Hasta su salto a la política nacional, y sus posteriores nombramientos como Presidente del PP y Senador por Galicia, Feijóo estuvo al frente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, durante los cuales, sucedieron constantes casos de clientelismo, amiguismo y nepotismo, junto con los lógicos y consecuentes “fracasos sociales” expuestos sucintamente al pie del post, en Anexo I.
Por gentiliza del periódico digital Publico.es y por el interés general que pueda tener la información, reproduzco casi íntegramente el magnífico artículo escrito al respecto por Juan Oliver y en Anexo I, pongo enlaces a otros artículos, igualmente del mismo autor y periódico, también vinculados al informe presentado.
Se le puede creer o no, pero lo cierto es que en
1995 Dorado ya había aparecido en las portadas de periódicos gallegos y
estatales y en los titulares de todas las televisiones, por su implicación en
varias causas por contrabando y por tráfico de drogas. Entre otras la operación
Nécora, que en 1990 sentó en el banquillo a 45 personas. La sentencia de aquel
caso se hizo pública en 1994, pocos meses antes de que los dos salieran a
pasear en el yate del primero por la ría de Arousa.
Entre 1992 y 1996, Feijóo era el secretario xeral de la Consellería de Sanidade de laXunta y el responsable de los expedientes mediante los que la Xunta
adjudicó a las empresas de Dorado el suministro de la gasolina de las
ambulancias del Servizo Galego de Saúde y del combustible para la calefacción
de los hospitales gallegos.
El narco blanqueaba de esa forma la actividad de
sus gasolineras, con las que llenaba los depósitos de las planeadoras y los
camiones que transportaban tabaco, hachís y cocaína, y de paso podía lavar el
dinero negro que le reportaba el tráfico de drogas gracias al dinero blanco que
ingresaba de la Administración gallega.
En 2013, la candidata de Sumar a las elecciones del
23 de julio, Yolanda Díaz, por entonces diputada de AGE en el Parlamento de
Galicia, pidió a Feijóo que hiciera públicos los expedientes de aquellas
adjudicaciones. La Xunta le respondió que no podía hacerlo porque habían sido
destruidos durante unas inundaciones en un instituto de enseñanza en secundaria
en Vigo, a donde habían sido trasladados a causa de unas obras en los archivos
de la Consellería de Sanidade en Santiago.
"La falta de transparencia es una constante en
la Xunta dominada por el PP", asegura Pablo Arangüena, diputado autonómico
del PSOE y portavoz en la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia.
"Incluso se niega habitualmente la información que los diputados
solicitamos al amparo del reglamento del parlamento o se retrasa tanto que
cuando llega, deja de tener sentido", añade.
A mediados de los años 90, Feijóo no sólo se
relacionó con Dorado, sino con otros testaferros y empresarios relacionados con el narcotráfico. Quien le
presentó al narco ourensano fue Manuel Cruz, militante del PP y chófer del
entonces conselleiro de Sanidade, José Manuel Romay, y testaferro de varias de
las empresas de Dorado. Cruz era el líder de un grupo falangista de Ferrol al
que también estaba adscrito Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno de
Aznar en Galicia cuando en 2004 la policía encontró en el chalé de Dorado las
fotos de Feijóo.
Fernández de Mesa, a quien Aznar nombraría después
director general de la Guardia Civil, fue quien alertó a Feijóo de la
existencia de las fotos once años antes de que se publicaran.
Pocos meses después de que el hoy presidente del PP
accediera a la presidencia de la Xunta en 2009, el líder del PP en la localidad
pontevedresa de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, tuvo que dimitir de su cargo
de delegado territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra
cuando se supo que a mediados de los noventa había vendido varias empresas a
Dorado y a José Manuel Prado Bugallo, Sito Miñanco, el más conocido de los
narcos gallegos, a través de Manuel Cruz. Una de esas empresas era,
precisamente, JF Oil, una de las distribuidoras de combustible a las que Feijóo
había adjudicado contratos de suministro del Sergas cuyos expedientes nunca
aparecieron
Juncal dimitió en 2010 cuando la prensa gallega
hizo públicas sus relaciones con las redes más poderosas del narcotráfico
arousano, pero Feijóo, que acababa de obtener hacía pocos meses su primera
mayoría absoluta, no sólo no lo repudió, sino que lo protegió manteniéndole el
sueldo de alto cargo nombrándolo jefe de Protección Civil en Pontevedra.
