OPINIÓN. De los jueces que son tan independientes, que pasan de las normas y hasta de sus superiores.

 Con la excusa de reivindicar, "la independencia" , la derecha judicial está utilizando todos los medios a su alcance para acabar con el gobierno progresista, siguiendo el eslogan de Aznar cuando dijo,  "el que pueda hacer, que haga"   

La titular del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha abierto juicio oral a David Sánchez, al presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a nueve personas más por delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la creación de una plaza de coordinador de los conservatorios y su posterior adjudicación al hermano del presidente. Y lo ha hecho cuando la Audiencia Provincial todavía no ha resuelto los recursos de apelación presentados por la fiscalía y las defensas lo que supone una manifiesta irregularidad procedimental que la magistrada justifica porque dichos recursos no tienen “efectos suspensivos”. El fiscal no ha presentado acusación y ha pedido el archivo de la causa. Pero Biedma se apoya en que la acusación popular, representada por asociaciones de extrema derecha personadas en la causa, la han pedido la apertura del juicio oral.  Estamos en situación parecida al procedimiento que originó la llamada “doctrina Botín (*)

(*) La “doctrina Botín” es una corriente jurisprudencial del Tribunal Supremo, establecida en la Sentencia 1045/2007 de 17 de diciembre, que resolvió un recurso de casación interpuesto por la acusación popular, integrada por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) e Iniciativa per Catalunya contra un auto de la Audiencia Nacional, que sobreseyó el proceso penal contra Emilio Botín por un delito fiscal. El TS desestimó el recurso, al considerar que, aunque es cierto que el derecho a la acusación popular está previsto en la Constitución, eso no impide que la ley pueda imponer límites a su ejercicio. La corte considera que si el Ministerio Fiscal y los perjudicados (en este caso era la Hacienda Pública), consideran que debe sobreseerse el proceso, la acusación popular no debería bastar por sí sola para seguir con el proceso. La “doctrina”, que ha sido recogida en numerosas sentencias sentando la oportuna jurisprudencia, establece que no puede abrirse juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados piden el sobreseimiento.

 En numerosos procesos judiciales se ha tenido que volver a discutir el espíritu y la letra de la “doctrina Botín”. Tal vez el más recordado fue el juicio del caso Noos, donde la fiscalía retiró la acusación contra Cristina de Borbón, pero no sirvió de nada puesto que la mantuvo la acusación popular, entonces representada por Manos Limpias. El asunto se tornó en escándalo cuando se supo que el seudosindicato de extrema derecha había participado en las negociaciones que llevó a cabo el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, con cualificados empresarios y abogados catalanes a los que pidió dinero a cambio de la retirada de dicha acusación. Curiosamente, en la causa contra David Sánchez, está personada Manos Limpias

La jueza no tiene en cuenta dicho criterio. En cambio, se acoge a otras sentencias del Supremo en las cuales se señala que “la acusación particular está legitimada para pedir la apertura de juicio oral”. Además de Manos Limpias forman parte de la acusación popular, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el Partido Popular. Piden tres años de cárcel para los acusados y la devolución por parte de David Sánchez de los salarios recibidos.

Pero lo más grave no es eso. La jueza ha dictado el auto sin tener en cuenta los recursos presentados por la fiscalía y las defensas en los que piden el sobreseimiento de la causa porque alegan que, en la misma, sólo hay “conjeturas e hipótesis”. La instructora cree que estos recursos no tienen efectos suspensivos. Pero ¿Qué ocurriría si la Audiencia Provincial avala la tesis del ministerio público? El daño ya estaría hecho. Estamos en la misma situación que la de Begoña Gómez con el juez Peinado. La repercusión social hace un daño reputacional no ya al PSOE sino a los particulares imputados a los cuales les costará mucho volver a recuperar su imagen.

Además, la jueza no tiene en cuenta que uno de los imputados, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, está a punto de tomar posesión como miembro del parlamento de Extremadura lo que le implica rango de aforado. En ese caso, ya no será un juzgado de Lo Penal el encargado de dictaminar la sentencia sino el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Habría que empezar de nuevo todo el procedimiento. Pero eso a la jueza le debe importar muy poco.

