El fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid, el pasado 23 de septiembre, se ha producido ayer, tras permanecer ingresada en el hospital 15 días. Descanse en paz.
El caso de Maricarmen y su posterior fallecimiento, la ha convertido en un símbolo y a su vez en el epicentro de la precampaña electoral del 29-N, impulsando las movilizaciones ciudadanas, el adelanto electoral e incluso la convocatoria de una huelga general por los salarios que no permiten vivir en una vivienda digna y accesible (como señala el artículo 47 de la Constitución) fijada para el 11 de noviembre.
Estos hechos han desatado un intenso debate político en España. La valoración sobre la responsabilidad de los jueces y la de políticas de derechas, varía según los diferentes sectores y partidos políticos implicados.
1. Perspectiva de la
izquierda y movimientos sociales
Los partidos que componen
el Gobierno de coalición, así como formaciones de izquierda como Más Madrid y
colectivos por el derecho a la vivienda (como el Sindicato de Inquilinas),
argumentan lo siguiente:
- Políticas de vivienda de la derecha (1).- Acusan al Partido Popular (PP) de fomentar un modelo inmobiliario basado en la especulación y los fondos buitre. Consideran que la falta de un parque de vivienda pública suficiente y el rechazo de la derecha a aplicar topes a los precios del alquiler desprotegen a las personas vulnerables.
- Políticas de vivienda de la derecha (2).- Además, como el PP, gobierna tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, se les acusa de incumplimiento de la aplicación de la ley de vivienda , aprobada en 2023 por el actual gobierno central, permitiendo así que los precios de los alquileres se disparen y los desahucios aumenten desmesuradamente. Por otra parte, dado que el gobierno pretende construir viviendas sociales y que el encargado de entregar el suelo es el Ayuntamiento de Madrid, se acusa al Alcalde de incumplir sus funciones de suministrar los terrenos donde construir dichas viviendas. Y luego dicen que el gobierno central no hace nada, cuando el alcalde y sus subalternos se están tocando los cojones a dos manos.
- Actuación judicial y de los servicios sociales.- Aunque la legislación establece plazos máximos para que un juez suspenda un alzamiento (conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil), los movimientos de izquierda señalan un problema estructural donde los tribunales priorizan los derechos de propiedad por encima de los derechos humanos y la salud de las personas mayores. Critican que las alternativas habitacionales ofrecidas por la administración local no llegaron a tiempo para evitar el trauma del desahucio en camilla.
2. Perspectiva de la derecha y la extrema derecha
Por el contrario, los
sectores de la oposición conservadora y ultraconservadora, así como analistas
de esta línea ideológica rechazan estas acusaciones y derivan la
responsabilidad hacia el Gobierno central de Pedro Sánchez. Faltaría más:
- Crítica a la inacción
del Gobierno central.- Voces de la derecha y columnistas de medios como la Cadena COPE argumentan que
el Gobierno de España lleva años en el poder y no modificó las leyes nacionales
de desahucio que permitieron el lanzamiento de Maricarmen (no fue posible
aprobar los decretos que el gobierno llevó al Congreso, porque el gobierno
central, no tenía mayoría parlamentaria). Pero olvidan intencionadamente, que el PP y Vox se negaron a apoyar dichos
decretos, que fue una condena a muerte para Maricarmen y muchos otros personas en situación de vulnerabilidad.
- Acusación de uso político.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió no hacer "campaña" con esta muerte, mientras que la formación Vox responsabilizó directamente al Ejecutivo central, acusando a la izquierda de utilizar el sufrimiento de una persona mayor para tapar sus propios fallos en la gestión de la vivienda.
Para PP y Vox, los únicos ciudadanos que cuentan son los de Ceuta, y los demás que se jodan. ¿Me equivoco en algo?
- Cumplimiento de la legalidad por los jueces.- Defienden que los jueces se limitan a aplicar las leyes vigentes. Si los plazos de suspensión legal por vulnerabilidad se agotan sin que la administración competente concrete una alternativa idónea, el juez está obligado por ley a ejecutar la sentencia de lanzamiento para salvaguardar la seguridad jurídica del propietario.
