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El voto discrepante de Juan Antonio Xiol reprocha a la mayoría, en un tono durísimo, que proponga el estado de excepción frente a una pandemia
Vox presentó el recurso que resolvió esta sentencia
contra el primer estado de alarma, que implicó el confinamiento de toda la
población, entre otras medidas. El tribunal se propone resolver a la vuelta del
verano el siguiente recurso, presentado por el PP, contra el segundo estado de
alarma, que ya no implicó la prohibición de circulación, pero sí tuvo una
duración más prolongada.
“La idoneidad del estado de excepción para oponerse
a catástrofes sanitarias, proclamada a priori, en abstracto y por una mínima
mayoría en la sentencia —dice Xiol—, no se compagina, entre otros extremos, con
el plazo de 60 días que la Constitución impone de manera perentoria a este
estado. La opinión mayoritaria en que se funda la sentencia no contiene ninguna
explicación acerca de este punto, que es de gran importancia desde la
perspectiva argumentativa, pues parece suficiente para desautorizar el estado
de excepción para el fin para el que el tribunal lo cree hábil. Por ello,
considero que no cabe descartar en el futuro una evolución de la jurisprudencia
en esta materia, en el caso de que esta cuestión fuera sometida de nuevo al
Tribunal”.
El magistrado Xiol —que antes de incorporarse al
Constitucional fue presidente de la Sala Civil del Supremo— sostiene que, “para
que proceda el estado de excepción, es preciso que concurra una grave
alteración de la seguridad ciudadana que afecte a la convivencia pacífica de la
sociedad”. Si la grave alteración de la normalidad no afecta gravemente a la
seguridad pública, no podrá declararse este estado. Ni, por tanto, podrán
adoptarse medidas que puedan conllevar la suspensión de derechos fundamentales,
por muy grave que sea la crisis que provoca la emergencia y los efectos que
esta crisis pueda tener para la ciudadanía”, recalca.
El voto particular —el quinto que se produce contra
esta sentencia, que salió adelante por seis votos a cinco— añade que la
suspensión de derechos fundamentales está contemplada en casos muy concretos,
que no fueron los que planteó la pandemia, ya que la “alteración del orden
público que justifica el estado de excepción no puede referirse, como sostiene
la mayoría, a cualquier alteración grave de la normalidad que afecte al
funcionamiento de las instituciones”. “Sino que la alteración del orden público
que justifica la declaración del estado de excepción y la suspensión de algunos
(o todos) de los citados derechos solo puede referirse a alteraciones que
afecten a la seguridad pública. Esto es, a situaciones en las que existan
graves desórdenes públicos que impidan la convivencia pacífica”.
Xiol razona que carece de justificación que, para
afrontar una crisis como la del coronavirus, puedan suspenderse algunos de los
derechos como la inviolabilidad domiciliaria, el secreto de las
telecomunicaciones o el que impide el secuestro de los medios de información,
entre otros. “Una pandemia como la que estamos viviendo puede afectar de modo
muy intenso al derecho a la educación, al derecho de sufragio (las elecciones en
Galicia y en el País Vasco tuvieron que posponerse porque la situación
epidemiológica no permitía la celebración), a la libertad de empresa, a la
libertad religiosa, a la propiedad, al derecho al trabajo… Y las restricciones
de estos derechos pueden ser de tal intensidad que muchos ciudadanos se
encuentren privados de ellos mientras dure la situación de emergencia. La
Constitución, sin embargo, no permite la suspensión de estos derechos en ningún
caso”.
Para Xiol es importante entender que la suspensión
de derechos es distinta a la limitación de derechos, “incluso aunque esta
limitación sea tan intensa que impida su ejercicio”. Del mismo modo, según
añade, hay que comprender que “lo que determina la declaración de un estado u
otro no es la gravedad de la crisis, sino el tipo de crisis, esto es, si la
situación de emergencia tiene su origen en una grave alteración de la seguridad
pública o en otro tipo de circunstancias”, como las derivadas de una emergencia
sanitaria.
También plantea Xiol que hay que analizar las
circunstancias en que se aprobó el decreto del estado de alarma. Al respecto,
sostiene que, “en los casos en los que la crisis que justifica la declaración
de alarma se fundamenta en hechos respecto de los que la ciencia carece de
respuestas claras para su resolución, el principio de precaución obliga a ser
deferente con las medidas establecidas por las autoridades para su resolución”.
