ANÁLISIS. Oportunidades y Peligros para, respectivamente, consolidar la Democracia o debilitarla.

 La democracia, desde la Antigua Grecia, ha sido uno de los sistemas políticos más debatidos y cuestionados.

Aristóteles sostenía que el ciudadano se define esencialmente por su participación en la justicia y en el gobierno, idea que resume el espíritu democrático. 

Sin embargo, incluso entre los grandes pensadores clásicos existían profundas discrepancias: Sócrates defendía la democracia aún cuando ésta lo condenó a muerte, Platón la consideraba peligrosa e inestable, y Aristóteles advertía sobre el riesgo del dominio de las masas. Más de dos mil años después, estas tensiones siguen vigentes y se manifiestan en los desafíos a los que se enfrentan las democracias contemporáneas para mantenerse sólidas y funcionales.

Durante mucho tiempo se creyó que la democracia procedimental —basada en elecciones periódicas y en el derecho al voto— era suficiente para garantizar la estabilidad política y evitar el autoritarismo. No obstante, la experiencia reciente ha demostrado que este supuesto es insuficiente. El libro "Cómo mueren las democracias", de los profesores de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ofrece un análisis profundo sobre cómo los sistemas democráticos pueden deteriorarse desde dentro, sin necesidad de golpes militares ni rupturas abruptas del orden constitucional. Según los autores, hoy las democracias suelen colapsar de manera gradual y casi imperceptible, a manos de líderes elegidos democráticamente que utilizan las propias instituciones para debilitar el sistema que los llevó al poder.

Uno de los aportes centrales de la obra es la idea de la “regresión democrática”, un proceso en el cual las reglas formales continúan vigentes, pero las normas no escritas que sostienen la convivencia política comienzan a deteriorarse. La Constitución sigue en pie, el Congreso funciona y no hay tanques en las calles, pero la democracia se vacía de contenido. Este fenómeno se apoya en reformas legales, fallos judiciales y plebiscitos que, aunque legítimos en apariencia, terminan concentrando poder y debilitando los controles institucionales. El caso de Estados Unidos durante el primer mandato de la presidencia de Donald Trump es presentado como un ejemplo paradigmático de este proceso, marcado por una fuerte polarización, el cuestionamiento sistemático a las instituciones y la ruptura de consensos históricos.

Levitsky y Ziblatt sostienen que la democracia no se sostiene únicamente en leyes y constituciones, sino también en dos normas fundamentales: la tolerancia mutua y la contención institucional. La primera implica reconocer al adversario político como un rival legítimo, no como un enemigo a destruir. La segunda supone el autocontrol en el ejercicio del poder y el respeto a los límites institucionales. Cuando estas normas se debilitan, la democracia entra en una zona de alto riesgo. Polarización extrema, discursos de odio y deslegitimación del oponente —fenómenos cada vez más frecuentes, incluso en redes sociales— son señales de alerta que no deben ser subestimadas.

En este contexto, los autores advierten sobre el peligro del populismo. Los líderes populistas suelen presentarse como la voz auténtica del “pueblo” frente a una supuesta élite corrupta, negando la legitimidad de los partidos tradicionales y de las instituciones democráticas. Paradójicamente, el camino más probable para destruir una democracia es a través de elecciones libres, cuando la ciudadanía, movida por el desencanto o la desconfianza, elige a dirigentes con tendencias autoritarias. Para identificarlos, Levitsky y Ziblatt proponen cuatro indicadores clave: 1)rechazo a las reglas democráticas; 2)deslegitimación de los adversarios; 3)tolerancia a la violencia y 4)predisposición a restringir libertades civiles (especialmente la libertad de prensa).

A pesar del tono crítico y de advertencia, el libro no es completamente pesimista. Existen ejemplos de países que han logrado contener a líderes demagógicos gracias a la acción responsable de las élites políticas y los medios de comunicación, que funcionan como verdaderos “guardianes” de la democracia. Los partidos políticos, en particular, tienen la responsabilidad de actuar como frenos al autoritarismo, incluso cuando ello implique sacrificar ventajas electorales inmediatas en favor de la estabilidad democrática.

En conclusión, la democracia se enfrenta hoy a peligros reales y crecientes, muchos de ellos silenciosos y normalizados. La apatía ciudadana, la pérdida de confianza en las instituciones y la polarización social son síntomas de un malestar profundo que no debe ser ignorado. 

Reflexionar sobre estos riesgos es el primer paso para fortalecer el sistema democrático y evitar su deterioro. Como advierte el refrán popular, “sobre aviso no hay engaño”, conocer cómo mueren las democracias también nos brinda la oportunidad de aprender cómo protegerlas y renovarlas.

Libertad de expresión, redes sociales y democracia en crisis: el dilema contemporáneo según Steven Levitsky

Las democracias contemporáneas se enfrentan desafíos inéditos que ponen a prueba sus principios fundamentales.

Entre ellos está, el uso de las redes sociales por parte de líderes políticos con tendencias autoritarias, que ha abierto un debate profundo sobre los límites de la libertad de expresión, el rol de las grandes empresas tecnológicas y la fragilidad de las instituciones democráticas. 

En este contexto, las declaraciones del politólogo Steven Levitsky, realizadas tras el primer mandato de Donald Trump y el asalto al Capitolio en enero de 2021, ofrecen un marco analítico clave para comprender los riesgos y contradicciones que atraviesa hoy la democracia estadounidense y, por extensión, otras democracias del mundo.

