OPINION. Las cuentas de las propuestas económicas de Feijóo no salen

 La rebaja de impuestos que plantea el líder del PP no cabe dentro de la mayor recaudación fiscal que proporcionará la inflación

El Partido Popular ha propuesto al Gobierno un plan de medidas, complementario al ya aprobado por el Ejecutivo el 28 de marzo, para compensar a los colectivos sociales y económicos más vulnerables por el empobrecimento derivado de la inflación.

A partir de proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el PP parte de que este año el Estado recaudará 18.000 millones más por efecto de la inflación. Eso, después de haber descontado el efecto de las medidas ya aprobadas en marzo por el Gobierno, donde se incluye la prórroga hasta el 30 de junio de la rebaja del IVA de la electricidad o la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante hasta esa misma fecha, entre otras medida. Siguiendo el razonamiento del PP de Alberto Nuñez Feijóo, esa ‘sobre-recaudación’ de 18.000 millones concede margen, al menos, para seguir adoptando medidas con las que compensar a familias y empresas con rebajas fiscales adicionales por un importe que los populares acotan a entre 7.500 y los 10.000 millones de euros.

Los cálculos del PP merecen algunas puntualizaciones. En primer lugar, la mayor recaudación de 18.000 millones que se deriva de las cuentas de la AIREF no es solo en impuestos y no es solo del Estado, sino que corresponde a todas las administraciones públicas. En realidad, en impuestos, la mayor recaudación estimada por la Airef es de 10.400 millones, para el conjunto de Estado, autonomías y ayuntamientos (el resto, hasta 18.000 millones es por cotizaciones sociales).

Cabe pensar, además -y así lo admite en privado el Gobierno-, que las medidas adoptadas por el Ejecutivo deberán ser prorrogadas más allá del 30 de junio, pues es muy difícil imaginar que para esa fecha ya hayan quedado disueltos los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios de energía y alimentos y sobre el comercio internacional. Alargar las medidas otros seis meses, supondría un sobrecoste de unos 9.000 millones, según los propios cálculos de la Airef. Eso agotaría la mayor parte del colchón de 10.400 millones en impuestos. Apenas quedaría un margen de 1.500 millones si, bien, según las cuenta del PP, eso permitiría, al menos, deflactar la tarifa del IRPF al 5% y corregir parte de la inflación en el impuesto sobre la renta.

Sin necesidad de entrar a discutir si las rebajas adicionales de impuestos que propone el PP son convenientes o no desde un punto de vista político o social, lo que sí parece indiscutible es que las cuentas no salen.

EDITORIAL

Está claro que lo único que cuadra es la hipocresía del PP, capaz de pactar con Vox la formación de gobierno en, Castilla y León, Madrid y Andalucía. Y al mismo tiempo, felicitar a Macron por el éxito en las elecciones Presidenciales, congratulándose por vencer a la extrema derecha francesa.

Vaya, según el PP, lo que es bueno para Francia, no lo es para España. 

Respecto al presunto ciber-espionaje a los independistas, por medio del programa Pegasus, mejor sería que la investigación siguiera los cauces legales, para delimitar responsabilidades políticas donde corresponde, que es la Comisión del Congreso de Secretos Oficiales. A ver si de una vez por todas termina reuniéndose después de 2 años que llevan sin hacerlo, por aquello de los vetos cruzados, del PP y Vox contra independentistas e incluso otras veces con Unidos Podemos. 

Así que menos ruido y bastante más trabajo, es lo que todos los españoles esperamos de nuestros políticos, que para eso les pagamos.

En referencia al cuestionamiento permanente a la Jefatura del Estado, al igual que en el resto de los aspectos aquí tratados, les diré que en la democracia de España, como en cualquier otro país democrático,  solo cabe actuar conforme a la Legislación vigente y a la Constitución. 

Fuente: El Periodico.com 

LEGISLACION. La UE aprueba su gran paquete regulador de los mercados digitales

 Las tecnológicas como Facebook o Google deberán aumentar el control sobre sus contenidos y publicidad.

La Unión Europea ya tiene listas sus grandes leyes de mercados y servicios digitales. Este viernes el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han cerrado el acuerdo sobre la Directiva de Servicios Digitales. 

