ENERGIA. La Unión Europea permite a España y Portugal poner tope al gas para frenar los precios de la luz

 España y Portugal podrán intervenir el mercado temporalmente con la vigilancia de la Comisión Europea

Tras más de nueve horas, los jefes de Estado de la Unión Europea pusieron anoche fin a una cumbre en la que se debatieron las distintas propuestas de los países miembros para aliviar la grave situación de los precios de la energía, que habían sido valoradas esta semana por la Comisión Europea. Los presidentes de España, Pedro Sánchez, y el de de Portugal, Antonio Costa, se apuntaron un triunfo al conseguir sacar adelante, no sin dificultad, que la península ibérica tenga un tratamiento especial por ser una isla energética.

Según las conclusiones de la reunión, a los Gobiernos de los dos países del Sur se les permitirá “adoptar medidas excepcionales, temporales y singulares en atención al bajo nivel de interconexión que deberán ser notificados a la Comisión, que se habrá de pronunciar sobre su compatibilidad con los Tratados y el Reglamento de mercado interior de la electricidad mediante un procedimiento urgente”.

De esta manera, los dos países, que funcionan como un solo mercado (Mibel), podrán intervenir en el mercado eléctrico de manera temporal, notificándoselo a Bruselas “en atención al escaso nivel de interconexión eléctrica que tiene la Península con Europa, apenas un 2,8%”. Además de la escasa conexión con Europa, la excepcionalidad consiste, como explicó el primer ministro portugués en una rueda de prensa con el presidente español, en el alto grado de penetración de las energías renovables, que representan el 45% de la potencia instalada en España y el 60% en Portugal. Por tanto, al marcar el gas, que apenas supone un 17% de la demanda, el precio marginal del mercado mayorista es mucho mayor el volumen de energías "contaminadas" por ese precio, que en el resto de los países. Con todo, la resolución de la Comisión no hace referencia nominal a ningún país concreto, sino a los que tienen "escasa interconectividad".

Aunque no se conocen las medidas concretas ni la fecha de su aplicación, Pedro Sánchez habló de "un precio de referencia al gas con el que se produce electricidad, lo que hará bajar los precios" del mercado mayorista y que la Comisión "se ha comprometido de forma urgente a confirmar  que se ajusta al derecho comunitario". Y dejó claro que en ningún caso, se compensará al gas con fondos públicos.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, reconoció en una rueda de prensa posterior a la cumbre, que “hemos hablado de la situación de la península ibérica, a la que se dará un tratamiento especial para que pueda gestionar la escalada de los precios de la electricidad”, tras alabar el gran desarrollo de las energías renovables en ambos países.

Objetivo cumplido

Pedro Sánchez, que ha logrado colgarse la medalla no solo del permiso para intervenir los precios del gas, sino de otras medidas que viene solicitado desde el pasado verano, como la compra conjunta de gas por parte de los países comunitarios o el recorte de los beneficios llovidos de las compañías electricas, celebró, junto a Antonio Costa, que Bruselas haya reconocido la “singularidad” de la Península en su mix energético y en sus bajas interconexiones con el resto de los países de la UE, y por ello ha decidido proporcionar “más herramientas de las que teníamos ayer” para responder a la escalada de precios.

Esa autorización por parte de Bruselas, subrayó Sánchez, no supone subvencionar el gas” y no “distorsiona” los objetivos europeos en cuanto al impulso de las energías renovables, pero sí permitirá “bajar los precios”. En respuesta a preguntas de los periodistas, se mostró convencido de la inminente “caída” de los precios una vez que la Comisión responda a las medidas propuestas, que se enviarán la próxima semana.

Además, el Consejo Europeo decidió “apremiar” a la Comisión para bajar el precio del gas, por ejemplo mediante compras conjuntas. Todo ello es “un gran logro” para Europa, para la Península Ibérica y para España, dijo Sánchez, pero “la tarea no concluye aquí”. Pese a todo, reclamo una reforma del mercado energético, ya que el actual se diseño en los años 90 y no se adecúa a la realidad actual.

La comunicación de la CE de hace varias semanas ya advirtió que no había una solución única, pero el objetivo era bajar los precios de la electricidad. Como reflejan las conclusiones, las medidas excepcionales acotadas en el tiempo, para reducir la factura a consumidores, industria y empresas.

El debate estuvo marcado por las posiciones enfrentadas entre la postura defendida por España, con el apoyo de países como Italia, Grecia, Bélgica o Eslovenia, a favor de intervenir el mercado y fijar un límite al precio de la energía, y los países contrarios a medidas de este tipo, encabezados  por Alemania y Países Bajos.

También se presentaron dos iniciativas para garantizar el suministro de gas, a través de una compra conjunta, tal como propuso España el pasado otoño. Von der Leyen aludió al acuerdo entre la UE y EE UU para aumentar en 15 bcm (mil millones de metros cúbicos) el gas natural licuado (GNL) procedente de este país este año, lo que supone eliminar todo el GNL procedente de Rusia. En los próximos años se ampliará a 50 bcm, un tercio de todo el gas ruso. Y se modficará el Reglamento para aumentar las reservas al 80% este invierno y el 90% en los próximos años.

NO SE INTERRUMPIRÁ LA INTERCONEXIÓN CON FRANCIA

El Gobierno ha sido habilitado por Bruselas para adoptar medidas excepcionales en el mercado eléctrico. Pero esas medidas no se concretaron ayer, sino que, de manera urgente, se enviarán a la Comisión y se aprobarán posteriormente.

En cualquier caso, las opciones llevan ya un tiempo encima de la mesa: poner un tope al precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool), para evitar que el gas marque el marginal al resto de energías, lo que haria abaratarse el precio o compensar el coste de los ciclos combinados para que sus ofertas en elpool sean mas baatas, y se logre el mismo efecto con las inframarginales. La medida más sencilla, la segunda, es la ue defienden las empresas del sector y la que tiene visos de prosperar. El propio presiente del Gobierno habló de un "precio de referencia para el gas".

El problema que subyace es que abaratar el precio en España provocaría una presión exportadora a Francia, con lo que la subvención al consumidor español se beneficiaría el francés. Esto se corregiría con una medida que no parece factible, como el cierre de la interconexión, pero también se barajan otras soluciones “técnicas” para evitar el trasvase de ese beneficio al consumidor francés. En cualquier caso, quedan descartadas ayudas públicas: el coste se prorrateará entre los consumidores, que, aunque deban pagar la compensación del gas, pagarán menos en la factura por el resto de energías, que no se beneficiarán del pecio marginal de aquel.

