OPINION. Historias del partido popular, versión 2022.0

Los contribuyentes pagan o les embargan; Isabel y Tomás Díaz Ayuso no pagan y se quedan con las viviendas. ¿La Justicia es igual para todos?

Avalmadrid fija en 311.000 euros el dinero que debe la empresa de los Ayuso por el préstamo impagado desde hace diez años

El escándalo del cobro de comisiones por adjudicación de contratos para comprar mascarillas es el más impactante y mediático que afecta a los hermanos Ayuso. Pero no es el único. Ambos tienen papel de protagonista en el caso Avalmadrid, que se puede resumir de forma muy sencilla: la madre de Ayuso y sus socios empresariales deben 311.109 euros a la entidad semipública por un préstamo que no devolvieron, mientras que Isabel y Tomás se apropiaron de dos viviendas que debían cubrir precisamente un posible impago.

Esos 311.109 euros eran la deuda el pasado 24 de febrero, pero el importe se incrementa cada día en 25,29 euros por intereses de demora. Así consta en un informe realizado hace dos meses por Avalmadrid, al que ha tenido acceso infoLibre, y en el que se desvelan cuatro datos hasta ahora desconocidos sobre el caso: la fecha en que la entidad semipública madrileña reclamó judicialmente el pago del dinero a los avalistas, el resultado de los embargos practicados, el cálculo actualizado de la deuda y la situación de una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) hipotecada en la operación y que Avalmadrid intenta vender de manera infructuosa desde hace año y medio.

Pero, ¿al final quién ha puesto el dinero que no han devuelto a Avalmadrid la familia Ayuso y sus socios empresariales?

   Las sociedades de garantías como Avalmadrid reavalan parte de las operaciones que financian. En el caso del préstamo con MC Infortécnica, los 400.000 euros estaban garantizados en un 50% por la sociedad estatal Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento SA) y el 25% por la propia Comunidad de Madrid. El riesgo del 25% restante lo asumió Avalmadrid.

Así que cuando los Ayuso y sus socios no devolvieron el préstamo, Avalmadrid lo abonó en primera instancia al banco, pero luego le pidió a Cerca y a la Comunidad de Madrid que asumieran la parte que habían reavalado. Resultado: Cersa pagó 206.135 euros y la Comunidad de Madrid desembolsó otros 102.000. La primera cantidad salió por tanto del bolsillo de los contribuyentes españoles, dado que Cersa es una compañía estatal, y la segunda del bolsillo de los contribuyentes madrileños.

Por supuesto, los ciudadanos no habrían tenido que poner su dinero si los Ayuso y sus socios no hubieran donado o vendido sus bienes para evitar que se los embargasen, o si Avalmadrid hubiese actuado al comprobar que los morosos se estaban descapitalizando. Como nada de eso sucedió, al final buena parte de la factura la pagaron los contribuyentes.

Cuando infoLibre desveló en el verano de 2019 todos los datos esenciales del escándalo, Más Madrid presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción al entender que podría existir, entre otros, un delito de alzamiento de bienes. La entonces número dos de Anticorrupción, Belén Suárez, archivó la denuncia en noviembre de 2019 por medio de un decreto que contenía diversas falsedades. El jefe de Anticorrupción ya era Alejandro Luzón, quien ahora ha decidido encargarse personalmente de la investigación sobre la comisión cobrada por el hermano de Ayuso en el caso mascarillas. En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo también inadmitió una querella por alzamiento presentada contra Ayuso por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA).

A febrero de 2022, el balance que se puede hacer del caso Avalmadrid es el siguiente: los contribuyentes han pagado en total 308.135 euros, dos de los inmuebles que debían responder de la deuda están en manos de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano Tomás, y la entidad semipública madrileña no ha logrado recuperar ni un euro de los avalistas morosos.

                                                                             EDITORIAL

El rancio y viejo PP, el de los casos de corrupción del “a la saca” o del "Paquí Pallá SL", y los del caso Lezo, de la Gürtel, de la Púnica  y de las mascarillas, entre otros, ya están de vuelta. Es el nuevo PP de Feijóo, que no ha cambiado respecto del antiguo, que sigue despreciando y faltando al respeto  a la ciudadanía, hasta el punto de votar en contra del Decreto Ley que permitiría rebajar las penurias de los españoles, a consecuencia de la subida de la inflación, derivada ésta, del incremento  la precios, de petróleo, gas y electricidad (cuyo origen está en preparativos de Rusia para la guerra y posterior invasión de Ucrania)  aunque finalmente fue aprobado por el Congreso de los Diputados gracias a una parte del resto de fuerzas políticas del Congreso que optaron por apoyar a todos los ciudadanos, lo cual desde aquí agradezco.

