DE LA FRAGILIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE GUERRA

Investigación de Amnistía Internacional concluye que Trump podría ser culpable de crímenes de guerra.

Amnistía Internacional acusa a EEUU de "no tomar todas las precauciones" y violar el derecho internacional en su ataque contra un colegio infantil en Irán

El 28 de febrero de 2026 marca una fecha especialmente oscura en el escenario geopolítico contemporáneo. 

Ese día, Estados Unidos e Israel iniciaron ofensiva militar contra Irán que, además de ir por objetivos estratégicos, derivó en ataques salvajes contra población civil. El bombardeo de una escuela infantil en la ciudad de Minab, en el sur del país, se convirtió en el símbolo más crudo de una intervención que ha sido ampliamente cuestionada por su legalidad y su ética.

La magnitud de la tragedia es difícil de asimilar: al menos 168 personas murieron, entre ellas más de 100 niños. La escuela Shajareh Tayyebeh, un espacio concebido para la educación y protección de menores, fue reducida a escombros en cuestión de segundos. Este hecho no solo representa una pérdida irreparable de vidas humanas, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre el respeto al derecho internacional humanitario por parte de las potencias implicadas.

Estados Unidos reconoció la autoría del ataque, alegando que se trató de un error de inteligencia. Según su versión, el objetivo era un edificio adyacente perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional ponen en duda esta justificación. El análisis de imágenes satelitales, restos de munición, testimonios y declaraciones oficiales revela que la escuela estaba claramente diferenciada del complejo militar desde al menos 2016, separada por muros y accesos independientes.

Este contexto convierte el “error” en una posible negligencia grave. El derecho internacional humanitario establece de manera inequívoca la obligación de distinguir entre objetivos militares y civiles. Las escuelas, como bienes civiles, están explícitamente protegidas. Además, incluso en el caso de proximidad a un objetivo militar, las fuerzas atacantes deben tomar todas las precauciones posibles para minimizar daños a la población civil. Entre estas medidas se incluyen la elección de horarios que reduzcan la presencia de personas o la emisión de advertencias previas. Ninguna de estas precauciones parece haberse aplicado en Minab.

El momento del ataque agrava aún más la responsabilidad. Ocurrió a las 9:45 de la mañana, cuando la escuela estaba en pleno funcionamiento. De hecho, según testimonios recogidos, el centro había pedido a las familias que recogieran a sus hijos debido a la escalada de tensiones. Muchas de ellas se encontraban en camino cuando el bombardeo tuvo lugar. La escena descrita por los testigos —vecinos intentando rescatar a niños, profesores permaneciendo en el edificio hasta el final— refleja no solo el horror del momento, sino también la absoluta falta de previsión por parte de los atacantes.

Amnistía Internacional ha concluido que Estados Unidos violó el derecho internacional humanitario al no adoptar las medidas necesarias para proteger a la población civil. La organización plantea dos escenarios igualmente preocupantes: o bien no se identificó correctamente el objetivo, lo que evidenciaría un fallo grave de inteligencia, o bien se conocía la presencia de civiles y se decidió atacar igualmente, lo que constituiría un acto imprudente e indiscriminado. En ambos casos, el resultado es el mismo: una posible comisión de un crimen de guerra.

Este episodio no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la impunidad de los actores internacionales. La repetición de patrones —ataques a zonas densamente pobladas, justificaciones basadas en errores técnicos, ausencia de consecuencias claras— erosiona la credibilidad del sistema internacional y debilita los mecanismos diseñados para proteger a los más vulnerables.

En definitiva, el ataque a la escuela de Minab no solo representa una tragedia humanitaria, sino también un desafío directo al orden jurídico internacional. 

La exigencia de una investigación transparente y la rendición de cuentas no son meros formalismos, sino condiciones indispensables para preservar los principios básicos de humanidad en tiempos de guerra. Sin ellas, el riesgo es claro: que la excepción se convierta en norma y que la vida civil pierda definitivamente su carácter inviolable.

Fuente: El Plural.com

Respecto la situación jurídica del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

En términos legales estrictos, Benjamín Netanyahu no ha sido declarado culpable ni condenado como criminal de guerra hasta la fecha de marzo de 2026. Sin embargo, se encuentra en una situación jurídica sin precedentes que lo sitúa bajo esa acusación formal ante la comunidad internacional.

