ELECTRICIDAD. Bajada del recibo de la luz a la vista.

 Bruselas aprueba la excepción ibérica para rebajar la factura de la luz en España y Portugal

La Comisión Europea ha aprobado el mecanismo ibérico para rebajar la factura de la luz en España y Portugal. 

El sistema permite limitar el precio del gas en la Península Ibérica para no trasladarlo directamente a la factura de la luz y, así, conseguir un abaratamiento. “La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, una medida española y portuguesa por valor de 8 400 millones EUR destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles”, ha explicado el Ejecutivo comunitario este miércoles.

Según explica el Gobierno español, el BOE publicará este jueves que la fecha de aplicación del mecanismo será el próximo martes, 14 de junio, “y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente, miércoles 15 de junio. De este modo, las compañías eléctricas y el resto de agentes del mercado tienen plazo suficiente para presentar las garantías económicas que respalden sus operaciones”.

“La Comisión ha aprobado el mecanismo ibérico tal y como está plasmado en el Real Decreto-ley 10/2022”, prosigue el Ejecutivo, “cuya convalidación se someterá mañana a votación en el Congreso de los Diputados. Durante sus 12 meses de vigencia rebajará las facturas de las familias y las empresas y les protegerá de la volatilidad de los precios del gas en los mercados internacionales”.

La vicepresidenta de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, declara: “La medida temporal que hemos aprobado hoy permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad en beneficio de los consumidores. Al mismo tiempo, se preservará la integridad del mercado único. Además, esta medida permite a España y Portugal disponer de cierto margen de tiempo para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde, y, en última instancia, mitiguen aún en mayor medida los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales”.

Según Bruselas, “la medida se ha aprobada reconociendo que las economías española y portuguesa están experimentando una grave perturbación”. Y añade: “La medida está en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre seguridad del suministro y precios de la energía asequibles, así como con las conclusiones del Consejo Europeo, ambas de marzo de 2022, en las que se hace referencia a la adopción de medidas temporales de emergencia para reducir los precios al contado del mercado de la electricidad en favor de las empresas y los consumidores, que no afecten a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común”.

La Comisión Europea argumenta que “el aumento sostenido de los precios del gas tras el ataque injustificado de Rusia a Ucrania ha dado lugar a un aumento de los precios de la electricidad en toda la UE”.

“En este contexto”, dice el Ejecutivo comunitario, “en mayo de 2022, España y Portugal notificaron a la Comisión Europea su intención de adoptar una medida por valor de 8.400 millones de euros (6.300 millones correspondientes a España y 2.100 millones a Portugal) para reducir los costes de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles con el fin de reducir sus costes de producción y, en última instancia, el precio en el mercado mayorista de la electricidad, en beneficio de los consumidores”.

La medida se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023.

Fuente: ElDiario.es

PREVISIONES PARA RUSIA. Las sanciones, una bomba de relojería capaz de descabalgar la economía rusa a partir del verano

 Si no llega a un acuerdo que rebaje el castigo occidental, Moscú se enfrenta a una progresiva desindustrialización que irá mermando poco a poco sus niveles de riqueza y empleo, alertan los analistas

Rusia se encamina semana a semana, inexorablemente, hacia una economía de guerra que puede dejarla muy descolgada de Occidente y China en los próximos años. 

El país se sobrepuso en un primer momento a las sanciones impuestas como represalia a su guerra en Ucrania, pero algunos de los economistas más renombrados del país coinciden en que la crisis real amenaza con estallar en los próximos meses si no se produce pronto un giro de 180 grados en el conflicto. Además, no parece haber un plan claro: arrecian las críticas ante los problemas para sustituir las importaciones, y el Gobierno ha pasado de defender a ultranza su pertenencia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a querer abandonarla. El presidente Vladímir Putin insiste en que Rusia seguirá formando parte de la cadena económica mundial, pero su aislamiento podría disparar sus aranceles al nivel de los de Corea del Norte.

“Elvira Nabiúllina y otra gente importante hablan con sinceridad de que (la crisis) llegará cerca del tercer trimestre. Las sanciones se acumulan y en las fábricas hay reservas para dos o tres meses, pero más adelante todo será mucho más difícil”, afirma al otro lado del teléfono Alexéi Portanski, el exdirector de la oficina que logró la adhesión de Rusia a la OMC en 2012. El profesor de la Escuela Superior de Economía de Moscú hacía mención al discurso que pronunció en abril la gobernadora del banco central de Rusia ante el Parlamento. “El periodo en el que la economía ha podido vivir de las reservas se ha terminado”, alertó Nabiúllina, un anuncio que se aproxima aún más después de que la Unión Europea haya acordado una nueva ronda de sanciones, que van desde la prohibición parcial de importar petróleo ruso al castigo a Alina Kabaeva, la supuesta novia de Putin.

Las aerolíneas rusas son el fiel reflejo de su economía actual. Pese a tener vetado el espacio aéreo europeo, siguen operando dentro del país con supuesta normalidad. Pero han dejado en tierra varios aviones para canibalizar sus piezas porque ni Boeing ni Airbus envían reemplazos, con el peligro que ello supone. Mientras tanto, producir el nuevo Superjet-100 —que ya sufrió varios accidentes— es inviable porque sus motores son franceses. Las autoridades se plantean resucitar el soviético Tu-214, que fracasó por poco eficiente.

“La producción no se parará del todo. El problema es que hemos entrado en una regresión, la producción no se basará en tecnología moderna, sino anticuada. Será un proceso de desindustrialización porque por culpa de las sanciones habrá restricciones tecnológicas”, advierte Portanski, quien recalca que esto “aumentará el desempleo, mientras que la calidad de la producción será peor”. “Esto será un proceso continuo, no inmediato, un camino a largo plazo”, agrega el profesor.

Tres ejemplos recientes. Primero, Taiwán, el mayor exportador de microchips del mundo, acaba de vetar el envío a Rusia de los que superen los 25 megahercios, por lo que solo se podrán importar los que utilizan electrodomésticos muy básicos. En segundo lugar, un tribunal de la localidad rusa de Perm ha pedido un permiso especial para comprar ordenadores con Windows en vez de software ruso porque no funcionan sus programas. Y, por último, la aerolínea Kamchatka ha dejado de volar por no poder arreglar sus Cessna, mientras que S7 ha confirmado que canibalizará piezas de sus aviones. Además, RhZD, la compañía ferroviaria rusa, ha suspendido varios trenes de alta velocidad por unas supuestas obras justo después de que su fabricante, Siemens, anunciase que abandona el país y cancela su mantenimiento.

El economista Portanski se muestra prudente al pedirle una previsión para este año. “Cualquier pronóstico es prematuro, hay un factor político enorme. Si se llega a algún tipo de acuerdo sobre Ucrania, la situación económica puede normalizarse. Si el conflicto se hace más profundo, entonces los peores pronósticos pueden cumplirse”, advierte.