Levitsky sostiene que el asalto al Capitolio no fue un hecho imprevisible, sino la consecuencia lógica de haber elegido a un líder que no estaba comprometido con las reglas del juego democrático. Según el autor, cuando un presidente con rasgos autoritarios utiliza su poder para desacreditar instituciones, promover mentiras y fomentar la violencia —ya sea de forma explícita o mediante silencios cómplices frente al extremismo—, el deterioro democrático se vuelve casi inevitable. La historia ofrece múltiples ejemplos de este fenómeno: Europa en las décadas de 1920 y 1930, América Latina en los años sesenta y setenta, o el caso chileno previo al golpe de Estado de 1973. En todos ellos, las palabras de los líderes importaron y actuaron como catalizadores de procesos violentos.

Uno de los puntos más controvertidos abordados por Levitsky es la decisión de Twitter y Facebook de bloquear las cuentas de Donald Trump. Aunque reconoce que se trata de una medida drástica y sin precedentes, la considera inevitable. Para el politólogo, la libertad de expresión no puede ser utilizada como escudo para promover la violencia. En este sentido, subraya que no se trató de una acción estatal, sino de una decisión tomada por empresas privadas frente a un actor con enorme poder e influencia que estaba causando un daño real y concreto. Trump, argumenta Levitsky, no fue silenciado: continuó teniendo múltiples vías para expresarse, lo que invalida la idea de una violación a sus derechos fundamentales.

Sin embargo, Levitsky no ignora los riesgos que estas decisiones implican. Advierte que el bloqueo de un presidente estadounidense puede sentar un precedente peligroso, susceptible de ser utilizado por gobiernos autoritarios para justificar restricciones a la oposición y a las libertades civiles. Este dilema refleja una tensión central de las democracias liberales actuales: permitir la impunidad de líderes que promueven la violencia o aceptar medidas excepcionales que, aunque problemáticas, buscan defender el orden democrático. Para Levitsky, la segunda opción resulta menos dañina que la primera, especialmente cuando está en juego la legitimación de actos violentos contra instituciones fundamentales.

En cuanto al papel de las redes sociales, Levitsky rechaza la idea de que estas sean la causa principal de la polarización o de la crisis democrática. Si bien reconoce que amplifican conflictos y exacerban tensiones, recordándonos que las sociedades han caído en guerras civiles y rupturas democráticas mucho antes de la existencia de Twitter o Facebook. Los problemas estructurales —desigualdad, polarización ideológica, liderazgos irresponsables— han precedido a la tecnología. No obstante, insiste en que, como ocurrió anteriormente con la radio y la televisión, será necesario regular estas plataformas y limitar su poder monopólico para reducir sus efectos nocivos.

Respecto al futuro de la democracia en Estados Unidos, Levitsky adopta una postura cautelosa. Reconoce que se trata de una democracia “difícil de matar”, con instituciones fuertes, un sistema federal sólido y fuerzas armadas profesionales que han resistido presiones autoritarias. Aun así, advierte que ningún país es inmune a la ruptura democrática si la polarización alcanza un punto crítico. El elevado nivel de rabia en sectores de ultraderecha y la persistencia de la deslegitimación electoral anticipan un periodo de inestabilidad y violencia, aunque no necesariamente un golpe de Estado.

Finalmente, Levitsky se mostraba dividido frente a la posibilidad de impedir futuras candidaturas de Trump. Aunque consideraba indispensable aplicar medidas constitucionales, como el impeachment, advertía que la proscripción política podía convertir al líder en un mártir y fortalecer el discurso antisistema, como ocurrió históricamente en casos como el de Perón en Argentina. De este modo, el politólogo subrayaba que la defensa de la democracia no solo depende de sanciones legales, sino también del comportamiento responsable de las élites políticas, especialmente de los partidos tradicionales, que deben romper de forma clara con los sectores extremistas, si desean reducir la polarización y preservar el orden democrático (justo lo contrario que ha hecho en España, el Partido Popular con Vox)

En resumen, las reflexiones de Steven Levitsky ponen de manifiesto la complejidad del momento histórico actual. La democracia se enfrenta a amenazas reales, pero no inevitables. El desafío central radica en encontrar un equilibrio entre la protección de las libertades fundamentales y la necesidad de poner límites a quienes, desde el poder o desde la oposición, las utilizan para socavar el propio sistema democrático.

Comparativa, del estado de la democracia en Estados Unidos, entre el primer mandato de Donald Trump y la actualidad  

La democracia estadounidense ha sido históricamente presentada como un modelo de estabilidad institucional, separación de poderes y respeto por el Estado de derecho.

Sin embargo, en las últimas dos décadas —y de manera más marcada desde la elección de Donald Trump en 2016— este sistema se ha enfrentado a profundas tensiones. Comparar la situación actual de la democracia en Estados Unidos con la vivida durante el primer mandato de Trump permite identificar continuidades, rupturas y desafíos estructurales que siguen moldeando la vida política del país.

La democracia durante el primer mandato de Trump 

El primer mandato de Donald Trump (2017-2021) representó una ruptura significativa con muchas normas políticas tradicionales, aunque no necesariamente con las reglas formales del sistema. Trump llegó al poder con un discurso abiertamente populista, confrontacional y escéptico de las instituciones, los medios de comunicación y los resultados electorales cuando le eran adversos.

Durante este periodo, las instituciones democráticas demostraron una resiliencia considerable. El Congreso, el poder judicial, los gobiernos estatales y la prensa independiente funcionaron como contrapesos efectivos en múltiples ocasiones. Decisiones ejecutivas fueron bloqueadas por tribunales, investigaciones legislativas avanzaron pese a la presión política y las elecciones de medio término de 2018 reflejaron un sistema competitivo y funcional.

No obstante, el daño principal a la democracia no fue institucional, sino normativo y cultural. Trump erosionó normas informales fundamentales: el respeto a la prensa libre, la aceptación de la oposición política como legítima y, de forma especialmente grave, la aceptación pacífica de los resultados electorales. El cuestionamiento constante del proceso electoral culminó en el desconocimiento de los resultados de las elecciones de 2020 y en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, un hecho sin precedentes en la historia moderna del país.

