4 de septiembre de 2021

OPINION. ¿Las derechas ahora son anarquistas?

 Decía el filósofo anarquista francés, Sébastien Faure, que «cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista»

A la Atención de los señores Casado, Abascal, Arrimadas y Ayuso


Sabido es, que en países democráticos la autoridad la representan los 3 poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y hete aquí que los arriba nombrados, no respetan la autoridad de ninguno de estos poderes, cuando, dados sus continuos exabruptos al respecto, unas veces niegan la autoridad de las Cámaras representativas de la Soberanía Nacional llamando terroristas a Diputados y Senadores que no les gustan lo que votan, otras menoscaban la autoridad del poder Judicial, incumpliendo la Constitución e impidiendo la normal renovación del Órgano de Gobierno de los jueces. 

Y por último, pero no menos importante, atacan al conjunto del poder Ejecutivo negando su legitimidad y por tanto su autoridad e intentando impedir la necesaria recuperación de la economía española y por ende de la sociedad española, muy depauperada por las dos crisis consecutivas, la actual a causa de la pandemia y la del 2008 de infausto recuerdo, donde nos metió de cabeza el partido popular cuando gobernaba un tal Sr. M. Rajoy, hoy apartado de la política y salvado de los banquillos de los tribunales en el último minuto ( aunque el partido no ha terminado, lo digo por el recurso interpuesto por Fernández Díaz, ministro de interior por aquel entonces). Y no me quiero olvidar de los esfuerzos que hicieron los ministros del gobierno del PP de Sr. J.M. Aznar para salvarse de la cárcel, que de poco les sirvieron al terminar 12 de los 14 ministros de dichos gobiernos en prisión o encausados por casos decorrupción.

Llegado este punto, seguro que algunos se estarán preguntando que tiene que ver la corrupción con el anarquismo, pues sencillamente la corrupción es una forma como otra cualquiera de desafiar a la autoridad vigente,  desautorizándola al tiempo.

Pues bien, a todo esto quiero añadir, que la Constitución primero, y la leyes después, deben de ser respetadas siempre, y no intentar cambiarlas cuando nos venga en gana por intereses partidistas, como es el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o del Tribunal de Cuentas, o del Tribunal Constitucional. Hay más casos, pero para qué seguir.

Además, son de obligado cumplimiento para todos, sean nobles o plebeyos, porque refiriéndome a los jueces, no me vale que los corruptos, si son nobles, se libren de rendir cuentas ante la Ley, pues todavía recuerdo casos de cuando iba a la cárcel gente por robar una manzana para poder comer. La Ley debe ser igual para todos.

Para terminar, quiero recordar que cuando las derechas cargan contra asociaciones religiosas, de empresarios, sindicatos, o contra cualquier otro colectivo de Sociedad Civil, no ayudan nada al normal desarrollo de la representatividad de la Sociedad Española.

Pues claro, es el totalitarismo, ignorante, que diría el otro.

A lo cual respondería, más bien anarquismo de derechas o libertad de derechas, que para el caso da igual.

Fuente: Redacción

UE. El 70% de la población adulta de la Unión Europea ya está completamente vacunada

 La Unión Europea ha logrado su objetivo de administrar la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 al 70% de su población adulta antes del final de verano, según informó este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"El 70% de los adultos de la UE están completamente vacunados. Quiero agradecer a las muchas personas que han hecho posible este gran logro. Pero debemos ir más allá. Tenemos que vacunar a más europeos. Y tenemos que ayudar al resto del mundo a vacunar. Seguiremos apoyando a nuestros socios", escribió en la red social Twitter.

La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, celebró que se trata de "un importante hito" en los esfuerzos para acabar con la pandemia, pero insistió también en que habrá que continuar vacunando, luchando contra la desinformación sobre este tema y siguiendo las medidas de salud pública.

"No podemos pararnos aquí. Las nuevas variantes hacen necesario que vayamos más allá del 70% para estar seguros. Tenemos que ir un paso por delante. Tenemos que abordar con urgencia la preocupante brecha de vacunación entre nuestros Estados miembros y estar listos para desplegar vacunas de refuerzo si la evidencia científica muestra que este es el camino a seguir", dijo en una declaración difundida por su gabinete.

La Comisión Europea, encargada de centralizar las compras de vacunas para los Estados de la UE, se había fijado a principios de este año la meta de vacunar antes del final del verano al 70% de la población adulta, unos 255 millones de personas.