EDITORIAL

Por cierto, en ningún caso, el éxito del Presidente Pedro Sánchez en Bruselas, hay que agradecérselo a PP, Vox y Ciudadanos, y ya que no ayudan, por lo menos no entorpezca su trabajo desinformando a la población, que más parecen los correveidile de Putin en España, que diputados del Parlamento Español.

Fuente: cincodias.elpais.com

ENERGIA. El Gobierno confía tener activo en un mes el mecanismo que desligue el precio de luz y gas

 España y Portugal remitirán esta semana una propuesta a la Comisión Europea para frenar el contagio de los ciclos combinados sobre todo el sistema eléctrico

Un mes. Ese es el plazo que se da el Gobierno español para tener activo el sistema con el que esperan desligar el precio de la luz del del gas. Tras lograr el viernes que el Consejo Europeo permitiese una excepción ibérica para que España y Portugal puedan intervenir el mercado —algo que, a priori, no permite la legislación comunitaria—, los ministerios para la Transición Ecológica español y portugués trabajan estos días contrarreloj para poder enviar en los próximos días a Bruselas una propuesta que limite el precio al que vuelcan a la red los ciclos combinados, las centrales que queman gas natural para generar electricidad.

Dado que esas plantas de generación de la electricidad son las que suelen marcar el precio más alto en la mayoría de tramos horarios, presionando al alza el precio medio y la retribución del resto de tecnologías, Madrid y Lisboa confían en que ese cambio rebaje automáticamente los precios en el mercado mayorista que afrontan los consumidores que cuentan con una tarifa regulada. En Portugal, el contagio directo es mínimo, pero en España cerca del 40% del total de los hogares y empresas están sufriendo en sus facturas todas las subidas diarias.

“La Comisión [Europea] necesitará unos días o semanas para comprobar que todo es correcto o para recomendarnos mejoras. Calculamos que en tres o cuatro semanas podríamos tener un pronunciamiento y hacerlo inmediatamente operativo”, ha afirmado este sábado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista concedida al canal 24 horas de Televisión Española.

El Tratado de la UE, el gran marco legal comunitario, contempla que los países o regiones del bloque puedan —en circunstancias muy extraordinarias y debidamente tasadas: en el caso de España y Portugal, sus débiles interconexiones con el resto del continente y su elevada cuota de renovables— limitar temporalmente los precios.

Con el nuevo esquema propuesto por España y Portugal, las centrales que queman gas natural tendrían que seguir vertiendo electricidad al sistema: sin ellas, no se podría cubrir la demanda en muchos tramos de la jornada, en los que las renovables y la nuclear no son suficientes. Lo harían, eso sí, a un precio máximo —aún por definir— que sería posteriormente compensado para evitar que esa oferta necesaria desaparezca del mercado, abriendo un hueco entre producción y consumo.

“Hay que pagar el gas en todo caso, pero queremos que ese precio no sea el mismo al que se pague el resto de la electricidad producida. Lo que haremos es separar el gas del mecanismo de formación de precios”, ha remarcado Ribera sin concretar exactamente cómo se llevará a la práctica. La medida tendrá que ser únicamente temporal, y los Gobiernos español y portugués —que escenificaron su unión en materia energética con una rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez y António Costa tras la cumbre europea del viernes— deberán demostrar que no provoca una gran distorsión de la competencia. Esa es la línea roja de Bruselas, y ahí es donde tendrá que ser especialmente convincente la propuesta que remitan ambos países al Ejecutivo comunitario.

A raíz de las numerosas especulaciones desatadas sobre cómo se financiará esa brecha entre el precio topado y el coste real de operación de los ciclos combinados —que fuentes del sector cifran, de media, en el entorno de los 250 euros por megavatio hora (MWh), aunque con una enorme variación entre unas y otras instalaciones—, Ribera ha asegurado este domingo que no será con dinero público: “No corresponde hacerlo a través de los Presupuestos [Generales del Estado], sino a través del propio mercado eléctrico”, se ha comprometido. “Se prorrateará en el resto de las tecnologías que ofertan al mercado: será un ajuste horario que se realiza inmediatamente después”, ha dejado caer.

Fuentes del Ejecutivo descartan, además, que estos cambios vayan a acabar engordando el déficit de tarifa, lo que sería una suerte de patada a seguir: afrontar mañana el agujero abierto hoy. “Se pagará con dinero del propio sistema”, reiteran. Las tres mayores compañías eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) han declinado hacer comentarios hasta conocer el detalle de la propuesta que se envíe a Bruselas.

“Era imprescindible el permiso del Consejo”

Tras las críticas vertidas por algunos sectores de la oposición, que considera sobreestimados los logros de Pedro Sánchez en la cumbre de líderes de los Veintisiete, Ribera ha enfatizado este domingo el valor de lo pactado la víspera: “Era imprescindible que el Consejo Europeo de ayer [en referencia al viernes] permitiera hacer esto. Si no, habríamos estado incumpliendo las reglas que ordenan el funcionamiento ordinario del conjunto de los mercados eléctricos europeos. Lo que se ha acordado es una orientación política para que la Comisión autorice el mecanismo de España y Portugal”.

“La excepción anunciada ayer por el Consejo Europeo es la que te permite hacer este juego. Bruselas no deja tocar la formación de precios y lo que se ha hecho es precisamente eso: permitir que se altere la formación de precios temporalmente”, apunta, en la misma línea, Jorge Morales de Labra, experto en temas energéticos. El también director de la comercializadora Próxima Energía vaticina que el límite al que pueden vender electricidad las centrales de gas estará en el entorno de los 125 euros por MWh: “Creo que será un punto intermedio entre el nivel al que aspiraría el Gobierno y lo que querrían obtener las eléctricas”. Según sus cálculos, ese cambio llevaría automáticamente el precio medio de la luz a alrededor de 165 euros por MWh, frente a los 219 que marcará este domingo y los casi 300 de media en lo que va de marzo.

Fuente: El Pais.com

OPINIÓN. La contratación online de portes a precios rebajados, más allá del gasóleo, es la causa de la protesta de los transportistas. ¿O hay algo más?