Esta directiva se une al pacto que alcanzaron a finales de marzo sobre la norma de mercados, dando así forma definitiva al gran paquete regulador de plataformas de internet, gigantes tecnológicos y actividad digital que la UE se había planteado para esta legislatura. Con ambas normas, que todavía deben superar un último paso formal, los Veintisiete se convierten así en pioneros en todo el mundo en la regulación legal de la revolución tecnológica que se está viviendo en la actualidad.

La Directiva de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés), nombre oficial de la norma, establece obligaciones de transparencia y acceso sobre los algoritmos de las grandes plataformas digitales (las que tienen más de 45 millones de usuarios, el 10% del mercado potencial europeo). Plantea, además, la retirada rápida de contenidos ilegales, la protección de derechos fundamentales (restricciones al uso de datos de raza o religión) o multas que, en el caso de los gigantes tecnológicos, pueden llegar hasta el 6% de sus ingresos globales. De esta manera, con la facturación de 2021, Amazon podría enfrentarse a una multa de 26.000 millones de euros y Google a una de 14.000, calcula Bloomberg.

Además de estas dos grandes empresas, también otras como Meta, dueña de Facebook y WhatsApp, o Twitter están entre las firmas a las que afecta la nueva regulación. No obstante, su campo de acción es más amplio que el de la Directiva de Mercados Digitales, que se focalizaba en los gigantes del sector. Esta norma también apunta a los proveedores de acceso a internet, compañías que se encargan del registrar dominios, empresas que prestan servicios de almacenamiento en la nube, plataformas que median entre vendedores y consumidores... No obstante, sí que establece una diferencia entre los grandes operadores del sector (más del 10% del mercado) y los demás.

El acuerdo político alcanzado esta madrugada tras una reunión de 16 horas se trasladará ahora a un texto legal que deberá ser ratificado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. La norma entrará en vigor 15 meses después. También le falta este paso a la otra gran norma pactada hace unas semanas, la Directiva de Mercados Digitales, algo que sucederá en mayo. Concluirá entonces un proceso que empezó en diciembre de 2020.

Del carácter pionero de ambas normas, y de cómo se observa lo que está haciéndose en Bruselas en este ámbito, da cuenta un mensaje que la antigua candidata a presidenta de los Estados Unidos y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, publicó en la red social Twitter antes del comienzo de la reunión definitiva que mantenían las instituciones comunitarias: el Parlamento, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, representada por la vicepresidenta responsable del ramo, Margrethe Vestager, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. “Durante demasiado tiempo, las plataformas tecnológicas han amplificado la desinformación y el extremismo sin rendir cuentas. La UE está preparada para hacer algo al respecto”, proclama Clinton en su tuit.

Foor too long, tech platforms have amplified disinformation and extremism with no accountability. The EU is poised to do something about it.

I urge our transatlantic allies to push the Digital Services Act across the finish line and bolster global democracy before it's too late.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 21, 2022

Precisamente, el aspecto de la desinformación al que se refiere la también ex candidata presidencial estadounidense constituye uno a los que dispara la directiva de servicios, previendo la retirada rápida de los contenidos de las plataformas digitales cuando se detecten que son ilegales. “Lo que es ilegal offline, también debe serlo online”, ha subrayado Vestager tras el acuerdo, repitiendo uno de los eslóganes que la Comisión Europea ha utilizado para defender sus propósitos sobre la regulación digital y añadiendo, tras el acuerdo, que ya no es una frase hecha, sino una realidad. “Las plataformas deben ser transparentes en sus decisiones de moderación de contenidos, evitar que la desinformación peligrosa se haga viral y evitar que se ofrezcan productos inseguros en los mercados”, ha añadido.

Ta da! 16 hours, lots of sweets (but cookies still declined ;) We have a deal on the #DSA: The Digital Services Act will make sure that what is illegal offline is also seen & dealt with as illegal online - not as a slogan, as reality! And always protecting freedom of expression! pic.twitter.com/mUhU84Q9FS

— Margrethe Vestager (@vestager) April 23, 2022

Uno de los puntos que han quedado claros durante la última ronda de negociaciones es que la Comisión se encargará del control de las plataformas que superen el 10% del mercado potencial europeo (ahora 45 millones de usuarios). El objetivo de esto es que haya una aplicación homogénea de la norma en toda Europa y que no hubiera la posibilidad de que hubiera países que pudieran pactar una interpretación laxa de la norma y atraer así empresas. Detrás de esto se encuentra, sobre todo, la posibilidad de que Irlanda, sede europea de muchos gigantes tecnológicos estadounidenses (Apple, Google), no pudiera alcanzar este tipo de acuerdos.

