La región central dejó de recaudar en 2019 casi 990 millones de euro
A la Atención de Dª Isabel Díaz Ayuso
Este gravamen, cuya gestión recae
directamente en las comunidades autónomas, afecta a los contribuyentes que
poseen bienes, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros, por un
valor superior a los 700.000 euros. El tributo ha sido y sigue siendo objeto de
gran polémica, tanto a nivel autonómico como nacional. De un lado, varias
regiones acusan a Madrid de llevar a cabo una competencia fiscal desleal al
bonificar al 100% el impuesto y atraer con esta medida a las grandes fortunas a
su jurisdicción. Por otro, el Gobierno, a través de la comisión de expertos
creada por el Ministerio de Hacienda para dar forma a la futura reforma fiscal,
tiene la intención de armonizar este tributo para frenar las fugas de renta por
razones fiscales.
Atendiendo a los propios datos de la
Agencia Tributaria, la diferencia entre los ultrarricos y el resto de los tamos
más acaudalados es más que obvia. Por ejemplo, los más de 142.000 declarantes
que oscilan entre los 300.000 y los 1,5 millones de euros pagaron el impuesto
en el 94% de los casos; los que atesoran un patrimonio que se mueve entre los
1,5 millones y los 6 millones de euros (unas 57.000 personas) lo abonaron el
80% de las veces; y los 7.000 ricos que tienen entre 6 y 30 millones pagaron el
impuesto de patrimonio en la mitad de las ocasiones. En total, en 2019 hubo en
España 212.284 liquidantes, de los que pagaron el tributo algo más de 183.000,
el 86% del total.
Todas las proporciones están muy lejos
del 34% relativo a las fortunas más voluminosas, una cifra que sugiere que la
mayoría de ultrarricos, y que no abona el impuesto, reside en la Comunidad de
Madrid, en la que hay 19.090 personas que han tenido que declarar por su
patrimonio. De hecho, según la estadística de la propia Agencia Tributaria, la
región central dejó de recaudar unos 990 millones de euros en 2019 por este
tributo, ya que aunque los contribuyentes más acaudalados tuvieron que
presentar la declaración quedaron exentos de tener que pagar gracias a la
ventaja fiscal que les da la residencia.
Las diferencias entre las comunidades
autónomas de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra– también son
claras. Según los datos relativos a 2019, de los 183.000 contribuyentes que
abonaron este impuesto un total de 77.615 residían en Cataluña. Tras ella se
situaron la Comunidad Valenciana, con poco más de 22.000 personas, Andalucía,
con unos 16.500 contribuyentes, y Aragón, con unos 13.600 ricos. El resto de
regiones anotaron cada una menos de 10.000 pagadores, con la cifra más baja –con
permiso del vacío de Madrid– en Extremadura, que cerró el año con 1.186
contribuyentes. A las comunidades autónomas habría que sumarle las cifras de
Ceuta y Melilla y las de los extranjeros con bienes en España, que suman unas
8.000 personas.
Evolución
Los datos publicados por la Agencia
Tributaria muestran cómo el número de ultrarricos, aquellos que poseen más de
30 millones de euros, ha crecido en España entre 2018 y 2019, para pasar de los
608 a los 701 declarantes. La cifra aumentó año tras año desde la creación de
esta figura tributaria, en 2007, hasta el ejercicio 2018, cuando por primera
vez cayó al pasar de los 611 de 2017 a los 608 de un año después. En todo este
tiempo, el número de contribuyentes que ha pagado el impuesto de patrimonio
también ha ido desmoronándose: del 49% que lo abonaba en 2011 al 34% que lo
liquidó ocho años después.
El impuesto de patrimonio fue
suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando quedó
bonificado al 100% en toda España. Tres años después, y debido a los estragos
de la crisis económica, fue recuperado por el mismo Ejecutivo y prorrogado por
los respectivos Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que estudia su
rediseño a raíz de un acuerdo entre PSOE y Podemos. Hoy, el impuesto funciona
por tramos: del 0,2% al 2,5% sobre las fortunas de más de 700.000 euros una vez
restados hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. Las regiones
pueden modificar los tipos, los mínimos exentos y las bonificaciones
Fuente: El Pais.com