OPINIÓN SOBRE LA OPOSICIÓN TOTAL DEL PP. De su negativa a aplicar la ley de vivienda actual y de la presentación de su propia propuesta legislativa al respecto. Y de su postura contraria a la regularización extraordinaria de migrantes.

El Partido Popular —que se opone al cumplimiento de la actual ley de vivienda que entró en vigor en fecha 26/05/26— presentará su propia ley de vivienda que facilita los desahucios a bancos o fondos buitres y elimina la protección a los más vulnerables, como no podía ser de otra manera,  favoreciendo a grandes tenedores y perjudicando a los más desfavorecidos.

La vivienda constituye uno de los pilares fundamentales del bienestar social, al ser no solo un bien de consumo, sino también un derecho reconocido en numerosos marcos legales y constitucionales. 

 En este contexto, cualquier reforma legislativa en materia de vivienda tiene profundas repercusiones sobre la estructura social. La propuesta del Partido Popular, tal y como la describe en el PP, plantea un giro significativo hacia la liberalización del mercado, priorizando la seguridad jurídica de los propietarios —especialmente grandes tenedores— frente a la protección de los inquilinos en situación de vulnerabilidad.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la agilización de los desahucios, extendiendo mecanismos procesales rápidos a entidades jurídicas como bancos y fondos de inversión. Esta medida supone una ampliación de derechos para los grandes propietarios, equiparándolos a las personas físicas en su capacidad de recuperar inmuebles de forma inmediata. Sin embargo, esta equiparación no tiene en cuenta la asimetría de poder entre grandes corporaciones y familias, lo que podría traducirse en una mayor desprotección para los inquilinos, especialmente en contextos de precariedad económica.

En esta misma línea, la reducción de los plazos de suspensión de los desahucios y el endurecimiento de los criterios para considerar a una familia como vulnerable reflejan un cambio en la concepción de la vulnerabilidad. Establecer el umbral en 1,5 veces el IPREM —aproximadamente 900 euros— implica asumir que con ingresos apenas superiores a esa cantidad una familia puede afrontar dignamente todos sus gastos básicos. Esta premisa resulta cuestionable si se consideran los elevados costes actuales de la vivienda, los suministros y la alimentación, especialmente en entornos urbanos tensionados.

Otro aspecto relevante es la eliminación de mecanismos de control del mercado del alquiler, como las zonas tensionadas y los índices de referencia de precios. Desde una perspectiva liberal, estas herramientas pueden interpretarse como distorsiones que desincentivan la oferta. No obstante, desde un enfoque social, su supresión puede favorecer dinámicas especulativas y contribuir al aumento sostenido de los precios, dificultando aún más el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.

Así mismo, la propuesta incluye medidas orientadas a flexibilizar los procesos urbanísticos, como el silencio administrativo positivo en licencias de construcción o la simplificación de reformas estructurales. Estas iniciativas buscan dinamizar el sector inmobiliario, pero también plantean interrogantes sobre el control institucional, la planificación urbana y la protección del entorno. La eliminación de referencias a evaluaciones ambientales añade una dimensión adicional de preocupación en términos de sostenibilidad.

En conjunto, la propuesta legislativa parece responder a una lógica de mercado en la que la vivienda se concibe principalmente como un activo económico. Esta visión puede generar eficiencia en ciertos ámbitos, pero también corre el riesgo de ignorar la función social de la vivienda y las desigualdades estructurales que atraviesan a la sociedad. La tensión entre mercado y derecho social se hace especialmente visible en este debate, evidenciando la dificultad de articular políticas públicas que equilibren ambos principios.

En conclusión, la iniciativa del Partido Popular,  representa un cambio profundo en la política de vivienda, con implicaciones que trascienden lo económico y afectan directamente a la cohesión social. La discusión que se abre en el ámbito parlamentario no solo gira en torno a la eficacia de las medidas propuestas, sino también sobre el modelo de sociedad que se pretende construir: uno donde predomine la lógica del mercado (PP y Vox) o uno donde la protección social tenga un papel central, (mayoría del resto de partidos políticos del arco parlamentario)

Fuente: El Plural.com

ESPAÑA. El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza hoy

Indudablemente, esta regularización extraordinaria de migrantes indocumentados que ya viven en el país, a España le va a favorecer en el marco de los derechos humanos, y también en el ámbito económico  (ver Anexo I)

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato 'online', al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

Para poder realizar las solicitudes de manera 'online' será necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma para hacerlo estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los interesados en acogerse a esta regularización tendrán un plazo de dos meses y medio, hasta el 30 de junio de 2026.

Quién puede acogerse

Podrán acogerse a esta regularización aquellas personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.

Para demostrar el tiempo que la persona lleva en España se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.

Residencia y trabajo durante un año

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a tramite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

Fuente: Infolibre.es

 

El PP y Vox se oponen a la regularización de migrantes indocumentados que viven en España, en contra del gobierno de España, la patronal y hasta de la Santa Sede.

 

Discursos  de Feijóo que suenan a odio contra la inmigración

En un discurso ante sus diputados y senadores reunidos en el Congreso, Feijóo ha proclamado que el PP está “absolutamente en contra de la regularización masiva, irresponsable, de un millón de migrantes irregulares” (aprobada este martes en el Consejo de Ministros) añadiendo que “es inhumana, injusta, insegura e insostenible”, ha remarcado el líder del PP ante los suyos”.

Feijóo ha defendido que la medida aprobada por el Gobierno para dar papeles a unos 500.000 extranjeros que ya residen en España “va en contra de las Cortes, va en contra de Europa y de la mayoría de los españoles”. Y ha argumentado que “alienta a las mafias”, ya que reciben el mensaje de que “España es un chollo”; que “perjudica a quien cumple y ha entrado de forma legal”; que es “insegura”, porque no se sabe a cuántas personas afecta; y que “sobrecarga el Estado del Bienestar”.

El líder del PP ha vinculado la regularización masiva con el pago de impuestos, y ha subrayado que es una “broma macabra” que la campaña de la renta coincida con este proceso. Pese a sus fuertes críticas, Feijóo no confirma si recurrirá el real decreto ante los tribunales, aunque a preguntas de los periodistas a la salida del acto ha afirmado que van a “estudiar el texto” y que “ha quedado muy claro” lo que van a hacer, pese a que en su intervención no lo ha anunciado.

  Feijóo posteriormente,  abundando en críticas a  una regularización "a granel" de inmigrantes impulsada por el Gobierno, incluso con "antecedentes policiales".

 "No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante", ha criticado.

En resumen. Es triste, que un licenciado en derecho no sepa las diferencias entre antecedentes policiales y antecedentes penales.

Verán ustedes, antecedentes policiales son cuando Feijóo veraneaba con narcotraficantes y antecedentes penales serían si un juez le hubiera metido en la cárcel por algún delito relacionado con las malas compañías que acostumbraba llevar.

Fuente: El País.com

Conclusión

Lástima para los intereses de PP y Vox, que el Papa y el presidente de la CEOE opinen lo contario. Quizás cuando el Papa visite España este verano, tengan oportunidad de explicárselo. Pero da igual, porque a ver, quien sabe más sobre humanidad que Feijóo y Abascal. Bueno quizás Trump, que me había olvidado del Jesucristo Superstart al que también representa.

Fuente: Redacción

VOX. También se opone a la regularización extraordinaria de migrantes con discurso disruptivo contra inmigración en España.

El debate sobre la inmigración se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la política contemporánea en España.

El discurso expresado por Vox, refleja su postura frente a la regularización extraordinaria de migrantes propuesta por el Gobierno, evidenciando no solo una oposición política, sino también una estrategia discursiva orientada a movilizar a una parte del electorado mediante mensajes contundentes y emocionalmente cargados.

En primer lugar, es importante situar el contexto: la regularización de migrantes es una medida que, históricamente, ha sido utilizada por distintos gobiernos europeos como herramienta para integrar a personas en situación irregular, facilitar su acceso a derechos básicos y, en muchos casos, aflorar economía sumergida. Sin embargo, esta política también genera controversia, especialmente en sectores que perciben la inmigración como una presión sobre los servicios públicos o el mercado laboral.