Aznar y Romay se llevaron a Feijóo a Madrid en 1996
y le pusieron al frente de la secretaría general de Asistencia Sanitaria del
Ministerio de Sanidad. Tres años después, Manuel Cruz murió en un accidente de
tráfico en la autopista AP9 que La Voz de Galicia definió como
"extraño".
Feijóo al frente de Correos
Al año siguiente, Aznar nombró a Feijóo presidente
de Correos. Allí dirigió la logística del voto por correo de varios procesos
electorales que nadie puso en duda, como él sí hace ahora con su sucesor en la
presidencia de la empresa pública insinuándolo como instigador de un fraude electoral, por el hecho de que hubiera ocupado
un alto cargo en el Gobierno del PP.
En Correos, Feijóo conoció a Regino Martín, el
sindicalista que ha alentado ese debate que los hechos y la propia empresa han desmentido. Feijóo asegura que es el único
"amigo comunista" que tiene. Se le puede creer o no, pero lo cierto
es que en alguna de las fotos que se sacó en el yate de Marcial Dorado aparece posando con su pareja de entonces, la exsecretaria de Sanidade de CCOO enGalicia, quien luego ocuparía el mismo cargo en la federación estatal del
mismo sindicato.
Durante los mandatos de Feijóo en la Xunta entre
2009 y 2022 se han sucedido constantemente los casos de clientelismo, amiguismo
y nepotismo. Y no sólo en Ourense, donde el presidente de la Deputación
Provincial, Manuel Baltar, por quien el aspirante popular hizo alcalde a Gonzalo Pérez Jácome, acaba de renunciar a
su cargo envuelto en sospechas de corruptelas que implican a su familia en el cobro de mordidas y a funcionarios de la institución que
habrían asumido sus multas por exceso de velocidad.
El Consello de Contas de Galicia, el organismo
encargado de fiscalizar las cuentas de la administración autonómica, alertó el
verano pasado de que la administración paralela de la Xunta de Feijóo a través de chiringuitos yentidades instrumentales gestiona ya más de 1.700 millones de euros, es decirel 14% del presupuesto del Ejecutivo autonómico. La deuda que acumulan, según
el Consello de Contas, asciende a más de 550 millones de euros.
Cuando Feijóo dejó el Gobierno gallego en mayo de
2021, en Galicia había 29 fundaciones públicas, 17 agencias, 15 sociedades
mercantiles, 11 organismos autónomos y entidades de consulta, nueve consorcios,
cuatro fondos de capital riesgo y dos entidades públicas empresariales. Al
frente de muchos de ellos, con salarios que exceden con mucho lo que cobrarían
como funcionarios de la Administración convencional, Feijóo ha colocado a amigos, familiares de
amigos, militantes y altos cargos del PP, cuyos currículos, en numerosas
ocasiones, no ofrecen capacitación ni relación alguna con las competencias que
les asignó.
La hermana de Feijóo
Esos organismos e instituciones, además, acumulan
buena parte de los contratos públicos que la Xunta ha asignado a las empresas
del grupo Eulen, cuya directora para la zona noroeste de España es su propia
hermana, Micaela Núñez Feijóo. Entre 2009 y 2022, Eulen recibió 37 millones de euros en adjudicaciones de la administración gallega,
y cerca del 80% de esa cantidad se licitó a través de esa administración
paralela en la que Feijóo colocó a sus fines.
Muchas de esas adjudicaciones millonarias coinciden
con nombramientos y ceses a dedo de sus responsables dentro del organigrama de
la Xunta. También en Eulen. En 2016, Micaela Núñez, que entonces era directora
de la delegación de la empresa en Galicia, fue nombrada directora territorial
para el Noroeste después de obtener en 2015 el el mayor contrato de la Xunta,
4,38 millones para la vigilancia de los centros de salud del Servizo Galego de
Saúde (Sergas) en A Coruña.
Dos años después, Feijóo nombró al entonces gerente
del Sergas que firmó aquella adjudicación, Antonio Fernández-Campa, vocal del
consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa.
Fernández-Campa no tenía relación alguna ni con el sector portuario ni con
Vilagarcía, y la oposición acusó entonces a Feijóo de premiarle con un cargo a
dedo bien remunerado gracias a las dietas por asistencia a los consejos de la
institución.
Algo parecido sucedió con Jesús Vázquez Almuiña,
conselleiro de Sanidade entre 2015 y 2020 y máximo responsable de las
adjudicaciones del Sergas a Eulen en ese período. Almuiña es médico de
profesión, fue alcalde de Baiona (Pontevedra) y tampoco se le conocía
vinculación alguna con la gestión de los puertos hasta que Feijóo le nombró en
2020 presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, con un salario de 87.000
euros anuales, superior al del presidente del Gobierno.
