El Gobierno, 45 años después del intento de golpe de Estado, anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F

 “La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, afirmó el Presidente del Gobierno. 

La decisión del Presidente, de desclasificar los documentos relativos al 23-F, cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23-F, no es únicamente un gesto político coyuntural, sino un acto cargado de significado histórico, democrático y simbólico.

 “La memoria no puede estar bajo llave”, manifestó el Presidente, Pedro Sánchez, subrayando una idea esencial: las democracias sólidas no temen a su pasado, sino que lo examinan con rigor para fortalecer su futuro.

El anuncio se produce en un contexto político tenso, donde la reacción del Partido Popular (PP) no se hizo esperar, calificando la medida como una “cortina de humo”. También Vox expresó su rechazo. Sin embargo, reducir la desclasificación a una maniobra de distracción, implica ignorar a propósito, la dimensión histórica del acontecimiento y el derecho ciudadano a conocer en profundidad uno de los episodios más delicados de la democracia española.

El 23 de febrero de 1981, España vivió 18 horas de incertidumbre que pusieron en jaque el sistema constitucional nacido tras la dictadura franquista. La irrupción armada en el Congreso liderada por el teniente coronel Antonio Tejero no fue un acto aislado ni improvisado. Las declaraciones recogidas en el sumario judicial revelan una compleja red de contactos y expectativas que involucraban a figuras militares de alto rango como teniente General, Jaime Milans del Bosch y el general Alfonso Armada. El llamado “golpe blando” pretendía, según los testimonios, articular un gobierno alternativo que, bajo apariencia constitucional, alterara profundamente el rumbo político del país.

La sentencia judicial descartó la implicación del entonces monarca Juan Carlos I, cuyo mensaje televisado fue determinante para desactivar la intentona golpista. Aquella intervención consolidó la imagen del Rey como garante del orden constitucional. No obstante, con el paso del tiempo han persistido interrogantes sobre los contactos previos, las expectativas de los golpistas y el alcance real de las conversaciones mantenidas en los días y semanas anteriores al asalto.

Es precisamente en ese terreno donde la desclasificación cobra relevancia. La democracia no se debilita por revelar información; al contrario, se fortalece cuando afronta las zonas grises de su historia. El hecho de que todavía esté vigente una ley de secretos oficiales heredada del franquismo refuerza la necesidad de actualizar los mecanismos de transparencia. Diversos grupos parlamentarios, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), han reclamado en repetidas ocasiones la reforma de dicha normativa, sin éxito hasta ahora.

La polémica política actual, sin embargo, parece desplazarse hacia el terreno de la oportunidad del anuncio. ¿Es pertinente hablar de un acontecimiento de hace 45 años en medio de los desafíos contemporáneos? La respuesta, desde una perspectiva democrática, es afirmativa. Conocer con precisión qué ocurrió, quiénes participaron, qué responsabilidades existieron y qué decisiones se tomaron no es un ejercicio nostálgico, sino preventivo. Como señala la conocida máxima, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.

El 23-F no fue simplemente un episodio militar; fue una prueba de resistencia institucional. Desde los disparos en el hemiciclo hasta las negociaciones fallidas y la rendición final, el país contempló cómo su joven democracia podía quebrarse en cuestión de horas. La desclasificación puede arrojar luz sobre las motivaciones, las complicidades y los límites reales del sistema en aquel momento crítico.

Las críticas que tildan la medida de “cortina de humo” plantean una cuestión legítima sobre la instrumentalización política de la memoria. Sin embargo, incluso si el anuncio tiene un componente estratégico, ello no invalida la importancia objetiva de la transparencia. La memoria histórica no pertenece a un partido ni a un gobierno; pertenece a la ciudadanía.

En última instancia, desclasificar los documentos del 23-F supone reconocer que la madurez democrática se mide también por la capacidad de revisar el pasado sin miedo. España, cuatro décadas después de aquel intento de ruptura constitucional, tiene derecho a comprender con mayor profundidad lo sucedido. No se trata de reabrir heridas, sino de cerrar interrogantes.

La democracia se construye cada día, pero también se protege recordando los momentos en que estuvo a punto de perderse. 

Si la transparencia contribuye a fortalecer la confianza pública y a consolidar una cultura política basada en la responsabilidad y el conocimiento histórico, entonces la desclasificación no es una distracción: es un acto de salud democrática.

Fuente: El Pais.com

OPINIÓN. ¿Salvó el rey la democracia en España, en el golpe de Estado del 23F?

 Se cumplen 45 años del intento golpista capitaneado por el teniente coronel Antonio Tejero en 1981, un suceso del que aún desconocemos toda la verdad a pesar de la versión oficial fijada definitivamente por la sentencia que enjuició a los autores.

Transcurridos 45 años del 23 de febrero de 1981, el llamado 23F continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de España. 

La imagen fijada en la memoria colectiva —la de un monarca decidido que, con un mensaje televisado, salvó la joven democracia— ha sido durante décadas el relato predominante. Sin embargo, la persistencia de zonas oscuras, las contradicciones testimoniales y las revelaciones posteriores obligan a replantear críticamente esa versión. La pregunta sigue vigente: ¿salvó realmente el rey de España la democracia durante el golpe de Estado del 23F?

El asalto al Congreso de los Diputados por fuerzas de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la simultánea sublevación en Valencia encabezada por el teniente general Jaime Milans del Bosch constituyeron el mayor desafío al orden constitucional desde la aprobación de la Constitución de 1978. Según la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, el golpe fue obra de un grupo reducido de militares que fracasó gracias a la firme intervención de Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria de las Fuerzas Armadas. Esta interpretación consolidó una narrativa heroica: el rey, como garante de la Constitución, habría neutralizado la amenaza golpista y asegurado la continuidad democrática.

Sin embargo, la construcción de ese relato oficial presenta fisuras. La justicia militar no recabó el testimonio del propio monarca durante la instrucción del sumario, lo que privó al proceso judicial de una pieza central para esclarecer los hechos. Décadas después, en sus memorias tituladas Reconciliación (2025), Juan Carlos I reivindica un papel decisivo y personalísimo en la desactivación del golpe. Se presenta como el eje de las decisiones cruciales, consciente de que “su proyecto político” estaba en juego y decidido a salvar la democracia. No obstante, esta versión autobiográfica choca con declaraciones judiciales previas y con otros testimonios relevantes.

