16 de junio de 2021

CASO KITCHEN'. La corrupción del PP no tiene límites, pero poner el ventilador para salpicar a todos con sus detritos, bien que lo saben hacer.

 El inspector jefe, Manuel Morocho, detalla ante el juez de la Audiencia Nacional, que el comisario Olivera le ofreció un puesto para apartarle de caso con conocimiento del ministro Fernández Díaz y el juez describe su relato como "desolador"

Según los avances de la instrucción del caso Villarejo, este supuesto boicot no solo implicó a altos exdirigentes del PP y a la cúpula de la Policía que se puso a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy, sino que incluyó presuntos encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo; presiones e intentos de comprar a los investigadores de la trama, como relató este martes uno de ellos al juez Manuel García-Castellón; y, por supuesto, el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas cuando se disponía a confesar por primera vez ante el magistrado Pablo Ruz —lo que se bautizó como Operación Kitchen—.

“Me deja usted un panorama desolador”, resumió este martes García-Castellón tras escuchar el testimonio de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Este agente, que lidera desde hace más de una década las pesquisas sobre Gürtel y que ha firmado los principales informes que han llevado al banquillo al PP, relató durante cerca de tres horas al juez las “anomalías y presiones paralelas” que sufrió para tratar de frenar y desbaratar las pesquisas.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el inspector jefe fue muy profuso en detalles. Tanto, que no dio tiempo a acabar el interrogatorio y continuará el próximo viernes, según ha previsto el magistrado. Morocho, que acudía citado como testigo, contó cómo sus superiores maniobraban para tratar de modificar los informes donde señalaba a los dirigentes del PP; cómo le impidieron poner sus nombres —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno— en los documentos que enviaba al juez sobre los presuntos perceptores de sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas y tuvo que incluir las menciones a ellos en los anexos; y cómo le instigaron para que “minusvalorara los papeles” publicados por EL PAÍS en enero de 2013, que documentaron la existencia de una caja b en el partido, según ha dado ya por acreditado el Tribunal Supremo.

Morocho explicó este martes al juez que las “presiones” nacieron el mismo 2009 al abrirse el caso en la Audiencia Nacional —el PP ya lanzó entonces sus primeros ataques públicos contra los investigadores—, pero adquirieron otra dimensión con la llegada de los populares a La Moncloa tras las elecciones de noviembre de 2011. Rajoy eligió a Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y al comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, máximo mando no político del Cuerpo —ambos están imputados por Kitchen—. Y las maniobras desde las instituciones del Estado, según la versión del inspector jefe, comenzaron ya a notarse en 2012, cuando Pino le endosa, por ejemplo, otra investigación para tratar de frenar Gürtel. Pero, ante el avance implacable de las pesquisas en los meses siguientes, la cúpula de la Policía cambió de estrategia y optó por tratar de comprar al agente ofreciéndole el traslado a destinos mejor remunerados económicamente, según dijo.

Morocho narró una reunión con el comisario José Luis Olivera en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. El Gobierno había puesto a Olivera, muy cercano a Villarejo, al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, según dijo este martes el inspector jefe, este le ofreció ese día un puesto de agregado de Interior en la embajada de Lisboa. “Son 6.000 euros al mes y relajado”, afirmó este martes Morocho que le dijo el comisario —aunque fuentes policiales explican que la dotación mensual supera los 10.000 euros—. Entonces, ante las sucesivas negativas del investigador de Gürtel a aceptar un traslado, también le ofreció irse a Viena o a la ONU. E incluso, durante la conversación, Olivera recibió una supuesta llamada de Fernández Díaz para interesarse por el tema: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, dijo a su interlocutor el comisario, según subrayó Morocho, que apostilló que Olivera le dijo nada más colgar: “Ves, me llama hasta el ministro”. El abogado de Fernández Díaz negó este martes que se hiciese esa llamada.