Situación actual de la democracia estadounidense

En la actualidad, la democracia estadounidense opera en un contexto marcado por las secuelas del primer mandato de Trump. A diferencia de aquel periodo, el foco ya no está solo en el comportamiento de un líder, sino en la normalización de prácticas y discursos antidemocráticos dentro de sectores amplios del sistema político y del electorado.

Por un lado, las instituciones han reforzado ciertos mecanismos de protección: se han realizado investigaciones judiciales sobre el intento de revertir las elecciones de 2020, se han actualizado procedimientos electorales en varios estados y se ha reafirmado el rol del poder judicial como árbitro. En este sentido, puede decirse que la democracia formal ha aprendido de la crisis.

Sin embargo, los problemas estructurales son hoy más profundos. La polarización política ha alcanzado niveles que dificultan la gobernabilidad y el consenso mínimo necesario para el funcionamiento democrático. Una parte significativa de la ciudadanía sigue desconfiando del sistema electoral, lo que debilita la legitimidad del proceso democrático en su conjunto. Además, la politización del poder judicial y de los organismos electorales se ha intensificado, algo menos visible antes de 2017.

También, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración, ha contribuido a que se produzcan efectos democráticos profundos en Estados Unidos:

• Debilitando la confianza en las instituciones.
• Intensificando la polarización política y social.
• Cuestionando la aplicación legítima de la fuerza estatal.
• Abriendo un debate sobre derechos civiles, supervisión y rendición de cuentas.

Y aunque no significa el colapso de la democracia, estos hechos representan un estrés significativo en las normas y expectativas democráticas, y subrayan la necesidad de transparencia, mecanismos de control efectivos y una revisión profunda del papel y el entrenamiento de las fuerzas federales en operaciones internas.

Otro elemento clave es que el cuestionamiento a la democracia ya no se presenta como una anomalía, sino como una estrategia política viable. Actores políticos que antes habrían sido marginados ahora encuentran incentivos electorales para desafiar resultados, desacreditar instituciones o limitar el acceso al voto bajo el argumento de la seguridad electoral.

Continuidades y diferencias entre ambos momentos

La principal continuidad entre el primer mandato de Trump y la situación actual es la fragilidad de las normas democráticas informales. El respeto mutuo entre adversarios políticos, la confianza en los resultados electorales y la moderación retórica siguen erosionados.

La diferencia central radica en el nivel de institucionalización del conflicto. Durante el primer mandato de Trump, gran parte de la amenaza democrática dependía de su figura y estilo personal. Hoy, muchas de esas prácticas se han difundido más allá de un solo líder, integrándose en partidos, medios y movimientos políticos, lo que las hace más difíciles de revertir.

Paradójicamente, también existe una mayor conciencia pública sobre los riesgos a los que se enfrenta la democracia. Sectores de la sociedad civil, académicos y funcionarios públicos discuten abiertamente la necesidad de proteger el sistema democrático, algo que antes se daba por sentado.

Conclusión

Al comparar la democracia estadounidense durante el primer mandato de Donald Trump con la situación actual, se revela un proceso de transformación inquietante. Si bien las instituciones demostraron fortaleza frente a los desafíos iniciales, el costo ha sido una erosión duradera de la confianza pública y de las normas que sostienen el sistema democrático más allá de las leyes escritas.

Hoy, la democracia en Estados Unidos no está colapsada, pero sí se encuentra en una posición mucho más vulnerable que antes de 2017. El desafío ya no es solo resistir a un liderazgo disruptivo, sino reconstruir una cultura democrática capaz de sostener el pluralismo, la legitimidad electoral y el respeto institucional en un entorno profundamente polarizado.

 El futuro de la democracia estadounidense dependerá menos de individuos concretos y más de la capacidad colectiva para restaurar esas bases normativas que alguna vez parecieron incuestionables.

Impacto de los mismos peligros democráticos en países de la UE 

Los riesgos para la democracia identificados por Steven Levitsky —polarización extrema, liderazgo autoritario, desinformación, normalización del extremismo y debilitamiento de las normas democráticas— afectan de manera desigual a los países de la Unión Europea.

Aunque la UE se presenta como un espacio de democracias consolidadas, estos peligros han ido erosionando gradualmente algunos de sus pilares fundamentales, generando una brecha creciente entre democracias resilientes y democracias en retroceso.

Uno de los efectos más visibles en Europa es el avance de fuerzas populistas y de extrema derecha, muchas de las cuales cuestionan principios básicos del liberalismo democrático, como la independencia judicial, la libertad de prensa o los derechos de las minorías. Siguiendo el análisis de Levitsky, el problema no es únicamente la existencia de estos movimientos, sino la respuesta —o falta de ella— de las élites políticas tradicionales. 

En varios países, partidos conservadores han optado por normalizar o integrar a estos actores para mantener el poder, debilitando así la línea roja que separa la competencia democrática legítima del autoritarismo (caso del PP con Vox en España).

La polarización política también ha aumentado en numerosos Estados miembros. Aunque Europa no presenta, en general, niveles de confrontación tan extremos como Estados Unidos, el debate público se ha vuelto más identitario y menos programático. Cuestiones como la inmigración, la soberanía nacional frente a la integración europea, el cambio climático o la gestión de crisis (económicas, sanitarias o geopolíticas) han sido utilizadas para dividir a la sociedad en bloques irreconciliables. Esta dinámica erosiona la tolerancia mutua y dificulta la cooperación política, una condición esencial para el funcionamiento de las democracias parlamentarias europeas.

Las redes sociales y la desinformación desempeñan un papel central en este proceso. Tal como advierte Levitsky, estas plataformas no son la causa principal de la crisis democrática, pero sí actúan como potentes amplificadores del conflicto. En el contexto europeo, la propagación de noticias falsas, campañas de desinformación —en ocasiones impulsadas desde el exterior— y discursos de odio ha afectado la confianza ciudadana en las instituciones y en los medios de comunicación tradicionales. Esto ha llevado a que sectores de la población adopten visiones conspirativas que socavan la legitimidad del sistema democrático.

