La relaciones entre, la Justicia,
el PP, y Casado, encajarían como un guante en el argumento de
la película del género de espagueti western titulada “El bueno, el feo y el
malo”, que a pesar de lo que dicen las encuestas, no creo que políticamente les
beneficien, ni siquiera a corto plazo. Así que lo del valor seguro del eslogan, también lo pongo en cuarentena, como al virus.
Pues la última
disculpa de Pablo Casado, después de una serie de exigencias que conculcan
varios preceptos constitucionales, es que no quiere que Pedro Sánchez utilice
políticamente a los jueces. Tremenda caradura que ‘manda carallo’, como dicen
en Galicia.
No hay forma de que
el PP, cuando está en la oposición, acepte de buen grado acatar ‘plenamente’ la
Constitución. Siempre hay un pero, por ejemplo para renovar el Consejo General
del Poder Judicial, donde su voto es justo y necesario para el cumplimiento
cabal del precepto.
Con los sucesivos
reparos y demoras a la zorruna alcanza ya categoría de evidencia científica o
reflejo de Paulov, una clara intencionalidad política, modalidad filibustera,
en la sistemática obstrucción. La última disculpa de Pablo Casado, después de
una serie de exigencias que conculcan varios preceptos constitucionales, es que
no quiere que Pedro Sánchez utilice políticamente a los jueces. Tremenda
caradura que ‘manda carallo’, como dicen en Galicia.
Porque todos los
motivos que se han venido aduciendo por parte del Partido Popular son genuina y
desvergonzadamente politiqueros. En realidad, partidistas en todas sus características
organolépticas: color, olor y sabor.
Todos los motivos que
se han venido aduciendo por parte del Partido Popular son genuina y
desvergonzadamente politiqueros
En primer lugar la
Constitución no contempla ni siquiera la eventualidad de una prórroga. El
mandato de los miembros del CGPJ es de cinco años. No de cuatro, que es la
duración de una legislatura, de cinco. Y hay suficientes datos para colegir
cuál es la razón: que su composición refleje la composición de las cámaras en
dos periodos sucesivos. Al no respetar esta exigencia, el PP pretende
únicamente obtener con trampa lo que no obtuvo en las urnas: ignorar las nuevas
mayorías y estafar, por lo tanto, a los electores en uno de los aspectos
fundamentales de su voto.
Plantear que hay que
esperar a que se reforme la CE78 o a que se haga una nueva ley que contemple la
elección de la mitad de sus miembros por la corporación judicial introduce otra
variante no contemplada en la Ley de Leyes: congelar trozos constitucionales
hasta que interese. Una Constitución no solo a la carta sino a la nevera.
Genial invento.
Pues no: primero hay
que cumplir la Constitución, a la que se ha jurado lealtad, y si se quiere
cambiar, utilizar el procedimiento que ella misma contempla. Y esto, que vale
para los separatistas catalanes del ‘procés’, vale asimismo para el PP y, ‘urbi
et orbe’ para todos los españoles.
Al no respetar esta
exigencia, el PP pretende únicamente obtener con trampa lo que no obtuvo en las
urnas
Pero el asunto,
aparte de repugnar a la inteligencia y apestar a trilero, tiene otras variantes
merecedoras de un ‘debate doctrinal’ que sería mucho más serio que discutir el
sexo de los ángeles.
La primera condición,
pues, es la fecha de caducidad. Como los yogures. El yogur pasado de fecha no
puede venderse, su comercialización está prohibida, con pena de multa para
quien trampee esta norma sanitaria.
Pues con la
renovación del CGPJ hay que aplicar el principio del yogur. O el del pollo. Si
el órgano de gobierno de los jueces tiene fecha de caducidad, a partir de ese
momento se convierte en ilegítimo; y si es ilegítimo, porque no representa
lealmente su función, todos sus actos también lo son por contaminación.
¿Puede un TC con su
mayoría caducada entender del asunto de si en medio de la mayor pandemia desde
1918, son galgos o podencos, vale el estado de alarma previsto en la Ley
Orgánica o los ángeles son trans y hay que aplicar el de excepción? Y quien dice
el Tribunal Constitucional dice el Tribunal Supremo.
Pablo Casado, tan
puntilloso y tiquismiquis en Europa cuando le interesa desgastar al Gobierno, a
costa de lo que sea, ‘marca España’ incluida, podría pedir la autorizada
opinión del Tribunal de Justicia Europeo. Incluso el PSOE debería acudir a esta
instancia superior con una demanda de aclaración.