 La globalización, intermediarios y las nuevas tecnologías para la contratación fragilizaron las condiciones del camionero hasta que estalló el descontento por la escalada de los carburantes

La subida del gasóleo ha descuadrado las ajustadas cuentas, pero también ha evidenciado una mochila de heridas acumuladas durante décadas y que han deteriorado una profesión ya de por sí dura: con jornadas interminables al volante y lejos de casa, estresados para cumplir con un plazo ajustado, a menudo al volante de madrugada, durmiendo en la cabina del camión, que solo se abandona para dormir en áreas de servicio a menudo con una higiene escasa y sin duchas. Una rutina solitaria con la vida familiar reducida a los fines de semana.

¿Qué ha pasado para que el estrecho margen de los transportistas salte por los aires? Hace 12 días, muchos de estos conductores iniciaron un paro, aupados por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, indignados por la subida del precio del carburante, que ha sido la gota que colma el vaso. Cuando a fin de mes echan cuentas, los autónomos se asfixian por los pagos: al carburante disparado deben sumar la letra para pagar el camión —cuyo coste ronda los 200.000 euros—, el seguro del vehículo, el aditivo AdBlue (que reduce la contaminación), los recambios de neumáticos, el mantenimiento, los impuestos, las reparaciones, las dietas y los peajes.

El deterioro de las condiciones de trabajo tiene raíces profundas. Los transportistas son grandes perdedores de las transformaciones que ha traído la globalización y la digitalización. Ellos culpan a las autoridades de no haber hecho lo suficiente para proteger sus derechos y condiciones de vida.

Esa caída de los precios se ha producido en toda Europa y es consecuencia de la liberalización en el mercado común en los años noventa, según un estudio comisionado por el Parlamento Europeo en 2013. El informe concluyó que el incremento de la competición que trajeron las reformas comunitarias supuso un empeoramiento de las condiciones de trabajo y el salario. La tendencia se acentuó tras las ampliaciones de la UE en 2004 y 2007. La liberalización generalizó el derecho de cabotaje. Es decir, que cuando los transportistas de otro Estado miembro se encontraban en España con motivo de un desplazamiento internacional podían efectuar uno o varios transportes en nuestro país en vez de regresar vacíos a su país de origen.

En paralelo, el estudio describía prácticas irregulares que se extendieron, como las empresas buzón, que tienen su domicilio en Estados con regulación laboral y fiscal menos exigente, aunque no desempeñen su trabajo en ese país. Por último, muchas empresas se deshicieron de sus plantillas de camioneros asalariados para recurrir a falsos autónomos con el fin de ahorrar costes. Todos estos factores han ido sumando gotitas al vaso del deterioro de la profesión.

A estos problemas se ha añadido la última década la uberización del transporte de mercancías como consecuencia de aplicaciones de teléfono donde los camioneros pueden cazar al vuelo ofertas. Son mercados donde el transportista clica en ofertas que a veces han sido revendidas múltiples veces por intermediarios que viven de las comisiones por esas operaciones, confirman diversas fuentes del sector.

Hacer caja

Por la propia naturaleza de este mundillo, el transportista se convirtió en chorizo (o agencia de trasporte) de forma natural: si un empresario tiene todos sus camiones en la carretera y recibe una llamada de una fábrica que necesita un porte urgente, suele subcontratar ese viaje a un tercero cobrando una comisión para así no desaprovechar la oportunidad de hacer caja. De ese modo, es normal que las grandes empresas de transportes combinen su labor principal con la intermediación. De hecho, en esta segunda tarea reside un gran negocio, según múltiples fuentes consultadas, que apuntan que grandes empresarios transportistas acaban abandonando su función original para dedicarse exclusivamente a especular. Internet ha hecho más eficiente la compraventa de cargas, pero a costa de los transportistas.

Obstáculos

Un obstáculo para contentar a los transportistas huelguistas es que en una economía de libre mercado, las intervenciones en los precios son complicadas. Fijar un precio mínimo es anatema para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se opuso a esa medida cuando fue consultada en 2019 por el Gobierno central. La CNMC entendió que una intervención constituiría una restricción a la libertad de fijación de precios de los operadores económicos, que impactaría notablemente en los precios finales y perjudicaría a los consumidores.

Lo que sí han arrancado este invierno los transportistas al Gobierno es la actualización del precio cuando se produce una subida en el combustible entre el momento de la contratación y el de la realización del porte. Esta es una reforma que entró en vigor en un real decreto-ley del 1 de marzo, y que no satisfizo a la Plataforma organizadora de los paros. Otra reforma a la que se ha comprometido el Gobierno tras la reunión de 13 horas del jueves es la elaboración antes del 31 de junio de un proyecto de ley que limite la subcontratación, para que de forma indirecta se asegure que ningún porte se hace por debajo del precio de coste.

EDITORIAL

Cierto es que en el fondo, las reclamaciones de los transportistas son justas, pero las formas no son ni medio correctas, puesto que, en lugar de pedir firmas para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular y a sabiendas de que estaban haciendo daño a toda España (con la bendición de Vox y PP) prefirieron primero convocar un paro indefinido y luego continuarlo, que está llevando al cierre de múltiples empresas, y al paro a cientos de trabajadores, cuando no miles, además de haber llenado de preocupación a muchos españoles, que ha derivado en el acaparamiento de alimentos en unos casos y desabastecimiento consiguiente en otros, por no hablar de los ganaderos, que se han quedado sin pienso para sus animales y a los que nadie viene a recoger su producción de leche, o pescadores y agricultores que no pueden llevar sus productos al mercado, que por otra parte, tanto gustan de fotografiarse con todos ellos los dirigentes de Vox y PP , en período electoral. Una autentica farsa. Todo paripé y postureo, faltaría más.

Pero que se puede esperar de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández y José Fernandez, reconocidos seguidores de Vox, que a mi juicio, guían a la ruina a sus afiliados y seguidores, por medio de técnicas propias de la ultraderecha, con la excusa de unas justas reivindicaciones (que no justifican el daño causado a todos los españoles) cargadas de pretensiones desestabilizadoras hacia el Gobierno del Estado, y cuya hipótesis ya formulé en post anterior, que a mi entender, ahora se le une la teoría de una probable recompensa, en forma de algún pretendido puesto en las listas de Vox, para futuras elecciones, lo cual, llegado el  momento, podrá comprobarse su presumible veracidad.

