El órgano comunitario censura la decisión de Dolores Delgado de dividir en dos la investigación al considerar que “no se ajusta” a la normativa europea
La reacción del
fiscal jefe Anticorrupción, como estaba previsto, no ha sido otra que rasgarse
las vestiduras y pedir la intervención de la Fiscal General del Estado para que
resuelva lo que el considera que es un conflicto de competencias donde Sabadell
ha invadido las de la Fiscalía Anticorrupción.
Pero más allá de este
conflicto entre la fiscalía europea y la española que se ha resuelto con un
decreto de la FGE en el que se atiende las demandas de Luzón, pero reconociendo
que Sabadell puede investigar la presunta malversación de fondos públicos
comunitarios, cohecho y fraude, aquí lo relevante es que los Díaz Ayuso no han
podido evitar lo que ambos más temen que no es otra cosa que se conozca su
participación en unos hechos que estaban convencidos que nunca se iban a
conocer.
Contra la decisión de
la Fiscal General Dolores Delgado
La decisión de la
fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de dejar parte de la investigación
sobre el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en manos de la
Fiscalía Anticorrupción ha resuelto el conflicto de competencias abierto con la
Fiscalía europea, pero solo formalmente. El órgano comunitario no está de
acuerdo con la solución y la considera “un desafío a la supremacía” del derecho
de la Unión Europea. En un durísmo comunicado emitido este miércoles, la
Fiscalía europea censura la postura de Delgado, que el pasado lunes decidió,
con el apoyo unánime de la Junta de Fiscales de Sala, dividir en dos la
investigación sobre el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de
Madrid del que cobró Tomás Díaz Ayuso. Para la Fiscalía europea, “esta decisión
no se ajusta al derecho de la UE” por lo que el órgano advierte de que “ha
tomado nota”, pero “continuará la investigación”.
Conflicto de
competencias
Lo Fiscalía europea
reprocha a Delgado que no haya planteado una cuestión prejudicial al Tribunal
de Justicia de la UE para que fuera este quien tomara una decisión, tal y como
sugirieron los fiscales comunitarios en su anterior escrito. Según estos, renunciar
a que sea la justicia europea quien ejerza su “mandato exclusivo” de velar por
la correcta interpretación del Derecho europeo “constituye un desafío a la
supremacía del Derecho de la UE”.
La ley que regula el
funcionamiento de la Fiscalía europea establece que este departamento es
competente para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros
europeos, pero también aquellos que se hallen “indisociablemente vinculados” a
ellos. La cuestión, por tanto, era decidir si la investigación de la presunta
malversación de fondos en la compra de las mascarillas podía separarse del
resto de posibles delitos relacionados con la adjudicación del contrato, y
Delgado determinó el lunes que la investigación sí podía desgajarse, lo que
implica que la Fiscalía europea investigará solo el presunto mal uso de los
fondos Feder y Anticorrupción, el resto.
Lo que la Fiscalía
europea censura es que haya sido Delgado la que decida esta división, puesto
que ella “es el superior jerárquico del cuerpo nacional y, por tanto, parcial
en el procedimiento en curso”. Los fiscales europeos reprochan también que esta
decisión se tomara sin escuchar “a las dos partes” en la Junta de Fiscales de
Sala, a pesar de que la ley española, según los fiscales europeos, no prevé “ningún
remedio” para resolver conflictos como este.
En un decreto firmado
el pasado lunes, Delgado defiende, sin embargo, que su decisión está basada en
el Reglamento de la UE para la creación de la Fiscalía Europea, de 2017, y cuyo
artículo 25.6 deja en manos de “las autoridades nacionales” la decisión de quién
será competente para la investigación “en caso de discrepancia entre la
Fiscalía Europea y las autoridades nacionales que ejercen la acción penal
[...]”. Basándose en esta norma europea, el artículo 9 de la ley orgánica que
regula en España la creación de la Fiscalía europea, de 2021, establece que “en
caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía nacional” sobre
si una investigación puede dividirse en dos la decisión corresponde a “la
persona titular de la Fiscalía General del Estado”. Tras esta normal, el
Estatuto del Ministerio Fiscal se modificó para introducir que el fiscal
general tomará esta decisión “tras oír a la Junta de Fiscales de sala”.
Este es el primer
conflicto de competencias que surge entre la Fiscalía española y la europea, un
órgano independiente que empezó a funcionar en junio de 2021 para investigar
los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. La Fiscalía
española asume que la europea es la competente para investigar si el dinero
pagado por la Comunidad de Madrid con fondos Feder a la empresa con la que
colaboraba el hermano de Díaz Ayuso se empleó realmente en eso. Pero Delgado
sostiene que esa competencia no arrastra toda la causa porque hay una parte de
la investigación que afecta “directa y esencialmente a intereses nacionales” y
debe ser investigada por Anticorrupción.
Fuente: El Pais.com;
El Plural.com
