28 de julio de 2021

España, a pesar de Ayuso, Casado y Abascal, lidera el ranking mundial en vacunación antiCovid.

 Ni el secuestro de las vacunas de Ayuso, ni el odio irradiado por Casado y Abascal sobre la pandemia, ha conseguido paralizar un proceso, que también demuestra bien a las claras, la eficacia del sistema sanitario español.

España lidera desde hoy el ranking mundial de vacunación antiCovid. Así, el presidente, Pedro Sánchez, cumple sus expectativas, las mismas que prometió en una rueda de prensa desde Moncloa en el mes de abril. Mientras, para desgastar la imagen del Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, secuestra dosis de vacuna para ralentizar el proceso y poder responsabilizar al Gobierno.

Medida la de Ayuso que le salió el tiro por la culata. Hasta el presidente gallego, Alberto Núñez Fijóo, pidió las dosis de vacunas extras que guardaba la presidenta de Madrid si no las iba a utilizar.

Más vacunas y más contagios entre los jóvenes

Así las cosas, España lidera la vacunación completa frente al coronavirus, mientras en Europa va también a la cabeza de contagios entre la población más joven este verano.

Sanidad anuncia además tres millones de dosis esta semana y espera que el 90% de 20 a 29 años tenga una dosis a mitad de agosto.

En algunas comunidades, como Euskadi, incluso ya han puesto fecha para finales de agosto a menores con más de 12 años.

Por otra parte, según datos del Ministerio de Sanidad, España ha realizado más de 50,4 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la pandemia

Fuente: Diario16.com

ESPAÑA. Aumentan en Madrid las muertes, la incidencia y los ingresados, pero Ayuso descarta restricciones, al más puro estilo populista de Trump o Bolsonaro.

 Municipios superan una tasa de incidencia por encima de 1.000 casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes

Apenas 24 horas después de que el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, asegurase que con los actuales datos no se contempla implantar medidas restrictivas por la pandemia, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso ha notificado 4.613 nuevos contagios (frente a los 1.283 reportados el día anterior) de los que 3.523 corresponden a las últimas 24 horas.

En una semana, Madrid ha reportado 27.638 nuevos positivos y se han producido 42 muertes. La presión hospitalaria ha pasado de los 673 pacientes en planta el 20 de julio a los 1.180 registrados este lunes 27 de julio. A día de hoy, 183 personas permanecen en la UCI y Madrid solo presenta un dato positivo: las 173 altas hospitalarias que se han producido en el último día.

La comunidad de Madrid presenta una incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes de 718,2. Está por encima de la media nacional (701,92) y es mayor que la registrada en la región la semana pasada (692,86).

En algunos municipios de la región, la tasa de incidencia es incluso superior a 1.000 habitantes en 14 días. Así ocurre, en localidades de más de 50.000 habitantes como Pozuelo de Alarcón (1.077,27) o Torrelodones (1.050,12) y en otros municipios con menor número de habitantes sin que la Comunidad de Madrid adopte restricción nueva alguna. En el distrito Madrid - Centro la incidencia es de 1.147,14 y en otros muchos se queda a poco de alcanzar los 4 dígitos.

Pese a estos datos, desde Madrid insisten en que los datos actuales no hacen necesarias medidas restrictivas por el incremento de contagios. Desde el Gobierno regional consideran que hay que ver la evolución en las próximas semanas, “aumentar vacunación y comprobar que la presión hospitalaria está en términos aceptables, como es le caso en el que nos encontramos”.

Fuente: El Plural.com

ESPAÑA. La incidencia acumulada por coronavirus detiene su ascenso registrando 701 casos

 Este martes España ha registrado 26.391 contagios y 55 muertes más


El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 26.399 nuevos casos de coronavirus, de los que 13.936 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 6.636 registrados el lunes, lo que eleva a 4.368.453 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue aumentando, situándose en los 701,92 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 700,10 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias. Tal y como llevaban advirtiendo las autoridades sanitarias, el ascenso de la incidencia acumulada ha sufrido un freno con tan solo un punto de subida en 24 horas. Cabe recordar que este indicador comenzó a incrementarse exponencialmente desde el pasado 23 de junio, cuando España marcaba 92 casos.