Fuente: El Pais.com

DEMOCRACIA RUSA. El rechazo a la guerra no sale gratis: amenazas a activistas y militares despedidos

 Los contrarios a la guerra de Putin, afrontan pintadas en sus casas con insultos como “cerdo judío” por oponerse a la invasión de Ucrania

El jueves, al cumplirse el primer mes de la ofensiva que el Kremlin justifica haber emprendido para “desnazificar” Ucrania, un reconocido periodista ruso encontró clavado en la puerta de su casa un emblema con la bandera azul y amarilla del país vecino y la palabra “Judensau”, que significa “cerdo judío” en alemán, escrita sobre ella. A sus pies, una cabeza de cerdo con una peluca que emulaba su emblemática melena rizada.

“¿Han decidido intimidarme a mí y a mi familia? ¿A mí, a quien se llevaron para fusilar los militares de Dudáyev (primer líder separatista checheno)?”, denunció Alexéi Venedíktov en su canal de Telegram. El que hasta hace unas semanas dirigía la decana radio Eco de Moscú, liquidada tras ser bloqueada por las autoridades por su cobertura de la guerra, ha sido uno de los amenazados por mostrarse crítico con el conflicto.

El viernes fueron atacadas dos activistas de San Petersburgo. “¡Peligro! ¡Aquí vive una traidora a la patria!”, estaba escrito en sendos carteles pegados a la entrada de los domicilios de Daría Heikinen, del Movimiento Mayak, y de Kristina Vorotníkova, antigua ayudante del opositor Alexéi Navalni. En el caso de la primera, mancharon su pomo con unos fluidos, mientras que la segunda activista se encontró la puerta pintarrajeada con la palabra “traidora”. En el rellano de sus domicilios, estiércol por el suelo.

El periodista Venedíktov consiguió una grabación del pasillo interior del edificio en el que vive, donde aparecía la persona que puso la cabeza de cerdo en su portal, un hombre que podría haberse disfrazado de repartidor. Según dijo a la agencia de noticias Ria Novosti, la policía “ya estaba al corriente de los hechos” incluso antes de que Venedíktov pusiera la denuncia.

Antes hubo otros casos. El 16 de marzo, la activista Olga Mísik se encontró la puerta de su casa pintada de arriba a abajo. “Mi apartamento ha recibido un tratamiento cosmético”, escribió en Twitter la manifestante, que se hizo famosa por leer la Constitución rusa frente a la policía en las protestas de 2020, cuando aún era adolescente. Mísik mostró tres fotografías donde se podía leer el mensaje dirigido contra ella: “No vendas la patria, puta”.

моя квартира потерпела косметические процедуры pic.twitter.com/QNw9t3RXJz

— Olga Misik (@thorkiman) March 16, 2022

Mísik comentó aquella amenaza con una sutil advertencia. “Occidente apostará por la quinta columna. No solo por los que viven allí geográficamente, sino también por los que están con su conciencia esclava. Pero el pueblo de Rusia podrá distinguir a los patriotas de los traidores y tal purificación de la sociedad solo fortalecerá el país. A. Hit... [Adolf Hitler], perdón, V. V. Putin”, publicó Mísik al transcribir, una por una, las palabras que poco antes había dicho el mandatario ruso.

Aquella pintada estaba encabezada por una zeta, la letra que la propaganda ha convertido en el símbolo de los que apoyan la guerra. “Za rodinu” (por la patria, en ruso); “Za presidenta” (por el presidente), son algunos de los lemas promovidos con una letra que antes de comenzar el ataque se hizo viral en las redes sociales. El motivo, estar pintada sobre los camiones y carros de combate rusos como distintivo para el fuego amigo, un indicio de que ya habían acabado los preparativos para la guerra.

Militares que rechazan participar “en la operación especial”

No solo parte de la sociedad civil ha mostrado su rechazo al conflicto. El 25 de febrero, segundo día de la guerra, un jefe de pelotón y 11 soldados del destacamento ruso Plastún se negaron a cruzar la frontera que separa Ucrania de la región rusa de Krasnodar. Los militares denunciaron que era una acción ilegal, y como resultado, fueron devueltos a su base, se abrió una investigación y fueron despedidos. Ahora luchan ante la justicia por su reincorporación laboral porque consideran que la expulsión fue improcedente.

“Ninguno de ellos tenía el pasaporte para viajar al extranjero ni tenía la intención de salir, dado que sus obligaciones se limitaban al territorio de la Federación de Rusia”, compartió en Telegram su abogado, Mijaíl Benyash. Además, la defensa resaltó que cruzar ilegalmente la frontera es un delito tipificado por el artículo 322 del Código Penal ruso, a lo que se hubieran añadido otros crímenes bajo la legislación ucrania.

Este suceso no es una excepción. “Después de esta noticia nos han llegado historias similares de Crimea, Veliki Nóvgorod, Omsk, Stavropol... trabajadores que buscan ayuda”, escribió en sus redes sociales Pável Chikov, un conocido defensor de los derechos humanos y columnista habitual de la prensa rusa. “Escriban a nuestros abogados; ayudaremos a los oficiales a recuperar sus empleos por haberse negado a ir a las hostilidades de Ucrania”, agregó el también presidente de la fundación Ágora, quien fue expulsado en 2019 junto a otros activistas del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, dependiente del Kremlin.

Según Benyash, “hay bastantes otkázniki [los que rechazan ir a la guerra, en un juego de palabras] en toda Rusia, pero solo estos han tenido el coraje de demandar. El resto se unió [a la invasión] sin rechistar, lo que dice mucho sobre ellos como luchadores”. “Su negativa no debe verse como una declaración política”, escribió el abogado, quien defendió que negarse a participar en “una operación especial”, como la denomina el Kremlin, “no es una falta disciplinaria ni una ofensa en absoluto”.

La agrupación Plastún forma parte de la OMON, el acrónimo del cuerpo antidisturbios y antiterrorista de la Guardia Nacional (Rosgvardia), una fuerza mixta militar y policial, creada en 2016 y que solo cumple órdenes del presidente, no del Gobierno y su Ministerio de Defensa. “El capitán Farid Chitav y el resto de los hombres tomaron la decisión por cuenta propia”, según Benyash.