Tras un inicio lento de la campaña por la escasez de vacunas, los retrasos en las entregas y la suspensión temporal de la administración de AstraZeneca en algunos países, Bruselas logró ya en julio entregar las dosis necesarias para ello a los Estados, que también han ido acelerando y perfeccionando sus estrategias de vacunación.

Sin embargo, las tasas varían mucho entre los Veintisiete, con Irlanda a la cabeza con un 85,5% de su población adulta totalmente vacunada, seguida de Dinamarca (83,5%) y Portugal (82,4%); mientras que a la cola se sitúan Bulgaria (20%), Rumanía (31,9 %) y Letonia (45,5%), según datos del Centro de Control de Prevención y Enfermedades (ECDC).

España, de los más avanzados, ha administrado ya la pauta completa de la vacuna al 76,7% de los adultos y el 87,6% tiene al menos una dosis.

A pesar de que muchos Estados aún no han alcanzado la marca del 70%, la UE ya se plantea si debería administrarse una dosis de refuerzo, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no se ha pronunciado sobre si será necesaria.

De ser el caso, el comisario europeo de Mercado Único, Thierry Breton, asegura que no habría escasez de vacunas puesto que la UE ha aumentado su capacidad de fabricación y ahora mismo genera "300 millones de dosis al mes".

En el segundo semestre del año, la Comisión Europea entregará 950 millones de dosis a los Estados miembros, explicó en una entrevista con la televisión pública francesa la semana pasada.

Fuente: El Pais.com

ESPAÑA. Gobierno estudia reservar parte de banda del 5G para uso industrial

 La última banda, de 26 gigahercios, se licitará a finales de año o principios de 2022

El Gobierno contempla la posibilidad de que una parte de la última de las tres bandas previstas para el despliegue de la tecnología 5G -la de 26 gigahercios- no sea subastada entre los operadores de telecomunicaciones y sea reservada para uso industrial.

Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, en el 35º encuentro de la Economía Digital y Telecomunicaciones de Ametic. Sánchez ha afirmado que el Gobierno tiene previsto licitar esta tercera banda entre finales de año y principios del año que viene.

El objetivo del Ejecutivo es que en 2025 el 75% de la población tenga cobertura 5G a través de estas tres bandas.

Por su parte, la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, Carme Artigas, ha mandado un mensaje de “ayuda” a las asociaciones y grandes empresas para que “tiren de la mano de las pymes” a la hora de impulsar su digitalización.

“Yo puedo poner las condiciones de mercado, pero si nadie viene a buscarlas no sirve para nada”, ha subrayado. Artigas ha apuntado que la industria digital debe ser un “catalizador” de las ayudas. Una de las vías que ha sugerido para ‘ayudar’ fue la entrada de capital de grandes empresas a través de sus fondos corporativos en el fondo NextTech del Gobierno, que cuenta ya con 500 millones de euros para realizar inversiones en empresas españolas [de los 3.000 millones público privados que aspira a invertir en total].

La secretaria de Estado ha hecho hincapié en la necesidad de que las tecnológicas nacionales se queden en España y creen empleo en el país. “El objetivo es que no haya un proyecto en el España que se quede sin la financiación que necesita”, ha afirmado.

Además, ha destacado la importancia de que las empresas escalen y trabajen en red. En su opinión, esta es una cuestión que se ha estado haciendo mal en España. “Percibo ganas salir esa fase de lamentación. La recuperación económica es una realidad”, ha aseverado.

Por otro lado, ha pedido consenso político para acelerar la tramitación parlamentaria de la ley de startups y que esta sea aprobada en el primer semestre de 2022.

De hecho, espera que llegue a Consejo de Ministros y remitirla al Parlamento “antes de final de año”. En este contexto, ha demandado consenso político para que el proceso sea “rápido”. Según el anteproyecto de ley, la sede social de las empresas y de los emprendedores debe estar de forma permanente basado en España. Además, las empresas no tienen que haber distribuido dividendos, no deben ser cotizadas y deben tener un carácter innovador, como requisitos fundamentales.

Algunas de las medidas que se incluyen en este documento son la reducción del tipo impositivo del 25% al 15% sobre el impuesto sobre la renta de no residentes. Esta reducción tendrá efecto en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva. También se mantendrá durante los tres periodos siguientes siempre que la compañía siga siendo calificada como empresa emergente. Por otro lado, emplazó a finales de mes para conocer novedades sobre si España será el piloto del nuevo reglamento de Inteligencia Artificial de Europa, y avanzó que en octubre se buscarán adhesiones de empresas y organizaciones a la carta de derechos digitales.