La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), que
gestiona el tratamiento de basuras de un centenar de municipios gallegos,
adjudicó Eulen 3,46 millones bajo mando de dos presidentes nombrados a dedo por
Feijóo: Luis Lamas, que tuvo que dimitir después de que se supiera que también
había suscrito contratos de Sogama con su propio despacho de abogados, y Javier Domínguez Lino, exconcejal del PP en
Poio (Pontevedra) a quien Feijóo designó como su sucesor. Lamas cobraba en
plena crisis financiera más de 72.000 euros, y Domínguez Lino, 74.000 euros.
Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado director
general de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) justo después
de la investidura de Feijóo en 2009, y a quien la oposición y los sindicatos acusan de haber puesto los medios públicosde comunicación al servicio de los intereses del PP, ha firmado con Eulen
contratos por valor de 2,2 millones de euros. Su salario supera los 92.000
euros anuales.
Tanto Feijóo como su sucesor, Alfonso Rueda, se han
negado a destituir a Sánchez Izquierdo pese a que acumula centenares -si, centenares- de sentenciasen contra de los tribunales de justicia por vulneración de derechos civiles ylaborales. Lo tendrían fácil porque fue el propio PP el que impulsó y
aprobó hace doce años la Lei do Audiovisual Galego, que establece que el
director general de la CRTVG debe ser nombrado por el Parlamento.
La red que proporcionó contratas millonarias a la
empresa en la que trabaja la hermana de Feijóo también atrapó a algunos
alcaldes. Ernesto Anido, quien llegó al Gobierno local de Sada (A Coruña)
siendo la tercera lista más votada, gracias a los votos de tránsfugas de su
propio partido, adjudicó a Eulen 810.000 euros, el 8% del presupuesto
municipal. Hace dos años el Tribunal Supremo le condenó a ochos años de
inhabilitación por un delito de prevaricación en la contratación de una
asesora.
En Melide, a una hora por carretera de Sada, la
alcaldesa del PP, Ánxeles Vázquez, adjudicó a Eulen una cantidad similar, más
de 806.000 euros, el 15% del presupuesto local de ese año. Vázquez es
licenciada en Geografía e Historia y técnica en información y cultura, pero
pese a no tener experiencia en el sector primario Feijóo la ascendió a
conselleira de Medio Rural un año después de aquella operación.
En el 2018 la nombró conselleira de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda. Hoy es
vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y
Vivienda en el Gobierno de Alfonso Rueda.
Los contratos con Eulen
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó el año pasado a Feijóo los contratos con Eulen cuando éste aún era presidentede la Xunta, asegurando que tenía "el deber inexcusable" de
explicar por qué la empresa para la que trabajaba su hermana había multiplicado
sus negocios con la Administración y por qué en muchos de los procedimientos de
adjudicación existían evidencias de trato de favor e información privilegiada.
Feijóo nunca respondió, ni tampoco lo hicieron
Eulen ni su hermana, de quien Público trató, sin éxito, obtener una versión
cuando publicó hace más de un año las informaciones arriba citadas.
El diputado socialista Pablo Arangüena recuerda que
el PP ha votado en dos ocasiones en la Cámara gallega a favor de sendas
iniciativas del PSdeG para que la Xunta facilite toda la documentación relativa
a los contratos de la Xunta con la empresa de la que su hermana es apoderada en
Galicia. Pero sucede como con los contratos de Marcial Dorado, a quien Feijóo
decía no conocer del todo.
"El PP vota a favor de entregarnos la
documentación, pero luego no nos la entrega. Lo mismo ocurre con muchos otros
temas, y eso dificulta mucho investigar
la corrupción", concluye Arangüena. Si se teclea "Eulen" en
Google aparecen 13,6 millones de resultados. Si se añade "Feijóo",
sólo 32.900.
ANEXO I
- Eucaliptos, rías contaminadas y un caótico desarrollo eólico al servicio de las eléctricas
- 13 años de privatizaciones, nepotismo y degradación de la sanidad pública enGalicia
- 37.000 empleos perdidos en la industria tras trece años al frente de la economía deGalicia
- 164 colegios y 841 profesores menos, la mitad de becas y más gasto en concertada enGalicia
- 65.000empleos menos y el triple de deuda tras 13 años en la Xunta
Fuente: Publico.es