“Ninguno de los demandantes fue informado de su viaje de trabajo a territorio ucranio para participar en una operación militar especial, ni sobre las tareas ni las condiciones de esta operación. Por lo tanto, no dieron su consentimiento”, subrayó Benyash, un letrado conocido por haber sido juzgado en 2018 por supuestamente agredir a un policía al reunirse con un manifestante. Amnistía Internacional y otras ONG como Frontline Defenders dijeron que aquel proceso “tuvo una motivación política”.

Fuente: El País.com

RUSIA. Centrará sus objetivos militares en la región de Donbás

 Tras empantanarse su ofensiva, el Estado Mayor asegura ahora, que su meta principal es esa zona del este de Ucrania, aunque no excluye asaltar sus ciudades.

Vladímir Putin ordenó el 24 de febrero invadir Ucrania por tres frentes “para desmilitarizar y desnazificar” el país. Un mes después, su ejército da un giro de consecuencias imprevisibles y asegura que el objetivo principal es algo mucho más tangible para un posible acuerdo de paz futuro: tomar solo la región de Donbás, que los separatistas controlaban ya en parte desde 2014. “A medida que las agrupaciones individuales completan con éxito las tareas asignadas, nuestras fuerzas y medios se concentrarán en lo principal: la liberación completa de Donbás”, ha señalado este viernes en una sesión informativa el primer subjefe del Estado Mayor, el general Serguéi Rudskói.

Un tridente asaltó Ucrania a finales de febrero en una campaña denominada “operación militar especial para la protección de las repúblicas de Donetsk y Lugansk”. Una parte de las fuerzas armadas rusas intentó llegar a Kiev desde el norte, partiendo incluso desde un tercer país, Bielorrusia, en un ataque relámpago por la vía más rápida, Chernóbil. En el este se abrió otro frente con el apoyo de las milicias y los contratistas privados que operaban en el territorio separatista. Y al sur, desde la anexionada república de Crimea, otro asalto ha buscado unir la península del mar Negro con Donbás, dando lugar a una de las batallas más cruentas del conflicto: el asedio de Mariupol.

Pese a acotar supuestamente su ofensiva a Donbás, las fuerzas armadas rusas se guardan la carta de proseguir a continuación hacia el interior de Ucrania e intentar ocupar ciudades como Kiev y Járkov, bombardeadas desde hace semanas. “Inicialmente, no planeamos asaltar ciudades, para evitar su destrucción y minimizar las pérdidas entre el personal y los civiles, pero no excluimos esa posibilidad”, añadió Rudskói.

El objetivo de esta campaña ha variado de una fase a otra de la guerra. El pasado 18 de marzo, el presidente Putin pronunció un discurso en un mitin-concierto celebrado en el estadio de la final del Mundial de Rusia, que estaba a reventar con su aforo de 81.300 plazas. Coreado por el público, el mandatario aseguró que “el objetivo principal de la operación militar en Donbás y Ucrania ha sido liberar a la población del genocidio”. Sin embargo, el 25 de febrero, segundo día de la guerra, instaba al ejército ucranio a dar un golpe de Estado porque sería más fácil negociar con él que con “un Gobierno de drogadictos y neonazis”. Otros pretextos empleados por el Kremlin han sido la hipotética amenaza que supondría para Crimea la entrada de Ucrania en la OTAN, y ya avanzado el conflicto, un supuesto desarrollo de armas biológicas financiado por Estados Unidos con la etnia eslava como objetivo. Washington lo desmintió categóricamente, asegurando que sus laboratorios solo se dedicaban a la detección temprana de brotes potencialmente pandémicos, como sucedió en Ucrania en 2012 y 2018 con la fiebre porcina africana.

Durante las negociaciones mantenidas estas semanas entre ambas partes, la delegación rusa ha insistido en tres exigencias clave: Ucrania debe asumir un estatus de neutralidad que la aleje de Occidente y de la OTAN; debe reconocer la integración de Crimea como parte de Rusia; y debe asumir la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

El Ministerio de Defensa ruso anunció también este viernes su segundo recuento de bajas en lo que va de guerra: 1.351 muertos y 3.825 heridos, según las cifras oficiales ofrecidas por Rudskói. El general aseguró que los ucranios “ya no tienen reservas y cubren sus pérdidas con personal sin capacidad de las defensas territoriales”.

Según el Estado Mayor ruso, sus rivales habrían perdido en total 30.000 de sus 260.000 combatientes, entre 14.000 fallecidos y 16.000 heridos, lo que habría obligado a Kiev a movilizar más tropas. Rusia, pese a asegurar tener muchas menos bajas, ha anunciado sin embargo que también movilizará hasta 16.000 mercenarios traídos de Oriente Medio. A estos se suman otras unidades procedentes de territorios tan dispares como el lejano oriente ruso, Chechenia y Abjasia, según la inteligencia británica.

El subjefe del Estado Mayor ruso aseguró que la supuesta “desmilitarización” de Ucrania “se está logrando con ataques de alta precisión contra instalaciones militares y los despliegues de las unidades, así como contra aeródromos, puestos de mando, arsenales y depósitos de armas”.

Los datos de Naciones Unidas contradicen que se trate de una operación quirúrgica. Según el recuento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 977 civiles han muerto y 1.594 han resultado heridos hasta la madrugada del 24 de marzo, aunque la cifra puede ser mayor.

Asimismo, sus datos tampoco confirman el supuesto “genocidio” con el que Putin justificó su casus belli contra el Gobierno de Volodímir Zelenski. Naciones Unidas señala que en las regiones de Donetsk y Lugansk han muerto 279 civiles en lo que va de conflicto: 224 en la zona controlada por el Gobierno y 55 en territorio separatista.

En su valoración de los progresos del ejército ruso, Rudskói recalcó además que sus tropas podrían haber sufrido contratiempos por el sabotaje ucranio. “127 puentes fueron volados por los nacionalistas ucranios para frenar nuestra ofensiva”, dijo el coronel, quien aseguró además que disponen de una superioridad total en el cielo porque “la aviación y el sistema de defensa aérea de Ucrania fueron destruidos casi por completo”.

