20 de junio de 2025

OPINIÓN. De los corruptos, fulleros, folloneros, fontaneros y mafiosos que hay en la derecha radical española y sus afines

 Si alguna vez, alguien me hubiese asegurado que el partido popular, es un partido político que cumple todos los estándares de calidad democrática y por ello es un firme candidato a presidir este país, sin duda hubiese tenido mis reservas al respecto. 

   

Pero ahora, tras conocer sino todo, si muchos de los tejemenejes mafiosos que se traen entre manos, pasados, presentes y futuros (con más de 30 causas judiciales pendientes por corrupción del PP) no me fio ni un pelo de todos ellos.

Pongamos por caso, el líder de la oposición, A. Núñez Feijóo, que no es descartable que empezase en política gracias a las supuestas donaciones de Marcial Dorado, que presuntamente ayudase en las campañas electorales del susodicho.. ¿Por qué si no, iba darle trabajo a las empresas del narcotraficante, cuando era Feijóo Presidente de la Xunta Galega?

Saltando al momento actual, cabe destacar, que Feijóo y Tellado ya conocían a Koldo, (y no de vista) ya que, según los audios virales del asesor de Ábalos, en alguna ocasión se habían reunido ambos tres. Pues según apunta 'Diario Red', en dichos audios guardados por Koldo en la nube, la relación con la mano derecha de Feijóo existe desde el 2020, donde Tellado le habría ofrecido beneficios judiales y trabajo, a cambio de grabar conversaciones del PSOE y entregárselo a ellos.

Y esto debería ser así porque si damos credibilidad a estos audios cuando afectan al PSOE, también habría que dárselos cuando afectan al PP. Y hete aquí, de como Feijóo pasa a ser del mesías salva-patrias  esperado, a un supuesto mafioso y presunto golpista.

Luego tenemos la Presidenta Ayuso, que confunde la Institución que representa, con la señora Ayuso particular, sin saber muy bien cuando corresponde sus actos a uno u otro papel. Pues ataca al Gobierno del Estado siempre que lo considera oportuno, con cualquier disculpa, como si ella no hubiese roto un plato nunca (durante sus mandatos se han enriquecido su madre, su hermano y su novio) .Pero los ataques se vuelven más virulentos, cuando se trata de defender a su novio, donde por una lado se victimiza, afirmando que su novio es un particular que no merece ser perseguido por la Justicia (recordemos que este señor defraudó a la Hacienda Pública unos 350.000€, y si así se demuestra, está penado con cárcel según la ley) y por otro, para defenderle, utiliza los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y los de la presidencia del gobierno madrileño (M.A. Rodríguez, se ha mostrado como un consumado propagador de bulos, que ha convencido incluso al juez Hurtado).

Además, la justicia, después de 5 años, se ha decidido a investigar por qué 2791 ancianos murieron en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, sin asistencia médica ni hospitalaria, en virtud del llamado “protocolo del vergüenza” aprobado por la Consejería de Salud, con el visto bueno de Presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde luego, mal se está poniendo el horizonte penal a la actual presidenta de Madrid.

En cuanto a la corrupción del PP, nunca esta de más recordar los escándalos de corrupción protagonizados por políticos del PP, que en el anexo final, solo adjunto los más de 30 casos de corrupción pendientes de juicio.

También tenemos el caso de Abascal, más dado a los mensajes de odio, insultos, amenazas, y acusaciones sin pruebas (donde los jueces admiten denuncias interpuestas por estos con recortes de periódicos) aunque desde Vox, quieren hacerse pasar como el único partido demócrata y patriota de España, más me parece esto una exageración hiperbólica que otra cosa, porque un partido que pide 6,5 millones de euros al banco húngaro de Orbán, y luego, a los 2 años, lo devuelve todo por transferencia, más 1 millón en concepto de intereses, no me parece mucho de fiar. No estaría mal que un juez abriese diligencias al respecto, para determinar de donde salió ese dinero y caso ser ingresos corrientes, si se pagaron impuestos al respecto.

Por otra parte, tengo mis dudas, a que el famoso “remplazo” que los de Vox tienen en boca todos los días, no se referirán a sustituir al actual monarca, porque a diferencia de lo que opina gran parte de los españoles incluidos los votantes del PP y por supuesto de Vox, el partido ultra de Abascal me parece el mayor peligro interno para la democracia que hay actualmente en España.

