La prensa alemana contra la derechización de la Justicia en España: "Cuando se trata de políticos conservadores, el poder judicial no es tan estricto"

 El diario alemán Taz ha publicado un demoledor artículo sobre el poder judicial en España y su escoramiento hacia la derecha. En él, son tajantes y ya en el subtítulo lanzan el primer dardo: "PP y Vox determinan la dirección de los tribunales".

El citado medio recuerda que durante años, magistrados cercanos al Partido Popular y Vox, han ostentado la mayor parte de puestos relevantes en los altos tribunales. Y recuerda que, aunque ahora gobierne la izquierda en coalición, esta situación no ha cambiado. Además, se hace eco del bloqueo al que sometieron los populares desde la moción de censura que hizo caer a Rajoy a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El periódico alemán sostiene que esta situación es la responsable de que los dos estados de alarma del Gobierno de Sánchez fueran declarados nulos por el Tribunal Constitucional (TC) pese a que "hasta la OMS elogió a España por su lucha contra la pandemia del coronavirus". Y añade que, para más inri, en los próximos meses, el mismo tribunal "tendrá que decidir sobre la ley del aborto y sobre el hecho de los colegios católicos que segregan por sexo deben seguir siendo financiadas por el estado".

Tras esto, el tono de este artículo de Taz se vuelve aún más cañero: dando marcha atrás hasta el juicio a los líderes del 'procés', es claro al espetar que "el Tribunal Supremo no vio ningún problema" en que Vox se presentara como acusación popular. Y suelta la primera bomba: "En lugar de trabajar políticamente en el referéndum catalán, España se basa en la represión judicial. Los jueces también piensan poco en la libertad de expresión y la libertad artística". En este momento, menciona el caso de Valtònyc y remarca que en nuestro país "una y otra vez, los raperos son condenados a prisión por insultar a la majestad o glorificar el terrorismo".

Y, tras recordar el proceso judicial tras el cual Alberto Rodríguez tuvo que abandonar su escaño en el Congreso y el tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso Bateragune que afecta a Otegi, añade que "cuando se trata de políticos conservadores de alto nivel o incluso del rey emérito Juan Carlos I, el poder judicial no es tan estricto".

El magistrado español Joaquín Urías no ha dudado en hacerse eco en su cuenta de Twitter de este artículo.

Un diario alemán se hace eco de que en España la judicatura es de derechas: le achacan poca sensibilidad con la libertad de expresión de la izquierda, excesos persiguiendo a independentistas, condenas a diputados de Podemos y manga ancha con el emérito. https://t.co/APNQO3Szrj

— Joaquín Urias (@jpurias) November 19, 2021

 

Y una legión de tuiteros han ido corriendo a ironizar al respecto: "Altísima perspicacia germana. Cómo se habrán percatado".

 

    Tienen que venir los alemanes a recordarnos lo obvio. https://t.co/LMnHzCZ3aC

    — SCHWARZ WEISS (@SCHWARZWEISS1) November 20, 2021

 

En Alemania ven "cosas" que en españiquistán son transparentes. https://t.co/h1X9ZlyaF4

 — Miguel (@MiguelDaban) November 19, 2021

 

Altísima perspicacia germana. Cómo se habrán percatado. Con lo bien que disimulan los de las puñetas, los conglomerados de comunicación, los políticos de extremo centro y los amos de todos. https://t.co/x45C1wHbcL

    — Jaxin G. Viniegra #NoEsUnaGuerra (@visualizainfo) November 19, 2021

 

Fuente: Publico.es

ESPAÑA. La Ley de Amnistía no es el problema

 Autor.- Javier Pérez Royo. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

El problema no ha sido la Ley de Amnistía, sino los jueces que la han aplicado. En lugar de aplicar la Ley de Amnistía únicamente a delitos susceptibles de ser amnistiados, la han convertido en una "Ley de Punto Final", que se extiende a todo tipo de delitos, independientemente de que sean susceptibles de ser amnistiados o no

La Ley de Amnistía fue aprobada en octubre de 1977, es decir, hace 44 años. Todos los ciudadanos menores de 60 años no vivieron como adultos las circunstancias en las que se produjo la aprobación de dicha Ley. Recomiendo, en consecuencia, la lectura del artículo de Soledad Gallego-Díaz, "Una gran confusión", publicado el pasado día 11 en El País. A la Ley de Amnistía hay que situarla en el lugar que le corresponde en el proceso de transición de las Leyes Fundamentales del Régimen del General Franco a la Constitución de 1978. Es lo que hace magistralmente Soledad Gallego.