Lo grave es que últimamente estas actuaciones judiciales se están repitiendo con demasiada frecuencia. Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez hace caso omiso de las advertencias de sus superiores de la Audiencia Provincial. Le han prohibido que siga indagando el asunto del rescate de Air Europa. Incluso le han ordenado que retire la petición de los expedientes solicitados a la SEPI sobre las ayudas recibidas por la aerolínea del grupo Globalia y ha debido de hacer poco caso porque, de momento, no ha dictado un auto recogiendo la orden de sus superiores.

Los jueces cada vez se cortan menos a la hora de expresar sus afinidades políticas. El magistrado del Supremo, Manuel Marchena, ha advertido, en un libro que “la justicia está en peligro. Un juez que aspira a ser su compañero en la corte, el controvertido expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, intervino en un acto de la Fundación Neos, que preside el exministro muy cercano a la ultraderecha, Jaime Mayor Oreja, para lanzar una peligrosa consigna: “debemos de salvaguardar la independencia del poder judicial, porque si prescindimos de la independencia del poder judicial hemos matado la vida jurídica”.  Reflexión casi idéntica a la expresada por Marchena.

Fuente: Diario16plus.com

CONCLUSIÓN

Partiendo de la premisa de reivindicar la “independencia” , la derecha judicial está utilizando todos los medios a su alcance para acabar con este gobierno progresista. Muchos de sus miembros parecen haber recogido la consigna de José María Aznar de que “el que pueda hacer, que haga”. Y aquí valen resoluciones judiciales, intervenciones públicas y acciones de todo tipo. La estrategia está clara. Incluso si hay que saltarse las órdenes de los superiores, pues supongo entienden que todo vale para derrocar al gobierno actual e instaurar la anarquía en España. Curiosa forma de proceder de jueces en ejercicio y ultrajante legado que van a dejar para la posteridad, solo comparable al de jueces de la época franquista.

Un lawfare de manual, que lógicamente, debiera servir para hacerles la campaña a PP y Vox, que a base de deshumanizar al gobierno actual, intentan derrocarle. Pero esto tiene el enorme inconveniente de dejar a la justicia española a los pies de los caballos, lo cual se constata cuando llegan casos desde España a los tribunales europeos, donde los jueces españoles reciben un varapalo tras otro.

Me hace gracia el todavía líder del PP (ya veremos que ocurre en el cónclave de julio del PP, que previamente la entrenadora Aguirre ya le ha dicho a Ayuso que caliente que pronto va a entrar,  sustituyendo a Feijóo)

Bueno decía que me hace gracia el jefe de la oposición, cuando dice, que ellos (el PP) respetan la democracia, no la corrupción. Pero esto es disculpable puesto que, nos tiene acostumbrados a sus sonados lapsus de memoria, dado que  cuando está en Badajoz se siente andaluz, y cuando está Sevilla se siente cordobés, y si está en Valencia se siente catalán, de Barcelona para más señas.

Entonces, visto lo visto, estoy seguro que el Sr. Feijóo quería decir que, “el PP respeta la corrupción, no la democracia”.

Si fuese al contario, tal y como manifiestan desde el PP, Mazón estaría en el paro hace tiempo, a la espera de alguna imputación por dejación de funciones  e incluso por posible homicidio imprudente, el día de la dana en Valencia; y Ayuso idem, esperando imputación por los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias de Madrid, sin servicios médicos ni hospitalarios, durante la pandemia. Y tampoco tendría pendiente el PP, un calvario de juicios (unos 30) por corrupción de aquí hasta el 2030, siendo entre otros, los más conocidos, Gürtel,  Púnica y Lezos, casos de corrupción todos ellos, que marcan una década negra judicial  para el partido popular.

Por cierto, al líder del partido popular alguien debiera advertirle, que no es conveniente seguir el manual de Goebbels al pie de la letra, porque sino, resulta muy difícil poder explicar  que el PP no es un partido de ultraderecha. Por ejemplo, llamar indecente a todo el mundo que tiene valores, no casa muy bien con lo de ser un partido de centro, más parece propio de una ideología de extrema derecha, como pudiera tener Vox. 

Por otra parte, por si todavía queda algún liberal en el PP, debieran taparse un poco, pues poner otro ejemplo, no parece lógico que el líder del PP, vaya llamando indecente a un gobierno legítimamente elegido, teniendo en cuenta lo que él tiene en casa. Y no me refiero a su familia, que también (él mismo veraneaba con narcotraficantes),  sino y principalmente, a los casos de corrupción dentro de su propio partido, arriba someramente indicados y concretados en los enlaces anteriores. 

