21 de diciembre de 2022

OPINION. El plan oculto del partido popular respecto del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial

 A la atención del Sr. Comisario de Justicia Europeo 

Señor Comisario de Justicia Europeo, Sr. Didier Reynders.

Con el mayor respeto me dirijo a usted, como ciudadano español y europeo que soy, para trasladarle de primera mano el hacerle partícipe de mi gran preocupación, por el deterioro insoportable que sufren en España los Órganos  Constitucionales, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, así como las implicaciones en el funcionamiento de  los Órganos Jurisdiccionales, debido a la deriva antidemocrática de partidos políticos conservadores y ultraconservadores,  que tanto daño están haciendo a las citadas Instituciones y más aún por lo que a mi entender está por venir, que a buen seguro todavía será peor, a no ser que una nueva legislación lo solvente.  Y si le parece, en 2024, tras las elecciones generales de  España, volveré a dirigirme a usted, y espero coincida conmigo que en poco o nada me haya equivocado.

Atentamente

Jose Manuel Ibáñez


EL PP no da puntadas sin hilo, tal como sucede con su oposición frontal a renovar, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional.



INTRODUCCIÓN 

Elena Herrera, periodista de tribunales de "El Diario.es"

    Los conservadores, primero con Casado y ahora con Feijóo, han sometido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a un bloqueo partidista, mientras un grupo de vocales cercanos al PP se han erigido como una suerte de oposición al Gobierno desde el tercer poder del Estado

El CGPJ es la institución más importante del tercer poder del Estado. Un órgano constitucional creado para garantizar la independencia de más de 5.000 jueces y magistrados y tomar las decisiones más relevantes en materia de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Pero desde hace cuatro años es también una institución sometida a una situación de parálisis inédita en democracia. Este bloqueo es consecuencia de los cálculos partidistas del Partido Popular, cuyos dirigentes han desplegado una batería de justificaciones cambiantes para evitar su renovación y perder su poder en una de las instituciones clave del Estado. 

El CGPJ ya supera el umbral de los cuatro años en funciones en una situación absolutamente precaria: con un presidente “por sustitución” elegido tras la dimisión de Carlos Lesmes, un pleno mermado (con 18 de sus 21 miembros originales) y unas atribuciones también limitadas. Desde marzo de 2021 tiene prohibido ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes.

Y, entre tanto, un grupo de vocales, los más cercanos al Partido Popular, se han erigido como una suerte de oposición al Gobierno desde dentro del órgano. Son ocho de los diez jueces y juristas del sector conservador, que buscan el choque con el Ejecutivo a la menor ocasión al tiempo que bloquean la renovación del Tribunal Constitucional, que es la misión principal que tiene ahora el órgano. De esta forma, se está prolongando la mayoría conservadora del tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia. En el minoritario grupo progresista hay quien piensa que los consejeros conservadores siguen con la renovación del Constitucional una estrategia de bloqueo que reproduce la que mantiene Génova en relación al CGPJ.

El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. Los puestos vacantes por la jubilación del conservador Rafael Valverde y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto no se han podido cubrir. Tampoco el de Lesmes, que dimitió el pasado 9 de octubre cuando llevaba casi cuatro años al frente de una institución con el mandato caducado. Era la primera vez en la historia que el bloqueo institucional forzaba la dimisión de la primera autoridad judicial del Estado. Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, se despidió repartiendo culpas por igual al PSOE y al PP. Reprochó a ambos partidos su “reiterada indiferencia” a sus llamamientos a atajar una situación que “debilita y erosiona a las principales instituciones de la Justicia y el Estado de Derecho”.

Así las cosas, el CGPJ ha seguido funcionando con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió en diciembre de 2013.

Los conservadores, que salieron de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se han resistido durante los últimos cuatro años a pactar la renovación, que tiene que ser acordada por una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. Por un lado, al conservar la mayoría en un órgano que durante dos años y medio siguió haciendo nombramientos en la cúpula judicial a pesar de tener su mandato caducado. Y, por otro, ante la expectativa de que un acuerdo con el PSOE les pudiera perjudicar electoralmente frente a Vox.

Han utilizado, para ello, una batería de justificaciones cambiantes y crecientes que han ido desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones, al sí de EH Bildu a los Presupuestos o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. El último intento frustrado de renovación fue hace solo unas semanas, a finales de octubre. Pero el PP rompió entonces unilateralmente las negociaciones después de que trascendiera la reforma del delito de sedición.

También han reclamado un cambio en el sistema de elección para que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces, como sucedía hasta 1985. En la actualidad los jueces hacen una criba de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en el Congreso. Es una reforma que el PP no promovió en sus dos mayorías absolutas. Además, la fórmula actual de elección parlamentaria fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE, que se niega a aceptar esta reforma.

Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ —entre 1995 y 1996, entre 2006 y 2008 y el actual— han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. En ese lento proceso participaron en su día José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora lo hace Alberto Nuñez Feijóo, que ha supuesto que la Sala de lo Penal pasara de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2022 sean 12 conservadores frente a cuatro progresistas. Esa es la sala que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción, que casualmente muchos afectan al PP.

Sin dimisiones a la vista

Tanto en el Gobierno como en el propio CGPJ están convencidos de que no habrá renovación hasta después de las generales previstas para finales del año que viene y se formen de nuevo las cámaras. La renuncia en bloque que han solicitado sectores de la judicatura como la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia tampoco ha tenido eco entre los vocales y no se esperan a corto plazo salidas individuales. Tras la dimisión de Lesmes, los miembros del órgano dejaron claro en un pleno que su voluntad era que nada cambiara en la institución. En un comunicado, afirmaron que seguirían trabajando “con plena normalidad” y ejerciendo “todas y cada una de las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico”.

La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, sólo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.

