El problema del sector no es de una falta de regulación,
sino de una reglamentación que ha sido históricamente ineficiente
La evolución del precio de la luz, que
alcanzó los 140 euros el megavatio hora (MWh) a principios de mes, ha puesto al
descubierto que nuestro mercado está mucho peor regulado que el europeo, donde
los ciudadanos no sufrieron subidas tan bruscas y repentinas.
Este problema se ha visto agravado por
las conductas de determinadas compañías que han aprovechado la coyuntura
alcista para vender electricidad al triple de su coste de producción, como ha
sido el caso de la hidráulica y la nuclear, con instalaciones ya amortizadas.
También ha despertado desconfianza el encarecimiento de la electricidad
generada con gas al aplicar los precios últimos más caros, aunque lo hubieran
adquirido con anterioridad mucho más barato.
Existen sospechas de que el aumento de
los derechos de emisión de CO₂ se ha visto estimulado por la entrada de
especuladores internaciones que han distorsionado al alza los precios. Unos
derechos que no deberían ser percibidos por las tecnologías no contaminantes.
Los ciudadanos pueden intuir que se
trata de un problema muy complejo, pero comprueban que nuestro sistema es peor
que el de nuestros vecinos. El sistema eléctrico está fuertemente intervenido
en todos los países para corregir sus ineficiencias. La regulación pretende
corregir los llamados fallos del mercado, que en nuestro caso han resultado
extraordinariamente beneficiosos para las compañías a costa de ciudadanos y
empresas.
La economista Mariana Mazzucato ha
propuesto un cambio radical para afrontar los desafíos que es incapaz de
resolver el sistema capitalista actual. En su reciente libro Misión Economía.
Una guía para cambiar el capitalismo (Taurus), propone repensar el papel de los
Estados para recuperar su función social y el sentido del interés público.
Mazzucato plantea sustituir la idea de
que el papel del Gobierno es “solucionar, regular, redistribuir: corregir los
mercados que funcionan mal”, por un nuevo pensamiento que se orienta por
misiones. El enfoque de las misiones implica que la economía política utilice
la idea de propósito público para guiar las políticas y la actividad
empresarial. En su opinión, “el propósito público debe ser un elemento
fundamental en la manera de generar riqueza colectivamente”.
Una estrategia basada en misiones “significa
diseñar políticas que catalicen la inversión, la innovación y la colaboración
entre una gran variedad de agentes económicos, involucrando tanto a las
empresas como a los ciudadanos”. En definitiva, conformar antes el mercado y no
corregir después. Es decir, plantear previamente “qué clase de mercados
queremos en vez de qué problema del mercado es necesario corregir”.
A la luz de estas ideas es necesario
que el nuevo diseño del sector cuente con una participación activa de todas las
partes implicadas, sobre todo de las asociaciones de consumidores. Hay que
compensar el inmenso poder de las compañías para lograr un sistema equilibrado.
Fuente: El Pais.com