La globalización, intermediarios y las nuevas tecnologías para la contratación fragilizaron las condiciones del camionero hasta que estalló el descontento por la escalada de los carburantes
¿Qué ha pasado para que el estrecho
margen de los transportistas salte por los aires? Hace 12 días, muchos de estos
conductores iniciaron un paro, aupados por la Plataforma en Defensa del Sector
del Transporte, indignados por la subida del precio del carburante, que ha sido
la gota que colma el vaso. Cuando a fin de mes echan cuentas, los autónomos se
asfixian por los pagos: al carburante disparado deben sumar la letra para pagar
el camión —cuyo coste ronda los 200.000 euros—, el seguro del vehículo, el
aditivo AdBlue (que reduce la contaminación), los recambios de neumáticos, el
mantenimiento, los impuestos, las reparaciones, las dietas y los peajes.
El deterioro de las condiciones de
trabajo tiene raíces profundas. Los transportistas son grandes perdedores de
las transformaciones que ha traído la globalización y la digitalización. Ellos
culpan a las autoridades de no haber hecho lo suficiente para proteger sus
derechos y condiciones de vida.
Esa caída de los precios se ha
producido en toda Europa y es consecuencia de la liberalización en el mercado
común en los años noventa, según un estudio comisionado por el Parlamento
Europeo en 2013. El informe concluyó que el incremento de la competición que
trajeron las reformas comunitarias supuso un empeoramiento de las condiciones
de trabajo y el salario. La tendencia se acentuó tras las ampliaciones de la UE
en 2004 y 2007. La liberalización generalizó el derecho de cabotaje. Es decir,
que cuando los transportistas de otro Estado miembro se encontraban en España
con motivo de un desplazamiento internacional podían efectuar uno o varios
transportes en nuestro país en vez de regresar vacíos a su país de origen.
En paralelo, el estudio describía
prácticas irregulares que se extendieron, como las empresas buzón, que tienen
su domicilio en Estados con regulación laboral y fiscal menos exigente, aunque
no desempeñen su trabajo en ese país. Por último, muchas empresas se
deshicieron de sus plantillas de camioneros asalariados para recurrir a falsos
autónomos con el fin de ahorrar costes. Todos estos factores han ido sumando
gotitas al vaso del deterioro de la profesión.
A estos problemas se ha añadido la
última década la uberización del transporte de mercancías como consecuencia de
aplicaciones de teléfono donde los camioneros pueden cazar al vuelo ofertas.
Son mercados donde el transportista clica en ofertas que a veces han sido
revendidas múltiples veces por intermediarios que viven de las comisiones por
esas operaciones, confirman diversas fuentes del sector.
Hacer caja
Por la propia naturaleza de este
mundillo, el transportista se convirtió en chorizo (o agencia de trasporte) de
forma natural: si un empresario tiene todos sus camiones en la carretera y
recibe una llamada de una fábrica que necesita un porte urgente, suele
subcontratar ese viaje a un tercero cobrando una comisión para así no
desaprovechar la oportunidad de hacer caja. De ese modo, es normal que las
grandes empresas de transportes combinen su labor principal con la
intermediación. De hecho, en esta segunda tarea reside un gran negocio, según
múltiples fuentes consultadas, que apuntan que grandes empresarios
transportistas acaban abandonando su función original para dedicarse
exclusivamente a especular. Internet ha hecho más eficiente la compraventa de
cargas, pero a costa de los transportistas.
Obstáculos
Un obstáculo para contentar a los
transportistas huelguistas es que en una economía de libre mercado, las
intervenciones en los precios son complicadas. Fijar un precio mínimo es
anatema para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se opuso a
esa medida cuando fue consultada en 2019 por el Gobierno central. La CNMC
entendió que una intervención constituiría una restricción a la libertad de
fijación de precios de los operadores económicos, que impactaría notablemente
en los precios finales y perjudicaría a los consumidores.
Lo que sí han arrancado este invierno
los transportistas al Gobierno es la actualización del precio cuando se produce
una subida en el combustible entre el momento de la contratación y el de la
realización del porte. Esta es una reforma que entró en vigor en un real
decreto-ley del 1 de marzo, y que no satisfizo a la Plataforma organizadora de
los paros. Otra reforma a la que se ha comprometido el Gobierno tras la reunión
de 13 horas del jueves es la elaboración antes del 31 de junio de un proyecto
de ley que limite la subcontratación, para que de forma indirecta se asegure
que ningún porte se hace por debajo del precio de coste.
EDITORIAL
Cierto es que en el
fondo, las reclamaciones de los transportistas son justas, pero las formas no
son ni medio correctas, puesto que, en lugar de pedir firmas para llevar al
Congreso una iniciativa legislativa popular y a sabiendas de que estaban
haciendo daño a toda España (con la bendición de Vox y PP) prefirieron primero convocar un paro
indefinido y luego continuarlo, que está llevando al cierre de múltiples empresas, y al paro a cientos
de trabajadores, cuando no miles, además de haber llenado de preocupación a
muchos españoles, que ha derivado en el acaparamiento de alimentos en unos
casos y desabastecimiento consiguiente en otros, por no hablar de los ganaderos, que se han quedado sin pienso para sus animales y a los que nadie viene a recoger su producción de leche, o pescadores y agricultores que no pueden llevar sus productos al mercado, que por otra parte, tanto gustan de fotografiarse con todos ellos los dirigentes de Vox y PP , en período electoral. Una autentica farsa. Todo paripé y postureo, faltaría más.
Pero que se puede esperar de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández y José Fernandez, reconocidos seguidores de Vox, que a mi juicio, guían a la ruina a sus afiliados y seguidores, por medio de técnicas propias de la ultraderecha, con la excusa de unas justas reivindicaciones (que no justifican el daño causado a todos los españoles) cargadas de pretensiones desestabilizadoras hacia el Gobierno del Estado, y cuya hipótesis ya formulé en post anterior, que a mi entender, ahora se le une la teoría de una probable recompensa, en forma de algún pretendido puesto en las listas de Vox, para futuras elecciones, lo cual, llegado el momento, podrá comprobarse su presumible veracidad.
Fuente: El Pais.com
