8 de octubre de 2021

CORONAVIRUS. Y los últimos serán los primeros. España da la vuelta a los datos hacia el final de la pandemia

 España atraviesa en estas semanas el final de la actual fase epidémica. 

La ocupación de la UCI está en mínimos –en el 2% de las camas de críticos hay pacientes con COVID-19– e ingresan 560 personas a la semana en los hospitales de todo el país. En lo peor de la pandemia los ingresos semanales superaron los 31.000.

Este jueves se ha cruzado otro rubicón: el riesgo de transmisión pasa a ser "bajo" al caer la incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Además, se ha confirmado el mejor registro de hospitalizados de la serie histórica: nunca antes habíamos tenido menos de 2.100 personas ingresadas por la infección desde que se registra la capacidad asistencial.

Aunque los expertos avisan de que puede haber repuntes en los contagios, España tiene ante sí la desescalada definitiva y la reconstrucción social, económica y sanitaria. Y los gestores de la pandemia ya empiezan a actuar en consecuencia. Sanidad ha dejado de reunir a todos los consejeros autonómicos de forma automática cada miércoles en el Consejo Interterritorial y desaparece la comparecencia semanal de la ministra Carolina Darias.

Hay países, sobre todo en Europa, que se encuentran delante del mismo reto. En otros, donde la campaña de vacunación va más atrasada –los países más pobres ni siquiera han vacunado al 10% de la población–, las elevadas cifras de mortalidad aún no dejan ver la luz al final del túnel. Lo que está claro es que la evolución y gestión de la pandemia en cada uno de ellos ha sido muy variada.

Las buenas noticias marcan la agenda española desde hace semanas, pero hubo un tiempo no tan lejano en que España ocupaba todas las portadas internacionales por encabezar el número de contagios y de muertes. El triste liderazgo se extendió también a la segunda ola.

El virus entró en Europa por Italia y saltó después a España, Francia y Reino Unido. Las primeras medidas en estos países llegaron cuando la transmisión estaba completamente desbocada. Otros territorios, como Alemania o Portugal, "tuvieron oportunidad de poner en marcha restricciones sin estar tan descontrolados", recuerda el epidemiólogo Pedro Gullón, que considera que habría que analizar primero "por qué no se detectó que existía esa transmisión comunitaria".  

Gullón opina que "en el imaginario colectivo se ha quedado la idea de que lo hicimos mal o de que llegamos tarde, también en parte porque las olas se adelantaban en España respecto a otros países". "Aquí, por ejemplo, el verano fue muy tranquilo mientras en Europa los contagios ascendían mucho. Los ciclos estaban desacompasados", añade.

Gobierno y comunidades autónomas pusieron en marcha hace dos semanas el comité independiente para evaluar la gestión de la pandemia. Sanidad no ha marcado un horizonte temporal de trabajo para obtener los resultados, pero de momento solo se ha nombrado a cuatro coordinadores cuando ha pasado un año de la carta publicada por veinte especialistas de primer nivel en The Lancet que pedía al Ministerio una auditoría externa.

Los "comienzos titubeantes"

Tomando perspectiva, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología y recién nombrado representante español en el Comité de la OMS para Europa, Amós García Rojas, sopesa que España tuvo unos "comienzos titubeantes en la gestión" pero ha terminado "como uno de los países mejor situados por la potente estrategia de vacunación". "Había desconocimiento, el SARS-CoV-2 no vino con un manual bajo el brazo", disculpa.

España es hoy el decimoséptimo país del mundo con más casos totales por habitante (10.581 por cada 100.000) y el vigésimosexto en muertes (1.827 por cada millón) según el análisis de elDiario.es, basado en los datos de la Universidad Johns Hopkins, que dependen en gran medida de las pruebas practicadas. Hay que tener en cuenta que es complejo sacar conclusiones robustas porque cada Gobierno ha contabilizado los casos con métodos que a veces son difícilmente comparables y existen bolsas de contagios y fallecimientos sin contabilizar, especialmente en la primera ola.