Según explica el Consejo de la UE en su comunicado, esta directiva obligará cada año a las grandes plataformas digitales a analizar los riesgos que pueden provocar y estudiar cómo reducirlos. En ese análisis, empresas como Facebook, Google o Twitter deberán prestar atención a la difusión de contenidos ilegales con impacto negativo sobre los derechos fundamentales, sus consecuencias en procesos democráticos, como las elecciones, la seguridad pública, la violencia de género, la salud mental o sobre los menores. Por ejemplo, se permite a los usuarios un “mejor control” de cómo se utilizan sus datos, vetando el uso de datos como la orientación sexual, la religión o la raza en la publicidad personalizada.

Además, estarán prohibidas tretas habituales en la Red, como la utilización de los llamados dark patterns (patrones oscuros, según la traducción literal al español) que confunden al usuario sobre el contenido real de una página web. También estará vetado el uso de los datos personales de los menores para presentar publicidad

El impacto de la guerra de Ucrania ha llegado incluso al trámite de esta norma en la que durante su tramitación se ha añadido un nuevo artículo para responder a situaciones de crisis como la actual. Explica el comunicado del Consejo que se ha creado “un mecanismo que será activado por la Comisión por recomendación de los coordinadores nacionales de servicios digitales”, una figura esta última que crea esta directiva. El objetivo de ese instrumento es “decidir las medidas proporcionadas y eficaces que deben aplicarse para el respeto de los derechos fundamentales”. No obstante, estas medidas extraordinarias están limitadas a un periodo de tres meses.

Esta directiva también impone la obligación a las plataformas que ponen en contacto a vendedores con compradores a tener especial cuidado acerca de cómo son estas relaciones comerciales, ya que deberán garantizar que los consumidores están información correctamente y que se muestra toda la información sobre los productos y los servicios que se ofrecen.

Para el comisario Breton, esta “innovadora” directiva se ha tramitado a una “velocidad rápida”. “Solo 16 meses”, ha subrayado en un texto publicado en LinkedIn. El espíritu de la norma, ha enfatizado el francés, es “trasponer al mundo virtual las obligaciones y prohibiciones de la vida real. Europa está dotándose de unas herramientas que le permiten perseguir los actos ilegales en el mundo digital: discurso de odio, pornografía infantil, productos ilegales...”.

La eurodiputada socialista danesa Christel Schaldemose, ponente de esta norma en el Parlamento, por su parte, ha señalado que “estas nuevas normas garantizan a los usuarios más opciones y nuevas obligaciones para las plataformas en la publicidad personalizada, incluyendo la prohibición de dirigirla a menores y restringiendo el uso de datos para el diseño de perfiles”. “A partir de ahora, las plataformas deberán asumir sus responsabilidades y operar en un marco legal que hasta el momento era prácticamente inexistente”, ha destacado su correligionaria española, Adriana Maldonado.

Fuente: El Pais.com

CIBERDELINCUENCIA. Detienen a delincuentes que “hackearon” ordenadores de instituciones públicas para robar los nominas

 Durante la investigación se ha detenido a ocho jóvenes en Madrid, en una operación que continúa abierta y que ha sido coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada

La Policía Nacional han desarticulado una organización que presuntamente había “hackeado” sistemas informáticos de instituciones públicas en Madrid y Granada.

Se introducían en servidores de instituciones públicas para cambiar la domiciliación de las nóminas más cuantiosas. Tranferían el pago a dos cuentas abiertas con documentación falsificada, Estafando más de 53.000 euros.

Servidores de nóminas “hackeados” para desviar su capital

La investigación se inició a primeros de diciembre del año pasado tras una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Granada. Al menos cuatro nóminas, habían sido manipuladas y el dinero había sido transferido a cuentas ajenas. Todo esto, mediante un cambio en la domiciliación bancaria tras un “hackeo” del servidor. A finales de mes, los investigadores detectaron el ingreso de una quinta nómina en una de las cuentas bancarias de esta organización criminal.

