El partido de Alberto Núñez Feijóo acusa ante la Fiscalía a la exmilitante socialista Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, por delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la Justicia y organización criminal afirmando que han intentado dificultar causas judiciales relacionadas con el Gobierno
El partido de Alberto Núñez Feijóo,
explican fuentes de la formación, asegura que los tres actuaron “con el claro
objetivo de obstruir la actuación de la justicia en las causas que afectan de
manera directa a destacados miembros o ex miembros de la cúpula socialista”.
Leire Díez dice que
"la verdad saldrá" y que está "tranquila" mientras Dolset
se desvincula del PSOE y anuncia querellas.
Las grabaciones
reveladas en los últimos días por diversos medios de comunicación revelan que
Díez, antigua alto cargo en Correos y en su momento cargo municipal con el PSOE
en Cantabria, se reunió con varias personas preguntando, según esas
conversaciones, por material para demostrar la existencia de una estructura
corrupta dentro de la Guardia Civil y su unidad de élite, la UCO. Reuniones,
por ejemplo, con empresarios imputados o un guardia civil acusado en casos
instruidos en la Audiencia Nacional y las que también estaban presentes Pérez
Dolset y Teijelo.
Hasta la fecha, los
tres han negado haber formado parte de una “cloaca”, como afirma el PP,
asegurando por ejemplo el empresario que se limitaba a reunir pruebas para
denunciar un movimiento corrupto policial. El Partido Popular entiende que
estas grabaciones, entre ellas una con el empresario Hamlyn, constituyen
pruebas de una conspiración de los tres para perjudicar a los investigadores de
casos relacionados con el PSOE.
Califican estos hechos
de “informaciones de extrema gravedad” que “evidencian” una“ guerra sucia del
PSOE y sus satélites” contra “magistrados, fiscales y miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado” con un objetivo: “Obstruir la actuación de la
justicia en las causas que afectan de manera directa a destacados miembros o ex
miembros de la cúpula socialista”. Todas las causas que afectan al Gobierno o
familiares de Pedro Sánchez, a día de hoy, siguen bajo investigación con un
papel protagonista de la UCO o, incluso, están ya al borde de juicio como el
caso de su hermano en Badajoz.
“Solo una
investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Anticorrupción puede
esclarecer los hechos, depurar responsabilidades e iniciar las acciones
judiciales que resulten pertinentes para que la impunidad no se produzca”,
explican fuentes del PP.
El movimiento del PP
llega después de que los propios denunciados hayan movido ficha. Pérez Dolset,
empresario encarcelado durante casi dos meses por la Audiencia Nacional en el
marco de la 'operación Hanta', lleva años afirmando en los tribunales que fue
víctima de un montaje urdido por las cloacas policiales y ha anunciado una
nueva denuncia, esta vez esgrimiendo audios que, según su versión, demuestran
que fue encarcelado con pruebas falsas.
El PSOE, por su parte, ha abierto un expediente a Díez, que no formaba parte del partido pero sí era militante hasta hoy, que ha pedido su baja voluntaria de militancia, con lo cual supuestamente decaerá el expediente.
Antes Díez, había negado en todo momento, que hubiese sido enviada a estas reuniones como emisaria del partido, con el objetivo de perjudicar las causas judiciales, sino que aseguraba, que por motivos profesionales, buscaba información para escribir un libro.
Fuente: ElDiario.es
CONCLUSIÓN
Mucho me temo, que la histeria del PP, y las consecuentes prisas por denunciar las faroladas de la exmilitante socialista Leire Díez, en su reunión con el empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo (que no creo vaya nadie a prisión, por mentir en reuniones entre particulares para conseguir información, pues sino estaría en la cárcel media España) tiene más que ver con la supervivencia política de Feijóo y principalmente con los anexos que vienen a continuación, donde se habla de una supuesta operación contra el rey Juan Carlos I (que desembocó en la salida de España del monarca, e incluso quizás, también pudo influir en su abdicación) que con un repentino interés del PP, para que toda la ciudadanía cumpla la ley siempre. Siempre y cuando no sea el PP, con su corrupción galopante, quien se la salte, naturalmente.