Y se les quedase algo de vergüenza a todos ellos, se irían de la política y hasta de España, haber si así reflexionan y cambian de idea de una vez por todas, que a la política no se llega para forrarse, sino que se viene para servir a la ciudadanía en favor de sus derechos y libertades. Y por supuesto, mereciendo el mismo respeto y consideración, todos por igual, sin dejar tirado a nadie, ni por pandemias, ni por danas o ni por cualquier otra catástrofe, o circunstancia negativa para la ciudadanía. Y nunca discriminando  por razón de edad, sexo, lugar de nacimiento o religión (artículo 14 de la Constitución española). 

Y no como en la crisis económica de 2012 donde Rajoy mandó a las colas del hambre a la mitad de España (principalmente a los más desfavorecidos) 

POSDATA

Cuatro  apuntes rápidos sobre los desmanes de PP y Vox. Y unas cuantas cuestiones elementales.

Apuntes rápidos de las tropelías de PP y  de Vox

1. Con el aplauso de ambos partidos, Israel siempre ganará Eurovisión o quedará segundo, gracias a que hace manipulación del voto popular según reconoce The New York Times
2. Los dos partidos presionan en Europa, para que, gallego, euskera y catalán, no sean idiomas oficiales en la UE, como ya lo son en España. Ya si eso, cuando lleguen las elecciones, que los votantes de dichas autonomías les voten, a ver si así consiguen la mayoría absoluta, para hacer otras más gordas. 
3. No busquen más, el partido político más mafioso de  España es el partido popular con el caso ya juzgado y condenado de su policía patriótica del ministerio de interior  del gobierno del PP de Rajoy , como emblema.
4. Con la comprensión de ambos partidos, el gobierno sionista de Israel, continua con el exterminio del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, ayudado, por un grupo de países de la UE y por Estados Unidos, donde  cada  grupo suministra la mitad de las bombas con las que principalmente han masacrado a casi sesenta mil civiles palestinos, de los cuales la mitad eran niños.

Cuestiones básicas

Al Gobierno de Israel, al de EEUU y al de la UE, les pregunto. 

1. Si los causantes del holocausto judío eran nazis ¿ahora que son gobierno y ejército de Israel?
2. ¿Cómo debería calificarse a los países que suministran las armas para semejante barbarie?
3. ¿Cual es la diferencia entre el holocausto judío y el holocausto palestino, y por qué el primero estuvo mal y el segundo está bien? 
4. ¿Será porque ahora depende si es aliado o no, el país agresor que comete crímenes de guerra y/o de  lesa humanidad?
5. ¿Son justos y éticos estos planteamientos, o con esos postulados, que no respetan el derecho internacional, nos encaminamos hacia una hecatombe mundial?

Fuente: Redacción 

Poema de Martin Niemöller

¾  Primero vinieron por los comunistas, y no hice nada porque no era comunista.
¾  Luego vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.
¾  Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
¾  Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. 

¾   Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre

FISCALIDAD. De la evasión fiscal, coge el dinero y corre.

 Alex Cobham, director de Tax Justice Network, dice “bancos cómplices de evasión fiscal y hasta que no haya consecuencias penales, nada cambiará”. Además, denuncia que, “el sistema fiscal internacional fue diseñado por imperios cuando multinacionales eran simples, pero hoy en día protegen a grandes compañías y super ricos”

El economista escocés Alex Cobham (Saint Andrews, 1975) dirige desde hace más de siete años Tax Justice Network, una organización independiente creada en 2003 y con base en Reino Unido que lucha contra la elusión de impuestos y los paraísos fiscales. 

Este economista es uno de los mayores expertos del mundo en el tema. Ha sido investigador especializado en flujos financieros ilícitos, tributación para el desarrollo y desigualdades en varias instituciones como la Universidad de Oxford y consultor para otras tantas, como las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Con residencia en Las Palmas de Gran Canaria desde la pandemia —“mi mujer es de allí y decidimos mudarnos para no volver”—, ha pasado esta semana por Barcelona para participar en una mesa sobre fiscalidad internacional, organizada por el centro de investigación en relaciones internacionales CIDOB, en el Palau Macaya de la Fundació La Caixa.