El discurso de Vox se articula en torno a la idea de “prioridad nacional”, es decir, la defensa de que los ciudadanos españoles deben ser los principales beneficiarios de los recursos del Estado. Este planteamiento apela a un sentimiento de pertenencia y a la percepción de competencia por recursos limitados. No obstante, simplifica una realidad mucho más compleja, en la que factores como la gestión pública, la inversión estatal y la estructura económica tienen un peso determinante en la calidad de vida de la población.

Otro elemento clave del texto es el uso de un lenguaje alarmista, como la asociación directa entre inmigración y delincuencia o el empleo de términos como “invasión”. Este tipo de retórica busca generar una respuesta emocional inmediata, pero presenta riesgos importantes: puede contribuir a la estigmatización de colectivos enteros y dificultar un debate racional basado en datos y evidencias. Numerosos estudios han mostrado que la relación entre inmigración y criminalidad no es tan directa como a menudo se plantea en el discurso político, sino que depende de múltiples variables sociales y económicas.

Asimismo, el texto pone de relieve una estrategia política más amplia: la confrontación con el llamado “bipartidismo” y la construcción de una narrativa en la que Vox se presenta como la única fuerza que expresa lo que “la gente piensa”. Este recurso es habitual en movimientos populistas, que tienden a establecer una dicotomía entre “el pueblo” y “las élites”, reforzando la idea de que existe un consenso social ignorado por las instituciones.

Sin embargo, afirmar que existe un consenso generalizado contra la inmigración resulta problemático. La sociedad española es diversa y presenta una amplia gama de opiniones sobre este tema. Mientras algunos sectores expresan preocupación por la integración y el impacto en los servicios públicos, otros destacan los beneficios económicos, demográficos y culturales de la inmigración, especialmente en un país con una población envejecida.

Por último, el texto también refleja una tensión estructural en las democracias modernas: cómo equilibrar la solidaridad, los derechos humanos y la gestión eficiente de los recursos públicos. Este equilibrio requiere políticas complejas, alejadas de soluciones simplistas, y un debate público que priorice la información rigurosa sobre la polarización.

En conclusión, el posicionamiento de Vox frente a la regularización de migrantes no solo representa una postura política concreta, sino también una forma de entender y comunicar la realidad social. Analizar este discurso permite comprender mejor las dinámicas actuales del debate sobre inmigración en España, así como la importancia de fomentar un diálogo basado en hechos, matices y responsabilidad política.

Fuente: Demócrata.es  

EDITORAL

Que los líderes de Partido Popular y Vox, se opongan a la regularización de cerca de medio millón de migrantes sin papeles que ya viven y trabajan en España, da que pensar y más sabiendo, que a esa regularización prestan su apoyo, el Papa, Representante de Dios en la tierra y Presidente del Vaticano, junto el Sr. Garamendi, presidente de la CEOE (la patronal).

 Y si con el apoyo de tan altos representantes se oponen los líderes conservadores y ultraconservadores de este país, a donde vamos a llegar, si esto más parece una cacería donde los pájaros disparan contra las escopetas. En mi parecer, estos pájaros le están haciendo el caldo gordo a Trump, y lo que de verdad les pone a estos marchosos y en lo están pensando, es en importar de Estados Unidos e impulsar en España, el ICE, haber si de una vez por todas consiguen la España vaciada de verdad, y además de expulsar a los migrantes (quien sabe a donde) también echar a los nacidos España, rojos, amarillos o negros.

Que acabo primero diciendo que estos supremacistas solo quieren que queden en este país personas nacidas en España de raza y blanca. Y los morenos, tendrían que tener un certificado de nacimiento con ocho apellidos españoles, ni vascos, ni catalanes, ni gallegos, solo españoles y muy españoles. Que de la Constitución, ya si eso, se hablará después de las elecciones generales

POSDATA

Lástima que se jubile el juez Peinado, pues según su propia doctrina tendría trabajo, ya que podría acusar a Ayuso por malversación de fondos públicos, al utilizar un asesor para asuntos privados.

Fuente: Redacción

ANEXO I

Beneficios para España de la regularización extraoerdinaria de migrantes

1. Impacto económico

✔️ Aumento de la recaudación fiscal

• Al regularizarse, los trabajadores pasan a cotizar en la Seguridad Social.
• Incremento de ingresos por IRPF, IVA y cotizaciones.

✔️ Reducción de la economía sumergida

• Se formalizan empleos actualmente informales.
• Mejora de la competencia empresarial (menos dumping laboral).

✔️ Cobertura de vacantes laborales

• Sectores con escasez de mano de obra (agricultura, cuidados, hostelería, construcción) se benefician directamente.
• Mejora la productividad al estabilizar plantillas.

2. Mercado laboral y demografía

✔️ Sostenimiento del sistema de pensiones

• Más cotizantes en un contexto de envejecimiento poblacional.
• Mejora la relación entre activos y pensionistas.

✔️ Estabilidad laboral

• Reducción de la precariedad extrema.
• Mayor movilidad laboral y formación.

✔️ Adaptación demográfica

• Compensa la baja natalidad.
• Contribuye al rejuvenecimiento de la población activa.

3. Beneficios sociales

✔️ Mejora en la integración

• Acceso a derechos básicos (sanidad, educación, vivienda).
• Mayor cohesión social y reducción de marginalidad.

✔️ Reducción de la exclusión social

• Menos riesgo de explotación laboral y trata.
• Facilita la participación en la vida comunitaria.

4. Seguridad y gobernanza

✔️ Mejor control administrativo

• Registro oficial de personas que antes estaban fuera del sistema.
• Mayor trazabilidad y planificación de políticas públicas.

✔️ Reducción de la informalidad

• Disminuye el empleo ilegal y las redes de explotación.

5. Impacto sectorial

✔️ Refuerzo de sectores clave

• Agricultura.- mano de obra estacional más estable.
• Cuidados.- Apoyo al sistema de dependencia.
• Turismo y servicios.- Cobertura de alta demanda.

6. Imagen internacional y derechos humanos

✔️ Refuerzo de la reputación internacional

• Posiciona a España como país comprometido con los derechos humanos.

✔️ Cumplimiento de estándares europeos

• Alineación con políticas migratorias más inclusivas dentro de la UE.

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(*) Consideraciones importantes (para el equilibrio del análisis)

• Necesidad de planificación para evitar saturación de servicios públicos.
• Requiere políticas activas de integración (idioma, empleo, vivienda).
• Puede generar debate político y social si no se comunica bien.

Fuente: Internet

OPINIÓN. Judicialización, política y controversia en el caso contra la primera dama.

 El juez Juan Carlos Peinado ha decido terminar la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y propone juzgarla por cuatro delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca) tras dos años de una polémica instrucción.  

El instructor, que ha dejado fuera un quinto delito (el de intrusismo profesional), señala que Gómez se prevalió presuntamente de su relación con Pedro Sánchez para influir en autoridades y funcionarios e impulsar su carrera privada con el desarrollo de una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).Ahora las partes tienen cinco días para presentar conclusiones y alegaciones

El reciente auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid marca un punto de inflexión en uno de los casos más controvertidos de la actualidad política y judicial española. La decisión de dar por concluida la fase de investigación y abrir la puerta a un eventual juicio contra Begoña Gómez, junto a otros investigados como Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, no solo refleja la evolución procesal del caso, sino que también evidencia la compleja intersección entre justicia, política y opinión pública.

El origen del caso, en abril de 2024, a partir de una denuncia de Manos Limpias (pseudo sindicato de extrema derecha) revela bien a las claras cómo determinados actores han impulsado la judicialización de cuestiones vinculadas al entorno del poder político. Posteriormente, la ampliación de la causa mediante querellas de Hazte Oír y Vox, organizaciones de extrema derecha que refuerzan la idea que este proceso no se circunscribe únicamente en el ámbito jurídico, sino también en el terreno ideológico y mediático. 