En Europa se reproduce el mismo esquema. España ocupa posiciones más avanzadas en contagios (décimo lugar) que en muertes (decimoquinto puesto). Esto muestra cómo, a pesar de la elevada transmisión del virus durante toda la pandemia, la letalidad ha sido menor que en otros países. Llevándolo a un ejemplo: España ha registrado, desde la llegada del coronavirus, un 36% más de casos por habitante que Italia pero un 16% menos de muertes per cápita.

Algo parecido pasa cuando comparamos las cifras españolas con las de Polonia, Hungría y Bulgaria: han contabilizado hasta el momento menos contagios que España pero han tenido que lamentar más muertos. En cambio, en Israel, Estonia, Países Bajos, Suecia y Serbia se han registrado más contagios por habitante que en España pero la letalidad ha sido menor. Por esto están por encima de España en contagios aunque por debajo en fallecidos por habitante, como se puede ver en la siguiente tabla.

Algunos expertos como Rojas son poco partidarios de las comparaciones por países. Los motivos detrás de los datos no son unívocos. Aunque hay uno que ejerce bastante peso sobre los demás: la vacunación ha cambiado en España por primera vez la relación entre las curvas de casos y fallecidos.

En lo que llevamos de 2021 se han registrado en España un 50% más de contagios que en 2020. Sin embargo, las muertes se han reducido un 30% con relación a los meses de pandemia del año pasado. La reducción es casi a la mitad si comparamos las 35.000 defunciones por coronavirus registradas este año con las más de 68.000 del exceso de mortalidad de 2020 estimado por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), una fuente más fiable para contabilizar los fallecidos ese periodo en que no se podían hacer todas las pruebas diagnósticas de COVID-19 ni registrar todas las muertes.

Hay consenso sobre que la respuesta española a la vacunación ha destacado en la escena internacional. La ministra Carolina Darias solía contar en los corrillos los aplausos de los colegas europeos en el último G-20 que reunió a los responsables de Sanidad de los países por cómo se había desarrollado la vacunación y la amplísima aceptación de la inyección entre los ciudadanos.

España fue el territorio con una población cercana a los 50 millones de habitantes que llegó antes al objetivo del 70% de la población vacunada. Ningún lugar con un peso demográfico similar había alcanzado esta cobertura a principios de septiembre. Solo diez países, entre los que se encuentran Portugal, Chile, Dinamarca y Bélgica –todos con menos población– lo habían logrado antes. Se adelantó también a territorios que habían empezado a inocular de manera más temprana las dosis por sus acuerdos con las farmacéuticas como Estados Unidos o Reino Unido por las reticencias de parte de su población a vacunarse.

Un 30% menos de mortalidad en 2021

La reducción intensa de la mortalidad no se ha dado en todos los países de igual manera. En la misma medida que en España ha ocurrido en Eslovenia, en Suecia, en Países Bajos y en Francia. Sin embargo, en Reino Unido los casos se han duplicado de 2020 a 2021 mientras que las muertes solo se han reducido un 14%. La pauta completa allí alcanza al 66% de la población. Pero no solo ahí está la explicación, según García Rojas. "Reino Unido puso de golpe muchas primeras dosis de AstraZeneca pero retrasó muy por encima de la ficha técnica la segunda".

Estados Unidos tiene una situación aún peor: aunque los casos solo han aumentado un 17% este año respecto al anterior, las muertes se han mantenido igual. Solo el 56% de los residentes están completamente vacunados y el número de fallecidos se acerca a los 700.000 desde el inicio de la pandemia.

Gullón y García Rojas coinciden en que el éxito en la campaña de vacunación española tiene que ver con la priorización por grupos de edad. "Las personas más vulnerables se vacunaron rápidamente y la letalidad ya empezó a bajar a finales de la tercera ola. Fue una decisión acertada ser estrictos con esto y tardar en abrir la convocatoria a más gente aunque en algunos países ya se estaba haciendo", analiza el primero. "La ciudadanía ha sido magníficamente permeable al discurso científico y ha escapado de otros focos. Eso también es importante recordarlo", añade el segundo, que pone en valor el "brillante trabajo" del personal sanitario "a pesar de la devaluación de la Atención Primaria".