“La crisis sanitaria que conllevó la declaración del estado de alarma la ha
provocado una pandemia originada por una enfermedad, la covid-19, que hasta ese
momento era desconocida, que puede ser muy grave, con un elevado riesgo de
contagio y respecto de la que la ciencia en ese momento no podía ofrecer
respuestas certeras”.
A mayor abundamiento, el voto discrepante expone que
“bajo el estado de alarma los ciudadanos conocen de antemano en qué medida sus
derechos o libertades quedan limitados”. “Tienen certeza jurídica del alcance
de la restricción de sus derechos o libertades, sin que estas limitaciones
dependan de decisiones concretas de los agentes de la autoridad”, apunta el
magistrado. En cambio, continúa, “en el estado de excepción (…) estas
limitaciones dependen de la apreciación de los agentes de la autoridad a
quienes la norma les atribuye un amplio margen de discrecionalidad”. El
resultado es, por tanto, la atribución de “potestades exorbitantes” a las
autoridades gubernativas.
“El estado de excepción —dice aún Xiol— no puede
ser el cauce para resolver situaciones de emergencia que no tengan su causa en
una grave alteración de la seguridad ciudadana. Esta concepción supone dejar al
Gobierno inerme ante situaciones de emergencia que tuvieran una duración
superior a 60 días y exigieran adoptar medidas que conllevaran intensas
limitaciones de derechos fundamentales”. El magistrado añade que aplicar las
reglas del estado de excepción —entre ellas, su límite temporal— a la gestión
de crisis donde no se encuentra afectada la convivencia pacífica de la sociedad
“constituye un grave error conceptual que lleva a una interpretación que
distorsiona por completo la configuración de los estados de emergencia” que
efectúa la Constitución.
El voto particular también contiene una severa
crítica a las consecuencias del fallo en relación con las sanciones impuestas
al amparo del decreto de alarma. La sentencia, dice Xiol, ha limitado las
repercusiones de la declaración de inconstitucionalidad modulando los efectos
de la nulidad. “Esta limitación se ha efectuado en unos términos que, a mi
juicio, no aportan claridad. Salvo cuando se refiere a los supuestos en los que
(…) no es posible la revisión de los actos dictados al amparo de normas
declaradas inconstitucionales (sentencias firmes salvo que tengan por objeto un
acto de carácter penal o sancionador), los demás casos en los que se limitan los
efectos no están debidamente diferenciados entre sí y las razones en las que se
fundamenta la limitación del alcance de la nulidad no justifican, en mi
opinión, esta medida”. El texto del magistrado también deja un recado a sus
compañeros tras varias decisiones revocadas después por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: “Es difícil no sentir cierta fatiga intelectual frente a la
deriva del Tribunal [Constitucional]”.
Fuente: El
Pais.com
Marruecos, México, Hungría y la India forman parte del selecto club de clientes de la empresa israelí NSO junto a Arabia Saudí, Azerbaiyán, EAU y Kazajistán, entre otros
Cinco años más tarde —durante los cuales gobiernos
de todas las latitudes han seguido utilizando Pegasus para espiar, grabar y
robar datos personales—, la filtración de una lista con 50.000 números
telefónicos ha permitido revelar en toda su magnitud el uso y abuso de este
controvertido programa de vigilancia. La investigación periodística, coordinada
por la organización Forbidden Stories y apoyada por Amnistía Internacional y
The Citizen Lab, ha logrado identificar hasta el momento más de 1.000 de los
números, repartidos en más de 50 países y cuatro continentes. Entre los
supuestos clientes estatales de NSO se encuentran los gobiernos de Marruecos,
México, Hungría y la India, además de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin,
Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Ruanda y Togo. Y entre las potenciales
víctimas están las familias reales saudí, marroquí y emiratí, al menos 65 altos
ejecutivos, 85 activistas, casi 200 periodistas y más de 600 políticos,
funcionarios y disidentes —incluyendo presidentes, primeros ministros,
diplomáticos y militares—. La empresa NSO ha rechazado las acusaciones de uso
criminal de su programa informático, mientras que los gobiernos señalados
también han negado categóricamente haber utilizado el software para espiar a
adversarios o periodistas, sino para combatir el crimen y el terrorismo. Sin
embargo, algunos afectados han comienzado a tomar acciones judiciales. La
Fiscalía de París ha sido el primer órgano judicial en abrir una investigación
por el espionaje a dos periodistas de la web francesa Mediapart. En México, la
Fiscalía General ha comenzado a indagar los contratos suscritos por el gobierno
del expresidente Enrique Peña Nieto. El último órgano judicial en comenzar sus
pesquisas ha sido la Fiscalía de Marruecos, que ha ordenado a la Policía
Judicial del país vecino esclarecer "las circunstancias que rodean la
publicación de esas acusaciones" y establecer "las responsabilidades,
así como las consecuencias jurídicas que se desprenden a la luz de los
resultados de la investigación".
