La oposición está exprimiendo al máximo, el cambio de parecer del PSOE y de Pedro Sánchez, respecto la amnistía para condenados, procesados o imputados por el procés, donde la firma de acuerdos con Junts y ERC para favorecer la investidura del actual Presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha provocado que PP y Vox se hayan desatado en un carrera hiperbólica sin un claro vencedor, llegando a asegurar que el pacto convierte a España en una dictadura.
Por cortesía del “El
Pais.com”, y por considerarlo de interés general para todos los españoles y españolas,
reproduzco este artículo.
El catedrático de
Derecho Constitucional Juan José Solozábal, la doctora en Derecho Mariola Urrea
y el magistrado Ximo Bosch, miembro de la Asociación Juezas y Jueces para la
Democracia, desmontan los bulos coreados a la par por dirigentes de la derecha y
de la extrema derecha.
“Esto es una dictadura”
Ella misma admitió, en una entrevista en
Antena 3, lo llamativo de sus declaraciones. “Entiendo que la gente puede
decir: ‘¿Qué exagerado, no?’ Claro, vas por la calle y todavía no te están
pidiendo el DNI. Todavía no estamos en eso, pero cuando uno piensa que es
exagerado vive en un mundo feliz, un mundo de ayer (...). En el momento en que
un Gobierno es legislativo, ejecutivo y poder judicial, eso es una dictadura.
En el momento en que periodistas, políticos... no pueden hablar (...). En el
momento en el que los votos están por encima de las leyes, eso es dictatorial
porque podemos hacer lo que nos da la gana”. En términos muy parecidos se
expresó el líder de Vox, Santiago Abascal: “Se ha puesto en marcha el golpe
definitivo contra la democracia. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado
su amenaza a la unidad nacional con un acuerdo que implica la abolición del
Estado de derecho, el principio del fin de la democracia y una clarísima
amenaza a la soberanía nacional. El autócrata de la anterior legislatura no se
conforma, en esta legislatura quiere ser, directamente, un dictador”. El líder
del PP, Alberto Núñez Feijóo, opinó, por su parte, que el acuerdo supone “un
hito más en la erosión de la democracia en España” y lo comparó con “otros ataques”
al sistema como el 23-F, el terrorismo de ETA o la declaración unilateral de
independencia de Cataluña en 2017.
Nos han colado una
dictadura por la puerta de atrás. pic.twitter.com/MIOOOdRd8Q
— Isabel Díaz Ayuso
(@IdiazAyuso) November 9, 2023
Para el catedrático
de Derecho Constitucional Juan José Solozábal, esas declaraciones son
“hipérboles” no ajustadas a la realidad. “En el sistema democrático que
tenemos”, recuerda, “el Tribunal Constitucional es la vía que asegura que
predomina la Constitución y el Estado de derecho. Estas declaraciones
alarmistas no responden a la situación, no hay riesgo efectivo para la
democracia”. El magistrado Ximo Bosch, de la Asociación Juezas y Jueces para la
Democracia, coincide: “Las medidas que se están negociando se hacen dentro del
Estado de derecho y todas las instituciones de nuestra democracia
constitucional van a funcionar exactamente igual después del acuerdo”. Mariola
Urrea, doctora en Derecho, añade: “Ni la ley de amnistía ni afrontar
políticamente la solución del conflicto de Cataluña debilitan a España como
Estado de derecho o como democracia, sino todo lo contrario, la fortalecen.
Esto no impide que muchas personas tengan dudas acerca de si esto es oportuno,
conveniente o merecido y ese debate, incluso de posición contraria a los
mecanismos de gracia, no solo es posible, sino razonable. Lo que no lo es es
realizar manifestaciones violentas o recurrir al lenguaje grueso para suscitar
miedo en la ciudadanía”.
El
fin del Código Penal...
La presidenta
madrileña llegó a sugerir que dejaría de funcionar el Código Penal y la ley:
“Ahora mismo, nosotras dos [le dijo a su entrevistadora, Susana Griso]
decidimos que nos quedamos con el coche del cámara que nos está grabando porque
somos dos contra uno y este hombre dirá: ‘Ya, pero hay unas leyes que me
amparan’. En el momento en el que las leyes ya no sirven, que dos contra uno
está por encima de lo que dicen los propios jueces, eso es una democracia sin
ley, o sea, otra cosa”. Declaró el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo:
“Se está sacrificando el Estado de derecho de todos (...). Esto es un golpe en
los cimientos del poder judicial”. Abascal, que vinculó el tiroteo a Alejo
Vidal-Quadras con los atentados de Hamás, los socios del Gobierno y la
amnistía, fue más lejos: “Debemos ser conscientes del peligro que enfrentamos.
Quien saca de la cárcel a los criminales para mantenerse en el poder está a un
paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en el poder”.
