Hasta 2025 la Audiencia Nacional juzgará
27 casos de corrupción del PP
El líder del PP busca llegar a la Presidencia del gobierno del Estado a toda costa, como única
salida para tapar los innumerables casos de corrupción pendientes que les acorralan.
Y para ello no duda en engañar a miles de españoles, presentándose como el
nuevo mesías, pero no de la corrupción, que sería lo lógico, sino de eurovisión
con el título “Cara al sol con la camisa nueva” que triunfa en las manifestaciones domingueras y en la FM de los Obispos, para aplicar la versión moderna
del articulo 155 y deslegitimar las últimas elecciones generales (como corresponde a antisistemas que se precien) con la escandalosa
excusa que el Congreso de los Diputados se atreve a aprobar leyes contrarias a su ideología
trumpista, pendenciera y revanchista, que como no podía ser de otra manera, en ello coincide, Iglesia, jueces y empresarios. Obligando a los españoles a votar hasta que el PP logre la mayoría absoluta. Como para dejar de comer hasta entonces.
Pues entiendo se sientan desprotegidos, dado que tener a su disposición solo el Consejo General del Poder Judicial
ya no les parezca suficiente y más ahora, que ha perdido la mayoría en el Tribunal
Constitucional (que les permitía detener las sesiones del Congreso de Diputados
a voluntad, que ni los fascistas lo harían mejor) y que además, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, está investigando al Tribunal Supremo, respecto sentencias del procés
catalán. Y por si fuera poco, el juez, Manuel García Castellón, ha sido obligado por la
sala tercera de la Audiencia Nacional, a citar para que testifique a la
exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la pieza que investiga
presiones a Luis Bárcenas y su antiguo abogado Javier Gómez de Liaño, para que
no aparecieran publicadas informaciones negativas para el Partido Popular, en
pleno escándalo de la caja B, cuando previamente, el mismo juez había desestimado la
necesidad, de que la misma testificase.
¿Cuánto peor mejor?
Pero además, no ignoran que la lista de escándalos que afectan al partido que
dirige Feijóo a nivel nacional y autonómico, con diputados dimitidos y
expresidentes autonómicos condenados por corrupción es casi interminable
El PP trata de quitarse la etiqueta que lo relaciona con la
corrupción. La acumulación de casos, y una sentencia condenatoria, llevó al
Congreso a aprobar en 2018 por primera vez una moción de censura contra el
Gobierno de Mariano Rajoy. Contra ese estigma intentó actuar Pablo Casado,
quien procuró dar una imagen de “limpieza” que le llevó a señalar por
corrupción a Isabel Díaz Ayuso, lo que provocó su defenestración política.
Ahora, con Feijóo sentado en la planta noble de la sede nacional,
el PP confía en situar a su rival en un marco comunicativo relacionado con la
corrupción. Pero bajo las alfombras del edificio situado en el 13 de la calle
de Génova de Madrid se esconde todavía mucha mugre que se barrió deprisa y
corriendo. Y algunos de esos casos siguen vivos y todavía pueden deparar alguna
sorpresa a los actuales dirigentes.
70 policías para salvar al PP
La investigación sobre la Operación Kitchen ha dado un paso clave
en su viaje al juicio oral: la Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus
conclusiones provisionales y ha pedido penas de hasta 15 años de cárcel para la
cúpula de Interior y de la Policía Nacional durante el mandato del PP. Entre
otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y
varios mandos policiales.
La petición más alta es para el comisario jubilado José Manuel
Villarejo. Anticorrupción considera probado que hace exactamente una década las
máximas autoridades de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en
marcha un operativo ilegal para acceder a los archivos del extesorero Luis
Bárcenas y retirar de la circulación pruebas que pudieran comprometer al PP.
La causa ataca así el núcleo duro del Gobierno de Mariano Rajoy,
uno de los padres políticos de Feijóo y un referente para el candidato del PP,
según él mismo ha asegurado. Y eso que la investigación del juzgado de la
Audiencia Nacional de Manuel García Castellón ha dejado fuera a la entonces
secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del
Hierro.
Rajoy telefoneó a Fernández Díaz cuando se conoció el escrito de
acusación, tal y como informó El Periódico de Catalunya. Apenas un mes antes,
compartía escenario con Feijóo en Valencia para apoyarlo en su carrera a la
Moncloa.
