9 de septiembre de 2021

BITCOIN. El Salvador se convierte en el primer laboratorio del mundo de la moneda virtual

 El país centroamericano se ha convertido en el primero del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa oficial

Los ojos de economistas y amantes de la tecnología de todo el mundo están puestos este martes en El Salvador. El pequeño país, de poco más de 6,4 millones de habitantes, se ha convertido en el primero del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, como estipula una ley que fue aprobada de manera exprés en junio pasado por el Parlamento, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, sin dar muchas explicaciones a los salvadoreños. La decisión de legalizar la circulación de esa moneda, que junto al dólar estadounidense será la divisa oficial, se produjo hace tres meses, unos días después de que el mandatario anunciara su plan en una conferencia internacional sobre dinero virtual celebrada en Miami.

La bitcoinización de El Salvador ha arrancado con una caída del sistema y con grupos de salvadoreños manifestándose en contra de la implementación de la cibermoneda, mientras Bukele pedía paciencia para superar los problemas técnicos. “Mejor despacio y con buena letra”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. “Como toda innovación, el proceso del bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes. Pero debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”, había advertido el presidente el lunes.

Frente al entusiasmo con el que el Gobierno de Bukele ha promovido el uso de la moneda virtual, una medida muy bien acogida entre la comunidad geek (amantes de la tecnología) internacional, muchos salvadoreños ven con preocupación cómo su país se convertirá en un laboratorio mundial de la cibermoneda, con la incertidumbre que eso supone. Además, las reglas de funcionamiento no están del todo claras. El presidente dijo que el uso del bitcoin será opcional, pero en el texto de la ley se lee que “todo agente económico” está obligado a aceptarla “como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”.

Para poder usar el bitcoin, los salvadoreños deberán descargarse una cartera virtual denominada Chivo Wallet (Cartera Chivo, una palabra que en ese país se usa para describir algo “chévere” o “guay”). Con esa aplicación, los ciudadanos podrán sacar dólares de los 200 cajeros automáticos (’puntos Chivo’) que el Gobierno ha instalado en todo el país. Además, quienes se descarguen la aplicación en sus celulares recibirán un bono equivalente a 30 dólares en bitcoin, que no podrán convertir en dólares.

La ley indica, además, que el tipo de cambio entre esas dos monedas “será establecido libremente por el mercado”, lo que ha generado preocupación entre ciudadanos y expertos por la volatilidad de una moneda que no es de uso oficial en ningún otro país del mundo. Bukele sigue gozando de unos niveles de popularidad altísimos, por encima del 70%, pero la decisión de adoptar el bitcoin, que anunció en una conferencia en Miami y en inglés, ha generado las suspicacias dentro y fuera del país.

Varias encuestas publicadas en las últimas semanas muestran que la mayoría de la población rechaza la medida. Uno de los sondeos, del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, indicaba que el 66,7% de los salvadoreños creía que la Ley bitcoin debía ser derogada. Además, el 78,3% de los ciudadanos dijo no estar interesado en descargar la aplicación Chivo Wallet, mientras que el 71,2% aseguró que prefería utilizar el dólar.

Por otra parte, distintos grupos de ciudadanos han salido a las calles en los últimos meses para pedir la derogación de una medida que consideran impuesta y que generará “inseguridad jurídica” y “podría ser utilizada para estafar a los usuarios y facilitar el lavado de dinero y activos”, como dijo Idalia Zúniga, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, en una de esas protestas.

Bukele argumenta que la adopción de la criptomoneda beneficiará económicamente a los salvadoreños, especialmente a quienes reciben remesas del extranjero. En agosto, el mandatario señaló que los ciudadanos de su país en el exterior pagan anualmente “400 millones de dólares en comisiones” para enviar dinero a sus familiares. “Solo ese ahorro será un beneficio enorme para nuestra gente (o al menos para quien así lo desee)”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según fuentes oficiales, las remesas benefician a 1,63 millones de ciudadanos. Solo en 2020, los envíos de los salvadoreños en el exterior sumaron más de 5.900 millones de dólares (casi 5.000 millones de euros), lo que representa más del 20% del producto interior bruto del país. Y mientras que los salvadoreños que mandan y reciben remesas navegan en la incertidumbre sobre cómo será su uso, Bukele, que continúa recibiendo críticas de la comunidad internacional por sus golpes de autoritarismo, opta por achacar las críticas exclusivamente a sus rivales políticos.

“La oposición torpe siempre juega ajedrez de un paso. Han apostado todo a meterle miedo a la población sobre la Ley Bitcoin y puede que logren algo, pero solo hasta el 7 de septiembre. Una vez en vigencia, la gente verá los beneficios, quedarán como mentirosos y perderán doble”, escribió el mandatario a finales de agosto. Este lunes, en esa misma red social, comenzó a calentar el terreno con mensajes en los que anunciaba la compra de las primeras monedas de bitcoin; hasta ahora han adquirido 400, a un valor de mercado de 21 millones de dólares (17,8 millones de euros). Sin embargo, las primeras horas desde la puesta en marcha de la cibermoneda no parecen haber despejado las dudas de los salvadoreños sobre su uso ni la incertidumbre del mundo que sigue a la expectativa de cómo funcionará el experimento de Bukele.

El Salvador sin posibilidad de reacción frente una caída abrupta del bitcoin luego de adoptarlo

Los bancos centrales, incluido el Banco de Inglaterra, han comenzado recientemente a tomar las criptomonedas más en serio. Elon Musk dice que ha invertido en él, e incluso puedes comprar un Tesla con algunos tipos. Aun así, no puedo evitar sentirme incómodo; La criptomoneda se parece mucho a una burbuja especulativa.