Abascal (vOx)
alienta la resistencia civil:
"quien saca de
la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la
cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder... o el dictador en
el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel". pic.twitter.com/qGk2vau5Gv
— Capitán Bitcoin
(@CapitanBitcoin) November 9, 2023
Solozábal aclara:
“El Código Penal se seguirá aplicando. La amnistía es una medida de gracia que
borra la responsabilidad penal de una actuación, pero no implica la derogación
de delitos”. Bosch insiste en que afecta a “hechos concretos y personas determinadas”
y “no se modifica el Código Penal, es decir, que en el futuro, esas conductas
no quedarían amparadas por la amnistía. La ley únicamente opera sobre el
pasado”. Preguntados por si podría volver a aplicarse el artículo 155 de la
Constitución si fuera necesario, ambos juristas explican que sí.
...
Y el fin de la separación de poderes
El acuerdo, declaró
Feijóo, “socava la separación de poderes y humilla al poder judicial”. Tanto el
PP como Vox coinciden en ese planteamiento. Urrea afirma que es rotundamente
falso. “La amnistía es un instrumento de gracia que, a diferencia del indulto,
cuya competencia es del Gobierno, corresponde tramitar y aprobar al poder
legislativo. Requiere ser tramitada como ley orgánica, es decir, con unas
mayorías amplísimas, y después de un proceso deliberativo en el que podrán
tomar parte y presentar enmiendas todos los grupos parlamentarios. En este
caso, el poder ejecutivo ni siquiera impulsa la ley, porque está en funciones,
y queda intacta la función del poder judicial, al que le corresponde
aplicarla”. La jurista recuerda, además, que “podrá ser recurrida ante el
Tribunal Constitucional por un grupo de parlamentarios y que, si un juez tiene
dudas de la constitucionalidad de la ley cuando le toque aplicarla, puede
plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y
el proceso quedará en suspenso hasta que decida”.
Urrea, Bosch y
Solozábal sí consideran insólita la intervención contra la amnistía realizada
por miembros del Consejo General del Poder Judicial. Afirma la primera: “Las
declaraciones de la APM [la Asociación Profesional de la Magistratura, que
aseguró que la amnistía es “el principio del fin de la democracia”] no tienen
el menor rigor jurídico y son burdas e impropias de personas que se ocupan
profesionalmente de conocer y aplicar el derecho, pero no creo que atenten
contra la separación de poderes, aunque sí pueden generar dudas en la
ciudadanía sobre la imparcialidad de los jueces. Pero el Consejo General del
Poder Judicial es un órgano constitucional y ha decidido pronunciarse sobre una
ley que no conoce, lo que resulta extravagante, y sobre la que no tiene
competencias cuando exista, porque va a tener naturaleza de proposición de ley
y no de proyecto de ley, de modo que puede deducirse que detrás hay una
intencionalidad política. Si esto es así, está interfiriendo en la separación
de poderes. Y todo eso teniendo en cuenta que llevan cinco años con el mandato
caducado, lo que afecta a su legitimidad”. “Me parece especialmente grave”,
añade Bosch, “que un órgano constitucional emita declaraciones de tipo
político. Es un salto cualitativo peligrosísimo de seria intromisión de la
cúpula judicial en la actuación del poder legislativo y en la configuración del
poder ejecutivo”. Solozábal insiste: “Hay que ser cuidadoso con la actuación de
cada rama del Estado. Esas declaraciones, sin tener siquiera el texto, me han
parecido imprudentes e intempestivas”.
“Habrá
referéndum”
El acuerdo no lo
dice, pero tanto el PP como Vox han asegurado que el PSOE acepta el referéndum
de autodeterminación en Cataluña. “No se puede deducir eso del texto”, aclara
Mariola Urrea. “Lo que contiene es un profundo desacuerdo: el PSOE considera
que la solución al conflicto de Cataluña pasa por el desarrollo estatutario, y
Junts por el referéndum, es decir, no incorpora nada nuevo y desde luego, no va
en la línea del referéndum”.
La
igualdad de los españoles
Una de las
principales críticas es que la futura ley atenta contra el principio de
igualdad entre españoles. “Es cierto”, explica el magistrado Bosch, “que una
amnistía supone una desigualdad en la aplicación de la ley y afecta a la
actuación judicial, pero son unos efectos que están previstos en la propia
Constitución, que dice que se puede ejercer el derecho de gracia. Cuando todos
los gobiernos de este país han acordado miles de indultos, a veces por delitos
gravísimos, eso afecta a la igualdad de la aplicación de la ley porque hay
gente que cumple condenas y otra que no y se deja sin efecto lo que ha
realizado el poder judicial, pero son excepciones que permite la propia
Constitución. Si no se quiere que haya situaciones de este tipo, de aplicación
de medidas desiguales, lo que se tiene que hacer es eliminar el derecho de
gracia de la Constitución y decir que queda prohibido, pero que yo sepa nadie
ha planteado hasta ahora modificar la Constitución en ese apartado”. Solozábal
coincide: “El trato desigual es posible si está justificado, si hay razones
especiales. Toda regulación, toda norma, en realidad establece una diferencia
entre la situación anterior y la nueva. El cambio, digamos, es consustancial al
derecho”.