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, también calificó las revelaciones de "completamente
inaceptables" en caso de que se confirmen. Mientras, el exprimer ministro
belga y eurodiputado liberal de Renew Europe, Guy Verhofstadt, ha criticado la
habitual respuesta europea de mostrarse profundamente preocupada ('deeply
concerned') y ha advertido que "la UE tiene una dictadura creciendo en su
interior", en referencia a Hungría. En España, donde el año pasado se
descubrió el uso de Pegasus para tratar de espiar al expresident del Parlament
Roger Torrent y a varios exconsellers de la Generalitat, solo ha trascendido el
nombre de Ignacio Cembrero, colaborador de El Confidencial y experto en el
Magreb, entre los periodistas bajo vigilancia. Sin embargo, por el momento el
presidente Pedro Sánchez y su Gobierno guardan silencio. A continuación, un
repaso a las principales revelaciones de la investigación Pegasus Project, cuyo
impacto se ha dejado sentir desde Marruecos a India.
Marruecos, principal acusado
Los servicios secretos de Marruecos son los
principales acusados de beneficiarse del software israelí. Sus tentáculos
habrían llegado en 2019 hasta uno de los teléfonos del presidente francés,
Emmanuel Macron, según las últimas informaciones de la saga Pegasus. "En
caso de que los hechos sean demostrados, son evidentemente muy graves", ha
afirmado el Elíseo en declaraciones a Le Monde. Marruecos no se contentó con ir
a por el presidente: Radio France ha revelado que prácticamente toda la plana
mayor política francesa se encuentra entre los teléfonos señalados. Además de
Macron, otros dos presidentes, un rey y diez primeros ministros han sido
objetivo de alguno de los clientes de Pegasus.
El masivo espionaje de los servicios secretos de #Marruecos, con el
software israelí #Pegasus, a disidentes, políticos, periodistas. Lo desvelan
hoy @FbdnStories y @amnesty. @icembrero es uno de los espiados, informa
@lemondefr asociado a la investigaciónhttps://t.co/zdydTXkJnY
— Ignacio Cembrero (@icembrero) July 18, 2021
Ignacio Cembrero, periodista de El Confidencial, ha
narrado (y sufrido) en primera persona la noticia, y apunta directamente al
reino de Mohammed VI al otro lado del estrecho. Si la Fiscalía parisina ha
comenzado a investigar es porque dos periodistas de Mediapart espiados
comparten sospecha con Cembrero y acusan al estado marroquí de estar detrás del
hackeo. Según los datos publicados por el consorcio periodístico, Marruecos es
el país que ha intentado espiar a un mayor número de personas del conjunto de
usuarios de Pegasus. El régimen intentó infectar a más de 10.000 teléfonos y
presumiblemente pagó la cifra más alta entre todos los clientes de la empresa
desarrolladora, la israelí NSO. El gobierno de Marruecos ha rechazado
“categóricamente las acusaciones mentirosas y desprovistas de fundamento"
a través de un comunicado de la agencia de noticias gubernamental MAP.
In the midst of the #PegasusProject revelations, Moroccan journalist
Omar Radi was sentenced to 6 years in prison.
In a June 2020 report, we revealed that Omar was targeted by the
Moroccan authorities using spyware produced by NSO Group.https://t.co/DdjdzFxLzY
— Amnesty International (@amnesty) July 20, 2021
Esta semana, el periodista marroquí Omar Radi,
fundador de la web independiente Le Desk, ha sido condenado a seis años de
cárcel por un delito de violación por el Tribunal de Apelación de Casablanca.
Radi es uno de los marroquíes espiados por los servicios secretos de su propio
país, según la filtración publicada el domingo. La organización Amnistía
Inernacional, que participó en el análisis forense del teléfono de Radi que
identificó el hackeo, ha acusado al régimen marroquí de llevar a cabo un
proceso judicial sin garantías y ha demandado un “juicio justo” tras conocer la
condena.