“España pierde recaudación equivalente al 9% del gasto sanitario(*)  por la fuga de beneficios y riqueza a guaridas fiscales”

(*) Dado que el PIB español en 2024 fue cerca de 1,6 billones de euros y el gasto sanitario fue el 10% del PIB, lo cual supondría que, por elusión fiscal, en España cada año dejan de ingresarse en las arcas públicas unos 14.400 millones de euros.

¿Cuál es el panorama fiscal global y principales injusticias de los sistemas fiscales y financieros actuales?

Estamos en un momento interesante. Han pasado cien años desde que algunos países decidieron establecer conjuntamente reglas fiscales internacionales. Pero solo lo hicieron los países más ricos, los que tenían imperios. Acordaron en el marco de la Sociedad de Naciones las bases del sistema fiscal que tenemos hoy. Entonces las multinacionales eran muy simples: extraían materias primas en las colonias y procesaban en la metrópoli. Las normas eran simples y funcionaban porque los beneficios se repartían entre metrópoli y colonia.

Avanzamos hasta 1960 y el mundo cambia: las multinacionales se vuelven más complejas, los imperios terminan, al menos formalmente, y aparecen los paraísos fiscales. Jurisdicciones en las que las empresas declaran sus beneficios aunque no tengan ninguna actividad para pagar menos impuestos o nada. Desde los años 90, los datos muestran que esta evasión se disparó: pasamos de un 5% de beneficios deslocalizados a superar el 40% en 2010, en plena crisis financiera. Y claro, de pronto los países ricos empiezan a preocuparse por primera vez.

¿Qué se ha hecho desde entonces para frenar esta dinámica?

No hemos estado ni cerca de solucionarlo, pese a que la OCDE tenía que liderar desde 2013 un intento de reforma para solucionar este “desajuste”, como lo llaman ellos. Pero tras más de 10 años, la cosa ha empeorado. Lo que tenemos hoy es que esos países ricos, el club de la OCDE, ha fracasado a la hora de resolver el problema, proteger su propia base fiscal e incluir al resto del mundo.

Nuestro informe anual State of Tax Justice estima que se pierde medio billón de dólares anualmente por evasión de multinacionales y de personas ricas. Dos tercios provienen de multinacionales. Aunque los países ricos, como España o Reino Unido, pierden más en términos absolutos, los países de bajos ingresos sufren más intensamente: hasta cinco veces más respecto al gasto público en salud, por ejemplo. Todos, ricos y pobres, tienen un interés muy fuerte en resolver esto, así que, poco a poco, hemos ido avanzando hacia soluciones.

¿Qué soluciones? Medio billón de dólares al año es mucho dinero

Sabemos qué hay que hacer: abandonar el principio de precios de transferencia, que fue lo que la Sociedad de Naciones estableció hace 100 años, y empezar a repartir beneficios según dónde se produce la actividad real. Si Inditex, por poner un ejemplo, tiene el 10% de ventas y personal en España, entonces debe tributar aquí el 10% de sus beneficios, y que España pueda elegir el tipo impositivo. No tiene sentido que, si en Luxemburgo tiene tal vez un 1% de los empleados y casi nada en ventas, declare allí el 15% de los beneficios.

Ese es el gran problema que vemos en las multinacionales. Sabemos que hay que cambiarlo, pero la OCDE no lo ha hecho, solo de forma muy parcial y para unas pocas empresas. Por ese motivo ahora estamos viendo un movimiento en que todos los países del mundo —con la gran excepción de Estados Unidos— están negociando en el marco de la ONU.

Estamos hablando mucho de Estados Unidos por los aranceles, pero antes, el primer día tras su regreso a la Casa Blanca, Trump anunció a bombo y platillo que se retiraba del acuerdo de la OCDE para un Impuesto global de Sociedades mínimo del 15%. ¿A qué atribuye esta decisión y qué impacto global prevé?

Estados Unidos siempre ha tenido el control y el poder de veto en la OCDE. Lo tuvo con Obama, con Biden y con Trump. Cuando Biden llegó en 2020, tiró por la borda todo lo negociado y lo reemplazó por una propuesta nueva nacida de un único académico. Nunca hubo intención real de ratificar ni el pilar uno [el reparto de la recaudación obtenida de las multinacionales entre todos los territorios en los que tiene negocio, aunque no mantenga presencia física], ni el impuesto mínimo global del pilar dos [la fijación de un tipo mínimo global del 15% que los países firmantes se comprometen a exigir a las compañías que facturen más de 750 millones de euros al año en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios].