Fuente: El Pais.com

RUSIA. Se resiste a abandonar el G-20 para no convertirse en un paria internacional

 China respalda a su socio preferente ruso, frente a las pretensiones de los países occidentales para aislarle.

Moscú bien vale, sino una misa, si aguantar unas cuantas presiones, a cambio de repartirse el botín ruso obtenido de Ucrania (minerales del Donbás) junto al petróleo y el gas de Rusia.

Las grandes potencias occidentales están tratando de que Rusia deje de participar en el G-20. La UE y EE UU quieren que Moscú se retire temporal y voluntariamente de ese foro que adquirió un papel protagonista a raíz de la última crisis financiera y en el que están, además de los siete países más ricos del mundo, otros como China, Argentina, Brasil, México, Indonesia (que ostenta la presidencia este año), Sudáfrica, Arabia Saudí o la India, y en el que España suele participar como uno de los Estados invitados. La ofensiva para aislar al presidente ruso, Vladímir Putin, busca convertir a Rusia en un paria internacional, al margen de los organismos que velan por el orden internacional. Pero en el caso del G-20, los occidentales se han topado con la oposición de China, que defiende la presencia de su aliado ruso, según apuntan fuentes europeas. “He planteado esta opción”, ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden, tras acabar la reunión del G-7, el club de los siete países más ricos del mundo.

Desde que Vladímir Putin ordenó la invasión de Ucrania, los países occidentales han tratado de castigar a Rusia en todos los ámbitos posibles sin llegar a la guerra abierta con una potencia nuclear. La primera línea de ataque han sido unas sanciones económicas sin precedentes contra una de las grandes potencias militares del mundo: cortar el acceso a sus bancos al sistema de pagos internacionales, congelación de los activos del banco central fuera de su país, prohibición y congelación de propiedades de los oligarcas que sostienen el régimen ruso y de sus propios líderes, como Putin. La otra consiste en apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania enviando armas y dinero. La tercera se despliega en el campo diplomático y foros internacionales.

El primer paso fue una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas condenando la invasión que logró un apoyo muy amplio. La condena se aprobó con el voto a favor de 141 de los 193 miembros de la Asamblea y con solo cinco votos en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria). Pero nada menos que 35 países se abstuvieron, incluidos tres miembros del G-20: China, la India y Sudáfrica.

Pekín mantiene desde el momento de la invasión una actitud ambigua que inquieta cada vez más a los occidentales. La abstención en la ONU (tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea) se interpretó como un gesto de distanciamiento y a favor Moscú. Pero el Gobierno chino se ha negado después a calificar como guerra o invasión la agresión del ejército ruso contra Ucrania, ha responsabilizado del conflicto en parte a los occidentales y ha dado pábulo a los bulos propagados por Putin sobre un supuesto armamento químico en manos del Gobierno del presidente ucranio, Volodímir Zelenski.

Ante esa posición del gigante asiático, uno de los países europeos partidarios de expulsar a Moscú casi se resignaba y explicaba esta semana que la postura de Pekín convierte esta pretensión en algo muy difícil. Además, tampoco Rusia está por abandonar el foro. De hecho, la agencia Reuters apuntaba estos días que Putin mantiene su intención de acudir a Indonesia a finales de este año, donde se celebrará la reunión.

Hasta ahora, explican desde uno de los países miembros por derecho del G-20, el funcionamiento y el liderazgo de este grupo suele corresponder a los países del G-7 (Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón). Ellos se convertirían en el motor de un colectivo más grande —y representativo de todo el mundo— en que hay otros 13 países, Rusia entre ellos, y, además, otros invitados. En esta ocasión, el engranaje habitual se habría puesto en marcha, es decir, la proposición por parte de los países más ricos del mundo, pero habría chocado con la posición de China.

Tampoco parece que vaya a resultar fácil el castigo a Moscú en el FMI y en el Banco Mundial, como anunciaron los países occidentales hace dos semanas, al acabar la cumbre europea en Versalles. “Nos aseguraremos de que Rusia no puede obtener créditos u otros beneficios de estas organizaciones”, advirtió entonces la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero el régimen de Vladímir Putin se encuentra al corriente de pago con estos organismos y eso dificultaría mucho dar el paso anunciado.

Fuente: El Pais.com

BANCOS. Aconsejan a los rusos no actualizar programas ante la amenaza del "protestware"

 Un código malicioso ha sido añadido a un programa de software de código con el objetivo de atacar ordenadores rusos y bielorrusos

El banco más grande de Rusia ha advertido a sus usuarios que dejen de actualizar el software debido a la amenaza del "protestware": programas de software abierto cuyos autores han alterado su código en oposición a la invasión rusa de Ucrania.

Cuando se ejecuta el protestware muestra mensajes contra la guerra a favor de los ucranianos. Al menos había un proyecto de código malicioso con el objetivo de atacar ordenadores ubicados en Rusia y Bielorrusia, provocando indignación y algunos daños colaterales no previstos.

En respuesta a la amenaza, Sberbank, el banco estatal ruso y el más grande del país, ha aconsejado a los rusos que temporalmente no actualicen ningún software debido al riesgo y que verifiquen manualmente el código fuente del software si es necesario (un nivel de control que no es realista para la mayoría de los usuarios).

"Instamos a los usuarios que dejen de actualizar el software por ahora y a los desarrolladores que refuercen el control sobre el uso de código fuente externo", resaltó Sberbank en un comunicado publicado por los medios rusos y las empresas de ciberseguridad.

Con la invasión rusa de Ucrania, algunos sugirieron que las tecnológicas deberían dejar de enviar actualizaciones a los usuarios rusos para imponer mayores costes a Moscú. Ninguna empresa de tecnología ha llegado tan lejos, pero según observadores que siguen el movimiento de protestware, se han detectado alrededor 24 programas de software de código abierto que agregaban código en protesta por la guerra. El software de código abierto es un software que cualquiera puede modificar e inspeccionar, volviéndolo más transparente y, al menos en este caso, más abierto al sabotaje.

¿Daños colaterales?

El ejemplo más grave de protestware hasta el momento ocurrió con el popular programa de código abierto node.ipc, que ayuda a construir redes neuronales y que se descarga más de un millón de veces por semana.

El desarrollador de node-ipc, RIAEvangelist, había escrito el código en protesta por la guerra PeaceNotWar. El código añadía un "mensaje de paz" en las pantallas de los usuarios, explicaron en GitHub.