Los jueces se saltan el derecho internacional que obliga a proteger a personas vulnerables (caso de Maricarmen, que hasta la ONU así lo manifestó)
Es escandaloso, que ahora
PP, Vox, y Junts, intenten esconderse tras cortinas de humo, por sus políticas de vivienda homicidas, dirigidas
contra personas vulnerables, llevadas a término como consecuencia de políticas extremistas y radicales que defienden a fondos buitre y van contra pensionistas y trabajadores, causando mucho sufrimiento e incluso muertes, que podrían haberse evitado con un mínimo de humanidad, si se hubiese sacado adelante el decreto que en febrero el gobierno llevó al Congreso para su aprobación, pues llevaba incluida una cláusula anti desahucios de personas vulnerables.
De los jueces y juezas de este país que además de ejercer sus funciones en los juzgados, también intervienen en política, con sentencias de aparente sesgo político.
Los jueces tienen un poder
casi absoluto, mucho mayor que el que pueda tener el Presidente del Gobierno
Central o los presidentes del Parlamento (Congreso y Senado) que quiero
recordar son, segunda, tercera y cuarta autoridad del Estado, respectivamente,
puesto que dispensan, un trato vejatorio a las citadas autoridades del Estado
(cuando estas pertenecen a partidos de izquierda o centroizquierda) propio de
un país bananero, que nos llevan a suponer que esos jueces tienen un ascendiente
marcadamente de derechas, que les lleva a incumplir el principio de imparcialidad.
En
la historia de la democracia de España, un juez ha citado a declarar a seis
presidentes (o expresidentes) del Gobierno. De todos ellos, únicamente Mariano
Rajoy y el actual mandatario, Pedro Sánchez, fueron llamados a
testificar mientras ejercían activamente el cargo.
A
continuación se detallan los casos, especificando su situación y el motivo
judicial:
1.
Pedro Sánchez (en el cargo)
El
juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid) citó a
declarar a Pedro Sánchez como testigo el 30 de julio de 2024.
- El caso.- Se enmarcó dentro de la investigación
del Caso Begoña Gómez (esposa del presidente y primera dama) por presuntos
delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
- Resultado.- El magistrado se trasladó al Palacio de
La Moncloa para tomar la declaración presencial, pero el presidente se acogió
a su derecho a no declarar (amparado por el artículo 416 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal debido al vínculo conyugal).
2. José Luis Rodríguez
Zapatero (como expresidente)
Declaró
el 27 y 28 de Junio de 2026, en la Audiencia Nacional.
- El caso.- Aunque inicialmente la cita estaba
fijada para el 02/06/2026, la comparecencia fue aplazada a petición de su
defensa y finalmente se llevó a cabo los días 17 y 18 de junio de 2026.
- Resultado.- El expresidente acudió como investigado
en el marco del procedimiento judicial que rastrea el rescate de la aerolínea
Plus Ultra y el origen de unas joyas halladas en su despacho (procedente de en
un registro ilegal, a su despacho profesional, porque se basó en una prueba
llegada de EE.UU., no válida en España)
3.
Felipe González (como expresidente)
Declaró
ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1998.
- El caso.- Compareció como testigo durante el
juicio oral por el secuestro de Segundo Marey, una de las acciones terroristas
cometidas por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).
Posteriormente, en 2001, volvió a declarar en relación con el caso del
desvío de fondos reservados de Interior.
- Resultado.- En ambas ocasiones acudió
presencialmente ante los magistrados competentes para responder al
interrogatorio judicial sobre lo que ocurría en las cloacas del Estado durante
sus años de mandato.
4.
Mariano Rajoy (en el cargo)
Se
convirtió en el primer presidente en activo de la democracia española en
testificar ante la justicia, compareciendo de forma presencial el 26 de
julio de 2017.
- El caso.- Declaró como testigo ante el tribunal
de la Audiencia Nacional en la pieza principal del 'caso Gürtel', que
investigaba la trama de financiación irregular del Partido Popular.
- Resultado.- Rajoy acudió en persona a la sede del
tribunal ordinario en San Fernando de Henares y respondió a las preguntas de
las acusaciones y defensas, negando cualquier conocimiento sobre la caja 'B' o
la contabilidad del partido.
5.
José María Aznar (como expresidente)
Declaró
el 24 de marzo de 2021, trece años después de haber abandonado la presidencia
del Gobierno.
- El caso.- Fue citado como testigo en el juicio de
la Audiencia Nacional que investigaba el presunto pago con dinero negro de las
reformas de la sede central del Partido Popular (otra rama derivada de los
papeles de Bárcenas y el caso Gürtel)
- Resultado.- Al igual que el resto de testigos en
esa fase de la pandemia, compareció de manera telemática (por
videoconferencia), donde negó la existencia de una contabilidad paralela
durante su mandato al frente de la formación. Faltaría más.