En abril de 1977 se produjo la ratificación por parte del Estado español del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, como recordó el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff. El legislador de la Ley de Amnistía no podía desconocer esta circunstancia y, en consecuencia, no podía no sentirse condicionado por ella. Lo que incluyó en la Ley de Amnistía no podía estar en contradicción con la ratificación del Pacto Internacional ratificado unos pocos meses antes.

En cualquier caso, a partir de la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, resulta indiscutible como consecuencia del "mandato interpretativo" del artículo 10.2 de la misma, que la Ley 46/1977, de Amnistía, tenía que ser interpretada "de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". El constituyente utiliza en el artículo 10.2 el imperativo "se interpretarán".

Quiere decirse, pues, que los crímenes que, de acuerdo con dichos tratados y acuerdos internacionales tienen la condición de "imprescriptibles" y "no amnistiables", podían y debían haber sido perseguidos ante los Tribunales de Justicia del Estado español. No hay nada en la Ley de Amnistía que obstaculice que se pueda y se deba proceder de esta manera.

Si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática, no es por la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial en general y el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional en particular.

El problema no ha sido la Ley de Amnistía, sino los jueces que la han aplicado. En lugar de aplicar la Ley de Amnistía como una ley aplicable únicamente a delitos susceptibles de ser amnistiados, la han convertido en una "Ley de Punto Final", que se extiende a todo tipo de delitos, independientemente de que sean susceptibles de ser amnistiados o no.

De manera no unánime, pero sí mayoritaria, los jueces y magistrados españoles han sido beligerantes en la interpretación de la Ley de Amnistía como Ley de Punto Final. El Tribunal Supremo ha sido, sin duda, el que ha marcado el paso, ratificado posteriormente por el Tribunal Constitucional, que, aunque no es parte del Poder Judicial del Estado, sí es el "órgano superior" en "lo dispuesto en materia de garantías constitucionales" (art. 123 CE). El esfuerzo por mantener la proyección del Régimen del General Franco en el Estado democrático, haciendo imposible el castigo de crímenes horrendos, ha sido incesante. El poder judicial español ha hecho suya la política de Alianza Popular, que se constituyó por diversos ministros del Régimen de Franco, con la finalidad de proyectar la herencia franquista en la democracia.

¿Es corregible esta interpretación de la Ley de Amnistía sostenida de manera invariable por el Poder Judicial durante 44 años, mediante la introducción de una enmienda al Proyecto de Ley de Memoria Histórica como la que han consensuado PSOE y Unidas Podemos?

En mi opinión, jurídicamente, la enmienda es superflua. No innova el ordenamiento jurídico, ya que se limita a reiterar el "mandato interpretativo" del artículo 10.2 CE. Es verdad, que concreta el mandato, individualizando los crímenes no susceptibles de ser amnistiados, pero no lo es menos que todos esos crímenes no tenían cobertura en la Ley de Amnistía, sino en la interpretación que de la misma se ha impuesto. ¿Se podrá corregir esta interpretación e imponer a los jueces y magistrados una interpretación distinta de la que han venido haciendo de manera ininterrumpida durante 44 años?

Aquí es donde está el problema.

El papel lo aguanta todo y con seguridad los Tribunales podrán mantener la jurisprudencia dictada hasta la fecha sin necesidad de recurrir en la fundamentación jurídica de su decisión a la Ley de Amnistía, cuya interpretación a partir del momento en que la enmienda fuera aprobada tendría que hacerse de conformidad con lo que en ella se establece. No creo, en consecuencia, que por este camino se vaya a alcanzar el objetivo que se persigue.

Ello no quiere decir que, políticamente, la tramitación y eventual aprobación de la enmienda no tenga sentido. Sería importante que las Cortes Generales, que "representan al pueblo español" (art. 66.1 CE), dejaran clara su disconformidad con la negativa de los tribunales españoles a la aplicación del derecho internacional humanitario. Con este proceder quedaría, además, claro donde está la mayoría y la minoría parlamentaria en este terreno.

Fuente: El Diario.es

OPINION. Ruido de sables en el PP.

 El líder del PP, Pablo Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso siguen enfrascados en una lucha fratricida para asombro de militantes, votantes y partidarios, y regocijo de la izquierda y del resto de rivales políticos, con Santiago Abascal a la cabeza. 

La trifulca en el Partido Popular, que si no se zanja con rapidez acabará mal, es tan absurda como esperpéntico el episodio de las infinitas y contradictorias versiones ofrecidas por las dos partes del Gobierno.. El lío del PP no tiene, por ahora, un final claro.