Un riesgo particularmente grave en la UE es el retroceso democrático desde dentro, observable en países como Hungría o, en menor medida, Polonia. Estos casos ilustran una de las advertencias centrales de Levitsky: las democracias no siempre mueren por golpes de Estado, sino mediante procesos graduales en los que líderes electos debilitan los contrapesos institucionales, capturan el poder judicial y restringen la libertad de prensa, todo ello manteniendo una fachada electoral. Esta situación plantea un desafío estructural para la Unión Europea, que carece de mecanismos plenamente eficaces para revertir estas derivas sin vulnerar la soberanía nacional de los Estados miembros.

No obstante, también existen importantes factores de resiliencia democrática en la Unión Europea. Muchos países —como Alemania, los países nórdicos, Irlanda, los Países Bajos o Portugal— mantienen altos niveles de confianza institucional, sistemas de partidos relativamente estables y una cultura política comprometida con el pluralismo. Además, la propia UE actúa como un marco de contención, estableciendo estándares comunes en materia de derechos fundamentales, Estado de derecho y libertad de expresión, ejerciendo además, presión política y económica sobre los gobiernos que se desvían de estos principios.

En conclusión, los peligros señalados por Steven Levitsky afectan a la Unión Europea de forma asimétrica. Mientras que en algunos países estos riesgos se manifiestan como tensiones controlables dentro de democracias sólidas, en otros han derivado en procesos de erosión democrática más profundos. El principal desafío para Europa no es solo frenar a los actores autoritarios, sino reforzar las normas democráticas informales, exigir responsabilidad a las élites políticas y adaptar sus instituciones al nuevo contexto tecnológico y comunicativo. De la capacidad de la Unión para afrontar estos retos dependerá su legitimidad como proyecto democrático en el siglo XXI.

¿La democracia española también resulta afectada por los peligros señalados por Steven Levitsky?

Los riesgos para la democracia descritos por Steven Levitsky no son exclusivos de Estados Unidos.

Aunque España no se enfrenta a una amenaza inmediata de ruptura democrática, varios de los peligros identificados por el politólogo —polarización extrema, normalización del discurso de odio, uso irresponsable de las redes sociales y ambigüedad de las élites frente al extremismo— en distintos grados, están presentes, en el contexto político español, quizás desde principios de la democracia.

En primer lugar, la polarización política constituye uno de los principales desafíos para la democracia española. En los últimos años, el debate público se ha vuelto más confrontacional y emocional, con una lógica de bloques que dificulta el consenso y erosiona la confianza en las instituciones. Siguiendo a Levitsky, cuando los adversarios políticos dejan de verse como rivales legítimos y pasan a ser percibidos como enemigos, se debilita una norma democrática básica: la tolerancia mutua. En España, esta dinámica se refleja en la deslegitimación sistemática del gobierno de turno, en el cuestionamiento de decisiones judiciales cuando no favorecen a una parte y en el uso constante de un lenguaje que apela a la confrontación identitaria.

En segundo lugar, las redes sociales han amplificado esta polarización. Tal como advierte Levitsky, estas plataformas no crean el conflicto, pero sí lo intensifican. En el caso español, la difusión de desinformación, teorías conspirativas y mensajes simplificados ha contribuido a radicalizar posiciones, especialmente en temas sensibles como la inmigración, el independentismo catalán o la memoria histórica. La velocidad y el alcance de las redes dificultan la deliberación racional y favorecen respuestas emocionales, lo que empobrece la calidad del debate democrático.

Otro peligro relevante es la normalización de discursos extremistas. En línea con la advertencia de Levitsky, si los partidos tradicionales no establecen límites claros frente a posiciones antidemocráticas —ya sea por cálculo electoral o por miedo a perder apoyo—, esas ideas ganan legitimidad. En España, el auge de la extrema derecha ha introducido en el debate político discursos que cuestionan derechos fundamentales, atacan a minorías o relativizan consensos democráticos básicos. 

El riesgo no reside únicamente en la existencia de estos actores, sino en la disposición de otras fuerzas políticas a cooperar con ellos sin exigir un compromiso claro con las reglas democráticas.

Asimismo, la desconfianza hacia las instituciones representa una amenaza creciente. Aunque España cuenta con un Estado de derecho consolidado y fuerzas armadas profesionalizadas, el cuestionamiento constante de la justicia, de los medios de comunicación y de los organismos independientes puede minar su legitimidad a largo plazo. Levitsky insiste en que las democracias no suelen morir de forma abrupta, sino por un desgaste progresivo de sus normas e instituciones, proceso que de manera incipiente, puede observase en el contexto español.

No obstante, existen factores de resiliencia que diferencian a España de los escenarios más críticos analizados por Levitsky. La pertenencia a la Unión Europea, una sociedad civil activa, un sistema electoral competitivo y una experiencia histórica reciente con el autoritarismo, actúan como frenos importantes frente a derivas más graves. Además, a diferencia de otros casos, las fuerzas armadas españolas permanecen claramente subordinadas al poder civil, lo que reduce el riesgo de aventuras autoritarias.

En síntesis, los peligros señalados por Steven Levitsky afectan a la democracia española más como riesgos latentes que como amenazas inmediatas. La polarización, la radicalización del discurso y el uso irresponsable de las redes sociales pueden erosionar gradualmente la calidad democrática si no se gestionan con responsabilidad política.

La clave, como subraya Levitsky, reside en el comportamiento de las élites, en su capacidad para aislar el extremismo, defender las reglas del juego democrático y preservar la legitimidad de las instituciones. De ello dependerá que la democracia española siga siendo, como hasta ahora, una democracia sólida aunque imperfecta. 