6.
Adolfo Suárez (como expresidente)
Fue
el primer jefe del Ejecutivo de la etapa democrática en testificar ante los
tribunales, en junio de 1985.
- El caso.- El primer presidente de la Transición
fue citado como testigo en la fase de instrucción del 'caso Banesto'
(vinculado a la gestión de Mario Conde).
- Resultado.- Acudió a los juzgados ordinarios de
Plaza de Castilla en Madrid de forma discreta para aportar su testimonio sobre
operaciones financieras de la entidad bancaria.
El Tribunal Supremo
dictó medidas cautelares el 10 de septiembre de 2026 que suspenden
temporalmente los efectos electorales de ciertas inscripciones en el Censo de Españoles Residentes
Ausentes (CERA). Esta decisión afecta a un sector específico de las personas
que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Disposición Adicional 8ª
de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la "ley de
nietos".
1. ¿A quiénes afecta
exactamente la suspensión del voto?
La medida del Alto
Tribunal, impulsada tras los recursos presentados por las formaciones políticas
Vox e Iustitia Europa, no retira la nacionalidad ni invalida los pasaportes. Su
aplicación se divide según la vía de obtención y residencia:
- Excepción (sí pueden
votar).- Quedan
completamente excluidos de la suspensión y mantienen su derecho al voto
quienes hayan demostrado documentalmente de manera individualizada que son
hijos o nietos de exiliados represaliados.
- Residentes en España(si
pueden votar).-
Cualquier persona nacionalizada por esta ley de nietos, que fije su residencia
en territorio español conserva intacto su derecho al sufragio al figurar en el
censo electoral nacional.
- Suspensión del derecho
a voto en el exterior.-
Afecta a aquellos nacionalizados residentes en el extranjero inscritos en el
CERA que accedieron a la nacionalidad acogiéndose a la instrucción de
desarrollo del Ministerio de Justicia que permitía una presunción
general de exilio sin requerir una acreditación documental individualizada
de persecución política, ideológica o religiosa. Lo cual resulta inconstitucional
y doblemente discriminatorio, primero respecto del resto de nacionales y segundo
respecto a los españoles nacionalizados por la misma ley de nietos que residen
en España.
2. Contexto ante las
Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026
El inesperado adelanto
electoral anunciado por el presidente del Gobierno ha generado un escenario de
gran complejidad jurídica y logística.
- El problema del censo
cerrado.- Según
establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el censo de
votantes válido para los comicios del 29 de noviembre quedó oficialmente
cerrado el 1 de agosto de 2026. Esto significa que el censo se consolidó
antes de que el Tribunal Supremo emitiera su auto de suspensión en
septiembre.
- Imposibilidad técnica
de desglose.- La
Dirección General de Asuntos Consulares ha comunicado formalmente al tribunal
que las herramientas informáticas actuales de los consulados no registran de
forma automática la vía legal exacta por la que cada ciudadano adquirió la
nacionalidad. Filtrar y separar a los afectados obligaría a revisar manualmente
cerca de 170.000 expedientes individuales, una tarea imposible de finalizar
antes de la cita con las urnas del 29 de noviembre.
3. Situación procesal
actual de urgencia
Debido a la inmediatez de
la convocatoria del 29-N, el procedimiento se encuentra en una fase decisiva a
contrarreloj.
- Plazo improrrogable.- La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó providencias otorgando un
plazo de 48 horas a las partes involucradas (la Fiscalía, la Abogacía
del Estado, Vox e Iustitia Europa) para presentar sus alegaciones.
- Próxima resolución.- El plazo de presentación expira
formalmente este jueves 8 de octubre de 2026 a las 15:00 horas. A partir
de este momento, los magistrados deliberarán de urgencia para resolver el
recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado —que se opone
frontalmente a restringir el voto— y aclarar de manera definitiva cómo se
ejecutará la medida sobre el censo electoral real del 29-N
¿Y qué puede ocurrir ahora?
Hay una cuestión
especialmente delicada: ¿puede el Supremo suspender cautelarmente el
ejercicio de un derecho fundamental de personas que ya son ciudadanos
españoles, sin haberles dado audiencia individual?
Precisamente esta cuestión
está sobre la mesa. Tras el adelanto electoral, el propio Supremo está
valorando la necesidad de dar audiencia a los afectados, y la Abogacía del
Estado ha recurrido la suspensión.
