El primer decreto, que llevaba el grueso de las medidas ha sido aprobado con voto favorable de todo la Diputación, excepto PP, Vox y Junts; mientras que el segundo decreto ha decaído con el voto desafavorable del PNV, unido al de los antes citados, que también votaron en contra.
INTRODUCCIÓN
El acceso a una vivienda digna constituye uno de los principales desafíos sociales, económicos y políticos de la España actual. La dificultad para acceder a un alquiler asequible, la inseguridad de los contratos y el riesgo de desahucio de las familias más vulnerables han convertido la vivienda en una preocupación fundamental para buena parte de la ciudadanía. En este contexto, la aprobación de determinadas medidas de vivienda por parte de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados representa un acontecimiento de gran relevancia política y social.
El decreto aprobado viene a corregir el problema de la vivienda que ha trascendido del ámbito económico y llegado al ámbito nacional, para convertirse finalmente en un asunto de confrontación ideológica entre distintos partidos políticos. Asimismo, muestra la influencia de la movilización social, especialmente de la huelga general, en las decisiones del Gobierno y en el debate parlamentario.
DESARROLLO
Uno de los aspectos más importantes en este contexto, es la aprobación del decreto que incorpora medidas destinadas a proteger a los inquilinos y facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas destacan la prórroga temporal de los contratos de alquiler, la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, las bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos y las ayudas destinadas a la construcción y adquisición de viviendas.
Estas medidas ponen de manifiesto la necesidad de que las instituciones públicas intervengan ante una problemática que afecta directamente a la calidad de vida de la población. La vivienda no debe entenderse únicamente como un bien económico sujeto a las reglas del mercado, sino también como un derecho fundamental que permite desarrollar una vida digna, estable y segura.
Sin embargo, la aprobación de estas medidas no ha estado exenta de dificultades. El rechazo de partidos como el Partido Popular, Vox y Junts, evidencia las diferencias existentes sobre cuál debe ser el papel del Estado en la regulación del mercado inmobiliario. Mientras unos sectores políticos defienden una mayor intervención pública para garantizar la protección de los ciudadanos (izquierda y centro izquiera) otros cuestionan las medidas adoptadas por considerar que pueden perjudicar a los propietarios o alterar el funcionamiento del mercado (derechas y ultradercha) PP, Vox y Junts, principalmente.
Especialmente significativo resulta el rechazo del segundo decreto, que contemplaba la prórroga automática de los contratos de alquiler. Esta decisión demuestra que, aunque existe cierto consenso en torno a la necesidad de abordar el problema de la vivienda, no hay un acuerdo político sobre las soluciones que deben aplicarse. La dificultad para alcanzar consensos perjudica especialmente a las personas que necesitan respuestas urgentes ante la subida de los alquileres y la inseguridad residencial.
Otro elemento fundamental en este contexto, es la relación entre la movilización social y la actividad política. La huelga general aparece como una expresión del descontento ciudadano ante las dificultades económicas y sociales. Las declaraciones del ministro Pablo Bustinduy y de la ministra Isabel Rodríguez reflejan la intención del Gobierno de presentar estas movilizaciones como una muestra de apoyo a las políticas de protección social.
Desde esta perspectiva, la participación ciudadana constituye un instrumento importante en una sociedad democrática. Las manifestaciones y las huelgas permiten que determinados problemas adquieran visibilidad y que las instituciones se vean obligadas a prestarles atención. No obstante, también es importante que las reivindicaciones sociales se traduzcan en políticas públicas eficaces y duraderas, más allá de los momentos de tensión política o electoral.
En este sentido, resulta especialmente relevante que las medidas sobre vivienda se aprueben en un contexto de proximidad electoral. La convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre introduce un componente político que no puede ignorarse. Los partidos utilizan el debate parlamentario para defender sus propuestas, criticar a sus adversarios y trasladar sus mensajes al electorado.
La utilización de la Diputación Permanente para convalidar el decreto también ha generado controversia. Mientras el Gobierno defiende la legitimidad de este procedimiento por la urgente necesidad de arreglar el problema de los desahucios a personas vulnerables, que están muriendo al ser expulsados de sus hogares por los fondos buitre como la ocurrió a la querida y desaparecida Maricarmen. En cambio, los representantes del Partido Popular y Vox lo han calificado de fraude democrático, lo cual muestra la insensibilidad moral de ambos.
Esta situación refleja la tensión existente entre las diferentes fuerzas políticas y plantea la importancia de respetar los mecanismos institucionales y garantizar la transparencia en la toma de decisiones.
Por otra parte, en este mismo contexto se aborda un asunto igualmente preocupante: la actuación policial durante las manifestaciones. Las denuncias de violencia policial y la utilización de gases lacrimógenos contra algunos manifestantes han provocado peticiones de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la apertura de una investigación.
Este episodio introduce una reflexión sobre los límites de la actuación de las fuerzas de seguridad en un Estado democrático. La policía tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y proteger a la ciudadanía, pero sus actuaciones deben respetar siempre los derechos fundamentales, la proporcionalidad y la legalidad. La investigación de posibles abusos resulta necesaria para garantizar la confianza de la sociedad en las instituciones.
La negativa del PSOE a solicitar la dimisión del ministro demuestra, además, que las diferencias políticas no se limitan a la cuestión de la vivienda, sino que también afectan a la gestión de los conflictos sociales y al ejercicio de la responsabilidad institucional.