Las piezas del sumario

El relato de Morocho, que ya avanzó al juez en febrero de 2019 que Pino también lo trasladó a la DAO en 2015 para sobrecargarlo de trabajo con la idea de boicotear la parte de la investigación de Gürtel que seguía viva, encaja con el resto de indicios que se acumulan en el sumario del caso Villarejo. García-Castellón abrió en 2018 una línea de investigación sobre Kitchen, la trama policial de espionaje a Bárcenas sin control judicial pagada con fondos reservados con el presunto objetivo de arrebatarle material sensible sobre altos cargos del PP. El magistrado ha centrado desde entonces la mirada en los meses posteriores a julio de 2013, cuando fija el inicio de ese despliegue, pero cada vez resulta más complicado no echar la vista hacia atrás.

De hecho, la Fiscalía hace meses que enmarca Kitchen dentro de una trama más prolongada en el tiempo para boicotear las pesquisas. El ministerio público recalca que en 2009 se produjo un encuentro de Villarejo con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, en la sede de la calle Génova, donde se le ofreció al comisario acometer “encargos puntuales” que “serían sufragados” con fondos del partido. Al poco tiempo, según la instrucción, Villarejo telefoneó al marido de la política para informarle de dos investigaciones de corrupción sobre el PP (una de ellas, una rama de Gürtel) que se encontraban bajo secreto de sumario.

Los investigadores también intervinieron a Villarejo documentos sobre un supuesto proyecto, bautizado como SMP, que tenía por objetivo “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. La Fiscalía considera que este fue otro encargo más concreto que se llegó a plantear a la trama de Villarejo por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”, pero no constan más pruebas de momento de que se ejecutara finalmente y se pagaran los 15 millones de euros que preveía como “coste medio”.

Sin embargo, se han encontrado 13 nuevas agendas del comisario con apuntes sobre los contactos que mantuvo esos años con dirigentes del PP y su entorno: entre ellos, Cospedal y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz. A lo largo de las cientos de páginas de estos cuadernos manuscritos, a los que el juez y Anticorrupción otorgan enorme credibilidad y que también respaldan al resto de indicios, se recogen menciones a las supuestas maniobras contra Morocho —el principal sospechoso de la trama escribe, por ejemplo, la palabra “Lisboa” junto al nombre del inspector jefe de la UDEF— y presuntos “pagos pendientes” atribuidos a Cospedal.

MANIOBRAS CONTRA MOROCHO

“Se me conminó a minusvalorar los papeles de EL PAÍS”. El inspector Manuel Morocho contó al juez que, desde la cúpula de la Policía, se le “conminó a minusvalorar los papeles [de Bárcenas]” publicados por EL PAÍS. Estos documentos recogían la entrega de supuestos sobresueldos a dirigentes del PP: entre ellos, al entonces presidente Mariano Rajoy.

Los informes paralizados. Según fuentes jurídicas, Morocho relató que acabaron en 2011 un informe que implicaba al matrimonio formado entre Jesús Supúlveda, alcalde del PP, y Ana Mato, que fue ministra; pero el comisario Olivera lo paralizó durante un año.

En línea con la defensa del PP. Morocho añadió este martes que le presionaron para que mantuviese que, de haber algo ilegal, era responsabilidad de Bárcenas y no tenía nada que ver con el PP. Esa es la estrategia de defensa que mantienen los populares desde que estalló el caso.

Quitar al marido de Cospedal. Según Morocho, le presionaron para quitar el nombre del empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, de los informes. Según dijo ayer, uno de sus jefes se lo justificó alegando que “es amigo de Villarejo”.

La llamada del ministro. El inspector de la UDEF explicó que, mientras un alto mando trataba de comprarle en una reunión, recibió una supuesta llamada de Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, para interesarse por el tema. El exministro lo niega. Años más tarde, Enrique García Castaño, otro comisario implicado en la trama, se sorprendió al verlo en un puesto en la DAO (adonde le trasladaron para, según su versión, tratar de apartarlo de Gürtel) y exclamó: Y tú qué haces aquí si tú tenías que estar muerto”.

EDITORIAL

Tras intentar desviar el foco mediático de la descomposición por corrupción del PP, valiéndose de ataques a lo más sagrado de la democracia, como la pandemia y el aumento subsiguiente de la desigualdad social, que hería de muerte a la ciudadanía, seguida de los ataques a las Instituciones Públicas Autonómicas y Estatales, del Poder Ejecutivo (deslegitimación de Gobiernos salidos de las urnas), del Poder Legislativo (acusaciones de terroristas a diputados electos vascos y catalanes de los Parlamentos Autonómimos y Estatal) y ahora del Poder Judicial (intento de boicot a investigaciones ordenadas por el juez), y acabando implicando al Rey, por culpa del analfabetismo funcional, de tipo constitucional, que afecta a toda la cúpula nacional del PP, por mucho que lo nieguen.  