También ha participado en el evento secretario general de Administración Digital, Juan Jesús Torres, quien aseguró que en España se dan “los elementos necesarios” para que la transformación digital “sea un éxito”.

Torres ha defendido que el Plan de Recuperación y Resiliencia, la Agenda Digital España 2025 y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas permitirán “asentar las bases” y “cambiar el tejido productivo” del país, afrontando una transición “ecológica y energética”, pero también “la igualdad y la cohesión social”.

Fuente: El Pais.com

ESPAÑA. Gobierno propone tres subidas consecutivas para llevar el SMI a 1.027 euros en 2023

El Gobierno ha propuesto en la reunión de este miércoles con los agentes sociales que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea de 15 euros este año y de 31 euros en 2022 y otros 31 euros en 2023, según confirmaron a este medio tanto la patronal como los sindicatos. 

   De esta forma, el SMI se colocará en los 1.027 euros a comienzos del 2023. El Ejecutivo, que negó haber puesto “ninguna cifra sobre la mesa”, sí reconoció haber planteado “una subida a tres años” y aseguró que la reunión “ha ido muy bien”.


Si finalmente se confirman estas subidas, el salario mínimo se habrá incrementado casi un 40% desde que Pedro Sánchez arribó a la Moncloa tras la moción de censura de 2018 a Mariano Rajoy, y un 62% en la última década (en 2010 se hallaba en 633,3 euros). En todos estos años, los sueldos más bajos solo se congelaron por completo (entre 2010 y 2016 la diferencia es de apenas 22 euros) en los ejercicios 2012 y 2014, en la presidencia del Partido Popular.

Para Comisiones Obreras, el aumento propuesto por el Gobierno “es insuficiente, porque no recoge el mantenimiento del poder adquisitivo de salarios en 2021”. Los sindicatos, en los días previos a la reunión, habían alertado de que pedirían un incremento “significativo” que permitiese a los trabajadores con salarios mínimos no perder poder de compra ante la inflación más alta de la última década (un 3,3%, empujada, sobre todo, por el aumento sin freno del precio de la luz). Elevar el SMI hasta el mismo nivel que el IPC, supondría un alza de aproximadamente 31 euros.

“La propuesta de CC OO ha estado centrada en mantener el poder adquisitivo del SMI. Tenemos dos elementos importantes que señalar. Primero, el crecimiento que se está produciendo en nuestro país, que es el mayor crecimiento de los últimos años, y por otra parte la inflación, que se está disparando con unos porcentajes muy altos”, señalaron desde el sindicato.

Por otro lado, en la CEOE, contraria a una subida este año en pos de no perjudicar la recuperación económica, indicaron que les hubiese gustado “más concreción” en la oferta del Gobierno. “Es imposible no recordar que todavía tenemos poco más de cuatro millones de desempleados (...) en este contexto, sí de recuperación, pero incipiente, nosotros creemos que es imprescindible un escenario de prudencia y de consolidación del crecimiento y del empleo”, explicó la patronal nada más finalizada la reunión.

Previo a ese encuentro con el Ejecutivo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insistió en su negativa a un incremento. “Venimos de un año y medio horrible. Si se sube el salario mínimo va a llegar un momento donde se va a contraer el empleo, no se va a pagar, se van a contratar menos horas”, explicó el directivo. Además, el empresario tildó al SMI de “barrera de entrada” al mercado laboral para los más jóvenes.

Informe de los expertos

“La reunión ha ido muy bien, somos optimistas. El Gobierno tiene como referencia el Informe de la Comisión de Expertos [donde se proponía una subida de entre 1.011 y 1.049 euros]. La horquilla es amplia y estamos dispuestos a negociar. El lunes regresamos a la mesa de negociación”, ha informado, por su parte, el ministerio de Trabajo y Economía Social. El objetivo final del Ejecutivo es situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio al final de la legislatura.

El mencionado informe de los expertos, dado a conocer en junio, estableció tres posibles escenarios: que el salario medio aumentara un 1,8% en 2020; un 0,9% o simplemente no subiese. Dependiendo de cual fuese el incremento del sueldo medio, el SMI debería escalar hasta los 1.049 euros, 1.027 euros o los 1.011 euros, respectivamente. Si finalmente se materializa la propuesta que el Gobierno ha hecho a sindicatos y empresarios este miércoles, el SMI se situaría en el segundo de los escenarios del comité de expertos.