Y no le ha faltado tiempo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid para salir aplaudiendo esta actitud chulesca y desafiante del nuevo partido popular de Feijóo, que coincidiría con su ideal de PP, callejero, pandillero y barriobajero, lo cual es lógico pensar, pues como es público y notorio, solo defienden sus propios intereses y los de los ricos, faltaría más.

Pero no han dejado solo al PP en la votación del “NO a las ayudas a la ciudadanía”, pues junto a ellos estaban, Vox y Ciudadanos, pero también Foro de Asturias, la Cup, y ERC ( me disculpo si me olvido de alguno,  que no esté presente en esta ignominiosa y antidemocrática lista).

Espero que toda España y especialmente Andalucía, haya tomado buena nota de lo que se les viene encima en la próximas elecciones, porque derecha y  extrema derecha, que ya son indistinguibles, mienten más que hablan, y denigran a la ciudadanía siempre que pueden, pero eso sí, cobardes si que son, puesto que además de no reconocerlo, lo niegan y echan la culpa a los demás, como en el caso que nos ocupa, con Bildu, que si no llega a ser por el cambio del sentido de su voto, ahora mismo los currantes no podríamos ni echar gasolina, ni freír un simple huevo, pues el precio de, gasolina, diésel, electricidad y alquileres, habría vuelto a subir radicalmente, al no ser aprobado el Decreto Ley.

Y vaya, de la derecha y extrema derecha, incluso de la extrema izquierda independentista de Cataluña, no me sorprende, pero de Esquerra Republicana de Cataluña, ya les digo que sí, pues además de sorprenderme y mucho, me han defraudado, ya que les tenía por un partido de izquierdas que anteponía la ciudadanía a sus propios intereses partidistas.

Y no me vale la excusa de que presuntamente les hayan espiado(*) pues se está prejuzgando que se ha cometido una ilegalidad,  en base a un informe publicado por un laboratorio canadiense, carente de rigor científico, dado que tampoco aporta pruebas. Acusar sin pruebas es populismo barato, tanto aquí y como en Canadá.

Por otro lado, hasta que no se reúnan los integrantes de la Comisión del Congreso de Secretos Oficiales no se podrá determinar con precisión,

1. Si hubo investigaciones(**)  a ciudadanos.
2. Sobre quienes concretamente recayeron dichas investigaciones, en el supuesto de existir.
3. Y también, en el mismo supuesto anterior, si fueron autorizadas por un juez.

Caso quedase demostrado que hubo investigaciones a ciudadanos, no autorizadas por un juez, justo en ese momento sería oportuno pedir responsabilidades políticas. No antes, sino se quiere caer en  populismos exacerbados.

En lo relativo a pedir dimisiones políticas anticipadas, también vale lo anteriormente expuesto para el resto de partidos políticos. No son horas para populismos gratuitos vengan de donde vengan, incluso de entrevistas a pretendidos miembros en activo del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI).

Aunque en estos agitados tiempos que nos ha tocado vivir, y en mi modesta opinión, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, es con toda seguridad, una de las personas más preparadas, sino la mejor, para sobradamente cumplir  con las responsabilidades encomendadas que conllevan su cargo,  y dado su anterior destino, como magistrada del Tribunal Supremo,  no considero tenga lagunas legales al respecto, más bien propias, de algunas de sus distinguidas señorías del Congreso de los Diputados, bien dispuestas e interesadas en obtener su minuto de gloria, y que me lleva a las siguientes reflexiones.

Que una vez satisfechos los trámites legales pertinentes, en la Comisión del Congreso correspondiente, referente a los Secretos Oficiales allí tratados, y tras comprobarse la absoluta legalidad de los mismos, entendería que la Ministra de Defensa se haría merecedora de una necesaria disculpa pública, por obligada cortesía parlamentaria. 

Y mal harían la parte acusadora en no hacerlo así, porque "la democracia se rige por el imperio de la Ley", y no por emociones, ni intereses partidistas y/o electoralistas.

De hecho, y aunque de todo tiene que haber en  la viña del Señor, a mi entender, Churchill fue el que mejor describió la diferencia entre un "político", que según él era el que pensaba en las siguientes elecciones, y un "estadista u hombre de estado", que a su juicio era quien pensaba en la siguiente generación. 

Y dado que en España existe abundancia de políticos y escasez de estadistas, que cada cual se sitúe donde le corresponda, en razón de sus decisiones políticas o lo que es lo mismo, que elija  la parte de la historia donde quiera ser recordado.

PALABRAS CLAVE

(*) Espionaje.-  El CNI únicamente únicamente está autorizado a ejercer dichas funciones fuera del territorio español, para conseguir inteligencia o conocimiento sobre temas transcendentes para el país.

(**) Investigación a ciudadanos.- Dentro del Estado español, el CNI solo es posible que desarrolle este tipo de actividades, caso de estar autorizados por un juez.

Fuente: Infolibre.es