Pues tengo entendido que, el 18 de junio 2014 abdicó el ahora Rey emérito, y creo recordar que por esas fechas gobernaba el PP de Rajoy en España. Y de ser cierto lo que el empresario Dolset dice, quizás algún día, el actual líder del PP (Feijóo) y el anterior (Rajoy) deban pasarse por los juzgados para declarar al respecto; aunque seguramente, para entonces, sufrirían amnesia selectica ambos, que no les permitiría recordar nada referido al caso, como siempre que los del PP tienen que ir a declarar a los juzgados o al Congreso de Diputados por corrupción.
Y hasta es posible, que la denuncia que el PP va a interponer en los juzgados contra, Leire, Dolset, y Teijelo, solo sea una cortina de humo para taparlo todo.
Fuente: Redacción
ANEXO I
ULTIMA HORA. Primer informe del pendrive que Leire Díez entregó al PSOE
El programa 'Malas lenguas' de televisión (canal 2 de rtve) tenía acceso en exclusiva a este documento de 260 páginas que recopila "la actuación de la llamada Policía Patriótica en los años 2013, 2014 y 2015"
La comparecencia de Leire Díez ante la prensa -con posterior aparición especial de Víctor de Aldama ha sido una de las imágenes de la semana-. Sin embargo, ni 24 horas antes, la apodada por muchos como la 'fontanera del PSOE' visitaba Ferraz para reunirse con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE. Allí hizo entrega al partido de un pendrive que contiene multitud de documentación recopilada a lo largo de estos años con el fin, supuestamente, de poder escribir su libro. Este jueves, a través del programa Malas lenguas, salía a la luz el primer informe de este dispositivo.
"Hemos tenido acceso en exclusiva a parte de lo que Leire Díez tiene en ese pendrive", anunciaba Jesús Cintora, que aseguraba que se trataba de un documento que forma parte de lo que Díez ha llamado "informaciones de cloacas". El periodista Mateo Balín desvelaba entonces que se trata de un "documento muy amplio de 260 páginas llamado 'Informe Colombo', que se elabora en el año 2014 y se entrega a la Fiscalía Anticorrupción".
Además, confirmaba que se trata de un documento que "nunca fue judicializado y que, el entonces Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas guardó en un cajón". El programa de La 2 afirmaba que este informe estaría incluido en el pendrive que Leire Díez entregó al PSOE y que el partido ya ha puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, Balín aseguraba que el contenido del informe gira en torno a "cómo habría actuado la llamada Policía Patriótica en los años 2013, 2014 y 2015", por lo que "vendría un poco a constatar cómo utilizaban información reservada para fines partidistas, para dar información sobre personajes públicos a medios de comunicación, lo que llamáis 'mercancía averiada', o incluso para utilizar entramados societarios y detectives privados para fines que están fuera del comportamiento regular o lógico de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se deben valer por la neutralidad".
En sus siete minutos de comparecencia del miércoles, Díez aseguró que los audios publicados responden a un trabajo de investigación para un libro sobre las cloacas: "Ahora ya no necesito presentarme, pero quiero decir que soy periodista y que llevo años trabajando en la creación de un libro que versa precisamente sobre las cloacas del Estado”. En este sentido, quiso dejar claro que nunca actuó en representación de nadie: "Mi trabajo es mi trabajo. En ningún momento lo he hecho en nombre de nada ni de nadie".
Este informe sería uno de los tantos documentos que puso a disposición del PSOE el pasado martes y que ya está en manos de la Fiscalía. Desde Ferraz sostienen que desean que la Justicia haga lo que tenga que hacer con esa supuesta información sensible. Además, garantizaron que el dispositivo estuvo custodiado en todo momento por los servicios jurídicos de la formación y que se entregó intacto y sin abrir a las autoridades.
El mismo miércoles, día de la rueda de prensa y posterior debut televisivo de Díez en Todo es mentira, la portavoz del PSOE, Esther Peña, explicó que Díez había entregado al secretario de Organización, Santos Cerdán, ese pendrive con "información relevante" para la exmilitante y que los servicios jurídicos del partido lo habían enviado "directamente al juzgado, a la Fiscalía", para que las autoridades judiciales puedan tomar "las medidas que consideren" respecto a Díez.
"Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", defendió Peña, que adelantó que habrá demandas por declaraciones contra el partido que rozan la "calumnia".
Fuente: El Plural.com
ANEXO II
De lo que dice el empresario Javier Pérez Dolset al respecto.
El pasado viernes, el
empresario Javier Pérez Dolset aseguró en el programa "Todo es mentira" (del canal CUATRO de televisión) que tiene identificadas 177 operaciones ilegales de las cloacas del
Estado, entre las que ha destacado una de ellas: la que provocó la salida del
rey Juan Carlos de nuestro país. “El rey emérito se tuvo que ir de España como
resultado de esta operación”, aseguró.
Pérez Dolset, el
hombre que aparece como interlocutor en las grabaciones de la exmilitante
socialista Leire Díez, supuestamente organizando una trama para desacreditar a
la UCO y a fiscales presuntamente en la órbita del PP, dejó caer que tiene en
su poder información de “cosas mucho peores”, pero tendrían que alargar la
entrevista hasta las nueve de la noche. No tenemos prisa, le dijo Risto Mejide
con sorna. Y el industrial dio un anticipo.
“Ponen en marcha a la
policía a investigar al rey emérito, al grupo de las cloacas, Corina y alguna
persona más. Recopilan toda la información que pueden, dosieres que aparecen
dentro de la documentación de la causa de Villarejo que hemos desencriptado, audios
y tal. A continuación, eso se le entrega a uno de los que están en esta trama,
Mauricio Casals, que se va al secretario de Estado y a algún ministro y le
plantea una serie de exigencias bajo la amenaza de circular esos papeles.
Papeles que en parte han terminado circulando”, confiesa.
A día de hoy, no sabe
“si las amenazas se han satisfecho o no” pero “la realidad es que el rey
emérito se tuvo que ir de España como resultado de esa operación y eso está
todo grabado y documentado”, asegura Javier Pérez Dolset.
Las revelaciones de
Pérez Dolset son extremadamente graves, ya que está hablando de todo un jefe
del Estado que se tuvo que ir de España, no ya por sus problemas con Hacienda
–esa ha sido siempre la versión oficial– sino por otros asuntos que no han trascendido,
“por una operación”, tal como revela el testigo.
¿Qué operación, quién la orquestó, qué trama tan sórdida terminó con Juan Carlos I fuera de España? ¿Estaba al corriente la Casa Real? Hay demasiadas preguntas sin respuestas, pero hasta el momento, lo que sabemos es que un empresario dice tener en su poder diez mil horas de grabaciones obtenidas de las cloacas del Estado y que afectan a la seguridad nacional, también a la Monarquía. Audios que está dispuesto a poner en manos de la Audiencia Nacional para que los investigue. Audios que podrían tener que ver con un chantaje monumental.
Fuente: Diario16plus.com
ANEXO III
El Gobierno de Rajoy metió en un cajón un informe de Asuntos Internos
sobre 13.000 filtraciones de la UDEF
El
empresario Pérez Dolset asegura que decenas de políticos y personajes públicos
fueron espiados ilegalmente
Entre
la ingente documentación que sobre las cloacas del Estado maneja el empresario
Javier Pérez Dolset figura una posible filtración masiva de datos de la UDEF
(la unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía).
Se trata en realidad de más de 13.000 filtraciones que, según Dolset, causaron
grave daño a las víctimas de las cloacas. Finalmente, ese informe que Asuntos
Internos elaboró sobre el caso terminó archivándose en un cajón. Así al menos
lo sugiere el industrial que ha trabajado codo con codo con Leire Díez, la
militante socialista bajo los focos estos días, en la recopilación de
información sobre asuntos sucios de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Dolset
asegura que cientos de personas han sido espiadas en este país sin las más
mínimas garantías constitucionales. Es decir, un Estado policial totalitario
donde la cloaca se impone sobre el Estado de derecho. El informe Colombo (así
se llamó el dosier de Asuntos Internos), revela cómo esta unidad policial
investigó a los agentes de la UDEF sospechosos de filtrar investigaciones en
curso. Se trata de un extensísimo atestado con fecha 14 de mayo del 2014
(Gobierno de Mariano Rajoy) que finalmente fue enterrado por la Fiscalía
Anticorrupción y Crimen Organizado. No en vano, es uno de los documentos que la
Comisión de investigación sobre la operación Catalunya en el Congreso reclamó
al Ministerio del Interior y a la Fiscalía Anticorrupción.