Especialmente significativa resulta la discrepancia en torno al papel del general Alfonso Armada, figura clave en la denominada “solución Armada”, que proponía un gobierno de concentración presidido por él mismo. El rey afirma haberle negado autorización para actuar en su nombre ante los golpistas. Sin embargo, el general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, declaró ante el juez instructor que transmitió a Armada, por orden expresa del monarca, que cualquier acción debía realizarla a título personal y sin invocar el nombre del rey. Más aún, dejó claro que no partió de él la iniciativa de que Armada acudiera al Congreso, sino que actuó siguiendo instrucciones reales. Esta contradicción no es menor: afecta al núcleo mismo de la cuestión sobre si la Corona fue un dique inequívoco frente al golpe o si, al menos en una fase inicial, contempló una salida política alternativa dentro del marco de la asonada.

El fracaso del golpe no se produjo exclusivamente por el mensaje televisado del rey en uniforme militar, aunque ese gesto tuviera un enorme valor simbólico. Fue también decisiva la negativa de Tejero a aceptar la propuesta de Armada, a la que calificó de “chapuza”, pues aspiraba a una junta militar y no a un gobierno de concentración con presencia de partidos políticos. En este punto, la historia contrafactual resulta inquietante: si Tejero hubiese aceptado la fórmula Armada, ¿habría podido consolidarse una solución de compromiso bajo apariencia constitucional? La negativa del propio golpista fue, paradójicamente, uno de los factores que precipitaron el fracaso de la intentona.

Además, la supuesta unanimidad leal de las Fuerzas Armadas ha sido cuestionada por documentos y declaraciones posteriores. El entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, habló de un 99,40% de fidelidad constitucional. Sin embargo, estimaciones posteriores del propio Juan Carlos I y documentos conservados por el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, sugieren que el apoyo al orden constitucional fue mucho menos sólido y que numerosos capitanes generales permanecieron expectantes, aguardando la evolución de los acontecimientos antes de posicionarse. Incluso Armada reconocería años más tarde que muchos mandos no preguntaban qué opinaba el rey, sino si el golpe tenía visos de prosperar.

Este conjunto de elementos apunta a una realidad más compleja que la versión oficial. No se trata de negar la importancia de la intervención del monarca —su mensaje fue determinante para fijar una posición institucional clara y frenar adhesiones adicionales al golpe—, sino de matizar la narrativa simplificada que lo presenta como único salvador de la democracia. El 23F fue el resultado de tensiones acumuladas: el malestar militar por la legalización del PCE, el desarrollo autonómico y el terrorismo de ETA, así como la fragilidad política del momento. En ese contexto, la Corona jugó un papel decisivo, pero también ambiguo en ciertos compases iniciales, al menos según algunos testimonios.

La pervivencia de secretos de Estado y la ausencia de una desclasificación completa de documentos impiden cerrar definitivamente el debate. La democracia española salió reforzada del fracaso del golpe, pero el conocimiento histórico permanece incompleto. Quizá la verdadera lección del 23F no sea la mitificación de un individuo, sino la constatación de que las instituciones democráticas dependen de equilibrios frágiles, de decisiones colectivas y de la conducta —a veces contradictoria— de sus protagonistas.

En conclusión, afirmar categóricamente que el rey salvó la democracia simplifica en exceso un episodio lleno de matices, incertidumbres y zonas grises. 

La intervención del rey emérito, Don Juan Carlos I, fue relevante y probablemente crucial en el desenlace final. 

Pero el fracaso del golpe obedeció a una combinación de factores: divisiones internas entre los golpistas, la falta de consenso militar, la resistencia institucional, y la propia dinámica de los acontecimientos. 

Cuarenta y cinco años después, el 23F sigue siendo no solo un hito histórico, sino también un espejo en el que se reflejan las tensiones entre memoria, verdad y poder.

Fuente: El Diario.es

ESPAÑA. La Guerra Civil no acabó como nos contaron. "Franco tapó que hubo muchos contactos con los vencidos"

 "Querían que pareciera una victoria militar aplastante", apunta el historiador Gutmaro Gómez Bravo, autor de 'Cómo terminó la Guerra Civil española'

La reciente investigación del historiador Gutmaro Gómez Bravo, plasmada en su obra Cómo terminó la Guerra Civil española, invita a revisar de manera profunda el relato tradicional sobre el final de la Guerra Civil Española. 

Durante décadas, la versión dominante sostuvo que el conflicto concluyó como resultado de una victoria militar aplastante del bando sublevado encabezado por Francisco Franco. Sin embargo, la documentación recientemente estudiada revela un desenlace mucho más complejo, en el que la inteligencia, la diplomacia encubierta y la manipulación psicológica desempeñaron un papel tan decisivo como las operaciones militares en el frente.

El relato oficial, construido por los vencedores, consolidó la imagen de una derrota republicana fruto exclusivo del caos interno, las divisiones políticas y la superioridad bélica franquista. Sin negar esta superioridad, Gómez Bravo demuestra que el final de la guerra fue cuidadosamente planificado desde el Cuartel General del Generalísimo, a través del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Este organismo no solo recopiló información estratégica, sino que intervino comunicaciones, promovió la descomposición interna del enemigo y dirigió una operación destinada a asegurar que la rendición se produjera en los términos que Franco deseaba: sin negociación política visible y con apariencia de sometimiento absoluto.

Uno de los aspectos más reveladores de esta investigación es la existencia de múltiples contactos entre ambos bandos en los meses finales del conflicto. Lejos de la imagen de una resistencia hasta el último hombre seguida de una caída inevitable, hubo intentos de mediación internacional —incluyendo gestiones del Vaticano con el beneplácito de potencias como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos— que pudieron haber adelantado el fin de la contienda. No obstante, Franco evitó sistemáticamente cualquier salida que pudiera interpretarse como un pacto político. La prioridad era preservar la narrativa de una victoria total, sin concesiones ni reconocimiento del adversario como interlocutor legítimo.

La guerra, por tanto, pudo haber concluido antes del 1 de abril de 1939. Sin embargo, se prolongó hasta que las condiciones psicológicas y materiales garantizaron una rendición sin matices. La población republicana, exhausta tras casi mil días de conflicto, hambre y bombardeos, fue objeto de una estrategia de desgaste cuidadosamente calculada. La propaganda franquista transmitía mensajes de inminente final y promesas de clemencia, minando la moral y fomentando la resignación. En paralelo, se obstaculizaban los contactos diplomáticos que ofrecían garantías jurídicas internacionales a los republicanos, como el respeto a la Convención de Ginebra.

Este uso sistemático de la inteligencia y la información constituye uno de los aportes centrales del libro. Tradicionalmente se ha destacado la ayuda militar de la Alemania nazi y la Italia fascista en términos de armamento y aviación. No obstante, la investigación subraya la importancia del apoyo logístico y tecnológico alemán, especialmente en materia de cifrado, contraespionaje y tácticas policiales avanzadas. Gracias a estas herramientas, el bando sublevado logró interceptar comunicaciones republicanas y anticipar movimientos estratégicos, operando con una ventaja informativa que convirtió el desenlace en un proceso dirigido más que en un simple colapso militar.