Con un presupuesto anual de 76 millones de euros, el CGPJ ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. El presidente y los seis vocales con dedicación exclusiva cobran más de 120.000 euros anuales — a los que hay que sumar los trienios o el complemento de antigüedad— y tienen a su disposición un coche oficial y personal de secretaría. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial, sin dedicación exclusiva, con un sueldo menor. Estos vocales reciben dietas únicamente por asistir a los plenos o a las comisiones de las que forman parte, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. Durante 2021, los miembros del CGPJ que no tienen dedicación exclusiva recibieron, en total, 278.694 euros brutos, con una media de algo más de 21.000 euros brutos anuales.

La situación del Supremo

A la grave anomalía que supone que un órgano constitucional lleve cuatro años con el mandato caducado, se suma la parálisis que está provocando esta situación en distintos ámbitos de la Justicia. Especialmente, en el Tribunal Supremo, donde las vacantes ascenderán a 20 en los próximos meses, lo que supone el 25% de sus jueces. Por ejemplo, el 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar porque se habrá quedado sin miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar. Esos puestos no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones.

Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74 nombramientos en puestos clave. La reforma que regula la interinidad del CGPJ ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre ambos poderes del Estado. Los socios de Gobierno defendieron la necesidad de acabar con un vacío legal, pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano tras varios intentos fracasados. Tampoco fue posible.

Ahora, el CGPJ estudia qué opciones hay para reforzar el Alto Tribunal en la actual coyuntura. La solución que se ve ahora como más “eficiente” y “plausible” es reforzar el gabinete técnico con magistrados de otros tribunales. Este órgano asiste a los jueces en la admisión de asuntos y colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten. Algunas fuentes ven “extrema y complicada” otra de las opciones que se ha barajado: el nombramiento de jueces en comisión de servicio. Por ejemplo, de la Audiencia Nacional. Aunque existe algún precedente, supondría tener una bolsa de jueces en esa situación administrativa en una categoría superior a la que ostentan en realidad, lo que podría ser “problemático”, sostienen. Tampoco convence a la mayoría la utilización de jueces jubilados. Las fuentes consultadas explican que exigiría una reforma legal porque la figura del magistrado emérito fue eliminada por el PP en 2015.

Fuente: El Diario.es


RESUMEN 

Echando cuentas, la situación actual de la justicia en este país está tan depauperada que la ciudadanía está sufriendo retrasos en la resolución de los recursos que anualmente se van acumulando por cientos, cuando no miles, en Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, e incluso ante el Tribunal Supremo, por falta de renovación de jueces y magistrados, a causa de la inacción irresponsable e inconstitucional de los ultraconservadores del PP  que evitan con excusas de mal pagador, que el CGPJ se renueve, presionando así al resto de tribunales que debido a las vacantes no cubiertas,  imposibilitan que los diferentes tribunales que se reparten a lo largo y ancho de toda España, cumplan adecuadamente sus funciones.

Pero el plan del PP llega mucho más lejos, pues lo que están haciendo es copiar miméticamente lo que hizo Trump en Estados Unidos. Y al igual que éste actuó en su país, van nombrando jueces conservadores para el Tribunal Supremo a perpetuidad (hasta su jubilación o fallecimiento) y lo mismo que con las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Y como no, de manera prioritaria, en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es  tan relevante este tribunal para el PP?

Bueno la pregunta, entiendo, ha quedado respondida y constatada anteayer, cuando de forma zafia y chapucera, impropia de magistrados del Tribunal Constitucional, se ha dictado resolución al recurso de amparo del PP (consecuencia de votación obtenida en razón  de 6 vocales conservadores a favor y 5 vocales progresistas en contra) estando 2 vocales conservadores recusados, que no solo votaron su propia recusación sino que además participaron en el debate y posterior votación por la que se aceptaron las Medidas Cautelarísimas, solicitadas para suspender sesión parlamentaria, en principio del Congreso, que después fue del Senado (hecho gravísimo, no sucedido en ninguna democracia moderna, que raya la inconstitucionalidad al obviar el artículo 66 de la Constitución Española) donde precisamente se iba a votar una ley para sustituir a los magistrados recusados. Hechos repetidos en el día de hoy, donde los recusados han vuelto a votar (con mismo balance de 6 vocales conservadores contra 5 vocales progresistas) para rechazar el recurso planteado por Senado al que el Congreso se adherió,  para levantar la Medidas Cautelarísimas, ignorando las recomendaciones de la fiscalía del propio Tribunal Constitucional y el informe del letrado mayor del Congreso de Diputados que alegaba, ausencia del cumplimiento del principio de imparcialidad de ambos recusados por ser parte interesada.

A todo esto, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, mirando para otro lado, como sí la presunta prevaricación de los magistrados recusados del Tribunal Constitucional (por ser juez y parte) no fuese asunto de su competencia.

Pero además, al Tribunal Constitucional se le viene encima un gran número de recursos de inconstitucionalidad, a propuesta, como no, de los camaradas del PP, contra leyes que implican avances sociales (tales como, aborto, eutanasia,  reforma educativa, trans, “del equilibrio ecológico”, etc. ) que con estos mimbres y de mantenerse el bloqueo en el Tribunal Constitucional, auguro que todos ellos serán votados en razón de la misma proporción de 6 vocales conservadores a favor y 5 vocales progresistas en contra, presumiblemente favorables a declarar todas estas leyes inconstitucionales, que casualidad, coincidiría con la ideología de los que les pusieron ahí, que no fueron otros que nuestros amigos ultraconservadores del PP.  Aunque considero de bien nacidos ser agradecidos.

Por otra parte, esta sentencia del Tribunal Constitucional sentará precedente (hasta que salga otra sentencia contraria) y permitirá rechazar debates y votaciones parlamentarias que no sean del agrado de algún parlamentario (sobre todo del PP, que como ha quedado demostrado, tienen mayoría los vocales conservadores en el TC) y que antes era inconstitucional y a partir de ahora dejará de serlo. Todo muy democrático, ¿no les parece?. 

Volviendo a Estados Unidos, prácticamente nadie vio venir los manejos de los republicanos hasta que la Corte Suprema de EEUU (equivalente al Tribunal Supremo español) declaró inconstitucional, y por tanto ilegal, el aborto. Y como consecuencia de ello, el descrédito que sufrió la Justicia Americana entre los estadounidenses ha sido tan grande que todavía no se ha recuperado. Pero al PP le da igual que eso ocurra en España, y quieren a cualquier precio la mayoría en el Tribunal Constitucional.