A continuación, se detalla su situación actual:

• Orden de arresto vigente.- En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra él por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza.
• Cargos específicos.- La CPI determinó que existen "motivos razonables" para creer que es responsable de delitos como el uso del hambre como método de guerra, asesinato, persecución y ataques directos contra la población civil.
• Implicaciones internacionales.- Aunque no hay una sentencia firme, la orden de arresto obliga legalmente a los más de 120 países miembros de la CPI (como los de la Unión Europea) a detenerlo si entra en su territorio. Países como Noruega han confirmado recientemente (marzo de 2026) que cumplirían con esta obligación.
• Postura de Israel y aliados.- Netanyahu y su gobierno rechazan tajantemente la jurisdicción de la CPI, calificando las acusaciones de "antisemitas" y políticamente motivadas. Estados Unidos tampoco reconoce la autoridad de este tribunal sobre líderes israelíes.

En resumen. Netanyahu es un sospechoso legal con orden de captura internacional por crímenes de guerra, pero no ha sido sentenciado ni declarado criminal de guerra en juicio formal.

Fuente: ONU

Pronóstico del presidente de Gad3 si en España hubiese elecciones generales ahora. Y de si habrá acuerdo entre PP y Vox, y cuando será.

 El análisis político en España tras las recientes elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León revela un escenario complejo, marcado por la fragmentación del voto y la necesidad de pactos entre fuerzas ideológicamente afines.

Desde de la interpretación del demóscopo Narciso Michavila, presidente de Gad3, se puede trazar un diagnóstico claro: 

El cambio político a nivel nacional es posible, pero no está garantizado, ya que depende fundamentalmente de la capacidad de entendimiento entre el Partido Popular y Vox.

En primer lugar, los resultados electorales en estas tres comunidades muestran un patrón consistente: el Partido Popular ha sido la fuerza más votada con amplitud, lo que refleja un respaldo significativo por parte del electorado. Sin embargo, esta victoria no se traduce automáticamente en capacidad de gobierno. La aritmética parlamentaria obliga al PP a buscar el apoyo de Vox, una circunstancia que pone de manifiesto la importancia de las coaliciones en el actual sistema político español. La negativa o reticencia de Vox a facilitar gobiernos sin acuerdos concretos introduce un elemento de incertidumbre que dificulta la formación de ejecutivos estables.

Michavila interpreta este escenario como un mensaje claro del electorado. A su juicio, los votantes han “hecho sus deberes” al configurar mayorías que requieren cooperación entre ambas formaciones. Es decir, la responsabilidad de desbloquear la situación recae ahora en los partidos, no en los ciudadanos. Esta idea subraya una tensión habitual en sistemas multipartidistas: la voluntad popular puede quedar parcialmente frustrada si los actores políticos no logran alcanzar acuerdos.

La consecuencia más relevante de esta falta de entendimiento podría ser su proyección a nivel nacional. Según el experto, si los resultados autonómicos se replicaran en unas elecciones generales, el cambio de gobierno sería factible. No obstante, advierte que dicho cambio depende de un factor crucial: la coordinación entre PP y Vox. En ausencia de pactos, el actual presidente podría mantenerse en el poder independientemente del momento en que se celebren los comicios. Así, la clave del futuro político de España no reside únicamente en los resultados electorales, sino en la capacidad de negociación posterior.

Por otro lado, Michavila rechaza la idea de que Vox haya obtenido malos resultados. Considera que esta percepción responde más a expectativas infladas que a la realidad de los datos. En este sentido, establece un paralelismo con otros líderes políticos del pasado, como Albert Rivera o Pablo Iglesias, quienes también se vieron impulsados por expectativas poco realistas que posteriormente no se materializaron. Este fenómeno pone de relieve el papel que juegan las narrativas mediáticas y las encuestas en la construcción de percepciones políticas.

Asimismo, el analista minimiza la influencia de factores como el discurso del “no a la guerra” en los resultados electorales recientes, calificándolo como un enfoque excesivamente centrado en la política nacional y madrileña. Esto sugiere que los votantes en elecciones autonómicas tienden a priorizar cuestiones más cercanas o específicas de su territorio, en lugar de debates de carácter internacional o estatal.

Finalmente, Michavila plantea una reflexión sobre el legado político del actual gobierno. Señala que el presidente podría dejar tras de sí un partido socialista hegemónico en la izquierda, con sus competidores debilitados. Sin embargo, esta hegemonía no sería necesariamente resultado de una fortaleza propia absoluta, sino también de la incapacidad del bloque de derechas para articular una alternativa viable. De este modo, el equilibrio político en España se presenta como una combinación de fuerzas: la consolidación de un bloque y la descoordinación del otro.

