El PP busca internacionalizar la batalla contra la amnistía con el pleno que ha impulsado en el Parlamento Europeo hoy mismo, al entender inaceptables los resultados electorales. Aunque se cuidarán muy mucho, de evitar que recaiga la sombra de la sospecha sobre un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el español, que incumple la Constitución desde hace 5 años.
Los populares quieren internacionalizar el tema y el presidente
del grupo, el socialcristiano alemán Manfred Weber, se ha implicado y
movilizado a fondo contra la medida, acordada por el PSOE y Junts, que ha
derivado en el apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.
Este martes, Weber ha reclamado una “reacción clara” de la Comisión Europea
sobre la propuesta de ley, que el Gobierno de Sánchez envió la semana pasada a
Bruselas y que el Ejecutivo comunitario ya está analizando. “Nos preocupa el
estado del Estado de derecho en España”, ha lanzado el alemán en el Parlamento
Europeo en Estrasburgo, donde este miércoles, a iniciativa del PPE, se celebra
un debate en el pleno sobre la amnistía que se espera de alta tensión. Otras
amnistías (*) en Europa.
Aunque no le he escuchado al señor Weber pronunciarse sobre el GPPJ español, que por intereses partidistas, el PP se niega a renovar, contraviniendo 5 años la Constitución
de España, los mismos que lleva dicho Órgano sin ser renovado. Y por
ello, con máximo respeto, le hago esta pregunta. ¿Qué le parecía a usted, caso existiese en Alemania un órgano de gobierno de los jueces similar, se saltase la Constitución
alemana esos 5 años?. Aunque por otra parte, comprendo le resulte difícil de entender, dado que, en Alemania no existe un órgano de gobierno de los jueces, pues allí, es el poder político quien elige a los jueces, a diferencia de lo que el PP propone para España, que todo el CGPJ sea elegido por los jueces. Señoras y señores del partido popular ¿quiero esto decir que bajo sus criterios, el proceso de selección de jueces en Alemania es antidemocrático?
La presidenta del grupo de los socialistas y demócratas (S&D)
en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha condenado que el PP decida batirse
en las instituciones comunitarias con temas nacionales para “atacar a los
gobiernos progresistas”. “Cuando uno come, las digestiones a veces se hacen
rápido y otras más lentas y pesadas. Eso es lo que le está ocurriendo al PP,
que no está digiriendo los resultados electorales”, ha abundado García, que ha
defendido la propuesta de ley de amnistía —”respeta al 100% la Constitución”,
ha dicho— y ha lanzado que “algunos” quieren ganar en Europa “lo que no han
ganado en España”.
Para concluir, solo recordar que hoy mismo, el Comisario de Justicia de la Comisión Europea, Sr. Reynders, ha confirmado que la solución de la cuestión de Cataluña es asunto interno de España, que debe solventarse de acuerdo a su Constitución Nacional, al igual que la renovación del CGPJ, que siendo lo más urgente, aún está pendiente de resolver, ha añadido.
Y que finalmente, el PP y Vox, lo único que han conseguido es internacionalizar su ignorancia y desconocimiento respecto del funcionamiento de las Instituciones parlamentarias Europeas y Españolas, que por otra parte evidenciaron, su ridícula, bochornosa y esperpéntica, deriva política, al que supongo, ya estarán acostumbrados hasta sus afines.