Fuente: El Pais.com

FISCALIDAD. Dos de cada tres ultrarricos no pagan impuesto de patrimonio porque viven en Madrid

La región central dejó de recaudar en 2019 casi 990 millones de euro

A la Atención de Dª Isabel Díaz Ayuso


De los 701 contribuyentes en España que declararon en 2019 una fortuna superior a los 30 millones de euros, únicamente 240, el 34% del total, pagaron el impuesto sobre el patrimonio, según revelan los datos publicados el miércoles por la Agencia Tributaria. A grandes rasgos, estos dos centenares largos de ultrarricos abonaron este tributo por residir en una comunidad autónoma diferente a Madrid, la única región española que a día de hoy bonifica al 100%, y por tanto suspende, el impuesto que grava a las grandes fortunas.

Este gravamen, cuya gestión recae directamente en las comunidades autónomas, afecta a los contribuyentes que poseen bienes, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros, por un valor superior a los 700.000 euros. El tributo ha sido y sigue siendo objeto de gran polémica, tanto a nivel autonómico como nacional. De un lado, varias regiones acusan a Madrid de llevar a cabo una competencia fiscal desleal al bonificar al 100% el impuesto y atraer con esta medida a las grandes fortunas a su jurisdicción. Por otro, el Gobierno, a través de la comisión de expertos creada por el Ministerio de Hacienda para dar forma a la futura reforma fiscal, tiene la intención de armonizar este tributo para frenar las fugas de renta por razones fiscales.

Atendiendo a los propios datos de la Agencia Tributaria, la diferencia entre los ultrarricos y el resto de los tamos más acaudalados es más que obvia. Por ejemplo, los más de 142.000 declarantes que oscilan entre los 300.000 y los 1,5 millones de euros pagaron el impuesto en el 94% de los casos; los que atesoran un patrimonio que se mueve entre los 1,5 millones y los 6 millones de euros (unas 57.000 personas) lo abonaron el 80% de las veces; y los 7.000 ricos que tienen entre 6 y 30 millones pagaron el impuesto de patrimonio en la mitad de las ocasiones. En total, en 2019 hubo en España 212.284 liquidantes, de los que pagaron el tributo algo más de 183.000, el 86% del total.

Todas las proporciones están muy lejos del 34% relativo a las fortunas más voluminosas, una cifra que sugiere que la mayoría de ultrarricos, y que no abona el impuesto, reside en la Comunidad de Madrid, en la que hay 19.090 personas que han tenido que declarar por su patrimonio. De hecho, según la estadística de la propia Agencia Tributaria, la región central dejó de recaudar unos 990 millones de euros en 2019 por este tributo, ya que aunque los contribuyentes más acaudalados tuvieron que presentar la declaración quedaron exentos de tener que pagar gracias a la ventaja fiscal que les da la residencia.

Las diferencias entre las comunidades autónomas de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra– también son claras. Según los datos relativos a 2019, de los 183.000 contribuyentes que abonaron este impuesto un total de 77.615 residían en Cataluña. Tras ella se situaron la Comunidad Valenciana, con poco más de 22.000 personas, Andalucía, con unos 16.500 contribuyentes, y Aragón, con unos 13.600 ricos. El resto de regiones anotaron cada una menos de 10.000 pagadores, con la cifra más baja –con permiso del vacío de Madrid– en Extremadura, que cerró el año con 1.186 contribuyentes. A las comunidades autónomas habría que sumarle las cifras de Ceuta y Melilla y las de los extranjeros con bienes en España, que suman unas 8.000 personas.

Evolución

Los datos publicados por la Agencia Tributaria muestran cómo el número de ultrarricos, aquellos que poseen más de 30 millones de euros, ha crecido en España entre 2018 y 2019, para pasar de los 608 a los 701 declarantes. La cifra aumentó año tras año desde la creación de esta figura tributaria, en 2007, hasta el ejercicio 2018, cuando por primera vez cayó al pasar de los 611 de 2017 a los 608 de un año después. En todo este tiempo, el número de contribuyentes que ha pagado el impuesto de patrimonio también ha ido desmoronándose: del 49% que lo abonaba en 2011 al 34% que lo liquidó ocho años después.

El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando quedó bonificado al 100% en toda España. Tres años después, y debido a los estragos de la crisis económica, fue recuperado por el mismo Ejecutivo y prorrogado por los respectivos Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que estudia su rediseño a raíz de un acuerdo entre PSOE y Podemos. Hoy, el impuesto funciona por tramos: del 0,2% al 2,5% sobre las fortunas de más de 700.000 euros una vez restados hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. Las regiones pueden modificar los tipos, los mínimos exentos y las bonificaciones

Fuente: El Pais.com