La consecuencia de esta estrategia no fue solo la victoria en el campo de batalla, sino la construcción de un relato histórico funcional a la legitimación del nuevo régimen. Al ocultar los contactos, las negociaciones y las operaciones de manipulación, el franquismo consolidó la imagen de un líder magnánimo que “concedía el perdón” tras imponerse sin discusión. En realidad, como señala Gómez Bravo, la posguerra también fue planificada con la misma meticulosidad que el final del conflicto. La represión, lejos de ser una reacción improvisada, formó parte de un proyecto político previamente diseñado.

Este replanteamiento historiográfico tiene implicaciones profundas. En primer lugar, cuestiona la simplificación maniquea del desenlace bélico y obliga a reconsiderar el papel de la diplomacia, la inteligencia y la propaganda en los conflictos modernos. En segundo lugar, demuestra cómo el control del relato posterior es tan importante como la victoria militar misma. La memoria colectiva fue moldeada por la documentación que se conservó y, sobre todo, por la que se ocultó.

En definitiva, la obra de Gómez Bravo nos recuerda que la historia no es un relato cerrado, sino una construcción sujeta a revisión constante conforme emergen nuevas fuentes. El final de la Guerra Civil española no fue únicamente el resultado de una superioridad militar incontestable, sino también de una estrategia política e informativa diseñada para asegurar no solo la derrota del adversario, sino su deslegitimación absoluta ante la posteridad. Comprender estos matices no implica reescribir el pasado por capricho, sino acercarse con mayor rigor a la complejidad de uno de los episodios más decisivos del siglo XX en España.

Fuente: Infolibre.es

El Tribunal Supremo anula la mayoría de los aranceles de Trump, que desmonta su agenda política y económica.

El fallo, principalmente, se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes reservada para emergencia  nacional, que el presidente impuso a casi todos los países del mundo, y donde los jueces consideran, que se hizo un uso inapropiado de dicha ley por parte del Presidente de EE. UU. 

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los llamados “aranceles recíprocos” impuestos por Donald Trump constituye uno de los episodios más significativos en la tensión contemporánea entre el poder ejecutivo y los límites constitucionales en Estados Unidos. 

Más allá de su impacto económico inmediato, el fallo —de 170 páginas— representa una reafirmación del principio de separación de poderes y un recordatorio de que incluso en contextos de emergencia, la autoridad presidencial no es ilimitada.

La expansión del poder ejecutivo y sus límites

El núcleo del conflicto reside en el uso que el presidente hizo de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 (IEEPA), promulgada durante el mandato de Jimmy Carter tras los excesos ejecutivos asociados a la presidencia de Richard Nixon. Paradójicamente, una norma diseñada para contener abusos terminó siendo el instrumento elegido para justificar una política arancelaria de amplio alcance.

Trump anunció estas medidas el 2 de abril de 2025, en un acto simbólicamente denominado “Día de la Liberación”, imponiendo gravámenes a más de un centenar de países. Los aranceles oscilaban entre el 15% y el 50%, afectando desde grandes bloques comerciales hasta sectores específicos como el acero, el aluminio y la industria automotriz. Sin embargo, la IEEPA nunca mencionó explícitamente la facultad de establecer aranceles, ni había sido utilizada en cinco décadas para ese fin. Su aplicación histórica se había limitado al régimen de sanciones económicas, no al diseño estructural de la política comercial.

El Supremo concluyó que el presidente hizo un uso generalizado e indebido de los poderes de emergencia. La opinión mayoritaria, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, reunió a magistrados liberales y conservadores en una inusual coalición (6-3), entre ellos jueces nombrados por el propio Trump. Esta configuración rompe, al menos en este caso, la narrativa de una Corte sistemáticamente alineada con la ampliación del poder ejecutivo.

El debate constitucional: Congreso vs. Presidencia

Uno de los argumentos centrales de los demandantes fue que la potestad de imponer impuestos y gravámenes corresponde al Congreso, tal como establecieron los padres fundadores. El abogado Neal K. Katyal subrayó que la IEEPA no menciona términos como “aranceles” o “derechos aduaneros” y que jamás había sido utilizada para establecer política arancelaria. De esta manera, la decisión del Supremo reafirma un principio básico del constitucionalismo estadounidense: la política fiscal y comercial estructural no puede depender de la discrecionalidad unilateral del Ejecutivo.

Las demandas que dieron lugar al fallo —impulsadas por pequeñas y medianas empresas afectadas por los sobrecostes— ilustran además cómo la política comercial tiene consecuencias directas sobre el tejido productivo. Los aranceles, aunque formalmente dirigidos a gobiernos extranjeros, son pagados en la práctica por importadores nacionales y, con frecuencia, trasladados a los consumidores.

Impacto económico e incertidumbre

El alcance económico del fallo es potencialmente enorme. Economistas del Penn-Wharton Budget Model estiman que el Gobierno podría enfrentarse a devoluciones de hasta 175.000 millones de dólares por gravámenes cobrados inconstitucionalmente. No obstante, la sentencia no especifica cómo se articularían esos reembolsos, lo que abre un escenario de complejidad administrativa y litigios adicionales.

En su opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh advirtió de un posible “desastre” económico derivado del proceso de devolución, especialmente si los importadores ya trasladaron los costes a los consumidores. Este argumento revela la otra dimensión del conflicto: el equilibrio entre la seguridad jurídica y la estabilidad económica. Invalidar una política de amplio alcance puede generar turbulencias, pero mantenerla pese a su inconstitucionalidad erosionaría principios fundamentales del Estado de derecho.

Un punto de inflexión político

La decisión llega en un momento políticamente sensible, apenas días antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente. Trump calificó el fallo como una “desgracia” y su Administración ya ha anticipado que buscará vías legales alternativas para restablecer los aranceles. Este pulso institucional sugiere que la batalla por el alcance del poder ejecutivo no ha concluido.

Durante los últimos años, el Supremo ha mostrado en numerosas ocasiones una tendencia favorable a la expansión de la autoridad presidencial en distintas materias. Sin embargo, este caso demuestra que incluso una Corte con supermayoría conservadora mantiene límites cuando percibe una extralimitación clara. En ese sentido, el fallo puede interpretarse como un freno a la consolidación de un modelo presidencialista más fuerte y como una reivindicación del equilibrio constitucional.

Conclusión

La anulación de los aranceles recíprocos no es solo una cuestión técnica de política comercial. Es, ante todo, una decisión sobre la arquitectura del poder en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha recordado que las emergencias no suspenden la Constitución y que el diseño de la política fiscal y comercial pertenece al Congreso.

