La
imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso
Plus Ultra ha reactivado una discusión que ya venía instalada en el debate
público español: hasta qué punto la actuación judicial, más allá de ser
estrictamente legal, responde a lógicas de confrontación política.
Dos
juristas con amplia trayectoria —Ramiro García de Dios, magistrado durante más
de tres décadas, y José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal
Supremo— coinciden en el fondo de su preocupación: observan un patrón que, para
ellos, se parece demasiado a lo que suele denominarse lawfare (el uso
estratégico del Derecho y de las instituciones judiciales para producir efectos
políticos).
Desde
esa mirada, el problema no sería únicamente el contenido de un auto concreto,
sino el contexto y la reiteración del fenómeno. García de Dios lo resume con
una palabra: “cacería”. A su juicio, no se trata de un hecho aislado ni de una
iniciativa puramente técnica, sino de una serie de actuaciones que encajan en
una “utilización clarísima de las herramientas legales y los poderes del
Estado”. El magistrado jubilado sostiene que la dinámica no se agota en el
ámbito del Gobierno de España o en el PSOE, sino que alcanza a un círculo más
amplio: “la esposa del presidente, el hermano y, ahora, un expresidente”,
al que —dice— “le tienen muchas ganas” porque continúa siendo un “activo”
político y un símbolo para la izquierda de este país.
Para
reforzar su argumento, el jurista introduce tres elementos que, en su opinión,
alimentan esa supuesta cacería. Primero, la existencia de jueces dispuestos a
ir “más allá” con un “sentido autoritario”, convencidos de que están actuando
con impunidad (y todo lo hacen por España). Segundo, la intervención de actores judiciales y mediáticos que,
según él, funcionarían como “satélites” de una misma orientación política,
amplificando la narrativa inicial. Y tercero, la influencia de colectivos como
Manos Limpias, a los que califica como “asociaciones miserables ultras”,
señalando que su papel ha sido central en la investigación que llega a la
Audiencia Nacional.
En
esta línea, García de Dios considera especialmente relevante la forma en la que
se construye la imputación. En su lectura, el auto estaría redactado para
“rellenar” y dar apariencia de gravedad indiscutible a una conducta que, en el
fondo, parte de dudas. La clave sería la transformación de la sospecha en
indicio: “Convierten sospechas en indicios”. Esa frase sintetiza el temor de
quien observa el proceso penal no como un mecanismo neutral, sino como un
procedimiento que puede terminar “forzando” conclusiones a partir de elementos
débiles, mientras se consolida mediáticamente una idea de culpabilidad previa.
La
segunda voz, Martín Pallín, no comparte el tono acusatorio con la misma
intensidad, pero sí formula una advertencia de fondo. Acepta que “todo juez
puede admitir una denuncia o querella” y recuerda que, especialmente si el
denunciante o la persona afectada tienen relevancia política, procede primero
verificar los hechos. Para él, el paso decisivo no es solo admitir una
investigación, sino realizar las “averiguaciones pertinentes” que permitan
comprobar los puntos de la denuncia y, en ciertos casos, valorar medidas como
comisiones rogatorias. En definitiva: lo decisivo es si el sistema actúa con
rigor o si, por el contrario, habilita un proceso que avanza por inercia.
Martín
Pallín insiste además en una idea que sirve como freno a la especulación:
conviene esperar a ver “qué pasa de aquí a unos días”. Su lógica es jurídica y
prudente. Si las acusaciones carecen de sustento, el procedimiento debería
desmontarse; si se sostienen en términos consistentes, la investigación podría
continuar. Sin embargo, su alerta reaparece con fuerza al mencionar que “puede
pasar” lo contrario y que se repita el tipo de dinámica observada en otros
episodios, como el caso Neurona, donde durante años se investigó y finalmente
“no se llegó a nada”. Para el jurista, ese historial es una señal de que el
sistema puede ser usado para mantener en vilo reputaciones políticas durante el
tiempo suficiente como para producir daño, incluso cuando el resultado final no
sea condenatorio.
