1 de mayo de 2026

Reporteros Sin Fronteras denuncia acciones intimidatorias del entorno de Ayuso y del juez Peinado contra la prensa. Y de los periodistas asesinados por Israel en Oriente Medio (Anexo I)

“Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor, también hay jueces”, apunta la organización internacional en su último informe, donde relata un “clima de lawfare” contra los medios de comunicación.

La libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia consolidada. Sin embargo, en los últimos años, este principio se ha visto progresivamente erosionado en distintos países, entre ellos España. El informe de 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) pone de manifiesto una tendencia preocupante: la creciente polarización política están haciendo indistinguible la frontera entre información y opinión, al tiempo que se intensifican las presiones judiciales y políticas contra los profesionales de la comunicación.

En primer lugar, la polarización política aparece como un factor central en la degradación del ecosistema mediático. Según RSF, este fenómeno no solo afecta al debate público, sino que también contamina directamente la labor informativa. Los medios, en lugar de actuar como intermediarios neutrales entre los hechos y la ciudadanía, se ven cada vez más influenciados por posicionamientos ideológicos. Esto provoca una pérdida de credibilidad y dificulta que la ciudadanía acceda a información objetiva y contrastada.

En el caso de España, la situación resulta especialmente significativa. El país ha descendido del puesto 23 al 29 en la clasificación mundial de libertad de prensa, reflejando un deterioro tanto en términos absolutos como comparativos. La relatora de RSF en España, Edith Rodríguez Cachera, advierte de un aumento de las denominadas “demandas judiciales intimidatorias”, también conocidas como prácticas de *lawfare*. Estas acciones legales no buscan necesariamente ganar en los tribunales, sino generar presión económica y psicológica sobre los periodistas y medios.

Diversos casos recientes ilustran esta dinámica. Desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso, se han producido amenazas directas contra periodistas, especialmente tras la publicación de investigaciones sobre su pareja, Alberto González Amador. El papel de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido particularmente polémico, con mensajes intimidatorios y la difusión de datos personales de periodistas. Estas acciones no solo vulneran la ética democrática, sino que contribuyen a crear un clima de miedo y autocensura.

A estas presiones políticas se suman las procedentes del ámbito judicial. El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado actuaciones controvertidas al amenazar con querellas y exigir indemnizaciones a medios por informaciones o entrevistas críticas. El hecho de que estas acciones provengan de figuras del poder judicial agrava la situación, ya que refuerza la percepción de que los periodistas pueden ser perseguidos desde múltiples frentes institucionales.

RSF interpreta estas prácticas como intentos deliberados de “silenciar e intimidar” a la prensa, especialmente a medios digitales de tamaño medio, que cuentan con menos recursos para hacer frente a largos procesos judiciales. Este contexto genera una “pesadilla ideológica y económica” que puede condicionar las líneas editoriales y limitar la independencia informativa.

Por otro lado, el informe también subraya problemas estructurales del sistema mediático español. La alta concentración del mercado audiovisual en grandes grupos como Atresmedia, Mediaset y RTVE reduce la pluralidad efectiva, mientras que los medios públicos autonómicos agrupados en la FORTA no están exentos de posibles injerencias políticas. Aunque la prensa escrita y digital mantiene mayor diversidad, sufre una precariedad económica creciente que la hace más vulnerable a presiones externas.

Además, el clima social hacia el periodismo se ha deteriorado notablemente. La polarización y la radicalización han alimentado un aumento del ciberacoso y de los ataques físicos y verbales a periodistas. RSF señala especialmente el papel de sectores vinculados a la extrema derecha, como Vox, cuyos “agitadores” han protagonizado episodios de hostigamiento en ruedas de prensa y redes sociales. Figuras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo ejemplifican una forma de actuación que desdibuja los límites del periodismo y fomenta la confrontación directa con otros profesionales.

Finalmente, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto medidas para mejorar la transparencia y reforzar la regulación del sector, RSF advierte que muchas de estas iniciativas podrían no materializarse debido a la inestabilidad parlamentaria. Asimismo, persisten asignaturas pendientes, como la reforma de la llamada “ley mordaza” o la despolitización efectiva de los órganos directivos de los medios públicos.