¿La constante erosión al gobierno del Estado y a sus instituciones, por parte de la oposición política, puede dañar la democracia de ese país?

Por supuesto que sí, pues caso que la oposición política de un país, erosione continuamente al gobierno y al resto de instituciones democráticas de ese Estado, puede dañar gravemente a la democracia de ese nación. La clave está en cómo se ejerce esa oposición.

En una democracia sana, la oposición cumple un rol esencial: criticar, controlar, fiscalizar y ofrecer alternativas. Eso no solo no daña la democracia, sino que la fortalece.

El problema aparece cuando la oposición deja de cuestionar políticas concretas y pasa a deslegitimar sistemáticamente al gobierno y a las instituciones democráticas en sí.

Algunos riesgos claros de esa erosión constante serían:

• Pérdida de confianza ciudadana.- Si se instala la idea de que “todo está podrido” (elecciones, justicia, parlamento, organismos de control), la gente deja de creer en las reglas del juego democrático.
• Polarización extrema.- Se divide a la sociedad en bandos irreconciliables, donde el adversario pasa a ser visto como enemigo.
• Debilitamiento institucional.- Cuando se acusa sin pruebas o se niega legitimidad a decisiones legales, se erosiona el respeto por la ley.
• Apertura a opciones autoritarias.- Paradójicamente, el descrédito permanente de la democracia puede llevar a que sectores de la población acepten “mano dura” o soluciones no democráticas.

Ahora bien, esto no significa que toda crítica fuerte sea antidemocrática. La diferencia está en si la oposición:

1. Respeta los resultados electorales.
2. Reconoce la legitimidad básica de las instituciones.
3. Actúa dentro del marco constitucional.
4. Busca convencer a la ciudadanía, no incendiarla.

En resumen. La crítica es democracia. La deslegitimación constante del sistema, no. Cuando la oposición erosiona al gobierno y a las instituciones como estrategia permanente, puede terminar dañando seriamente la democracia de ese país.

CONCLUSIÓN

¿Será este el caso de España?

Veremos.

Fuente: Redacción

POSDATA

Si alguien tiene dudas de como le va a ir a España si gobierna el Estado Vox, solo o acompañado del PP, que eche un ojo a lo que está pasando al otro lado del charco, en Estados Unidos, después de un año gobernando Trump, en su segundo mandato. Y el resto pueden imaginárselo.

ANÁLISIS. De la regularización extraordinaria de extranjeros en España: derechos, límites y desinformación.

 En los últimos años, la cuestión migratoria se ha consolidado como uno de los grandes retos sociales y políticos en España.    

En este contexto, el Gobierno ha iniciado un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya residen en el país, una medida que no se adoptaba desde hace más de dos décadas. 

Esta iniciativa, aprobada mediante la tramitación urgente de un Real Decreto tras un acuerdo con Podemos, busca dar respuesta a la situación administrativa irregular de cientos de miles de migrantes, al tiempo que ha generado un intenso debate público, marcado en gran parte, por la desinformación.

El proceso de regularización extraordinaria está dirigido a extranjeros que ya viven en España y que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia continuada antes del 31 de diciembre de 2025, y además, carecer de antecedentes penales. 

Se estima que alrededor de 500.000 personas podrían beneficiarse de esta medida, obteniendo a medio plazo un permiso de residencia y trabajo. El objetivo principal es integrar legalmente a estas personas en el mercado laboral y en el sistema social, reduciendo así la economía sumergida y mejorando sus condiciones de vida.

Sin embargo, en paralelo a la aprobación de esta iniciativa,  se ha difundido en redes sociales la idea, que los migrantes regularizados podrán votar en las próximas elecciones generales. Esta afirmación es falsa. Al igual que  lo son, los bulos anteriores, vertidos durante la campaña electoral de Aragón por los dirigentes de Vox y del  Partido Popular, que supuestamente fueron el detonante, de los lanzados posteriormente en redes sociales y sobre el mismo asunto. 

Regularizar no equivale a nacionalizar, y la regularización extraordinaria no concede la nacionalidad española, que es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto en elecciones generales y autonómicas. Por tanto, afirmar que esta medida altera el censo electoral o influye directamente en los resultados electorales constituye un bulo.

El marco legal español es claro en esta materia. El artículo 13 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establecen que el derecho de sufragio en elecciones generales corresponde exclusivamente a los ciudadanos españoles mayores de edad. Los extranjeros residentes en España, aunque tengan permiso legal de residencia y trabajo, no pueden votar en estos comicios si no han adquirido la nacionalidad.

Existen, no obstante, algunas excepciones limitadas en el ámbito de las elecciones municipales. En estos casos, solo pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España  y aquellos extranjeros procedentes de países con los que España mantiene acuerdos de reciprocidad. En las elecciones municipales de 2023, este derecho se extendió a nacionales de trece países no pertenecientes a la UE, siempre que cumplieran requisitos estrictos como la inscripción en el censo electoral y una residencia legal continuada de al menos cinco años, reducida a tres en algunos casos concretos.

En cuanto a las elecciones europeas, solo los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar y ser elegidos en el país en el que residan. 

Por ello, un migrante extracomunitario solo podría participar en comicios autonómicos, si previamente hubiese adquirido la nacionalidad de un Estado miembro de la UE, incluida la española.

El acceso a la nacionalidad española es un proceso largo y está regulado por el Código Civil, vigente en este aspecto desde 2002. En términos generales, se exige una residencia legal y continuada de diez años, aunque existen excepciones extraordinarias que reducen el plazo a cinco, dos o incluso un año en situaciones específicas. Los datos del Ministerio de Justicia muestran que en 2025 se concedieron más de 221.000 solicitudes de nacionalidad, superando el millón desde 2020, lo que evidencia que la nacionalización es un proceso independiente, gradual y ajeno a las regularizaciones extraordinarias.