En relación a la evolución de este indicador en las diferentes comunidades autónomas, algunas de las más afectadas actualmente son las que más descenso están registrando como Castilla y León con 65 puntos menos, Cataluña con 39 y Aragón con 34. Por el lado contrario, las autonomías que más están viendo crecer sus indicadores son Galicia con 79 puntos más, País Vasco con 71 y La Rioja con 65.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 55 más, de los cuales 138 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 81.323 personas.

Actualmente hay 9.522 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 1.534 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.419 ingresos y 1.305 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,96% y en las UCI en el 16,59%. En orden de las comunidades autónomas que más ingresos en UCI por coronavirus registra, Cataluña sigue encabezando el primer puesto de la lista con el 44%, le sigue Castilla y León con el 18.41% y, en tercer lugar, la Comunidad de Madrid con 17,92%.

Fuente: El Plural.com

ESPAÑA. La Justicia, el PP y Casado

 La relaciones entre, la Justicia, el PP, y Casado, encajarían como un guante en el argumento de la película del género de espagueti western titulada “El bueno, el feo y el malo”, que a pesar de lo que dicen las encuestas, no creo que políticamente les beneficien, ni siquiera a corto plazo. Así que lo del valor seguro del eslogan, también  lo pongo en cuarentena, como al virus.

Pues la última disculpa de Pablo Casado, después de una serie de exigencias que conculcan varios preceptos constitucionales, es que no quiere que Pedro Sánchez utilice políticamente a los jueces. Tremenda caradura que ‘manda carallo’, como dicen en Galicia.

No hay forma de que el PP, cuando está en la oposición, acepte de buen grado acatar ‘plenamente’ la Constitución. Siempre hay un pero, por ejemplo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, donde su voto es justo y necesario para el cumplimiento cabal del precepto.

Con los sucesivos reparos y demoras a la zorruna alcanza ya categoría de evidencia científica o reflejo de Paulov, una clara intencionalidad política, modalidad filibustera, en la sistemática obstrucción. La última disculpa de Pablo Casado, después de una serie de exigencias que conculcan varios preceptos constitucionales, es que no quiere que Pedro Sánchez utilice políticamente a los jueces. Tremenda caradura que ‘manda carallo’, como dicen en Galicia.

Porque todos los motivos que se han venido aduciendo por parte del Partido Popular son genuina y desvergonzadamente politiqueros. En realidad, partidistas en todas sus características organolépticas: color, olor y sabor.

Todos los motivos que se han venido aduciendo por parte del Partido Popular son genuina y desvergonzadamente politiqueros

En primer lugar la Constitución no contempla ni siquiera la eventualidad de una prórroga. El mandato de los miembros del CGPJ es de cinco años. No de cuatro, que es la duración de una legislatura, de cinco. Y hay suficientes datos para colegir cuál es la razón: que su composición refleje la composición de las cámaras en dos periodos sucesivos. Al no respetar esta exigencia, el PP pretende únicamente obtener con trampa lo que no obtuvo en las urnas: ignorar las nuevas mayorías y estafar, por lo tanto, a los electores en uno de los aspectos fundamentales de su voto.

Plantear que hay que esperar a que se reforme la CE78 o a que se haga una nueva ley que contemple la elección de la mitad de sus miembros por la corporación judicial introduce otra variante no contemplada en la Ley de Leyes: congelar trozos constitucionales hasta que interese. Una Constitución no solo a la carta sino a la nevera. Genial invento.

Pues no: primero hay que cumplir la Constitución, a la que se ha jurado lealtad, y si se quiere cambiar, utilizar el procedimiento que ella misma contempla. Y esto, que vale para los separatistas catalanes del ‘procés’, vale asimismo para el PP y, ‘urbi et orbe’ para todos los españoles.

Al no respetar esta exigencia, el PP pretende únicamente obtener con trampa lo que no obtuvo en las urnas

Pero el asunto, aparte de repugnar a la inteligencia y apestar a trilero, tiene otras variantes merecedoras de un ‘debate doctrinal’ que sería mucho más serio que discutir el sexo de los ángeles.

La primera condición, pues, es la fecha de caducidad. Como los yogures. El yogur pasado de fecha no puede venderse, su comercialización está prohibida, con pena de multa para quien trampee esta norma sanitaria.

Pues con la renovación del CGPJ hay que aplicar el principio del yogur. O el del pollo. Si el órgano de gobierno de los jueces tiene fecha de caducidad, a partir de ese momento se convierte en ilegítimo; y si es ilegítimo, porque no representa lealmente su función, todos sus actos también lo son por contaminación.