En conclusión, el informe de RSF dibuja un panorama complejo y preocupante para la libertad de prensa en España. La combinación de polarización política, presiones judiciales, precariedad económica y hostilidad social configura un entorno cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo. Ante esta situación, resulta imprescindible reforzar los mecanismos de protección a los periodistas, garantizar la independencia de los medios y promover una cultura democrática que valore la información rigurosa como un bien público esencial.

CONCLUSIÓN

Esperemos que también, el Consejo General del Poder Judicial tome medidas al respecto, porque gracias a los jueces estrella, la justicia española ya está en los últimos puestos de la lista europea.

Fuente: El Diario.es


ANEXO I

PERIODISTAS ASESINADOS POR ISRAEL EN ORIENTE MEDIO

Capítulo aparte merecen los crímenes de guerra contra periodistas cometidos por Israel en el contexto del Genocidio que está perpetrando en Gaza y Líbano

A fecha de mayo de 2026, el número de profesionales de la prensa que han perdido la vida en el marco de las operaciones militares de Israel es el más alto registrado en la historia moderna para un solo conflicto.

A continuación se detalla el resumen de víctimas profesionales de medios por país:

Gaza (Palestina)

Es el lugar más letal para ejercer el periodismo en el mundo.

  • Total de Fallecidos: Se estima que al menos 262 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.
  • Impacto Reciente (2026): Solo en lo que va de 2026, se han registrado nuevas víctimas, incluyendo a Mohammed Samir Washah (corresponsal de Al Jazeera), asesinado en un ataque con drones en abril de 2026.
  • Situación de Riesgo: Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncian que casi la mitad de los periodistas asesinados a nivel global en 2025 murieron en Gaza por ataques de las fuerzas israelíes.

Líbano

La cifra de víctimas en Líbano ha aumentado drásticamente tras la escalada de marzo de 2026.

  • Total de Fallecidos: El Sindicato de Prensa Libanés denuncia la muerte de 27 periodistas y trabajadores de medios en territorio libanés.
  • Víctimas Destacadas en 2026:
    • Amal Khalil (Al-Akhbar): Asesinada en un ataque aéreo en el sur del Líbano el 22 de abril de 2026.
    • Ghada Dayekh (Sawt Al-Farah) y Suzan Khalil (Al-Manar/Al-Nour): Ambas fallecidas en ataques separados el 8 de abril de 2026.
    • Ali Shoaib y Fatima Ftouni: Asesinados en marzo de 2026 mientras cubrían información en Jezzine, en un vehículo de prensa claramente identificado.

Otros Territorios

El impacto de las operaciones militares israelíes se ha extendido a otros países de la región:

Irán y Yemen: El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y otros medios reportan que, sumando los ataques en Irán y Yemen, la cifra total de periodistas asesinados por acciones de Israel asciende a 260-264 profesionales.

Resumen por Organismo (Cifras Acumuladas)

Organismo

Territorio

Cifra Reportada

CPJ (Comité para la Protección de Periodistas)

Gaza, Líbano, Yemen e Irán

262

RSF (Reporteros Sin Fronteras)

Gaza (Total histórico)

~220

Sindicato de Prensa Libanés

Líbano (Desde marzo 2026)

27

 La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado investigaciones independientes internacionales, señalando que estos ataques contra personal civil en ejercicio de su labor podrían constituir crímenes de guerra


VÍCTIMAS TOTALES DEL GENOCIDIO COMETIDO POR ISRAEL EN ORIENTE MEDIO

A fecha de mayo de 2026, las cifras de víctimas reportadas a causa de las operaciones militares israelíes son las siguientes:

Gaza (Palestina)

Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, el número de fallecidos ha superado las 72.000 personas según fuentes oficiales, aunque estudios independientes sugieren cifras significativamente mayores. 