Caída del PIB

Las previsiones de fondos e instituciones abarcan caídas del 8% al 30% del Producto Interior Bruto (PIB) este año, mientras que la inflación rondaría entre el 18% y el 20% oficial actual, aunque puede empeorar. Además, muchos productos importados, como teléfonos, serán cada vez más difíciles de conseguir. Pese al mito de la alianza entre Moscú y Pekín, gigantes chinos como Xiaomi y Lenovo también han suspendido gran parte de sus exportaciones.

Tras la introducción de las primeras sanciones a finales de febrero, la moneda rusa se hundió desde unos 90 rublos por euro a más de 160. Sin embargo, el minicorralito impuesto por el banco central ruso y el desplome de la demanda de divisas extranjeras (fruto de la incapacidad de importar casi ningún producto) lo fortalecieron a un cambio cercano a 60.

Pero hay truco. Los dólares y euros adquiridos a partir del 9 de marzo solo se pueden sacar en rublos de la cuenta bancaria como mínimo hasta septiembre —y no se sabe qué pasará en otoño—. Al hacer la prueba esta semana con Sberbank, el mayor de Rusia, este ofrecía euros a 90 rublos si se compran en efectivo, o a 70 si se quedan tomando polvo en la cuenta. Es decir, el mismo cambio que había antes de la ofensiva y sin tener en cuenta que aún queda por levantar parte del minicorralito.

“Este tipo de cambio no aguantará”, cree Portanski. Su opinión es compartida por fondos de inversión rusos como LockoInvest e Ingosstraj-Investments. El jefe de Macroeconomía de este último, Antón Prokudin, prevé que la depreciación del rublo “se notará este año a medida que se levanten las restricciones, y el próximo por la caída de los precios de las materias primas y la plena vigencia de las sanciones”.

Sin libre mercado, el tipo de cambio es relativo. En los años ochenta, la paridad del rublo con el dólar era de menos de 100 kopeks (céntimos), pero los vaqueros se introducían de contrabando. Ahora, Moscú ha legalizado el contrabando para muchos productos.

Sin un plan sólido

Antes de la guerra, el Kremlin se fijó 2030 como horizonte para que el 70% de sus exportaciones fueran no energéticas. Ahora ese objetivo parece una quimera. Norteamérica, Europa y parte de Asia han reclamado a la OMC excluir a Rusia de la cláusula de nación más favorecida, lo que podría disparar sus aranceles al 35%, nivel que solo alcanza el régimen norcoreano de Kim Jong-un.

La delegación rusa protestó enérgicamente en marzo por esta discriminación y su Ministerio de Economía paró los pies a una propuesta parlamentaria de la formación Rusia Justa-Por la Verdad para abandonar la organización. “La OMC es la única plataforma internacional donde Rusia puede defender activamente sus intereses económicos”, respondió el Gobierno.

Aquel rumbo apenas duró un mes. El portavoz de la Duma Estatal, Piotr Tolstói, anunció el 16 de mayo que su país ha dado los primeros pasos para abandonar la OMC y la Organización Mundial de la Salud.

Antes de comenzar la ofensiva, el Kremlin aseguraba haber logrado al 90% su plan de sustituir importaciones por producción rusa. Hace unas semanas, Putin lo redujo a “los sectores críticos”. A diferencia de la campaña militar, políticos y empresarios han comenzado a criticar abiertamente lo que consideran “un fracaso” del plan de sustitución de importaciones, aunque el sector duro reclama planes quinquenales, mientras los emprendedores imploran normas de libre mercado.

“Es cierto, el programa ha fracasado totalmente. No hay nada más allá de cháchara en las instituciones. Nuestra gente lo ve en los bienes de consumo y otros sectores”, dijo en mayo Andréi Klishas, presidente del comité de la Cámara alta para la Legislación Constitucional y Construcción del Estado.

Klishas citaba a la portavoz del Senado, quien urgió a revisar un plan que consideró “demasiado suave”. A ellos se sumó el presidente del Comité Anticorrupción, Kiril Kabánov, que pidió castigar a los empresarios que no han cumplido los mandatos del Kremlin. “Es hora de cercenar los apetitos de una serie de actores que anteponen sus intereses personales a los estatales con proyectos que hoy son irrelevantes, como por ejemplo los coches eléctricos”, añadió Kabánov en una oda al aislamiento.

Por el contrario, el empresario Oleg Deripaska, dueño de Rusal, la mayor multinacional de aluminio del mundo, lo que la salvó de las sanciones, ha exigido el fin del “capitalismo de Estado” ruso. En su opinión, esta crisis será tres veces más grave que la de 1998.

Mientras, las escuelas rusas han recibido un manual para enseñar a los niños una nueva lección, según publicó el medio RBK. El maestro debe citar a Putin —”Rusia está bajo una presión exterior sin precedentes”, según el mandatario— y luego preguntarles las medidas del Gobierno contra el castigo impuesto por “su operación militar especial en Ucrania”. La conclusión final es que la economía rusa está preparada gracias a las medidas adoptadas por Putin estos últimos años.

Fuente: El Pais.com

OPINION. En España a las derechas les estorba la Constitución

Tras leer atentamente los resúmenes de la prensa sobre los debates parlamentarios, he llagado a la conclusión que a las derechas les estorba la Constitución Española.

Como sino se entiende que no quieran cumplir el mandato constitucional de renovación de Órganos Institucionales que llevan caducados la friolera de cerca de cuatro años, casi una legislatura completa.

Aunque no viene de ahora, pues algo así ya me temía yo, dado que ni llegando las 7 plagas a España, como parece ha sido el caso, el facherío no ha movido un dedo por ayudar (más bien lo contrario) no ya al Gobierno, ni siquiera a los españoles.

Ahora Feijóo, nos quiere hacer creer que está de parte de los españolitos de a pie, y solo es otro jefecillo del PP, dispuesto a pactar con Vox derogar la Reforma Laboral, y bajar las pensiones y el SMI  en cuanto alcance el poder, al igual que el resto de la class.

Y ha habido otros momentos estelares de los alumnos aventajados del PP en este cuatrienio, como cuando la señora Ayuso se presentó a la elecciones a la Comunidad de Madrid solo con su foto y su firma. Para que más. ¿Qué para qué más?

Pues para empezar,  por respeto a sus votantes, que menos que un resumen de su programa electoral. Pero claro, tonto de mí, no era necesario, pues ya tenía el de Vox, que los bien pensados, eran de la opinión que se veía obligada a aplicarlo, pero ya se sabe que del mar el mero y de la tierra el cordero.

O cuando el señor Mañueco convocó nuevas elecciones a la Comunidad de Castilla y León, y escogió a Vox como compañero de gobierno, aplicando el programa electoral de Vox.

Y ahora le toca el turno a Andalucía, ¿con quien creen ustedes que va a pactar el PP de Moreno Bonilla? Pues claro, con Vox, con quien sino. 