En un contexto global de creciente proteccionismo y tensiones geopolíticas, el fallo reafirma que la legitimidad de las decisiones económicas depende tanto de su eficacia como de su conformidad con el orden constitucional. Más allá de sus consecuencias financieras, la sentencia representa un hito en la defensa del equilibrio institucional y en la delimitación del alcance del poder presidencial en la democracia estadounidense.

Fuente: El Pais.com

RESUMEN. Del fallo judicial sobre los aranceles de Donald Trump y de las consecuencias políticas y económicas  del mismo.

1. Decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos

• Fallo de 6 votos en contra, por 3 a favor de Donald Trump.
• Determina que la Constitución otorga al Congreso, y no al Ejecutivo, la facultad de imponer impuestos y aranceles.
• El presidente del Tribunal, John Roberts, afirmó que el poder tributario no fue concedido al Poder Ejecutivo.
• Votos disidentes.- Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes sostienen que los aranceles eran legales según el texto y los precedentes.

2. Argumentos de las partes

Administración Trump

• El Departamento de Justicia defendió que la ley de 1977 sobre emergencias económicas permite al presidente regular importaciones, incluyendo aranceles.

Demandantes

• Alegaron que la ley no menciona aranceles.
• Sostuvieron que el uso de esa norma no supera precedentes judiciales, incluido el fallo que bloqueó el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Joe Biden.

3. Aranceles declarados ilegales

Se anulan los impuestos impuestos bajo la:

• International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Incluyen:

• Arancel mínimo general del 10%.
• Aranceles unilaterales entre 10% y 41% a países sin acuerdos comerciales.
• Gravámenes adicionales a importaciones de México, China y Canadá, vinculados a la crisis del fentanilo.

4. Aranceles que no se ven afectados

El fallo no afecta a los aranceles basados en:

• Trade Expansion Act of 1962 (Sección 232), usados para imponer gravámenes sobre acero, aluminio, automóviles, cobre y madera por motivos de seguridad nacional.
• Otras disposiciones como:
• Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 (aranceles temporales hasta 15% por 150 días).
• Artículos 201 y 301 de la misma ley (investigaciones comerciales).

5. Consecuencias del fallo

• La Administración ya no puede recaudar aranceles bajo la IEEPA.
• Posibles reembolsos millonarios a empresas.
• Se estima que el Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares bajo esa base legal.
• El impacto económico de los aranceles se estima en 3 billones de dólares en la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.
• Trump aún dispone de herramientas legales, pero con más límites y procedimientos más lentos.

6. Reacción de Donald Trump

• Calificó el fallo como “una vergüenza”.
• Considera el caso uno de los más importantes de la historia del país.
• Advirtió que un fallo en su contra tendría un impacto económico negativo.

7. Posibles devoluciones

• El fallo no resuelve si el Gobierno deberá devolver lo recaudado.
• Empresas como Costco ya han solicitado reembolsos.
• El juez Kavanaugh advirtió que el proceso podría ser complicado y potencialmente caótico.

8. Reacción internacional (UE)

• La Unión Europea está analizando el fallo.
• Busca claridad sobre los próximos pasos de Estados Unidos.
• Defiende estabilidad, previsibilidad y reducción de aranceles.

9. Opinión pública en EE. UU.

• Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses desaprobaban la gestión comercial de Trump.
• Cerca de 4 de cada 10 la aprobaban.
• La opinión se ha mantenido relativamente estable.

Fuente: El Diario.es

El poder de los Algoritmos en la opinión pública. El experimento político de la red social X (antes Twitter)

Hace más de tres años que Elon Musk adquirió la red social entonces conocida como Twitter, rebautizándola como X.

Pero el cambio de nombre, apenas fue la manifestación visible que ocultaba una transformación más profunda: la reorganización de la experiencia informativa de millones de usuarios a través de un rediseño algorítmico. 

La introducción de la pestaña “Para ti” en enero de 2023, que prioriza contenidos según criterios algorítmicos en lugar de un orden cronológico, marcó un punto de inflexión en la forma en que se distribuye y consume la información política en la plataforma.

 Un estudio publicado en Nature sugiere que esta modificación no es neutral: el feed algorítmico(*) empuja a los usuarios hacia posturas políticas más conservadoras.

El hallazgo no puede analizarse de manera aislada. Las redes sociales han transformado radicalmente la vida pública contemporánea. Según datos del Pew Research Center, la cuarta parte de los adultos estadounidenses declara que las redes sociales constituyen su principal fuente de noticias y más de la mitad (el 53%) señala que en ocasiones consultan dichas redes.

En una democracia de más de 330 millones de habitantes, esto implica que decenas de millones de ciudadanos construyen su percepción del mundo político a partir de contenidos mediados por algoritmos. En este contexto, la arquitectura digital deja de ser una cuestión técnica para convertirse en un asunto político de primer orden.

El estudio liderado por Ekaterina Zhuravskaya, de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS), se basó en un experimento de campo con casi cinco mil usuarios estadounidenses activos en 2023. Durante siete semanas, los participantes fueron asignados aleatoriamente a utilizar el feed cronológico(**) o el algorítmico. Los resultados muestran que quienes usaron el sistema algorítmico no solo interactuaron más con la plataforma, sino que también adoptaron prioridades políticas más conservadoras y tendieron a seguir más cuentas de activistas de derecha.

Es significativo que los cambios no supusieran una alteración radical de la identidad partidista —los demócratas siguieron considerándose demócratas y los republicanos, republicanos—, sino un desplazamiento en las prioridades y percepciones dentro de ese marco ideológico. Se observaron variaciones en actitudes hacia investigaciones penales relacionadas con Donald Trump y en opiniones sobre la guerra en Ucrania. El efecto, por tanto, no fue una conversión política abrupta, sino una modulación gradual de la agenda mental de los usuarios.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la exposición inicial al algoritmo tiene efectos persistentes. Cambiar posteriormente al feed cronológico apenas modificó las actitudes ya moldeadas. Esto sugiere que los algoritmos no solo organizan la información presente, sino que contribuyen a estructurar marcos interpretativos duraderos. 

En términos democráticos, la implicación es profunda: la infraestructura digital puede intervenir en la formación de preferencias políticas con una eficacia sostenida y silenciosa.

Además, el impacto de X no se limita a sus usuarios directos. La plataforma funciona como un nodo central donde interactúan periodistas, líderes políticos y responsables institucionales. Lo que se debate en ella se amplifica en medios tradicionales, debates parlamentarios y otras redes. De esta manera, el sesgo algorítmico se proyecta sobre la agenda pública general, incluso entre quienes no utilizan la red social. La influencia es cuantitativa y cualitativa pues afecta a la definición de qué temas importan y cómo se interpretan.