Finalmente, esta medida debe entenderse dentro de un marco más amplio de reforma de la política migratoria. En 2025 entró en vigor un nuevo Reglamento de Extranjería que flexibiliza y reorganiza las figuras de arraigo y agiliza la reagrupación familiar. Según las estimaciones del Gobierno, esta reforma permitirá regularizar a unas 300.000 personas al año entre 2025 y 2027, reforzando una estrategia de integración progresiva y ordenada.

En conclusión, la regularización extraordinaria de extranjeros en España representa una respuesta institucional a una realidad social ya existente, pero no supone en ningún caso una concesión automática de derechos políticos. 

Diferenciar entre regularización, residencia y nacionalidad es fundamental para comprender el alcance real de la medida y evitar la propagación de bulos que distorsionan el debate público y alimentan la polarización social. 

Si algo pone de manifiesto este proceso es la necesidad de una información rigurosa y responsable en un tema tan sensible como la inmigración.

Fuente: Redacción

DERECHOS HUMANOS. La dignidad humana frente a la injusticia social y la incoherencia política

La cuestión de la migración y su regularización en España se ha convertido, una vez más, en un campo de batalla ideológico donde la injusticia social, la incoherencia política y la manipulación moral quedan dolorosamente expuestas.  

La reciente propuesta de regularización de aproximadamente 500.000 personas migrantes no solo pone a prueba la voluntad política del Estado, sino también la coherencia ética de quienes se presentan como defensores de valores cristianos y del orden social.

Resulta especialmente llamativo el papel desempeñado por el Partido Popular, que en 2024 votó a favor de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dicha regularización. Esta iniciativa contó incluso con el respaldo explícito de la Iglesia Católica, que lo celebró como un reconocimiento a la dignidad humana. Sin embargo, pese a ese apoyo social y moral, el PP anuncia ahora recursos judiciales y presiones ante instancias europeas, alegando que la medida es ilegal y genera un supuesto “efecto llamada”. Esta argumentación no solo carece de solidez histórica, sino que revela una profunda contradicción política: anteriores gobiernos del propio PP y del PSOE llevaron a cabo regularizaciones similares sin que entonces se cuestionara su legalidad. La ley parece cambiar no por principios jurídicos, sino por conveniencia ideológica.

A este escenario se suma el discurso de Vox, que eleva el despropósito a niveles alarmantes al calificar la migración como una “invasión”. Un mensaje que no necesita mayor comentario, pues se define por sí mismo como deshumanizador y contrario a cualquier noción básica de derechos humanos. La intención de recurrir la regularización ante el Tribunal Supremo y ante Europa no responde a una defensa del Estado de derecho, sino a una estrategia de confrontación basada en el miedo, la exclusión y el rechazo del otro.

Pero el debate no es solo político; es profundamente moral. Quienes se oponen a la regularización apelan con frecuencia a valores tradicionales y a una identidad cristiana que dicen defender. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia Católica es clara al respecto: la justicia social es la concreción de la caridad y del respeto a la dignidad humana. Esta dignidad es intrínseca, inalienable y sagrada, ya que toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios. No depende del origen, la situación administrativa o la condición económica, sino que constituye un valor absoluto que debe ser reconocido y protegido.

Desde esta perspectiva, resulta incoherente que líderes y partidos que se declaran católicos —como PP, Vox, Junts o UPN— adopten posiciones que niegan esa dignidad a migrantes, pobres, parados o marginados. La regularización no es un acto de caridad ingenua, sino una exigencia de justicia que busca garantizar condiciones de vida dignas, acceso a derechos y participación social a quienes ya forman parte de la comunidad. Negar esto supone traicionar no solo los principios de justicia social, sino también la esencia misma del mensaje cristiano.

Más aún, esta actitud incurre en faltas morales que la propia Iglesia condena. La soberbia de creerse por encima del sufrimiento ajeno y la avaricia de anteponer el beneficio económico al valor de la persona humana son pecados capitales que parecen normalizados en ciertos discursos políticos. La obsesión por “la pasta, el dinero, el parné” termina despojando al ser humano de su condición de fin en sí mismo para convertirlo en un problema o una amenaza.

En definitiva, la regularización de personas migrantes no debería ser un escándalo político, sino un acto de coherencia ética y de justicia social. Si la defensa de la dignidad humana no se ejerce aquí y ahora, en la tierra, difícilmente podrá proclamarse con credibilidad en nombre de valores religiosos o morales. El verdadero juicio no será solo el de los tribunales, sino el de la historia y, para quienes creen, el de la propia conciencia.

Inmigración, poder y contradicciones en la derecha española

 Desde una perspectiva económica y empresarial, resulta evidente que la inmigración no solo es necesaria, sino imprescindible para el sostenimiento del modelo productivo español. 

  Sectores clave como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados dependen en gran medida de la mano de obra migrante. Esta realidad es bien conocida tanto por el empresariado como por amplios sectores de la sociedad civil. Sin embargo, cuando se analiza la posición del Partido Popular (PP) respecto a la inmigración, emerge una profunda contradicción entre lo que España necesita y lo que el partido está dispuesto a defender públicamente.

El Partido Popular se presenta hoy como una versión desdibujada de sí mismo, una formación incapaz de articular un discurso propio y atrapada en la sombra de Vox. Lejos de liderar el debate político, el PP parece esperar a que Santiago Abascal marque la línea para, posteriormente, asumirla sin matices. Esta subordinación ideológica convierte al PP en una mala copia de la extrema derecha, renunciando a cualquier intento de moderación o autonomía política, incluso en un asunto tan complejo y humanamente sensible como la inmigración.