La
Operación Cataluña fue una operación de cloaca de manual con la que se trató de
incriminar por casos de corrupción a líderes independentistas y a sus
familiares más cercanos. El informe de la Comisión de investigación del
Congreso de los Diputados fechado el 19 de noviembre de 2024, al que ha tenido
acceso Diario16+, se marcó como objetivo investigar la llamada Operación
Cataluña y las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del
Partido Popular en relación a las presuntas irregularidades que vinculan a
altos cargos y mandos policiales con la existencia de una “trama parapolicial”,
así como, en ese contexto, conocer el detalle de la implicación de las
instituciones del Estado en las presuntas irregularidades llevadas a cabo sobre
líderes, instituciones y otras personas. Además, los parlamentarios se trazaron
como objetivo “identificar a todos los presuntos responsables políticos,
miembros del Gobierno y/o de la Administración General del Estado y organismos
dependientes, así como el eventual mal uso de las estructuras técnicas de que
dependen” y conocer al detalle “todas las presuntas actuaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores en relación con las investigaciones realizadas de forma
presuntamente ilegal sobre las delegaciones de la Generalitat en el exterior,
conocer los contratos, gastos y procedimientos de contratación para el presunto
desarrollo y/o compra del software denominado Pegasus u otras herramientas
utilizadas presuntamente para espiar por parte de estamentos oficiales”.
El
Congreso de los Diputados se marcó como objetivo investigar todas aquellas
iniciativas que hayan podido llevarse a cabo por parte de las instituciones del
Estado a fin de perseguir la disidencia política; proponer y plantear medidas
de restitución y compensación para todas las personas afectadas por las
investigaciones irregulares o ilegales, y proponer las medidas oportunas de
control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos y
malos usos por parte de determinados poderes y servicios del Estado en contra
del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Según
el dictamen de la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña (que se
constituyó el 21 de abril de 2017 en la asamblea autonómica) la Operación
Cataluña fue “una conspiración para intentar frenar la disidencia política” en
aquella comunidad autónoma, y particularmente el movimiento independentista,
llevada a cabo, “al menos, durante los años en que Jorge Fernández Díaz
(2011-2016) fue ministro del Interior español”. Se concretó en “una serie de
actuaciones de carácter político, policial y de inteligencia que han buscado
reducir el apoyo social del independentismo en tanto que opción política
mediante la desacreditación” asociando “en el imaginario colectivo de la
sociedad catalana y española un movimiento político legítimo, democrático y pacífico,
como el independentista, con prácticas fraudulentas. Por eso, y de manera
específica, lo que se buscaba era asociar a los líderes políticos y cívicos
independentistas con la corrupción”. Así se trataba de organizar “una causa
general contra el independentismo en la que no se han perseguido prácticas sino
personas, no se ha mandado investigar hechos sino nombres”.
El
empresario Dolset solicitó en 2024 a la Audiencia Nacional que se reabriera la
causa contra el excomisario José Manuel Villarejo y se imputara al exministro
del Interior Jorge Fernández Díaz. Dolset está procesado en este órgano
jurisdiccional por haber provocado la quiebra de la empresa tecnológica Zed
WorldWide S.A., de la que era consejero delegado, y llevarse al extranjero
parte del dinero de una subvención concedida a la empresa. Alegó que todo era
falso y que era una víctima colateral de la Operación Cataluña.
Estos
días se habla mucho de la cloaca del PSOE y de Leire Díez, supuesta fontanera
de Ferraz, pero poco de aquellas otras cloacas que se cerraron en falso y que
siguen funcionando hoy no solo para espiar a la disidencia política, algo
deleznable en cualquier sistema democrático, sino para derrocar a un Gobierno
legítimamente constituido, el de Sánchez, desde los aparatos policiales y
judiciales del Estado.
Fuente: diario16plus.com