¿Puede un TC con su mayoría caducada entender del asunto de si en medio de la mayor pandemia desde 1918, son galgos o podencos, vale el estado de alarma previsto en la Ley Orgánica o los ángeles son trans y hay que aplicar el de excepción? Y quien dice el Tribunal Constitucional dice el Tribunal Supremo.

Pablo Casado, tan puntilloso y tiquismiquis en Europa cuando le interesa desgastar al Gobierno, a costa de lo que sea, ‘marca España’ incluida, podría pedir la autorizada opinión del Tribunal de Justicia Europeo. Incluso el PSOE debería acudir a esta instancia superior con una demanda de aclaración.

Hay más artículos de la CE que pueden ser de aplicación por comparación. Art. 24.2: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley….” En buena lógica, lo que afecta al ‘juez ordinario’ afecta mucho más a los jueces del Tribunal Constitucional o del Supremo, porque los caducados no son de ninguna manera los predeterminados por la Ley de Leyes para los asuntos más elevados. Nada menos.

Y como todos los partidos legalizados son legales (en aplicación del art. 6), lo que parece una perogrullada, plantear vetos en función de la ideología o de comportamientos imaginarios, no es muy constitucional que se diga...

Es tanta la intencionalidad partidista de Pablo Casado, compartida con distinto grado de satisfacción por todos los dirigentes conservadores a lo Trump, aunque parece que unos pocos sienten vergüenza ajena, que nadie con una mediana información duda de que de lo que se trata es de controlar “desde la puerta de atrás”, como dijo un senador bocazas, las salas que juzgan los delitos del PP. A su vez, plantean conflictos espirituosos modo chorro de tinta de calamar gigante: que mantendrán el bloqueo hasta que no se cuente con Podemos, o hasta que Pablo Iglesias se corte la coleta, o que no apoyan a Victoria Rosell, injustamente perseguida por una jauría político-judicial en Canarias, ni tampoco aceptan como candidato al juez Prada, ni mientras se indulten a los políticos presos por el ‘procés’, ni mientras España esté en peligro de romperse…

Todo esto, encima, aparte de demostrar la intencionalidad partidista del filibusterismo, pues todos los argumentos son inequívocamente políticos, va directamente contra la línea de flotación del art. 14, ‘derechos y libertades’: Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o condición personal o social”. Y como todos los partidos legalizados son legales (en aplicación del art. 6), lo que parece una perogrullada, plantear vetos en función de la ideología o de comportamientos imaginarios, no es muy constitucional que se diga. Sobre todo viniendo de un partido que entiende la Constitución ‘de aquella manera…’.

Hará una semana, veía yo uno de los capítulos de Mentes Criminales. De vuelta a la central del FBI los miembros del equipo de Análisis de la Conducta de Quantico, la voz en off que siempre cierra con una cita, lo hacía con esta de la ‘objetivista’ Ayn Rand: “No puede entrar en razón quien piensa de forma automática”.

Hace algún tiempo que se ha abierto una grieta en la presa, que cada legislatura se agranda un poco más. La desvergüenza y la hipocresía han cogido carta de naturaleza. Se plantan árboles de pega para que no pueda verse el verdadero bosque. Pero la derecha tiene que leer más, y mejor, y no seguir fanáticamente solo a los que están de acuerdo con sus intereses, por muy escandalosos que sean. La salud, por ejemplo, solo se puede mezclar con el orden público, como ha hecho la escuálida mayoría del TC para optar por el estado de Excepción frente al no solo previsto para ello sino más razonable y prudente de alarma, si hay porrazos a mansalva, víctimas ensangrentadas y peligro para el sistema.

Karl Popper decía que “siempre que una teoría aparece como la única posible, tomada a rajatabla es señal de que ni se ha entendido la teoría ni el problema que se pretende resolver”. Los tremendistas, casadistas, ayusistas y voxistas, que acusaban a Sánchez de autoritario por activar la Alarma, ahora aplauden a los jueces que consideran que tenía que haber sido más autoritario, mucho más.

Si se abre esta puerta, puede ser difícil cerrarla. Si se banaliza, como se ha hecho, el estado de excepción, se promueve su uso oportunista por los desaprensivos, y lobos con piel de becerro. El ‘riguroso’ debate doctrinal, por otros juristas llamado diarrea mental, tampoco tiene en cuenta el aviso de Albert Einstein: “la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia”. Sobre todo cuando las intenciones son espurias y responden a intereses caducados.

