“Las
tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que
denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor,
también hay jueces”, apunta la organización internacional en su último informe, donde relata un “clima de lawfare” contra los medios de comunicación.
La
libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier
democracia consolidada. Sin embargo, en los últimos años, este principio se ha
visto progresivamente erosionado en distintos países, entre ellos España. El
informe de 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) pone de manifiesto una
tendencia preocupante: la creciente polarización política están haciendo indistinguible
la frontera entre información y opinión, al tiempo que se intensifican las
presiones judiciales y políticas contra los profesionales de la comunicación.
En
primer lugar, la polarización política aparece como un factor central en la
degradación del ecosistema mediático. Según RSF, este fenómeno no solo afecta
al debate público, sino que también contamina directamente la labor
informativa. Los medios, en lugar de actuar como intermediarios neutrales entre
los hechos y la ciudadanía, se ven cada vez más influenciados por
posicionamientos ideológicos. Esto provoca una pérdida de credibilidad y
dificulta que la ciudadanía acceda a información objetiva y contrastada.
En
el caso de España, la situación resulta especialmente significativa. El país ha
descendido del puesto 23 al 29 en la clasificación mundial de libertad de
prensa, reflejando un deterioro tanto en términos absolutos como comparativos.
La relatora de RSF en España, Edith Rodríguez Cachera, advierte de un aumento
de las denominadas “demandas judiciales intimidatorias”, también conocidas como
prácticas de *lawfare*. Estas acciones legales no buscan necesariamente ganar
en los tribunales, sino generar presión económica y psicológica sobre los
periodistas y medios.
Diversos
casos recientes ilustran esta dinámica. Desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso,
se han producido amenazas directas contra periodistas, especialmente tras la
publicación de investigaciones sobre su pareja, Alberto González Amador. El
papel de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido particularmente
polémico, con mensajes intimidatorios y la difusión de datos personales de
periodistas. Estas acciones no solo vulneran la ética democrática, sino que
contribuyen a crear un clima de miedo y autocensura.
A
estas presiones políticas se suman las procedentes del ámbito judicial. El juez
Juan Carlos Peinado ha protagonizado actuaciones controvertidas al amenazar con
querellas y exigir indemnizaciones a medios por informaciones o entrevistas
críticas. El hecho de que estas acciones provengan de figuras del poder
judicial agrava la situación, ya que refuerza la percepción de que los
periodistas pueden ser perseguidos desde múltiples frentes institucionales.
RSF
interpreta estas prácticas como intentos deliberados de “silenciar e intimidar”
a la prensa, especialmente a medios digitales de tamaño medio, que cuentan con
menos recursos para hacer frente a largos procesos judiciales. Este contexto
genera una “pesadilla ideológica y económica” que puede condicionar las líneas
editoriales y limitar la independencia informativa.
Por
otro lado, el informe también subraya problemas estructurales del sistema
mediático español. La alta concentración del mercado audiovisual en grandes
grupos como Atresmedia, Mediaset y RTVE reduce la pluralidad efectiva, mientras
que los medios públicos autonómicos agrupados en la FORTA no están exentos de
posibles injerencias políticas. Aunque la prensa escrita y digital mantiene
mayor diversidad, sufre una precariedad económica creciente que la hace más
vulnerable a presiones externas.
Además,
el clima social hacia el periodismo se ha deteriorado notablemente. La
polarización y la radicalización han alimentado un aumento del ciberacoso y de
los ataques físicos y verbales a periodistas. RSF señala especialmente el papel
de sectores vinculados a la extrema derecha, como Vox, cuyos “agitadores” han
protagonizado episodios de hostigamiento en ruedas de prensa y redes sociales.
Figuras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo ejemplifican una forma de actuación
que desdibuja los límites del periodismo y fomenta la confrontación directa con
otros profesionales.
Finalmente,
aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto medidas para mejorar la
transparencia y reforzar la regulación del sector, RSF advierte que muchas de
estas iniciativas podrían no materializarse debido a la inestabilidad
parlamentaria. Asimismo, persisten asignaturas pendientes, como la reforma de
la llamada “ley mordaza” o la despolitización efectiva de los órganos
directivos de los medios públicos.
En conclusión, el informe de RSF dibuja un panorama complejo y preocupante para la libertad de prensa en España. La combinación de polarización política, presiones judiciales, precariedad económica y hostilidad social configura un entorno cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo. Ante esta situación, resulta imprescindible reforzar los mecanismos de protección a los periodistas, garantizar la independencia de los medios y promover una cultura democrática que valore la información rigurosa como un bien público esencial.
Esperemos que también, el Consejo General del Poder Judicial tome medidas al respecto, porque gracias a los jueces estrella, España ya está en los últimos puestos de Europa en ese sentido.
Fuente: El Diario.es