Pero de nada ha servido todo ello, pues por mucho que se corra, el pasado siempre termina alcanzado a los corruptos, y la Justicia también, puesto que, aunque lenta y ciega, siempre está ahí para cumplir con su deber.

Fuente: El País.com

 

POSDATA

A nuestro amigos del PP, solo decirles que no hay que venirse muy arriba por los 30 segundos que el Presidente Pedro Sánchez estuvo hablando con el Presidente de EEUU actual y que acabó siguiéndole por un pasillo, porque siempre hay casos peores, como la reunión de Aznar con otro Presidente de EEUU, que siguiéndole, nos metió a todos los españoles en la guerra de Irak, que causó la muerte a 12 españoles, 11  militares, y el periodista José Couto. 



ESPAÑA. Gobierno afronta el 'segundo asalto' de batalla interna por subir el salario mínimo en 2021

 El Ejecutivo no incrementó el SMI en enero y emplazó a volver a analizar la situación a mitad de año. Ya ha llegado este momento, con el informe del comité de expertos de Trabajo sobre el salario mínimo a punto de terminar, y las mismas dos posiciones encontradas: la vicepresidenta Yolanda Díaz defiende subirlo ya, mientras que Nadia Calviño cree que habría que dejarlo congelado

El debate sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) toca la puerta del Gobierno de nuevo. El Ejecutivo de coalición optó, como defendía la vicepresidenta Nadia Calviño, por no subir los salarios más bajos a comienzos de 2021 debido a la crisis por la pandemia. En contra tenía el criterio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que calificó como una "injusticia" que se dejaran congelados los sueldos de los que menos ganan mientras se subían los de los funcionarios y las pensiones, por ejemplo. El Gobierno optó finalmente por posponer la decisión y volver a analizar el tema en el segundo semestre del año. Junio ha llegado y el debate sobre el SMI vuelve a la mesa del Consejo del Ministros, que cuenta con las mismas visiones encontradas entre Calviño y Díaz, aunque con algunos cambios en el contexto.

El Banco de España calcula que la subida del SMI a 900 euros redujo al menos unos 94.200 empleos

En diciembre, cuando el Ejecutivo optó por mantener congelado el SMI, comenzaba en España la tercera ola de contagios de coronavirus y aún no había empezado la vacunación en el país. España inoculó su primera vacuna el 27 de diciembre. Respecto al empleo, los últimos datos disponibles eran los del mes de noviembre –un mes habitualmente malo para el mercado laboral–, que dejaban ver una ligera recuperación de trabajadores, pero junto a un aumento del paro registrado y de las personas en ERTE. Todavía había 369.806 trabajadores menos que antes de la COVID-19.

Seis meses después, España ya ha recuperado el nivel de empleo previo a la irrupción del virus. Las cifras de afiliación de mayo de 2021 superaron las de febrero de 2020, antes de que la COVID alterara la normalidad del mercado laboral y de nuestras vidas. No es que no quede empleo por recuperar, ya que los datos de trabajadores están por debajo de los del último mayo 'prepandemia', de 2019, y todavía hay muchas más personas en paro, pero retomar el nivel de afiliación previo al 'shock' provocado por el coronavirus no es baladí.

Además, los ERTE se reducen a un ritmo mayor desde que ha comenzado junio, unos 10.000 trabajadores menos cada día, según explicó el ministro José Luis Escrivá, y el Banco de España acaba de elevar al 6,2% su previsión de crecimiento de la economía española. La crisis derivada de la pandemia persiste, pero la mejoría que los meses previos era más incierta se deja sentir ahora en varios indicadores económicos.

En cuanto a la evolución de la pandemia, las noticias ahora son de caída de la incidencia de los contagios y de los fallecimientos. Y, sobre todo, de frecuentes récords diarios en la vacunación, que han logrado que a comienzos del mes una de cada cuatro personas esté completamente inmunizada frente a la COVID. El objetivo anunciado por el presidente Sánchez es que el 70% de la población esté vacunada a finales de agosto.