La razón de esta actitud es clara: el poder. Para el PP, gobernar se ha convertido en un fin en sí mismo, y la dependencia de Vox es el precio que está dispuesto a pagar. De ahí las constantes concesiones y gestos de sumisión, que se traducen en un discurso cada vez más duro y deshumanizado. En este contexto, las necesidades reales de la sociedad española —incluidas las advertencias de la Iglesia o de organizaciones empresariales como la CEOE— quedan relegadas a un segundo plano. Importa más mantener la alianza que atender a la realidad social y económica del país.

Ambos partidos, PP y Vox, afirman ahora defender una “inmigración ordenada”. Sin embargo, este concepto, aparentemente razonable, se vacía de contenido cuando se observa su aplicación práctica. Bajo esta lógica, personas que huyen de guerras, persecuciones o crímenes de guerra —como ocurre en Palestina u otros conflictos— quedarían a merced de decisiones políticas arbitrarias. La idea de que un ministro del Interior, con una visión ideologizada y restrictiva, autorice o deniegue su entrada convierte el derecho de asilo en una quimera. Para muchos, la espera no solo sería eterna, sino mortal.

A esta exigencia se suma la pretensión de que los migrantes “conozcan la cultura española”. Pero ¿a qué cultura se refieren exactamente? ¿Al dominio de todas las lenguas oficiales del Estado? ¿O a la asimilación de una visión política marcada por el rechazo al diferente? Si se trata de aprender el odio visceral hacia el migrante que se observa en ciertos discursos de la derecha y la ultraderecha, o de interiorizar prácticas políticas alejadas de los valores democráticos, entonces el requisito cultural se convierte en una herramienta de exclusión más que de integración.

Este enfoque revela una profunda incoherencia moral y política. Mientras se proclaman valores cristianos y tradicionales, se promueve un modelo social basado en el egoísmo, la avaricia y la negación de la dignidad humana. No resulta extraño, entonces, que muchos de estos discursos encuentren refugio en una religiosidad más ritual que ética, donde los confesonarios sustituyen a la responsabilidad política.

En definitiva, la postura del PP sobre la inmigración no responde ni a las necesidades reales de España ni a un compromiso genuino con los derechos humanos. Es, más bien, el resultado de una estrategia de poder que sacrifica principios, coherencia y humanidad en el altar de la gobernabilidad. Una estrategia que, lejos de fortalecer la democracia, la empobrece.

Fuente: Redacción

POLITICA Y SOCIEDAD. Del decreto ómnibus y la disputa por la justicia social en el Congreso de Diputados de España

 Los diputados de PP, Vox, Junts y UPN, votaron contra la ciudadanía al oponerse al "decreto ómnibus" que entre otras medidas incluían, la prórroga de las ayudas sociales y la subida de las pensiones, demostrando con ello el modo tan particular de entender la justicia social que tienen.

El rechazo del decreto ley ómnibus por parte de PP, Vox, Junts y UPN, en el Congreso de los Diputados ha reabierto un intenso debate político y social en torno a la justicia social, la protección de los colectivos vulnerables y las estrategias parlamentarias de los distintos partidos. 

Este decreto, que incluía medidas tan relevantes como la revalorización de las pensiones, la prórroga de ayudas sociales y la prohibición de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad, se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde las prioridades políticas de cada partido quedaron claramente expuestas.

El Gobierno defendió el carácter urgente y social del paquete de medidas, subrayando que afectaba positivamente a más de 13 millones de personas, entre pensionistas, familias vulnerables y damnificados por catástrofes naturales como la dana o los incendios. La revalorización de las pensiones, la ampliación del bono energético y la protección frente a desahucios no solo pretendían garantizar derechos básicos, sino también evitar un deterioro del nivel de vida de los sectores más frágiles de la población. Desde esta perspectiva, votar a favor del decreto significaba asumir una responsabilidad social acorde con la función representativa del Parlamento.

Sin embargo, derechas y ultraderechas, justificaron su voto en contra alegando que el Gobierno utilizó un “decreto ómnibus” para mezclar cuestiones heterogéneas y forzar apoyos, lo que calificaron como una falta de respeto al Parlamento. 

Especialmente controvertida fue la prórroga de la suspensión de desahucios, presentada por la derecha como una medida que perjudica a los propietarios. No obstante, tal argumento fue duramente rebatido por los grupos de izquierda, que recordaron que la medida solo afecta a grandes tenedores de vivienda y que incluye mecanismos de compensación económica financiados por el Estado.

La incoherencia política se convirtió en uno de los ejes centrales del debate. Varios portavoces del Gobierno y de la izquierda señalaron que estos mismos partidos ya habían votado a favor de decretos similares en el pasado, incluso con contenidos prácticamente idénticos. Este hecho plantea dudas sobre si el rechazo responde realmente a razones técnicas o parlamentarias, o por el contrario, se trata de una estrategia política orientada a desgastar al Ejecutivo, aun a costa de bloquear medidas sociales muy necesarias y ampliamente respaldadas por la ciudadanía.

El debate también evidenció tensiones dentro del propio bloque de investidura, con críticas al Gobierno por no negociar las medidas por separado. Aun así, la mayoría de estos grupos optaron por apoyar el decreto para no dejar desprotegidas a miles de familias. Frente a esto, la decisión de PP, Vox,  Junts y UPN, tuvo consecuencias inmediatas: la paralización de ayudas energéticas, la incertidumbre para pensionistas y el debilitamiento del llamado “escudo social”.

En resumen, el rechazo del decreto ómnibus no solo refleja una confrontación política sobre la convalidación del decreto, sino que además, pone de manifiesto dos concepciones opuestas de la justicia social y de la responsabilidad institucional.

Mientras unos (conservadores y ultraconservadores) priorizaban la negociación fragmentada y el enfrentamiento político, otros (el centro y la izquierda) defendían la urgencia de garantizar derechos básicos a los sectores más vulnerables.