(*) Ciertamente, España no es el único país europeo que ha hecho
amnistías. Y pongo como ejemplo a Alemania, que no
contempla amnistías en su Constitución, pero ello no le ha privado de hacer dos leyes
en (1949 y 1954) que equivaldrían a sendas amnistías, por las cuales, todos los alemanes cuyos delitos no incluyesen crímenes de guerra, y que participaron en la
segunda guerra mundial, les quedaron perdonados, y sin antecedentes penales. Posteriormente se firmaron otras dos leyes con rango de amnistías, en
1968 y 1970 (al objeto de adaptar al ordenamiento penal las nuevas
tendencias doctrinales en política criminal) y finalmente en 2009, se promulgó
una ley de rehabilitación que “amnistió” a quienes los nazis habían condenado
por traidores. Así que, en relación a las amnistías, pocas lecciones de democracia pueden darnos los europeos en general y los alemanes
en particular, pues aún no existiendo la amnistía en muchas constituciones, como ocurre en Alemania, bien que las llevan a cabo todos cuando les interesa. Mas información al respecto aquí
Fuente: El Pais.com
De la deshumanización del PP y Vox, a sus adversarios políticos
El análisis de insultos, salidas de tono políticas y secuestro de libertades, en
particular de partidos españoles de derecha y ultraderecha, ya indistinguibles entre sí,
lleva a reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de comunicación en el
ámbito político. El contraste entre ironía, insulto grosero y secuestro de libertades, se convierte
en asunto principal en este tipo de debates, pues todos ellos, alcanzan gran relevancia en la
calidad del diálogo político.
Ironía
La ironía, utilizada correctamente, es una herramienta útil para destacar contradicciones o fallos en la argumentación política. Por el contario, cuando ésta se convierte en sarcasmo o burla (que normalmente acostumbran utilizar en España, derechas y ultraderechas, con sus oponentes políticos) y se transforma en insulto, no solo degrada el debate, sino que reduce la política a un circo, alejándola de la función original, cual es servir al bien común
Secuestro de libertades
La libertad que la
izquierda utilizaba para garantizar la igualdad y el bien común, ha sido
secuestrada por la derecha extrema y la extrema derecha, que les parece más oportuno utilizarla para justificar la difusión del odio, que protagonizado por Feijóo o Ayuso y Abascal u Ortega Smith, respectivamente, cuando en su caso, lo usan para alentar
manifestaciones contra un gobierno, legítimamente elegido, al objeto de lograr su derrocamiento.
Insulto, agresión verbal y secuestro de libertades
El recurso al insulto y a la agresión verbal, unido al secuestro de libertades, en la política tiene
repercusiones negativas profundas. Primero, desplaza el enfoque de los
problemas reales y urgentes a la confrontación personal. Segundo, alimenta la
desconfianza y el cinismo entre la ciudadanía hacia la política y sus
representantes. Tercero, dificulta la colaboración y el consenso, que son
fundamentales en una democracia.
Los líderes políticos son responsables de subir el nivel del
discurso político, evitando ataques personales y centrándose en debates basados
en políticas necesarias y soluciones reales.
Para fomentar un mejor diálogo político, es esencial promover un ambiente de respeto y tolerancia. Esto incluye no solo la educación cívica y las normas de conducta en espacios políticos, sino también el papel de los medios de comunicación y del público en exigir un discurso político edificante, más constructivo y respetuoso.
Por último concluir, que los reiterados insultos y agresiones verbales, unidos al secuestro de libertades continuado, inevitablemente conducen a la deshumanización del adversario político.
Fuente: Diario16plus.com
Sobre la inexistencia del lawfare(**) en España
El brazo armado judicial y conservador, fuerza la máquina para
reventar el plan de paz de Sánchez para Cataluña y al tiempo, forzar
la fractura democrática, con la dimisión del gobierno recién formado y convocatoria
de nuevas elecciones generales.
El último paso lo ha dado el juez de la Audiencia Nacional Manuel
García-Castellón, que no ha esperado a que nadie diera el pistoletazo de salida
a la operación antisanchista, y ha acordado elevar una exposición razonada al
Tribunal Supremo para que, en su caso, el alto tribunal abra diligencias por
terrorismo contra Tsunami Democràtic e impute al expresident Carles Puigdemont,
a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas.
Desde que se filtró el acuerdo entre
PSOE y Junts para acordar una amnistía a los encausados por el “procés”, la
Justicia ha declarado la guerra al Poder Ejecutivo. La Asociación Profesional
de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, abrió las
hostilidades mostrando su “más firme rechazo” a una futura ley de amnistía que
“tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial” y advirtió de que supone
“el principio del fin” de la democracia española. Así, sin medias tintas.