Biden siempre decía: “lo estamos intentando, y lo haremos”, aunque nadie le creía. Trump dice ahora que ni hablar, y va más allá al amenazar con represalias económicas a cualquiera que lo haga. Pero no es que ahora EEUU sea menos cooperativo, sino que nunca lo fue.

Estamos en un momento en el que todos los países ricos, excepto Estados Unidos, se enfrentan al mismo tipo de presiones fiscales que los países de bajos ingresos. Reconocen las pérdidas que sufren por el abuso fiscal de las multinacionales y quieren soluciones. Necesitan decirle a su ciudadanía que están encontrando soluciones para poder gastar más en salud pública, en educación pública, etc. Pero no hay forma de hacerlo en la OCDE porque EEUU todavía tiene poder de veto.

Así que, por primera vez este año, estamos viendo a los países miembros de la Unión Europea, al Reino Unido y a otros países ricos participar en este proceso global en el seno de Naciones Unidas. Se ven obligados a actuar al margen de EEUU si no quieren renunciar a su soberanía fiscal.

“Gracias a Trump, estamos ante la mejor oportunidad en un siglo para reformar la fiscalidad internacional”

Acaba de publicar un trabajo precisamente sobre este asunto que concluye que es una oportunidad para que el resto del mundo alcance una soberanía fiscal frente al sometimiento a EEUU. ¿Qué le hace ser tan optimista?

Trump puede haber cometido muchos errores con los aranceles. Ha perdido buena parte del poder de amenaza porque ya ha disparado el arma, por así decirlo, y en realidad no le está funcionando muy bien. Pero las medidas fiscales que podría imponer, por ejemplo, sobre empresas europeas que operan en Estados Unidos, serían de otro nivel. Así que la amenaza sigue ahí. Gracias a Trump, ha quedado claro que no hay camino intermedio. O los países actúan unidos o renuncian a proteger sus ingresos. Creo que estamos en el momento más optimista para la fiscalidad internacional en décadas. Quizá el mejor momento de la historia para lograr un cambio real.

Sostienen algunos economistas que Trump quiere financiar la economía norteamericana con aranceles en lugar de con impuestos a quien más tiene. ¿Lo comparte?

No hay que asumir que Trump entiende de economía. Le gustan los aranceles porque cree que le hacen parecer fuerte. Pero son profundamente regresivos: cargan el coste sobre los consumidores, especialmente los de ingresos bajos y medios. Además, ha desmantelado parte del personal de la Agencia Tributaria, debilitando los controles sobre las grandes fortunas, lo que facilitará a los ricos la evasión fiscal.

Esto incrementará la desigualdad en un país que ya es muy desigual y provocará un déficit mucho mayor en un país que ya está viendo cómo aumentan drásticamente sus pagos de deuda. Creo que esto podría ser el fin de Estados Unidos como superpotencia. Tomará 20 años, pero puede que miremos atrás y digamos: fue esto. Mientras tanto, todos los demás países tienen que tomar una decisión. Y de nuevo, no hay un camino intermedio. O quieres ser como Orbán o Milei y seguir a Trump, o quieres proteger tu sociedad.

“La UE es la mayor víctima de evasión fiscal, pero alberga países que la fomentan”

Hablemos de Europa. ¿Cómo explica que la UE sea una unión económica y monetaria, aun sin la pata fiscal, y que existan guaridas fiscales, como Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos?

¡Ajá! Es fascinante. La UE, como bloque, es la mayor víctima del abuso fiscal, pero también alberga a países que lo fomentan. Es un tema de equilibrio, lo que se ve en la Unión Europea, con el paso del tiempo, es un miedo a perder soberanía. Y eso, muy a menudo, es más fuerte en materia fiscal. Los países y los gobiernos se preocupan más que nada por el derecho a establecer sus propios impuestos. El problema es la exigencia de unanimidad. Un solo país, como Hungría, Irlanda, Malta o Chipre, puede bloquear cualquier avance.

Creo que cada vez más políticos han entendido que la unanimidad no tiene sentido en materia fiscal. Si quieren proteger su propia soberanía fiscal individual, deben comprometerse un poco más con la toma de decisiones comunes. Y creo que eso lo veremos en los próximos años dentro de la Unión Europea. Por eso, es posible que se alcance un acuerdo fiscal en Naciones Unidas antes que dentro de la UE. Algunos países como España y Alemania ya participan activamente en las negociaciones globales.