Según la Fiscalía, el operativo parapolicial supuestamente
impulsado por el PP empleó “recursos, técnicos y humanos” del Ministerio del
Interior en beneficio del PP: ocho inspectores jefes de grupo, dos
subinspectores, ocho oficiales y 52 agentes de Policía Nacional especializados
en seguimientos. Un total de 70 efectivos de Policía dedicados a evitar que la
corrupción salpicara al partido.
Además, se ha conocido una nueva ramificación de esta Operación
Kitchen: las presiones ejercidas sobre Luis Bárcenas y su entonces abogado para
no publicar informaciones perjudiciales para el PP. Según investiga la
Audiencia Nacional, hubo “un encargo realizado por terceras personas vinculadas
al PP a fin de conseguir que no salieran a la luz informaciones comprometedoras
o perjudiciales para el partido vinculadas con dicho sumario”.
Los contratos ilegales de Alberto Casero
La petición de Anticorrupción para Jorge Fernández casi ha
coincidido en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de juzgar a
Alberto Casero por prevaricación y malversación de caudales públicos, quien
dejó la militancia en el PP y su escaño en el Congreso en dos veces tras
conocerse la decisión del juez.
Casero se hizo famoso por equivocarse en la votación de la reforma
laboral y permitir con su error la aprobación de la medida del Gobierno. El
exalcalde de Trujillo (Cáceres) fue el número cuatro interno en el organigrama
de Pablo Casado, cuando fue designado secretario de Organización del PP. A las
órdenes de Teodoro García Egea y Ana Beltrán, Casero era el enviado de la
dirección nacional a los territorios. Allí donde había un problema, llegaba él
a intentar solucionarlo.
El juez ha concluido que Casero adjudicó cinco contratos por un
valor de 94.000 euros de manera ilegal cuando era regidor de la localidad.
Contratos para organizar la Feria del Queso, para contratar un psicólogo o para
poner en marcha un evento gastronómico de comida peruana. Él mismo reconoció en
el Supremo que los procesos podían estar trufados de errores e irregularidades,
pero que en ningún caso cometió un delito.
La renuncia a su escaño puede devolver el caso a los tribunales de
Extremadura para ser juzgado allí, al haber perdido el aforamiento.
Tres años de cárcel para el expresidente de
Murcia
Tercera coincidencia temporal con el PP intentando sacarse de
encima el estigma de la corrupción: el expresidente de Murcia Pedro Antonio
Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel.
Cuando el PP reformó la ley para limitar el tiempo que la Justicia
podía dedicar a una investigación penal, uno de los principales beneficiados
fue precisamente Sánchez. Presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017,
se vio envuelto en varios casos de corrupción. Uno de ellos, que analizaba la
contratación supuestamente ilegal para acondicionar la Rambla de Nogalte de
Puerto Lumbreras, quedó archivado porque muchas diligencias se pidieron fuera
de plazo.
Pero otro de esos casos, que también procede de su etapa de
alcalde de Puerto Lumbreras, ha pasado ese filtro y le ha costado una condena
que, en caso de ser declarada firme, implicará su entrada en prisión: tres años
de cárcel por prevaricación y falsedad documental en el conocido como caso
Auditorio.
En este caso, sin expediente de contratación de por medio y de
forma verbal, Sánchez encargó a un arquitecto un proyecto para las obras del
auditorio municipal, evitando que otros arquitectos pudieran ganar ese
concurso. Todo para justificar una subvención regional y evitar tener que
devolver el dinero.
Sánchez dimitió en 2017, con Rajoy todavía en la Moncloa y Feijóo
en la Xunta de Galicia. Pero quien ocupa hoy la Presidencia de Murcia, y uno de
los principales barones del PP, salió entonces a defender a su jefe de filas.
“Yo confío en Pedro Antonio”, dijo Fernando López Miras en un vídeo que sus
rivales han recuperado ahora.
Pero no hay que irse tan lejos. En julio de 2022, López Miras fue
reelegido presidente del PP de Murcia. En una intervención ante el pleno del
congreso dijo en referencia expresa a Pedro Antonio Sánchez que él había
“aprendido de los mejores”. En primera fila, destacados barones del PP y
dirigentes autonómicos, así como la secretaria general, Cuca Gamarra. La
ovación duró varios segundos. Ese mismo día, para la intervención final,
apareció también el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.
Feijóo y un imputado de Ibiza comparten
mantel
Otra ovación se llevó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent
Marí, en un acto de precampaña del PP balear, donde Marí
compartió mesa y mantel con el presidente del partido en la isla, José Vicente
Marí Bosó, la líder autonómica, Marga Prohens, y el presidente nacional,
Alberto Núñez Feijóo.