El
punto más crítico de su intervención está en la consecuencia institucional de
este tipo de procesos. Martín Pallín advierte que el modus operandi que ve en
esta causa es “peligrosísimo”, porque en un país donde “cualquiera puede poner
patas arriba un gobierno”, se abre la puerta a una inestabilidad permanente.
Además, compara el tratamiento de casos: señala que “todos los denunciantes han
sido contra personas de izquierdas” y menciona ejemplos en los que, dice,
determinados episodios vinculados a la derecha no habrían derivado en
imputaciones posteriores pese a la existencia de conversaciones con Villarejo.
Su conclusión es que la selectividad —real o percibida— puede convertirse en
una herida para la confianza ciudadana en la justicia.
La
preocupación se completa con un argumento adicional que pretende situar el
debate en una dimensión europea. Martín Pallín recuerda un antecedente en el
que Europa habría autorizado a los Estados (Francia, Alemania y Portugal) a
subvencionar a aerolíneas afectadas por el coronavirus y donde la justicia
europea habría declarado que el rescate de Air Europa se hizo conforme a la
legalidad. Con ese ejemplo, sugiere que cuando existe un marco normativo
validado por instancias supranacionales, las imputaciones basadas en
interpretaciones severas o descontextualizadas deberían manejarse con más
cautela.
En suma, de este resumen se desprende que estas dos voces no se limita a discutir si Zapatero “lo hizo” o “no lo hizo”. Su foco es el modo en que se produce el proceso penal y el impacto que tiene la combinación entre decisiones judiciales, presiones mediáticas y la intervención de actores con agenda propia.
García de Dios habla de “cacería” y de un sistema “desatado” que
“permite barbaridades”; Martín Pallín subraya el carácter “lamentable” y
“peligroso” de repetir patrones en los que se investiga durante años sin llegar
a conclusiones, mientras se altera el equilibrio político y se cuestiona el
principio de neutralidad.
Más
allá del desenlace procesal que finalmente determine si hay o no delito, ambas
posturas denuncian un mismo riesgo: que la justicia penal, en vez de ser un
instrumento para esclarecer hechos, se convierta en un mecanismo capaz de
reconfigurar la vida pública con efectos irreversibles, erosionando la
confianza en el Estado de Derecho. Y ese es, precisamente, el núcleo de la
polémica: no solo el caso Plus Ultra, sino la sospecha —para ellos fundada— de
que se está usando el Derecho para perseguir fines que van mucho más allá de la
verdad jurídica, como bien pudiera ser, conseguir que el Gobierno progresista
actual dimitiese en pleno. Lo cual no dejaría de ser un golpe de estado
judicial.
CONCLUSIÓN
Espero que estos artículos que aquí resumo, dejen más tranquilos hoy a los progresistas que ayer tuvieron dudas sobre Zapatero, porque la verdad, el juez José Luis Calama, redacta muy bien los autos, pero de contenido jurídico referente al asunto que se pretende juzgar, desde mi modesta opinión, ya me parecía a mí que iba bastante justo, pero tampoco imaginaba que careciese totalmente de ello, pues desde el punto de vista penal, según los magistrados, que analizan este auto, confunden las sospechas con indicios, para luego seguramente convertir las indicios en pruebas, en el juicio que a buen seguro llegará, mismo modus operandi, que ocurrió durante la instrucción del juicio en el Tribunal Supremo, contra el exfiscal general del Estado, que como todos recordarán, terminó con la condena del exfiscal, Álvaro García Ortiz, aunque sin pruebas verificables.
Y
ahora la historia se repite con el expresidente Zapatero. Y la jauría fascista del PP y Vox, pretenden cargarse la democracia en este país con tal de llegar al
gobierno, moviendo sus peones en la judicatura. Malditos sean todos ellos.
Fuente: El Plural.com