La diferencia en la evolución de la pandemia en los distintos países se observa en el siguiente gráfico de mortalidad. Durante todo el año 2020, España era uno de los países donde había habido más fallecidos por coronavirus en relación a su población. A partir de enero, aunque siguieron los decesos por COVID-19 en el país, no lo hicieron al mismo ritmo que en Estados Unidos, Reino Unido y República Checa, que superaron a España en fallecidos por habitante desde el inicio de la pandemia.

La evolución de la pandemia en los países más afectados


La emergencia sanitaria ha durado 18 meses, un año y medio que ha dado para mucha literatura científica de comparación entre países y menos conclusiones claras sobre por qué España está donde está.

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins constató en las primeras semanas del estallido del coronavirus la respuesta descoordinada de los países europeos a los brotes. Cada uno tomó medidas restrictivas de forma autónoma en una pandemia que traspasaba fronteras. Italia, la primera gran golpeada, fue pionera en aplicar confinamientos de forma escalonada –el 10 de marzo el país entero tenía limitados los movimientos– y el cese de las actividades no esenciales. España tardó cuatro días en seguir el ejemplo. Francia o Reino Unido se demoraron más.

Cómo gestionó cada país la primera desescalada también ha sido objeto de análisis científico. Un estudio publicado en la revista The Lancet comparó las estrategias para levantar restricciones de nueve países y regiones. Las conclusiones alabaron las burbujas sociales de Nueva Zelanda, el rastreo de Corea del Sur y la inversión de Alemania en su sistema sanitario. A España le diagnosticaron un insuficiente rastreo y la falta de criterios claros para tomar las decisiones.

"Las diferencias entre países desarrollados van a ir siendo más pequeñas cada vez mientras se van ensanchando con Latinoamérica o África", resalta el epidemiólogo Pedro Gullón, que divide Europa en dos grupos. De un lado los países con impacto más alto, como Francia, Reino Unido, Italia o España. De otro, los que escaparon con una mortalidad más baja como Dinamarca o Noruega. ¿Es una cuestión geográfica? No necesariamente, puntualiza el experto. "Suecia comparte características con sus países vecinos pero se negó al confinamiento y al cierre de fronteras y el impacto fue mucho más alto".

En el análisis con perspectiva tiene mucho peso otro elemento, según los epidemiólogos: la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. El español sufrió una tensión muy elevada. Los hospitales llegaron a practicar lo que se conoce en la jerga como "medicina de guerra" y se daban por desahuciadas a personas que en otra circunstancia probablemente habrían salvado la vida si hubiera habido respiradores suficientes. La Comunidad de Madrid o Castilla y León emitieron órdenes para no derivar a ancianos infectados.

Los primeros meses de la pandemia estuvieron condicionados por la falta de material sanitario y también de infraestructuras: desde mascarillas hasta camas UCI preparadas para responder a la exigencia de un enfermo con coronavirus. Los puestos para críticos se estiraron hasta ocupar lugares insospechados. También se situaron en carpas exteriores montadas sobre la marcha ante el colapso de los hospitales. "Reino Unido e Italia vivieron un estrés similar por su capacidad hospitalaria limitada. Alemania, sin embargo, respondió mejor porque su sistema se basa en diferentes seguros que compiten por tener pacientes y había más camas", concluye Gullón.

Resulta una paradoja que el reto entonces fuera gestionar la escasez y ahora el Ministerio de Sanidad tenga frente a sí la complicación de lidiar con la abundancia. De vacunas, en este caso. El Gobierno centralizará a partir de ahora la recepción para evitar que se echen a perder.

Fuente: El Diario.es

FUTBOL. Una superliga para jeques y otra para quienes cumplan y respeten, derechos humanos y fair play financiero

 

El último caso ha ocurrido hace unos días, cuando la Premier League dio 'luz verde, a que Mohammed bin Salman, comprase el  Newcastle United Football Club a través del fondo Public Investment Fund (PIF) por 350 millones de euros.

Una operación que podría poner a las 'urracas' a la altura del Manchester City o del Paris Saint-Germain... pero que, de momento, tiene tantas luces como sombras


Por el lado de las luces y respecto al fulgor del vil metal

Gana con diferencia a todos sus competidores, pues su fortuna está valorada en unas novecientas veces el dinero que le ha costado el Newcastle.