El problema es que Vicent Marí está imputado, también por
corrupción. En su discurso, Prohens dijo: “Los ibicencos te reconocen, te
estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos
que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo
Vicent Marí”. El aplauso fue cerrado.
Ayuso: de Arroyomolinos a la comisión de su
hermano
Muy actual es también la corrupción del PP de Madrid, que está
inserta en la dirección autonómica del partido que lidera Isabel Díaz Ayuso. La
lideresa cuenta en su organigrama con la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana
Millán, también imputada por corrupción junto a un empresario que se habría
beneficiado de unas contratos durante su anterior etapa como concejala en el
Consistorio.
Millán ocupa un puesto clave: la vicesecretaría de Organización
Territorial. Pese a la imputación judicial, en mayo será de nuevo candidata del
PP en Arroyomolinos. La alcaldesa reconoció el pasado 22 de abril ante un juez
de Navalcarnero los pagos, aunque dijo que los ingresos que le realizó el
empresario que recibía adjudicaciones de la concejalía que encabezó entre 2012
y 2016 porque correspondían al alquiler de un ático de su propiedad, con
derecho a compra. En cuatro años, Millán recibió más de 44.000 euros de la
empresa Neverland, propiedad del empresario Vicente Roselló, cuyas empresas
recibieron contratos por valor de más de 660.000 euros.
El otro gran caso que ha afectado a Ayuso tiene que ver con los
negocios de su familia, su Gobierno y fue arma central en la mayor guerra civil
vivida en la derecha española en las últimas décadas. “¿Cuando morían 700
personas al día puedes contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros?”, dijo
un viernes el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista
en la cadena COPE. Cinco días después estaba muerto políticamente.
Se refería al hermano de Ayuso, que había cobrado al menos una
sustanciosa comisión de una empresa que vendió material sanitario al Gobierno
de Madrid durante la pandemia. Un pago que ha sido reconocido por la propia
presidenta regional, pero que se llevó por delante a quien lo denunció. Casado
fue defenestrado de su puesto. Los barones pusieron en su lugar a Feijóo.
Marbella: la alcaldesa que no conocía los
negocios de su marido
De plena actualidad es también el proceso judicial que afecta a la
familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha visto como su
marido (recientemente fallecido) y su hijastro eran procesados por la Audiencia
Nacional por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.
Un cálculo de elDiario.es cifra en más de 12 millones de euros el
patrimonio de la alcaldesa acumulado en tres décadas en política durante los
cuales solo ha cobrado dietas del Consistorio Marbellí y su sueldo de
parlamentaria nacional en dos legislaturas.
Ante el Senado, Muñoz ha ocultado incrementos patrimoniales y ha
reducido las numerosas propiedades que posee a las acciones que figuran a su
nombre de las sociedades que ha utilizado para adquirirlas, lo que rebaja
considerablemente el valor real de ese patrimonio declarado.
Los jueces Alejandro Abascal y Manuel García Castellón han dejado
fuera de la investigación las relaciones de la trama con el propio Ayuntamiento
de Marbella, pese a los informes policiales que apuntaban indiciariamente en
sentido contrario. Muñoz intenta acallar a elDiario.es en los tribunales por
revelar toda esta información.
Pese a todo, el PP ha respaldado públicamente a Muñoz, quien
volverá a ser la candidata en la ciudad malagueña el próximo 28 de mayo.
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, entre el presidente de
Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en
el congreso que la reeligió como presidenta local, en octubre de 2021. Europa
Press
Salamanca y la “financiación ilegal” del PP
de Mañueco
En el PP también hay sombras de corrupción interna. Uno de los
barones de Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, está en el centro de un proceso
judicial por supuesta “financiación ilegal” del PP en su provincia, Salamanca,
durante el proceso de primarias que le permitió liderar el partido, primero, y
ser candidato a a Junta de Castilla y León, después.
La Operación 'Mañueco presidente' está pendiente de juicio. Y el
congreso provincial acumula meses y meses de retraso sin que los órganos de
garantías del PP hayan intervenido. Tampoco la dirección nacional, que ha
dejado hacer a su líder autonómico pese a las dudas sobre el proceso que lo
eligió.