  • Cifras Oficiales: El Ministerio de Salud de Gaza reporta 72.594 mártires y más de 172.404 heridos hasta finales de abril de 2026.
  • Estudios Independientes: Investigaciones publicadas en revistas como The Lancet estiman que el número real de muertes violentas podría superar las 75.200, a las que se sumarían miles de decesos indirectos por enfermedades y falta de suministros.
  • Perfil de las Víctimas: Se estima que el 70% de los fallecidos son mujeres y niños. Además, se han registrado las muertes de:
    • 391 trabajadores de la UNRWA.
    • 270 periodistas y trabajadores de medios.
    • 120 académicos y unos 1.600 trabajadores sanitarios. Líbano

Tras la reanudación de las hostilidades y la nueva ofensiva iniciada en marzo de 2026, el impacto en la población civil ha crecido drásticamente.

  • Fallecidos Totales: El Ministerio de Salud libanés confirma al menos 2.659 muertos y 8.183 heridos desde el 2 de marzo de 2026 hasta el 2 de mayo de 2026.
  • Desplazamiento: El conflicto ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, lo que representa aproximadamente el 20% de la población del país.
  • Violación de Treguas: A pesar de los acuerdos de alto el fuego vigentes, los ataques continúan; solo en las últimas 24 horas del 2 de mayo se registraron 41 muertes adicionales por bombardeos en el sur del Líbano
En este contexto se hace necesario recordar lo siguiente:
A fecha de mayo de 2026, la situación legal de los líderes israelíes ante la justicia internacional se ha intensificado significativamente tras las decisiones históricas de la Corte Penal Internacional (CPI).
A continuación, se detallan las órdenes de arresto y los cargos específicos:
Órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI) 
El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió oficialmente órdenes de arresto contra los principales responsables de la estrategia militar en Gaza. Recientemente, en abril de 2026, se ha reportado la emisión de una segunda orden de arresto contra Netanyahu que incluiría cargos de genocidio tras los eventos en Líbano y Gaza.
  • Líderes Implicados:
    • Benjamin Netanyahu: Primer Ministro de Israel.
    • Yoav Gallant: Exministro de Defensa de Israel.
  • Cargos Principales:
    • Crímenes de Guerra.- Uso de la inanición (hambre) como método de guerra mediante el bloqueo de alimentos, agua, combustible y suministros médicos.
    • Crímenes de Lesa Humanidad.- Asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
    • Ataques Directos a Civiles.- Dirección intencional de ataques contra la población civil y hospitales de Gaza.
  • Estado de las Órdenes.- Las órdenes son vinculantes para los 124 Estados miembros del Estatuto de Roma. En abril de 2026, la CPI reiteró a los miembros de la ONU la urgencia de ejecutar estas detenciones. 
Situación en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Paralelamente, la CIJ mantiene un proceso por genocidio contra el Estado de Israel (caso iniciado por Sudáfrica).
  • Septiembre de 2025.- La ONU emitió un informe exhaustivo confirmando que las fuerzas israelíes han perpetrado actos genocidas según la Convención de 1948.
  • Medidas Cautelares.- La CIJ ha ordenado repetidamente a Israel detener cualquier acción que pueda constituir genocidio, especialmente en Rafah y, más recientemente, ante la ofensiva en el Líbano de 2026.
Consecuencias y Desafíos
  • Restricciones de Viaje.- Netanyahu y Gallant enfrentan el riesgo de ser arrestados si pisan territorio de países firmantes, como Francia o Países Bajos, quienes han indicado que respetarán la legalidad del tribunal.
  • Desafíos Diplomáticos.- Países como Hungría han desafiado abiertamente a la Corte, invitando a Netanyahu a su territorio en abril de 2025 y 2026 a pesar de las órdenes vigentes.
  • Jurisdicción.- Israel y EE. UU. no reconocen la autoridad de la CPI, lo que dificulta la ejecución física de las órdenes dentro de sus fronteras o en países aliados no firmantes. 
Este proceso marca un hito, siendo la primera vez que la CPI emite órdenes de arresto contra líderes de un país democrático, respaldado por potencias occidentales, por crímenes de guerra.
(*) Además hay que denunciar que Israel ha cometido actos de piratería esta misma semana, al atacar en aguas internacionales a 22 barcos (de los 58 que llevaban ayuda a Gaza) secuestrando a 175 personas de distintas nacionalidades (211 según los organizadores de la flotilla), de los cuales no han sido devueltos dos ciudadanos, un egipcio y un español con doble nacionalidad hispano-sueca, que han sido detenidos, y compañeros suyos denuncian que están sufriendo torturas de parte de los sicarios del ejército israelí. 
Hasta aquí las barbaries y atrocidades cometidas por las hordas salvajes del ejército sionista, que parece ser, también pretenden estos criminales de guerra, que escale el conflicto a guerra regional.
Fuente: Medios digitales