¿Es optimista en este sentido?

Sí. En 2003, cuando fundamos Tax Justice Network, parecía una utopía pedir un organismo fiscal global fuera de la OCDE. Pero lo logramos paso a paso: primero, el apoyo de ministros africanos, luego la aprobación de la ONU para negociar los términos. Ahora, todos salvo ocho países, liderados por EEUU, participan. Creo que vamos a lograrlo. No es un juego de suma cero. Saben que si cooperan mejor, todos ganan. Todos excepto un pequeño grupo de jurisdicciones fiscales y las grandes firmas que se lucran con el abuso. Ya es hora de que ellos pierdan.

¿Qué papel juegan los bancos en la evasión fiscal, particularmente con la información que proporcionan?

Son actores centrales tanto de la evasión como de la elusión fiscal. No solo permiten la evasión, sino que a menudo la organizan activamente. En el lado corporativo, las firmas contables encuentran trucos y diseñan esquemas que luego venden. En el lado personal, son principalmente los bancos los que ayudan a los ricos a ocultar sus activos.

Los bancos son cómplices, su principal papel es asegurarse de que las personas que tienen cuentas bancarias en un país y que son residentes fiscales en otro no aparezcan conectadas. Pero las multas que reciben son mínimas comparadas con los beneficios que obtienen, como Credit Suisse. Hasta que no haya consecuencias penales reales, los incentivos para facilitar la evasión seguirán intactos, nada cambiará.

¿Qué sistema propondría usted si estuviera a su alcance?

Hay que tributar donde se lleva a cabo la actividad económica real. En el caso de multinacionales: donde venden y emplean a sus trabajadores. No son cosas fáciles de ocultar. Y, en realidad, esto sería beneficioso para las propias multinacionales porque reduciría la complejidad y la doble imposición. No ocurre con frecuencia, pero siempre se quejan.

En el caso de personas ricas no basta con tributar donde residen; hay que considerar dónde se generan sus rentas y patrimonios. Tenemos las herramientas técnicas, sabemos cómo identificar a los propietarios de activos, cómo compartir esa información y cómo evitar lagunas. Pero no lo hacemos por el poder de los lobbies y los intereses de los más ricos. Lo que falta es voluntad política. La clave es la presión pública. Los gobiernos sienten el calor y cambian cuando sienten la presión. Las negociaciones públicas en la ONU son esenciales para ello, mientras que en la OCDE se encierran en una sala y luego nos dicen que han acordado cosas buenas.

¿Qué espera de la conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de Naciones Unidas que se celebrará en Sevilla en julio con el objetivo de obtener más recursos financieros para impulsar los ODS de la Agenda 2030?

[Hace una gran mueca]

Con su gesto responde.

En esto no soy tan optimista. En la convención fiscal de la ONU, Estados Unidos simplemente se retiró y pidió a los demás que se unieran a ellos y nadie lo hizo. Estando fuera, EEUU facilita las cosas, en realidad. Pero en Sevilla sigue dentro del proceso de editar el documento, de reducir la ambición, de prevenir los acuerdos sobre el clima, en derechos humanos, en violencia de género,…

España, como anfitrión, está haciendo un buen trabajo, mantiene la ambición en muchos aspectos, pero a ver qué ocurre: Donald Trump está dentro de la habitación.

Fuente: El Diario.es

LEGISLACIÓN. Competencia en 2019 quiso cambiar la norma “obsoleta” para controlar la tensión eléctrica, pero aún no se aprobó

 Son normativas que “no se han tocado en 20 años”, dijo entonces la CNMC, que prevé aprobar ahora nuevo servicio analizado desde el 2021; la investigación del apagón prioriza “la variable de la sobretensión”

Competencia reconoció ya en julio de 2022 “problemas continuos de control de tensión” en la red eléctrica peninsular

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuso en noviembre de 2019 revisar una normativa para mejorar el control de la tensión eléctrica, entre otras regulaciones que, como dijo entonces el organismo, “no se han tocado en 20 años”.

 Competencia todavía no la ha actualizado pese a que Red Eléctrica (REE) le propuso hacerlo en 2021 y a que el año pasado el organismo reconoció que está “obsoleta”.

A falta de conocer las causas del histórico apagón peninsular del 28 de abril, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado en los últimos días que la investigación está “priorizando la variable de la sobretensión”. La vicepresidenta tercera ha dejado claro que regular esta materia es competencia de la CNMC, no del Gobierno.