Desde mi opinión, en este caso entiendo, que el Tribunal Supremo tiende a dejarse llevar por el sesgo político, según su ponente ha aducido, que podría desvirtuar las elecciones generales (*)
(*) La controversia sobre el magistrado ponente Antonio Narváez
Por otro lado, diversas
publicaciones y colectivos de izquierda han puesto el foco en el magistrado de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez
Rodríguez, quien es el ponente de la resolución judicial que suspendió
cautelarmente los efectos electorales de los nacionalizados por esta vía.
Críticas publicadas en
medios informativos señalan que el magistrado participó en 2023 en un polémico
encuentro privado con fiscales y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez
Feijóo. Según reportaron estos medios, en dicha cita se le atribuyen manifestaciones
de índole política, expresando su deseo de un cambio de Gobierno que
desmantelara leyes promovidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que ha
llevado a sus detractores a cuestionar su neutralidad en el caso.
Contexto de la decisión
judicial
El Tribunal Supremo
justificó la paralización cautelar del voto de estos ciudadanos debido al
"incremento excepcional de electores" en el Censo Electoral de
Residentes Ausentes (CERA). El tribunal argumentó que esto introducía un riesgo
para la "transparencia y la confianza" del proceso de cara a las
próximas elecciones generales, obligando a que se acredite el exilio de forma
individualizada y no mediante presunciones generales de la administración
Respecto la coincidencia en tiempo y forma de los juicios de casos de políticos en campaña electoral
En el ámbito judicial y
político, la coincidencia de citaciones a declarar o decisiones de jueces con
periodos electorales es un asunto de alta sensibilidad en España, existiendo una
norma no escrita (aunque no obligatoria) por la que muchos jueces evitan
interferir en las urnas retrasando las decisiones más delicadas, si bien las
investigaciones y citaciones ya previstas continúan con normalidad.
No existe una prohibición
legal que impida a un magistrado citar a un político antes de unos comicios,
bajo la premisa de que "la justicia sigue su curso con independencia de
las elecciones". Sin embargo, la gestión de estos tiempos varía sustancialmente
según el criterio de cada tribunal o juez.
1. El criterio de no
interferencia (evitar el impacto electoral)
Muchos magistrados optan
por posponer declaraciones conflictivas o la apertura de juicios orales para no
condicionar el voto de los ciudadanos ni interferir en las campañas. Un ejemplo
de esto ocurrió en febrero de 2019, cuando el Tribunal Supremo modificó
su calendario en el juicio del procés para adelantar las
declaraciones de políticos que actuaban como testigos (como Mariano Rajoy,
Soraya Sáenz de Santamaría o Cristóbal Montoro) con el fin explícito de
desligar sus comparecencias de la campaña de las elecciones generales de ese
año.
2. Continuidad de las
agendas judiciales fijadas
En otras ocasiones, los
juzgados mantienen firmes sus calendarios argumentando que paralizar un proceso
por motivos políticos supondría una alteración injustificada de la justicia.
Por ejemplo, ante convocatorias electorales imprevistas o adelantos electorales,
las citaciones que ya estaban calendarizadas previamente no se suspenden.
En estos escenarios, los investigadores judiciales defienden que los plazos de
instrucción deben seguir adelante sin importar el calendario político.
3. El debate sobre la
"politización" y los tiempos
Esta confluencia temporal
genera de manera recurrente un intenso debate público:
Desde los partidos
afectados se suele denunciar que estas citaciones forman parte de una
estrategia de presión judicial o lawfare encaminada a perjudicarles en
las expectativas de voto.
Por otro lado, diversos
sectores jurídicos y editoriales defienden que los ciudadanos tienen derecho
a votar disponiendo de toda la información sobre la mesa, y que congelar
las causas penales justo antes de votar equivaldría a conceder un
"blindaje" o tregua injustificada a los representantes públicos
Ejemplos
al respecto
El magistrado José María Escribano, titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, lleva el caso del rescate financiero de 475 millones de euros otorgado a la aerolínea Air Europa, que tras llevar sin actividad desde julio de este año, inmediatamente que el Presidente dio la rueda de prensa por la que adelantaba las elecciones al 29 de noviembre, ha citado a declarar el 23 de noviembre como testigo a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, lo cual coincide con la última semana de la campaña electoral para las elecciones generales anticipadas, convocadas para el 29 de ese mismo mes.