OPINIÓN. Del acoso político, la polarización y los límites democráticos en la España actual.

Vito Quiles versus Begoña Gómez, que presenta denuncia ante la policía contra su agresor, que presume de ser periodista/acosador (desconocía dicha categoría  periodística)     

El reciente incidente protagonizado por  el agitador político Vito Quiles contra Begoña Gómez, pone de relieve una problemática cada vez más visible en la esfera pública española: la creciente normalización del acoso político y la intensificación de la polarización ideológica. Más allá de los hechos concretos —aún sujetos a investigación— el episodio permite reflexionar sobre los límites entre la libertad de expresión, la acción política y el respeto a la integridad personal.

Según fuentes oficiales, Gómez habría sido abordada en el interior de un restaurante en Las Rozas por Quiles, quien presuntamente le impidió salir del local y la acosó junto a sus acompañantes. Este tipo de acciones, independientemente de la intencionalidad declarada por su autor, introduce un elemento preocupante en el debate democrático: la transformación del espacio cotidiano en un escenario de confrontación política directa. La política deja de ser un ámbito institucional o mediático para irrumpir en la vida privada de las personas, difuminando las fronteras entre lo público y lo personal.

Por otro lado, la respuesta del propio Quiles, quien afirma haber sido víctima de una agresión mientras ejercía su derecho a preguntar sobre supuestos casos de corrupción, ilustra la dinámica de confrontación narrativa característica de la era digital. La publicación de vídeos editados y mensajes en redes sociales como X no solo busca defender una versión de los hechos, sino también influir en la opinión pública de forma inmediata. En este contexto, la verdad factual corre el riesgo de quedar subordinada a la eficacia comunicativa, si la justicia no toma cartas en el asunto primero. 

La reacción de miembros del Gobierno, como Óscar Puente o Diana Morant, ha sido contundente, calificando lo ocurrido como una agresión intolerable y enmarcándolo dentro de una estrategia más amplia de acoso político. Estas declaraciones reflejan un clima de alta tensión institucional, donde los adversarios políticos no solo discrepan, sino que se perciben mutuamente como amenazas estructurales para el sistema democrático.

Asimismo, el posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español y de otras figuras políticas evidencia una dimensión adicional del problema: la instrumentalización del conflicto para reforzar narrativas partidistas. Mientras unos denuncian una escalada de violencia alentada por sectores de la derecha, otros relativizan o reinterpretan los hechos en clave de provocación o victimismo político. Esta dinámica contribuye a la fragmentación social y dificulta la construcción de consensos básicos sobre normas de convivencia.

El papel de Quiles como figura mediática también merece atención. Su trayectoria, marcada por la confrontación directa con políticos y periodistas, así como su presencia en actos vinculados a formaciones conservadoras como PP y Vox, pone de manifiesto la emergencia de nuevos actores híbridos entre el activismo, el periodismo y el espectáculo. Este fenómeno, amplificado por las redes sociales, plantea interrogantes sobre los criterios de legitimidad, responsabilidad y ética en la comunicación política.

En última instancia, el caso invita a reflexionar sobre los límites que deben establecerse en una democracia para proteger tanto la libertad de expresión como la dignidad de las personas. El derecho a cuestionar a figuras públicas no puede convertirse en una justificación para el hostigamiento o la intimidación. Del mismo modo, las denuncias de acoso deben ser tratadas con rigor y sin instrumentalización política.

La calidad de una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones libres, sino también por el respeto cotidiano entre quienes participan en ella, ya sea desde las instituciones, los medios o la ciudadanía.