El estudio también apunta a un fenómeno inquietante: el algoritmo tiende a relegar a medios de comunicación tradicionales mientras amplifica voces más activistas y polarizadas. 

En un contexto de alta crispación política —como el vivido en Estados Unidos en 2023—, este sesgo puede intensificar dinámicas de confrontación. Si las voces más activas y polarizadoras pertenecen a un determinado espectro ideológico, el algoritmo, orientado a maximizar interacción, tenderá a potenciarlas. La lógica comercial de la atención se entrelaza así con la lógica política de la polarización.

No obstante, los propios investigadores advierten que los resultados dependen del contexto específico en que se realizó el experimento. En otros sistemas políticos o en periodos menos polarizados, la dirección del efecto podría variar. Sin embargo, la constante identificada —la capacidad del diseño algorítmico para moldear actitudes y prioridades— parece trascender el caso concreto.

En última instancia, el estudio ofrece una advertencia rigurosa sobre la plasticidad de las actitudes políticas frente a la arquitectura digital. Los algoritmos no son meros intermediarios neutrales pues configuran el entorno informativo en el que se forman las opiniones.

 En la era de las plataformas, el poder no solo reside en quién habla, sino en cómo se distribuyen las voces. Y ese “cómo” —codificado en líneas de programación invisibles para el usuario— puede tener consecuencias políticas de largo alcance.

La transformación de Twitter en X simboliza, así, un cambio más amplio en la ecología de la información pública. El debate ya no se limita a la libertad de expresión o la moderación de contenidos, sino que se extiende al diseño mismo de los sistemas que organizan la conversación colectiva. 

En ese terreno técnico y aparentemente neutral e inofensivo,  se juega una parte decisiva del futuro democrático.

(*) Un feed algorítmico.- Es un flujo de contenido personalizado que utiliza sistemas de inteligencia artificial para determinar qué publicaciones ves y en qué orden aparecen.

(**) Un feed cronológico.- Muestra el contenido simplemente por hora de publicación, el algorítmico prioriza lo que considera más relevante para ti basándose en miles de señales.

Más información

Ekaterina Zhuravskaya et al. "The political effects of X’s feed algorithm". Nature (2026).

​https://www.nature.com/articles/s41586-026-10098-2

Fuente: Publico.es 

ECONOMÍA. Estados Unidos dispara su déficit comercial de bienes, al máximo nivel, aún contando la subida de aranceles impuesta por su Presidente.

 El saldo comercial solo mejora un 0,2% pese lo anunciado por el Presidente de EE.UU.

El debate sobre el déficit comercial de Estados Unidos ha vuelto al centro de la discusión pública a raíz de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que los aranceles impuestos durante su mandato habían reducido el déficit en un 78%. 

Sin embargo, los datos oficiales de la Oficina de Análisis Económico (BEA) muestran una realidad mucho más compleja y mucho menos espectacular: el saldo comercial apenas mejoró un 0,2% el último año, mientras el déficit de bienes alcanzó un máximo histórico. Este contraste entre discurso político y evidencia empírica invita a reflexionar sobre la eficacia real de la política arancelaria y sobre el uso de las cifras económicas como herramienta de propaganda.

En primer lugar, conviene comprender la magnitud del fenómeno. El déficit comercial total se situó en 901.469 millones de dólares, uno de los niveles más elevados desde la década de 1960. Aunque las exportaciones crecieron un 6,2%, hasta los 3,43 billones de dólares, las importaciones también aumentaron —un 4,8%, hasta 4,33 billones—, lo que neutralizó en gran medida cualquier mejora estructural. Es decir, Estados Unidos siguió comprando al exterior casi tanto como vendía, incluso en un contexto de aranceles más altos.

El desequilibrio es particularmente evidente en el comercio de bienes, cuyo déficit alcanzó 1,241 billones de dólares, el mayor de la historia del país. Este dato es relevante porque la narrativa arancelaria se centraba precisamente en reducir la dependencia de productos manufacturados extranjeros. Paradójicamente, las importaciones de computadoras, equipos de telecomunicaciones y suministros industriales aumentaron, lo que revela la profunda integración de las cadenas globales de valor. Las empresas estadounidenses dependen de insumos extranjeros no solo por costes, sino por especialización tecnológica y eficiencia productiva.

Por otro lado, el superávit en servicios —339.472 millones, con un incremento cercano al 9%— compensó parcialmente el déficit de bienes. Estados Unidos mantiene ventajas comparativas claras en sectores como tecnología, servicios financieros, propiedad intelectual y consultoría. Este dato sugiere que el verdadero motor competitivo del país no reside en la manufactura tradicional, sino en actividades de alto valor añadido. Sin embargo, la política arancelaria se dirigió principalmente a bienes físicos, no a servicios, lo que limita su impacto estructural sobre el saldo global.

El aumento de la tasa arancelaria efectiva promedio desde el 2,7% hasta aproximadamente el 14,5% —el nivel más alto desde la década de 1930— representa un giro significativo en la política comercial estadounidense. La referencia histórica no es menor: los aranceles elevados de los años treinta, asociados a la Ley Smoot-Hawley, suelen citarse como un factor que agravó la Gran Depresión. Aunque el contexto actual es distinto, el paralelismo subraya el riesgo de recurrir al proteccionismo como herramienta principal de ajuste macroeconómico.

Además, un estudio de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que alrededor del 90% de la carga económica de los aranceles fue soportada por empresas y consumidores estadounidenses. Este hallazgo contradice la idea de que los gravámenes serían pagados mayoritariamente por los países exportadores. En la práctica, los aranceles funcionan como un impuesto indirecto que encarece los bienes importados y reduce el poder adquisitivo interno, afectando tanto a compañías que dependen de insumos extranjeros como a hogares que enfrentan precios más altos.

Otro elemento relevante es la volatilidad mensual del comercio exterior, intensificada por la naturaleza errática de los anuncios arancelarios. Las empresas reaccionaron acumulando inventarios antes de posibles subidas de tasas o retrasando compras ante expectativas de reducción. Este comportamiento defensivo distorsiona las estadísticas y genera incertidumbre, lo que puede frenar decisiones de inversión a largo plazo. En diciembre, por ejemplo, el déficit mensual aumentó un 33% respecto al mes anterior, ilustrando cómo las oscilaciones políticas pueden trasladarse rápidamente a los datos macroeconómicos.

El contraste entre la afirmación de una reducción del 78% y la mejora real del 0,2% plantea una cuestión más amplia sobre la comunicación política en la era digital. Las cifras económicas son complejas y pueden manipularse mediante la selección interesada de periodos o indicadores. Sin embargo, los datos oficiales revelan que, aun en los meses más favorables, la reducción del déficit está lejos de la magnitud proclamada. La brecha entre retórica y realidad erosiona la credibilidad institucional y dificulta un debate informado.

