6 de septiembre de 2021

APERTURA AÑO JUDICIAL. Lesmes critica injerencia del Gobierno por justificación de los indultos

 El presidente del Tribunal Supremo urge una renovación del CGPJ "en las próximas semanas" y critica la reforma impulsada por PSOE y Podemos que impide hacer nombramientos mientras están en funciones. Mientras que la Fiscal General del Estado destacó el aumento de delitos de odio y de violencia de género.

Previo al discurso de Lesmes ha intervenido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha ofrecido los datos de la memoria de la Fiscalía del año 2020. Ha puesto de relieve los datos de violencia de género, con 33 asesinadas en lo que va de año y ha recordado a las mujeres de Afganistán.

La fiscal ha hecho hincapié en los delitos de odio y discriminación, que “atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática”.

Los motivos más numerosos se refieren a la orientación sexual y al racismo y la xenofobia. Según los datos de la memoria, se aprecia un sensible aumento del motivo ideológico, especialmente a través de las redes sociales.

El Presidente del Supremo eleva el tono

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha elevado hoy el tono ante una situación, a su juicio, cada vez más preocupante de injerencia política en la justicia. Ha denunciado la intromisión que considera que hace el Gobierno al justificar los indultos de los líderes de procés como una forma de recuperar la concordia frente al revanchismo del Tribunal Supremo. Para Lesmes, lo que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez es inaceptable y así lo ha expresado hoy en su discurso de apertura del año judicial frente al rey Felipe VI.

Pero también ha tenido duras palabras para los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, por mantener desde hace casi tres años bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, ha insistido en la "urgencia" de que el Consejo sea renovado en las próximas semanas. En este punto, el PSOE ha acusado al PP de negarse a llegar a un acuerdo para elegir a los veinte vocales del órgano de los jueces. Sin embargo, la formación de Pablo Casado ya ha dicho que no piensa ceder hasta que no haya una reforma de la ley para que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo. Las exigencias del PP impiden que se cumpla la petición de Lesmes porque la reforma de una ley orgánica necesita unos plazos y se alargaría meses. Además, los socialistas ya han dicho que a día de hoy no se contempla tal reforma.       

Lesmes critica la injerencia del Gobierno por la justificación de los indultos

Respecto a esa falta de independencia judicial, Lesmes ha puesto como ejemplo los indultos a los líderes del procés. Lesmes ha advertido que para justificar la concesión de la medida de gracia, el Gobierno llegó a contraponer “la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante a concesión de los indultos que el Ejecutivo pensaba en la “concordia” frente a la “venganza”, o que ya produjo fuertes críticas desde el Poder Judicial.

Lesmes ha arrancado su discurso ante el rey Felipe VI advirtiendo que en este año su intervención estaría dedicada a la independencia del poder judicial. Así, puso de manifiesto que la independencia de los jueces se pone en ocasiones en entredicho “especialmente desde algunas instancias políticas”, cuando las decisiones judiciales “se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado”.

En una sala del Supremo en la que estaban presentes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, o el líder del PP, Pablo Casado, entre otros, el también presidente de Consejo General del Poder Judicial ha defendido que la función de los jueces y magistrados se limita a juzgar y hacer ejecutar o juzgado, “con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier índole”.

Así, defiende que su labor es ajena a esa “idea de revancha o con ese sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”. Así, añade: “la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, son un instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”. 

“Anormal situación” del CGPJ

Como era esperado, Lesmes ha vuelto a criticar la situación de bloqueo para la renovación del CGPJ, que llevaba ya 1.000 días prorrogado. El presidente del órgano ha calificado de “anormal situación” del actual Consejo “por causas que le son completamente ajenas”.

Ha insistido en el deber de cumplir con la Constitución, que fija en cinco años el mandato del órgano. “Esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas (Congreso y Senado), sin que un deber que dimana de la propia Constitución, pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”.

Lesmes ha mencionado que el Consejo fue creado para garantizar tanto la “autonomía del Poder Judicial respecto del poder político” como la salvaguarda de la independencia de cada uno de sus miembros.

El presidente del órgano de los jueces ha recordado a los políticos la doctrina fijada por Europa respecto a la composición del CGPJ y de la independencia judicial. Lesmes hace así suya la reivindicación de las asociaciones judiciales sobre la necesidad de reformar la ley para que sean los jueces y no los políticos quienes elijan a los vocales que conforman el Consejo.