Puesto que, tras este fondo, que ha 'probado' ser independiente de la 'corona', asoma la figura de Mohammed bin Salman. El príncipe heredero de Arabia Saudí, de 36 años, y su familia cuentan con una fortuna de 320.000 millones de euros.

Pero por el lado de las sombras, ¡Ay! por el lado de las sombras.

En su expediente, consta una 'sombra' enorme que le persigue. "Un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero de Arabia Saudita en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. El reporte desclasificado, que fue divulgado por el gobierno del presidente Joe Biden, señala que el príncipe aprobó un plan para capturar o matar a Khashoggi", relata la 'BBC', que sin embargo, Bin Salman lo niega, faltaría más.

Cabe recordar que Khashoggi, de 59 años, acudió al consulado de Arabia Saudí en busca de unos documentos para formalizar su matrimonio. Nadie le volvió a ver con vida. Se dijo que había muerto de sobredosis, pero la investigación apunta a que fue descuartizado vivo en el consulado

De hecho, la viuda de Khashoggi, condenó la venta del Newcastle cuando parecía que se iba a llevar a cabo en un primer momento en abril de 2020. "Arruinaría la buena reputación de la Premier League, ya que esta adquisición repararía la posición de las autoridades saudíes en el panorama internacional", escribió en una carta que envió a la Liga inglesa Hatice Cengiz a través de sus abogados.

Amnistía Internacional ha manifestado al respecto que "en lugar de permitir a aquellos implicados en la violación de los derechos humanos entrar en el fútbol sólo porque tienen dinero, instamos a la Premier League que cambie sus políticas de dueños y presidentes para que se adecúen a los derechos humanos", lamentó en un comunicado.

EDITORIAL

La Premier League, en mi opinión, debería entender que no todo vale en el futbol, y que, campeonato de futbol y democracia más antiguos del mundo, no se pueden permitir, blanquear a países que atentan contra los derechos humanos, puesto que el daño reputacional podría ser irreparable.

Fuente: Marca.com

ESPAÑA. El Tribunal Supremo plantea al TJUE otra cuestión prejudicial por la comisión de apertura

 

El Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios, al considerar que la anterior cuestión que se planteó a Europa por este asunto no estuvo bien razonada, por lo que quiere despejar las dudas sobre si su jurisprudencia es contraria o no al Derecho de la Unión Europea.

La jurisprudencia que dictó el Tribunal Supremo en su sentencia del pleno de la Sala Civil 44/2019, de 23 de enero, considera que la comisión de apertura constituye el precio del contrato junto con el interés remuneratorio, pues se trata de una de la principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo y no corresponde a actuaciones o servicios eventuales.

Así, el Supremo argumenta que la comisión de apertura es un elemento esencial del contrato de crédito hipotecario que no puede ser objeto de control de contenido cuando es transparente.

Una cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la UE dio lugar a que este se pronunciase 16 de julio de 2020 sobre la comisión de apertura, declarando que no supone una prestación esencial en el préstamo y abriendo la puerta a que dicha cláusula pudiese ser abusiva, debiendo ser los jueces nacionales los responsables de controlar su carácter claro y comprensible.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que esta respuesta del TJUE estuvo condicionada por "un planteamiento distorsionado" de la petición de decisión prejudicial que dio lugar a la sentencia, pues omitió reproducir la norma española que regula es específicamente la comisión de apertura y la diferencia del resto de comisiones.

De esta manera, el Supremo defiende que la respuesta del TJUE fue consecuencia de una exposición "inexacta", "incompleta" y "distorsionada" de las normas de Derecho nacional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

Según argumenta, esta situación ha provocado que una parte importante de los órganos judiciales hayan seguido aplicando la jurisprudencia del Supremo, por considerar que el presupuesto sobre el que se había pronunciado el TJUE no se correspondía con el Derecho nacional o que esa sentencia declaraba que la jurisprudencia del Supremo sobre la comisión de apertura era contraria al Derecho de la Unión.

"Esta inseguridad jurídica obstaculiza seriamente que este Tribunal Supremo pueda realizar la función que como tribunal de casación le corresponde", apostilla el Supremo, que ha visto pertinente plantear de nuevo a Europa una petición de decisión prejudicial "para despejar las dudas" sobre si su jurisprudencia es o no contraria al Derecho de la Unión Europea.