¿Y cómo conseguirlo? Que preguntas, pues ganando las próximas elecciones generales, por supuesto.

¿Pero y si no las ganan? Que estupidez, como no las va a ganar. Pero si eso ocurriese tranquilos, los chicos listos del PP lo tienen todo pensado, seguirían bloqueando la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, hasta que ganasen, naturalmente.

¿Y la gente que sufre retrasos de años en sus recursos ante Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo? Pues que esperen,  que dirían desde el PP,  lo importante es el partido, que decía George Orwell en el "Gran Hermano" 

CONCLUSION

Lo que el PP por encima de todo quiere, es llenar el Tribunal Constitucional de magistrados  conservadores, al igual que han hecho con la Sala Segunda del Tribunal Supremo al que solo le resta sustituir a 4 magistrados progresistas para tener mayoría completa en la Sala, en la que ya cuenta con 12 magistrados conservadores. Todo ello al objeto de controlar y dirigir desde atrás (aún sin estar en el Gobierno) todos los Poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que aunque recientemente lo advertí, ahora se ve que algo de razón llevaba.  

Y si al PP le quedase algo de dignidad y sentido de Estado, lo más conveniente para todos los ciudadanos españoles sería, que cumpliesen la Constitución y se pusieran manos a la obra a renovar CGPJ y Constitucional,  alejándose de monsergas y excusas discursivas de rigor, que para nada mejoran los intereses de la ciudadanía en relación a la Justicia y si los intereses del partido popular.

Por no hablar del daño irreparable que se le está causando al prestigio del Tribunal Constitucional como árbitro imparcial respecto de la constitucionalidad de leyes aprobadas por Parlamentos y demás disposiciones normativas.

Fuente: Redacción

20 de diciembre de 2022

OPINION. El fanatismo revienta las Instituciones democráticas del Estado Español

Los líderes ultraconservadores del PP y Vox, jaleados por los palmeros del coro mediático, provocaron que el Tribunal Constitucional incumpliesen el artículo 66 de la Constitución Española y por ende, la Ley de leyes, de donde emanan la libertad incuestionable para ejercer la potestad legislativa del Parlamento de España que es las Sede de la Soberanía Nacional, que ahora ha sido atacada.

ANTECEDENTES

El pleno del Tribunal Constitucional ayer ha admitido a trámite el recurso de amparo, aceptando las Medidas Cautelarísimas en votación de 6 vocales conservadores a favor y 5 vocales progresistas en contra, solicitadas por los líderes de ultraderecha del PP y Vox, (mis respetos para el señor Abascal que tiene la gallardía de reconocerlo y me desprecio hacia el señor Feijóo que cobardemente no lo hace) con el aplauso de todas las Asociaciones Judiciales conservadoras, que no sé si pretenden volver a los tiempos de Franco, que por aquel entonces en coalición con los curas, mataron a más gente que el hambre y las pandemias juntos (unos conseguían la confesión en las Iglesias y los otros dictaban las sentencias, con resultado seguro de muerte en el paredón).

Para más inri, los dos magistrados conservadores recusados del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, ambos dos con mandato caducado, nombrados directamente por el Gobierno de Rajoy y que, en lugar de abstenerse (seguramente motivados de una parte, por los jugosos sobresueldos procedentes de los cursos que imparten de la fundación Faes del PP y por otra por las  promesas del líder del PP, que cuando fuese presidente,  El Sr. Trevijano iría al Consejo de Estado y el Sr. Narváez a la Fiscalía General del Estado )  han considerado oportuno, junto al resto de magistrados conservadores del TC, votar y aprobar  una sentencia inconstitucional, que ataca al único poder del Estado, el Poder Legislativo, que tiene libertad absoluta e independencia total para tramitar, debatir y aprobar las leyes, sin ninguna tutela ni restricción, otorgada por el artículo 66 de la Constitución, como seguidamente expongo, reproduciendo escrito del catedrático de derecho constitucional, Javier Pérez Royo, con permiso y agradecimiento a éste.

Escrito de D. Javier Pérez Royo

Hasta que las Cortes Generales no han recorrido todo el proceso legislativo y la norma no ha sido sancionada, promulgada y publicada en el BOE, no se puede interponer ningún recurso contra ella ante el TC

La Constitución es la norma superflua por excelencia. La Constitución no resuelve ningún problema de los que se plantean en la convivencia. En una sociedad democráticamente constituida nadie tiene jamás un problema que tenga su respuesta en la Constitución. Por eso, la Constitución ha sido un producto tan tardío en la historia de la convivencia humana. Hasta el siglo XVIII no aparecerán las primeras constituciones. Hasta bien entrado el siglo XIX no empezarán a extenderse por diversos países europeos y americanos. Y hasta bien entrado el siglo XX no se afirmará la Constitución como norma jurídica. Una sociedad tiene que tener un nivel de desarrollo alto para poderse permitir el lujo de tener una Constitución. Y muy alto para tener una Constitución con el carácter de norma jurídica.  

La función de la Constitución no es resolver problemas, sino posibilitar que cualquier problema que se presenta en la convivencia encuentre una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada. La Constitución no resuelve ningún problema, pero, sin ella, no se resuelve ninguno. 

Obviamente, en sociedades democráticamente constituidas. Las no constituidas democráticamente no necesitan la Constitución. Les estorba la Constitución. Las democráticamente constituidas no pueden vivir sin ella. 

Precisamente porque no resuelve ningún problema, la Constitución tiene necesariamente que prever quien y de qué manera tiene que dar respuesta a los problemas que inevitablemente se producen en la convivencia. 