Claro que todo tiene su explicación, a veces más sencilla de lo que parece. En el preámbulo de la Constitución Española el rey Juan Carlos I se dirigía “a todos los que la presente vieren y entendieren…”

Está claro que muchos no la han entendido. No les han llegado las últimas oleadas de la revolución cognitiva que convirtió al mono en hombre

Fuente: huffingtonpost.com

TRIBUNALES. Policía acredita posible cohecho del PP con 18 contratos Gürtel en época de Aznar

Un informe de la UDEF in extremis localiza decenas de millones de sobrecostes en adjudicaciones a Hispánica desde Ministerios entre 2000 y 2004

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado al juez Santiago Pedraz, dentro de la investigación de la caja B y la financiación irregular del Partido Popular, un informe de más de 400 páginas en el que acredita el posible cohecho del PP en la época del Gobierno de José María Aznar a través de numerosas adjudicaciones sospechosas, de unos 23 contratos, con sobrecostes millonarios concedidos a una empresa vinculada a la Gürtel, como es Hispánica S.A., que aparecen al pie del post.

El entonces presidente de esta empresa, Alfonso García Pozuelo, realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que el extesorero Luis Bárcenas llevaba de su puño y letra, y que quedó reflejada en los papeles de Bárcenas. Durante el juicio por la trama principal del caso Gürtel, bautizada como Época I, el constructor ya confesó que pagó al cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, para que lo entregara a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Correa era el intermediario entre los empresarios y las instituciones en manos del partido.

El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza a lo largo de 424 páginas los 23 contratos bajo sospecha y concluye que 18 de ellos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.

La policía centra así su atención en la enorme diferencia entre la propuesta económica inicial que la constructora de García Pozuelo presentaba a concurso para hacerse con la adjudicación y el coste final pagado tras los cambios aplicados por las “circunstancias acaecidas durante la ejecución del contrato, que cambian las condiciones del mismo”.

En este sentido, el informe de la UDEF subraya “inconsistencias en la valoración de la oferta”; la “poca representatividad de los criterios objetivos evaluables mediante fórmulas frente a los criterios objetivos no cuantificables, cuya evaluación tiene un elevado carácter subjetivo”, y otras “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación: publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Todas estas “prácticas señaladas”, incide el documento, “son factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a la corrupción en los procedimientos de contratación pública”.

Pedraz tendrá ahora que valorar este informe, fechado el 20 de julio e incorporado a una causa que ya se ha juzgado parcialmente —toda la parte de la caja b relativa a la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, aún pendiente de sentencia—, pero que mantenía aún en instrucción la parte sobre las donaciones de empresarios a cambio de obra, donde se trata de acreditar el delito de cohecho. Aunque el magistrado dio también por cerrada esta línea de investigación la pasada semana y ahora debe decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva la causa.

Modificados

. Este último análisis de la UDEF mantiene la misma línea plasmada en otro informe anterior por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que entró apenas en una tercera parte de los 23 proyectos y detectó sobrecostes en siete por valor de 70 millones de euros. Ahora, la Policía completa el foco con el análisis de todos ellos. Y, en primer lugar, se centra en lo que técnicamente se denomina “modificados”. Según explican, seis de las obras tuvieron “al menos un modificado” que elevó el preció; y seis de ellos, hasta dos. Estos cambios implicaron que la Administración abonara 95 millones de euros extra por estos conceptos, según los investigadores.

Además, la UDEF apostilla que el “importe del modificado superó el del presupuesto de adjudicación en 13 expedientes”: “Y, en 10 de ellos, estuvo por encima del 17% del precio original”. La Policía destaca esas cifras porque se “aproximaron” al 20%, porcentaje que obliga por ley a pedir un dictamen preceptivo al Consejo de Estado y que permite, incluso, la resolución del contrato. “Los proyectos modificados supusieron en la mayoría de los expedientes una alteración sustancial del proyecto original desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, y temporal, conllevando aumentos en el plazo de ejecución”, remacha el informe, que añade: “En definitiva, a partir de este conjunto de elementos se infiere que los modificados suponían alteraciones sustanciales o esenciales de los proyectos originales y debían haberse efectuado nuevas contrataciones que recogieran las actuaciones a llevar a cabo”.