 Episodios como éste ponen a prueba ese equilibrio y subrayan la necesidad de reforzar una cultura  política basada en el respeto, la responsabilidad y el diálogo.

Fuente: El País.com

POSDATA

El Partido Popular y Vox, en su afán de asaltar el poder, por cualquier medio, no cejan en su empeño de atacar al Gobierno del Estado por tierra, mar y aire, a fin de tapar la corrupción galopante que existe en el PP y la incipiente que hay en Vox.

  Feijóo ante las declaraciones del presunto delincuente Aldama, en el juicio de la Kitchen, donde lanzaba falsas acusaciones contra el Presidente del Gobierno, indirectamente reclamaba para sí respeto, como recordando que el Partido Popular es el partido político más corrupto que existe, pues cierto es, que el PP ha sido condenado en sentencia firme por corrupción en el Tribunal Supremo. Ciertamente la condena ocurrió hace años, pero esto es similar al arraigo en el sentido de que consta en algún sitio, en el caso que hablamos, en los antecedentes judiciales del PP.

De modo que mejor no se altere señor Feijóo, que es malo para la salud, pues para nada está en peligro el título de partido más corrupto de la galaxia, que con tanta desvergüenza va paseando por el planeta tierra, y que poco o nada tiene que envidiar a los partidos fascistas más corruptos de todos los tiempos.   

Y fíjese como será la cosa, que si hubiese un premio Nobel para el partido más corrupto, elegido por votación popular, votaría por el PP para que se lo diesen, porque no creo haya otro partido que se lo mereciese tanto como el suyo. Aunque considero, no les hiciese falta, dado que ustedes siempre juegan con ventaja, y en lugar de amañar votos como hace Israel en las votaciones de Eurovisión (que es bastante caro) seguro que utilizarían la técnica del pucherazo, mucho más económica y más de su estilo, naturalmente.

¡¡Ah!! Antes de terminar. Confirmado, las cabeceras de periódicos conservadores pueden seguir difundiendo bulos y difamando  Instituciones, porque tienen asegurado el pago de los servicios prestados “premiándoles” con la publicidad del partido del PP y de Instituciones como las de Madrid (ver abajo Anexo II) pues dicen por ahí, que al PP todavía le debe quedar algo del dinero negro que utilizó para pagar la sede el partido popular en Génova 13 de Madrid, por lo que fue condenado por el Tribunal Supremo.

Y otra cosa más, espero Sr. Feijóo que nunca nadie acose a su esposa como están acosando a la primera dama (la esposa del Presidente del Gobierno) un  agresor a sueldo del PP (ver abajo Anexo I) porque al contrario de usted y de su equipo de fascistas del PP, no me alegra que esto ocurra  en ningún caso.

 Siempre hay que ser un señor y un caballero, por el contrario, de no ser nada de lo anterior, solo alcanza para pertenecer a la categoría de "señoro" bien representada por el personaje de Torrente, el de la saga cinematográfica del mismo nombre.

Por otra parte, si se demostrase que los senadores del PP  reunidos con el citado agresor 24 horas antes de consumarse la agresión, con intención de reclamar  los servicios de ese señor a tal efecto, todos ustedes ascenderían a la categoría de fascistas, al usar prácticas mafiosas ya utilizadas en la Kitchen (según el señor Morocho, inspector jefe de la policía, declaró ayer en el juicio de la Kitchen, pringando a la cúpula del PP) . Si fuese el caso, como mínimo podrían haber  incurrido en los siguientes delitos (*).

(*) Si un grupo de personas contrata a un individuo para acosar a otro, todos los involucrados (tanto quienes pagan como quien ejecuta) pueden incurrir en delitos graves. En España, las figuras penales clave son las siguientes:

1. Delito de Acoso

El individuo que ejecuta el acoso comete el delito tipificado en el artículo 172 ter del Código Penal. Este delito castiga a quien, de forma insistente y reiterada, realice conductas como:

  • Vigilar, perseguir o buscar cercanía física con la víctima.
  • Establecer contacto a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas.
  • Uso indebido de datos personales para contratar servicios o hacer que otros contacten con la víctima.