Estas circunstancias condicionan inevitablemente la interpretación pública del caso, generando un clima de crispación y polarización.

Desde el punto de vista jurídico, el juez instructor ha sostenido la existencia de indicios relacionados con delitos como tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Su argumentación se apoya en elementos como la evolución profesional de Gómez tras la llegada de su esposo a la presidencia del Gobierno, su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid y la participación de entidades privadas en proyectos académicos que ella lideraba. No obstante, muchos de estos indicios han sido cuestionados por las defensas y por la Fiscalía, que consideran que los hechos carecen de relevancia penal.

Uno de los aspectos más controvertidos del auto es la interpretación que realiza el juez sobre el uso de recursos públicos y la participación de personal institucional en actividades que podrían no ajustarse estrictamente a su función. La implicación de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, se presenta como un posible caso de desvío de funciones, mientras que la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés se analiza bajo la sospecha de colaboración en un entramado de influencias. Sin embargo, la calificación jurídica de estas conductas sigue siendo objeto de debate, especialmente en lo relativo a la naturaleza funcionarial de la asesora y la existencia o no de beneficio económico directo.

Asimismo, la cuestión de la captación de fondos privados introduce un elemento adicional de complejidad. El juez plantea que dichas aportaciones podrían haber servido a intereses personales más que institucionales, sugiriendo incluso la posibilidad de contraprestaciones implícitas en forma de ventajas competitivas. Esta interpretación, sin embargo, se enfrenta a la defensa de que los fondos estaban destinados a la universidad y no al patrimonio personal de Gómez, lo que pone de manifiesto la dificultad de delimitar claramente lo público y lo privado en determinados contextos de colaboración institucional.

Otro punto relevante es la acusación de apropiación indebida vinculada al desarrollo de software y registro de marcas. Aquí, el debate jurídico se centra en la naturaleza del bien supuestamente apropiado y en si los hechos encajan realmente en ese tipo penal o, como sostiene la defensa, deberían enmarcarse en el ámbito de la propiedad intelectual o industrial.

En definitiva, este caso pone de relieve no solo la complejidad técnica de los delitos investigados, sino también la fragilidad del equilibrio entre justicia y política en contextos de alta exposición mediática. La apertura de juicio oral, si finalmente se produce, trasladará el debate a un jurado popular (caso la ley lo permita) lo que añade un componente adicional de incertidumbre. Será entonces cuando deba determinarse si los indicios señalados se traducen en pruebas suficientes para sustentar una condena o si, por el contrario, el caso responde más a una controversia política que a una infracción penal.

Fuente: El Pais.com

POSDATA

Ciertamente, llama la atención y no es agradable comprobar, como el Partido Popular, formación política que se le supone ser partido de Estado, y se postula para gobernar el país, solo tenga ojos para admirar los genocidios de Israel, cometidos en Gaza y Líbano, así como los crímenes de guerra de EE.UU. en Irán (masacre de 180 niñas en una escuela, en el primer día del ataque a ese país). 

Y resulta aberrante, que el PP, solo tenga manos para aplaudir a los jueces, que castigan sin pruebas fehacientes como le ocurrió al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o que imputen y propongan juzgar, también sin pruebas fidedignas a la primera dama, Begoña Gómez. 

Además, es sorprendentemente significativo, que la apertura de juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro Ábalos, coincida en el tiempo con la apertura de juicio oral de la Kitchen, justamente después de transcurrir 13 años desde el inicio de dicho proceso judicial, que supongo será, para  tapar las miserias de sus abundantes casos de corrupción política, y en especial, para que no se hable de este juicio, que en mi opinión, la trama de la Kitchen, es el caso de corrupción más grave contra las instituciones del Estado en la historia de la democracia española. 

Que por cierto, huele bastante mal, puesto que el juez instructor, García Castellón, primero ni siquiera llamó a declarar a Rajoy, y después, hábilmente imputó y un mes después exculpó (al objeto de lograr su impunidad) a la secretaria secretaria general del PP a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, después de saber, que ésta, estaba al corriente de los tejemanejes de esta trama de corrupción, de los que era informada regularmente por Villarejo, según audios que salieron a la luz, donde también se advertía que estaba informado el barbas o el asturiano, que ambos eran  apelativos referidos a Rajoy, presidente del gobierno español por entonces, lo cual se confirmó ayer, cuando en el primer día del juicio oral de la Kitchen, durante el interrogatorio como testigo al inspector de policía Fraga, que investigaba el caso, así lo declaró ante el juez. (ver Anexo I).

No está de demás, acabar recordando a todos, los principios por los que debe regirse la justicia (*) 

(*) Los jueces deben regirse por principios fundamentales que garantizan un juicio justo, destacando la independencia, imparcialidad, sumisión al imperio de la ley, inamovilidad y responsabilidad.

Estos pilares aseguran que la justicia, emanada del pueblo, se administre sin presiones externas, con equidad, integridad y objetividad, respetando siempre el debido proceso y la dignidad humana.

Los principios fundamentales se desglosan a continuación:

• Independencia.- Los jueces no están sujetos a jerarquías ni subordinaciones de otros órganos del Estado, garantizando una actuación libre de presiones.
• Imparcialidad.- Obligación de juzgar sin prejuicios ni intereses personales, garantizando igualdad de trato a las partes involucradas.
• Sumisión a la ley.- La actuación judicial se limita a aplicar la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
• Inamovilidad.- Los jueces no pueden ser suspendidos, trasladados o jubilados sino por las causas previstas en la ley, lo que protege su estabilidad.
• Responsabilidad.- Los jueces son responsables de sus actos profesionales, sujetos a control disciplinario y legal.
• Unidad Jurisdiccional.- Base de la organización judicial, asegurando que todos los ciudadanos estén sujetos a los mismos tribunales.
• Exclusividad.- Solo los juzgados y tribunales determinados por la ley pueden juzgar y ejecutar lo juzgado.

Adicionalmente, se espera que el juez actúe con prudencia, mesura y mantenga el secreto profesional

Fuente: Redacción

ANEXO I

Respecto la declaración del Inspector de policía Fraga.

El juicio de Kitchen inició el lunes las declaraciones de los testigos con la declaración del responsable de la investigación policial de la operación con la que el Ministerio de Interior intentó impedir que el caso Bárcenas dañara al PP.

Se trataba del inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga. No hubo ninguna gran revelación, pero sí la confirmación de hechos que tienen un valor superior cuando se hacen ante un tribunal que cuando la gente los lee en los medios de comunicación.

Pocas frases más relevantes de esa investigación que un audio grabado por José Manuel Villarejo, el hombre que grababa a todo el mundo, de una conversación que tuvo con el comisario Enrique García Castaño. El primero le dice al segundo que el objetivo es encontrar “los papeles que pudieran comprometer al presidente”, según explicó Fraga al tribunal. Ellos mismos estaban revelando sus verdaderas intenciones y desde luego ni se planteaban revelar esas pruebas a un tribunal.

El inspector confirmó el contenido de los informes policiales que desvelaron conversaciones entre los acusados. Por eso, pudo confirmar que los sospechosos se referían a Mariano Rajoy con el alias de El Asturiano o El Barbas. El testigo mencionó una conversación de Villarejo con el abogado Javier Iglesias –vinculado al PP y apodado El Largo, esta banda contaba con muchos alias– en la que le pedía que hiciera algo de presión sobre El Asturiano para que solucionara un conflicto interno en la Policía.

“Mandó mensaje a Raj” es otra anotación hecha por Villarejo en una evidente referencia a Rajoy.

La primera cita sobre El Asturiano se refiere a alguien con capacidad para cesar a altos cargos de la Policía, por ejemplo, al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Rajoy no era el único que podía decidir ese cese. 

Una conversación de Villarejo con Ana Rosa Quintana dio otra pista. El comisario resumió a la presentadora de Telecinco en qué había consistido la Operación Kitchen y le contó que El Asturiano era el mote que utilizaban para Rajoy.