Han pasado cinco años y medio desde que el 21 de noviembre de 2019 la Sala de Supervisión Regulatoria del conocido como 'súperregulador' advirtió de la necesidad de actualizar una normativa que está entre sus atribuciones: el denominado “Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte” en el sistema eléctrico peninsular, recogido en un procedimiento de operación (el 7.4) de REE.

En un informe sobre una propuesta normativa de Transición Ecológica sobre otra cuestión, una orden de requisitos técnicos de conexión a la red, la CNMC señaló que, “en un contexto de incorporación masiva de generación renovable no gestionable”, y para preservar la “seguridad” del sistema eléctrico, “conviene retomar la definición de los servicios de control de tensión o de potencia reactiva prestados por todos los elementos conectados, con la consecuente revisión del P. O. 7.4 (‘Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte’)”. 

Este procedimiento y el del "Servicio complementario de regulación primaria”, lleva igual 20 años, destaca el informe.

Más de cinco años después, ningún vocal que firmó ese dictamen está ya en la CNMC y se han producido enormes cambios en la generación eléctrica del sistema peninsular español. La potencia fotovoltaica se ha multiplicado por cuatro, de solo 8.348 megavatios (MW) a 33.355 MW; la eólica ha pasado de 24.883 MW a los 31.643 MW actuales; y se han cerrado casi 7.400 MW de carbón.

Hace unos días, a preguntas sobre este asunto, la CNMC aseguró que “en breve, probablemente en este mes” aprobará esa normativa. Esta semana, fuentes de Competencia explicaron que “los servicios técnicos de la CNMC están finalizando dicha actualización del P.O. 7.4. La fecha de publicación dependerá de lo que tarde el trámite de aprobación”.

Un año después de plantearlo la CNMC, en noviembre de 2020, el operador del sistema, REE, sacó a consulta la actualización del P. O. 7.4 y explicó que “el sistema eléctrico español peninsular ha ido evolucionando haciéndose cada año más variable”, con “severos problemas especialmente de sobretensión en periodos valle y llano”, cuando no hay puntas de demanda, como ocurría el pasado 28 de abril cuando la Península se fue a cero.

“Resulta, por tanto, imprescindible adaptar y actualizar la normativa vigente”, dijo entonces REE, que señaló que “el servicio de control de tensión aspira a ser implementado a partir de 2021”. Ese año REE pidió cambiar a Competencia esta regulación, “obsoleta”, según reconoció en 2024 la propia CNMC, en situación de interinidad desde hace meses a la espera de que el Congreso de los Diputados apruebe la anunciada recuperación de un regulador especializado, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que el Gobierno del PP fulminó en 2013.

En lugar de aprobar ese procedimiento, Competencia optó en 2022 por ese proyecto piloto o “sandbox” regulatorio, en el argot del sector, mientras admitía “problemas continuos de control de tensión” en la red eléctrica peninsular.

Su presidenta, Cani Fernández, aseguró la semana pasada en el Congreso que Bruselas les obligó a hacerlo porque ese servicio, un sistema de subastas zonales, conlleva una contraprestación económica para las plantas que lo quieran suministrar, previa adaptación de sus equipos, algo que, dijo, lleva tiempo. Según fuentes del sector, la mayor parte de las plantas fotovoltaicas (mucho más recientes que la eólica) ya tienen incorporados los desarrollos tecnológicos necesarios.

Según defiende Competencia, “la de 2021 no era una propuesta de servicio completa basado en mecanismo de mercado” como exige la normativa europea.

“Lanzamos el proyecto piloto de generación que pusiera a prueba el mercado, dándonos información sobre el grado de eficiencia que tendría. La propuesta presentada por la propia REE en 2024 supone una evolución en el buen sentido incorporando la experiencia del proyecto piloto, con una propuesta mixta entre obligaciones para los generadores y oportunidades de participar en el servicio de control de tensión a través de un mercado” que “permitirá una implementación progresiva, según las renovables vayan invirtiendo en equipos para dar el servicio de control de tensión de forma sintética”.