Mientras tanto, el PP movía a sus peones en el Consejo General del
Poder Judicial, que convocó un Pleno extraordinario para abordar la ley de
amnistía, a pesar de que el proyecto legislativo aún no se había presentado ni
se conocía el contenido de lo pactado. Una reunión convocada a petición de los
vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces que provocó una
nueva pugna fratricida con los magistrados progresistas. En este sentido,
fuentes del sector más izquierdista del CGPJ confirmaron un plante general más
allá de la ausencia del vocal progresista Álvaro Cuesta, que pidió la
desconvocatoria del Pleno al considerar que era “improcedente e ilegal”. De la
afirmación de Cuesta se desprendió que el CGPJ pretendía realizar una grave
injerencia en la esfera política del Gobierno, rompiéndose el principio de
separación de poderes de todo Estado de derecho. Eso sin tener en cuenta, que
cualquier decisión del GPPJ sale viciada en origen, ya que dicho Órgano, lleva 5 años incumpliendo la Constitución.
Mientras tanto, el juez Pablo Llarena, conocido por su papel en la
instrucción del “procés” catalán, y también el magistrado Manuel García
Castellón, encargado de los casos relacionados con los CDR y Tsunami
Democràtic, vinieron a sumarse a la polémica. Ambos fueron figuras destacadas
en investigaciones cruciales para reprimir el proceso independentista. En el
caso de Llarena, que lleva casi seis años intentando traer a Carles Puigdemont
detenido a España, va a seguir intentándolo por todos los medios. En realidad,
cuando entre en vigor la ley de amnistía solo le quedará aplicarla o cerrar el
sumario y pasar la patata caliente al Tribunal Supremo. No podrá ser él quien
bloquee los efectos de la amnistía presentando una cuestión de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, aunque no será por falta
de ganas. Más lejos ha llegado García-Castellón, quien, en un intento
desesperado por boicotear el proceso de paz, ha reactivado la causa contra
Tsunami Democràtic. Es una de las últimas balas que le queda a la derecha
judicial para acabar con el plan Sánchez: imputando a Puigdemont todo puede
saltar por los aires y la conflictividad social retornaría a Cataluña, que es
lo que parece va buscando el Partido Popular.
Por su parte, la mayoría de magistrados y fiscales del Tribunal
Supremo rechazan una posible amnistía para Carles Puigdemont y el resto de
dirigentes independentistas investigados en relación con el referéndum del 1 de
octubre. El sentir mayoritario en el Alto Tribunal es que esto “echaría por
tierra” el trabajo de la Justicia en los últimos años, informa La Sexta.
Al mismo tiempo, Vox recrudece el lawfare tras presentar querellas contra Pedro Sánchez y los letrados del Congreso de los Diputados autores del informe sobre la amnistía que, según el partido ultra, “persigue legitimar el golpe al Estado de derecho mediante la inconstitucional ley de amnistía”. Vox también se querellará contra los miembros de la Mesa del Congreso que voten a favor de su admisión a trámite. “Todos los que colaboren con el golpe tienen que saber que deberán asumir las consecuencias”, sentenció. La amenaza de la represión y la cárcel no deja a nadie exento. Nadie está a salvo de la cloaca judicial. Ni los legítimos representantes del pueblo que promueven leyes legítimas en el Parlamento ni ningún ciudadano que apoye la amnistía. Que tiemblen los “malos españoles”, como dicen los ultras
(**) Lawfare, en el ámbito de la política, designa "al uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político".
Fuente: Diario16plus.com
CONCLUSIÓN
Si los dirigentes de PP y Vox, visto lo visto, no extraen conclusiones favorables y compatibles, a su negación de los resultados electorales, su deshumanización del oponente político y a la existencia del lawfare español, mejor sería se lo hicieden mirar, pues a mí entender, son más que evidentes las compatibidades aquí manifestadas.
Por cierto, saben quien seguía el mismo manual que ustedes, un tal Joseph Goebbels, autor material del mismo, bien conocido en Alemania por otra parte, y también en España por desgracia.
Fuente: Redacción