Entre los indicios que han llevado a este juicio están los informes redactados por el inspector Fraga, en los que los audios de Villarejo indican que la operación policial contra Bárcenas, ocultada a los jueces, fue coordinada por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 'número dos' del Ministerio, “con conocimiento de El Asturiano y de El Largo”.

Fuente: El Diario.es

OPINIÓN. Al PP, el caso Kitchen hasta ahora le ha salido gratis. Pero ¿y si la Kitchen siguiese vivita y coleando?

Del caso Kitchen y del retraso del  juicio  

El llamado caso Kitchen constituye uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de España, al poner en cuestión los límites del poder político y el respeto a las instituciones democráticas. 

Lejos de tratarse de un hecho aislado, este caso parece insertarse en un contexto más amplio de actuaciones irregulares que algunos han calificado como una “guerra sucia”, en la que determinados sectores del aparato del Estado habrían actuado al margen de la legalidad para proteger intereses partidistas.

El origen de estas prácticas se sitúa en torno a 2012, en un momento de gran tensión política marcado por el auge del desafío soberanista en Cataluña. Bajo la premisa de defender la unidad de España, el Ministerio del Interior habría activado a ciertos mandos policiales que, en lugar de ceñirse a los procedimientos judiciales establecidos, optaron por desarrollar estrategias paralelas. Estas incluían la elaboración y difusión de informaciones no verificadas o incluso falsas, dirigidas a desacreditar a líderes independentistas. La filtración de estos materiales a medios de comunicación afines contribuyó a moldear la opinión pública en momentos políticamente sensibles.

Posteriormente, con la irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos en 2014, este mismo patrón de actuación se habría reproducido. El temor a un cambio en el equilibrio político impulsó, según el texto, una intensificación de estas prácticas, utilizando todo tipo de recursos —desde documentos dudosos hasta testimonios de dudosa credibilidad— con el objetivo de frenar su ascenso. Esta dinámica revela una preocupante instrumentalización de las instituciones del Estado para fines partidistas, lo que supone una amenaza directa a los principios democráticos.

En este contexto, el caso Kitchen adquiere una dimensión especialmente grave, ya que no solo implicaría ataques a adversarios políticos, sino también la protección de miembros del propio partido en el poder. La supuesta operación para obstaculizar la investigación de la financiación irregular del Partido Popular sugiere una inversión de los roles institucionales: quienes debían perseguir el delito habrían actuado para encubrirlo. Esta alteración del orden legal no solo compromete la credibilidad de las fuerzas de seguridad, sino que erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Otro aspecto relevante es la percepción de que el proceso judicial en curso no está abordando la totalidad de las responsabilidades. La ausencia de figuras clave en el banquillo, así como las circunstancias que rodean a algunos de los implicados, alimentan la idea de que la rendición de cuentas podría ser incompleta. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para depurar responsabilidades en casos que afectan a las más altas esferas del poder.

En resumen, el caso Kitchen no solo pone de relieve posibles irregularidades concretas, sino que invita a una reflexión más profunda sobre la salud del Estado de derecho en España. La utilización de recursos públicos con fines partidistas, la manipulación de información y la obstrucción de la justicia son prácticas incompatibles con una democracia consolidada. Por ello, resulta fundamental que los mecanismos de control y transparencia funcionen de manera efectiva, garantizando que ninguna institución ni persona esté por encima de la ley. 

(*) Ver Anexo I para más información y lista de acusados en dicho juicio.

Fuente: El Pais.com 

De la erosión del Estado de derecho con el caso Kitchen 

Aquí y ahora, se plantea el “por qué” del retraso del juicio por la denuncia del caso de corrupción de la Kitchen. Pero si como parece es tan grave,  ¿por qué se ha retrasado 13 años el comienzo del correspondiente juicio?

El caso Kitchen, va sobre corrupción política y más concretamente, sobre la  presunta utilización de las instituciones del Estado por parte del Partido Popular, para llevar a cabo prácticas de “guerra sucia” contra adversarios políticos, periodistas y determinados sectores ideológicos. 

A partir de esta premisa, puede hacerse un análisis crítico que no solo mire al pasado —con el llamado caso Kitchen—, sino que también pueda proyectarse a futuro. De ahí las inquietantes dudas, por si un caso similar de corrupción volviese a repetirse en el futuro, impactando del mismo modo o peor, en la calidad democrática española.

En primer lugar, se puede y se debe analizar el Caso Kitchen, como un símbolo de una presunta corrupción sistémica. No se trata únicamente de un episodio aislado, sino de una forma de entender el poder: el uso de recursos públicos con fines partidistas. Siendo la idea central que, pese a la gravedad de los hechos, no ha habido consecuencias jurídicas proporcionales.

Esto conduce a una reflexión clave: cuando los delitos políticos no se castigan, se genera un incentivo perverso que puede favorecer su repetición. La impunidad, por tanto, no solo afecta al pasado, sino que condiciona el presente y se proyecta a futuro.

Y entonces se puede introducir una pregunta retórica interesante, ¿existe una “Kitchen 2.0”?

Actualmente, esa cuestión se abre el debate sobre la posibilidad, que hubiese una continuidad de la “guerra sucia política”, puesto que, aún sin poder confirmarse de manera concluyente, si puede sugerirse la existencia de riesgos respecto que mecanismos de presión política, judicial y mediática, sigan operando bajo nuevas formas.

En ese sentido, el papel de la judicatura aparece como un elemento central, con jueces estrella como Manuel García-Castellón y casos vinculados a políticos como Cristóbal Montoro, Eduardo Zaplana o Rodrigo Rato. El argumento irrefutable sugiere que la dilación de los procesos judiciales podría actuar como una forma indirecta de impunidad.

Otro eje importante de esa idea se refiere a la relación entre política y medios de comunicación. Donde debe plantearse que ciertos sectores mediáticos podrían ser utilizados como herramientas para señalar o desacreditar a adversarios políticos, incluyendo a figuras vinculadas a Pedro Sánchez. 

Esta crítica se puede ampliar si se denuncia un supuesto doble rasero en el tratamiento de distintos medios públicos y privados, como las cadenas de televisión, RTVE, Telemadrid, À Punt o Canal Sur, pues según parece, existiría una instrumentalización desigual de estos espacios informativos en función de intereses políticos.

Asimismo, debe abordarse el papel de otras fuerzas políticas como Vox, a las que se acusa de participar en estrategias de presión judicial y mediática, que se circunscribe a un determinado  “modus operandi” basado en demandas, querellas y campañas de desgaste dirigidas contra periodistas y medios considerados progresistas. Esta dinámica, no solo afecta a individuos concretos, sino que tiene un efecto más amplio sobre la libertad de prensa y el pluralismo informativo.

En conclusión, la tesis vendría a decir, que la democracia española podría estar enfrentándose a una erosión silenciosa a través de prácticas que combinan poder político, judicial y mediático. Más allá de la veracidad o interpretación de los hechos concretos —que requerirían un análisis jurídico y factual detallado— esos hechos deberían invitar a reflexionar sobre un principio fundamental: “sin rendición de cuentas efectiva, el Estado de derecho se debilita”.

La pregunta que subyace, no sólo sería, si existió una “Kitchen”, que también, sino “si las condiciones que la hicieron posible siguen presentes en la actualidad”.

Y ahí está el peligro, pues el Partido Popular cuando gobierna prepara las condiciones para cuando esté en la oposición llegar al gobierno rápidamente aunque sea utilizando atajos o por la puerta de atrás, de manera antidemocrática unas veces y otras además,  de forma ilegal. 

Fuente: El Plural.com

ANEXO I

Lista de principales acusados  en el juicio del caso Kitchen y resumen de cargos al respecto de cada uno.

