El Gobierno
elabora medidas para agilizar los procesos y elevar los costes a los bancos por
retrasar el pago de indemnizaciones
El
Ministerio de Justicia prepara una batería de medidas recogidas en dos
anteproyectos clave para tratar de solucionar el gran atasco que sufren los
juzgados especializados en cláusulas abusivas. Entre ellas están los juicios
verbales (sencillos y rápidos), los pleitos testigo (que sirven como modelo
para miles de casos similares sin celebrar juicio) y las exigencias de buscar
un acuerdo previo, así como sanciones a los bancos que dilaten los procesos
innecesariamente. El sistema judicial se enfrenta a 240.000 demandas pendientes
desde hace cuatro años por la costumbre de los bancos de pleitear hasta el
final en las cláusulas suelo y otras condiciones abusivas, aunque pierdan el
97,5% de los casos
El
ministerio espera que se acabe la tramitación de los dos anteproyectos para
principios de 2022 y se desatasque una situación creada por los bancos para
desanimar a los clientes y evitar que pleiteen, a costa de bloquear los
tribunales.
Desde la
crisis de 2008 a 2012, la banca tiene pendiente resolver las reclamaciones de
los clientes a los que vendió productos con cláusulas que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado abusivas. El sector resolvió
la equivocada colocación de preferentes y convertibles, pero no las cláusulas
suelo, los créditos referenciados al IRPH o los préstamos multidivisa. Estos
problemas están detrás de la mala reputación de la banca, que se ha frenado las
indemnizaciones pleiteando hasta el final y alargando los procesos.
Nadie
defiende a la banca
Una década
después de este estallido, los bancos se han quedado solos en la defensa de su
estrategia de dilación de procesos. Reclaman medidas desde algunos vocales del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como Gerardo Martínez Tristán, hasta
el Consejo de la Abogacía, pasando por las principales asociaciones de
consumidores. Y el Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, ha
movido ficha con dos anteproyectos de ley.
El primero
de ellos, que está en trámite, aborda medidas de eficiencia procesal, y aboga
porque las demandas por cláusulas abusivas se tramiten como juicios verbales,
sea cual sea la cuantía reclamada, informan fuentes del Ministerio de Justicia.
El juicio verbal es más sencillo y rápido que el juicio ordinario y el juez
podrá dictar sentencia oralmente, agilizando los pleitos.
En segundo
lugar, a estos casos se les podrá aplicar la técnica del pleito testigo, es
decir, que se tramite uno solo suspendiendo la tramitación de los demás hasta
que se dicte sentencia en el que se ha determinado como testigo y la resolución
sea firme. A partir de ahí, todos los demás ciudadanos podrán pedir que se les
apliquen los efectos de la sentencia del pleito testigo cuando los casos son
iguales. “Se deben cumplir determinados requisitos legales, que permitan
precisamente este tratamiento para la litigación en masa en materia de
cláusulas abusivas”, apuntan las citadas fuentes.
Negociación
previa, obligatoria y vinculante
El
anteproyecto de ley recoge una tercera medida: “Un sistema de medios adecuados
de solución de controversias” para que no se pueda interponer demanda sin una
negociación previa entre las partes. En el caso de las cláusulas abusivas, el
consumidor reclamará frente al banco antes de interponer la demanda y este
tendrá que admitir o denegar la reclamación “y no podrá alegar otros motivos
diferentes en el pleito posterior si no se llega a un acuerdo”. Si hay acuerdo,
el banco desglosará las cantidades y pagará en un solo mes. Transcurrido ese
plazo, pagará los intereses legales del dinero más ocho puntos.
Si
finalmente la reclamación acaba en un pleito, se tendrá en cuenta la
colaboración que las partes hayan prestado en la solución de estas
controversias, “tanto para la imposición de costas como para considerar que se
pueda haber producido un abuso del servicio público de Justicia merecedor de la
imposición de una sanción”, indican desde Justicia.
Además, se
está tramitando otro anteproyecto de ley organizativa en el que se regulan los
futuros Tribunales de Instancia. Entre las funciones de su presidente y de los
presidentes de sección estará unificar prácticas y criterios cuando hubiera
diferentes interpretaciones, algo importante para las cláusulas suelo y otras
abusivas que son sustancialmente iguales y generan litigación en masa.
La patronal
del sector ve la situación de otra manera. La AEB sostiene que los bancos
pleitean hasta el final porque el Supremo reconoció “la validez” de la cláusula
suelo empleada. “Y si los bancos consideran que son transparentes, deben
defenderse”, añaden fuentes de la patronal.
En el lado
de los consumidores, el hartazgo es claro. Hace dos días, la asociación de
usuarios financieros Asufin pidió amparo al Ministerio de Justicia ante la
saturación que sufren los juzgados de cláusulas abusivas, que se ve acrecentada
por la insistencia de algunas entidades bancarias en recurrir a instancias
superiores a sabiendas de que la jurisprudencia está en su contra, lo que
alarga los procesos y supone un coste elevado para el consumidor.
La
presidenta de Asufin, Patricia Suárez, señalo que cuando se dice que se ha
creado una industria litigiosa, habría que pensar en “la que existe de forma
paralela fomentada desde la banca, ya que las entidades empujan a los afectados
a solucionar su problema en sede judicial”. Asufin cree que la única solución
para recuperar el dinero es la demanda individual “a pesar de que los procesos
son costosos, dolorosos y dilatados en el tiempo”. En su opinión, el coste de
litigar afecta a todos los contribuyentes. “Los ciudadanos pagamos, con
nuestros impuestos unos juzgados saturados por demandas que serán favorables al
consumidor”.
Madrid:
hasta cuatro años para que admitan a trámite la demanda
La
desesperación de los clientes que están litigando provoca que otros desistan
antes de empezar el procedimiento. Y esta demora tiene otro efecto: que no se
pleitee por cantidades menores a los 2.500 euros, que son las que se pueden
obtener (dependiendo del importe del crédito) con la reclamación de los gastos
hipotecarios cobrados indebidamente por los bancos.
Las
asociaciones de consumidores se han dirigido al Gobierno para denunciar que hay
afectados por cláusulas abusivas “que están reclamando legítimamente que les
devuelvan un dinero que les pertenece, con toda la jurisprudencia a su favor, y
tienen que esperar más de cuatro años para que se resuelva su caso”, como
apuntó Asufin en su reciente misiva al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Y puso
ejemplos recientes: en el juzgado especializado 101 Bis de Madrid, la admisión
a trámite tarda de media dos años en demandas de multidivisa y asciende a tres
y cuatro años si se trata de cláusula suelo. En Barcelona, dos años; en Málaga,
hasta tres años; dos años, en Cádiz, también en Zamora y Valencia. “La justicia
lenta no es justicia”, concluía el escrito.
Fuente: El
País.com
Repuntan los fallecidos
reconocidos por Sanidad. El Ministerio ha informado este viernes de 97 muertes
desde ayer por coronavirus, lo que supone el dato más alto desde el 12 de mayo.
Además, el informe reconoce 4.975 contagios y un nuevo descenso, aunque leve,
de la incidencia hasta 117.