Crítica a la reforma que limita sus funciones

Carlos Lesmes también ha usado su palabra en la apertura de año judicial para poner el foco en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por PSOE y Unidas Podemos y aprobada en las cortes para limitar las funciones de Consejo mientras se encuentra prorrogado, y que impide concretamente seguir haciendo nombramientos de jueces. Según Lesmes, esta reforma ha “agravado la situación”. Ha insistido en que la imposibilidad de hacer nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Supremo estos últimos seis meses “coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este alto tribunal”, en el cual hay once plazas si cubrir.

“La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales”.

Así, sostiene que la justificación de la necesaria renovación del Consejo “no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”.

Reclama una renovación en “las próximas semanas”

A su juicio, estas acciones promovidas en el Congreso ha “debilitado” la “legítima función del Consejo”. “Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.

El presidente del Supremo ha recalcado que la situación “resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos”.

EDITORIAL

Valoro y respeto el discurso de D. Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, pero la única palabra que deseaba escuchar y no se pronunció, era la de su dimisión, después de 1.000 días de mandato caducado del CGPJ y antes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la ONU exijan rendir cuentas, respecto de la sentencia condenatoria  a los políticos, ahora indultados, del procés catalán.

Fuente: La Vanguardia.com

PRIVACIDAD. 225 millones de multa a WhatsApp al no contar a sus usuarios cómo compartía sus datos con Facebook

 La autoridad de protección de datos de Irlanda quintuplicó la sanción propuesta inicialmente, tras la presión de varios países europeos

La Comisión para la Protección de Datos (DPC, en sus siglas en inglés) de Irlanda, la máxima autoridad digital del país, ha anunciado este jueves su decisión de imponer una multa récord de 225 millones de euros (267 millones de dólares) a la compañía de mensajería móvil WhatsApp. 

La decisión responde al incumplimiento por parte de la plataforma del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, al no haber informado a sus usuarios de cómo estaba compartiendo su información con Facebook, su compañía madre. La investigación, iniciada en diciembre de 2018, buscaba determinar si la aplicación “cumplía con sus obligaciones de transparencia” en lo que respecta a informar a los usuarios de cómo se utilizarían sus datos. La comisaria irlandesa Helen Dixon, al frente de la DPC, ha tenido que dar su brazo a torcer y elevar cuantiosamente la propuesta inicial de multa, después de que varias autoridades regulatorias de otros países de la UE protestaran la decisión. El regulador irlandés tiene competencia en este caso dado que Facebook tiene su sede europea en este país.

Se trata de la multa más cuantiosa expedida por la DPC y una de las más altas impuestas en la Unión Europea en relación con el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El pasado julio la Comisión Nacional para la Protección de Datos (CNPD) de Luxemburgo sancionó a Amazon con 746 millones de euros por considerar que incumplió la ley europea en el tratamiento de los datos. El organismo de protección de datos de Irlanda tiene abiertas en total una veintena de investigaciones contra las tecnológicas.

El organismo irlandés ya presentó el pasado diciembre a varios organismos reguladores comunitarios una decisión preliminar sobre esta cuestión, en la que imponía una multa casi cinco veces inferior, de 50 millones de euros, pero ocho de esas entidades rechazaron las conclusiones y pidieron elevar la cuantía. El caso fue a parar al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés), que ordenó a la DPC que aumentara la sanción inicial. En el comunicado en el que la DPC comunica la multa, conmina también a WhatsApp a cumplir la normativa de protección de datos de la Unión Europea.

El RGPD, en vigor desde 2018, otorga mayores poderes a los reguladores para proteger a los consumidores frente a los gigantes digitales como Facebook, Google, Apple y Twitter, que, atraídos por un tratamiento fiscal favorable, han elegido Irlanda como sede. El RGPD permite a los reguladores multar a estos grupos hasta con el 4% de su facturación global.

“WhatsApp se compromete a proporcionar un servicio seguro y privado. Hemos trabajado para garantizar que la información que proporcionamos sea transparente y completa y seguiremos haciéndolo”, aseguró un portavoz de WhatsApp en un breve comunicado. “No estamos de acuerdo con la decisión de hoy sobre la transparencia que proporcionamos a las personas en 2018 y las sanciones son totalmente desproporcionadas”, subrayó, precisando que la empresa presentará un recurso esta decisión.