Y todas las Constituciones democráticas no lo hacen igual, pero sí de la misma manera. Atribuyendo a un órgano elegido directamente por todos los ciudadanos y ciudadanas mediante el ejercicio del derecho de sufragio la “potestad legislativa”, la potestad de dictar la norma jurídica con base en la cual se da respuesta a cualquier problema con el que la sociedad tenga que enfrentarse. Los problemas, todos los problemas que se plantean en la convivencia, encuentran la respuesta en la ley, en las leyes, porque la Ley no existe sino en la forma de infinitas leyes, cada una de las cuales ordena una determinada esfera de la vida en sociedad. La Constitución es una. Las leyes son muchas.

La Constitución tiene que decidir qué órgano constitucional y a través de qué procedimiento va a decidir todo lo que ella no ha decidido, que es prácticamente todo. Dicho órgano es el único que tiene legitimación democrática directa. Representa directamente a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso, tiene “libertad de configuración” para dictar la norma con base en la cual se va a dar respuesta al problema con el que la sociedad tenga que enfrentarse. 

En una democracia parlamentaria únicamente el Parlamento tiene “libertad”. Todos los demás operadores jurídicos, desde los diferentes órganos constitucionales a todas las personas físicas o jurídicas, no tienen libertad, sino “autonomía” dentro del marco de la voluntad general, de la ley. En el binomio voluntad general, constituida mediante el ejercicio del derecho de sufragio objetivada en la ley y voluntad particular, que son las de todos los demás, descansa el sistema político y el ordenamiento jurídico de todas las democracias dignas de tal nombre.

La “libertad” del Parlamento en el proceso de elaboración de la ley no puede ser interferida en ningún momento por nadie. El Parlamento, las Cortes Generales en nuestro país, tiene “libertad absoluta” para dictar la ley en los términos que le parezca oportuno. Durante la tramitación parlamentaria de la ley no tiene límite alguno. Esto es así en todas las democracias parlamentarias sin excepción.

Una vez aprobada la ley y publicada en el BOE o en el equivalente de los demás países democráticos, la “libertad” del Parlamento “puede dejar de ser absoluta”, si en la Constitución se contempla la existencia de un órgano que puede revisar la constitucionalidad de la ley. Hay democracias parlamentarias que no tienen control de constitucionalidad en su fórmula de gobierno. Otras, entre ellas la española, sí lo tienen. El TC tiene atribuida la facultad de revisar la interpretación que las Cortes Generales han hecho de la Constitución al dictar la ley. 

Pero esa revisión únicamente puede producirse una vez que la “voluntad general” ha recorrido todo el proceso legislativo previsto en la Constitución y en los Reglamentos Parlamentarios, ha sido sancionada y promulgada por el Jefe del Estado y ha sido publicada en el BOE. A partir de ese momento y siempre que se interponga un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, el TC tiene autoridad para revisar la interpretación que han hecho las Cortes Generales de la Constitución.

El intérprete de la Constitución son las Cortes Generales. El TC no es intérprete de la Constitución, sino revisor de la interpretación que las Cortes Generales ha hecho de la Constitución. Sin ley que haya interpretado la Constitución, el TC no puede hacer nada. Hasta que las Cortes Generales no han recorrido todo el proceso legislativo y la norma no ha sido sancionada, promulgada y publicada en el BOE, no se puede interponer ningún recurso contra ella ante el TC. 

Así se expresa el principio de legitimación democrática en el proceso de “creación del derecho”. Cualquier interrupción de dicho proceso desde el exterior supone una quiebra de dicho principio de legitimidad democrática, que, como dijo el TC en una de sus primeras sentencias, la  STC 6/1981, es el fundamento de “TODA” nuestra ordenación jurídico-política.

Esto es lo que acaba de hacer el TC, conculcando la Constitución y la Ley Orgánica del Tribuna Constitucional de manera flagrante. Un órgano constitucional que no está en la Constitución para hacer nada en positivo, sino para evitar que la ley aprobada por las Cortes Generales pueda ser contraria a la Constitución, ha decidido intervenir en el proceso legislativo y privar a las Cortes Generales de la “libertad absoluta” que tienen en dicho proceso. 

¿Y ahora qué?

Puesto que se trata de algo inédito, que no tiene precedentes en ninguna democracia parlamentaria, no podemos acudir a ninguna experiencia que nos sirva de referencia. El sistema político español tiene que “inventarse” una respuesta. 

De momento, es la Mesa del Senado la que tiene que dar el primer paso, que, en mi opinión debería consistir en mantener la convocatoria del Pleno prevista para el viernes.

El segundo debería corresponder a los grupos parlamentarios. En mi opinión, a todos, que deberían ponerse de acuerdo en aceptar la decisión del TC y suprimir los preceptos que fueron recurridos y respecto de los cuales el TC ha dictado las medidas cautelarísimas de todos conocidas. El resto de la reforma no afectado por el recurso y por la decisión del TC se debería someter a votación.

Obviamente, el texto aprobado por el Senado tras estas mutilaciones, tendría que volver al Congreso de los Diputados para ser aprobado definitivamente. 

Quedaría por resolver la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Volveríamos, por tanto, a la situación en que nos encontrábamos antes que se introdujeran las enmiendas que han dado origen al recurso de amparo que ha sido resuelto por el TC de la forma conocida por todos. 

Ahora mismo no es posible hacer otra cosa.

CONCLUSIÓN

Legalmente no se puede hacer nada, porque si han actuado con tanta impunidad en el Tribunal Constitucional, supuestamente, tienen bien atado las previsibles recusaciones en el Tribunal Supremo de los presuntos vocales prevaricadores. 

Pero en las próximas elecciones hay que poner pie en pared y plantar cara a la ultraderecha de este país. Y da lo mismo de que región o autonomía seamos, ahora y siempre ha sido, ESPAÑA o el FASCISMO y en todas las elecciones del 2023 no quiero que nadie se quede en casa, todas y todos a votar contra el fascismo,  ni un solo voto de los demócratas para la ultraderecha de PP, Vox y Ciudadanos.