¿Y que programa va a aplicar? Pues el de Vox, naturalmente.

CONCLUSIÓN

Si el PP en toda España, pacta con Vox, aplica el programa electoral de Vox y les estorba la Constitución como a Vox, se me ocurre a mí. ¿No será por qué toda la derecha forma parte de Vox?

Andaluces, que no es verdad que con Franco se vivía mejor y tenéis a Vox en la cocina del Parlamento andaluz. Dentro de poco, si las elecciones no lo remedian, al igual que "Madrid" y "Castilla y León", estaréis a la orden de una extrema derecha centralista que quiere acabar con las Autonomías, segun consta en su  programa electoral.

Que diría al respecto D. Manuel José García Caparrós si volviese a la vida. No creo aprobase que su lucha solo hubiese servido para que Andalucía terminase así, sin autonomía y al servicio de los señoritos, otra vez.

Fuente: Redacción

CIBERSEGURIDAD. ¿Llega el fin de las contraseñas?

 Apple, Google y Microsoft se comprometen a llevar el sistema de autenticación FIDO a sus entornos el año próximo

Hace diez años, el periodista Mat Honan, de la revista tecnológica norteamericana Wired , escribió el reportaje que abría el número del mes de noviembre de esa publicación con el título Mata la contraseña. El artículo explicaba cómo unos hackers habían conseguido sus claves y habían destruido su vida digital. 

El caso tuvo mucha repercusión, porque el afectado era una persona experta, que no descuidaba la seguridad. Sus contraseñas eran robustas en Apple, Twitter y Gmail, pero cuando los hackers consiguieron una, se hicieron con todas. Para evitar que las recuperase, usaron una, la de Apple, para borrar su iPhone, su iPad y su MacBook. No le quedó ni una sola foto de su hija de 18 meses.

¿Cómo evitar que nos roben las contraseñas si en cada lugar de los muchos en que nos registramos hay que poner una? El mejor método es acabar con las palabras clave. No te pueden robar lo que no existe. Así que hace casi una década se constituyó la FIDO Alliance, un consorcio formado por grandes compañías tecnológicas que tiene como fin crear un sistema estándar de autenticación más seguro que el de las malditas palabras clave.

Para evitar que nos roben las contraseñas, lo mejor es acabar con ellas; no se puede robar lo que no existe

Apple, Google y Microsoft se han comprometido a que FIDO estará disponible el año próximo en sus sistemas operativos y navegadores de internet.

La gran fortaleza de FIDO es que la autenticación del usuario es local. Ocurre dentro del móvil y se basa en los sensores biométricos o en un PIN maestro. Los datos no salen del dispositivo, que sólo autoriza al sistema a validar la identificación, sin proporcionarle datos del usuario o de sus claves biométricas.

Las contraseñas constituyen el 80% de las brechas de seguridad que se producen en el mundo. Un usuario tiene, de promedio, alrededor de 90 cuentas online diferentes. Algo más de la mitad de las contraseñas que existen en el mundo (51%) son repetidas, una debilidad muy humana ante la imposibilidad de inventar y recordar claves nuevas cada poco tiempo.

La vulnerabilidad del sistema de autenticación se acentúa con el comportamiento de muchas personas. Los principales errores son: repetir las mismas en diferentes cuentas, seguir patrones del teclado (por ejemplo, “qwerty” o “123456”), apuntarlas en papel, usar expresiones hechas, poner palabras escritas igual que en el diccionario o utilizar patrones sencillos que puedan ser fácilmente deducidos por hackers expertos.

Ese es el preocupante panorama de un sistema ineficaz que no sólo constituye un problema de seguridad, sino también un quebradero de cabeza para millones de personas, incapaces de recordar sus palabras clave en cada servicio o inventarse nuevas que, a su vez, alguna vez tendrá que introducir y, posiblemente, no pueda recordar. Cualquier aspecto de la vida digital, desde hacer una compra a configurar una aspiradora o un televisor, tiene contraseña.

FIDO es el acrónimo de Fast Identity Online (identidad rápida online). Se trata de un consorcio en el que se encuentran las principales compañías tecnológicas de todo el mundo, preocupadas por superar el sistema de contraseñas, claramente inseguro, que a lo largo de los años sólo se ha podido apuntalar relativamente con métodos como la autenticación de doble factor, que también ha resultado tener algún punto débil.

Con FIDO, la autenticación la hace el teléfono de forma local y se activa mediante un PIN, o sensores biométricos (facial, huella dactilar)

Con FIDO, cuando el usuario se registra en una cuenta online, su dispositivo crea un par de claves. El móvil conserva la clave privada y registra la clave pública en el servicio en el que se haya registrado. La autenticación la hace el teléfono de forma local, después de cotejar esas claves, y se activa mediante un PIN, o sensores biométricos (facial, huella dactilar).

La transición hacia el fin de las contraseñas no ocurrirá de la noche a la mañana. No todo el mundo dispone de un smartphone o lo tiene actualizado a la última versión de su sistema operativo, la que dará soporte al sistema de identificación de FIDO. Entretanto, las palabras clave seguirán existiendo, pero su desaparición será una cuestión de tiempo, a medida que los usuarios se vayan acostumbrando a vivir sin ellas.

¿Y si cambio de teléfono?

El nuevo sistema fiará su implantación al hecho de que toda la compleja tecnología que lleva detrás sea prácticamente imperceptible para el usuario y que funcione, de forma fiable, en todas partes. “Las contraseñas forman parte del ADN de la propia web, y estamos intentando suplantar eso. No usar una contraseña debería ser más fácil que usarla”, señala Andrew Shikiar, director ejecutivo de la FIDO Alliance.

Los expertos del consorcio concluyen que uno de los elementos más vulnerables del sistema, una vez puesto en marcha, será el procedimiento para cambiar o añadir los dispositivos de autenticación. Si el proceso es complicado, la adopción de FIDO podría peligrar. Cuando uno cambia de teléfono, si es del mismo sistema operativo que el anterior, puede ser sencilla una configuración que descargue las claves desde un repositorio en la nube. Cuando se pase de un móvil con un sistema a otro con uno distinto, la situación puede ser más compleja de resolver.

Una de las propuestas que contiene el libro blanco de FIDO es utilizar, por ejemplo, un ordenador con bluetooth como ficha (token) de autenticación. El robo de contraseñas se produce, por lo general a distancia. Como el bluetooth funciona entre dispositivos a pocos metros, las opciones de los atacantes quedarían descartadas.

Christiaan Brand, director de productos de Google, destaca que la tecnología existe desde hace tiempo, pero “se necesitó que todo el mundo tuviera teléfonos móviles en sus bolsillos”.