El abogado austriaco Max Schrems, fundador del bufete Noyb (acrónimo de None of Your Business, No es asunto tuyo), que pleitea desde años contra Apple, Google y Facebook por cuestiones de privacidad, aseguró tras conocer que WhatsApp recurriría la decisión que “en el sistema judicial irlandés esto significará que pasarán años antes de que se pague realmente cualquier multa”. “En nuestros casos hemos tenido a menudo la sensación de que el CPD está más preocupado por los titulares que por hacer realmente el trabajo de fondo”, añadió.

A principios de este año, WhatsApp anunció que cambiaría sus términos de uso para poder compartir determinados datos personales con Facebook, lo que teóricamente permitiría a la empresa matriz hacer negocio con ellos. El anuncio desató una enorme polémica global y el trasvase de usuarios a otras plataformas de mensajería como Telegram o Signal. La compañía amagó primero con eliminar las cuentas de aquellos usuarios que no aceptaran las nuevas condiciones y luego con limitar sus funcionalidades, pero finamente reculó y retiró las amenazas. La medida no afectaba en todo caso a los residentes en la UE, que quedaban protegidos precisamente por el RGPD.

Fuente: El Pais.com

España y los fallos del mercado eléctrico

El problema del sector no es de una falta de regulación, sino de una reglamentación que ha sido históricamente ineficiente

El disparatado aumento del precio de la luz registrado durante los últimos meses en España ha puesto al descubierto la deficiente regulación del mercado eléctrico. El problema del sector no es de una falta de regulación, sino de una reglamentación que ha sido históricamente ineficiente.

La evolución del precio de la luz, que alcanzó los 140 euros el megavatio hora (MWh) a principios de mes, ha puesto al descubierto que nuestro mercado está mucho peor regulado que el europeo, donde los ciudadanos no sufrieron subidas tan bruscas y repentinas.

Este problema se ha visto agravado por las conductas de determinadas compañías que han aprovechado la coyuntura alcista para vender electricidad al triple de su coste de producción, como ha sido el caso de la hidráulica y la nuclear, con instalaciones ya amortizadas. También ha despertado desconfianza el encarecimiento de la electricidad generada con gas al aplicar los precios últimos más caros, aunque lo hubieran adquirido con anterioridad mucho más barato.

Existen sospechas de que el aumento de los derechos de emisión de CO₂ se ha visto estimulado por la entrada de especuladores internaciones que han distorsionado al alza los precios. Unos derechos que no deberían ser percibidos por las tecnologías no contaminantes.

Los ciudadanos pueden intuir que se trata de un problema muy complejo, pero comprueban que nuestro sistema es peor que el de nuestros vecinos. El sistema eléctrico está fuertemente intervenido en todos los países para corregir sus ineficiencias. La regulación pretende corregir los llamados fallos del mercado, que en nuestro caso han resultado extraordinariamente beneficiosos para las compañías a costa de ciudadanos y empresas.

La economista Mariana Mazzucato ha propuesto un cambio radical para afrontar los desafíos que es incapaz de resolver el sistema capitalista actual. En su reciente libro Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo (Taurus), propone repensar el papel de los Estados para recuperar su función social y el sentido del interés público.

Mazzucato plantea sustituir la idea de que el papel del Gobierno es “solucionar, regular, redistribuir: corregir los mercados que funcionan mal”, por un nuevo pensamiento que se orienta por misiones. El enfoque de las misiones implica que la economía política utilice la idea de propósito público para guiar las políticas y la actividad empresarial. En su opinión, “el propósito público debe ser un elemento fundamental en la manera de generar riqueza colectivamente”.

Una estrategia basada en misiones “significa diseñar políticas que catalicen la inversión, la innovación y la colaboración entre una gran variedad de agentes económicos, involucrando tanto a las empresas como a los ciudadanos”. En definitiva, conformar antes el mercado y no corregir después. Es decir, plantear previamente “qué clase de mercados queremos en vez de qué problema del mercado es necesario corregir”.

A la luz de estas ideas es necesario que el nuevo diseño del sector cuente con una participación activa de todas las partes implicadas, sobre todo de las asociaciones de consumidores. Hay que compensar el inmenso poder de las compañías para lograr un sistema equilibrado.

Fuente: El Pais.com