Fuente: Redacción, el plural.com y el Diario.e

16 de diciembre de 2022

ESPAÑA. Intento de golpe de estado del populismo reaccionario, de cuello blanco y toga negra


Derechas y ultraderechas (que siempre han considerado ilegítimo al actual Gobierno del Estado salido de urnas democráticas) en un alarde de populismo antidemocrático y
 negacionismo de la legalidad vigente, urden un complot parar atentar contra la soberanía del Parlamento Español.

ANTECEDENTES POLÍTICOS

Ante la cerrazón de conservadores y ultraconservadores (del PP y Vox, con Ciudadanos como actor invitado en peligro de extinción) que han bloqueado, primero durante 4 años la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y posteriormente la renovación del Tribunal Constitucional, incumpliendo con ello la Constitución y la ley, respectivamente, razón por la cual al Gobierno del Estado no le ha quedado otro remedio que legislar al respecto, y solventar, ésta, llamémosla, anomalía constitucional.

SITUACIÓN ACTUAL

Bien, pues en el día de ayer, el pleno del Congreso de los Diputados, se reunió en pleno, al efecto de debatir y votar las enmiendas que hicieran efectiva la supresión de la anomalía constitucional antes reseñada. Ése mismo día y prácticamente a la misma hora, el pleno del Tribunal Constitucional se reunió, y como si se tratase de un reality show, hizo contraprogramación al Congreso de los Diputados, al objeto de obstruir o bloquear los debates,  deliberaciones y/o votaciones, respecto de los temas tratados ese día, con la excusa de tres recursos (llevados a Pleno por el Constitucional en 24 horas, cuando normalmente tardan años) presentados, el primero por el PP de inconstitucionalidad, el segundo por Vox, y el tercero de Unidas Podemos, siendo este último referido a una recusación. 

Además, la Ley dicta con claridad que los recursos de inconstitucionalidad se interponen cuando la ley o modificación de ley (orgánica en este caso) quede definitivamente aprobada, después de su ratificación en el Senado por mayoría simple, tras haber superado la votación por mayoría absoluta en la Cámara Baja del Congreso de los Diputados.

La recusación afectaría a dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, nombrados directamente por el Gobierno de Rajoy. Ambos tienen el mandato caducado. Y ambos perderían, puesto y sueldo en el Constitucional antes de Nochebuena si prospera la reforma que pretende el Parlamento. Así que base legal si parece que tiene, pues la recusación viene dada por ser parte interesada en el caso juzgado.

Por otra parte, según la práctica procesal, cuando existen varios recursos sobre la misma ley, el primero a tratar es siempre el de las recusaciones (incluso antes del de Medidas Cautelarísimas) pues no siendo así y si luego las recusaciones prosperasen, podría darse la paradoja que magistrados con mandato caducado y recusados después, hubiesen juzgado un caso que les concernía personalmente e impedía se cumpliese la obligada imparcialidad. Y que posteriormente un tribunal de rango superior, como el Tribunal Supremo, bien podría emprender acciones legales contra los magistrados del Constitucional que emitieron la correspondiente sentencia en situación irregular. Cabe recordar, que existe el delito de prevaricación para magistrados del Tribunal Constitucional.

De momento las espadas siguen en alto, en el choque entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pues mientras el Parlamento aprobó las enmiendas a la ley, necesarias para superar el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, quedando a falta del debate y posterior votación final en la Cámara Alta del Senado; el Tribunal Constitucional no llegó ayer a ningún consenso y ha fijado nuevo Pleno para el lunes, a fin de continuar la tramitación de los recursos.

Veremos quien termina en la cárcel esta vez.

Fuente: Redacción.


ANALISIS DEL MERCADO LABORAL. “Los trabajadores crean mucha más riqueza de la que reciben”

Jan Eeckhout:, autor de 'La paradoja del beneficio' analiza las relaciones entre el mercado y los empleados y demuestra cómo las grandes empresas fomentan los monopolios contribuyendo a la desigualdad

Jan Eeckhout ha sido profesor en la Universidad de Pensilvania, en la University College de Londres, en la de Princeton y en la de Nueva York.

 Actualmente vive en Barcelona, donde ejerce como profesor de Investigación y Estudios Avanzados en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Ha publicado numerosos artículos en medios como el New York Times, el Wall Street Journal, el Economist y el Financial Times y es autor de La paradoja del beneficio (Taurus), un estudio que con datos e historias reales busca provocar y abrir ojos.

Su investigación demuestra cómo los beneficios derivados del progreso no han repercutido en una mejora del mercado laboral. Las “superestrellas” de las grandes compañías cobran cada vez más mientras que los salarios de la mayor parte de los empleados siguen igual o peor en términos reales desde hace décadas. Una de las consecuencias más evidentes y preocupantes es la de una sociedad con mayor desigualdad.

Tendemos a aceptar que cuando las empresas van bien, la economía va bien y esto no es así.¿Esa es la paradoja del beneficio?

Sí, es un poco más sutil en el sentido de que está bien que las empresas obtengan beneficios porque ese es su objetivo, pero lo que vemos es que hay un exceso de beneficio para algunas empresas que en realidad son pocas. Mundialmente son unas 500. Son empresas que parecen superexitosas cuando miras sus beneficios pero no porque hagan crecer la economía sino porque les falta competencia.

Por eso destaca en el libro que los empresarios exitosos siempre buscan mercados en los que la competencia sea reducida.

Exacto. O también intentan innovar para ofrecer un producto nuevo o de mayor calidad que la competencia, pero una vez lo consiguen también reducen la competencia. Además, en los últimos años estamos viendo cómo las empresas que están en el ámbito de las nuevas tecnologías se benefician mucho de las economías de escala. En estos casos la inversión inicial para desarrollar una app puede ser muy alta pero después el coste de producción es bajo. Se acaban generando monopolios naturales. Pasa con las redes sociales. La gente quiere estar en las que hay más usuarios. Puede que haya muy buenas alternativas pero no entras si no conoces a nadie que esté.  

Muchos de los problemas que se observan en los datos sobre el empleo tienen su origen en la tecnología, y aunque el cambio tecnológico suele ser la causa, también es la solución. 