En ese sentido, el otro día estaba viendo y escuchando una tertulia en el canal 1 de TVE, cuando comprobé, como la mayoría de los tertulianos, incluido la moderadora, aseguraban que si hubiesen elecciones y el tándem PP-Vox gobernasen el Estado, no ocurriría nada (malo entiendo), al igual que ha pasado en las comunidades autónomas donde gobernaron. En ese momento, mi cerebro entró en ebullición, y me asaltaron a la vez, 1000 preguntas y respuestas al respecto. La primera, que para estar en un programa de informativo, hay que documentarse primero, antes de desinformar a la población. La segunda es que supongo que todos los tertulianos serían heterosexuales, no inmigrantes, ni feministas, porque ya se sabe que los ultras no se llevan demasiado bien con la comunidad LGTBI+, inmigrantes y feministas(cariñosamente las llaman feminazis). La tercera que entiendo que tengan mucho trabajo, pero la historia de España siempre está bien de vez en cuando repasarla, para rememorar que les ocurrió a nuestros padres y abuelos durante la guerra civil y la posguerra. Y recordar también, que los ultras de Vox son los herederos de aquellos que dieron un golpe de estado que barrió España y causó un millón de muertos, de lo cual se sienten orgullosos.

Pero además entiendo, que es una forma muy grosera de blanquear a la extrema derecha, que las víctimas del franquismo, aún enterradas en las cunetas, no se merecen.

Y no olvidemos, que Vox se retiró del gobierno en las autonomías donde cogobernaba con PP, porque no querían MENAS (inmigrantes menores no acompañados) en esos territorios. Entre otras, estimo que esa sería la mayor irresponsabilidad cometida, pero para el PP todo está bien, con tal de mantener la poltrona.

Pero el Gobierno progresista actual, en cambio, cumple con el derecho internacional, en la protección de los menores, y atiende la justicia social, subiendo las pensiones y el SMI, conforme el IPC., y trata de solucionar el problema de la vivienda en España, con la derecha extrema en contra, como no podía ser de otra manera. Mientras que el PP echa o no admite a los MENAS de los territorios donde gobierna y cuando gobierna el Estado, congela la subida de Pensiones y del SMI, y defiende a los propietarios de vivienda y que se joda el resto. Eso sí, todos los domingos van a misa y echan limosna en los cepillos, para los pobres (sacerdotes)

La legislatura (XIV) del primer Gobierno de coalición en diez leyes

  1. Los ERTE de la pandemia
  2. La reforma laboral
  3. El tope al gas
  4. Solo sí es sí
  5. La ley de Memoria Democrática
  6. La revalorización de las pensiones con el IPC
  7. Los impuestos sobre los beneficios de la banca y las energéticas
  8. El Ingreso Mínimo Vital
  9. La ley 'trans' y el aborto
  10. La primera ley de vivienda

La legislatura (XV) del segundo Gobierno de coalición

Siete leyes orgánicas

  1. Ley de amnistía
  2. Ley de representación paritaria y equilibrada de mujeres y hombres,
  3. Leyes por las que se regula el Ministerio Fiscal
  4. Ley para el intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
  5. Ley del derecho a la defensa; otra,
  6. Ley de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra en cuanto al tráfico (de perfil autonómico)
  7. Ley para dotar de más eficacia a la Justicia española.

Después de todo lo anterior, es inconcebible e intolerable, que la gobierno progresista actual se le demonice y a Vox se eleve a los altares. Ni lo uno ni lo otro. Un poquito de por favor hombre.

Y menos espectáculos de parte de sus señorías de la derecha extrema, en el Parlamento (Congreso de los Diputado y Senado) que pagados por nuestros impuestos no están representando.

Arreglen sus diferencias dialogando, que para eso existe esas Instituciones. O váyanse al bar a resolver sus diferencias a puñetazo limpio, como neardentales.

Fuente: Redacción

POSDATA

No quería terminar este escrito sin dirigirme al The New York Times, en el sentido de antes de revolver la mierda de Europa, limpien su casa, que entre las deportaciones, guerras y el asesinato de congresistas demócratas, buena la tienen.