Calviño sigue rechazando la subida

La Ministra Nadia Calviño, fiel defensora de una economía más ortodoxa y conservadora, mantiene una postura que no ha cambiado pese a la mejora de la situación epidemiológica y económica, como tampoco lo ha hecho el criterio de Yolanda Díaz, ahora también vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Gobierno. Esta sería la primera diferencia de fondo en el Gobierno de coalición tras la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Vicepresidencia económica insiste en que aún no es el momento de subir los salarios más bajos, que alcanzan a alrededor de 1,5 millones de personas. "Todavía estamos viendo unos registros de paro juvenil, de ERTE en sectores como la hostelería o el alojamiento, que hace poco prudente el que se reanude esa subida del SMI en estas condiciones", afirmaba este fin de semana el recién nombrado número dos de Calviño, Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.

"El planteamiento es: en este entorno en el que estamos todavía aproximadamente un millón de empleos por debajo de la situación prepandemia, si tomamos en cuenta los datos desestacionalizados, lo más prudente nos parece esperar a que tengamos más claridad sobre la recuperación y poder reanudar ese avance hacia el objetivo de final de la legislatura, que es el 60% del salario medio, y que culminaría el esfuerzo que se hizo al inicio de la legislatura", continuaba García. La vicepresidenta Calviño está insistiendo en todas sus intervenciones al respecto en que hay mantener "la prudencia".

Por su parte, Yolanda Díaz también ha reforzado sus menciones al salario mínimo en las últimas semanas, insistiendo en la necesidad de incrementarlo este 2021. La responsable de Trabajo recuerda de nuevo que la gran mayoría de países de la UE ha elevado sus salarios mínimos e insiste en que no es "justo" dejar sin ninguna subida salarial a las personas que menos ganan del mercado laboral mientras los sueldos pactados por convenio se incrementan y el propio Gobierno subió el salario de todos los empleados públicos un 0,9%. La misma subida, en línea con la previsión de inflación, se aprobó también para las pensiones.

"No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con pérdida de poder adquisitivo", apuntó Yolanda Díaz a comienzos de este mes, con un argumento que ha añadido a la defensa del incremento del SMI: el auge de la inflación en los últimos meses debido al fuerte encarecimiento de la energía. El mes de mayo cerró con una subida de los precios del 2,7%, según los datos del INE.

La portavoz del Gobierno dice que se tiene que discutir

La ministra María Jesús Montero ha recordado este martes tras el Consejo de Ministros que "es evidente que el Gobierno va a cumplir con el compromiso de alcanzar el objetivo" de situar el SMI en el 60% del salario medio al final de la legislatura. La portavoz del Ejecutivo ha expresado que se tiene que debatir todavía la senda de subida: "Lo que podemos discutir es cómo lo distribuimos entre 2022 y 2023 o si incorporamos 2021".

Montero ha destacado que hay que "equilibrar" la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores con la recuperación del empleo. No solo hay que restituir los puestos de trabajo destruidos por la crisis de la pandemia, ha expresado la también ministra de Hacienda, sino que es también importante retomar "las expectativas de crecimiento de la ocupación" previas a la COVID.

El efecto en el empleo del incremento del salario mínimo es un tema muy discutido, sin conclusiones cerradas y con investigaciones con resultados en diferentes sentidos. La última más detallada, de economistas del Banco de España y centrada en el aumento del SMI del 22% en 2019, concluye que existió un efecto negativo limitado sobre el conjunto de asalariados: del -0,6% al -1,1%, que se puede traducir en unos 94.200 a 172.700 empleos menos. El organismo se inclina por considerar que el impacto no significó una destrucción de empleos sino más bien una merma en la creación de nuevos puestos de trabajo, todos ellos en el colectivo de trabajadores afectados directamente por la subida del SMI. La AIReF ha coincidido en que puede existir un efecto negativo en este grupo, pero más limitado, de hasta 33.000 empleos menos.