Fuente: La Vanguardia.com

OCDE. Cifra ‘precio guerra’, disparando previsiones inflación y rebajando crecimiento a España

Prevé que la inflación media de 2022 será del 8,1% en España, seis menos que en mayo y que los precios sigan subiendo por encima de lo habitual en 2023, pero con unas cifras inferiores

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado este miércoles las ‘Perspectivas económicas de la OCDE, junio de 2022’. El organismo quiere poner ‘Precio a la guerra’. Respecto a España, destaca que la inflación terminará el año en el 8,1%, seis décimas menos que el dato adelantado publicado por el INE en el mes de mayo, que era del 8,7%.

El organismo prevé que la inflación subyacente (la cesta de la compra donde no están los alimentos frescos, ni la energía) se mantenga, al menos, hasta 2023, pero en un índice inferior al 2022.

Proyecciones de la OCDE para España

Además, la OCDE ha rebajado el crecimiento para este año al 4,1%, lo que representa un descenso de 1,4 puntos respecto a las previsiones de diciembre.

El crecimiento se desacelerará a 4,1% en 2022 y un 2,2% en 2023 debido a la mayor incertidumbre, la elevada inflación y la ralentización de la demanda externa. La actual recuperación del turismo también respaldará el crecimiento. La tasa de inflación general se moderará en 2023, pero continuará en niveles elevados”, señala el informe.

El organismo pronostica para este 2022 un frenazo del consumo privado en España, que solo crecerá una décima, tras el 4,6% en 2021.

Según el informe de la OCDE la inflación subyacente presentará una tasa de variación media del 4,5% en 2022 y 2023. Aunque la inflación general se modere el año que viene, la subyacente (mucho menos volátil y más persistente) se mantendrá en niveles históricamente altos, al menos, durante este año y el próximo.

El consumo sufre la inflación

Con la inflación disparada, las familias tienen que dedicar un mayor esfuerzo y por ende de su renta para consumir los mismos bienes y servicios que en 2021. Una parte de los hogares se prevé que haya comenzado a ahorrar por precaución y por miedo al futuro, como así lo revelan los últimos datos sobre la evolución de los depósitos en España. Estos han tenido un crecimiento alto en los primeros meses del año.

La OCDE añade en el apartado sobre la economía española que “La guerra en Ucrania está afectando a la economía española a través de un aumento de los precios de la energía, interrupciones en las cadenas de producción y mayor incertidumbre, ya que la exposición comercial y financiera directa con Rusia y Ucrania es limitada.

La caída de la confianza y de la renta real

La caída de la confianza y de la renta real disponible provocó un descenso del consumo privado en el primer trimestre de 2022. El acuerdo alcanzado con Bruselas para limitar el precio del gas destinado al mercado eléctrico en la Península Ibérica, que previsiblemente entrará en vigor en junio, puede ayudar a contener la inflación general. A finales de mayo, las autoridades habían dado acogida a 59.000 refugiados ucranianos”.

No obstante, los economistas de la OCDE creen que “el ahorro que los hogares han acumulado durante la pandemia, el paquete fiscal destinado a mitigar los efectos de la guerra, la recuperación sostenida del empleo y los fondos del Plan de Recuperación para Europa apoyarán la demanda interna”.

Además, la recuperación en curso del turismo también supondrá una de las partes positivas para el crecimiento. “La confianza de los consumidores y de las empresas se ha deteriorado, y los indicadores de actividad de la industria y los servicios se han ralentizado desde marzo. La creación de empleo tomó impulso en abril y los contratos indefinidos, como proporción de los nuevos contratos, han pasado de alrededor del 10% en 2021 al 48%. La recuperación del turismo ha cobrado fuerza y el gasto de los turistas extranjeros en marzo llegó al 84% del nivel de marzo de 2019”, se lee en el documento.

Son cruciales las reformas e inversiones para promover la transición ecológica

El apoyo fiscal para hacer frente a las repercusiones que la crisis energética está teniendo en los hogares y las empresas vulnerables a corto plazo debe estar bien focalizado y ser temporal. Se necesita una estrategia de consolidación a medio plazo centrada en la revisión del gasto (spending reviews) para empezar a reducir gradualmente el déficit fiscal y la proporción de deuda pública respecto al PIB. El porcentaje de convenios salariales con cláusulas de indexación sigue siendo moderado, pero está aumentando, lo que pone de manifiesto la importancia de un acuerdo entre los agentes sociales para repartir la carga y evitar una espiral de subidas de salarios y precios.

Previsión de desempleo

Por último, las previsiones de la OCDE prevén que la tasa de paro media se sitúe en España en el 13,6% este año. Sin embargo, para el próximo ejercicio detectan un cambio de tendencia y pronostican que el desempleo suba hasta el 13,9% ante el menor crecimiento de la economía.

La guerra está frenando la recuperación

Antes de la guerra, la economía mundial se había embarcado en una recuperación fuerte, aunque dispar, tras la crisis del COVID-19. El conflicto en Ucrania y perturbaciones en la cadena de suministro, agravadas por los cierres de empresas y fábricas en China en el marco de la política de «COVID cero», están asestando un duro golpe a la recuperación.

Ahora se prevé que el crecimiento del PIB mundial se ralentice bruscamente este año, hasta situarse en torno al 3%, y que se mantenga a una tasa similar en 2023. Este ritmo de recuperación está muy por debajo del proyectado el pasado mes de diciembre.

El crecimiento será mucho más débil de lo vaticinado en casi todas las economías. Muchos de los países más castigados están en Europa, una región muy expuesta a la guerra a través de las importaciones de energía y los desplazamientos de refugiados.

Países de todo el mundo se están viendo afectados por la subida de los precios de las materias primas, que acrecienta las presiones inflacionistas y contrae los ingresos y el gasto en términos reales, obstaculizando aún más la recuperación.

Esta desaceleración del crecimiento es un precio de la guerra que se pagará con un descenso de los ingresos y menos oportunidades de empleo.

Las presiones inflacionistas se han intensificado

La guerra en Ucrania ha hecho desaparecer las esperanzas de ver pronto el final del aumento de la inflación observado en la economía mundial en 2021 y principios de 2022 a causa de cuellos de botella en las cadenas de suministro asociados al COVID-19.

Los elevados precios de los alimentos y la energía y el continuo agravamiento de los problemas en las cadenas de suministro sugieren que la inflación de los precios al consumo alcanzará su punto de inflexión máximo más tarde y en niveles más altos de lo que se había supuesto.

Las nuevas proyecciones de la OCDE reflejan el gran impacto internacional que la guerra está teniendo en las tasas de inflación, que ya han alcanzado sus niveles más altos en 40 años en Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos.

En principio, el alivio gradual de las presiones de la cadena de suministro y de los precios de las materias primas, así como el impacto de la subida de los tipos de interés, empezarán a notarse en 2023, aunque se prevé que la inflación subyacente se mantenga en torno a los objetivos de los bancos centrales o por encima de ellos a finales de año en muchas de las principales economías.

La crisis del costo de la vida provocará penurias y riesgos de hambruna

Rusia y Ucrania son importantes proveedores en muchos mercados de materias primas; en conjunto, representan alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el 20% de las de maíz, fertilizantes minerales y gas natural, y el 11% de las de petróleo. Los precios de estos productos aumentaron considerablemente tras el inicio de la guerra.