Hay más artículos de
la CE que pueden ser de aplicación por comparación. Art. 24.2: “Asimismo, todos
tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley….” En buena lógica,
lo que afecta al ‘juez ordinario’ afecta mucho más a los jueces del Tribunal Constitucional
o del Supremo, porque los caducados no son de ninguna manera los
predeterminados por la Ley de Leyes para los asuntos más elevados. Nada menos.
Y como todos los
partidos legalizados son legales (en aplicación del art. 6), lo que parece una
perogrullada, plantear vetos en función de la ideología o de comportamientos
imaginarios, no es muy constitucional que se diga...
Es tanta la
intencionalidad partidista de Pablo Casado, compartida con distinto grado de
satisfacción por todos los dirigentes conservadores a lo Trump, aunque parece
que unos pocos sienten vergüenza ajena, que nadie con una mediana información
duda de que de lo que se trata es de controlar “desde la puerta de atrás”, como
dijo un senador bocazas, las salas que juzgan los delitos del PP. A su vez,
plantean conflictos espirituosos modo chorro de tinta de calamar gigante: que mantendrán
el bloqueo hasta que no se cuente con Podemos, o hasta que Pablo Iglesias se
corte la coleta, o que no apoyan a Victoria Rosell, injustamente perseguida por
una jauría político-judicial en Canarias, ni tampoco aceptan como candidato al
juez Prada, ni mientras se indulten a los políticos presos por el ‘procés’, ni
mientras España esté en peligro de romperse…
Todo esto, encima,
aparte de demostrar la intencionalidad partidista del filibusterismo, pues
todos los argumentos son inequívocamente políticos, va directamente contra la
línea de flotación del art. 14, ‘derechos y libertades’: Los españoles son
iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o
condición personal o social”. Y como todos los partidos legalizados son legales
(en aplicación del art. 6), lo que parece una perogrullada, plantear vetos en
función de la ideología o de comportamientos imaginarios, no es muy
constitucional que se diga. Sobre todo viniendo de un partido que entiende la
Constitución ‘de aquella manera…’.
Hará una semana, veía
yo uno de los capítulos de Mentes Criminales. De vuelta a la central del FBI
los miembros del equipo de Análisis de la Conducta de Quantico, la voz en off
que siempre cierra con una cita, lo hacía con esta de la ‘objetivista’ Ayn
Rand: “No puede entrar en razón quien piensa de forma automática”.
Hace algún tiempo que
se ha abierto una grieta en la presa, que cada legislatura se agranda un poco
más. La desvergüenza y la hipocresía han cogido carta de naturaleza. Se plantan
árboles de pega para que no pueda verse el verdadero bosque. Pero la derecha
tiene que leer más, y mejor, y no seguir fanáticamente solo a los que están de
acuerdo con sus intereses, por muy escandalosos que sean. La salud, por
ejemplo, solo se puede mezclar con el orden público, como ha hecho la escuálida
mayoría del TC para optar por el estado de Excepción frente al no solo previsto
para ello sino más razonable y prudente de alarma, si hay porrazos a mansalva,
víctimas ensangrentadas y peligro para el sistema.
Karl Popper decía que
“siempre que una teoría aparece como la única posible, tomada a rajatabla es
señal de que ni se ha entendido la teoría ni el problema que se pretende resolver”.
Los tremendistas, casadistas, ayusistas y voxistas, que acusaban a Sánchez de
autoritario por activar la Alarma, ahora aplauden a los jueces que consideran
que tenía que haber sido más autoritario, mucho más.
Si se abre esta
puerta, puede ser difícil cerrarla. Si se banaliza, como se ha hecho, el estado
de excepción, se promueve su uso oportunista por los desaprensivos, y lobos con
piel de becerro. El ‘riguroso’ debate doctrinal, por otros juristas llamado
diarrea mental, tampoco tiene en cuenta el aviso de Albert Einstein: “la teoría
es asesinada tarde o temprano por la experiencia”. Sobre todo cuando las
intenciones son espurias y responden a intereses caducados.
Claro que todo tiene
su explicación, a veces más sencilla de lo que parece. En el preámbulo de la
Constitución Española el rey Juan Carlos I se dirigía “a todos los que la
presente vieren y entendieren…”
Está claro que muchos
no la han entendido. No les han llegado las últimas oleadas de la revolución
cognitiva que convirtió al mono en hombre
Fuente: huffingtonpost.com