incrementar los beneficios empresariales.
Además,
denuncias recientes afirman que la empresa gestora del Hospital de
Torrejón ordenó la reutilización de ciertos materiales
sanitarios, incluyendo catéteres utilizados en operaciones de corazón, que son
de un solo uso.
Que
seguramente todo quedará en nada, dada la presunta protección judicial de la que
disfruta la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que como en artículo anterior
dije, supuestamente el PP madrileño y el valenciano, tienen
licencia para robar, mentir y matar.
POSDATA
No echen la culpa ni al Gobierno del Estado ni al Presidente, pues a diferencia de Presidentes y Consejeros de Sanidad de las Comunidades de Madrid y Valencia, no tienen competencia en la gestión de la Sanidad Pública en las Comunidades Autónomas, ya que están transferidas dichas competencias en todas las autonomías, a excepción de la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Fuente:
Redacción
ANEXO(antecedentes valencianos de la gestión privada de hospitales en Madrid)
La
Comunidad Valenciana sirvió de laboratorio de pruebas, al Partido Popular para
desarrollar la gestión privada en hospitales y la Atención Primaria (AP) en
Valencia. Este experimento, dirigido a poner en práctica la estrategia
neoliberal en la sanidad española, se aplicó en los nuevos hospitales
construidos en la Comunidad Autónoma: Alzira, La Marina, Elx, Torrevieja y
Manises (y posteriormente la Comunidad de Madrid y otras CCAA)
El ex presidente del PP, Zaplana impulsó la privatización, creando Ribera
Salud recurriendo a financiación público privada.
En
1997 un ejecutivo al servicio de la aseguradora sanitaria Adeslas propuso a la
administración valenciana construir y gestionar desde la aseguradora un nuevo
hospital público a cambio de cobrar un canon por cada habitante asignado al
centro. Eduardo Zaplana, entonces presidente de la
Generalitat, apoyo rápidamente la idea para lo que creó Ribera
Salud, una empresa de gestión privada en la que incluyó a las cajas de
ahorros valencianas Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caixa
Carlet, (45%); la aseguradora Adeslas (51%); y dos empresas
constructoras ACS -Dragados (2%) y Lubasa, (2%).
El
primer centro puesto en marcha por Ribera Salud de acuerdo a este modelo fue
el Hospital de Alzira, que pretendía convertirse en el
primer hospital español acogido al régimen de Concesión Administrativa como
inicio de privatización sanitaria valenciana, que además serviría de guía para
el resto de CCAA. El experimento fue acogido con entusiasmo por el sector
empresarial que lo calificó de oportunidad histórica para la sanidad privada.
- La construcción del Hospital tuvo importantes sobrecostes.- Aunque el prepuesto inicial era de 41 millones de euros acabó costando 72 (un 43% más de lo acordado
- El contrato no incluyó gastos de difícil control, como farmacia ambulatoria, prótesis y endoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario y salud pública, que fueron asumidos por la Conselleria de Sanitat.
- Se fijó un gasto por habitante más elevado que en los centros públicos (204 euros al año); y se le incrementó la población inicialmente al centro en 11.000 habitantes; se le adjudicó el tratamiento de pacientes de fuera del área por procesos de bajo coste y alto rendimiento como la anestesia epidural de las embarazadas y cobrar por la atención a pacientes que ya estaban en lista de espera cuando se abrió el hospital. El 15% de los ingresos de la concesionaria en 2011 (28,8 de 193 millones de ingresos totales) procedieron de tratamientos a residentes de otra áreas sanitarias.
- Se le toleró la facturación de costes extras a las compañías farmacéuticas por conceptos que bordean la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios y el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica. La Central de Compras B2B computó miles de euros por patrocinios, publicidad o actividades administrativas. Por todo esto hay una causa abierta por la justicia por una presunta facturación irregular de comisiones a proveedores de fármacos o prótesis.
Rescate escandaloso que pone en evidencia el fracaso de la
Colaboración Público Privada
Pese
a este beneficioso contrato la Concesionaria sufrió pérdidas de más 5 millones
de euros en los cinco primeros años, por lo que solicitó la ayuda de la
Generalitat (incumpliendo uno de los principios básicos de la estrategia
neoliberal).
Respondiendo
a la llamada de auxilio de Ribera el Gobierno del PP rescindió el contrato y
preparó un nuevo concurso que:
- Incrementó el gasto por habitante en un 68%, pasando de pasó de 225 a 379 euros al año (que llegó a 639 euros).