En definitiva, el caso ilustra los límites del proteccionismo como herramienta para corregir desequilibrios estructurales en una economía altamente globalizada. El déficit comercial estadounidense no responde únicamente a aranceles, sino a factores como el patrón de consumo interno, la fortaleza del dólar, la especialización productiva y la posición del país como emisor de la principal moneda de reserva mundial. Pretender resolverlo exclusivamente mediante gravámenes equivale a tratar un fenómeno sistémico con una solución parcial.

Más allá de la coyuntura política, el episodio demuestra que la economía no se ajusta fácilmente a consignas simplificadoras. Las políticas comerciales tienen efectos distributivos, generan ganadores y perdedores, y requieren evaluaciones rigurosas basadas en evidencia. En un entorno global interdependiente, las decisiones unilaterales rara vez producen resultados lineales. El desafío no es solo reducir un número en una balanza estadística, sino fortalecer la competitividad estructural sin trasladar costes excesivos a empresas y consumidores

Fuente: El País.com

Las economías de la OCDE crecieron un 1,7% en 2025, pese a la guerra comercial.

La economía de los países más desarrollados cerró 2025 con un balance de claroscuros, en un entorno global marcado por tensiones comerciales e incertidumbre política. 

 

Según las cifras provisionales publicadas este jueves por la OCDE, el producto interior bruto (PIB) de los 38 países que componen la organización registró un avance del 1,7% en el año, pese a verse ralentizado ligeramente al 0,3% en el cuarto trimestre, una décima menos que en el periodo anterior.

El dato anual supone un repunte muy superior al 1,2% de 2024 y al 1,1% de 2023, con una moderada recuperación tras años de crecimiento anémico. Este avance se produce en un contexto global donde la expansión económica mundial también muestra señales de fatiga. Los informes semestrales del organismo han anticipado que el crecimiento global se estabilizó alrededor del 3,2% en 2025, tras varias revisiones a la baja en el año debido a la persistencia de barreras comerciales —agravadas con la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— y condiciones financieras más estrictas que han frenado la inversión y el comercio internacional.

El panorama mundial estuvo condicionado por tensiones comerciales sostenidas, ajustes en las cadenas de suministros y un entorno de política monetaria cautelosa. En varios países desarrollados, el crecimiento empresarial continuó siendo débil, con una inversión empresarial menor que en periodos anteriores, un factor que la OCDE ha identificado como una amenaza para la sostenibilidad del crecimiento económico a medio plazo. De ahí que en sus últimas previsiones, el organismo hiciera un llamamiento para que los mercados se mantengan abiertos y no se detengan los flujos comerciales internacionales.

Estos tropezones en materia económica se dejaron sentir con mayor fuerza en el cierre de año, según constatan las estadísticas publicadas este jueves. De los 24 países con datos disponibles para el cuarto trimestre, solo diez aceleraron su crecimiento frente al periodo anterior, cinco registraron contracciones y siete vieron cómo su dinamismo se atenuaba. La buena noticia es que, a diferencia de 2024, cuando siete economías cerraron con tasas negativas, en 2025 todos los países de la OCDE con datos disponibles terminaron el año con crecimiento del PIB, un signo de que la desaceleración global fue menos severa de lo temido por los analistas.

En el contexto regional, la Unión Europea y la zona euro mostraron una trayectoria de convergencia en el tramo final del año, ambas con un crecimiento del 0,3% en el cuarto trimestre. Para el conjunto de la Unión, este dato supuso una ligera desaceleración frente al 0,4% alcanzado en el tercer trimestre, mientras que la zona euro logró mantener su ritmo de expansión estable en comparación con el periodo anterior. A pesar de este leve enfriamiento trimestral, el balance anual confirma una recuperación sólida de la actividad en el Viejo Continente. La zona euro ha crecido un 1,5% respecto a 2024 y en el conjunto de la Unión Europea, un 1,6%. España ha sido clave en este buen desempeño, al registrar un avance del PIB del 0,8% en el último trimestre del año, gracias al consumo y la inversión. Esto ha permitido que la economía nacional creciera en 2025 un 2,8% interanual, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dentro del club de las grandes economías (G-7), la evolución también fue desigual. Alemania e Italia destacaron en el tramo final del año, con un crecimiento trimestral del 0,3%, impulsado por un repunte del consumo interno tanto de hogares como del sector público. En Italia, también la inversión privada aportó un impulso adicional al dinamismo económico. Por el contrario, Francia frenó su ritmo hasta el 0,2% en el cuarto trimestre, en buena medida porque muchas empresas vendieron mercancía acumulada en almacenes en lugar de aumentar la producción, lo que restó impulso a la actividad. Canadá fue la economía con peor desempeño entre las potencias, con una contracción del 0,1% tras un trimestre anterior sólido.

Japón, que había mostrado signos de contracción en el tercer trimestre, volvió a terreno positivo con un avance del 0,1% impulsado por la inversión, mientras que el Reino Unido apenas creció un 0,1% por segundo trimestre consecutivo. Los datos de Estados Unidos para el último trimestre no estaban completos al cierre del informe, pero diversos economistas encuestados por Bloomberg prevén una desaceleración del PIB en el cuarto trimestre que, pese a todo, seguiría resistiendo a las trabas arancelarias de Trump.

Fuente: El Pais.com

Violencia Machista en la política española, con techo de cristal, de violencia política de género.

En España, la violencia machista ha permeado las instituciones y el debate público, manifestándose como violencia política de género.    

Esta modalidad busca silenciar, desprestigiar o apartar a las mujeres del ejercicio del poder mediante ataques que no cuestionan su gestión, sino su condición de mujer, su físico o su vida privada.

1. El Escenario Actual y los Datos

A pesar de que España es un referente internacional con el Índice Europeo de Igualdad de Género 2025, donde ocupa el tercer puesto, la realidad sobre el terreno sigue siendo alarmante. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 revela que una de cada tres mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. En el plano institucional, el año 2025 cerró con cifras trágicas: 46 mujeres y 3 menores asesinados por violencia de género, lo que el Gobierno ha calificado como un "fracaso colectivo".

2. Manifestaciones en la Esfera Pública

La violencia política se manifiesta de formas específicas en el contexto español:

· Violencia Digital.- Según datos del Ministerio de Igualdad, la violencia en entornos digitales afecta ya a 2,6 millones de mujeres, siendo especialmente virulenta contra aquellas con perfil público y político.