El ajuste de cuentas de Álvarez de Toledo ha abierto otro frente interno a Casado en plena guerra con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña salió este miércoles en defensa de la exportavoz popular en el Congreso, mientras Génova contiene las ganas de venganza, limitando de momento sus represalias a una posible sanción económica a la diputada por haber roto la disciplina de voto en la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional.

Y ahora llega Andalucía con el "no pasa nada" de Génova por delante y el "que pasa con lo mío" por detrás, donde aupada y precedida de un tórrido aplauso de los asistentes al congreso del PP andaluz, intervino la Presidenta de la Comunidad de Madrid, dándose el lujo de dar consejos al Presidente de la Comunidad de Andalucia, (consejos llevo que para mí no tengo) supongo que para que no le pase lo mismo que a ella, o quizás por todo lo contrario. Quien sabe, eso se lo dejo en manos de sus asesores expertos en estrategia política, que parece que no le va mal, ¿o no?. Bueno, ahí lo dejo definitivamente.

Pero eso sí, todos ellos coinciden en el que está llevado a la ruina a España, es el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, lo cual no casa en absoluto con traer a  España 140.000 millones de euros de la Unión Europea, porque que yo recuerde, ningún Presidente del PP, ni tampoco los superministros del mismo partido, trajeron ni un solo euro a España, más bien lo contrario, como el ministro milagro de Economía de Aznar, en libertad provisional, o las ventas de la exalcaldesa de Madrid de viviendas de protección oficial a fondos buitres extranjeros, y prefiero no seguir con otros casos de corrupción del PP porque no acabaría nunca.

Por cierto, me permito recordarles a los líderes del PP, cuando se sepa quienes son, que en una democracia se debe responder a todas las preguntas de los periodistas, no solo a las que les gustan. Y me refiero a las preguntas, supongo impertinentes para ellos, como la corrupción del partido popular, pero también al juego de tronos que se traen entre manos en el PP de Madrid, de Andalucía, de Murcia, de Castilla y León, y donde se tercie.

Finalmente quería terminar, añadiendo que la reforma laboral de Rajoy, solo sirvió para que sus patrocinadores se hicieran más ricos y los trabajadores más pobres, porque hasta los convenios sectoriales prácticamente desaparecieron y los sueldos solo llegaban hasta mitad de mes, teniendo que ir a las colas del hambre los cabezas de familia para dar de comer a sus hijos el resto del mes.  Hay que ser un peligroso fanático  ultraconservador para no reconocerlo ¿Y  con esos mimbres pretende el PP llegar a la Moncloa, para hundir todavía más a la clase trabajadora y a los pensionistas? 

Así que, sí, hay que modificar esa reforma laboral, por los trabajadores para que sean respetados todos sus derechos y sí, hay que reformar las pensiones por los jubilados y los pensionistas, por su derecho a tener una vejez digna. Y que no siendo así, los afectados, donde estamos todos incluidos, estaremos atentos a la hora de votar de quien se ha posicionado en contra de estas necesarias reformas.

Fuente: Redacción

CORONAVIRUS. Europa endurece las restricciones ante su peor ola de contagios de la pandemia

 La mayoría de países europeos imponen nuevas restricciones ante el repunte de la incidencia: desde la vacunación obligatoria y el confinamiento total, hasta la implantación del pasaporte COVID o el teletrabajo

Europa se enfrenta a su peor ola de contagios de la pandemia. Los casos diagnosticados tocan techo aunque la mortalidad se aleja, gracias a la vacunación, de la de la primera ola. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este sábado que podrían morir medio millón más de personas a causa del coronavirus en los próximos cuatro meses si Europa no toma medidas para frenar el aumento de la incidencia, que en algunos países se sitúa ya en tasas similares a las de los peores momentos de la pandemia. El director de la organización para la región, Hans Kluge, se ha mostrado preocupado por el alza de casos en una entrevista a la BBC, en la que ha recordado que la "COVID-19 es otra vez la causa número uno de mortalidad" en el continente.

La tendencia sigue al alza en prácticamente todo el continente. Se salvan Estonia, Letonia, Lituania y el corredor que va de Ucrania hasta Montenegro, donde el número de nuevos contagios ha bajado respecto a la semana anterior, pero que aún mantienen tasas muy elevadas de incidencia: desde los 1.230 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días registrados en Estonia, hasta los 394 de Rumanía. La mortalidad eso sí, se mantiene alejada de las cifras de otras olas gracias a la vacunación.