Por eso la solución nunca va a ser reducir las tecnologías sino regularlas. Son las que nos dan el crecimiento, la mejora de los servicios o la calidad de los productos. Lo que necesitamos es que en las economías de escala haya más competencia entre las empresas porque tiene consecuencias para el mercado laboral, las empresas pequeñas y las startups.

“La inversión inicial para desarrollar una app puede ser muy alta pero después el coste de producción es bajo. Se acaban generando monopolios naturales”

Respecto al mercado laboral, una de las conclusiones del libro es que a los trabajadores hoy les va peor en comparación con la riqueza que generan.

Crean mucha más de la que reciben. Por eso los salarios de los que están en los sectores de servicios o en la producción se han quedado estancados en términos reales. Ahora bajando aún más por la inflación. Desde los 80 han estado constantes aunque no haya afectado a todos por igual.

¿Eso es porque a quienes les va peor son los que cobran menos mientras los sueldos altos aguantan e incluso han subido?

Claro. Y los salarios de las superestrellas están también relacionados con el poder de mercado. Cuando una empresa tiene una posición dominante y genera tantos beneficios busca al mejor CEO, a abogados capaces de conseguir grandes contratos o aquellos que pueden actuar mejor como lobbies con los políticos. Les pagan mucho para que consigan mantener esta situación de dominio de la empresa. El CEO de Appel, Tim Cook, gana 88 millones de dólares al año por algo. Y ese algo es, entre otras cosas, conseguir que su empresa no tenga competencia. Es bueno para su empresa pero las ganancias que obtiene van a pocos.

Los estudios también influyen. Califica de “drástico aumento de la brecha salarial” la que se produce a partir de la década de los 80 entre quienes tienen una formación universitaria completa y los que no.

En los 80 si habías completado una formación universitaria ganabas de promedio un 40% más que los que no habían estudiado una carrera. Ahora esta diferencia ha aumentado y puede llegar al 100%. En parte es por el cambio tecnológico. Hay muchos trabajos en los que se necesita una persona pero no hacen falta muchos requisitos, en los que no se tienen que tomar decisiones.

Pero en España siempre se habla de la necesidad de mejorar la formación profesional para disponer de trabajadores cualificados en determinados sectores.

Sí, pero también faltan porque en muchos de esos sectores los sueldos son muy bajos. 

El libro desmonta varios mitos. Por ejemplo, el de que cada vez hay más startups. Explica que en Estados Unidos, justo antes de 1980, la tasa de creación de startups era del 14% y en el 2018 era del 8%. ¿En Europa pasa lo mismo? ¿A qué lo atribuye?

Sí, en Europa es similar y es porque como las empresas grandes son cada vez más dominantes muchas veces solo sobreviven las que a ellos les conviene. A menudo las compran para que no puedan trabajar con otras empresas o incluso a veces las adquieren para dejarlas morir. Las grandes cada vez son más grandes y a las pequeñas no les queda casi mercado para vivir.

También desmonta la idea del llamado reloj de oro (el regalo que hacían algunas empresas para premiar la antigüedad), porque la duración de los empleos ha aumentado. En promedio, los empleos que podemos considerar como estables duran hoy un año más que en la década de 1980. ¿Por qué la gente no cambia de trabajo tan rápido como antes pese a que podamos tener la percepción que no es así?

Las empresas se comportan de manera distinta cuando se producen cambios en el entorno. Imaginemos que tenemos dos empresas que venden gasolina y baja el precio del petróleo. Eso significa que baja el precio de la gasolina y si ambas empresas están cerca, como son competencia, la que no lo haga saldrá perdiendo. Ahora bien, si una está en un pueblo y la otra a unos cuantos kilómetros, no ajustan tanto los precios en función del cambio en el coste. Pongo este ejemplo para explicar la importancia de los costes y la variabilidad del entorno no solo en los precios sino también en la producción. Eso afecta a la contratación de trabajadores, a su promoción y a su movilidad. Que los trabajos duren más no significa que sean mejores porque al no haber más promociones tampoco se suben los salarios.  

Esto último, la movilidad laboral, parece ser también otro mito. Cita que la probabilidad de cambiar de empleo en un mismo mes, si descontamos fórmulas como los temporales que había hasta hace poco en España, es en países como Estados Unidos un 31% menor que en 1994.

Y en Europa no es tan distinto porque al final estamos hablando de las mismas grandes empresas. Porque aunque su código postal está allí lo que importa es dónde están sus consumidores y los trabajadores que lo producen. Que no haya movilidad no es necesariamente positivo: está bien tener seguridad, pero otra cosa es cuando es sinónimo de estancamiento. La movilidad, en los casos de los empleos estables, significa que se generan oportunidades.

Además del diagnóstico, el libro apunta por dónde deberían pasar las soluciones. Una sería la que resume cómo recuperar la confianza en la defensa de la competencia.

La gente a veces tiene la idea de que el mercado libre funciona por sí mismo y es así para algunas cosas, para determinados productos. Pero en el ámbito de la tecnología digital, con las economías de escala enormes que antes citaba, es donde está el problema y la solución. Para que funcione un mercado hay que ajustar las reglas y que puedan entrar otras empresas. Voy a poner un ejemplo del ámbito de las telecomunicaciones. La regulación europea señala que si eres una empresa de aquí que dispone de antenas tienes la obligación de permitir a otras empresas que puedan utilizar tu red a cambio de un alquiler. Si viene una empresa polaca o holandesa puede llamar a Movistar y en base a la regulación europea puede acceder a su red y paga por usarla. Eso genera competencia y bajan los precios de todas. Mi plan en Estados Unidos me cuesta el triple que el que tengo en España. La tecnología es idéntica pero allí hay tres proveedores y en Europa son 150.

También propone romper el vínculo que existe entre el poder de mercado y el poder político.

A las empresas de telefonía de aquí o a Renfe cuando se permite que entre competencia en la alta velocidad no les hace ninguna gracia. Las grandes empresas que tienen poder de mercado usan parte de su beneficio para hacer de lobby con los políticos para conseguir regulaciones favorables a sus intereses. Puede parecer una paradoja, pero más competencia implica más redistribución de la riqueza porque suben los salarios. El poder político debe fomentar la competencia para que se note en los salarios. Además, baja la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y además esa empresa tendrá que competir para ofrecer un servicio más barato al consumidor. 