Y mejor, si entran en guerra con Irán, no lancen misiles desde la base militar que EE.UU. tiene en España porque el país islámico ya ha advertido que atacará a España si esto ocurre. Así que guárdense su mierda para ustedes.

Y del  5% para la OTAN nada. España es un país soberano. No lo olviden nunca.

ANEXO (Treinta y tantos casos de corrupción pendientes de juicio)

'Gürtel', el abecedario de la corrupción

El corazón de la corrupción del PP, el caso Gürtel, se conoció en 2009 cuando el entonces juez Baltasar Garzón desarticuló la trama de corrupción política más grave de la democracia, según se desprende de las condenas que ya ha cosechado en todo este tiempo. La trama, encabezada por el empresario Francisco Correa, al frente de un holding de empresas de organización de eventos, se valió de sus contactos en el PP para instaurar una red de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas en ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP. La investigación judicial, repartida en múltiples piezas separadas, ha concluido con condenas de cárcel para exalcaldes, exconcejales, y miembros de aquellos ejecutivos regionales. Son tres las condenas al partido por lucrarse de 'Gürtel', y aún queda un juicio pendiente.

El próximo mes de noviembre se cerrará por fin este largo proceso judicial que ha investigado una década de corrupción del caso Gürtel, entre 1999 y 2009. Se juzgará a Francisco Correa y a varios abogados que dieron cobertura legal a la trama, acusados de fraude fiscal, blanqueo, falsedad documental y  asociación ilícita. Les acompañará en el banquillo Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, considerado lugarteniente de Correa.

El novio de Ayuso y los protocolos de la vergüenza

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está procesado por defraudar a Hacienda 350.000 euros. Un caso que la presidenta madrileña ha politizado, al mostrarlo como un ataque a su persona y que ha desembocado en la primera investigación a un fiscal general del Estado.

En cuanto a las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia por culpa de unos protocolos que impidieron su traslado a los hospitales, hay tres altos cargos del Gobierno de Ayuso imputados por omisión del deber de socorro. Dos juzgados los que de momento han abierto causas por estos hechos, uno en Madrid y uno en la localidad de Leganés. La jueza de este juzgado ha solicitado que se unifiquen las dos causas en el juzgado de la capital.   

Las guerras sucias del Ministerio del Interior

A la diversidad de casos de corrupción y de presuntas negligencias que salpican al PP y a sus gobiernos se une una de las anomalías más serias de la democracia, la creación de una brigada política dentro de la Policía para espiar y neutralizar a oponentes políticos y salvaguardar al PP. Así desde el Ministerio del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, en el gobierno de Mariano Rajoy, se desarrolló presuntamente una trama para arrebatarle al que había sido tesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas de la financiación irregular del partido. Es lo que se conoce como caso Kitchen, que se juzgará en mayo de 2026, con el exministro Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, en el banquillo de los acusados, entre otros.

Las cloacas de aquel Ministerio del Interior también han llegado a la Audiencia Nacional, en una investigación del juez Pedraz sobre el espionaje que sufrieron los diputados de Podemos  en 2016.

El Gobierno de Murcia, a juicio

La desaladora de Escombreras, en Cartagena, supuso un sobrecoste para las arcas públicas de la región de 74,1 millones de euros, según Anticorrupción, y fue el reflejo de un modelo de gestión, con gobiernos del PP en la región, marcado por los desmesurados planes urbanísticos que el Tribunal Supremo acabó tumbando. Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia entre 1995 y 2014, presidente de honor del PP de Murcia, y ex vicepresidente del Parlamento Europeo (2014-2019), está procesado por este caso. El juicio se celebrará en 2027.

Se trata del segundo expresidente de la región perteneciente al Partido Popular que será juzgado por presuntas prevaricación y malversación, tras la condena de Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio. Precisamente, este está procesado por el caso Guarderías, sobre presuntas irregularidades en la construcción de los centros municipales de atención a la infancia y la mujer en el municipio murciano de Puerto Lumbreras cuando fue alcalde.

Otro caso pendiente de juicio es Novo Carthago, sobre la urbanización de terrenos cercanos al Mar Menor, en áreas protegidas y no urbanizables. Se espera que a finales de este año se retome la vista oral contra varios exconsejeros regionales después de que fuera aplazada en 2023 por la sobrecarga en la agenda de señalamientos de las secciones penales de la Audiencia Provincial, como se llegó a publicar en la prensa local entonces.