CONCLUSIÓN

El episodio demuestra que, más allá de los discursos, las decisiones parlamentarias tienen un impacto directo en la vida de millones de personas y que la coherencia política es un elemento clave para sostener la credibilidad democrática.

También parece indicar, que derechas u ultraderechas, han perdido la poca credibilidad democrática que les quedaba, y que además, tienen una manera muy peculiar de entender la justicia social, pues los intereses de estos partidos, es seguro que no están alineados con las necesidades de la ciudadanía.

Lo cual, entiendo, debiera ser tenido en cuenta por los votantes cuando lleguen las elecciones, porque está claro que prefieren defender los intereses de la clase alta, dejando tirados a pensionistas, trabajadoras/es y a las personas más desfavorecidas. (ver abajo Anexo I)

Y a las derechas y las ultraderechas también les recuerdo, que las personas que han abandonado a su suerte, también votan, y no solo eso, sino que además forman el grueso del padrón de electores.

Y si Dios existe, habrá  justicia (aunque sea divina) y no permitirá nunca, que ninguno de estos negacionistas de los derechos humanos, vuelva a gobernar el país.

Fuente: Redacción

ANEXO I

Efectos de ser rechazado el "decreto ley omnibus", como consecuencia de haber votado en contra PP, Vox, Junts y UPN.

• Dejan sin protección a 60.000 personas vulnerables frente a los desahucios.
• Permiten volver a cortar la electricidad y por tanto luz y calefacción, a miles de hogares en situación de vulnerabilidad.
• Congelan las pensiones a diez millones de pensionistas.

Otras medidas, incluidas en mismo decreto ley, que igualmente resultaron rechazadas por no haber sido aprobado  el mencionado decreto.

1. Exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales a los afectados por los incendios forestales del pasado verano.
2. Congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos.
3. Cotización adicional para que los bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación.
4. Ampliar la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación y trabajo para los médicos de atención primaria, de familia y pediatras.
5. La prórroga de entregas a cuenta a comunidades autónomas.

Fuente: Redacción

OPINIÓN. Memoria frente al cinismo. La radiografía de un abandono ferroviario

La política, en su expresión más noble, debería ser el ejercicio de la gestión basado en la realidad y la responsabilidad. 

Sin embargo, con frecuencia asistimos a un espectáculo de amnesia selectiva donde el relato pretende asfixiar al dato.

Este escrito solo pretende ser, un breve resumen del artículo publicado en el periódico digital El Plural.com donde se detalla la información adelantada en este blog en anteriores post, sobre las consecuencias de los recortes de inversión, del gobierno del PP de Rajoy, en la red de ferrocarriles españoles entre 2012 y Mayo de 2018.

 El citado artículo, no es solo una denuncia contra los actuales dirigentes del Partido Popular —Feijóo, Ayuso o el legado de Rajoy—, que también, pero además es  un testimonio de fiscalización parlamentaria que utiliza la memoria institucional como antídoto contra el oportunismo tras la tragedia ferroviaria de Adamuz.

La tesis central es clara.-  La ofensiva política de la derecha tras el accidente no nace de una preocupación legítima por la seguridad, sino de un cinismo que ignora deliberadamente el deterioro sistémico provocado durante sus años de mandato.

El autor no habla desde la conjetura, sino desde el registro oficial del Congreso de los Diputados. La fuerza del argumento reside en que las pruebas del "abandono" no proceden de la oposición de entonces, sino de las propias respuestas firmadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2017.

El documento en sí, desgrana una década de gestión ferroviaria para demostrar que el sistema no solo se estancó, sino que retrocedió.

Y los datos son demoledores.-  El AVE, antaño orgullo de puntualidad, vio cómo los retrasos graves se triplicaban en apenas cinco años.

Bajo una supuesta bandera de austeridad, se escondía una realidad de "vías vacías".- Se invertía en cemento para inaugurar kilómetros de red mientras se dejaba morir el corazón del sistema, las infraestructuras.

La ausencia total de compra de nuevos trenes para Cercanías y Media Distancia durante casi un lustro condenó a la flota a la obsolescencia, a la falta de repuestos y a una estancia perpetua en los talleres.

Ese "minimalismo inversor" llegó a extremos casi grotescos, reflejados en la degradación de servicios básicos como la limpieza de los aseos, demostrando que cuando se recorta en lo pequeño, se termina comprometiendo lo grande.

En este escenario, además de Cataluña, Andalucía aparece como la gran damnificada, sufriendo una desinversión crónica y la pérdida de proyectos estratégicos por pura incapacidad de gestión.

El autor establece un contraste necesario con el presente.

Frente a la parálisis de la era Rajoy, se esgrime el giro de 180 grados iniciado en 2018.

El aumento del gasto en mantenimiento —un 52% más— y la licitación histórica de 345 nuevos trenes, no se presentan como logros triunfalistas, sino como una labor de reconstrucción de emergencia para revertir años de dejadez.

La seguridad, se argumenta, no es un concepto abstracto, sino el resultado directo de la inversión y la conservación.

CONCLUSIÓN

En resumen, el texto es un alegato contra la demagogia.

Al recordar la tragedia de Angrois bajo el mandato del PP, el autor no busca el ataque gratuito, sino exigir un respeto mínimo a las víctimas que pase por el rigor y la prudencia.

La política ferroviaria no puede ser un arma arrojadiza cuando quien la empuña tiene las manos manchadas de recortes, y por tanto de sangre.

Al final, los diarios de sesiones y las respuestas parlamentarias permanecen.

Como bien concluye el artículo, frente al bulo y el ruido mediático, la verdad documentada es la única vía para respetar la inteligencia de los ciudadanos y la seguridad de nuestro sistema de transporte.

Más información 

  Artículo que se cita de El Plural.com

Fuente: Redacción y El Plural.com