ANTECEDENTES POLÍTICOS
Ante la cerrazón de conservadores y ultraconservadores (del PP y Vox,
con Ciudadanos como actor invitado en peligro de extinción) que han bloqueado,
primero durante 4 años la renovación del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), y posteriormente la renovación del Tribunal Constitucional, incumpliendo
con ello la Constitución y la ley, respectivamente, razón por la cual al Gobierno del Estado no
le ha quedado otro remedio que legislar al respecto, y solventar, ésta, llamémosla,
anomalía constitucional.
SITUACIÓN ACTUAL
Bien, pues en el día de ayer, el pleno del Congreso de los Diputados, se reunió en pleno, al efecto de debatir y votar las enmiendas que hicieran efectiva la supresión de la anomalía constitucional antes reseñada. Ése mismo día y prácticamente a la misma hora, el pleno del Tribunal Constitucional se reunió, y como si se tratase de un reality show, hizo contraprogramación al Congreso de los Diputados, al objeto de obstruir o bloquear los debates, deliberaciones y/o votaciones, respecto de los temas tratados ese día, con la excusa de tres recursos (llevados a Pleno por el Constitucional en 24 horas, cuando normalmente tardan años) presentados, el primero por el PP de inconstitucionalidad, el segundo por Vox, y el tercero de Unidas Podemos, siendo este último referido a una recusación.
Además, la Ley dicta con claridad que los recursos de inconstitucionalidad se interponen cuando la ley o modificación de ley (orgánica en este caso) quede definitivamente aprobada, después de su ratificación en el Senado por mayoría simple, tras haber superado la votación por mayoría absoluta en la Cámara Baja del Congreso de los Diputados.
La recusación afectaría a dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, nombrados directamente por el Gobierno de Rajoy. Ambos tienen el mandato caducado. Y ambos perderían, puesto y sueldo en el Constitucional antes de Nochebuena si prospera la reforma que pretende el Parlamento. Así que base legal si parece que tiene, pues la recusación viene dada por ser parte interesada en el caso juzgado.
Por otra parte, según la práctica procesal, cuando existen varios recursos sobre la misma ley, el primero a tratar es siempre el de las recusaciones (incluso antes del de Medidas Cautelarísimas) pues no siendo así y si luego las recusaciones prosperasen, podría darse la paradoja que magistrados con mandato caducado y recusados después, hubiesen juzgado un caso que les concernía personalmente e impedía se cumpliese la obligada imparcialidad. Y que posteriormente un tribunal de rango superior, como el Tribunal Supremo, bien podría emprender acciones legales contra los magistrados del Constitucional que emitieron la correspondiente sentencia en situación irregular. Cabe recordar, que existe el delito de prevaricación para magistrados del Tribunal Constitucional.
De momento las espadas siguen en alto, en el choque entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pues mientras el Parlamento aprobó las enmiendas a la ley, necesarias para superar el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, quedando a falta del debate y posterior votación final en la Cámara Alta del Senado; el Tribunal Constitucional no llegó ayer a ningún consenso y ha fijado nuevo Pleno para el lunes, a fin de continuar la tramitación de los recursos.
Veremos quien termina en la cárcel esta vez.
Fuente: Redacción.