Al igual que el raro comercio de tulipanes en las primeras décadas de los años 1600 cuando la especulación sobre las flores hizo que los precios se dispararan, el negocio de las criptomonedas en la década de 2020 es una locura popular impulsada por chismes y rumores. Y si se convierte en una forma de pago ampliamente aceptada, podría transformarse en algo mucho más parecido a una moneda internacional popular (análoga a los derechos especiales de giro respaldados por el gobierno del FMI), y podría tener una cuenta bancaria para ello. Pero si las personas y los gobiernos comienzan a confiar en él, se volverá más como una moneda convencional, con consecuencias impensables.

La criptomoneda siempre ha sido un tipo extraño de “dinero”. Hasta ahora, se ha utilizado principalmente como un medio volátil de ahorro, más que como intercambio. Pero podría serlo. El dinero es lo que hace el dinero, y siempre que la gente confíe en él, funcionará como una moneda. La historia económica está llena de ejemplos del ingenio humano que tomó el control cuando las monedas convencionales se rompieron. Y si viviera en El Salvador o en cualquier otro país donde la moneda local haya demostrado ser poco confiable (Argentina, Zimbabwe y la República Democrática del Congo son ejemplos recientes), estaría más receptivo a la idea de una nueva moneda alternativa voluntaria.

Fuente: El Pais.com y Yahoo.com

DIGI. Zarandea el mercado español al lanzar fibra de 10 Gbps por 30 euros al mes

 Lanza la tecnología XGS-PON en España


Digi busca revolucionar el mercado de la fibra óptica en España. La operadora rumana de low cost ha anunciado hoy el lanzamiento de su servicio de acceso a internet por 10 Gbps, diez veces más que la máxima velocidad que actualmente se comercializa en España. Un movimiento con el que busca elevar la presión competitiva sobre las grandes telecos.

"Será el servicio de fibra más rápido en el ámbito residencial en España, y Digi será el primer operador en ofrecerlo", ha dicho el consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, en una presentación con los medios de comunicación.

El servicio, bautizado como Pro-Digi, utiliza la tecnología XGS-PON, y se ofrecerá a un precio de 30 euros al mes, a partir de mañana. Inicialmente se comercializará en la Comunidad de Madrid, si bien la intención es lanzar el servicio en el resto de regiones.

Varzaru ha explicado que con wifi la velocidad será de seis Gbps y con cable de ocho Gbps. Según el directivo, con este servicio, el cliente mejora su experiencia en ámbitos como la visión de vídeos en streaming, la mejora de la calidad de las videoconferencias, además de elevar las prestaciones en el uso de internet para el teletrabajo. Además, ha destacado el uso de los router de wifi 6, que permiten conectar múltiples dispositivos con mayor rapidez, así como hacer un uso más eficiente de la energía.

A la conclusión del segundo trimestre, Digi contaba con un parque total de más de tres millones de clientes en España, de los que 2,66 millones son de móvil y 327.000 de fibra, en este último caso, un 140% más que en la misma fecha del ejercicio anterior.

La operadora lanzó los servicios de fibra óptica inicialmente a través de la red de Telefónica, mediante la vía mayorista, si bien, en paralelo, en los últimos dos años, ha acelerado los despliegues propios.

Así, por ejemplo, Digi cuenta con red propia que cubre cerca de la mitad de la población de la Comunidad de Madrid, donde se va a lanzar inicialmente el citado servicio Pro-Digi.

En este sentido, la teleco ha impulsado un modelo de contratación de personal propio para acelerar estos despliegues de redes. En este momento, Digi España cuenta con una plantilla cercana a 3.000 personas. "En los últimos seis meses hemos contratado a cerca de 1.000 personas", ha precisado Varzaru.

Fuente: Cinco días.com

CORONAVIRUS. España, por primera vez desde 1/7/21, fuera del riesgo alto de contagio

 El Ministerio de Sanidad ha notificado 4.763 nuevos contagios y 71 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia se ubica en los 140 casos por cada 100.000 habitantes

La incidencia a 14 días ha caído este miércoles por debajo del umbral de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, con lo que España sale del riesgo alto de contagio por primera vez desde el 1 de julio, según los indicadores marcados por Sanidad, que no obstante valoran también otros factores como la ocupación en UCI para elaborar el semáforo de riesgo epidemiológico.

Tras ceder nueve puntos, la tasa de contagio se sitúa en los 140,43 contagios. La curva de la incidencia comenzó a escalar el 22 de junio, cuando se alcanzó un suelo, el momento más bajo entre la cuarta y la quinta ola, en los 92,25 casos. La tasa saltó rápidamente en los días siguientes hasta alcanzar un pico un mes después, el 27 de julio, en los 702 casos, para luego descender de nuevo de forma ininterrumpida hasta ahora..

La incidencia baja en todas las comunidades autónomas. Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Galicia y Murcia están por debajo de los 150 casos. Por edades, los grupos más jóvenes siguen mejorando sus datos: el grupo de 20 a 29 pasa de los 185 a los 169 casos por cada 100.000 habitantes, y el de 12 a 19 cae hasta los 215. Además, este jueves los grupos de 60 a 69 y 70 a 79 bajan de los 100 casos de incidencia por primera vez desde mediados de julio.



El Ministerio de Sanidad ha informado de 4.763 nuevos contagios en las últimas 24 horas, un descenso con respecto al miércoles, cuando se notificaron 5.618 casos. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado de COVID-19 4.903.021 personas.



Las comunidades que presentan mayores subidas son Catalunya, que notifica 1.211; Andalucía, que suma 821; y Madrid, que añade a su balance 720 nuevos contagios.



Las autoridades sanitarias han informado de 71fallecidos, por los 81 registrados el miércoles. El balance global de muertes por la crisis sanitaria asciende ya a 85.218.