Robaban en Madrid

Una de las consejerías de Comunidad de Madrid, informó a los investigadores de la existencia de un incidente de seguridad en su sistema informático.

Los miembros de este grupo se introducían en los programas destinados a la gestión de nóminas para alterar su normal funcionamiento. Lograban cambiar la domiciliación bancaria de las mismas.

El dinero de cinco nóminas acabó transferido a dos cuentas de dos bancos diferentes, abiertas utilizando documentación falsificada. En estas cuentas se detectaron además, otros abonos de una cuantía relevante, presuntamente procedentes de otros fraudes informáticos. Por el momento, el conjunto de todo el capital asciende a una cifra superior a los 53.000 euros.

Criptomonedas, deportivos de alta gama

Tras la obtención fraudulenta del dinero, el siguiente paso consistía en desviar el capital hacia cuentas que la organización criminal poseía.  A través de una plataforma de compraventa de activos digitales, el capital conseguido ilícitamente se convertía en criptomonedas, dificultando así la trazabilidad del dinero defraudado.

Se produjeron tres registros domiciliarios, uno de ellos en una vivienda perteneciente al principal investigado. Se han intervenido cuatro vehículos deportivos de alta gama valorados en más de 450.000 euros. 70.000 euros en metálico, unos 50 dispositivos informáticos – smartphones, portátiles, discos duros o “ledger”. También una billetera para la custodia de criptomonedas y unas 400 tarjetas de débito y crédito tipo “monedero”. Además fueron detectados más de 170.000 euros en criptomonedas.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, sigue abierta y no se descarta que otras instituciones hayan podido ser víctimas de este tipo de robos. Sobre dos de los principales miembros de la organización se decretó su ingreso en prisión

Fuente: Diario16.com

SANCIONES A RUSIA. ¿Es cierto que dos tercios de los bancos rusos siguen sin ser sancionados?

 El Peterson Institute for International Economics (PIIE) ha publicado un estudio en el que se muestra cómo, a pesar de haber desconectado a los bancos rusos del sistema SWIFT, la gran mayoría de éstos continúan operando con total normalidad.

Esta es la hipocresía de la Unión Europea, imponer sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, pero mantener a las principales entidades bancarias rusas con capacidad de operar para que sirvan de plataforma a través de la que seguir comprando petróleo y gas a Vladimir Putin.

Tras hacerse una realidad la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, la UE tuvo una respuesta dura que tenía como objetivo estrangular la economía de Rusia. Sin embargo, se ha quedado ahí puesto que varias de las potencias europeas continúan comprando hidrocarburos porque no se ha dado el siguiente paso que habría que haber dado.

La UE debería extender duras sanciones a la mayoría o todos los bancos rusos más grandes, incluido el más grande que juega un papel central en el sistema financiero de Rusia, Sberbank.

Según señalan Joshua Kirschenbaum y Nicolás Véron, del PIIE, la permisividad de la Unión Europea contrasta con la reacción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a los bancos rusos. «El 6 de abril, el Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones completas de ‘bloqueo’ a Sberbank y Alfa-Bank, el cuarto banco más grande de Rusia, lo que significa que las entidades estadounidenses no pueden realizar transacciones con ellos, y sus activos estadounidenses están congelados. Junto con acciones anteriores anunciadas el 22 y 24 de febrero, esta acción impide en gran parte o por completo que seis de los 10 principales bancos de Rusia, que representan más del 60 por ciento de los activos bancarios rusos totales, realicen transacciones sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos. Si bien éstos podría hacer aún más, sus acciones son mucho más que las acciones equivalentes de la UE. De esos mismos 10 bancos principales (dejando de lado el Banco Central de Rusia), la UE ha bloqueado solo cuatro (sin incluir Sberbank y Alfa-Bank), sumando solo una cuarta parte de los activos bancarios rusos totales», afirman los autores del informe.

Las sanciones contra el Banco Central de Rusia, aplicadas por la UE junto con Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón y otras jurisdicciones, han hecho añicos el mito de Rusia como fortaleza financiera y han obligado al banco central a elevar las tasas e imponer controles de capital, con un impacto negativo severo para el crédito ruso y las perspectivas de crecimiento y a pesar del esfuerzo decidido de Rusia para apuntalar el rublo.