Macrocausa ‘Púnica’

En 2014 la UCO detuvo a 50 políticos, concejales y empresarios de Murcia, Madrid, León y València implicados en una trama de corrupción de adjudicación irregular de servicios públicos y de blanqueo de capitales. Aquella inmensa red, que solo en Madrid supuso unos 250 millones de euros en adjudicaciones irregulares, desveló un operativo orquestado presuntamente por el entonces secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, para amañar concursos públicos que incidía en la financiación del partido. 

La entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, llegó a estar imputada en la causa, pero finalmente el juez García Castellón la libró, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, pese a existir indicios de financiación ilegal durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

En la actualidad se está desarrollando el juicio por una de las nueve piezas que aún siguen abiertas por este macrocausa, la pieza Cofely, sobre los contratos públicos, entre 2012 y 2014, a la multinacional Cofely por los ayuntamientos de los municipios madrileños de Moraleja de Enmedio y Torrejón de Velasco, gobernados por el PP.

Negocios con el patrimonio público

El caso Lezo, con epicentro también en la Comunidad de Madrid, se bifurcó en cinco piezas, pendientes de juicio, sobre corrupción en el gobierno de la Comunidad de Madrid a manos del PP, por la utilización de la sociedad pública del Canal Isabel II para la compra de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa, y con el presunto amaño de la adjudicación pública del campo de golf del Canal de Isabel II y con las obras del tren a Navalcarnero. Está procesado el expresidente madrileño Ignacio González, entre otros ex cargos públicos.

Tres nuevos casos de Ayuso

La número tres del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, está siendo investigada por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, por contratación pública irregular durante su etapa en el Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos. Otros casos que se investigan en estos momentos y que salpican a Ayuso son el caso FP y el caso Judith Piquet. El primero de ellos versa sobre la adjudicación a dedo, a través de contratos menores, al Grupo Virelec, de obras de reformas en centros educativos que debían haber sido licitadas. 

Respecto a Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, está siendo investigada por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, por la filtración de un parte policial referido a una agresión sexual. La fotografía de este documento interno de la policía local fue usada por Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, para relacionar el delito con la llegada de personas migrantes.

'Operación Borrasca'

Hace unas semanas era detenido Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, junto con el hacker José Luis Huertas Rubio, Alcasec, por integrar una red dedicada a perpetrar ciberataques a organismos públicos y empresas, y vender luego los datos obtenidos. Martínez, procesado por el caso Kitchen,

Una investigación de Público desveló que el Ayuntamiento de Madrid contrató al 'hacker' Alcasec para que auditara sus aplicaciones móviles con la mediación del ex 'número dos' de Interior, Francisco Martínez, procesado en el caso Kitchen.

El exministro Montoro y los contratos en Andalucía

Un juez de Tarragona investiga si el bufete Equipo Económico, fundado en 2006 por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con Mariano Rajoy, usó presuntamente sus influencias en la Administración para beneficiar a sus clientes. El ministro de Hacienda entre diciembre de 2011 y junio de 2018 impulsó la llamada 'amnistía fiscal', que fue declarada inconstitucional por el TC.

Por otro lado, dos juzgados investigan los contratos de la Junta de Andalucía para obras en los centros sanitarios de la comunidad durante la pandemia. Hay dos causas abiertas en este sentido, una, en Sevilla, por los contratos de emergencias y otra en Cádiz donde se investigas los contratos menores, es decir, adjudicados sin licitación pública.

'Caso Elecnor'

El listado de los 30 casos pendientes de juicio contra exdirigentes del PP se cierra con el conocido caso Elecnor, por el que han sido procesados los exdiputados del Partido Popular Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, acusados del pago de mordidas a miembros del gobierno argelino para amañar la adjudicación de la construcción de una desaladora y un trazado ferroviario en el país norteafricano a la constructora Elecnor y otras dos mercantiles para las que trabajaban.

El caso lleva nueve años en investigación y a principios de 2025  la Audiencia Nacional rechazó el recurso de los acusados para archivar la causa al apreciar como sólidos los indicios de los delitos de corrupción.

Fuente: publico.es