En conclusión, el panorama político español atraviesa un momento decisivo en el que los resultados electorales, por sí solos, no determinan el rumbo del país. La clave reside en la política de pactos, especialmente entre el Partido Popular y Vox. La capacidad de ambas formaciones para superar sus diferencias y construir una alternativa conjunta será determinante para el futuro gobierno de España. Mientras tanto, la falta de acuerdos podría perpetuar la situación actual, evidenciando que, en política, ganar no siempre es suficiente para gobernar.

Fuente: Huffington

POSDATA

Jesús Cintora, pregunta a Ernesto Ekaizer, si Feijóo "está suplicando" a Abascal y éste no deja lugar a dudas.

El escenario político que se dibuja tras las elecciones autonómicas en Castilla y León refleja, una vez más, la compleja dinámica de dependencias entre el Partido Popular y Vox. En este contexto, las declaraciones cruzadas y las interpretaciones mediáticas ponen de relieve no solo una negociación coyuntural, sino también una tensión estratégica más profunda que afecta al equilibrio de la derecha española.

El intercambio entre Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer sitúa el foco en la actitud de Alberto Núñez Feijóo frente a Santiago Abascal. La pregunta de si Feijóo “está suplicando” no es meramente retórica, sino que apunta a una percepción creciente: la urgencia del líder popular por cerrar acuerdos revela una posición de debilidad relativa, condicionada por la aritmética parlamentaria.

Tras los comicios, Vox vuelve a erigirse como actor imprescindible para la formación de gobiernos en varias comunidades autónomas. Esta situación otorga a Abascal una capacidad de presión que trasciende lo regional, proyectándose sobre la estrategia nacional del PP. Feijóo, consciente de que el tiempo juega en su contra, intensifica su discurso apelando a la responsabilidad democrática y a la necesidad de respetar los resultados electorales. Sin embargo, esta apelación encierra una paradoja: quien obtuvo más votos se ve obligado a negociar desde una posición en la que no puede imponer sus tiempos ni sus condiciones.

Ekaizer interpreta esta urgencia como un intento claro de evitar una repetición electoral, escenario que podría erosionar aún más la posición del Partido Popular. Pero introduce, además, una variable clave: el calendario político. La cercanía de futuras elecciones, como las andaluzas, condiciona la estrategia de Vox, que podría optar por dilatar los acuerdos para maximizar su rédito electoral. En este sentido, la negativa o demora de Abascal no sería una simple cuestión de negociación, sino una táctica política calculada dentro de una lógica de crecimiento político.

Más allá de la táctica, el análisis de Ekaizer introduce un elemento ideológico que amplía el debate. Al señalar coincidencias en política internacional, sugiere que las diferencias entre ambos líderes podrían ser menos significativas de lo que aparentan en el plano discursivo. 

Esta perspectiva desplaza la discusión desde el terreno de las formas —si hay súplica o urgencia— hacia el fondo: la convergencia programática y sus implicaciones para el sistema político español.

En definitiva, la situación descrita evidencia una relación asimétrica, donde el Partido Popular necesita a Vox más de lo que Vox necesita al Partido Popular en este momento concreto. La urgencia de Feijóo, interpretada por algunos como una forma de presión y por otros como una señal de debilidad, refleja las limitaciones de un liderazgo condicionado por la fragmentación del voto y la necesidad de pactos. Mientras tanto, Abascal mantiene una posición expectante, consciente de que cada día sin acuerdo puede reforzar su capacidad negociadora.

Este episodio no solo ilustra una negociación política puntual, sino que también pone de manifiesto una tendencia estructural: la consolidación de un sistema en el que las mayorías absolutas son cada vez más difíciles y donde los equilibrios dependen de alianzas que, lejos de ser automáticas, caracterizadas por intereses estratégicos, tiempos electorales y afinidades ideológicas.

Fuente: El Plural.com

TUNGSTENO O WOLFRAMIO. Recurso invisible que sostiene el poder global

 El tungsteno o wolframio, es una materia prima que normalmente pasa inadvertida, pero que es clave, para industrias y ejércitos, de todo el mundo.