Si no se toman medidas, existe un alto riesgo de crisis alimentaria. Las interrupciones en el suministro van en aumento y representan una amenaza, en particular para aquellos países de bajos ingresos que dependen en gran medida de Rusia y Ucrania para obtener alimentos básicos. Las cuentas públicas de estos países ya están sobrecargadas por dos años de pandemia, de modo que podrían tener dificultades para hacer llegar alimentos y energía a precios asequibles a sus ciudadanos, con el consiguiente riesgo de hambruna y malestar social.

El aumento de los precios de las materias primas y posibles interrupciones de la producción tendrán consecuencias importantes. La fuerte subida de los precios ya está socavando el poder adquisitivo y ello obligará a los hogares de menores ingresos de todo el mundo a recortar su gasto en otros artículos para poder cubrir las necesidades básicas de energía y alimentos

Fuente. Diario16.com

BLACK MONEY. Economistas denuncian que los ricos tienen oculto en paraísos fiscales más del doble de dinero que todo el circulante mundial junto

 Destacados economistas y activistas de todo el mundo reclaman a los dirigentes del G7 que se comprometan con un registro mundial de activos para llevar la ley y la transparencia a los billones en riqueza y activos que se mantienen ocultos en paraísos fiscales.

La propuesta de un registro mundial de activos ha cobrado impulso rápidamente después de que el primer ministro italiano, Mario Draghi, solicitara en marzo un registro público internacional de activos para personas con activos superiores a 10 millones de euros.

Los comisionados de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT), incluidos los economistas Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, y la jueza investigadora francesa Eva Joly, pidieron al G20 en una carta abierta remitida el pasado mes de abril que estableciera un registro mundial de activos.

El fomento del secreto financiero por parte del G7 también está amplificando los llamamientos para trasladar la elaboración de normas sobre impuestos y finanzas globales de las manos de unos pocos países ricos a la ONU mediante el establecimiento de una convención fiscal de Naciones Unidas.

Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, afirmó recientemente que «hay más riqueza escondida en paraísos fiscales que dólares estadounidenses y euros cambiando de manos hoy en día, más del doble para ser específicos. Esa riqueza sin ley es una amenaza para nuestras democracias, nuestras economías y nuestra seguridad. Los gobiernos deben establecer y vincular registros nacionales de activos para llevar la ley y la transparencia a los billones ocultos en el extranjero y poner fin a la era de la riqueza del salvaje oeste. El Índice de Secreto Financiero 2022 confirma que las reformas de transparencia están funcionando, a pesar del sabotaje de la mayoría de los países del G7. A nivel mundial, estamos comenzando a frenar el secreto financiero utilizado por los oligarcas rusos y también por los evasores de impuestos, los políticos corruptos y el crimen organizado en todo el mundo para ocultar y lavar riquezas mal habidas. Pero Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón redujeron ese progreso global en más de la mitad, alimentando el secreto financiero en lugar de combatirlo. El G7 debe dejar en claro cuál es su posición en la lucha contra el secreto financiero comprometiéndose con un registro global de activos».

Por su parte, Moran Harari, investigador principal y director interino de secreto financiero y gobernanza en Tax Justice Network señaló que «una vez más, se descubre que un pequeño club de países ricos que establecen reglas globales sobre finanzas e impuestos son los principales responsables de facilitar el secreto financiero y los abusos fiscales. Durante décadas, los países ricos del G7 cortejaron a multimillonarios, oligarcas y gigantes corporativos con lagunas de secreto y regulaciones de ojos cerrados que facilitaron el robo de miles de millones de las arcas públicas de los países más pobres. Y ahora esas mismas regulaciones hacen que sea casi imposible que los propios países del G7 rastreen los miles de millones que los oligarcas rusos sancionados tienen en el extranjero. Debemos trasladar la elaboración de normas sobre finanzas e impuestos globales a la ONU. Solo una convención fiscal de la ONU puede garantizar que nuestras normas fiscales y financieras globales sean genuinamente democráticas y se basen en los derechos humanos».

«La idea de un registro mundial de activos puede sonar revolucionaria, pero no lo es. El punto de partida es que muchos países han tenido registros inmobiliarios y de propiedad durante siglos. Cuando se introdujeron, la mayor parte de la riqueza eran bienes raíces y tierras. Entonces, estos registros registraban la propiedad de casi todas las riquezas. Lo que ha sucedido desde entonces es que la riqueza financiera juega un papel mucho más importante: hoy, más de la mitad de la riqueza de los hogares es financiera. El problema es que estos registros no han tenido en cuenta estos cambios. La idea de un registro global de activos es modernizar las herramientas existentes que ya tenemos, identificar mejor a los beneficiarios finales de los activos y extender los registros existentes a los activos financieros para volver a la intención original», ha declarado Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la UE.

Por otro lado, José Antonio Ocampo, presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional de Empresas (ICRICT) y exsecretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, ha denunciado que «la pandemia ha tenido un enorme impacto económico y social, pero los países en desarrollo son los que más han sufrido. En América Latina, por ejemplo, una nueva investigación muestra que los ingresos fiscales han disminuido tanto en términos nominales como en porcentaje del PIB. Con el aumento de los precios de la energía y los alimentos, la guerra en Ucrania empeorará aún más la situación. Los países en desarrollo deben tener más medios para financiar las políticas sociales. El informe Financial Secrecy Index 2022 nos recuerda cuánto impiden los paraísos fiscales la tributación del patrimonio y la generación de recursos en un momento crucial».

En este mismo sentido se ha manifestado Magdalena Sepúlveda, Directora Ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando afirmó que «después de dos años de una pandemia que aún no ha llegado a su fin, no se trata de volver a la “normalidad” que tanta desigualdad y pobreza ha producido. Ahora es urgente construir economías más sostenibles, más inclusivas y más verdes, economías que apoyen a las mujeres y prioricen las inversiones en cuidados. Estos esfuerzos tienen un costo. Los estados, que han gastado tanto en respuesta a la pandemia, no solo deben recuperar sus recursos sino aumentarlos para financiar este cambio. Una de las vías clave es considerar la tributación justa de la riqueza y los ingresos del capital y atacar la elusión fiscal por parte de las multinacionales y los más ricos, que nunca han sido más ricos».

Fuente: Diario16.com

ORPEA. Las fastuosas comisiones secretas de los intermediarios de Orpea

 ORPEA es una multinacional de residencias de mayores que utilizó empresas con sede en Luxemburgo y Suiza para pagar comisiones secretas por la compraventa de instalaciones en Francia

 

Una de las comisiones se pagó en la cuenta de un intermediario en España, desde donde el dinero fue traspasado a un banco suizo

Patrick Métais recuerda su trabajo en Luxemburgo como si fuera ayer. El antiguo director médico de la multinacional de residencias Orpea pasó un año entero, de enero a diciembre de 2011, como administrador de una oscura empresa llamada Health Luxembourg Invest (HLI). "Llevaba una década trabajando para Orpea cuando Jean-Claude Marian [el fundador de la compañía], me pidió que fuera a Luxemburgo para lanzar una nueva filial", rememora.