“El poder político debe fomentar la competencia para que se note en los salarios”

Lo que pasa es que a veces algunas de estas grandes empresas tienen más poder que los políticos.

Totalmente. En Estados Unidos existe un consenso entre demócratas y republicanos en que tienen que hacer algo, después ya se verá si es así, para resolver la situación dominante de las grandes empresas. Lo piensan por motivos muy distintos. Los demócratas por los efectos adversos que hemos comentado y los republicanos porque tienen miedo a perder su parcela de poder y que un Facebook pueda tener más influencia en el resultado electoral que ellos mismos.

Aunque señale las soluciones para revertir este escenario, viendo los gráficos que aparecen en el libro sobre el mercado laboral y la concentración empresarial no parece que estemos en el camino correcto.

Tenemos que hacer un cambio porque nos queda aún mucho recorrido en los avances tecnológicos. No sabemos qué va a pasar en el ámbito de los datos, la inteligencia artificial y otros avances y que son mecanismos para que las empresas puedan controlar más el mercado. Sectores como el transporte, la electricidad o el petróleo ahora están muy regulados y es lo que requiere el sector tecnológico.

Fuente: El Diario.es

FUSIÓN NUCLEAR. La energía del futuro ya está aquí. ¿Ha venido para quedarse? ¿Qué año será cuando no debamos preocuparnos del precio de la electricidad? ¿Los poderes fácticos lo permitirán?

 Son muchas preguntas, pero empecemos por el principio. El sueño de la electricidad producida por fusión nuclear se persigue desde la década de 1950. Tres son las estrategias científicas y numerosos los retos para conseguirlo

Desde hace décadas, con cierta frecuencia se anuncia un nuevo hito en la larga marcha hacia la fusión nuclear controlada. La descontrolada hace tiempo que la conocemos, porque es la fuente de energía estelar y bombas termonucleares.

Entrevista a D. Manuel Lozano Leyva, catedrático emérito de Física Atómica y Nuclear de la Universidad de Sevilla


POCA CANTIDAD DE MASA, GENERA MUCHA ENERGÍA

Sabemos que cargas del mismo signo se repelen. La fusión nuclear consiste en unir los núcleos de dos de estos átomos primordiales (los más abundantes del universo) porque resulta que si lo hacen dan un nuevo átomo más estable. La clave de todo radica en que la masa de los que se fusionan es mayor que la de los que resultan tras la fusión. La diferencia ya sabemos que se transforma en energía en plan E=mc². La velocidad de la luz, la c, es un número tan descomunal que para generar una gran cantidad de energía hace falta muy poca masa m.

¿Cómo conseguir que se aproximen dos núcleos que se repelen tan intensamente hasta ponerse casi en contacto?

La cuestión desde el principio de la tecnología nuclear fue si se podría dominar la fusión de la misma manera que se hizo con la fisión, es decir, construir centrales de fusión nuclear para poder conectarlas a la red eléctrica.

Las ventajas serían enormes: nada de residuos indeseables y de largas vidas medias como el plutonio y nada de límites de existencias en el “combustible nuclear” pues el deuterio y el tritio (**) son relativamente fáciles de conseguir de manera ilimitada.

Pero estamos hablando de manejar materia a millones de grados de temperatura y no a unos pocos centenares como hacen las de fisión. ¿De qué materiales han de estar construidas esas centrales para mantener confinado ese plasma el tiempo suficiente para poder extraer el calor generado y convertirlo en electricidad comercial? De esta pregunta se desprende una infinidad, todas de difícil solución.

Las investigaciones sobre la fusión nuclear controlada empezaron a escala universitaria y laboratorios nacionales. Se establecieron tres estrategias que comentaremos, pero lo importante es que los resultados que se iban alcanzando paulatinamente fueron tan positivos y esperanzadores que el ritmo de las inversiones en los proyectos de investigación y el correspondiente tamaño de los laboratorios de fusión llegaron al vértigo.

En el caso de Europa, se pasó de la escala nacional a la internacional y se construyó el JET, Joint European Torus. Este proyecto dio resultados tan buenos que de nuevo se cambió el orden de magnitud y se diseñó un laboratorio financiado a escala internacional: el ITER (por las siglas en inglés de reactor experimental termonuclear internacional). La clave de este proyecto, que se desarrolla en Cadarache, Francia, es la E, es decir, que aún es un laboratorio experimental, y que nada de conectarlo a la red eléctrica.

TRES ESTRATEGIAS

Veamos cuáles son las tres estrategias mencionadas y en qué punto está cada una.

1º) El Confinamiento Inercial.-Que es la que ha disparado el optimismo de estos días.

El “calentamiento” del plasma se lleva a cabo haciendo coincidir en una cavidad pequeñísima, de extraño nombre alemán, hohlraum, la energía suministrada por 192 láseres de alta potencia. Este confinamiento llamado inercial desencadena la reacción de fusión por un ingenioso, aunque nada extraño, mecanismo físico. Lo problemático es mantener la reacción y extraer la energía generada para poder aprovecharla termodinámicamente. Y conseguir, obviamente, que no se autodestruya toda la instalación por albergar una región, por pequeña que sea, a millones de grados centígrados de forma permanente. Es lo que parece que han conseguido en California de manera más esperanzadora que hasta ahora.

2º) Stellarator.- . Estrategia utilizada por bastantes países para investigación.

La “botella” de confinamiento del plasma en este caso no es una cavidad metálica como el hohlraum, sino un intensísimo campo electromagnético. Conceptualmente tampoco es complicado: unas potentes bobinas mantienen el plasma confinado siguiendo la línea del campo magnético resultante. Aunque en la práctica, en el laboratorio de Wendelstein7X (en Greifswald, Alemania), no lo es tanto. Esta fue la estrategia que siguió España desde hace muchos años en los laboratorios del CIEMAT, antigua Junta de Energía Nuclear. Hoy, aparte de Alemania, hay bastantes países que la continúan explotando a nivel de investigación.