2. Responsabilidad del grupo (Inductores)

Las personas que contratan al acosador no quedan impunes. Según el artículo 28 del Código Penal, se consideran autores no solo quienes realizan el hecho, sino también: 

  • Inductores.- Quienes determinan directamente a otro a ejecutar el delito (en este caso, mediante el pago o encargo).
  • Cooperadores necesarios.- Quienes prestan una ayuda sin la cual el delito no se habría efectuado. 

El grupo que contrata al individuo recibiría, por lo general, la misma pena que el autor material del acoso.

3. Penas y Agravantes

  • Pena base.- Prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses.
  • Vulnerabilidad.- Si la víctima es una persona especialmente vulnerable (por edad, enfermedad o situación), la pena de prisión sube de 6 meses a 2 años.
  • Relación previa.- Si la víctima es o ha sido esposa o pareja del acosador (o de quien lo ordena), las penas son más severas. 

Otros posibles delitos relacionados

Dependiendo de cómo se ejecute el encargo, podrían sumarse:

  • Coacciones.- Si se usa violencia para impedir que la víctima haga algo lícito o para obligarla a hacer algo contra su voluntad (Art. 172 CP).
  • Amenazas.- Si el acoso incluye el anuncio de causar un mal futuro a la víctima o a su familia.
  • Delitos contra la intimidad.- Si para acosar se accede ilegalmente a datos privados o dispositivos electrónicos
Fuente Redacción


ANEXO I

El Partido Popular (PP) ha destinado al menos 681.420 euros en contratos públicos a las empresas vinculadas a Vito Quiles y Javier Negre desde el año 2021.

Estos pagos se desglosan de la siguiente manera según diversas investigaciones:

  • Administraciones del PP.- Se han identificado al menos 172 contratos menores adjudicados "a dedo" por gobiernos autonómicos y locales del PP, incluyendo la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y administraciones previas de Alberto Núñez Feijóo en Galicia.
  • Diputación de Ciudad Real.- Se estima un reparto de más de 135.000 euros entre Vito Quiles, Javier Negre y otros perfiles por parte de esta institución gobernada por el PP y Vox.
  • Canales de difusión.- La mayor parte de estos fondos se han canalizado a través de contratos de publicidad institucional y servicios de comunicación otorgados a Eda TV (Estado de Alarma), medio donde colabora Quiles.
  • Otras fuentes.- Además de los fondos del PP, investigaciones recientes señalan que Quiles recibió 13.140 euros de Alvise Pérez para financiar su gira universitaria "España combativa".
Fuente: El Salto

ANEXO II

Las instituciones de Madrid destinan anualmente millones de euros a publicidad institucional, repartidos entre medios nacionales e internacionales en diversos formatos (prensa, digital, radio y televisión). 

Inversión del Ayuntamiento de Madrid

Según los datos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, el gasto se ha mantenido en cifras similares en los últimos ejercicios:

  • Año 2025.- El gasto total en publicidad institucional ascendió a 12.528.311 €.
    • Medios Nacionales.- 10.423.607 € (incluye prensa escrita, digital, radio, TV y exterior).
    • Medios Internacionales.- 2.104.704 €.
  • Año 2024.- Inversión total fue de 12.885.407 €.
    • Medios Nacionales.- 10.747.254 €.
    • Medios Internacionales.- 2.138.153 €. 

Inversión de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid gestiona presupuestos elevados mediante planes de medios que incluyen tanto prensa tradicional como soportes digitales.

  • Gasto General.- Solo en concursos de publicidad, la región de Madrid movilizó aproximadamente 452 millones de euros en 2025.
  • Distribución por Medios.- En campañas específicas de medios convencionales, la prensa escrita suele representar entre el 10 y el 11% de la inversión, mientras que el sector digital capta más del 25%.
  • Publicidad Online.- Es la partida principal, con una inversión que superó los 10,40 millones de euros en el último ejercicio analizado, destinando cerca de 8 millones a versiones web de medios nacionales. 