El emblemático doctor Marian le dijo que renunciara a su puesto en Orpea para unirse a HLI. El objetivo declarado de su destino, según Métais, era conseguir nuevas instalaciones en Luxemburgo, en el norte de Francia y en Suiza para el gigante europeo de las residencias. Tanto el reto como el salario de 24.000 euros al mes resultaban tentadores.

Sin embargo, Luxemburgo no se limitó a servir de lanzadera para la expansión europea de Orpea. El Ducado, territorio de baja fiscalidad, también fue el lugar desde donde Orpea abonó comisiones secretas para hacerse con nuevas residencias. Así lo evidencian documentos y testimonios obtenidos durante los últimos meses por el consorcio periodístico Investigate Europe (IE) y sus socios, entre ellos Mediapart en Francia e infoLibre en España.

Al menos en una de las operaciones apareció involucrada Lipany, una trama societaria que realizó desde Luxemburgo múltiples negocios con Orpea, cuya existencia fue desvelada por Investigate Europe y sus socios hace dos semanas [puedes leer aquí la información publicada en infoLibre]. Esta información provocó un importante desplome de la cotización del grupo de residencias en la Bolsa de París.

Orpea, al igual que otras multinacionales, ha convertido el cuidado de los mayores en un enorme negocio que llena los bolsillos de sus accionistas y ha hecho multimillonario a su fundador, el ya jubilado Jean-Claude Marian. Su sede está en Francia y tiene como principal accionista al fondo de pensiones canadiense CPPIB. Con establecimientos en 23 países, cuenta con una red de 1.100 centros y más de 110.000 camas. En España explota 52 residencias, que disponen en conjunto de más de 8.000 camas. Es el segundo principal operador del sector, solo por detrás de DomusVi, y el líder en la Comunidad de Madrid, donde tiene 23 geriátricos.

Una comisión secreta

Patrick Métais explica que, al principio, HLI parecía una sociedad normal. Compartía una pequeña oficina en el Boulevard Joseph II, en la ciudad de Luxemburgo, con otro socio histórico de Orpea, Jean-François Remy, "un tipo al que no conocía muy bien y que debía ocuparse de la parte administrativa, mientras yo tenía que centrarme en la parte médica".

Remy, un intermediario autónomo del norte de Francia, ayudaba a la multinacional a comprar inmuebles y a obtener de las autoridades las licencias necesarias para la apertura de residencias. Mencionado por primera vez en el libro de investigación Les Fossoyeurs (Los sepultureros) del periodista francés Victor Castanet, que sacó a la luz el maltrato de Orpea a los residentes, Remy era uno de los proveedores comerciales de la multinacional.

La implicación de Orpea en HLI no terminaba con Métais y Remy. El entonces director financiero del grupo de residencias, Sébastien Mesnard, viajaba a Luxemburgo casi todos los meses para "revisar" su trabajo, según Métais. Todo parecía indicar que HLI formaba parte de Orpea.

Pero había una anomalía: la empresa no fue creada por la multinacional, sino por otra compañía denominada Yellowstone SA. Propiedad de Jean-François Remy, Yellowstone SA fue fundada en Luxemburgo en 2009 y, al menos sobre el papel, es completamente independiente de Orpea.

Al ser preguntado por Investigate Europe, Remy admitió que HLI fue utilizada para pagarle una importante comisión a espaldas de los auditores de Orpea. La sociedad, afirma, fue creada siguiendo las instrucciones de Yves Le Masne. entonces director general de la multinacional: "Le Masne me prometió 1,5 millones de euros de comisión por conseguir centros de 80 plazas en cualquier lugar de Francia. Lo conseguimos en Vouziers, en la región de las Ardenas. Quería abonar la mitad de ese importe a través de Luxemburgo, así que constituí HLI a petición suya". Le Masne no respondió a las preguntas de Investigate Europe.

Cuando Métais inició su mandato en HLI en 2011, "era un cascarón vacío", diseñado únicamente para pagar su generoso salario, con fuertes gastos de funcionamiento financiados por préstamos de Orpea.

Pero justo dos días después del nombramiento de Métais, se produjo una curiosa transmisión de acciones: el 49% de la empresa se vendió a una de las filiales oficiales de Orpea: Brige SA. El precio de la transacción, 715.190 euros, fue astronómico, dado que HLI no tenía otro valor que su capital social de 31.000 euros.

Esta adquisición fue, por tanto, una maniobra para ocultar el pago de la comisión secreta a Remy de 700.000 euros (los otros 15.190 se correspondían exactamente con el 49% del capital). Por un lado, permitía a Orpea "ocultar esta recompensa a sus auditores, explica Remy. Un auditor podría preguntarse por qué un intermediario recibía semejante suma por obtener una licencia para una residencia que las autoridades francesas conceden gratuitamente.

El esquema estuvo a punto de ser descubierto dos años después por una imprudencia de Orpea, sostiene Remy.

El encubrimiento de Lipany

En 2013, la policía registró la sede de la multinacional mientras seguía la pista del pago de otra comisión.

Los directivos de Orpea tenían mucho miedo, recuerda Remy, de que los investigadores dieran con la comisión de Vouziers. "Unos meses después, Gérard Tubiana, jefe de desarrollo de Orpea, nos dijo que tenía que dejar de ser administrador de HLI", añade.

Tubiana, que era administrador desde 2011, dimitió el 6 de enero de 2014. El mismo día, acudió al rescate Lipany, el socio empresarial secreto luxemburgués de Orpea. Así lo demuestra una carta que recibió Remy, firmada por dos directivos de Brige, informándole de que se había traspasado el 49% del capital de HLI "a la compañía Lipany SA".

Las cuentas de Lipany de 2014 recogen esta operación, realizada por el mismo importe que tres años antes, 715.190 euros, Lipany depreció de inmediato esta inversión en sus libros, admitiendo que el valor real de HLI era casi nulo.

Dado que Lipany era una sociedad desconocida –y permaneció en el anonimato hasta que Investigate Europe reveló sus vínculos con Orpea hace dos semanas–, el vínculo entre la multinacional y HLI quedaba en teoría roto y la operación de encubrimiento se había completado.

Roberto Tribuno, ex director general de Orpea en Italia y dueño oficial de Lipany, niega cualquier actuación irregular. "No conozco al Sr. Remy y no tengo conocimiento de ningún pago de comisiones por parte de Health Luxembourg Invest, ya que no estoy involucrado en las operaciones de las empresas filiales", declaró Tribuno a Investigate Europe. Tribuno añadió que Lipany compró las acciones de HLI "con vistas a desarrollar nuevas actividades en Luxemburgo".