3ª) ITER basado en la tecnología llamada tokamak.- La más prometedora de la tres.

Es conceptualmente parecida a la stellerator pero la geometría de confinamiento es del tipo torus o, si se prefiere, donuts. El laboratorio ITER es tan ambicioso y caro que su puesta en marcha ha sufrido ya varios aplazamientos, pero se espera que entre en pleno funcionamiento en esta década. Pero insistamos en que es justo eso, un laboratorio experimental, aunque ya está planificado el paso siguiente llamado DEMO que, si como todo lo augura, los resultados de ITER son definitivos en cuanto a viabilidad tecnológica y económica de la fusión. El DEMO ya se conectaría a la red eléctrica para, como su acrónimo indica, demostrar su viabilidad comercial; pero aún habría que esperar a la siguiente generación de reactores comerciales basados en él para su implementación práctica.

Si todo sale como está previsto, comenzaremos a obtener electricidad por un medio limpio e ilimitado en… ¡40 años!

Fuente: El Pais.com


ELEONORA VIEZZER: "Mi generación será la primera que vea cómo la fusión nuclear se vuelve realidad"

Entrevista a la investigadora de la Universidad de Sevilla, que ha recibido varios reconocimientos por sus investigaciones sobre el confinamiento del plasma caliente, un elemento fundamental en el desarrollo de este tipo de energía.

¿Cómo puede aprovecharse la fusión nuclear para generar energía para el consumo?

La fusión nuclear es el proceso que ocurre en el interior de las estrellas, es una fuente de energía limpia, segura y virtualmente inagotable. Por eso es una de las grandes esperanzas de la humanidad para cubrir las necesidades energéticas del futuro. Se fusionan dos isótopos de hidrógeno (deuterio y tritio) y se crea una partícula de helio -un electrón- y otra partícula sin carga, y se emite una enorme cantidad de energía. Con los átomos que caben en un vaso de agua podemos producir la energía que necesita una familia de cuatro personas para el resto de su vida. El deuterio lo sacamos del agua de mar y el tritio se obtiene de la corteza terrestre (en concreto del litio).

Pero controlar esas reacciones implica superar múltiples desafíos técnicos.

Para obtener las condiciones de fusión se necesitan temperaturas extremadamente altas. El sol está 15.000.000 ºC y en la Tierra se requieren temperaturas incluso más altas (hasta 200 millones) para llevar la materia a su cuarto estado, el plasma. El problema es que necesitamos materiales que resistan esas temperaturas y en la Tierra no los tenemos. Sin embargo, podemos utilizar campos magnéticos para encerrar el plasma en una jaula y hacerlo levitar dentro de la vasija, de forma que no toque las paredes. Además, para las condiciones de fusión necesitamos crear un vacío ultra alto, que es lo que garantiza la seguridad al detener cualquier proceso de fusión en caso de accidente.

El Departamento de Energía de EEUU acaba de anunciar el primer experimento con ganancia energética en la fusión nuclear. ¿Qué supone este logro?

En Estado Unidos, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore trabaja con un procedimiento alternativo para confinar el plasma, llamado 'confinamiento inercial'. Utilizan una pequeña cápsula llena de deuterio y tritio, sobre la que inciden 192 láseres para crear las condiciones del plasma, que llega hasta densidades muy altas. Y su anuncio es un momento muy emocionante. Si se confirma que se ha producido energía neta, es un gran avance, un verdadero hito, y no sólo para nosotros los científicos, sino para la sociedad en general.

Se estima que aún se tardará una década antes de que la energía originada en la fusión sea una realidad. ¿Este anuncio confirma que es factible lograrlo?

Sí, estoy convencida de que mi generación es la que va a verlo materializado. Además, espero que el anuncio ayude a que la sociedad -y en particular a los políticos- a darse cuenta de la importancia de la investigación. Es algo que ya hemos visto con el COVID: sin Ciencia no hay avance, sin inversión en Ciencia no puede haber avance.

Algunos esperan que la fusión sea una solución milagro que nos lleve directamente de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía.

Nuestra investigación es importante para un futuro seguro, pero también lo es cuidar el planeta hoy, porque sólo tenemos un planeta Tierra. Es importante asumir que los combustibles fósiles están llegando a su fin, primero porque los recursos se van a acabar y segundo porque estamos viendo que el cambio climático es una realidad, respaldada por las investigaciones de muchos científicos, con las consecuencias que estamos viendo (sequías, temperaturas, etc.)

OPINIÓN

Todo esto está muy bien, pero llegado el momento de la puesta en marcha de las centrales de fusión nuclear (que algún día ocurrirá) y la conexión a la red eléctrica, ¿los poderes fácticos no harán nada por impedirlo? Porque no me extrañaría que derechas y ultraderechas, que seguro seguirán existiendo, empezasen con monsergas tipo que, si es tóxico y peligroso o que pueden generar agujeros negros en el planeta y cualquier otra tontería similar. Cuando el único agujero negro será el de los bolsillos de las empresas gasísticas y petroleras, pues aunque dicen que mal de muchos consuelo de tontos, así por lo menos sabrán lo que es no llegar a fin de mes.

Fuente: El Mundo.es


(**) Introducción a la formación del átomo

Inmediatamente después del Big Bang, la generación espontánea de energía en forma de radiación, una pequeñísima parte de esta cuajó pronto en quarks y electrones. Los quarks se agruparon en núcleos atómicos sencillos: el hidrógeno (un protón), el deuterio (un protón y un neutrón ligados), el tritio (un protón y dos neutrones) y pocos, muy poco más. Como vemos, los tres citados tienen un protón, que es una partícula formada por tres quarks, cuya propiedad esencial es que está cargado eléctricamente de manera positiva. Los electrones, cargas eléctricas negativas, quedaron vagando por ahí hasta que, unos cuatrocientos mil años después del magno acontecimiento, se unieron a aquellos dando los correspondientes átomos.