- Incorporo al hospital la gestión de la atención primaria del área la zona (12 centros de AP) para controlar la demanda de pacientes al centro. Esto supuso el sometimiento y absorción de la AP al hospital, rompiendo el modelo de la Ley General de Sanidad.
- Rescata la Concesión devolviendo a Ribera Salud todo lo que había invertido (44 millones de euros)
- Por si fuera poco indemnizó con 25 millones de euros por el supuesto lucro cesante por los seis años que aún quedaban de concesión a pesar de que la empresa declaraba perdidas.
- Por último volvió a adjudicar esta auténtica bicoca a Ribera Salud.
Todo
esto vino a demostrar la falsedad del argumento de que la trasferencia de
riesgos a las concesionarias privadas, garantiza el cumplimiento de los
contratos y la mejora en su gestión. Es decir la Colaboración Público
Privada (CPP), es una falacia (como se han constatado recientemente
con las autopistas radiales de Madrid, rescatadas por el Gobierno a las
Concesionarias con un coste de 3.718 millones de euros).
La
Concesión ha pasado de mano en mano, en una vorágine de negocios con dinero
público, que ha proporcionado beneficios económicos a las entidades
participantes (bancos, aseguradoras, constructoras y fondos de inversión
internacional.
- Tras el rescate
de Bankia y CAM por el Estado, Ribera Salud fue
comprada por el Banco Sabadell y la multinacional
americana Centene Corporation.
- Posteriormente
Ribera adquirió los hospitales de Elche y Torrevieja a
la aseguradora Asisa, controlando así el 100 % de las
acciones de ambos hospitales.
- También es
copropietaria, junto a la aseguradora DKV, del 35% de las acciones del Hospital
de Dénia
Consecuencias del fracaso de este modelo de Colaboración Público Privada para
construir y gestionar centros sanitarios públicos
Los trabajadores soportan peores condiciones laborales de los
trabajadores del sistema de gestión pública:: Alzira tiene menos personal, trabaja 200 horas
más al año, y percibe un sueldo un 15% inferior que la media de los hospitales
públicos. Los médicos especialistas soportan una jornada anual un 12% superior
y personal su retribuciones son un 11,5% inferiores que los acogidos al modelo
estatuario.
Esta precarización genera un mal clima laboral que repercute en la
calidad de la atención de los pacientes. Según los sindicatos del Comité de Empresa, muchos trabajadores
tienen además miedo a la empresa y se sienten maltratados por la misma.
La gestión privada genera mayores gastos para el sistema: El gasto por habitante en Alzira y en los
otros hospitales de Ribera Salud es 61 euros superior al de los públicos (en
Alzira el sobrecoste es de 170 euros, en Denia 67, en Manises 54 y 22 en
Torrevieja). El gasto por cápita de los hospitales de gestión pública fue, en
el 2015, de 1.054 euros frete e 1.162 en el modelo Alzira.
Hay una gran opacidad y presuntas irregularidades en la gestión de los
recursos: Los contratos
se elaboraron sin que se calculara previamente los costes por habitante; la
Administración del PP hizo dejación en las funciones de control no supervisando
las inversiones ni los acuerdos en las comisiones mixtas sobre las
liquidaciones de la Concesionaria. El informe de la Intervención
General 2003-2012 sobre estas Concesiones denunció problemas de
opacidad, ausencia de control e incluso connivencia de la Generalitat con las
empresas adjudicatarias, por ausencia de fiscalización de la actividad de los
Centros.
CONCLUSION
FINAL DEL ANEXO (que parece premonitoria)
La
lucha por la reintegración de los centros sanitarios privatizados no atañe
solamente a la Comunidad Valenciana. El resultado de esta confrontación de la
sociedad y profesionales sanitarios con los bancos, constructoras, aseguradoras
y fondos de inversión internacionales, afectará al futuro del Sistema Sanitario
en todo el Estado.
Esto
nos obliga a todas las Plataformas, organizaciones ciudadanas, sindicatos y
fuerzas políticas a apoyar activamente la reversión de los centros de gestión
privada al Sistema Sanitario Público, para garantizar la universalidad,
accesibilidad, equidad, racionalidad y carácter redistributivo del mismo.
Es urgente y necesario acordar medidas en este sentido en todo
el Estado.
Fuente: Fadso.org