A pesar de estas precauciones, Métais fue interrogado por la policía en 2013 sobre su trabajo en HLI y su conocimiento de las actividades de Yellowstone con Orpea. Remy también tuvo que entregar documentos relacionados con sus empresas luxemburguesas y sus negocios con el grupo de residencias. La sede de la multinacional fue incluso registrada en dos ocasiones por la policía, en 2013 y 2021.

Sin embargo, queda una pregunta: ¿cómo recibió Remy la segunda mitad de su comisión de 1,5 millones de euros?

"Los 800.000 euros restantes se transfirieron a la sucursal suiza de Yellowstone", explica el propio Remy. La matriz del grupo Yellowstone estaba en Chipre y la sociedad luxemburguesa había creado filiales en Suiza y Francia. El negocio suizo, indica, estaba en manos de un representante local, ya que sólo los residentes pueden tener una empresa en el país.

Cuando se le preguntó sobre HLI y las comisiones reveladas en este artículo, Orpea declinó hacer comentarios. "Sus preguntas se refieren a asuntos que, según el conocimiento del grupo, ya son objeto de investigaciones penales", escribió Orpea en un comunicado enviado a Investigate Europe. "Orpea, que ya ha cooperado plenamente con las investigaciones realizadas, se reserva sus declaraciones para los investigadores".

Le Masne y Tubiana no respondieron a las cartas y correos electrónicos enviados por los periodistas para conocer su versión. Tampoco lo hizo Sébastien Mesnard, que dejó Orpea en medio de las revelaciones de Investigate Europe sobre Lipany.

El extraño caso de Charleville-Mézière

El discreto pago a Remy no es la única transacción dudosa entre Orpea y sus proveedores comerciales. Investigate Europe descubrió que se crearon varias empresas o cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo como vía para abonar comisiones a los intermediarios que conseguían residencias para el grupo. Uno de estos negocios, aunque al final fracasó, es un ejemplo paradigmático del modus operandi.

En abril de 2015, la ciudad francesa de Charleville-Mézières, cerca de la frontera belga, bendijo la venta de 17.848 metros cuadrados de terreno en un antiguo polígono industrial. El objetivo era construir una residencia para personas mayores y en el periódico local se informó de que la parcela y la licencia para explotar 80 camas se vendieron a "una filial de Orpea". 

Según las actas del ayuntamiento, el precio acordado fue de 178.000 euros (apenas 10 euros por metro cuadrado). Pero Charleville-Mézières no negoció con Orpea. Durante meses, estuvo en contacto con Yellowstone SAS, la filial francesa del grupo creado por Remy.

"Yves Le Masne me pidió que pusiera en marcha este negocio", afirma Remy, señalando al entonces director general de Orpea. "La idea era que yo me encargara del trato, de las tareas administrativas y de la planificación urbanística, para luego vender la empresa a Orpea por un precio mucho más alto". La estratagema habría disfrazado otra comisión secreta como una adquisición de capital a través de Luxemburgo.

El alcalde de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, presentó personalmente el proyecto al pleno, según informó la prensa. Sin embargo, no reveló a los concejales que el ayuntamiento había estado negociando durante meses con la filial de una empresa con sede en Luxemburgo.

"La corporación dio luz verde a la venta de terrenos locales a una empresa [Yellowstone SAS] que decía actuar en nombre de Orpea", argumentó Ravignon, antiguo asesor del presidente Nicolas Sarkozy, al ser contactado por Investigate Europe. Sin embargo, nada relacionaba entonces aparentemente a Yellowstone SAS con Orpea.

Al final, como el terreno resultó estar contaminado, los 178.000 euros prometidos nunca se pagaron y la ciudad se quedó con la parcela. Orpea no consiguió su residencia, pero sí cubrió parte de la inversión de Remy comprando Yellowstone SAS. La empresa, valorada en 40.000 euros, fue adquirida oficialmente por 35.000 euros por la filial inmobiliaria de Orpea (Niort 94). El canje se discutió mediante mensajes de texto, vistos por Investigate Europe, entre Remy y Sébastien Mesnard, director financiero del grupo hasta finales de 2021.

Yellowstone SAS, rebautizada como Résidence Ardennaises, figura ahora como un cascarón vacío en las cuentas oficiales de Orpea.

La red regional de Remy

No es de extrañar que Ravignon confiara en Remy. El antiguo negociador de Orpea nació a un tiro de piedra de Charleville-Mézières, en el pueblo de Rouvroy-sur-Audry. Su abuelo, un reconocido empresario local, tenía una amplia red de negocios y llegó a ser alcalde del pueblo.

"Ravignon y yo nos conocemos desde siempre. Posteriormente, se convirtió en asesor de Nicolas Sarkozy en el Palacio del Elíseo", cuenta Remy.

Las empresas de Remy en Luxemburgo son una prueba de sus vínculos con personajes poderosos del noreste de Francia. En los archivos de Yellowstone SA aparece otro nombre interesante: Alain Guillaumin, director general del Consejo de las Ardenas hasta 2014. Las residencias entraban dentro de su ámbito de actuación, según ha podido saber Investigate Europe por documentos públicos. En 2013, por ejemplo, Guillaumin firmó una ordenanza que fijaba el rango de precios de un centro de Orpea cuya apertura fue asegurada por el propio Remy.

Tras su trabajo como alto funcionario, Guillaumin fue nombrado administrador de Yellowstone entre 2018 y 2021. Guillaumin no respondió a las preguntas de Investigate Europe, pero Remy insiste en que no realizó "favor alguno" a Orpea mientras trabajó para la Administración. En cuanto al periodo posterior a 2017, Remy afirma: "Le sugerí que se convirtiera en administrador de HLI porque estaba buscando financiación para nosotros, y eso le ayudaría en sus esfuerzos, que en todo caso no dieron ningún fruto".

Cuando una periodista de Investigate Europe se reunió por primera vez con Remy en la ciudad de Metz, el empresario llevaba una camisa de cuadros y un maletín. "No tengo nada que ocultar", repetía entre cada explicación. A sus 66 años, ya no trabaja para Orpea y parece ignorar por qué el grupo puso fin a su fructífera asociación de 15 años.

"Creo que hacia el final, sabía demasiado", indica Remy, lo que incluye datos sobre la vida personal y los gastos de algunos de los principales directivos de Orpea. Cuando estaban en privado, se soltaban, mantiene Remy.

¿Sabía efectivamente demasiado? Orpea no quiso hacer comentarios.

Un montaje fiduciario desde un paraíso fiscal

En 2003, mucho antes de su ruptura, la multinacional y el empresario habían sentado las bases de su cooperación. El primer contrato que Remy consiguió para Orpea fue el de la residencia Patrice Groff, también en Charleville-Mézières.