El informe no aborda "el efecto positivo esperado sobre el empleo a medio plazo" resultado del aumento de la masa salarial de este millón y medio de trabajadores alcanzados por la subida del SMI, destaca en este análisis el director del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín Urriza. "Esta mejora de su poder de compra se trasformó en su práctica totalidad en demanda, dada la elevada propensión a consumir de los perceptores del salario mínimo", añade. En UGT recuerdan también que incrementar el salario mínimo "se convierte en un elemento de avance, clave para acotar la desigualdad por abajo y para permitir el acceso a unos estándares de bienestar".

La portavoz ha destacado que el Ejecutivo está pendiente de recibir "esta semana" el informe del comité de expertos del Ministerio de Trabajo sobre la cantidad a la que debe caminar el SMI para alcanzar ese 60% del salario medio. Esa cantidad no estaba muy clara y el Gobierno decidió encomendar un estudio a un colectivo de expertos y expertas. El informe está a punto de concluir y, según ha adelantado El País, la meta parece que se situará entre los 1.012 euros y 1.047 euros en 14 pagas en 2023, lo que supone un incremento de entre "el 6,5% y el 10,2%" sobre el actual SMI, de 950 euros al mes.

Cuando el informe esté listo, el Gobierno lo remitirá al diálogo social, ha explicado María Jesús Montero. Los sindicatos CCOO y UGT, que han protagonizado varias movilizaciones hasta la fecha para que se suba este año el salario mínimo, han pedido este martes que el Ejecutivo les cite de nuevo para abordar este tema. Los empresarios no se han pronunciado este martes, pero hasta la fecha han sido favorables a mantener congelados los salarios más bajos por la actual coyuntura de crisis.

En última instancia, le corresponde decidir al Consejo de Ministros. Fuentes de la parte socialista del Gobierno sostienen que el debate aún no ha tenido lugar en el conjunto del Ejecutivo y reconocen que hay posturas "resistentes" a que se suba este año, en referencia a la vicepresidenta económica. En la posición contraria está Yolanda Díaz, decidida a incrementarlo ya. Fuentes de su Ministerio precisan, no obstante, que ahora lo importante es recibir el informe de los expertos. "Una vez esté el estudio, el Gobierno decidirá", responden en Trabajo. Habrá que ver qué concluyen en este 'segundo asalto' del debate otros cargos económicos de peso en el Consejo de Ministros, como la responsable de Hacienda, que en la discusión de diciembre se inclinó por la congelación. Y, sobre todo, la clave está en qué decidirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuente: El Diarios.es

ESPAÑA. Llega a 13 millones de inmunizados y no priorizará la vacunación de adolescentes

 Este martes España ha cumplido otro objetivo en la batalla contra el coronavirus: más de 13 millones de inmunizados. El Ministerio de Sanidad ha informado sobre el avance del ritmo de la campaña de vacunación en el país por medio de sus estadísticas oficiales.

Desde que nuestro país empezó a recibir las primeras dosis del fármaco contra la pandemia a finales de diciembre de 2020, ya se han recibido un total de 37.633.215, de las cuales ya se han inoculado a la población 33.632.590 unidades.

Por otra parte, el número de personas que ya ha recibido al menos una dosis continúa ascendiendo a 21.713.840 (45,8% población), mientras que la gran noticia de hoy se centra en los 13.007.371 de personas que ya han recibido la pauta completa contra el virus y, por ende, están inmunizados, representando así al 27,4% población total.

Otros datos de relevancia se concentran en la llegada de las inyecciones por parte de las distintas marcas con las que España, por medio de la Unión Europea, ha llegado a un acuerdo para vacunar a sus habitantes. En números totales, se han administrado hasta este martes 23.754.526 dosis de Pfizer, 3.166.562  de Moderna, 5.832.723 de AstraZeneca y 878.779 de Janssen.

Tal y como el Gobierno de Pedro Sánchez lleva proclamando desde el pasado mes de abril, se espera que el 70% de los españoles estén vacunados contra el coronavirus cuando el verano toque a su fin. Acorde a las predicciones del Ejecutivo, los 15 millones de vacunados llegarán a mediados del mes de junio, por lo que esta meta a corto plazo se encuentra cada vez más cerca. Asimismo, Sánchez también anunció que, para la semana del 19 de julio, se prevé que sean 25 millones las personas inmunizadas.