Obras complementarias

 Otro de los aspectos analizados son las “obras complementarias”: “A diferencia de los proyectos modificados, en los que el proyecto primitivo es sustituido por el proyecto reformado, las obras complementarias siempre dan lugar a un nuevo proyecto, independiente del principal, y, por tanto, a un nuevo expediente de contratación”. En total, ha detectado seis obras complementarias en los seis proyectos por valor de más de 57 millones.

En este punto, la UDEF apunta que las justificaciones alegadas para llevarlas a cabo “mediante un procedimiento negociado sin publicidad” —lo que permitió adjudicárselas a la misma constructora— “no reúnen los requisitos” legales y “deberían haber sido objeto de contratación independiente y no debió autorizarse su ejecución mediante un procedimiento negociado”. “Además, se pone de manifiesto que la valoración del criterio técnico de la propuesta presentada por Constructora Hispánica no se compadece con las justificaciones para efectuar la obra complementaria”.

Certificaciones finales

 La UDEF valora las certificaciones finales de los expedientes, donde “14 [de los 23 proyectos] tienen un gasto adicional por obras próximo al límite del 10% del presupuesto de adjudicación que establece la norma para la introducción de variaciones sin precisar aprobación previa”. Esas 14 adjudicaciones suman más de 35 millones en concepto de “adicional por obra en certificación final”. “Se observa una persistencia en la inclusión en la certificación final de los contratos por parte del contratista de importes adicionales por alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto que representan un gasto cercano al umbral legalmente permitido sin precisar previa aprobación”, recalca el informe.

CASCOS Y LOS NUEVE CONTRATOS DEL CONSEJO DE MINISTROS

El informe de la UDEF hace hincapié en que, de los 23 contratos bajo sospecha, 11 fueron adjudicados por tres organismos dependientes del Ministerio de Fomento —Adif, Aena y la Dirección General de Carreteras— en la etapa en la que Francisco Álvarez-Cascos ocupó la cartera. El documento destaca también que, de estos, nueve tuvieron un presupuesto igual o superior a los 12 millones de euros, por lo que necesitaron la autorización del Consejo de Ministros que entonces presidía José María Aznar para poder ser formalizados.

En su última declaración ante el juez Santiago Pedraz, el pasado 16 de julio, el extesorero Luis Bárcenas señaló a varios ministros de Fomento y, en concreto a Francisco Álvarez Cascos, como presuntos conocedores del sistema de financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios a los que luego se les adjudicaban contratos. Bárcenas describió un episodio en el que Cascos telefoneó supuestamente a Álvaro Lapuerta, su predecesor en la tesorería y señalado también como gestor de la caja b, para reprocharle que hubiera llamado a su director general de Carreteras para tratar una de las adjudicaciones que debían amañar. Según la versión de Bárcenas, solían llamar a directores generales y secretarios de Estado para ello, pero el ministro de Fomento estaba enfadado e indicó a su interlocutor que todas esas gestiones debían pasar por él.

Durante el reciente juicio por el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del PP de la calle Génova, Barcenas ya había señalado a Cascos, que ocupó el puesto de secretario general del partido entre 1989 y 1999, como la persona que ordenó sistematizar el sistema irregular de donaciones. Cuando Cascos compareció como testigo en la vista, días después, lo negó.

Fuente: El Pais.com : El Plural.com



TRIBUNALES. Bárcenas: "Los donantes estaban dispuestos a pagar por reunirse con un ministro"

 El extesorero, ante el juez Pedraz, también salpicó a todos los ministros de Fomento y Medioambiente de los gobiernos del PP

El pasado 16 de julio, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación sobre la Caja B del partido conservador. El que fuera senador por Cantabria del PP admitió ante el magistrado que los empresarios estaban dispuestos a donar dinero a la contabilidad opaca de la formación por reunirse con un ministro.

El extesorero popular definió el concepto de “relaciones públicas”. “Conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo […] eso vale dinero en cualquier sitio”, declaró Bárcenas ante el juez Pedraz. En el audio de las grabaciones realizadas al exsenador conservador en el marco de la investigación sobre la presunta contabilidad opaca responde a estas cuestiones lanzadas por la abogada del Estado Rosa María Seoane.