Las presión hospitalaria ha experimentado una nueva bajada este jueves y la ocupación en las UCI con enfermos de COVID ya cae del 14% (13,73), al tiempo que los ingresados en camas convencionales por coronavirus bajan en 200, hasta los 5.115.

 


Más de 68 millones de dosis administradas

Las comunidades han administrado ya un total de 68 millones de dosis de alguna de las vacunas disponibles contra la COVID-19, tras las 203.943 puestas durante el último día. Así, casi 35 millones de personas tienen ya la pauta completa de vacunación, un 73,6% de la población.

Además, un 78,1% de los habitantes tiene al menos la primera dosis, más de 37 millones de personas.

Por grupos de edad, un 93% de los mayores de 40 ha recibido la pauta completa, es decir, tiene dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, o bien una de Janssen, y un 94,6% ha recibido al menos el primer pinchazo.

Las comunidades empiezan a suministrar la tercera dosis a inmunodeprimidos y Sanidad prevé aumentar los receptores

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que las comunidades autónomas pueden comenzar a inocular la dosis adicional de la vacuna contra la COVID-19 -la tercera- a los trasplantados de órgano sólido y de médula ósea, a las personas con linfoma y a aquellos diagnosticados de esclerosis múltiple. El Ministerio ha precisado que se trata de 100.000 personas aunque la Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME) eleva la cifra a 230.000.

Son los primeros pacientes inmunodeprimidos para los que se ha aprobado esta dosis extra, pero el número aumentará rápidamente, según Sanidad. "Estamos en constante revisión", ha precisado Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ministerio con las comunidades autónomas cada miércoles.

Fuente: El Diario.es

INTERNET. Google, une EEUU (Nueva York) y España(Bilbao) por clave submarino.

 Google ancla en Bilbao el nuevo cable submarino que crea una línea directa de fibra con Nueva York

El nuevo cable forma parte de una nueva generación de conexiones que están llegando a la península para convertirla en un polo regional

Bilbao y Nueva York han quedado unidas por una línea directa de fibra óptica este jueves. Es propiedad de Google y con él la multinacional espera aumentar la fiabilidad, velocidad y potencia de sus servicios a ambos lados del Atlántico, así como "mejorar la infraestructura general de telecomunicaciones europea". La nueva conexión recorre más de 6.500 kilómetros y tendrá una bifurcación anclada a Cornualles, en la costa británica, que se completará a finales de 2021.

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Los cables submarinos son una infraestructura básica para el Internet actual, una malla de fibra que llega a todos los rincones del mundo. Un 98% del tráfico de la red circula a través de ellos. El nuevo cable de Google recibe el nombre de Grace Hopper, una matemática pionera en la ciencia de computación y considerada una de las primeras hackers de la historia. Es el quinto que financia la compañía después del Equiano (entre Portugal y Sudáfrica), el Dunant (de EEUU a Francia), el Curie (de EEUU a Chile) y el Firmina (entre EEUU y Brasil, Argentina y Uruguay).

Después de una primera generación de cables destinados en conectar EEUU con el centro del mundo, actualmente una nueva etapa de inversiones busca crear nuevos nodos de conexiones en zonas antes consideradas periféricas. La península ibérica es una de las zonas que atrae un mayor interés para las tecnológicas por su posición estratégica entre Latinoamérica, Europa y África. Este 2021 se ha completado una de las conexiones más importantes en este sentido con la construcción del cable EllaLink, entre Lisboa y Fortaleza, en Brasil.

La nueva etapa de inversiones incluye también el renovado interés en construir centros de datos que gestionen la información transportada por los cables. La propia Google, Microsoft y Amazon han anunciado importes desembolsos para establecer sus polos de conexiones regionales en España, a las que se unen las empresas que gestionan centros de datos independientes (cuyo negocio se basa en construirlos y arrendar su capacidad a otras empresas). La industria de centros de datos asegura que sus inversiones podrían generar hasta 35.000 millones de euros para el PIB español.

El Grace Hopper utiliza una nueva tecnología de "conmutación de fibra", que "encamina el flujo de datos de forma más eficaz para esquivar ralentizaciones y cortes", ha explicado Google. "En un mundo pospandémico que se dirige hacia una nueva normalidad digital, la inversión en cables submarinos nos permite planificar y preparar las futuras necesidades de cobertura de nuestros clientes, estén donde estén", ha expresado la multinacional.

Fuente: El Diario.es



NUBE_EUROPA. Unas 300 empresas en España se ofrecen para crear GAIA-X, la nube al margen de Amazon o Microsoft

 Casi dos tercios de ellas son pymes españolas, informa la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El objetivo del proyecto es crear una infraestructura europea de almacenamiento de datos y computación europea independiente de las multinacionales de EEUU

El plan para crear una nube europea independiente de las multinacionales de EEUU que dominan el sector gana tracción en España. El programa se denomina GAIA-X y hasta 313 empresas han respondido a la manifestación de interés convocada en junio por el Gobierno, adelantan fuentes oficiales a elDiario.es, que en total han presentado 180 propuestas. Casi dos tercios de las empresas que han pedido participar en la creación de la sección nacional del proyecto son pymes españolas, un resultado que el Ejecutivo considera "muy relevante, porque demuestra que nuestras pymes ven la relevancia y las oportunidades de la economía del dato".

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GAIA-X es una iniciativa público-privada cuya misión es desarrollar una infraestructura de almacenamiento de datos y computación en la nube para que las empresas europeas dejen de depender de las tecnológicas estadounidenses en este campo. Actualmente este mercado está dominado por Amazon Web Services (32%), Microsoft Azure (20%) y Google Cloud (9%), según la consultora Trading Platforms. La china Alibaba (6%) es la primera compañía no estadounidense de la lista.