La situación está tan enquistada que se ha producido otro
conflicto judicial por el retraso de ese congreso, mientras sí se han celebrado
las primarias para seleccionar a los candidatos el 28 de mayo. Un proceso
interno otra vez salpicado de dudas por la aparición de cientos de afiliados
nuevos en pocos días.
Los problemas judiciales del PP de Salamanca han llevado al
partido a los tribunales, y la dirección nacional estaba llamada a comparecer.
En concreto, la jueza citó a Feijóo. Pero el presidente no acudió y mandó a un
representante, lo que provocó el enfado de la magistrada: “La persona que
estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no
sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada.
Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente
de mí”.
No es el único caso judicializado en Castilla y León. El
exvicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde del municipio de
Olmedo, Alfonso Centeno, ha sido procesado en el llamado caso Meseta Ski, que
investiga la construcción de una pista de esquí seco que proyectó el organismo
público con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros, que se disparó
hasta los 12 y que hoy está desmantelada por orden judicial, al haberse
construido en un monte quemado. Centeno se fue de viaje de placer con los
promotores de la obra.
Pese al auto de procesamiento, el PP incumple sus propios
Estatutos y no ha abierto un expediente sancionador contra el alcalde, que
quiere repetir el 28M.
La corrupción del PP en València
Las administraciones valencianas fueron, durante años, uno de los
grandes caladeros de negocio de la trama Gürtel y su relación simbiótica con el
PP, que lideró el Ejecutivo regional desde 1995 hasta 2015. Algunos casos de
supuesta corrupción están siendo juzgados en los tribunales valencianos. Uno de
ellos es el caso Taula, donde el fiscal ha afirmado estos días durante el
juicio que “asusta pensar lo que han podido hacer con ese dinero”.
Se refiere el fiscal a los 40 millones de euros anuales que
manejaba Marcos Benavent al frente de la empresa pública Imelsa, de la
Diputación de Valencia que también presidía el PP con Alfonso Rus. La Fiscalía,
que pide 12 años de cárcel para él, declara probado que en el seno de esta
empresa pública existieron trabajadores zombies que cobraban sin trabajar o
mientras trabajaban fuera de la empresa que les pagaba con dinero público.
Otro caso, que también afecta a los socialistas valencianos, es el
bautizado como Azud, donde una jueza investiga una trama de corrupción con
epicentro en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá pero con
ramificaciones que llegan a más de medio centenar de imputados y que afecta
también a cargos del PSPV y a varias campañas de los socialistas, todo entre
1999 y 2013. En esta causa el foco está puesto en el empresario Jaime Febrer y
los sobornos y comisiones que la trama pagaba, supuestamente, a cambio de
acceder a obra pública.
El horizonte judicial del PP
El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene todavía por delante un campo
de minas de causas de corrupción que afectan a su partido. En las próximas
semanas, por ejemplo, el Tribunal Supremo hará pública su sentencia firme sobre
una de las ramificaciones principales de la trama Gürtel: la corrupción que
rodeó la organización de la visita del Papa a València en 2006.
Varias piezas de la trama Gürtel, Púnica o Lezo también están
pendientes de juicio o sentencia en la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo. Una de ellas es la pieza separada que analizó y condenó la actividad
de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, causa en la que el
Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo por los
204.198,64 euros que la trama corrupta usó para pagar sus campañas municipales
entre 2003 y 2007 en una ciudad en la que gobierna ininterrumpidamente desde
1983.
Otro de los casos pendientes de sentencia en este organismo
central es la pieza sobre adjudicaciones irregulares a las empresas de Gürtel
que atañe precisamente a Francisco Camps, entre otras cosas, para el expositor
de esta administración en la edición de Fitur en 2009. Anticorrupción pide dos
años y medio de cárcel para él en un juicio en el que colaboradores de la trama
como Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ han señalado sin dudar al expresidente
valenciano.
Sobre él dijo Feijóo el pasado mes de febrero en una entrevista:
“Vamos a ver qué dicen los compañeros de Valencia, porque al final Paco Camps
es un personaje de la política valenciana. Pero desde luego yo le mantengo el
respeto (...). Está claro que las cosas que se le imputan, al menos el 90% de
las mismas, han quedado resueltas satisfactoriamente.
Y sin olvidarnos del caso Kitchen, donde el
juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, recientemente, ha acordado la
apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz
y la excúpula de ese departamento durante la primera legislatura de Mariano
Rajoy por la denominada “Operación Kitchen”, el operativo parapolicial puesto
en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis
Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.
Fuente: El Diario.es