Fuente: El
Pais.com
CONCLUSION
En mi opinión, PP y Vox deberían bajar el suflé, y aceptar el veredicto de las urnas, donde españoles y españolas hablaron, y claramente dijeron, NO a los partidos de ultraderecha. Y cuanto antes lo entiendan, menos preocupaciones y desgracias para todos y todas, porque si quieren la bronca, quizás luego se les vaya de las manos, y a consecuencia de ello, al igual que está ocurriendo en otros países europeos, podría llegar a darse el escenario nada improbable, que PP pasase a ser tercera o cuarta fuerza política en España, o incluso desapareciese, ya que PP y Vox son como vasos comunicantes que cuando sube uno, baja el otro. Y por ello, no se debe negar la posibilidad del avance de la ultraderecha, a costa del PP, dado que la bronca es el único combustible que necesita Vox para ascender en las encuestas, y que el PP claramente le hace el caldo gordo a la ultraderecha. Y aunque finalmente, el líder actual del PP se vaya, los efectos de su mandato perdurarán, al igual que Vox, que se disparará en las elecciones. Es lo que comúnmente se conoce como "el abrazo del oso en sentido negativo", que también hay que estar listo para saber librarse de él, cuando no convenga. Aunque entiendo, tiene difícil solución dadas las alianzas que ambos partidos mantienen en las autonomías y ayuntamientos. sabiendo además que en este 2023 quedó demostrado, que lo que sirve para gobernar en las autonomías, no vale para gobernar en el Estado. Por ello, a mi modo de ver, la única manera de ganar unas elecciones generales, no es empezar esa partida, porque una vez que se empieza ya está perdida, se empata o se pierde, pero nunca se gana. Por tanto, culpabilizar al PSOE de que un PP con sus actuales socios políticos, no pueda gobernar, no me parece la conclusión de un análisis lógico ni razonado, puesto que, en mi opinión, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni comprender.
Y también supongo que la ciudadanía, entre otros asuntos, van a solicitar al futuro gobierno de este país, les defienda de las amenazas veladas, vertidas en alevosos comunicados por Asociaciones de la Guardia Civil, y además, de por incumplir el principio de neutralidad política, aplicando para ello, en todos los casos, la pertinente legislación, civil y/o militar
Y tampoco es plato de buen gusto ver a diario, como se insulta y desprecia al Jefe del Estado y al Presidente del Gobierno, se asalta las sedes de partidos políticos o se hace apología del franquismo. Y me pregunto, caso estos hechos no fuesen constitutivos de delito, si pudieran modificarse leyes como la de Memoria Histórica, para dejar de ver y escuchar, semejantes actitudes y comportamientos, como ocurre en Alemania con el nacismo.
Por otra parte y a mi entender, los jueces y fiscales de este país no debieran hacerse los ofendidos, porque con motivo de los acuerdos de la amnistía, vaya a haber un par de comisiones de investigación en el Congreso de Diputados, alegando, una intolerable intrusión de los poderes Ejecutivo y/o Legislativo en el Judicial (aunque el Grupo Socialista sea quien vaya a presentar la ley de amnistía en el Congreso, al no ser legal que un Ejecutivo en funciones la presente) dado que no hace tanto tiempo y por mandato judicial, se paralizó una sesión parlamentaria, en el Congreso de los Diputados (en respuesta al requerimiento judicial a instancias de derechas anti-democráticas, donde se iba a votar la reforma de leyes que incumbían a la Justicia) hecho gravísimo, herencia del franquismo que subyace en la derecha, sin precedentes en la historia de las democracias a nivel mundial. Y todo ello, respaldado por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, siendo todo esto, una evidente demostración de actitudes antidemocráticas por medio de una intolerable intromisión del poder Judicial en el poder Legislativo, sede de la soberanía nacional del que emanan los poderes del Estado, según la Constitución española (que supuestamente los que ahora se manifiestan en las calles, tienen a gala defender, aunque no respeten ni el resultado de las urnas)
Y respecto actos
y sentencias de Tribunales españoles, habrá que
esperar a lo que dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en ese sentido ya está investigando. Y bien haría el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), en lugar de hacer una tournée por la UE, en preparar el alegato de defensa correspondiente, cuando a
ese respecto sea interrogado, porque allí no vale ir de manifestaciones con coleguitas los domingos, solo vale la democracia, y de eso, y de cumplir la
Constitución, el CGPJ sabe más bien poco.
Fuente: Redacción