"Este código sirve como un ejemplo no destructivo de por qué resulta importante controlar los módulos de nodo", escribió el autor. "También es una protesta no violenta contra la agresión de Rusia que actualmente amenaza al mundo… Para ser claros, esto es protestware".

Pero a node.ipc también se le agregó un código que geolocalizaba a los usuarios y, si se encontraban dentro de Rusia o Bielorrusia, borraba sus archivos.

El código malicioso es del 15 de marzo, según el investigador de la empresa de ciberseguridad Snyk Liran Tal. El nuevo código estaba oculto en datos codificados de base64 lo que dificultan su detección.

Poco después de la descarga del código, una publicación de GitHub se volvió viral afirmando que el código afectó a los servidores operados por una organización no gubernamental estadounidense en Bielorrusia y que el sabotaje fue el "resultado de ejecutar su código que borró más de 30.000 mensajes y archivos que detallaban los crímenes de guerra cometidos en Ucrania por el ejército y el gobierno rusos".

El código permaneció como parte del paquete menos de un día, señala Snyk. El supuesto mensaje de la ONG estadounidense no ha sido verificado y ninguna organización ha hecho declaración pública sobre los daños.

"Aunque se trata de un ataque motivado por las protestas, muestra un problema mayor al que se enfrenta la cadena de suministro de software: las dependencias transitivas en el código pueden tener un gran impacto en la seguridad", escribió Tal.

No es la primera vez que los desarrolladores de código abierto sabotean sus propios programas. En enero, el autor de otro proyecto popular llamado colors agregó un bucle infinito a su código que volvía inútil cualquier servidor que lo ejecutara hasta que el problema fue solucionado.

El nuevo movimiento

Protestware es solo el último de varios intentos de activistas por usar tecnología que supera la censura rusa y enviar mensajes contra la guerra. Los activistas han estado utilizando publicidad dirigida para llevar noticias sobre la guerra en Ucrania a los rusos que, de lo contrario, están a merced de la creciente censura y la omnipresente propaganda estatal. Los resúmenes colaborativos y los mensajes emergentes contra la guerra son tácticas que se han empleado desde que las tropas rusas comenzaron su invasión.

En general, protestware es una prueba más de que mucho de lo que podemos ver públicamente de la ciberguerra que se desarrolla en Ucrania está directamente relacionado, ante todo, con la guerra de la información y de la propaganda.

Protestware puede seguir enviando mensajes similares contra la guerra, pero dentro de la comunidad de código abierto existe la preocupación ante la posibilidad de sabotaje. Especialmente si va más allá de simples mensajes contra la invasión y empieza a destruir datos, ya que podría socavar el ecosistema de código abierto. Aunque es menos conocido que el software comercial, el software de código abierto es enormemente importante para ejecutar todos los aspectos de internet.

"La caja de Pandora ya está abierta y, a partir de este momento, TODOS los que utilizan código abierto experimentarán más xenofobia que nunca", escribió el usuario de GitHub NM17. "El factor de confianza en el código abierto, basado en la buena voluntad de los desarrolladores, prácticamente ha desaparecido, y ahora, cada vez más personas se dan cuenta de que algún día, su biblioteca/aplicación podría acabar explotada para hacer/decir lo que sea que algún desarrollador aleatorio pensaba que era 'lo correcto'. No salió nada bueno de esta 'protesta'".

Fuente: MIT 

INTERNET. Los riesgos irreversibles de que Rusia se aísle telemáticamente del resto del mundo.

 Si Rusia se desconecta del internet global, o acaba expulsada del mismo, puede que la red nunca vuelva a ser la misma para nadie

La desconexión rusa de los servicios online occidentales ha sido tan abrupta y extensa como su desvinculación de las rutas comerciales globales.

Las autoridades rusas han bloqueado Facebook, mientras que Twitter está casi desactivado del todo. Por otro lado, muchas empresas como Apple, Microsoft, TikTok o Netflix se han retirado del mercado ruso voluntariamente. Rusia cada vez está más cerca de la situación que tiene Irán como un estado paria digital.

La Unión Europea, a su vez, ha intentado eliminar ciertos medios rusos de internet. No sólo sugiere el bloqueo de las webs como ha hecho con RT (anteriormente Russia Today) y Sputnik; si no que también recomienda la eliminación en motores de búsqueda y redes sociales de cualquier publicación que repita el contenido de dichos sitios.

Pero todos estos casos son servicios que utilizan internet, y no tecnologías o acuerdos que lo impulsan. El bloqueo de Facebook en un país no es diferente a que Facebook se vaya del país, o que simplemente quiebre o cierre.

Pero se avecinan divisiones más profundas, provocadas por la acción en ambas partes. Rusia ha declarado que Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) es una "organización extremista" y se está retirando de organismos internacionales como el Consejo de Europa. Asimismo, Rusia ha sido suspendida de la Unión Europea de Radiodifusión. Si estas acciones se replicaran en la estructura de Internet, los resultados podrían ser catastróficos.

De hecho, todo esto ha generado miedo a un "Internet dividido" (o balcanizado), donde en lugar de una única red de internet global como la que tenemos hoy en día, habría una serie de redes nacionales o regionales que no se comunicarían entre sí y tal vez incluso operarían utilizando tecnologías incompatibles.

Eso significaría el fin de internet como una única tecnología de comunicación global, y quizás no solo temporalmente. China e Irán aún utilizan la misma tecnología de internet que EE UU y Europa, aunque solo tienen acceso a algunos de sus servicios. Si esos países establecieran órganos de gobierno rivales y otra red paralela, solo el acuerdo mutuo de todas las naciones más importantes del mundo podría reconstruirlo. La era de un mundo conectado habría terminado.

Ya se han dado algunos pasos hacia este fin. El mes pasado, el Gobierno ucraniano pidió a la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) que supervisa el sistema de nombres de dominio de internet, que suspendiera el acceso de Rusia al sistema, eliminando al efecto los dominos ".ru" de internet.

La ICANN, que antes había sido una rama del Departamento de Comercio estadounidense pero que actualmente opera como organización no gubernamental, rechazó rotundamente la propuesta.