El objetivo del proyecto es que la próxima generación de la nube sea de "soberanía europea" y "que suponga una alternativa segura en el mercado y otorgue capacidad de control de acceso y reutilización para aquellos que producen los datos", explican desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), que coordina la creación del capítulo español. En resumen: que los datos que se generen en Europa se queden en el continente, se rijan por las leyes de la UE y no dependan de multinacionales extranjeras que los utilicen para generar un beneficio que luego se llevan al exterior.

El anclaje a tierra de esa nube europea consistirá en una red de hubs nacionales. La idea original surgió a raíz de una alianza entre Francia y Alemania en 2019, que emplearon un modelo basado en una asociación de empresas coordinadas por su respectivo gobierno. La iniciativa tomó poco después carácter europeo. España consumará en los próximos meses su adhesión al proyecto apoyándose en los fondos comunitarios para la recuperación de la crisis del coronavirus. El primer paso ha sido este llamamiento por parte del Gobierno a las empresas interesadas en conformar la asociación responsable la pata española de GAIA-X.

Este jueves la SEDIA ha organizado el primer taller sobre la iniciativa para las organizaciones que se han postulado, al que asistirán representantes de un centenar de empresas. "Tras esta manifestación de interés y la buena acogida recibida, ponemos en marcha la hoja de ruta de trabajo de aquí a fin de año con los agentes de la industria (de muy distintos sectores de actividad) para comenzar a diseñar y establecer este hub nacional de GAIA-X", explican a este medio desde la Secretaría de Estado.

Actualmente hay unas 250 organizaciones y compañías internacionales suscritas al proyecto, un dato que sirve para poner en contexto las 313 empresas que han enviado propuestas solo para el capítulo español. Además de Francia, Alemania y España, también han anunciado su participación Bélgica, Eslovenia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia.

Un primer uso sanitario

El ámbito de la nueva nube europea será "muy sectorial" en un primer momento, avisan las mismas fuentes. Un ejemplo de sus posibles usos es el data lake ("lago de datos") sanitario que impulsa la SEDIA junto al Ministerio de Sanidad. Se trata de una gran base de datos donde se volcarían grandes cantidades de información clínica que generan los hospitales y centros de salud, con el objetivo de usar inteligencia artificial para detectar nuevos patrones, ayudar a la investigación y desarrollar la medicina preventiva. Esos datos serían previamente seudonimizados y anonimizados.

El Ejecutivo ha destinado 100 millones de euros del fondo de recuperación a este "lago de datos" sanitario. También ha solicitado a la junta de gobierno de GAIA-X liderar el desarrollo de la nube europea en el sector de la salud para potenciar la iniciativa. Un gran número de sociedades médicas españolas (la de Oncología, la de Médicos de Atención Primaria, la de Medicina Intensiva, etc.) y de pacientes (la Asociación Española Contra el Cáncer o la Plataforma de organizaciones de pacientes) ya han apoyado la idea.

El plan de los promotores de GAIA-X es precisamente crear una infraestructura propia para no tener que someter información tan sensible como la de un "lago de datos" sanitario a proveedores de fuera de la UE.

Nube, lagos de datos, inteligencia artificial

El proyecto de crear un capítulo español GAIA-X entronca con el eje digital sobre el que pivota el plan de recuperación diseñado por el Gobierno para los fondos europeos. "España es el país de la UE que va a dedicar el mayor porcentaje de estos fondos a su transformación digital. Exactamente el 30%, más de 20 millones de euros, a diferencia del promedio de 20% el resto de países de la Unión", ha recordado este miércoles Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en una comparecencia en el Senado para explicar los detalles de esta estrategia.

Un punto central del plan, ha expuesto la secretaria de Estado, es potenciar el sector español de inteligencia artificial. "Es una de las tecnologías de mayor proyección de futuro y de impacto en la economía y en la sociedad. Un catalizador de la investigación y del desarrollo, haciendo que la generación, almacenamiento y procesamiento masivo de datos, el big data, sea en sí mismo un sector económico", ha manifestado.

La inteligencia artificial es un catalizador de la investigación y del desarrollo, haciendo que la generación, almacenamiento y procesamiento masivo de datos, el 'big data', sea en sí mismo un sector económico

    Carme Artigas — Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

Artigas, que antes de llegar al Gobierno era una de las mayores emprendedoras del sector IA nacional (fundó una startup de análisis de datos que vendió a Telefónica por 10 millones de euros, pasando a ser una de las altas ejecutivas de la multinacional), avisa que este desarrollo no llegará sin un esfuerzo previo. "El éxito de esta transformación depende en gran medida de que exista una oferta competitiva de infraestructuras, de productos de servicios digitales basados en tecnologías de carácter habilitador y de actividades de I+D que también se transfieran a la industria", ha recordado.

Fuente: El Diario.es

7 de septiembre de 2021

Bloqueo renovación GGPJ. ¿Los jueces deberían elegir en exclusiva a su Órgano de Gobierno? El Constitucional dice que no

 El Alto Tribunal estableció hace 35 años que con el modelo actual que Casado exige cambiar no están en juego ni la independencia de los tribunales ni la del CGPJ. 

La Constitución no dice en ninguna parte que los jueces deban elegir a los jueces, como afirma reiteradamente el líder del PP

La elección directa de vocales por parte de los jueces conllevaría el riesgo de traspasar “al seno de la carrera judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad, con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido”, señalaba el fallo.

“Los jueces son los que deben elegir a los jueces”. Esta frase, repetida hasta la saciedad desde hace meses, resume la posición que defienden a coro los tres partidos de la derecha española: el PP de Pablo Casado, los ultras de Santiago Abascal y Ciudadanos, liderado por Inés Arrimadas. Casado, cuyo partido es el único de los tres que puede bloquear la renovación de este órgano, ha llegado incluso a decir que la elección directa por parte de los jueces es un mandato de la Constitución. Y, ante la negativa de la coalición de Gobierno a suscribir ese criterio —en cumplimiento de la vigente Ley del Poder Judicial de 1985—, ha proclamado su intención de bloquear indefinidamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi tres años. “Que abandonen toda esperanza. Para renovar el Consejo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces”, proclamó la semana pasada.