Los requisitos del primer piloto figuran en una resolución que aprobó en julio de 2022 la Sala de Regulación de la CNMC, de la que entonces (como en 2019) todavía formaba parte el jurista experto en energía Mariano Bacigalupo, marido de la hoy comisaria europea y entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y hoy consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El texto exponía que el proyecto del sistema de control de tensión “redundaría tanto en la seguridad del sistema como en la mejora de la calidad del servicio y la reducción de costes y de emisiones de CO2. La demostración de estos aspectos, al menos en lo referente a la seguridad del sistema y la calidad del servicio, puede deducirse de los problemas continuos de control de tensión que se están registrando en el sistema español”.

“Fuertes impactos”

El proyecto piloto fue exitoso, pero junto a otro ensayo posterior arrojó “fuertes impactos económicos”, según el texto que la CNMC sacó a consulta en noviembre para lanzar por fin ese servicio, “frente a los valores extremos” que, explicó entonces, venían registrando las tensiones de la red.

Su resolución de 2022 recoge que en la consulta pública del proyecto piloto el sector planteó “preocupaciones sobre el modelo propuesto, así como sobre otros aspectos técnicos de la adaptación”. El texto no mencionaba reparos de la UE. Señalaba que “se plantea la posibilidad de ejecutar un proyecto de demostración regulatoria que permitirá la puesta en marcha, con carácter zonal y temporal, de un mecanismo de mercado para la provisión de recurso de control de tensión”, con características “similares al propuesto en el P.O.7.4, por lo que permitirá obtener experiencia a la hora de evaluar el impacto que podría tener la implantación definitiva en todo el territorio peninsular”.

Fernández aseguró la semana pasada que el actual servicio de control de tensión “está vigente y es obligatorio”. El texto que la CNMC aprobó en 2022 indicaba que el nuevo servicio “es claramente diferente”. El actual es “de participación obligatoria” para cada tecnología. Y “el seguimiento de consignas en tiempo real resulta innovador frente al seguimiento actual de consignas fijas que los gestores de red emiten por teléfono, correo electrónico o incluso correo ordinario”, indicaba.

A ese proyecto experimental se unió otro para permitir controlar tensión a grandes consumidores, prorrogado en enero y aprobado en una resolución publicada en el BOE en noviembre de 2023. El texto señalaba que “las elevadas tensiones en la red podrían provocar el desacoplamiento intempestivo de instalaciones conectadas a la misma”. Y Red Eléctrica (no la CNMC) advertía de que había que tomar “medidas urgentes”.

En concreto, Competencia señalaba: “Cada vez hay más excedentes de [energía] reactiva en el sistema, lo cual está contribuyendo a un aumento generalizado de las tensiones en el sistema eléctrico, llegando en ocasiones a valores cercanos o incluso superiores a los máximos admisibles. Añade el operador del sistema [REE] que los escenarios previstos en el corto y medio plazo hacen prever que este efecto puede ir en aumento si no se toman medidas urgentes para corregirlo”.

Cuando anunció el proyecto, la CNMC no mencionó ninguna medida urgente. Explicó que este “sandbox” intentaría “solventar los problemas de control de tensión eléctrica por el aumento de la generación renovable y el consecuente desplazamiento del consumo a ciertos periodos horarios. Mantener la tensión dentro de los umbrales de seguridad es una pieza fundamental para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico”.

El texto que la CNMC sacó a consulta en noviembre insistía en que esa estabilidad “se está viendo afectada por una creciente variabilidad en tiempo real, tanto proveniente de la generación como de la demanda (autoconsumo o almacenamiento), así como de los flujos en las interconexiones internacionales”. Lo vinculaba con los dos componentes de la energía que fluye por las redes como resultado de la interacción entre producción y consumo: la “energía activa” que necesitan los equipos eléctricos y la “reactiva”, una especie de efecto secundario.

Según explicó entonces la CNMC, “la variabilidad de la energía activa está siendo abordada con el desarrollo de la flexibilidad de las tecnologías tradicionalmente no gestionables y el intercambio de reserva entre los sistemas interconectados”. Pero “también la energía reactiva y la tensión están sufriendo problemas de variabilidad, mientras que la metodología de control de tensión basada en el seguimiento de consignas fijas, particularmente de factor de potencia, está obsoleta y resulta insuficiente para garantizar la seguridad del sistema”.

A propuesta de REE, ese borrador preveía poner en marcha el servicio en un año como mucho tras publicarse en el BOE. En él se lee que el operador del sistema volvió a pedir su puesta en marcha en marzo de 2024.

Fuente: El Diario.es