30 de marzo de 2022

FEDERACION RUSA. El Kremlin libra a los informáticos de la mili ante su marcha masiva del país

 Rusia se queda sin especialistas en tecnologías de la información, ni repuestos para sus redes de telecomunicaciones

Decenas de miles de ingenieros informáticos abandonan Rusia, mientras se agotan las piezas de repuesto de sus redes de telecomunicaciones y estas podrían empezar a fallar a partir de verano. Este es el panorama que dibuja el sector ante las sanciones impuestas por occidente tras el inicio de la guerra contra Ucrania. Como respuesta, el Kremlin ha ofrecido a los programadores no hacer el servicio militar obligatorio, la mili, y negocia con los gigantes tecnológicos una serie de ayudas para cerrar la fuga de cerebros. Los próximos meses serán clave para la industria.

Entre 50.000 y 70.000 trabajadores del sector de las telecomunicaciones abandonaron Rusia en las primeras semanas de la guerra y se espera que otros 100.000 lo hagan en abril una vez hayan reorganizado sus cuentas bancarias para hacer transferencias al exterior -Visa y Mastercard ya no operan en el país- y se normalicen los precios de los vuelos, la mayoría de ellos bloqueados con Europa por las sanciones.

Estas estimaciones fueron ofrecidas al parlamento el pasado 22 de marzo por el presidente de la Asociación de las Comunicaciones Electrónicas de Rusia, Serguéi Glupotarenko, quien abogó por crear un sindicato sectorial y promover la relocalización de los trabajadores a países amistosos mientras no se calme la situación. “Por ejemplo, a Armenia, Kazajistán o China. Pactemos con ellos, propongamos unas reglas para su reubicación allí”, dijo ante un comité para las tecnologías de la información de la Duma Estatal.

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, firmó esta semana el aplazamiento de la “mili” para los menores de 27 años que hayan completado la formación superior y trabajen en empresas tecnológicas desde hace al menos un año, así como para los especialistas sin empleo que cuenten con un año de experiencia laboral y al menos un curso.

Esta exención del servicio militar obligatorio se aplicará en total a más de 60 disciplinas. Además de la informática, entre ellas figuran las matemáticas, la cartografía, la electrónica, la robótica y las ingenierías aeronáutica y naval.

Además, en su lucha contra las sanciones, el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, anunció este miércoles que el Gobierno permitirá las “importaciones paralelas” sin el permiso de los propietarios de las marcas, mientras que el presidente Vladímir Putin firmó un decreto que prohíbe a los organismos estatales el uso de software extranjero en infraestructuras críticas a partir del año 2025.

Fuente: El Pais.com

TRIBUNALES. La Fiscalía europea considera “un desafío” al derecho de la UE que la Fiscalía Anticorrupción retenga parte de la investigación al hermano de Ayuso

 El órgano comunitario censura la decisión de Dolores Delgado de dividir en dos la investigación al considerar que “no se ajusta” a la normativa europea                                                                              

ANTECEDENTES   
Tras su nombramiento por el Consejo Europeo Fiscal de la Fiscalía Europea, publicado en el “Diario Oficial de la Unión Europea” el 29 de julio de 2020, cuando se declara competente para investigar las irregularidades penales que presuntamente se dan cita en el contrato de 1,5 millones € que a cargo de los fondos comunitarios (FEDER) la CM, presidida por Díaz Ayuso, firmó con Daniel Alcázar, un amigo muy personalizado de la Presidenta y en el que su hermano Tomás,  se embolsó, como comisionista, no menos de 55 mil € + IVA.

La reacción del fiscal jefe Anticorrupción, como estaba previsto, no ha sido otra que rasgarse las vestiduras y pedir la intervención de la Fiscal General del Estado para que resuelva lo que el considera que es un conflicto de competencias donde Sabadell ha invadido las de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero más allá de este conflicto entre la fiscalía europea y la española que se ha resuelto con un decreto de la FGE en el que se atiende las demandas de Luzón, pero reconociendo que Sabadell puede investigar la presunta malversación de fondos públicos comunitarios, cohecho y fraude, aquí lo relevante es que los Díaz Ayuso no han podido evitar lo que ambos más temen que no es otra cosa que se conozca su participación en unos hechos que estaban convencidos que nunca se iban a conocer.