Respecto al ránking de vacunación en las comunidades autónomas, Andalucía es la que más inmunizados tiene actualmente con 2.183.658 personas, le sigue Cataluña con 1.983.594 y Madrid con 1.790.892 en tercer lugar. En el lado contrario, las dos ciudades autónomas son las que menor porcentaje de vacunados con la pauta completa presentan.

La Comisión de Salud Pública da luz verde a la vacunación de menores de 12 años

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio, ha aprobado esta tarde la vacunación de nuevos grupos de vacunación. En concreto, el grupo 11 estará formado por personas de entre 30 y 39 años, el 12 entre 20 y 29 años y el 13 entre 12 y 19 años.

En el mismo sentido, han remarcado la necesidad de priorizar la vacunación de adolescentes a partir de 12 años que pertenezcan a los grupos 1, 4 y 7 (grandes dependientes y condiciones de muy alto riesgo), tras la aprobación de la vacunación para este grupo de edad el pasado 31 de mayo.

“Teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas y de factibilidad, se podrá ir solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente”, asegura la institución en un comunicado oficial.

Fuente: El Plural.com

ESPAÑA. Movilizaciones contra Ayuso por su gestión ante las residencias de ancianos: "Es la mayor falta de respeto que se puede hacer hacia los mayores"

 Este martes 15 de junio, familiares e internos de residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid se han movilizado a modo de protesta contra la gestión de Ayuso

La Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) se ha movilizado este martes 15 de junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, en una concentración frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Aduana 29, para exigir responsabilidades del drama que se ha vivido en las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus.

Mediante un comunicado oficial, la agrupación manifestó su condena frente a la gestión de Isabel Díaz Ayuso sobre las residencias de mayores: “No se puede pasar página. Las familias tenemos derecho a conocer la verdad de lo que pasó y que se depuren las responsabilidades de todo tipo que se deriven de esa hecatombe, incluidas las penales. Por eso señalamos a la Consejería de Sanidad con el señor Ruiz Escudero al frente”.

De esta manera, la razón principal de dicha reunión a modo de protesta se produce por los más 8.000 fallecidos que se produjeron en las residencias, así como la orden de la Consejería de no derivar residentes a los hospitales. "No hay peor maltrato que negar la asistencia médica a un ser humano por el hecho de ser viejo", condenaba la asociación.

🔴Los #mayores se concentran para pedir responsabilidades por lo ocurrido en las #residencias en la primera ola de la #pandemia. Te lo cuenta @luisfiuzatv.

🐦#MD1136

 

👩💻Síguelo en📡#DIRECTO en @telemadrid, https://t.co/zeyfIkAMn7 y #Youtube https://t.co/CwKcM8RjGW pic.twitter.com/VK7SDVLFax — Madrid Directo (@MadridDirecto) June 15, 2021

"Es la mayor falta de respeto que se puede hacer hacia los mayores", condena Unidas Podemos

Ante tal escenario, algunas formaciones políticas se han acercado a la manifestación para mostrar su apoyo a la condena de este sector de la población, el más afectado por los efectos del coronavirus desde su llegada a España en marzo de 2020.

Carolina Alonso, portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha acudido personalmente a la Consejería de Sanidad madrileña: "Hoy es el Día Contra el Maltrato al Mayor, y no hay mayor maltrato que el que ha hecho Ayuso con los protocolos de la vergüenza de no derivación de los residentes de las residencias a los hospitales y de no medicalizacion de las residencias durante la pandemia. "Es la mayor falta de respeto que se puede hacer hacia los mayores", condena Alonso.

De la misma manera, reclama a Isabel Díaz Ayuso que los centros sociosanitarios dejen de estar en manos de empresas privadas , "muchos de ellos en fondos buitre", argumentando que estos hacen uso de los recursos públicos de la región "para dar servicios precarios".

Estamos con los afectados por las muertes en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, frente a la Consejería de Sanidad en el día contra el maltrato a la vejez.

Ayuso no derivó a los mayores a los hospitales y no medicalizó las residencias, no hay mayor maltrato. pic.twitter.com/7kh3NhW5BS — Carolina Alonso (@Carolalon1) June 15, 2021

Fuente: El Plural.com