· Discursos de Odio.- Se observa un repunte de discursos que cuestionan la existencia misma de la violencia de género, lo que dificulta el consenso político necesario para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

·  Acoso Institucional.- Prácticas como la negación de información o la obstaculización del desempeño de funciones son formas de violencia que buscan minar la autoridad de las mujeres electas.

3. Respuesta Legislativa y Desafíos

España ha liderado respuestas legales robustas, como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como "solo sí es sí"), que entró en vigor en 2022 para unificar el tratamiento de las agresiones sexuales. Asimismo, el Plan España te Protege (2022-2025) busca extender la protección más allá de la pareja o expareja.

Sin embargo, el reto persiste en la polarización política. Mientras el Gobierno asegura que no permitirá "ni un paso atrás" en estas políticas, la irrupción de discursos negacionistas en las instituciones pone en riesgo los avances logrados en las últimas décadas.

RESUMEN

La violencia machista en la política española no es solo una agresión individual contra las representantes, sino un ataque a la calidad democrática del país. Erradicarla requiere no solo leyes punitivas, sino un cambio cultural profundo que garantice que el espacio público sea un lugar seguro y de igualdad real para todas.

Diferencias de actuación respecto casos de abusos sexuales dentro del partido, entre el PSOE y el PP. 

Modus operandi respecto casos de abuso sexual en el PSOE

Políticas y mecanismos existentes dentro del PSOE

v  Existencia de un protocolo antiacoso

Ø  El PSOE cuenta con un protocolo interno de prevención e intervención para casos de acoso y abuso sexual en el seno del partido.

v  Canales internos de denuncia

Ø  El partido ha habilitado canales internos de comunicación para que afiliadas y afiliados puedan denunciar conductas inapropiadas.

v  Compromiso público con la igualdad

Ø  La dirección del PSOE defiende que la lucha contra el machismo y la protección de las mujeres forma parte de su identidad política.

Respuesta oficial pública a las crisis

v  Reconocimiento de errores

Ø  Líderes del PSOE — incluido el presidente Pedro Sánchez — han admitido públicamente errores en la gestión de denuncias internas.

v  Expresiones de arrepentimiento

Ø  La formación ha pedido disculpas a las denunciantes por no haber actuado con la rapidez o apoyo esperado.

v  Negación de encubrimiento

Ø  La dirección insiste en que no ha intentado “tapar” ni encubrir casos, aunque reconoce fallos de comunicación o procedimiento.

Gestión específica de casos polémicos

v  Caso de Francisco Salazar

Ø  Denuncias internas tardaron meses en tramitarse.

Ø  El PSOE reconoció falta de diligencia y admitió haber incumplido partes de su propio protocolo (p. ej., apoyo psicológico/legal a víctimas).

v  Otros casos denunciados

Ø  Han surgido denuncias contra cargos locales — por ejemplo, un ex secretario general del PSOE en Torremolinos — donde la supuesta víctima apunta a mala gestión interna y falta de respuesta inmediata.

v  Suspensiones y represalias internas

Ø  En varios casos los implicados han sido suspendidos de militancia o dimitido de sus cargos tras hacerse públicas las acusaciones.

Críticas a la actuación del PSOE

v  Desde dentro del propio partido

Ø  Militantes y dirigentes socialistas han reclamado mayor contundencia y transparencia en la gestión de estos casos.

v  Desde la oposición política

Ø  La gestión de los casos se ha convertido en un punto de crítica política por parte de otros partidos, que califican la respuesta de insuficiente o tardía.

v  Percepción pública

• La tardanza en activar protocolos completos (asesoramiento legal, apoyo psicológico, medidas de protección) ha sido vista — incluso por sectores feministas — como una decepción ante las expectativas que el partido genera sobre igualdad y feminismo.

   RESUMEN

El PSOE ha generado mecanismos internos de actuación frente a casos de abuso y acoso sexual, incluyendo protocolos formales, canales de denuncia y declaraciones públicas de rechazo a estas conductas. Sin embargo, la aplicación de esos mecanismos en casos concretos ha sido criticada por retrasos, falta de apoyo completo a víctimas y debilidad en la implementación práctica, lo que ha llevado a la dirección a disculparse públicamente por errores y a reforzar su compromiso con la igualdad y la tolerancia cero.

 

Modus operandi respecto casos de abuso sexual en el Partido Popular.  

Protocolos y declaraciones oficiales del PP

Ø      v Protocolos internos y defensa institucional

Ø  El PP ha difundido públicamente que dispone de un protocolo interno específico para casos de acoso y abuso sexual, que incluye:

§  Canales de denuncia internos.

§  Oficina de Cumplimiento Normativo (Compliance) para analizar las denuncias.

§  Mecanismos que, según su relato, deberían permitir una investigación interna y la posible expulsión si se confirma la conducta.

Ø  Dirigentes populares suelen subrayar la existencia de ese protocolo como una diferencia frente a otras formaciones políticas cuando son cuestionados sobre su gestión en estos casos.

Ø  También han utilizado estos temas como herramientas de crítica política, acusando a la izquierda de doble moral o de “ver, oír y tapar” ante denuncias del otro lado.

v  Críticas sobre la acción efectiva en casos concretos

Ø      Caso exedil de Móstoles

•     Una concejala del municipio de Móstoles denunció presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde del PP (Manuel Bautista), además de otros delitos.

Ø  La denunciante afirmó que:

§  Solicitó en repetidas ocasiones activar el protocolo interno del PP, sin recibir apoyo efectivo.

§  Fue instada por dirigentes a no hacer pública la denuncia.

§  El caso fue archivado internamente sin investigación formal ni audiencias.

Ø  Un medio reportó que el PP manejó el caso con negación de la veracidad del testimonio, calificándolo de “fabricado”, y con defensas públicas contradictorias entre dirigentes.

v  Crítica por falta de protección

Ø  Documentos filtrados mostraron que dirigentes del partido preguntaron repetidamente a una víctima si “valía la pena denunciar”, algo que fue considerado por la denunciante como desaliento para activar los canales internos.

v  Percepción y discurso externo

Ø      Tendencia a politizar y descentralizar responsabilidades

§  En comunicados y debates parlamentarios, el PP ha tendido a:

·     Situar casos como problemas individuales y aislados más que como fallos sistémicos de organización.

·   Enmarcarlos dentro de la agenda política o como argumento contra adversarios (por ejemplo, acusando a otros partidos de encubrir).

Ø  En ocasiones, cuando los casos trascienden públicamente, la respuesta inicial ha sido la negación, minimización o contraposición a críticas políticas, más que un enfoque centrado exclusivamente en la víctima.

v  Evaluación crítica del “modus operandi”

Ø  Acciones formales que el PP dice públicamente que existen

§  Protocolos internos y acatamiento de normas internas para gestionar denuncias.