Contra la decisión de la Fiscal General Dolores Delgado

La decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de dejar parte de la investigación sobre el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en manos de la Fiscalía Anticorrupción ha resuelto el conflicto de competencias abierto con la Fiscalía europea, pero solo formalmente. El órgano comunitario no está de acuerdo con la solución y la considera “un desafío a la supremacía” del derecho de la Unión Europea. En un durísmo comunicado emitido este miércoles, la Fiscalía europea censura la postura de Delgado, que el pasado lunes decidió, con el apoyo unánime de la Junta de Fiscales de Sala, dividir en dos la investigación sobre el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid del que cobró Tomás Díaz Ayuso. Para la Fiscalía europea, “esta decisión no se ajusta al derecho de la UE” por lo que el órgano advierte de que “ha tomado nota”, pero “continuará la investigación”.

Conflicto de competencias

Lo Fiscalía europea reprocha a Delgado que no haya planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para que fuera este quien tomara una decisión, tal y como sugirieron los fiscales comunitarios en su anterior escrito. Según estos, renunciar a que sea la justicia europea quien ejerza su “mandato exclusivo” de velar por la correcta interpretación del Derecho europeo “constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE”.

La ley que regula el funcionamiento de la Fiscalía europea establece que este departamento es competente para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros europeos, pero también aquellos que se hallen “indisociablemente vinculados” a ellos. La cuestión, por tanto, era decidir si la investigación de la presunta malversación de fondos en la compra de las mascarillas podía separarse del resto de posibles delitos relacionados con la adjudicación del contrato, y Delgado determinó el lunes que la investigación sí podía desgajarse, lo que implica que la Fiscalía europea investigará solo el presunto mal uso de los fondos Feder y Anticorrupción, el resto.

Lo que la Fiscalía europea censura es que haya sido Delgado la que decida esta división, puesto que ella “es el superior jerárquico del cuerpo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento en curso”. Los fiscales europeos reprochan también que esta decisión se tomara sin escuchar “a las dos partes” en la Junta de Fiscales de Sala, a pesar de que la ley española, según los fiscales europeos, no prevé “ningún remedio” para resolver conflictos como este.

En un decreto firmado el pasado lunes, Delgado defiende, sin embargo, que su decisión está basada en el Reglamento de la UE para la creación de la Fiscalía Europea, de 2017, y cuyo artículo 25.6 deja en manos de “las autoridades nacionales” la decisión de quién será competente para la investigación “en caso de discrepancia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales que ejercen la acción penal [...]”. Basándose en esta norma europea, el artículo 9 de la ley orgánica que regula en España la creación de la Fiscalía europea, de 2021, establece que “en caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía nacional” sobre si una investigación puede dividirse en dos la decisión corresponde a “la persona titular de la Fiscalía General del Estado”. Tras esta normal, el Estatuto del Ministerio Fiscal se modificó para introducir que el fiscal general tomará esta decisión “tras oír a la Junta de Fiscales de sala”.

Este es el primer conflicto de competencias que surge entre la Fiscalía española y la europea, un órgano independiente que empezó a funcionar en junio de 2021 para investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. La Fiscalía española asume que la europea es la competente para investigar si el dinero pagado por la Comunidad de Madrid con fondos Feder a la empresa con la que colaboraba el hermano de Díaz Ayuso se empleó realmente en eso. Pero Delgado sostiene que esa competencia no arrastra toda la causa porque hay una parte de la investigación que afecta “directa y esencialmente a intereses nacionales” y debe ser investigada por Anticorrupción.

Fuente: El Pais.com; El Plural.com