Pero lo que dice Casado no es cierto. Ni tal cosa figura en la Constitución ni los jueces deben ser, necesaria y exclusivamente, los que elijan a doce miembros del CGPJ. En realidad este asunto ya lo resolvió el Tribunal Constitucional hace 35 años, el 29 de julio de 1986, en una sentencia que negó al PP (entonces todavía bajo la denominación de Alianza Popular) que el modelo de elección del Consejo —el mismo que está ahora vigente— fuese contrario a la Carta Magna.

La derecha no discute la elección de ocho de los 20 miembros del Consejo porque es la propia Constitución la que establece, en su artículo 122.3, que deben ser designados por el Congreso y el Senado. Lo que busca Casado con su argumento es imponer su criterio a la mayoría de las Cámaras y al Gobierno, para que sólo los jueces elijan a los doce miembros restantes del CGPJ sin participación alguna del legislativo. Quiere poner fin a la norma actual, que se ha aplicado con gobiernos del PP y del PSOE, según la cual Congreso y Senado deciden esos puestos, aunque no libremente: deben elegir a partir de una lista de medio centenar de nombres propuestos directamente por jueces y magistrados.

En contra de lo que el PP sostiene, no está en juego la independencia del Poder Judicial. Casado afirma que mantener el sistema actual atenta contra “la independencia judicial”. Su número dos, Teodoro García Egea, habla de la necesidad de “un órgano de gobierno de los jueces totalmente independiente del poder político”. Pero el TC, en su sentencia de 1986, dice claramente lo contrario: “Ni la autonomía ni la facultad de autogobierno” de los jueces y magistrados “se reconocen en la Constitución ni se derivan lógicamente de la existencia, composición y funciones del CGPJ”. Lo que la Carta Magna consagra es “la independencia de cada juez a la hora de impartir justicia”. El CGPJ no deriva de la “existencia de un autogobierno de los jueces” sino de la decisión de los constituyentes de “crear un órgano autónomo que desempeñe determinadas funciones, cuya asunción por el Gobierno podría enturbiar la imagen de la independencia judicial, pero sin que de ello se derive que ese órgano sea expresión del autogobierno de los jueces”.

La Constitución, recuerda el fallo del Alto Tribunal, “obliga, ciertamente, a que doce de los vocales del Consejo sean elegidos ‘entre’ jueces y magistrados de todas las categorías, mas esta condición tiene como principal finalidad que un número mayoritario de vocales del Consejo tengan criterio propio por experiencia directa sobre los problemas que los titulares de los órganos judiciales afrontan en su quehacer diario, de la misma forma que, al asignar los restantes ocho puestos a Abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, se busca que aporten su experiencia personas conocedoras del funcionamiento de la justicia desde otros puntos de vista distintos del de quienes la administran”.

Fuente: Infololibre.es

TRIBUNALES. Todas las asociaciones judiciales al fin se dan cuentan que "nos jugamos la credibilidad del sistema" y piden que acabe el bloqueo del CGPJ

 Las cuatro principales asociaciones judiciales sostienen que su independencia e imparcialidad se está viendo dañada y piden a PSOE y PP que renueven el órgano con urgencia y estudien cambios en la elección

En la apertura del año judicial y con todos los ojos puestos en su intervención, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido ante el rey y altos cargos del Gobierno y del principal partido de la oposición que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se realice sin atender a cuestiones partidistas. El magistrado ha calificado la situación de “insostenible” y ha instado a los dos principales partidos del arco parlamentario a ponerle solución a esta anomalía democrática “en las próximas semanas”.

Más de 1.000 días lleva el CGPJ caducado. El debate lleva tiempo servido, pero esta cifra redonda ha redoblado las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición: mientras el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, encendió la mecha la semana pasada recordando que todos los poderes emanan del Estado y los jueces no pueden saltarse el control parlamentario eligiéndose entre ellos, la oposición atacó con dureza sus palabras llegando a pedir su dimisión y pidiendo un cambio de modelo que diera más poder a los jueces a la hora de elegir a sus representantes.

Preguntadas al respecto las principales asociaciones judiciales del país para conocer de primera mano su opinión sobre el significado de un bloqueo inconstitucional y apreciar a quién culpabilizan de este proceso anómalo en el que el CGPJ, órgano encargado de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, esté en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. De forma holgada, este consejo ha sido el que más tiempo ha estado sin renovar en toda la democracia española. Este factor empieza a poner en cuestión la independencia de la justicia española y del órgano encargado de su imparcialidad.

¿Qué supone el bloqueo del CGPJ?

“El retraso de tres años supone una anomalía que debilita al órgano de gobierno y termina por afectar al conjunto del sistema, no solo al Poder Judicial, sino al resto de instituciones, Gobierno y Cortes Generales, cuya credibilidad queda en cuestión”, argumenta en declaraciones a este medio Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). “Ahora las consecuencias de esta anomalía resultan agravadas porque, en lugar de buscar el consenso, se pretendió resolver privando al CGPJ de una de sus principales funciones y provocando una situación de vacantes e interinidad en el Tribunal Supremo y al frente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales que acaba por impedir su normal funcionamiento, sin el cual no hay Estado de Derecho”, prosigue la cabeza visible de la asociación con un mayor número de miembros en España.