Francisco Martínez

• Operación Cataluña.- Fue primero jefe de gabinete y luego secretario de Estado de Seguridad durante el primer mandato de Rajoy. Como número dos del Ministerio coordinó a más de 150.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad. Con los comisarios e inspectores jefe de la brigada política despachaba directamente. Niega que la operación Cataluña existiera y dice que solo eran investigaciones de corrupción.
• Podemos.- Es el principal imputado en la causa de la Audiencia Nacional por la guerra sucia al partido. Sus mensajes con la brigada política ceban la querella que dio origen al caso. En un intercambio con uno de los comisarios de la brigada política, Martínez busca datos que poder entregar a la prensa para atacar a los 69 diputados de Podemos. Es 30 de enero de 2016. “¿Los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc?”.
• Kitchen.- Anticorrupción pide para él 15 años de cárcel como coordinador de la operación de espionaje a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados.

Eugenio Pino

• Operación Cataluña.- Nada de lo que ocurrió en la Policía entre 2016 y 2016 fue ajeno al director operativo, el comisario que el PP eligió para dirigir el Cuerpo y que creó la brigada política. Por ahora ha sido condenado por intentar introducir información obtenida ilícitamente en la causa contra los Pujol. 
• Podemos.- Un perfil tan radical como el de Pino extendió su obsesión por los independentistas a los dirigentes de Podemos. Dirigió todas las operaciones que acabaron en los medios afines al PP con material falso. “Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón [en ese momento, número dos de Podemos]. Pero con la condición hablada esta mañana, que salga en uno de los dos periódicos…”, le escribe al secretario de Estado de Seguridad.
• Kitchen.- El comisario sobre el terreno del espionaje a Bárcenas declaró que recibió instrucciones de dos superiores: el número dos de Interior y el director operativo de la Policía. Anticorrupción pide 15 años de cárcel para él.

José Manuel Villarejo

• Operación Cataluña.- Desde que el PP entró en el Gobierno se ofreció como indispensable para todas las operaciones inconfesables de Interior. Luego utilizó su participación para contraatacar, cuando empezó a tener problemas con la justicia. Fue el primero en reconocer en sede judicial la existencia de la Operación Cataluña.
• Podemos.- Ha quedado visto para sentencia el juicio del caso Dina Bousselham, la asistente de Pablo Iglesias a quien alguien sustrajo el teléfono móvil. Una copia del terminal apareció en los registros a Villarejo. Y de ese material salieron varias informaciones en OkDiario y el Confidencial. La larga sombra de Villarejo aparece en el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán, introduciendo acusaciones sobre blanqueo de capitales de la formación en una de sus notas, incorporadas a la maniobra.
• Kitchen.- La Fiscalía solicita la pena más alta para él, 19 años de cárcel. Fue uno de los dos encargados en tratar con el topo en la familia Bárcenas, el chófer. Él mismo se grabó realizando los pagos periódicos de 2.000 euros de los fondos reservados.

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

• Operación Cataluña.- El fontanero de la Policía en cuatro décadas de democracia, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, estuvo en primera línea cuando el Gobierno del PP decidió combatir extrajudicialmente el desafío soberanista. Él personalmente colocó los micrófonos de la reunión entre el ministro Fernández Díaz y el director de Antifrau, José Alfonso, en la que se detalla el ‘modus operandi’ de la Operación Cataluña.
• Podemos.- Al 'Gordo', como se le conoce en la Policía, recurrió el número dos de Interior para intentar averiguar posibles antecedentes de los diputados del partido con los que poder ensuciar en 2016 a la formación política emergente. Cuando él dice que no aparece “nada” comprometedor, Martínez responde: “¡Cagüen la puta!”.
• Kitchen.- García Castaño no se sienta en el banquillo porque sufrió un ictus que le ha dejado graves secuelas. Todas las causas contra él se han archivado. Setenta de sus subordinados participaron en los seguimientos a la familia Bárcenas. Él mismo allanó un local de la mujer del extesorero en busca de los discos duros de Bárcenas. Y recibió en un bar tres teléfonos de Bárcenas que había sustraído el chófer para copiarlos y devolverlos.

José Luis Olivera

• Operación Cataluña.- Participó en su hito fundacional, al menos entre los hechos conocidos: la reunión en Barcelona en que la brigada política presionó a los fiscales del caso de financiación de CDC para que registraran su sede en plena precampaña electoral, en octubre de 2012.
• Podemos.- “Tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace cinco años y luego que expliquen”, dice en una grabación de Villarejo. También urdió el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Los informes a la Fiscalía avalando el disparatado relato de un confidente llevan su firma.
• Kitchen.- Antes de llegar el PP al Gobierno fue jefe de la UDEF, unidad contra los delitos económicos y la corrupción. Fue, por tanto, superior del inspector que investigaba los casos Gürtel y caja B. En una grabación, Villarejo se jacta, en su presencia, de que ambos rebajaron el primero de ellos para que no salpicara a la cúpula del PP. Sobre la Caja B se dedicó a coaccionar al inspector Morocho ofreciéndole destinos en el extranjero y que dejara las pesquisas.

José Ángel Fuentes Gago

• Operación Cataluña.- Es el muñidor de la reunión entre el director de Antifrau y el ministro Fernández Díaz en el despacho de este. La misma en la que el titular de Interior habla de fabricar pruebas contra los separatistas porque después “la Fiscalía te lo afina”.
• Podemos.- Está en el centro de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el viaje a Nueva York de abril de 2016. Allí se desplazó para intentar convencer a un exministro de Hugo Chávez que avalara una fotocopia sobre pagos a fundadores de Podemos de dudoso origen y veracidad. Allí pronunció la frase que vincula al presidente Rajoy con el operativo que quedó grabada. Dijo acudir con “un mandato” del jefe del Ejecutivo español.
• Kitchen.- Está acusado en Kitchen como participante en la operación desde su puesto de jefe de gabinete de Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa.

Andrés Gómez Gordo

• Operación Cataluña.- Cuando arrancaron las maniobras contra el procés, Gómez Gordo estaba fuera de la Policía. Era la segunda vez que dejaba el Cuerpo en busca de dinero e influencia. En ese momento era la sombra de María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha.
• Podemos.- Otros policías implicados le sitúan en la confección del informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) sobre la supuesta financiación ilegal del partido, una de las principales maniobras contra Podemos durante el Gobierno del PP.
• Kitchen.- Pieza clave en el espionaje a Bárcenas. El chófer solo accedió a colaborar cuando se lo pidió él, al que conocía de hace años. Se trasladó a Madrid y participó en el control y los pagos al topo de la familia Bárcenas.

Marcelino Martín-Blas

• Operación Cataluña.- Es el policía que acompañó a Olivera en la reunión con los fiscales del caso de Convergencia. La opacidad que requiere su unidad para investigar en secreto a policías corruptos fue utilizada por el Gobierno del PP para convertirla en una especie de agente sobre el terreno.
• Podemos.- Su enfrentamiento con el comisario Villarejo le hizo ser apartado de Asuntos Internos y no hay constancia de que participara en las maniobras contra Podemos. Con posterioridad se acercó a la formación política intentando esgrimir esa figura anti-Villarejo. Ya colaboraba con el PP cuando este estaba en la oposición.
• Kitchen.- Está acusado de enviar a sus subordinados a espiar a la familia Bárcenas.

Bonifacio Díez Sevillano

• Operación Cataluña.- El menos conocido de los miembros de la brigada política actuó en todos los frentes de la guerra sucia. Era agregado del Ministerio del Interior en Andorra cuando arrancaron las maniobras contra los líderes soberanistas, destinadas a rastrear supuestos fondos y pagos en el pequeño país vecino. Fue juzgado, y absuelto, por ayudar a Pino a introducir información obtenida ilegalmente en el caso de los Pujol, el caso pendrive.
• Podemos.- Aparece gestionando la colaboración de antiguos jerarcas del régimen venezolano contra Podemos y reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en las Granadinas. Está imputado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
• Kitchen.- Completa el récord de imputaciones con la del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas por su participación cuando fue trasladado de Andorra a Madrid y se incorporó a la Dirección Adjunta Operativa como colaborador directo de Eugenio Pino.

Sergio Ríos Esgueva

• Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones.

Fuente: El Pais.com 

DIPLOMACIA. El difícil equilibrio entre diálogo y desconfianza.