Donde más han subido los contagios respecto a la semana anterior ha sido en Alemania, Dinamarca, República Checa, Austria, Suiza, Francia, Países Bajos, España y Portugal. Y, con ellos, las tasas de incidencia, que han hecho a muchos de estos países recuperar viejas restricciones o implantar nuevas medidas. La principal ha sido la de Austria, que se ha convertido en el primer país en anunciar la obligatoriedad de la vacunación para febrero de 2022. Con solo el 64% de la población vacunada, la incidencia superaba este viernes los 1.650 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha provocado que las autoridades confinen a toda la población a partir del lunes, tras constatar que las restricciones en marcha desde hace dos semanas no han surtido el efecto esperado.

La vacunación obligatoria no es la medida que más gusta a la OMS, que la ve como el "último recurso". Kluge insistía este fin de semana en que aún pueden emplearse otras herramientas, como el pasaporte COVID. Es la que aplicará Alemania desde la próxima semana. Allí, la incidencia lleva subiendo desde el 31 de octubre. Aquel día, este indicador marco los 271 casos y este viernes se situaba por encima de los 630. El lunes entrará en vigor la nueva ley de protección sanitaria, que incluye medidas como la exigencia de la cartilla de vacunación o un test negativo diario para acceder al lugar de trabajo.

Por el momento, el estado de Sajonia, al este del país, donde las cifras de COVID son más elevadas, ha decretado el cierre parcial de la vida pública desde el lunes y durante tres semanas. Actividades culturales, deportivas y de ocio, bares, pubs y discotecas quedarán clausurados. Los mercadillos de navidad y los restaurantes permanecerán abiertos, con horarios reducidos, para las personas vacunadas o que hayan pasado la enfermedad, al igual que los comercios. Los hoteles y pensiones no podrán albergar turistas. Las personas no vacunadas no podrán salir a la calle entre las 22 y las 06 horas y solo podrán juntarse con una persona fuera de su núcleo familiar. Las autoridades de Baviera, uno de los Länder alemanes más afectados por la covid, ya anunciaron este viernes el cierre la actividad pública no esencial en aquellos distritos en que se supere un nivel de incidencia semanal de 1.000 casos por 100.000 habitantes.

Suecia, España e Italia, con menor incidencia

En Italia, el país que registra el tercer mejor dato de incidencia, tras Suecia y España, se impuso la obligatoriedad del certificado COVID para poder utilizar cualquier medio de transporte, desde este martes. Aunque la incidencia ha subido en los últimos días y el virus se está notando ya en los hospitales, según los datos del Instituto Superior de Sanidad, que constatan una ocupación de UCI del 5,3%, casi un punto más que la semana anterior, el Ejecutivo no se plantea "por el momento" nuevas restricciones. Allí la incidencia era este viernes de 166 casos, por lo que la ministra de Asuntos Regionales ha explicado que si la situación empeora se valorará la propuesta de algunas autoridades regionales de introducir más restricciones para los no vacunados, el 27% de la población.

En los países nórdicos la situación es dispar. Aunque la tendencia es ascendente en toda la zona, la incidencia marca notables diferentes: de los 108 casos por cada 100.000 habitantes de Suecia, el país con mejores datos de Europa; a los 718 de Dinamarca; pasando por los 640 de Islandia; los 430 de Noruega; y los 206 de Finlandia.

Suecia, que pese a no haber experimentado aún esta nueva ola es uno de los países nórdicos más afectados desde el inicio de la pandemia, ya ha anunciado que introducirá el pasaporte COVID para reuniones públicas y eventos de más de cien personas en interiores a partir del 1 de diciembre. "La situación es estable y no hemos visto la subida de otros países, pero no podemos quedarnos tranquilos y esperar lo mejor", ha dicho la directora de la Agencia de Salud Pública, Karin Tegmark.

En Noruega, las autoridades ya reintrodujeron las restricciones la semana pasada, ante la subida de los contagios, que en los últimos siete días han ascendido ligeramente respecto a la semana anterior, y el aumento de la incidencia. En concreto: permite a los municipios con muchos contagios exigir el pasaporte COVID, el personal sanitario debe someterse a dos test semanas y llevar mascarilla y se ofrece una dosis de refuerzo de la vacuna a toda la población mayor de 18 años. Dinamarca, que había presumido de ser el primer país sin restricciones en septiembre, ya comenzó a exigir el certificado para entrar a bares y restaurantes el pasado viernes 12 de noviembre y sugirió la posibilidad de que las empresas puedan empezar a reclamarlo también para trabajar.

Fuente: El Diario.es