En la misma línea contestan desde la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), aunque van un poco más allá y ponen sobre la mesa la culpa de los dos partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados: “Dificulta aspectos importantes en el funcionamiento de la Justicia española, como los nombramientos en los principales tribunales del país. Y además impide que se afronten proyectos de reforma del sistema judicial o de mejoras profesionales. Pero, sin duda, lo peor es el daño institucional al que tanto PSOE como PP están sometiendo a esta institución no sólo con el bloqueo de los últimos tres años, sino peor todavía con el reparto que han hecho de este órgano durante 35 años”, argumenta Jorge Navas.

Más directa y crítica con el PP es Asunción Martín, portavoz de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) -la asociación progresista mayoritaria-: “Está bloqueado porque el PP, el principal partido de la oposición, se niega a ponerse a dialogar y, por tanto, es imposible su renovación. Desde nuestro punto de vista, el bloqueo supone no cumplir la principal de sus funciones que es la imposibilidad de hacer nombramientos discrecionales”.

Concepción Rodríguez, presidenta de la Asociación Foro Independiente (FJI), matiza que este bloqueo “lo que pone de manifiesto es el fracaso del sistema establecido en la LOPJ 6/1985 de 1 de julio, de elección exclusivamente parlamentaria del CGPJ”. “La Constitución Española en su artículo 122 no dice que transcurrido el mandato no siga funcionando el órgano. Lo que se ha hecho es aprobar la LOPJ 4/2021 a tal fin. Esta reforma es la que limita ciertas competencias del CGPJ en funciones”, prosigue.

Fuente: El Plural.com

6 de septiembre de 2021

APERTURA AÑO JUDICIAL. Lesmes critica injerencia del Gobierno por justificación de los indultos

 El presidente del Tribunal Supremo urge una renovación del CGPJ "en las próximas semanas" y critica la reforma impulsada por PSOE y Podemos que impide hacer nombramientos mientras están en funciones. Mientras que la Fiscal General del Estado destacó el aumento de delitos de odio y de violencia de género.

Previo al discurso de Lesmes ha intervenido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha ofrecido los datos de la memoria de la Fiscalía del año 2020. Ha puesto de relieve los datos de violencia de género, con 33 asesinadas en lo que va de año y ha recordado a las mujeres de Afganistán.

La fiscal ha hecho hincapié en los delitos de odio y discriminación, que “atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática”.

Los motivos más numerosos se refieren a la orientación sexual y al racismo y la xenofobia. Según los datos de la memoria, se aprecia un sensible aumento del motivo ideológico, especialmente a través de las redes sociales.

El Presidente del Supremo eleva el tono

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha elevado hoy el tono ante una situación, a su juicio, cada vez más preocupante de injerencia política en la justicia. Ha denunciado la intromisión que considera que hace el Gobierno al justificar los indultos de los líderes de procés como una forma de recuperar la concordia frente al revanchismo del Tribunal Supremo. Para Lesmes, lo que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez es inaceptable y así lo ha expresado hoy en su discurso de apertura del año judicial frente al rey Felipe VI.

Pero también ha tenido duras palabras para los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, por mantener desde hace casi tres años bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, ha insistido en la "urgencia" de que el Consejo sea renovado en las próximas semanas. En este punto, el PSOE ha acusado al PP de negarse a llegar a un acuerdo para elegir a los veinte vocales del órgano de los jueces. Sin embargo, la formación de Pablo Casado ya ha dicho que no piensa ceder hasta que no haya una reforma de la ley para que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo. Las exigencias del PP impiden que se cumpla la petición de Lesmes porque la reforma de una ley orgánica necesita unos plazos y se alargaría meses. Además, los socialistas ya han dicho que a día de hoy no se contempla tal reforma.       

Lesmes critica la injerencia del Gobierno por la justificación de los indultos

Respecto a esa falta de independencia judicial, Lesmes ha puesto como ejemplo los indultos a los líderes del procés. Lesmes ha advertido que para justificar la concesión de la medida de gracia, el Gobierno llegó a contraponer “la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante a concesión de los indultos que el Ejecutivo pensaba en la “concordia” frente a la “venganza”, o que ya produjo fuertes críticas desde el Poder Judicial.

Lesmes ha arrancado su discurso ante el rey Felipe VI advirtiendo que en este año su intervención estaría dedicada a la independencia del poder judicial. Así, puso de manifiesto que la independencia de los jueces se pone en ocasiones en entredicho “especialmente desde algunas instancias políticas”, cuando las decisiones judiciales “se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado”.

En una sala del Supremo en la que estaban presentes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, o el líder del PP, Pablo Casado, entre otros, el también presidente de Consejo General del Poder Judicial ha defendido que la función de los jueces y magistrados se limita a juzgar y hacer ejecutar o juzgado, “con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier índole”.

Así, defiende que su labor es ajena a esa “idea de revancha o con ese sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”. Así, añade: “la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, son un instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”. 

“Anormal situación” del CGPJ

Como era esperado, Lesmes ha vuelto a criticar la situación de bloqueo para la renovación del CGPJ, que llevaba ya 1.000 días prorrogado. El presidente del órgano ha calificado de “anormal situación” del actual Consejo “por causas que le son completamente ajenas”.

Ha insistido en el deber de cumplir con la Constitución, que fija en cinco años el mandato del órgano. “Esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas (Congreso y Senado), sin que un deber que dimana de la propia Constitución, pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”.

Lesmes ha mencionado que el Consejo fue creado para garantizar tanto la “autonomía del Poder Judicial respecto del poder político” como la salvaguarda de la independencia de cada uno de sus miembros.

El presidente del órgano de los jueces ha recordado a los políticos la doctrina fijada por Europa respecto a la composición del CGPJ y de la independencia judicial. Lesmes hace así suya la reivindicación de las asociaciones judiciales sobre la necesidad de reformar la ley para que sean los jueces y no los políticos quienes elijan a los vocales que conforman el Consejo.