La reciente ronda de negociaciones entre JD Vance y representantes de Irán en Islamabad constituye un episodio revelador de la complejidad inherente a los conflictos internacionales contemporáneos.

Aunque el encuentro fue presentado como un hito diplomático —al tratarse del primer contacto directo de alto nivel en décadas entre Washington y Teherán—, su desenlace sin acuerdo pone de manifiesto los límites estructurales del diálogo cuando persisten profundas divergencias estratégicas y una marcada desconfianza mutua.

En primer lugar, es importante subrayar que el simple hecho de que ambas potencias se sentaran a negociar ya representa un avance significativo. Desde la Revolución Islámica de 1979, las relaciones entre Estados Unidos e Irán han estado marcadas por la hostilidad, el aislamiento y los conflictos indirectos. En este contexto, el encuentro en Pakistán simboliza una apertura, aunque frágil, hacia la diplomacia como alternativa a la confrontación directa. Sin embargo, esta apertura se vio rápidamente limitada por las condiciones impuestas por ambas partes.

Uno de los principales puntos de fricción fue la exigencia estadounidense de garantías absolutas sobre el programa nuclear iraní. Desde la perspectiva de Washington, evitar la proliferación nuclear es una prioridad estratégica irrenunciable. No obstante, para Teherán, aceptar tales condiciones puede interpretarse como una cesión de soberanía y una imposición externa. Este choque de intereses evidencia cómo, en la arena internacional, los principios de seguridad y autonomía nacional suelen entrar en conflicto, dificultando la consecución de acuerdos duraderos.

A ello se suma el papel de los discursos políticos en la dinámica negociadora. Las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que su país “ganaría independientemente de lo que sucediera”, contribuyen a reforzar un clima de confrontación más que de cooperación. Este tipo de retórica, lejos de facilitar el diálogo, tiende a endurecer las posturas y a alimentar la narrativa de desconfianza que ya impera entre ambas naciones.

Por otro lado es de resaltar, la importancia de los actores intermediarios, en este caso Pakistán. La mediación paquistaní demuestra que, incluso en escenarios de alta tensión, los terceros países pueden desempeñar un papel clave para mantener abiertos los canales de comunicación. Sin embargo, su capacidad de influencia es limitada cuando las partes implicadas mantienen posiciones rígidas en cuestiones fundamentales.

Asimismo, el episodio del estrecho de Ormuz ilustra cómo los factores geopolíticos y económicos se entrelazan con la diplomacia. Este enclave es crucial para el comercio energético global, por lo que cualquier incidente o rumor en la zona tiene repercusiones internacionales inmediatas. La contradicción entre las versiones de Estados Unidos e Irán sobre los movimientos en el estrecho refuerza la percepción de inestabilidad y pone en evidencia la fragilidad del proceso negociador.

En conclusión, las negociaciones en Islamabad reflejan tanto el potencial como las limitaciones de la diplomacia en contextos de conflicto prolongado. Aunque no se alcanzó un acuerdo, el mantenimiento del diálogo sugiere que ninguna de las partes está dispuesta a cerrar completamente la vía diplomática. No obstante, mientras persistan la desconfianza, las exigencias maximalistas y la retórica confrontativa, cualquier avance será necesariamente lento y precario. Este episodio confirma que la paz no depende únicamente de sentarse a negociar, sino de la voluntad real de ceder y construir consensos en un terreno profundamente marcado por intereses contrapuestos.

Fuente: El Plural.com

GEOPOLÍTICA. De la Nueva Era que nos trae el triunvirato que gobierna este nuevo mundo, formado por Trump, Putin y Netanyahu.

    Los mecanismos de contención que durante décadas limitaron el uso de la fuerza, están perdiendo peso en esta Nueva Era, caracterizada por una lógica cada vez más marcada por el poder militar y la política de hechos consumados. Todo esto se ha acrecentado, desde que han coincidido en el poder, los gobiernos de: Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel, Donald Trump como  presidente de EE.UU. y Vladimir Putin como presidente de Rusia.

El orden internacional surgido tras el final de la Guerra Fría atraviesa una crisis profunda. Las reglas compartidas, las instituciones multilaterales y los mecanismos de contención que durante décadas limitaron el uso de la fuerza están perdiendo peso frente a una lógica cada vez más marcada por el poder militar y la política de hechos consumados.

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se ha convertido en el último episodio de este deterioro. Para muchos analistas, no se trata de un conflicto aislado, sino de una señal más del cambio de era en el que el derecho internacional pierde terreno frente a la llamada “ley de la jungla”.

Figuras como Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu aparecen en el centro de este proceso, según expertos en relaciones internacionales, al impulsar políticas que desafían abiertamente las normas multilaterales construidas durante décadas.

La Nueva Era del desgobierno del buen mal como mal menor.

Cuando de la mano de unas elecciones democráticas es elegido un nuevo gobernante en un país, todos los demócratas se deberían alegrar y al tiempo celebrar que la democracia había vuelto a triunfar.

Pero cuando los candidatos elegidos son Putin, Trump o Netanyahu, a muchos personas que no han participado en dichas elecciones, les da por pensar que en esos países tienen una democracia fallida, y quizás sea un error pensar así, porque a priori, en las campañas electorales correspondientes, pocas personas podrían llegar a concluir que dichos candidatos electorales se iban a convertir en los nuevos señores de la guerra del siglo XXI. Y probablemente los citados líderes, tengan algún interés de tipo personal, político, económico, o religioso  —que a éste que escribe se le escapa— para mantener sus actuales guerras en activo.

Por ello se presenta primero un breve resumen de las conflictos bélicos o/y operaciones militares especiales, que sin mediar provocación previa en la mayoría de casos, iniciaron durante sus mandatos estos acérrimos defensores de la guerra sin cuartel, que desprecian la diplomacia y si me apuran, de hasta la democracia reniegan.

Y de aquellos polvos estos lodos, pues dichas  operaciones militares especiales llevadas a cabo por estos tres dirigentes, no presagiaban nada bueno, derivando en presuntos crímenes de guerra, que tuvieron lugar en el transcurso de algunas de dichos conflictos —supongo, que de haberlo sabido, habría sido  tenido en cuenta por sus correspondientes electores— puesto que la teoría se llevó a la práctica en la mayoría de dichos conflictos armados, cuando pusieron de relieve sus tendencias, demostrándose que compartían unas actitudes amorales ciertamente cuestionables, como  pueden ser: el imperialismo, la barbarie y la indiferencia respecto del respeto de los derechos humanos.

En la idea, que estos hechos no vuelvan a repetirse, se exponen los currículum bélicos de estos paladines de la guerra discontinua pero sin tregua, y las consecuencias de las mismas, en forma de violaciones de derechos humanos y pérdidas de vidas humanas, tanto  civiles como militares. 

SOBRE LAS GUERRAS DE NETANYAHU

Bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, quien ha ocupado el cargo de primer ministro en varios periodos (1996-1999, 2009-2021 y de finales de 2022 hasta hoy), Israel ha llevado a cabo múltiples operaciones militares de gran envergadura y ha entrado en conflictos abiertos, principalmente contra grupos militantes palestinos y recientemente contra potencias regionales.

A continuación se presenta un resumen de los principales conflictos y guerras durante sus mandatos:

1º) Conflictos en la Franja de Gaza

La mayoría de las operaciones militares de Netanyahu se han centrado en el enfrentamiento con Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza.