Bárcenas detalla que no sabe exactamente el funcionamiento del mundo “del lobby” en otros países en los que está “admitido legalmente”. Sin embargo, estima que puede ser “algo parecido a lo que hacíamos nosotros”. “Al final, en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo”, desgranaba el extesorero del PP, quien intentó simplificar su exposición. “Simplificando, eso vale dinero en cualquier sitio”, agregó.

Conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo […] eso vale dinero en cualquier sitio

Durante su comparecencia ante el magistrado, el ex responsable de las finanzas del PP salpicó a “todos” los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos del Partido Popular, realizando una especial mención a Francisco Álvarez Cascos. Bárcenas detalló que todos ellos se trataban con donantes de la contabilidad paralela de la formación sobre adjudicaciones públicas.

Con estas palabras, Bárcenas ratificó ante el juez lo que expuso en su escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, en la que señaló que algunas donaciones tenían un carácter finalista.

Bárcenas señala a los ministros de Fomento y Medio Ambiente

Bárcenas ha respondido a las preguntas de todas las partes presentes en la sala, a excepción del abogado del Partido Popular. Sin embargo, durante el interrogatorio, el ex senador del PP por Cantabria no supo precisar la identidad de la persona que habría pagado para según qué adjudicación. Lo que sí ha explicado es que esta información se encontraba en la documentación que le sustrajo el aparato parapolicial de la Operación Kitchen.

En este sentido, el extesorero ha destacado que todos y cada uno de los ministros de Fomento y Medioambiente de los gobiernos del Partido Popular mantuvieron conversaciones con empresarios donantes a la contabilidad B para tratar las mencionadas licitaciones.

Ha manifestado que los pagos a la caja B otorgaban la capacidad de reunirse con los responsables de las administraciones licitadores. De hecho, según la versión de Bárcenas, este era el principal objetivo de estas donaciones.

Bárcenas ha expuesto un caso concreto durante su testifical. El extesorero ha recordado el momento en el que su predecesor, el fallecido Álvaro Lapuerta, acudió al director general de Carreteras del Estado y ministro en aquella época, Francisco Álvarez Cascos, para abroncarle. El motivo de la discusión giró en torno a la persona a la que debía dirigirse siempre para esos asuntos, es decir, el propio Lapuerta.

El ex responsable de las finanzas del PP agregó que había surgido una disputa interna en Génova y Madrid por las obras de una carretera de la zona norte de la región.

Fuente: El Plural.com

PANDEMIA. Europa preparada" para 3ª dosis al tiempo que 50 países han vacunado menos del 5% de su población

 Un grupo de países ricos mantiene el bloqueo a la liberación de las patentes de las vacunas contra la covid-19 mientras varios de estos gobernantes asumen que habrá tercera dosis. El problema sería realmente grave porque esto supondría que se retrasen aún más las vacunas para los países más pobres.

Las farmacéuticas han conseguido colocar el mensaje de que será necesaria una tercera dosis de las vacunas contra la covid-19 cuando solo el 1,1% de la población de los países de renta baja está inmunizado, según los datos de Our World in Data. La desigual distribución de las vacunas la están sufriendo los más vulnerables en términos globales y sin que los Gobiernos hayan ofrecido una solución real que aumente la producción de las dosis. El problema se agrava si los países ricos empiezan a administrar terceras dosis porque, como ha ocurrido este año, se seguirían acaparando vacunas a través de compras anticipadas y pinchándose en una reducida parte de la población privilegiada por la renta económica del país en el que vive.

Los datos de cobertura vacunal de muchos países son realmente graves. En Europa ya el 70% de la población está vacunado y, por ello, se han relajado muchas restricciones pero los datos a nivel mundial son muy bajos. Solo el 27,5% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y el 13,9% está completamente vacunado. Mientras que en torno a 50 países solo han podido vacunar a menos del 5% de su población y unos 30 a menos del 2%. Siguiendo las estadísticas de Our World in Data del 26 de julio, Haití solo ha vacunado al 0,02%, República Democrática del Congo al 0,09%, Malí al 0,72% y Nicaragua al 3,82%. Estos porcentajes tan bajos se repiten en muchos países, como refleja la siguiente tabla.