Crítica a la reforma que limita sus funciones

Carlos Lesmes también ha usado su palabra en la apertura de año judicial para poner el foco en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por PSOE y Unidas Podemos y aprobada en las cortes para limitar las funciones de Consejo mientras se encuentra prorrogado, y que impide concretamente seguir haciendo nombramientos de jueces. Según Lesmes, esta reforma ha “agravado la situación”. Ha insistido en que la imposibilidad de hacer nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Supremo estos últimos seis meses “coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este alto tribunal”, en el cual hay once plazas si cubrir.

“La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales”.

Así, sostiene que la justificación de la necesaria renovación del Consejo “no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”.

Reclama una renovación en “las próximas semanas”

A su juicio, estas acciones promovidas en el Congreso ha “debilitado” la “legítima función del Consejo”. “Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.

El presidente del Supremo ha recalcado que la situación “resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos”.

EDITORIAL

Valoro y respeto el discurso de D. Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, pero la única palabra que deseaba escuchar y no se pronunció, era la de su dimisión, después de 1.000 días de mandato caducado del CGPJ y antes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la ONU exijan rendir cuentas, respecto de la sentencia condenatoria  a los políticos, ahora indultados, del procés catalán.

Fuente: La Vanguardia.com

PRIVACIDAD. 225 millones de multa a WhatsApp al no contar a sus usuarios cómo compartía sus datos con Facebook

 La autoridad de protección de datos de Irlanda quintuplicó la sanción propuesta inicialmente, tras la presión de varios países europeos

La Comisión para la Protección de Datos (DPC, en sus siglas en inglés) de Irlanda, la máxima autoridad digital del país, ha anunciado este jueves su decisión de imponer una multa récord de 225 millones de euros (267 millones de dólares) a la compañía de mensajería móvil WhatsApp. 

La decisión responde al incumplimiento por parte de la plataforma del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, al no haber informado a sus usuarios de cómo estaba compartiendo su información con Facebook, su compañía madre. La investigación, iniciada en diciembre de 2018, buscaba determinar si la aplicación “cumplía con sus obligaciones de transparencia” en lo que respecta a informar a los usuarios de cómo se utilizarían sus datos. La comisaria irlandesa Helen Dixon, al frente de la DPC, ha tenido que dar su brazo a torcer y elevar cuantiosamente la propuesta inicial de multa, después de que varias autoridades regulatorias de otros países de la UE protestaran la decisión. El regulador irlandés tiene competencia en este caso dado que Facebook tiene su sede europea en este país.

Se trata de la multa más cuantiosa expedida por la DPC y una de las más altas impuestas en la Unión Europea en relación con el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El pasado julio la Comisión Nacional para la Protección de Datos (CNPD) de Luxemburgo sancionó a Amazon con 746 millones de euros por considerar que incumplió la ley europea en el tratamiento de los datos. El organismo de protección de datos de Irlanda tiene abiertas en total una veintena de investigaciones contra las tecnológicas.

El organismo irlandés ya presentó el pasado diciembre a varios organismos reguladores comunitarios una decisión preliminar sobre esta cuestión, en la que imponía una multa casi cinco veces inferior, de 50 millones de euros, pero ocho de esas entidades rechazaron las conclusiones y pidieron elevar la cuantía. El caso fue a parar al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés), que ordenó a la DPC que aumentara la sanción inicial. En el comunicado en el que la DPC comunica la multa, conmina también a WhatsApp a cumplir la normativa de protección de datos de la Unión Europea.

El RGPD, en vigor desde 2018, otorga mayores poderes a los reguladores para proteger a los consumidores frente a los gigantes digitales como Facebook, Google, Apple y Twitter, que, atraídos por un tratamiento fiscal favorable, han elegido Irlanda como sede. El RGPD permite a los reguladores multar a estos grupos hasta con el 4% de su facturación global.

“WhatsApp se compromete a proporcionar un servicio seguro y privado. Hemos trabajado para garantizar que la información que proporcionamos sea transparente y completa y seguiremos haciéndolo”, aseguró un portavoz de WhatsApp en un breve comunicado. “No estamos de acuerdo con la decisión de hoy sobre la transparencia que proporcionamos a las personas en 2018 y las sanciones son totalmente desproporcionadas”, subrayó, precisando que la empresa presentará un recurso esta decisión.

El abogado austriaco Max Schrems, fundador del bufete Noyb (acrónimo de None of Your Business, No es asunto tuyo), que pleitea desde años contra Apple, Google y Facebook por cuestiones de privacidad, aseguró tras conocer que WhatsApp recurriría la decisión que “en el sistema judicial irlandés esto significará que pasarán años antes de que se pague realmente cualquier multa”. “En nuestros casos hemos tenido a menudo la sensación de que el CPD está más preocupado por los titulares que por hacer realmente el trabajo de fondo”, añadió.

A principios de este año, WhatsApp anunció que cambiaría sus términos de uso para poder compartir determinados datos personales con Facebook, lo que teóricamente permitiría a la empresa matriz hacer negocio con ellos. El anuncio desató una enorme polémica global y el trasvase de usuarios a otras plataformas de mensajería como Telegram o Signal. La compañía amagó primero con eliminar las cuentas de aquellos usuarios que no aceptaran las nuevas condiciones y luego con limitar sus funcionalidades, pero finamente reculó y retiró las amenazas. La medida no afectaba en todo caso a los residentes en la UE, que quedaban protegidos precisamente por el RGPD.

Fuente: El Pais.com

España y los fallos del mercado eléctrico

El problema del sector no es de una falta de regulación, sino de una reglamentación que ha sido históricamente ineficiente

El disparatado aumento del precio de la luz registrado durante los últimos meses en España ha puesto al descubierto la deficiente regulación del mercado eléctrico. El problema del sector no es de una falta de regulación, sino de una reglamentación que ha sido históricamente ineficiente.