• Operación Pilar Defensivo (2012).- Una campaña de ocho días que comenzó con el asesinato del jefe militar de Hamás, Ahmed Jabari. El objetivo declarado fue detener el lanzamiento de cohetes hacia Israel.
• Operación Margen Protector (2014).- Uno de los conflictos más letales, con una duración de 50 días. Se inició tras el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes y escaló a una ofensiva terrestre para destruir los túneles de Hamás.
• Operación Guardián de los Muros (2021).- Estalló tras tensiones en Jerusalén (desalojos en Sheikh Jarrah y enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa). Duró 11 días y se caracterizó por intensos bombardeos aéreos y lanzamientos masivos de cohetes desde Gaza.
• Guerra Israel-Hamás (octubre 2023 - presente).-Iniciada tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 (que causaron más de 1.000 muertes). Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las autoridades israelíes, hasta diciembre de 2025, más de 72.000 personas habían muerto en la guerra de Gaza —descrito por numerosas fuentes como un genocidio—. En su gran mayoría en la Franja de Gaza. Entre los muertos se cuentan unos 1.600 trabajadores sanitarios, 390 trabajadores de la UNRWA(ONU) —el mayor número de muertos en la historia de las Naciones Unidas— 120 académicos y más de 259 periodistas. Se cree que hay miles de cadáveres más bajo los escombros de los edificios destruidos. Una serie de estudios académicos estiman  que el 80 % de palestinos muertos son civiles. Un estudio de la OACDH, que verificó las muertes de tres fuentes independientes, encontró que el 70 % de los palestinos muertos en edificios residenciales o viviendas, eran mujeres y niños.
• Sudáfrica denuncia a Israel por Genocidio .- El proceso iniciado por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel el 29 de diciembre de 2023, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel), se refiere a presuntas violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos en la Franja de Gaza. La presentación de Sudáfrica sitúa los cargos en lo que describe como «el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus setenta y cinco años de apartheid, sus cincuenta y seis años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de dieciséis años». Sudáfrica ha solicitado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicte medidas provisionales de protección.

2º) Conflictos en el Líbano

Netanyahu ha mantenido una política de ataques contra infraestructuras de Hezbolá para evitar el tráfico de armas y asegurar su frontera norte.

• Operaciones contra Hezbolá (2024-2026).- Aunque los enfrentamientos han sido constantes desde 2023, en 2026 se han reportado ofensivas de gran escala que incluyen bombardeos masivos en zona civil. Solo ayer el ejército israelí con sus bombardeos causó la muerte de 254 civiles y hubo 1.100 heridos. En total desde 2023 hasta el presente, que según el analista militar estadounidense Richard Gabriel, la cifra de muertos oscila entre 5.000 y 8.000 civiles. Y se cree que los heridos pueden superar los 100.000.  

3º) Guerra Directa con Irán

En sus mandatos más recientes, la "guerra en la sombra" con Irán ha pasado a ser un conflicto abierto.

• Guerra de los Doce Días (junio de 2025).- Un conflicto directo que involucró ataques aéreos masivos contra instalaciones nucleares y militares iraníes, seguido de represalias con misiles por parte de Teherán.
• Ofensiva de 2026.- Operaciones conjuntas con EE. UU. (bajo la administración Trump) que han buscado desmantelar la capacidad de producción de misiles e infraestructuras nucleares de Irán.

Resumen Cronológico de Operaciones Clave

Año	Operación / Conflicto	Objetivo Principal
2012	Pilar Defensivo	Neutralizar el mando militar de Hamás y detener cohetes.
2014	Margen Protector	Destruir túneles de ataque en Gaza.
2021	Guardián de los Muros	Responder al lanzamiento de cohetes tras tensiones en Jerusalén.
2023-Act.	Espadas de Hierro	Destruir la capacidad gubernamental y militar de Hamás.
2025	Guerra de los Doce Días	Atacar el programa nuclear e infraestructuras de Irán.
2026	Ofensiva contra Irán/Líbano	Eliminar amenazas existenciales de Irán y Hezbolá.

 

Cabe destacar que, antes de ser primer ministro, Netanyahu también participó como soldado en la Guerra de Desgaste(1967-1970) y la Guerra de Yom Kipur(1973) como miembro de la unidad de élite Sayeret Matkal

 

SOBRE LAS GUERRAS DE TRUMP

Durante las administraciones de Donald Trump, se han registrado acciones militares directas y ataques que diversos analistas y críticos internacionales han catalogado como ofensivas sin una provocación directa previa o "ataques preventivos".

A continuación se presenta un resumen estructurado de estas acciones, diferenciando entre su primer mandato (2017-2021) y los eventos reportados en su segundo mandato (iniciado en 2025):

Primer Mandato (2017–2021)

En este periodo, las acciones se centraron en ataques de precisión y represalias rápidas sin una declaración formal de guerra.

• Siria (Abril 2017 y Abril 2018).- Trump ordenó ataques directos con misiles contra bases del gobierno de Bashar al-Assad. Estos se justificaron como respuesta al presunto uso de armas químicas, aunque fueron ataques unilaterales contra un estado soberano sin agresión previa a EE.UU.
• Irán (Enero 2020).- La ejecución mediante un dron del general iraní Qasem Soleimani en Bagdad. Se realizó sin consulta al Congreso y sin presentar pruebas públicas de una "amenaza inminente" en ese momento, lo que disparó las tensiones regionales.
• Yemen y Somalia.- Intensificación del uso de drones y operaciones especiales contra grupos insurgentes, a menudo en zonas declaradas de "hostilidades activas" para relajar las reglas de enfrentamiento y protección de civiles .

Segundo Mandato (2025– hasta el Presente)

Informaciones recientes indican una escalada significativa en el uso de la fuerza militar bajo la doctrina de "máxima presión" y "seguridad nacional".

• Guerra de Irán (Febrero - Abril 2026)
• Operación Furia Épica / Midnight Hammer.- El 28 de febrero de 2025 (y con ataques masivos en marzo de 2026), EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva aérea coordinada contra instalaciones nucleares y militares en Irán .
• Justificación.- La administración alegó la necesidad de destruir la capacidad nuclear iraní y eliminar a sus líderes, aunque se realizó sin autorización del Congreso y ha sido calificada como un ataque masivo preventivo .
• Venezuela (Enero - Marzo 2026)
• Intervención militar.- Tras meses de bloqueo naval en el Caribe, EE.UU. bombardeó objetivos en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro .
• Contexto.- Las acciones comenzaron como "operaciones contra el narcoterrorismo" sobre embarcaciones en el Caribe antes de escalar al ataque directo y captura del mandatario.
• Otras Incursiones (2025-2026).- Se han reportado bombardeos y ataques masivos en Nigeria, Irak, Yemen y Somalia como parte de una expansión de las operaciones antiterroristas globales.

Resumen de Países Atacados u Operados (2025-2026)

Según reportes actuales, en su segundo año de mandato ha ordenado operativos o ataques en al menos 7 países:

1. Irán (Conflicto de gran escala y ataques a infraestructuras)
2. Venezuela (Bombardeo y captura de líder)
3. Siria (Ataques a objetivos militares)
4. Irak (Bombardeos a milicias)
5. Yemen (Ataques a militantes hutíes)
6. Somalia (Operaciones antiterroristas)

 

SOBRE LAS GUERRAS DE PUTIN

Desde que Vladímir Putin asumió el poder como primer ministro en 1999 y posteriormente como presidente, Rusia ha estado involucrada en varios conflictos bélicos clave que han buscado reafirmar su influencia regional y global.

A continuación, se presenta un resumen estructurado de estas guerras:

1º) Segunda Guerra Chechena (1999–2009)

• Contexto.- Putin, entonces primer ministro, lanzó la ofensiva tras una serie de atentados en apartamentos rusos y la invasión de Daguestán por rebeldes chechenos.
• Resultado.- Rusia retomó el control de la república tras años de intensos combates y el asedio a la capital, Grózni. Se instauró un gobierno local prorruso liderado inicialmente por Ajmat Kadýrov.

2º) Guerra Ruso-Georgiana (2008)

• Contexto.- Se desencadenó tras tensiones en las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia. Putin era primer ministro bajo la presidencia de Dmitri Medvédev, aunque fue el arquitecto político de la respuesta militar.
• Resultado.- Fue un conflicto breve (5 días) que terminó con la derrota de Georgia y el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de ambas regiones, estableciendo bases militares permanentes allí.