En el entramado de materias primas que sostienen la economía y la seguridad mundial, pocas resultan tan decisivas y, al mismo tiempo, tan desconocidas como el tungsteno —también llamado wolframio—. 

Lejos de captar la atención pública como el petróleo o el litio, este metal pesado se ha convertido en un pilar silencioso de la industria moderna y, especialmente, de la capacidad militar de los Estados. Su relevancia no solo radica en sus propiedades físicas excepcionales, sino también en su creciente valor estratégico en un contexto de tensiones geopolíticas y reconfiguración de las cadenas de suministro.

El tungsteno posee características únicas que lo sitúan en una categoría singular dentro de los elementos de la naturaleza. Destaca por tener el punto de fusión más alto de todos los metales, una extraordinaria resistencia a la tracción y una presión de vapor extremadamente baja. Estas cualidades lo convierten en un material idóneo para entornos extremos, donde otros metales fallarían. Además, su elevada densidad lo hace especialmente útil en aplicaciones que requieren resistencia a altas presiones, protección contra la radiación y durabilidad frente a la corrosión. No es casualidad que su uso se extienda desde la industria nuclear y médica hasta la fabricación de componentes de alta precisión.

Sin embargo, es en el ámbito militar donde el tungsteno adquiere una dimensión crítica. Su capacidad para sustituir al plomo en municiones lo ha convertido en un elemento clave en la evolución del armamento moderno. Actualmente, se emplea en proyectiles de tanques, aeronaves y sistemas de artillería, así como en misiles, blindajes y motores de cazas de combate. Esta creciente dependencia ha llevado a que organismos como la Unión Europea y el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo incluyan en sus listas de minerales críticos, reconociendo su importancia para la seguridad nacional y la autonomía estratégica.

El problema radica en su escasez y en la concentración geográfica de su producción. La extracción de tungsteno es compleja y solo unos pocos yacimientos en el mundo resultan económicamente viables. En este escenario, China domina de forma abrumadora el mercado, con aproximadamente el 80% de la producción global, seguida a gran distancia por países como Rusia o Corea del Norte. Esta concentración otorga a Pekín una poderosa herramienta de influencia geopolítica, como quedó demostrado en febrero de 2025, cuando impuso restricciones a la exportación del metal. La medida provocó un aumento inmediato de los precios, con subidas cercanas al 40% en cuestión de días, y evidenció la vulnerabilidad de las economías occidentales.

Desde entonces, el precio del tungsteno ha experimentado una escalada sin precedentes. En apenas un año, su valor se ha multiplicado más de cinco veces, alcanzando en 2026 los 2.250 euros por tonelada métrica, frente a los poco más de 345 euros del año anterior. Este incremento, impulsado por una combinación de mayor demanda —especialmente por el rearme global tras la guerra de Ucrania— y restricciones en la oferta, ha reconfigurado el mapa de oportunidades y riesgos en torno a este recurso.

En este nuevo contexto, la península ibérica emerge como una alternativa estratégica de primer orden. Aunque España y Portugal producen actualmente cantidades modestas —alrededor de 700 y 500 toneladas anuales, respectivamente—, el verdadero valor reside en el potencial de sus reservas. Estudios recientes sugieren que solo en la provincia de Salamanca podría concentrarse hasta un 10% de las reservas mundiales de tungsteno. Proyectos como la mina de Barruecopardo, con millones de toneladas estimadas, o el yacimiento de El Moto en Ciudad Real, posicionan a España como un actor clave en el futuro suministro europeo.

La relevancia de estos proyectos trasciende lo económico. En un momento en que Estados Unidos, dejó de producir tungsteno en 2016, busca reactivar su extracción, y otros países como Canadá o Corea del Sur intentan diversificar sus fuentes, Europa necesita asegurar su acceso a materias primas críticas. En este sentido, España no solo representa una oportunidad industrial, sino también una pieza fundamental en la autonomía estratégica del continente.

En conclusión, el tungsteno ejemplifica cómo un recurso aparentemente marginal puede convertirse en un elemento central del equilibrio global. Su combinación de propiedades únicas, aplicaciones militares y concentración geográfica lo sitúan en el corazón de las tensiones del siglo XXI. 

A medida que el mundo avanza hacia una nueva era de competencia entre potencias, el control de materiales como el wolframio será tan determinante como el de la energía o la tecnología. 

Y en ese escenario, países como España podrían desempeñar un papel mucho más relevante del que hasta ahora se les ha atribuido.

Fuente: El Economista.es