Sin embargo, cuando se trata de bancos individuales, la UE hasta ahora ha concentrado su fuego financiero en solo siete instituciones financieras rusas: VTB, Promsvyazbank, Otkritie, Sovcombank, Rossiya Bank, Novikombank y la sociedad de inversión VEB.RF, que no tiene licencia como banco pero tiene activos que la situarían entre las 10 principales si lo fuera.

Tres de ellos fueron objeto de las sanciones de la UE el 23 de febrero, el día antes de la invasión. Luego el 1 de marzo, la UE excluyó a los siete del acceso a SWIFT. Finalmente, el 8 de abril, los cuatro restantes también fueron objeto de sanciones de bloqueo total, lo que pone fin a una escapatoria bastante sin sentido que permitió la continuación de los servicios de corresponsalía bancaria sin utilizar SWIFT. Estas sanciones han sido impuestas por toda la UE, no solo la zona del euro. Pero dejan intacta la gran mayoría del sistema bancario de Rusia

¿El dinero manda o no?

Esta falta de sanciones más duras de la UE a los bancos rusos no tiene más explicación que el miedo por parte de los supervisores financieros de la Eurozona de proteger a toda costa la estabilidad financiera. Esa motivación por la prudencia, sin embargo, ya no se aplica.

El Banco Central Europeo, en su papel de supervisor bancario de la zona del euro, ha seguido de cerca los posibles canales de contagio y ha sugerido, en una carta a los parlamentarios europeos, que actualmente no hay motivo de alarma por las exposiciones de los bancos de la zona del euro a Rusia. Los bancos de la UE con grandes operaciones en Rusia tienen señalado su próxima salida del país. Considerando todo esto, no parece que la intensificación de las sanciones de la UE a bancos rusos individuales amenace materialmente la estabilidad financiera europea. Ahí se demuestra la hipocresía de la UE.

«La postura actual de Europa de mantener compras significativas de petróleo y gas ruso tampoco es una razón para retrasar dicha intensificación. En pocas palabras, los compradores de la UE de hidrocarburos rusos no necesitan Sberbank para comprar el material. Pueden operar a través de un canal bancario mucho más estrecho, ya sea un banco ruso (grande o pequeño) que no esté autorizado para ese fin, o incluso a través de un banco sancionado que utilice una instalación autorizada exenta de sanciones para permitir transacciones de petróleo y gas. Ese banco puede ser Gazprombank (y/o su primo el Banco Regional de Desarrollo de Rusia, una filial de Rosneft), u otra institución que se considere adecuada. Incluso suponiendo que algunos contratos de suministro de petróleo o gas en curso se atiendan actualmente a través de Sberbank, esa relación bancaria presumiblemente puede cambiarse a otra institución sin que eso constituya un incumplimiento de contrato. Canalizar todas las ventas de energía a través de una instalación bancaria aprobada (o una pequeña cantidad de ellas) tendrá el beneficio adicional de facilitar el control de los volúmenes en toda la UE, aumentando la probabilidad de que los estados miembros acepten y se adhieran a las reducciones, si no a la eliminación de las importaciones en el futuro cercano», afirman los autores del estudio.

Por otro lado, el informe señala que la imposición de sanciones de bloqueo a Sberbank y a los otros grandes bancos rusos que actualmente no se ven afectados por las sanciones de la UE, a saber, Alfa-Bank, Russian Agricultural Bank, Credit Bank of Moscow, Bank Saint Petersburg, Tinkoff Bank, entre otros, sería una decisión menos trascendental que detener las compras de petróleo y gas de la UE a Rusia.

Aun así, crearía impedimentos generalizados para los negocios internacionales hasta ahora no sancionados para una amplia gama de actores económicos en Rusia y también haría cada vez más difícil para las entidades rusas eludir algunas de las otras sanciones ya vigentes.

«Es importante destacar que se puede hacer sin demora y sin un costo importante para la UE o países afines. Dadas las atrocidades cometidas por Rusia y su ruptura de las normas de seguridad fundamentales de Europa, hay mucho más riesgo en hacer muy poco que en hacer demasiado», finalizan Joshua Kirschenbaum y Nicolás Véron.

Fuente: El Diario16.com