Ejemplos de Reparto por Cabeceras

Informes de medios como elDiario.es o infoLibre detallan adjudicaciones a grupos específicos entre 2021 y 2024:

  • El Mundo.- 2,84 millones de euros.
  • Telemadrid.- 2,41 millones de euros (como soporte publicitario).
  • OkDiario.- 1,52 millones de euros.
  • La Razón.- Aproximadamente 1,5 millones de euros

OXFAM. Denuncia que altos directivos españoles ganaron 98 veces el sueldo medio en 2025

Un trabajador con sueldo promedio necesitaría casi un siglo para ganar lo que un director general de gran empresa en un año.

 

La Desigualdad Económica provocada por una brecha salarial insalvable, genera una Crisis Democrática en el Mundo Contemporáneo.

Introducción

En un mundo que proclama avances económicos y progreso, persiste una realidad incómoda: la desigualdad económica ha alcanzado niveles sin precedentes. Los datos presentados por Oxfam Intermón y la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2025 revelan no solo cifras alarmantes, sino una crisis sistémica que amenaza los fundamentos de nuestras sociedades democráticas. Cuando un directivo español gana en un año lo que un trabajador medio necesitaría cien años para obtener, nos encontramos ante un problema que trasciende lo meramente económico para convertirse en una cuestión de justicia social y gobernanza democrática.

La Magnitud de la Desigualdad. Números que hablan por sí solos.

El Caso Español

El panorama español ejemplifica claramente esta tendencia global. Los directivos de las doce mayores empresas españolas ganaron 98 veces el salario medio nacional en 2025, cifra que aumentó un 16% respecto al año anterior. En contraste, los salarios de los trabajadores crecieron apenas un 3,6% en términos reales. Esta disparidad no es accidental; refleja un modelo económico donde el valor generado colectivamente se concentra en manos de una minoría privilegiada.

El caso de Amancio Ortega, propietario de Inditex, es paradigmático: recibió 3.700 millones de dólares en 2025. Para contextualizar esta cifra, un trabajador español con sueldo promedio necesitaría aproximadamente 2 millones de años de trabajo para generar esta cantidad. Esta desproporcionalidad revela no solo una diferencia de ingresos, sino una diferencia fundamental en cómo se distribuye la riqueza en nuestras economías.

La Perspectiva Global

A nivel mundial, la tendencia es aún más pronunciada. Los directores generales de las 1.500 mayores empresas de 33 países registraron un aumento salarial del 11% en términos reales, mientras que el salario promedio de los trabajadores creció apenas un 0,5%. Esta brecha se amplía año tras año, creando una estructura cada vez más desigual.

Desde 2019, los salarios reales de los empleados han caído un 12%, lo que equivale a haber trabajado de forma gratuita 108 días en apenas seis años. Mientras tanto, la remuneración de los directores generales se ha incrementado un 54%, pasando de 5,5 millones a 8,4 millones de dólares. Los números son elocuentes: mientras la clase trabajadora pierde poder adquisitivo, la élite corporativa se enriquece exponencialmente.

El Rol de los Milmillonarios. Acaparadores del valor económico

Riqueza sin Precedentes

La riqueza de los milmillonarios ha alcanzado máximos históricos en 2026, totalizando 1,5 billones de dólares, cantidad que supera la riqueza combinada de 4.100 millones de personas más pobres. Esta concentración es tan extrema que resulta prácticamente incomprensible para la mente común. Mil personas poseen más que miles de millones.

Particularmente revelador es que cerca de 1.000 milmillonarios recibieron colectivamente 79.000 millones de dólares en dividendos durante 2025, lo que equivale a 2.500 dólares por segundo. El milmillonario promedio ganó más en dividendos en menos de dos horas que lo que la persona trabajadora promedio gana en salario durante un año completo.

El caso español en contexto

En España, la riqueza de los 44 multimillonarios aumentó un 29,5% en el último año, representando el 13,8% del PIB nacional. Simultáneamente, la riqueza neta media de los hogares creció apenas un 3%. Esta disparidad indica que la recuperación económica española beneficia desproporcionadamente a la élite financiera, dejando rezagada a la clase media y trabajadora.