ASUFIN CRITICA QUE EL SUPREMO "NO ACEPTA SU ERROR"

Tras conocerse el planteamiento a Europa esta nueva cuestión prejudicial, Asufin ha criticado que, en su escrito, en Tribunal Supremo "no solo no acepta su error, sino que acusa a terceros de haber llevado al tribunal europeo a sentencias inducidas".

"Parece claro que el Supremo lleva bastante mal que desde Europa se le haya corregido en numerosas ocasiones, motivo por el cual desde Asufin denunciamos a la Comisión Europea, y no parece dispuesto a dar su brazo a torcer", ha reprochado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

En opinión de la asociación de usuarios financieros, que para el cobro de todas las comisiones se deba justificar que el servicio se ha prestado de manera efectiva excepto para la comisión de apertura "daría carta blanca a las entidades financieras para cobrar lo que quisieran por cumplir con sus obligaciones".

"Es una pena que en lugar de acatar las decisiones de la Justicia europea, nuestro más Alto Tribunal alargue la litigiosidad bancaria a favor de las entidades y en contra de los consumidores", ha lamentado Suárez.

Fuente: EuropaPress.es 

POLITICA + ELECTRICIDAD. Históricamente en el sector eléctrico español, PP y PSOE, cuando están en el gobierno, tanto monta, monta tanto.

Los distintos gobiernos de la democracia han manejado los hilos del sector energético en general, y del eléctrico en particular.


En los últimos cuarenta años se han producido notables cambios, como la liberalización del sector, la privatización de las compañías estatales y la reordenación del mercado, aunque este sigue siendo dominado por el oligopolio de Endesa, Iberdrola y Naturgy.

Se ha pasado de que el Consejo de Ministros fijara el precio de la luz según los intereses ecónomicos del momento a que se determine hora a hora en un mercado mayorista interconectado con Europa.

Lo que no ha cambiado es el interés de muchos políticos por encontrar un asiento en los consejos de administración de las empresas del sector, conocido como ‘puertas giratorias’. El propio Felipe González fue consejero de Gas Natural (hoy Naturgy) y José María Aznar asesoró al consejo de Endesa. Curiosamente, de ese órgano salió Luis de Guindos para ocupar la cartera de Economía en 2011. Hasta Rodolfo Martín Villa ocupó la presidencia de esta compañía.

«Asilo de políticos jubilados»

El nombramiento del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España no es el primer caso de puertas giratorias

«Es una tentación permanente de la política», afirma Pedro Mielgo, que fuera presidente de REE entre 1997 y 2004. Tras recordar que situaciones similares se producen en Francia e Italia, subraya que «no debe de ser el asilo de políticos jubilados».

Precisamente, la creación de REE en 1985 como titular de las redes de alta tensión y después como operador del sistema fue uno de los mayores logros del sector. De hecho, muy a menudo visitan sus instalaciones delegaciones de distintos países para imitar el modelo español.

Esta compañía es oficialmente privada, pero la SEPI mantiene una participación del 20%, ya que es considerada estratégica para el sistema eléctrico. Además, le permite proponer al presidente de la compañía, que actualmente ocupa la exministra socialista Beatriz Corredor.

Aunque a lo largo de los años ha cambiado la forma de fijar el precio de la luz, la factura de la luz sigue siendo un auténtico ‘cajón de sastre’. Así, casi el 50% de lo que pagan los ciudadanos son costes ajenos al consumo eléctrico y responden a políticas energéticas de Estado. Pero ningún gobierno ha querido pasar alguno de esos costes a los Presupuestos.

Decisiones que van al recibo

Además, el sector en general, y los consumidores en particular, han pagado –y todavía lo hacen– decisiones políticas como la paralización de varias centrales nucleares que se estaban construyendo en los años 90 y el apoyo desbocado a las energías renovables a principios de este siglo, cuestiones que costaron 5.700 y casi 30.000 millones de euros, respectivamente.