Ya entonces, su comisión cogió un desvío por Luxemburgo. Remy asegura que las instrucciones sobre el tipo de pago, aunque no sobre la cantidad, venían directamente del fundador de Orpea, Jean-Claude Marian, ahora multimillonario retirado que vive en un exilio fiscal en Bélgica.

Yellowstone aún no existía, pero su antecesora, Compagnie de Conseils et Services CSS SA, tenía el mismo propósito. Registrada en 2002 por sociedades pantalla de la isla de Nuie, un paraíso fiscal, esta fiduciaria fue utilizada para pagar una comisión de "un millón de francos", confesó Remy.

Veinte años después, la memoria no le fallaba, a pesar de la nueva moneda europea. En 2003, los estados financieros de CSS SA recogían efectivamente 156.900 euros en concepto de "prestación de servicios".

Investigate Europe localizó a otro antiguo proveedor de negocios de Orpea que fue administrador de CSS SA junto a Remy. Bajo condición de anonimato, confirmó que él mismo envió la factura a la multinacional. También reveló cómo acabó la historia.

"La policía vino una mañana", relató. "Abrí la puerta y se incautaron de todos los archivos". Según comprobó Investigate Europe en los registros de la empresa, la desaparición de CSS SA se produjo tras la visita de los agentes judiciales enviados por los servicios de la Seguridad Social. Como la empresa no podía pagar los 44.000 euros que debía en concepto de cotizaciones sociales, un juzgado declaró su quiebra y fue dada de baja.

El otro escenario para los intermediarios de Orpea

Este desafortunado asunto no impidió a los intermediarios de Orpea continuar su lucrativa colaboración con la multinacional.

Lejos de las colinas septentrionales de las Ardenas, la expansión meteórica de Orpea llegó también al sur de Francia. Allí, en Bouches du Rhône, la venta de dos residencias también implicó comisiones dudosas pagadas a través de jurisdicciones extranjeras.

Una de ellas está siendo investigada por la fiscalía financiera francesa por "fraude fiscal y blanqueo agravado", según informó la revista francesa Challenge el pasado mes de octubre. Las declaraciones de varias fuentes directas han permitido a Investigate Europe rastrear estas transacciones.

En 2008, salieron al mercado dos residencias: Les Alizées en Saint-Cyr-sur-Mer y Paul Cezanne en Aix-en-Provence. Uno de sus principales propietarios, la familia marsellesa Fabre, querían retirarse del negocio. Georges Dubois, un intermediario local, avisó sobre la oportunidad al entonces jefe de desarrollo de Orpea, Léon Guimbretière. La escritura de venta se firmó rápidamente. Las instalaciones de Saint-Cyr se traspasaron "por 10 millones de euros y Paul Cezanne por 15 millones de euros", explicó a Investigate Europe Patrice Fabre, uno de los vendedores.

Pero el acuerdo era doble. En un acuerdo secreto con los negociadores de Orpea, los Fabre también pagaron una suma oculta de 2,5 millones de euros. El dinero llegó primero a la cuenta bancaria de Dubois en España, antes de encontrar el camino hacia la cuenta del jefe de desarrollo en Suiza. "Cuando comprobé mi cuenta, no podía creerlo", afirmó el ex ejecutivo bajo condición de anonimato.

Posteriormente, realizó un viaje a Ginebra con Dubois y los Fabre para repartir el botín. Remy, que de alguna manera también apareció en la foto ese día, aseguró a Investigate Europe que sólo le invitaron a visitar una residencia de ancianos en la ciudad, hasta que Guimbretière le pidió “que les llevara a la Banca Svizera Italiana".

Este banco fue cerrado en 2016 por las autoridades locales tras un caso de malversación de fondos.

"Esperé en el vestíbulo a que resolvieran sus asuntos y nos fuimos a comer cerca", recordó Remy. "Fue entonces cuando me enteré de la comisión suiza y de cómo se transfirió a través de España".

Hoy, los antiguos socios se pasan la pelota unos a otros. Guimbretière acusa a Remy de estar detrás de toda la operación, mientras que Remy afirma que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esta versión es corroborada por Patrice Fabre, que dice que sólo trató con Guimbretière y con Dubois.

Fabre sostiene que aceptar aquella operación era una necesidad. Dada la pésima situación financiera del centro Paul Cezanne, consideró que era la única manera de "salvar" a su familia. Y destaca que declaró ante Hacienda el dinero que recibió de Suiza, y que ni él ni su padre han sido sancionados por las autoridades fiscales.

Investigate Europe no pudo contactar con Dubois, pero Guimbretière reconoció que se embolsó 500.000 euros con esta operación, la única de esa naturaleza en su carrera, destaca. Y asegura que nunca participó en ninguna otra trama con Remy.

El reparto exacto de los 2,5 millones depositados en Suiza sigue siendo un misterio. Guimbretière reconoce que recibió 500.000 euros. Patrice Fabre se niega a dar la cantidad, pero dice que recibió menos de dos millones de euros y "lo declaró todo" ante Hacienda. Remy jura que "no tocó ni un céntimo", ya que no estaba implicado en el caso. En cuanto a Dubois, Investigate Europe no pudo contactar con él.

Una investigación oficial en marcha

14 años después, los protagonistas siguen culpándose mutuamente de esta decisión que, según sospecha la Fiscalía francesa, estaba diseñada para enriquecer a los intermediarios y vendedores mientras engañaban a las autoridades fiscales.

Este tipo de maniobra también dio a Orpea una ventaja considerable frente a sus competidores a la hora de adjudicarse nuevas residencias. Este tipo de prácticas permitía pagar precios más elevados, con un recargo que escapaba a la fiscalidad en Francia. Guimbretière insiste en que Orpea no sabía nada del acuerdo. También en este caso, Orpea dijo que sólo hablaría con la policía.

Interrogada por la revista Challenge cuando se conoció la investigación, Orpea declaró que sus directivos no estaban "directamente implicados", y añadió que al no ser "parte en el procedimiento, Orpea no tiene acceso al expediente del caso".

Sin embargo, al menos el antiguo jefe de desarrollo está implicado en la investigación. Según dijo a Investigate Europe, no sólo fue escuchado por los investigadores, sino que también se le obligó a pagar 400.000 euros en concepto de impuestos. En cuanto a Orpea, no es de extrañar que no pudiera revisar el caso, ya que aún estaba en su fase preliminar. Sin embargo, la sede del grupo fue registrada por agentes anticorrupción el pasado mes de octubre en el marco de la misma investigación.

La fiscalía financiera francesa lleva investigando el contrato de Bouche-du-Rhône desde 2017.

"Llevo 14 años con esta historia", se lamenta el ex jefe de desarrollo. "He cometido un error y no hay día que no me arrepienta. Cuando manejas millones, puedes perder la cabeza y quieres sacar tu tajada...". En la conversación telefónica con Investigate Europe, este empresario jubilado sigue intentando relativizar las cosas: "Después de todo, lo que hicimos sólo es dinero... No matamos a nadie, no murió nadie".

Fuente: Infolibre.es