México, el fantasma de Peña Nieto
La existencia de Pegasus no ha sido exactamente una
sorpresa. Desde la publicación de primer informe sobre Ahmed Mansoor se ha
producido un goteo de casos, aparentemente aislados unos de otros, que tenían
detrás al spyware israelí. La noticia es la trama de espionaje sistematizado de
la que se han beneficiado dictaduras de todo el mundo, pero no solo: también
figuran entre los clientes la Hungría de Viktor Orbán o el Gobierno mexicano de
Enrique Peña Nieto (2012 y 2018).
“Es una vergüenza y prueba irrefutable de que
imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario,
antidemocrático que violaba los derechos humanos”, ha denunciado el actual
presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo teléfono aparece entre los
afectados junto al de su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, los hijos de ambos y
hasta 50 personas de su círculo de confianza. Hasta el momento, el expresidente
Peña Nieto guarda silencio. En 2017 se conoció, gracias al 'New York Times',
que el entonces presidente de México había espiado a periodistas y activistas
por los derechos humanos en su país, pero la nueva filtración de Pegasus amplía
el alcance de aquella exclusiva. En total, el gobierno de Peña Nieto trató de
hackear a más de 15.000 personas, según ha revelado el diario mexicano
'Proceso', aunque no es posible asegurar en cuántos casos logró infectar el
teléfono de sus objetivos.
Además, también se encuentran en la lista de
teléfonos que pueden haber sido atacados como el entonces corresponsal de The
New York Times, Azham Ahmed, y el reportero Cecilio Pineda, asesinado en marzo
de 2017, apenas unas semanas después de que se conociera que habían intentado
espiarle.
Un paso más de Orbán hacia el autoritarismo
Autócratas de todo el mundo llevan años obteniendo
información secreta e ilegal. Azerbaiyán, Baréin, Kazajistán, Marruecos, Arabia
Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han beneficiado de los servicios de
Pegasus. Además del singular caso de México y la deriva de la India de Modi,
hay que añadir a la lista de clientes de NSO a uno de los puntos negros de la
Unión Europea liberal: el gobierno húngaro de Víktor Orbán.
La relación de Orbán con los medios de comunicación
ha pasado de franca hostilidad a una adquisición y reconstrucción masiva del
panorama mediático del país para hacerlo a su medida. Este mismo mes de julio,
Reporteros Sin Fronteras ha incluido al mandatario en su lista de
"enemigos de la libertad de prensa" por primera vez, convirtiendo así
a Orbán en el único dirigente de la UE que aparece señalado en el informe.
"Desde que el Fidesz de Viktor Orbán llegó al poder en 2010, el Gobierno
ha aumentado el control sobre la prensa paso a paso", expresó RSF en un
comunicado. El documento explica cómo los medios húngaros han pasado a estar
"prácticamente en su totalidad en manos de emprendedores y amigos de Orbán
desde verano de 2017". Según ha podido confirmar el análisis forense de
los teléfonos atacados que ha realizado Amnistía Internacional, el gobierno
húngaro logró infectar con el spyware los móviles de dos periodistas de la web
Direkt36, que también ha participado en la investigación sobre Pegasus. Este
mismo medio explica que uno de los dos afectados es el periodista Szabolcs
Panyi —quien además firma parte de las informaciones—, conocido por tener
fuentes en la administración y el gobierno húngaros, incluidos diplomáticos.
En total, según Le Monde, más de 300 teléfonos han
sido objetivo de Orbán, incluido el abogado más importante del país, János
Bánáti, presidente del Colegio de Abogados húngaro. Judit Varga, ministra de
Justicia, declinó hacer comentarios al respecto y el ministro del Interior,
Sándor Pintér, ha declarado a la agencia de noticias estatal MTI que “los
servicios de seguridad húngaros no han realizado ni tampoco realizan vigilancia
ilegal".
La peligrosa deriva de Modi en India
Sensacionalistas. Así ha calificado el Gobierno de
Narendra Modi las informaciones que señalan a la India como uno de los clientes
de Pegasus que han utilizado la herramienta israelí para espiar a periodistas y
opositores en su país. "Cualquier forma de vigilancia ilegal no es posible
con los controles y equilibrios de nuestras leyes y robustas instituciones
(...) claramente vemos que no hay ningún fundamento tras este
sensacionalismo", ha dicho Ashwini Vasihnaw, ministro de Información, en
el Parlamento mientras recibía abucheos por parte de la oposición.