3º) Intervención en Siria (2015–Presente)

• Contexto.- Rusia intervino militarmente para apoyar al gobierno de Bashar al-Ásad contra diversos grupos rebeldes y el Estado Islámico.
• Resultado.- La intervención fue decisiva para que el régimen de al-Ásad recuperara la mayor parte del territorio sirio y permitió a Rusia consolidar su presencia estratégica en el Mediterráneo mediante sus bases en Tartus y Jmeimim.

4º) Guerra Ruso-Ucraniana (2014 hasta el Presente)

Este conflicto se divide en dos fases principales bajo el liderazgo de Putin:

• Anexión de Crimea y Guerra en el Donbás (2014).- Tras las protestas del Euromaidán en Kiev, Rusia se anexionó la península de Crimea y apoyó a milicias separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk.
• Invasión a gran escala (2022 hasta la actualidad).

El 24 de febrero de 2022, Putin ordenó una "operación militar especial" con el objetivo de "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania.

• Estado actual (abril 2026).- El conflicto continúa como una guerra de desgaste a gran escala. Rusia controla aproximadamente el 18% del territorio ucraniano. Las bajas de Ucrania se estiman en cientos de miles de soldados y miles de civiles fallecidos (unos 15.000 civiles según la ONU )

(*) La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania.

Análisis comparado de conflictos recientes en Gaza, Ucrania y Oriente Próximo ampliado, respecto violaciones del derecho internacional humanitario. 

Resumen

En este apartado, se analiza comparativamente las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en tres contextos contemporáneos: 1) la guerra en Gaza bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu; 2) las operaciones militares relacionadas con Irán y el Líbano en las que han participado Israel y Estados Unidos; 3) la invasión de Ucrania por Rusia bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Donde se argumenta que, si bien existen patrones comunes —como ataques a civiles, desplazamientos forzados y restricciones a la ayuda humanitaria—, también se observan diferencias significativas en la naturaleza de los conflictos, la escala de las violaciones y su contexto geopolítico. El estudio concluye que estos casos reflejan una crisis estructural en la aplicación del DIH.

1. Introducción

El derecho internacional humanitario, codificado principalmente en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, establece normas fundamentales para limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a la población civil y restringiendo los medios y métodos de guerra (International Committee of the Red Cross [ICRC], 1949/2016).

En los últimos años, diversos conflictos han puesto en cuestión la eficacia de estas normas. Entre ellos destacan la guerra en Gaza, las tensiones militares en torno a Irán y el Líbano, y la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022. Este artículo propone un análisis comparado de estos escenarios, centrándose en las violaciones graves del DIH.

2. Similitudes en las violaciones del DIH

2.1 Ataques contra civiles e infraestructuras civiles

Uno de los elementos más consistentes en los tres conflictos es el impacto desproporcionado sobre la población civil. Diversos informes documentan ataques a zonas densamente pobladas, hospitales e infraestructuras esenciales.

• En Gaza, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado ataques que podrían constituir crímenes de guerra debido a su carácter indiscriminado o desproporcionado (Human Rights Watch, 2025). 
• En Ucrania, Naciones Unidas ha documentado bombardeos sistemáticos sobre infraestructuras energéticas y urbanas (United Nations, 2023).

Estos hechos sugieren posibles violaciones de los principios de distinción y proporcionalidad, pilares fundamentales del DIH.

2.2 Uso del hambre y bloqueo como método de guerra

El uso de la privación de recursos básicos como herramienta militar constituye otra similitud relevante.

• En Gaza, el bloqueo y las restricciones a la ayuda humanitaria han generado acusaciones de uso del hambre como método de guerra (Amnesty International, 2024). 
• En Ucrania, los ataques a infraestructuras agrícolas y el bloqueo de puertos han tenido consecuencias tanto locales como globales en la seguridad alimentaria (Food and Agriculture Organization, 2023).

Estas prácticas están prohibidas por el DIH, que establece la obligación de permitir el acceso humanitario a la población civil.

2.3 Desplazamiento forzado

Los desplazamientos masivos de población civil son otra característica común. 

• En Ucrania, millones de personas han sido desplazadas interna y externamente (United Nations High Commissioner for Refugees, 2023).
• En Gaza y el sur del Líbano, los bombardeos han provocado evacuaciones forzadas a gran escala.

El desplazamiento forzado, cuando no está justificado por razones de seguridad o necesidad militar imperativa, constituye una violación del DIH.

2.4 Problemas de rendición de cuentas

En todos los casos analizados se observa una limitada efectividad de los mecanismos internacionales de justicia. 

La Corte Penal Internacional ha iniciado investigaciones en varios de estos contextos, pero enfrenta resistencias políticas significativas (Schabas, 2020).

3. Diferencias clave entre los conflictos

3.1 Naturaleza del conflicto

Una diferencia fundamental radica en el tipo de conflicto:

• La guerra en Ucrania es un conflicto armado internacional clásico entre Estados.
• El conflicto en Gaza y el Líbano presenta características de guerra asimétrica entre un Estado y actores no estatales.
• Las operaciones contra Irán combinan elementos de confrontación interestatal y guerra preventiva.

Estas diferencias afectan la aplicación práctica del DIH, especialmente en lo relativo a la identificación de combatientes.

3.2 Escala y sistematicidad

• Las violaciones en Gaza han sido caracterizadas por algunos informes como sistemáticas y generalizadas (Amnesty International, 2024). 
• En Ucrania, si bien se han documentado numerosas violaciones, estas suelen analizarse en términos de incidentes específicos (United Nations, 2023).
• En el caso de Irán, los enfrentamientos han sido más puntuales, aunque con alto potencial de escalada regional.

3.3 Contexto geopolítico y narrativo

La respuesta internacional varía considerablemente según el conflicto. 

• La invasión de Ucrania ha generado una condena amplia y sanciones económicas contra Rusia, mientras que el conflicto en Gaza está más polarizado a nivel internacional.
• El papel de Estados Unidos y sus alianzas también influye en la interpretación y respuesta a las violaciones del DIH (Mearsheimer, 2018).

3.4 Objetivos estratégicos

Los objetivos militares difieren significativamente:

• Rusia busca control territorial en Ucrania.
• Israel ha declarado como objetivo la eliminación de grupos armados como Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano.
• Estados Unidos e Israel han justificado acciones contra Irán en términos de seguridad preventiva.

Estas diferencias influyen en la naturaleza de las operaciones militares y, por ende, en los tipos de violaciones observadas.

4. Discusión: crisis del derecho internacional humanitario

El análisis comparado sugiere que el DIH enfrenta una crisis de aplicación más que de validez normativa. Como señala Antonio Cassese, la eficacia del derecho internacional depende en gran medida de la voluntad política de los Estados.

Factores como la asimetría de poder, la proliferación de conflictos híbridos y el debilitamiento del multilateralismo contribuyen a esta situación.

5. CONCLUSIÓN

Los conflictos en Gaza, Ucrania y Oriente Próximo ampliado presentan tanto similitudes como diferencias en términos de violaciones del DIH. En todos ellos se observan patrones preocupantes de ataques a civiles, desplazamientos forzados y restricciones a la ayuda humanitaria. Sin embargo, las diferencias en la naturaleza de los conflictos, su escala y su contexto geopolítico condicionan la forma en que estas violaciones se producen y se interpretan.

En última instancia, estos casos reflejan una erosión del orden jurídico internacional, en la que la aplicación del DIH depende cada vez más de factores políticos que jurídicos.

Referencias (APA)

• Amnesty International. (2024). Israel/Occupied Palestinian Territories: Evidence of war crimes and crimes against humanity.
• Food and Agriculture Organization. (2023). The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets.
• Human Rights Watch. (2025). World Report 2025.
• International Committee of the Red Cross. (2016). The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols. (Trabajo original publicado en 1949).
• Mearsheimer, J. J. (2018). The great delusion: Liberal dreams and international realities. Yale University Press.
• Schabas, W. A. (2020). An introduction to the International Criminal Court (6th ed.). Cambridge University Press.
• United Nations. (2023). Reports on the human rights situation in Ukraine.
• United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). Global trends: Forced displacement in 2023.