Mientras esto ocurre, la Unión Europea (UE) ha asegurado que está "preparada" para vacunar con una tercera dosis. Y, a la vez, ha vuelto a rechazar la supresión de las patentes de las vacunas, la propuesta de India y Sudáfrica para aumentar la producción presentada en octubre de 2020 en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los países miembros informaron este martes al Consejo General de la OMC que quieren más tiempo para discutir tanto la propuesta de la supresión de las patentes así como otro documento que presentó la UE. El texto de los 27, sin embargo, no ofrece ninguna alternativa para aumentar la producción de las vacunas que no esté contemplada ya y que pueda llevarse a cabo.

Fuentes diplomáticas de Ginebra explican a Público que que el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ha solicitado al Consejo General un "tiempo adicional" para seguir discutiendo la supresión de las patentes. En teoría, el plazo para debatir la propuesta de India y Sudáfrica se expiró el 31 de diciembre pero, desde entonces, los Consejos Generales posteriores han aprobado dar más tiempo. Así, previsiblemente, no se dará ningún otro paso hasta el mes de octubre, según apuntan las mismas fuentes.

Organizaciones sanitarias como Salud Por Derecho o Médicos Sin Fronteras (MSF) siguen denunciando que sea un pequeño grupo de países ricos, entre los que se encuentran el bloque de la UE y Reino Unido, los que bloquean la propuesta.

"Muchos países de África reportan actualmente un alto número de muertes debido a la propagación de nuevas y existentes variantes de la COVID-19, y sus gobiernos necesitan urgentemente vacunas, pruebas de diagnóstico, oxígeno y otros tratamientos para ayudar a salvar la vida de los enfermos en estado crítico. Es indignante ver países que bloquean la exención de los ADPIC, una medida que se necesita desesperadamente para eliminar los obstáculos legales y permitir que múltiples fabricantes aumenten la producción de medicamentos, diagnósticos y vacunas esenciales contra la COVID-1", asevera el médico Tom Ellman, director de la Unidad Médica de MSF en África Meridional.

El escenario de la tercera dosis deja en peor a situación a los países pobres pero, además, plantea un debate que realmente no es nuevo. ¿Era necesario vacunar a los jóvenes de Europa cuando los mayores y los sanitarios de África no están inmunizados?, ¿pondrán terceras dosis de las vacunas contra la covid-19 los países ricos sin que los pobres tengan esa misma cobertura vacunal?

Desde incluso antes de que empezara el proceso de inmunización, distintos expertos vaticinaban y lamentaban la vacunación a dos velocidades que están sufriendo los países más pobres. Ante los bloqueos de los países ricos para la supresión de las patentes y los problemas que está sufriendo Covax —el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para distribuir dosis a los países más pobres— para conseguir repartir vacunas, las esperanzas estaban puestas en que los países ricos empezaran a donar más dosis a los pobres cuando alcanzaran la inmunidad de rebaño.

Esto también ha ido perdiendo peso. En primer lugar, porque la previsión de que se consiga la inmunidad de grupo con el 70% de población vacunado ya no se mantiene y ha aumentado por la mayor transmisibilidad de la variante delta. Ahora el porcentaje encimado para conseguir está inmunidad estaría al menos por encima del 80%. En segundo lugar, porque ya se ha priorizado inmunizar a los más vulnerables de otros países frente a personas que no son de riesgo como es la población joven o incluso los niños.

No se ha demostrado la necesidad de la tercera dosis

Más allá incluso del debate ético, la necesidad de la tercera dosis está muy en el aire, pese a las declaraciones de las farmacéuticas e incluso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que, al ser preguntada por esta necesidad en una entrevista en Onda Cero, contestó: "Sí. Lo que habrá que determinar es cuándo".

Sin embargo, aún no hay videncia científica que avale la tercera dosis. De hecho, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, enfrió esta posibilidad  al menos para toda la población al señalar en rueda de prensa este lunes que "la tónica en la mayoría de los países de nuestro entorno es esperar para reunir una mayor evidencia científica antes de determinar el cuándo y a quién se vacunará con una dosis de recuerdo". Los expertos también plantean dudas, como refleja la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Mercedes Jiménez.

De hecho, cabe destacar que la UE habla de la tercera dosis con Pfizer, la gran apuesta de los 27. La comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha afirmado que la UE está "preparada" para conseguir estas dosis a través del plan de adquisición de vacunas. La Comisión Europea trabaja "muy estrechamente" con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y con el Centro Europeo para el Control de Enfermedades para "poder alcanzar una posición común" y la previsión es que la decisión se tome en las próximas semanas.

Fuente: Publico.es