La evolución del precio de la luz, que alcanzó los 140 euros el megavatio hora (MWh) a principios de mes, ha puesto al descubierto que nuestro mercado está mucho peor regulado que el europeo, donde los ciudadanos no sufrieron subidas tan bruscas y repentinas.

Este problema se ha visto agravado por las conductas de determinadas compañías que han aprovechado la coyuntura alcista para vender electricidad al triple de su coste de producción, como ha sido el caso de la hidráulica y la nuclear, con instalaciones ya amortizadas. También ha despertado desconfianza el encarecimiento de la electricidad generada con gas al aplicar los precios últimos más caros, aunque lo hubieran adquirido con anterioridad mucho más barato.

Existen sospechas de que el aumento de los derechos de emisión de CO₂ se ha visto estimulado por la entrada de especuladores internaciones que han distorsionado al alza los precios. Unos derechos que no deberían ser percibidos por las tecnologías no contaminantes.

Los ciudadanos pueden intuir que se trata de un problema muy complejo, pero comprueban que nuestro sistema es peor que el de nuestros vecinos. El sistema eléctrico está fuertemente intervenido en todos los países para corregir sus ineficiencias. La regulación pretende corregir los llamados fallos del mercado, que en nuestro caso han resultado extraordinariamente beneficiosos para las compañías a costa de ciudadanos y empresas.

La economista Mariana Mazzucato ha propuesto un cambio radical para afrontar los desafíos que es incapaz de resolver el sistema capitalista actual. En su reciente libro Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo (Taurus), propone repensar el papel de los Estados para recuperar su función social y el sentido del interés público.

Mazzucato plantea sustituir la idea de que el papel del Gobierno es “solucionar, regular, redistribuir: corregir los mercados que funcionan mal”, por un nuevo pensamiento que se orienta por misiones. El enfoque de las misiones implica que la economía política utilice la idea de propósito público para guiar las políticas y la actividad empresarial. En su opinión, “el propósito público debe ser un elemento fundamental en la manera de generar riqueza colectivamente”.

Una estrategia basada en misiones “significa diseñar políticas que catalicen la inversión, la innovación y la colaboración entre una gran variedad de agentes económicos, involucrando tanto a las empresas como a los ciudadanos”. En definitiva, conformar antes el mercado y no corregir después. Es decir, plantear previamente “qué clase de mercados queremos en vez de qué problema del mercado es necesario corregir”.

A la luz de estas ideas es necesario que el nuevo diseño del sector cuente con una participación activa de todas las partes implicadas, sobre todo de las asociaciones de consumidores. Hay que compensar el inmenso poder de las compañías para lograr un sistema equilibrado.

Fuente: El Pais.com 

4 de septiembre de 2021

OPINION. ¿Las derechas ahora son anarquistas?

 Decía el filósofo anarquista francés, Sébastien Faure, que «cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista»

A la Atención de los señores Casado, Abascal, Arrimadas y Ayuso


Sabido es, que en países democráticos la autoridad la representan los 3 poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y hete aquí que los arriba nombrados, no respetan la autoridad de ninguno de estos poderes, cuando, dados sus continuos exabruptos al respecto, unas veces niegan la autoridad de las Cámaras representativas de la Soberanía Nacional llamando terroristas a Diputados y Senadores que no les gustan lo que votan, otras menoscaban la autoridad del poder Judicial, incumpliendo la Constitución e impidiendo la normal renovación del Órgano de Gobierno de los jueces. 

Y por último, pero no menos importante, atacan al conjunto del poder Ejecutivo negando su legitimidad y por tanto su autoridad e intentando impedir la necesaria recuperación de la economía española y por ende de la sociedad española, muy depauperada por las dos crisis consecutivas, la actual a causa de la pandemia y la del 2008 de infausto recuerdo, donde nos metió de cabeza el partido popular cuando gobernaba un tal Sr. M. Rajoy, hoy apartado de la política y salvado de los banquillos de los tribunales en el último minuto ( aunque el partido no ha terminado, lo digo por el recurso interpuesto por Fernández Díaz, ministro de interior por aquel entonces). Y no me quiero olvidar de los esfuerzos que hicieron los ministros del gobierno del PP de Sr. J.M. Aznar para salvarse de la cárcel, que de poco les sirvieron al terminar 12 de los 14 ministros de dichos gobiernos en prisión o encausados por casos decorrupción.

Llegado este punto, seguro que algunos se estarán preguntando que tiene que ver la corrupción con el anarquismo, pues sencillamente la corrupción es una forma como otra cualquiera de desafiar a la autoridad vigente,  desautorizándola al tiempo.

Pues bien, a todo esto quiero añadir, que la Constitución primero, y la leyes después, deben de ser respetadas siempre, y no intentar cambiarlas cuando nos venga en gana por intereses partidistas, como es el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o del Tribunal de Cuentas, o del Tribunal Constitucional. Hay más casos, pero para qué seguir.

Además, son de obligado cumplimiento para todos, sean nobles o plebeyos, porque refiriéndome a los jueces, no me vale que los corruptos, si son nobles, se libren de rendir cuentas ante la Ley, pues todavía recuerdo casos de cuando iba a la cárcel gente por robar una manzana para poder comer. La Ley debe ser igual para todos.

Para terminar, quiero recordar que cuando las derechas cargan contra asociaciones religiosas, de empresarios, sindicatos, o contra cualquier otro colectivo de Sociedad Civil, no ayudan nada al normal desarrollo de la representatividad de la Sociedad Española.

Pues claro, es el totalitarismo, ignorante, que diría el otro.

A lo cual respondería, más bien anarquismo de derechas o libertad de derechas, que para el caso da igual.

Fuente: Redacción