En agosto de 2015 desapareció de los recibos el recargo del 3,54% que se pagaba desde hacía 20 años por los costes de la moratoria nuclear, una decisión de Felipe González en un momento en el que los ecologistas eran una fuerza emergente en toda Europa y por las amenazas de ETA. De hecho, en febrero de 1981 asesinaron al ingeniero vasco José María Ryan, responsable de la central de Lemóniz (Bilbao). Entre los ciudadanos también sobrevolaba el accidente que se produjo en la central nuclear de Three Mile Island, en Harrisburgh, Pensilvania (EE.UU.), en 1979.

González justificó la medida por la previsible caída de la demanda eléctrica a medio plazo. Sin embargo, años después se ha demostrado que la electricidad que generan las centrales nucleares es la más barata de todas las tecnologías.

Mientras, todavía seguimos pagando en la factura, a razón de más de 2.000 millones de euros cada año, el déficit de tarifa que creó el PP (Aznar), disparó el PSOE (Zapatero) y cerró el PP (Rajoy). El propio Rodríguez Zapatero reconoció hace pocos meses que durante su mandato se generó una burbuja en las renovables. «España tiene tendencia a originar burbujas en cuanto hay un sector que se incentiva, que se prima y que tiene expectativas de demanda». La sangría se produjo sobre todo con las plantas fotovoltaicas, con unos costes un 80% superiores a los actuales. Solo en 2008, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, se generó un déficit en el sistema eléctrico de 6.287 millones de euros.

Arbitrajes

El desfase alcanzó casi los 30.000 millones y que Rajoy zanjó dando un hachazo precisamente a las empresas renovables, a las que recortó de sopetón sus ingresos previstos en unos 1.700 millones de euros.

La decisión orquestada por el ministro José Manuel Soria fue respaldada tiempo después por los tribunales españoles, faltaría más, aunque existen varios arbitrajes internacionales que condenan al Estado español. Y es que numerosos inversores extranjeros presentaron medio centenar de demandas ante organismos como el Ciadi y la Cámara de Comercio de Estocolmo. En ellas reclaman indemnizaciones que suman 10.000 millones de euros.

Las medidas de Rajoy surtieron efecto y desde 2014 el sistema eléctrico ha generado superávits que suman 1.687 millones hasta 2018. Casualidad o no, en 2019, con Pedro Sánchez en La Moncloa, se volvió a producir un déficit, en este caso de 527,7 millones de euros, en el que quizás haya influido las triquiñuelas de las eléctricas, para subir artificialmente el precio del Megavatio/hora y los consiguientes beneficios extraordinarios para las eléctricas, mal llamados caídos del cielo.

Fusiones, opas y contraopas

Por otra parte, los distintos gobiernos han ido configurando el mapa eléctrico en nuestro país. Así, el vicepresidente Rodrigo Rato vetó en mayo de 2000 la compra de Hidrocantábrico por parte de Unión Fenosa cuando la operación había sido aprobada por sus consejos y accionistas. «Cuatro, mejor que tres», dijo para justificar su postura. Se refería a que tenían que mantenerse las cuatro eléctricas existentes: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico. El movimiento se produjo después de que la norteamericana TXU lanzara por sorpresa una opa sobre Hidrocantábrico justo al día siguiente de que Aznar ganara por segunda vez las elecciones generales.

Un año después, Rato volvió a abortar la fusión entre los dos grandes del sector: Endesa e Iberdrola. La integración de ambas iba a dar lugar a un poderoso grupo que competiría con las potentes eléctricas europeas. Sin embargo, las duras condiciones que impuso el Gobierno de Aznar hizo que tanto Rodolfo Martín Villa como Íñigo de Oriol desistieran, ya que con las exigencias del Ejecutivo «uno más uno era menos de uno».

Meses antes, Repsol intentó hacerse con Iberdrola y en 2006 volvió a intentarlo junto con Gas Natural.

Precisamente, esta compañía lanzó una opa sobre Endesa en septiembre de 2005, lo que desató una guerra de ofertas y contraofertas de E.ON, Acciona y Enel, grupo italiano que finalmente controla la eléctrica madrileña desde 2007. Gas Natural se tuvo que conformar un año después con la compra de Unión Fenosa.

Fuente: abc.es