§ Canales de denuncia interna promovidos en declaraciones públicas.

§  Mensajes de exigencia de responsabilidad en casos de otros partidos.

Ø  Prácticas que la crítica y algunas víctimas, han denunciado.

§  Archivado interno sin investigación efectiva o sin medidas cautelares claras.

§  Presiones o desaliento a víctimas para que no presenten denuncias públicas o judiciales.

§  Defensas institucionales previas a la verificación de los hechos (negación o tildado de “fabricado”).

§  Tendencia a enmarcar casos en debate político en lugar de enfoque centrado en protección de víctimas.

RESUMEN

El modus operandi del PP en casos de abuso y acoso sexual, según diversos informes periodísticos y testimonios, muestra una tensión entre:

1. Protocolos formales declarados que buscan dar un marco de respuesta interna
2. Y la crítica pública en la gestión práctica de casos concretos, que en ocasiones ha sido vista como insuficiente por las víctimas, con percepciones de dificultad real, para activar dichos mecanismos y el apoyo institucional efectivo.

La respuesta institucional del PP suele centrarse en la defensa de sus procedimientos internos, a la vez que en casos específicos, ha generado controversias por el modo en que trató las denuncias y por la narrativa pública que se construyó alrededor de ellas.

 

CONCLUSIÓN GENERAL

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

En líneas generales:

1)  Suspensión o expulsión cautelar más rápida

a)   En varios casos mediáticos, el partido ha optado por suspender de militancia o apartar de cargos al implicado mientras se investiga.

2) Mayor énfasis en el discurso feminista institucional

a) El PSOE ha vinculado su actuación a su posicionamiento político en materia de igualdad y violencia sexual, especialmente desde el impulso de leyes como la del “solo sí es sí”.

3)  Protocolos internos contra el acoso

a)   Dispone de protocolos formales contra el acoso y la violencia sexual dentro del partido, activados en denuncias internas.

4)  Críticas recibidas

a)   Se le ha acusado en algunos casos de actuar solo cuando el asunto se hace público o hay presión mediática. 

Partido Popular (PP) 

En líneas generales:

1)  Actuaciones más variables según el caso

a) Ha habido situaciones en las que el partido ha esperado a decisiones judiciales antes de adoptar medidas internas contundentes.

2)  Menor identificación con discurso estructural de género

a)  Su narrativa suele centrarse más en la presunción de inocencia y en tratar los casos como hechos individuales.

3)  Medidas disciplinarias

a) También contempla suspensión o expulsión cuando hay imputación formal o condena, pero históricamente se le ha criticado por mayor cautela previa.

4)  Críticas recibidas

a) En determinados casos mediáticos, sectores sociales han considerado que la reacción fue lenta o defensiva.

 

EDITORIAL

El partido popular "ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio"

A mi entender, el PP no debe sentirse orgulloso de su forma de proceder en los casos de  abusos sexuales dentro de su partido. Aunque supongo que sus futuros pactos con Vox, algo tienen que ver con el negacionismo impostado y su narrativa contraria a la violencia de género empleada con las mujeres afiliadas al Partido Popular. 

Y digo yo, que si así tratan a las mujeres de su propio partido, que no harán con los políticos y políticas de los otros partidos políticos. 

Por no hablar del acoso y persecución que hacen las derechas extremas en este país a periodistas por el hecho de hacer su trabajo. A ver, en mi opinión, muy democrático no es, y me aventuro a decir sin temor a equivocarme, que sino es más fascismo puro y duro, se parece una barbaridad. 

¿Y con el resto de la ciudadanía qué va a pasar?

Me temo que la negación de la violencia de género solo es el principio. Después, caso PP y Vox ganen las elecciones generales y gobiernen el Estado, vendrá la expulsión de muchos residentes en España. Luego se eliminarán los sindicatos, las autonomías y los partidos políticos, aunque supongo, no en ese orden. Y más tarde empezarán las detenciones y las desapariciones forzadas, de cualquier persona con nacionalidad española, con la excusa del rojerío.

De este modo, si la mayoría coincide en votar a PP y Vox, va a haber fascismo en este país para rato. Y como suelen decir los paisanos del pueblo, "vamos a cagar todos, lo más duro como agua", que a día de hoy, aún no sé muy bien lo que querían decirme, aunque algo me imagino y no creo tenga que ver con problemas gástricos.

Cambiando de tema, resulta patético como, con lo que tienen en casa, los diputados del PP y Vox (convencidos negacionistas de la violencia de género) pidieran ayer en el Congreso, la dimisión del Ministro de Interior, al acusarle sin pruebas de haber incumplido la ley respecto del respaldo y protección de una víctima de agresión sexual, presuntamente cometido por el DAO de la Policía Nacional ahora dimitido. 

Pero así es el Partido Popular, las pruebas para qué, se preguntan. ¿Para que no les ponga una denuncia por calumnias en los juzgados quizás?

ULTIMA HORA

El abogado de la agente de Policía que se ha querellado por agresión sexual contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González, hoy mismo, jueves 19 de febrero de 2026, acaba de confirmar en rtve.es, que comunicaron la denuncia al Ministerio del Interior el martes 17 de febrero de 2026, y que no lo hicieron antes porque decidieron llevarlo directamente con la "máxima reserva" por la vía judicial.

Espero que los bocachanclas de las derechas radicales, se den por satisfechos y se disculpen ante el Ministro de Interior, por su manifiesta maldad y evidente  ignorancia de los hechos, impropia de unos diputados a los que con nuestros impuestos pagamos, y muy bien por cierto,  para que hablen con propiedad y no para que difundan bulos infundados, en la sede de la Soberanía Nacional, cual fascistas impostados.

POSDATA

"Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas a remojar" 

Sabio es el refranero español, y la cita anterior creo encaja como anillo al dedo, con la noticia siguiente.

Mark Zuckerberg testificó ayer, miércoles 18 de febrero de 2026, ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en un juicio histórico que busca determinar si Meta y otras tecnológicas diseñaron sus plataformas para ser deliberadamente adictivas para niños y adolescentes, con los consiguientes traumas mentales derivados de dichas adiciones.

Espero que Elon Musk preste mucha atención al hecho reseñado y no cometa el error o torpeza, de llamar traidores o fascistas (como hizo con el Presidente del Gobierno de España) a los jueces del mencionado Tribunal, caso fuese declarado culpable el dueño de Facebook. 

Visto lo visto, la cosa parece ponerse interesante, pues de fondo, se les viene encima a Estados Unidos una batalla legal entre, la democracia que representa el Poder Judicial, y la codicia que representan los oligarcas tecnológicos, mientras a priori, el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo están como observadores. 

Ya veremos como acaba todo esto.

Fuente: Redacción