El Modelo Económico depredador. De la promesa al fracaso

La captura Corporativa

La tesis central de los datos es que vivimos bajo un modelo económico donde los ejecutivos y accionistas "acaparan una parte cada vez mayor del valor generado en el pastel económico mundial". Esto no es una consecuencia accidental del capitalismo, sino el resultado de decisiones políticas y estructurales deliberadas.

Las grandes corporaciones, lejos de generar economías que "recompensen el trabajo", como sugiere Oxfam, han implementado estrategias sistemáticas para transferir riqueza hacia arriba. Debilitan la negociación colectiva, socavan el diálogo social, y se apropian de los beneficios derivados de mejoras en productividad que son resultado del trabajo de sus empleados.

El ciclo vicioso Antiobrero

Un aspecto particularmente pernicioso del modelo actual es su dimensión política. Los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades que la ciudadanía común de ocupar cargos políticos. Muchos de estos políticos multimillonarios intentan socavar los derechos laborales, recortar servicios públicos, aplicar recortes fiscales a los ricos, y atacar institucionalmente a sindicatos y organizaciones democráticas.

Simultáneamente, estos proyectos políticos antidemocráticos atribuyen la desigualdad a "grupos marginados" —inmigrantes, mujeres, minorías—, desviando la atención de los verdaderos responsables. Esta estrategia divide a la clase trabajadora mientras desmantelan las instituciones democráticas, creando un ciclo autoreforzante de concentración de poder.

La Amenaza a la Democracia. Crisis de Legitimidad

Captura Política

La amenaza más profunda que presenta esta concentración de riqueza no es económica, sino política. Oxfam e International Trade Union Confederation, señalan correctamente que una "élite económica está capturando la democracia". Cuando una cantidad tan pequeña de personas controla tal volumen de riqueza, inevitablemente controla también los resortes políticos.

La democracia se fundamenta en el principio de que cada ciudadano tiene voz igual. Sin embargo, cuando 1.000 milmillonarios pueden influir política y mediáticamente de maneras que 4.100 millones de personas no pueden, la democracia se convierte en una ficción. No es una democracia de ciudadanos, sino una plutocracia de multimillonarios.

Erosión de Derechos Fundamentales

Los datos muestran que esta captura política tiene consecuencias tangibles para derechos fundamentales. Los salarios mínimos no se actualizan según inflación, los servicios públicos se recortan, los derechos laborales se debilitan, y los sindicatos encuentran cada vez más obstáculos. Mientras tanto, los impuestos para los superricos disminuyen, creando un modelo donde quienes menos tienen soportan la carga fiscal mientras quienes más tienen pagan proporcionalmente menos.

El caso de la Inteligencia Artificial

Un dato particularmente preocupante es que 45 de los nuevos milmillonarios creados en el último año han amasado sus fortunas en inteligencia artificial. Esta tendencia sugiere que lejos de resolver problemas de desigualdad, las nuevas tecnologías podrían exacerbarlos. Si el control de la IA sigue concentrado en manos de élites ya privilegiadas, el futuro económico será aún más desigual.

CONCLUSIÓN: Necesidad de Reforma Estructural

Los datos presentados por Oxfam Intermón y la CSI no son simples cifras estadísticas; son un diagnóstico de crisis. Una sociedad donde un trabajador necesita cien años para ganar lo que un directivo gana en uno, donde 1.000 personas poseen más que 4.100 millones, donde la élite política es casi exclusivamente millonaria, no es una sociedad justa ni democrática.

Las propuestas de Oxfam —limitar la remuneración de directivos, gravar justamente a los superricos, garantizar salarios mínimos actualizados— son medidas necesarias pero probablemente insuficientes. Se requiere una revisión fundamental del modelo económico que priorice la dignidad humana y la igualdad democrática sobre la acumulación infinita de capital.

Sin reformas estructurales profundas que frenen esta concentración de riqueza y poder, las democracias modernas continuarán erosionándose desde dentro.

 El futuro dirá si tenemos la voluntad política para cambiar este curso, o si permitiremos que el capitalismo depredador actual continúe minando los fundamentos de la sociedad democrática.

Fuente: EFE