"Internet es un sistema descentralizado. Ningún actor tiene la capacidad de controlarlo o apagarlo", escribió el CEO Gorän Marby en su respuesta a la propuesta. "Esencialmente, la ICANN se creó para garantizar que internet funcione, no para que su capacidad coordinadora se utilice precisamente para lo contrario".

La precaución de Marby está justificada. ICANN no tiene ningún poder legal o de estatuto sobre el sistema de nombres de dominio; sus decisiones son aceptadas voluntariamente por todos los operadores de internet. Eso hace que la toma de decisiones sea muy lenta (todo se debe acordar por consenso), pero es eficaz de cara a mantener internet unificado.

Los otros órganos rectores de internet funcionan de manera muy similar: son organismos internacionales independientes que operan según acuerdos, no por la fuerza. Casi todo el mundo coincide en que esta es una forma extraña y torpe de gestionar una parte de la infraestructura global vital, pero no se ponen de acuerdo sobre una alternativa mejor.

Para acordar una nueva gobernanza de internet se requeriría el pacto de todas las naciones, algo tan excepcional que casi nunca se consigue hoy en día. Eso explica que internet se esté manteniendo unido por poco más que un acuerdo voluntario mutuo.

Entonces, ¿cómo sería un Internet dividido en la práctica? ¿Estamos cerca de su creación?

Según el profesor de la Escuela de Políticas Públicas del Instituto de Tecnología de Georgia (EE UU) Milton Mueller, en lugar de que cada país utilizase su propia plataforma partiendo de una tecnología común, la fragmentación real de internet podría adoptar alguna de las dos formas siguientes.

"Una división importante de internet implicaría un protocolo técnicamente incompatible utilizado por una masa crítica de la población mundial", explica Mueller.

Este primer tipo de separación no sería tan catastrófico. "Los tecnólogos probablemente encontrarían una manera de unir los dos protocolos en poco tiempo", considera Mueller.

La segunda forma de fragmentación consistiría en seguir usando protocolos técnicamente compatibles, pero con órganos de gobierno diferentes para gestionar esos servicios, lo cual podría resultar más difícil de revocar.

Si Rusia, China u otros países crearan rivales de los organismos que gestionan direcciones IP y sistemas de dominio (DNS, en inglés) y los establecieran, podría ser incluso más difícil volver a unir internet que si se construyeran protocolos tecnológicos diferentes. Se formarían distintas preferencias entre una u otra alternativa, y la política de reconexión se volvería casi imposible.

El problema de volver a conectar estas redes distintas en un internet global sería, por lo tanto, político, no técnico, pero normalmente son los problemas políticos los más difíciles de resolver.

También hay medidas que, sin llegar a la fragmentación total de Internet, podrían tener un efecto significativo en obstaculizar el flujo global de información, o en mantener el buen funcionamiento de Internet en un estado paria.

Debido a la naturaleza de internet para crear monopolios, algunos servicios tienen un estatus de casi infraestructura. Amazon Web Services, por ejemplo, gestiona gran parte del back-end de internet así que prohibirle el acceso a un territorio concreto supondría consecuencias desastrosas. Del mismo modo, cortar el acceso a los repositorios de GitHub paralizaría muchos servicios, al menos temporalmente.

Rusia ha intentado mitigar este riesgo pidiéndoles a sus webs oficiales y públicas que repatrien sus datos, usen dominios .ru y minimicen el uso de proveedores de servicios en el extranjero. Durante la semana pasada, hubo pánico porque se malinterpretó que estas instrucciones iban dirigidas a todos los sitios web rusos. Además, se llegaron a publicar artículos alarmistas (hasta ahora sin pruebas) que sugerían que Rusia planeaba desconectarse por completo de internet.

Otros países y grupos han buscado mitigar la naturaleza global de internet, y no solo las autocracias. La UE, por ejemplo, intentó exigir que todos los datos sobre sus ciudadanos se procesen dentro de sus fronteras, algo a lo que los gigantes tecnológicos de EE UU se han resistido ferozmente.

Mientras tanto, Irán ha ido generando conexiones nacionales entre sus principales instituciones online, lo que le permite operar en una especie de red de internet funcional exclusiva para Irán que podría usar en caso de que necesite aislarse de la red global o si un adversario lo expulsase de la misma.

Pero China es quizá la que tiene la relación más compleja con internet. Si bien las empresas de tecnología nacidas en China a menudo prosperan en Occidente, como TikTok, casi todos los servicios online utilizados por personas dentro de China son de empresas chinas. Este país también tiene un enorme sistema de censura online conocido como el 'Gran Cortafuegos de China'.

Charlie Smith (un seudónimo debido a que trabaja revisando las políticas de censura en China) de GreatFire, asegura que la relación del internet chino con la red global ha cambiado con el tiempo.

"Al principio, el bloqueo estaba impulsado por puras necesidades de censura. Por la necesidad de ocultar alguna información sobre Xi Jinping, o encubrir algún gran desastre que se podría atribuir directamente al Gobierno", señala. "Pero a medida que se bloqueaban esos sitios web extranjeros, los empresarios chinos se dieron cuenta de que había vacíos en el mercado que se podían llenar".

"No solo llenaron esos vacíos, sino que apoyaron en la creación de empresas digitales chinas que son tan valiosas como sus equivalentes occidentales, aunque estas empresas no estén bien consolidadas fuera del país asiático".

Gracias a estas instituciones independiente con trayectoria, Smith argumenta que China podría manejar bien la situación de estar desconectada de internet, pero no le conviene hacerlo.

"Creo que China podría aislarse del internet principal y probablemente lo haría si hubiera una crisis local suficientemente importante… Pero también considero que China seguirá dependiendo de este internet global. La diáspora china está en todo el mundo. Nadie quiere que se corten las conexiones con su familia y las empresas seguirán dependiendo de la venta de sus productos en el extranjero".

Sin embargo, China está ocupando puestos de responsabilidad en diversos órganos de gobierno de internet -como corresponde a un país con más de mil millones de usuarios- e intenta, por ahora, cambiar poco a poco los estándares, las reglas y los protocolos para adaptarlos a sus necesidades.

Es muy posible que se produzca una ruptura de Internet impulsada por la política más que por la tecnología, pero por ahora todos parecen dispuestos mantener el frágil status quo a su favor, sobre todo porque parece que, si se permite que internet se rompa, sería muy difícil de reparar.

Fuente: MIT