Reflexiones personales
Desde mi punto de vista, el aspecto más importante del asunto, es la necesidad de situar el derecho a la vivienda por encima de los intereses partidistas e incluso por encima del derecho de propiedad en casos de vulnerabilidad. Resulta preocupante que una cuestión tan esencial para el bienestar de las personas se convierta en un instrumento de enfrentamiento político, especialmente cuando miles de ciudadanos tienen dificultades para pagar un alquiler o encontrar una vivienda digna.
Considero que las administraciones públicas deben asumir una responsabilidad activa en la búsqueda de soluciones. No basta con aprobar decretos temporales o conceder ayudas puntuales; es necesario desarrollar políticas estructurales que aumenten la oferta de vivienda asequible, impulsen la vivienda pública, faciliten el acceso de los jóvenes a su primera vivienda y protejan a las familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, es importante encontrar un equilibrio entre los derechos de los inquilinos y los de los propietarios. La protección de las personas vulnerables no debería implicar ignorar las legítimas preocupaciones de quienes ofrecen viviendas en alquiler. Una política de vivienda eficaz debe generar seguridad jurídica para ambas partes y evitar que el problema se resuelva trasladando las dificultades de un colectivo a otro.
También considero fundamental que las movilizaciones sociales sean escuchadas por los representantes políticos. La huelga general y las manifestaciones constituyen mecanismos legítimos de participación democrática, siempre que se desarrollen respetando los derechos de los demás. Del mismo modo, las fuerzas de seguridad deben actuar con responsabilidad y proporcionalidad, y cualquier posible exceso debe investigarse con independencia y transparencia.
CONCLUSIÓN
En resumen, este asunto pone de manifiesto que la vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos sociales y políticos de España. La aprobación de medidas destinadas a proteger a los inquilinos y a facilitar el acceso a una vivienda, representa un paso importante, pero las dificultades parlamentarias y el enfrentamiento entre partidos demuestran que todavía queda mucho por hacer.
La vivienda no debería ser utilizada únicamente como argumento electoral ni como herramienta de confrontación ideológica. Debe abordarse como una cuestión de justicia social, igualdad de oportunidades y bienestar colectivo.
Una sociedad democrática debe garantizar que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna, independientemente de su situación económica. Para conseguirlo, es imprescindible que exista voluntad política, diálogo entre las distintas fuerzas parlamentarias y políticas públicas estables que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.
En definitiva, tener una vivienda digna no debería ser un privilegio reservado a quienes disponen de suficientes recursos económicos, sino una condición esencial para vivir con dignidad y ejercer plenamente los derechos como ciudadanos.
Fuente: El Plural.com
POSDATA
Realmente me resulta bochornoso, ver las imágenes donde la policía reparte palos y gas pimienta, a todas las personas, incluidas las más vulnerables (niños, ancianos y mujeres) por el hecho, de ayer, día de la huelga general, en distintas ciudades españolas, legitimamente ejercer el derecho constitucional de manifestarse, de forma pacífica, en defensa de sus derechos y libertades. Pues a mi modo de ver, estos policías están incumpliendo manifiestamente la ley y la constitución española, lo cual obliga a jueces y autoridades a intervenir y abrir una investigación al respecto de manera inmediata. Y no como en otras ocasiones, que dice el juez, aquí se archiva el caso porque no veo agresión ni abuso de autoridad. O es que están esperando que haya muertos, porque la derecha o la extrema derecha, quizás piensen que tiene las elecciones perdidas y la misma policía haya recibido órdenes, por canales no oficiales, para conseguir que estalle una revolución.
Vamos a ver, que nadie se deje impresionar por el “totum revolutum” del tándem filofascista formado por PP-Vox porque todavía tiene arreglo si el 29 de noviembre vamos todos a votar. Evidentemente escogiendo cada uno, con mucho cuidado el partido político que se vaya a votar, ya que, si se vota mal, ya vemos las consecuencias.
Puesto que hay partidos de izquierda y centro izquierda, que están a favor de los derechos y libertades, y defienden el derecho a la vivienda, al aborto, a la eutanasia, a la libertad para elegir sexo, etc.. Y hay otros como PP y Vox, más proclives, al odio y al insulto, así como a favorecer a fondos buitre, multinacionales, u hospitales y universisades privadas, en perjuicio de lo Público, estando en contra de todo lo demás, incluidos los sindicatos, las autonomías, los medios de comunicación independientes, la libertad de expresión u opinión, etc..
Bueno con decirles el lío que tienen en la cabeza, pues a lanzar mensajes de odio e insultar, lo llaman libertad de expresión y de opinión, respectivamente.
Algunos y/o algunas pensarán, que eso se parece mucho a un totalitarismo fascista que se nos viene encima de ganar las elcciones PP y Vox. Bueno, eso habría que verlo como un punto de vista particular de cada uno, con el que personalmente coincido. Yo ahí lo dejo.
Pero verdaderamente, considero lo más importante como antes dije, que con conocimiento de causa se puede elejir, la mejor papeleta y la más adecuada para satisfacer los interes personales de cada uno, a la hora de votar en las elecciones del 29N, con el fin de evitar sorpresas a los efectos de cada votación.
Además, no hay que olvidar que, "para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada", porque "un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero".
Fuente: Redacción