We know what he’s been reading- everything on your phone!#Pegasus https://t.co/d6spyji5NA
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 19, 2021
El medio indio The Wire ha sido el principal
encargado dentro del consorcio de publicar la información que señala al líder
de la oposición Rahul Gandhi como el propietario de uno de los teléfonos que el
gobierno indio trató de infectar con Pegasus. Junto a su número han aparecido
los contactos de cinco personas de su círculo social cercano que no están
implicadas en política. En total, más de 1.000 números indios aparecen en la
lista y han sido identificados los dueños de 300. El comienzo de la
recopilación de números de teléfono coincide en el tiempo con la visita de Modi
a Israel en 2017.
Entre los números que Amnistía Internacional ha
confirmado como infectados por Pegasus a través de su análisis forense, 10 son
indios. El líder opositor ha reconocido a The Wire que era consciente de haber
recibido mensajes sospechosos a través de WhatsApp y que cambiaba a menudo de
teléfono para evitar que pudieran hackearle. El proyecto periodístico ha podido
confirmar que intentaron espiar a Ghandi en los meses previos y posteriores a
las elecciones de 2019.
Entre los teléfonos espiados se encuentran algunos
de los 40 números de periodistas indios. Rohini Singh ha investigado los
negocios de ministros del gobierno de Modi y su entorno. Además de medios de
comunicación, el espionaje indio llegó hasta los datos de la mujer que acusó en
2019 al presidente del Tribunal Supremo de la India, Ranjan Gogoi, de acoso
sexual. Pocos días después de que se hiciera público, su teléfono fue incluido
en la lista de objetivos a infectar por el gobierno indio junto al de su marido
y dos familiares, según The Guardian. La acusadora renunció durante el proceso
judicial, cuestionando su limpieza, y el expresidente del Tribunal Supremo ganó
el caso después de que no se hallara prueba de las acusaciones. Recientemente,
ha sido nominado al parlamento por el partido gobernante de Modi.
Otro espiado asesinado y una coincidencia
"Se lo puedo decir muy claramente. No tuvimos
nada que ver con este horrible asesinato", dijo en marzo de 2019 el
principal ejecutivo de NSO, la empresa israelí que está detrás de Pegasus, en
el programa '60 Minutes' de la televisión estadounidense. Hablaba de uno de los
mejores ejemplos del peligro asociado a esta trama de espionaje: el asesinato
de Jamal Khasoggi. El periodista saudí fue descuartizado brutalmente en el
consulado de Arabia Saudí en Estambul en octubre de 2018 y la nueva filtración
ha permitido al consorcio de investigación liderado por Forbidden Stories
descubrir pruebas de que la inteligencia saudí intentó infectar el teléfono de
su mujer, Hanan Elatr, meses antes de la muerte de Khasoggi y esta continuó
siendo un objetivo tiempo después del asesinato de su marido. La inteligencia
estadounidense ya había identificado a Mohammed Bin Salman (MBS), príncipe
heredero saudí, como autor intelectual del asesinato de Khashoggi, quien había
jugado un papel importante dentro de la familia real antes de su exilio, donde
tornó en crítico del régimen. "Jamal me avisó de lo que podía
ocurrir", ha declarado Elatr a The Guardian.
En Israel, cuna de Pegasus, el diario Haaretz ha
señalado los lazos que unen al gobierno del exprimer ministro Netanyahu y su
política exterior con la lista de clientes de la empresa israelí NSO.
Casualmente, Hungría, India o México, pero también Ruanda o Kazajistán son
algunos de los países a los que Netanyahu ha viajado en los últimos años, fruto
de la mejora en las relaciones de estos Estados con Israel. Sin que se
produjeran viajes oficiales de los jefes de estado ni "cumbres históricas",
Marruecos e Israel reestablecieron su relación bajo el mandato de 'Bibi' en
diciembre de 2020. Por último, en una cumbre secreta en noviembre, poco antes
del anuncio marroquí, Netanyahu viajó a Arabia Saudí para reunirse allí con MBS
y Mike Pompeo, entonces secreatario de Estado estadounidense. Ahora que 'Bibi'
está fuera del gobierno israelí, Benny Gantz, ministro de Defensa, ha declarado
en rueda de prensa que está "estudiando" la información y que las
exportaciones israelíes de productos cibernéticos están sujetas a condiciones
de uso dentro de la ley. Sin embargo, un alto funcionario israelí ha reconocido
al portal estadounidense Axios que se trata de una "crisis muy
importante" para Israel. En una entrevista con el medio israelí Calcalis,
Shalev Hulio (CEO de NSO) ha reconocido que la empresa fabricante del malware
no adaptó su política de derechos humanos al estándar de Naciones Unidas hasta
2020.
Fuente: El
Confidenial.com