Otros altos cargos y expolíticos citados
Las comparecencias
judiciales se repartirán entre los días 23 y 24 de noviembre. Además de
la ministra Aagesen, el juez ha citado en calidad de testigos a más de una
decena de personas vinculadas con la tramitación de las ayudas:
- Manuel de la Rocha.- Director del Departamento de Asuntos
Económicos de la Presidencia del Gobierno.
- Pedro Saura.- Actual presidente de Correos y
exsecretario de Estado de Transportes.
- Íñigo Errejón.- Exdiputado y exportavoz de Sumar. Fue
citado debido a una pregunta parlamentaria escrita que registró en noviembre de
2020 donde criticaba que el rescate no incluía condiciones climáticas o
ambientales.
- Otros cargos públicos.- También deberán declarar Ana de la
Cueva (exsecretaria de Estado de Economía), Pilar Paneque (subsecretaria de
Hacienda), Raúl Blanco (exsecretario general de Industria) y Miguel Ángel
González Suela (subsecretario para la Transición Ecológica), entre otros.
Denuncias
contra el PSOE y contra Pedro Sánchez durante la precampaña y campaña electoral
de las elecciones generales del 29 de noviembre
Fuentes jurídicas y
crónicas de actualidad detallan la situación de los procedimientos
relacionados:
- Situación judicial del
PSOE.- El Partido
Popular (PP) ha solicitado formalmente ante la Audiencia Nacional la imputación
del PSOE como persona jurídica por presunta financiación ilegal en el
contexto del denominado 'caso Leire'. Sin embargo, fuentes del ámbito jurídico
confirman que la tramitación de estas diligencias que impactan en la esfera
política quedará en suspenso y no se resolverá hasta después del 29 de
noviembre, evitando interferir de forma directa en el transcurso de la
campaña electoral.
- Denuncias ante la Junta
Electoral Central (JEC).-
Lo que sí se ha formalizado contra el
presidente del Gobierno durante estos primeros días es una denuncia por vía
administrativa electoral. El Partido Popular recurrió ante la JEC una
comparecencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa posterior al Consejo
de Ministros, acusándolo de romper la neutralidad institucional e incurrir en
actos de precampaña.
Otros casos judiciales contra políticos de izquierdas dignos de mención.
Tras revisar fuentes
judiciales y medios de referencia, esta es una selección de casos en España,
que terminaron archivados o sobreseídos.
|
Político |
Partido |
Caso |
Resultado |
|
Patxi López |
PSOE |
Reuniones con
Batasuna |
Sobreseimiento y libre |
|
Rodolfo Ares |
PSOE |
Reuniones con
Batasuna |
Sobreseimiento y libre |
|
Pablo Iglesias y la cúpula del partido |
Podemos |
Diversas
acusaciones particulares, sindicatos o asociaciones (como Manos Limpias)
interpusieron desde 2015 más de veinte querellas relacionadas con supuesta
financiación ilegal, blanqueo o delito electoral (incluyendo informes como el
conocido informe PISA o causas relativas a Venezuela y el caso Neurona en
determinadas piezas) |
La gran
mayoría de estas actuaciones fueron inadmitidas o terminaron archivadas de
forma definitiva al no apreciarse indicios racionales de criminalidad |
|
Ada Colau |
Barcelona en Comú |
Subvenciones a
entidades afines |
Archivo por
inexistencia de infracción penal |
|
Ada Colau |
Barcelona en Comú |
Fondo de inversión |
Archivo |
|
Mónica Oltra |
Compromís |
Investigada por presunto
encubrimiento de abusos cometidos por su entonces marido contra una menor |
Posteriormente
exonerada de dichas acusaciones |
|
Julio Millán |
PSOE |
Denuncia por supuesta
compra de votos |
Archivo definitivo |
|
África Colomo |
PSOE |
Misma causa de
supuesta compra de votos |
Archivo definitivo |
Los últimos
procesos judiciales mencionados, más los anteriormente citados, dibujan un sesgo
político importante y muestran un patrón claramente identificable, con un modus
operandi que podría coincidir con el que hubo en la época franquista. En nuestros
días, el supuesto padrino Aznar, parece ser el ideólogo, si hombre, ese que dice “el que pueda hacer
que haga”
Puesto que, aunque aparentemente no tuvieron repercusiones, las denuncias contra Podemos, resultaron muy perjudiciales para ese partido, dado que en las siguientes elecciones generales, pasó
de ser el tercer partido de España por votos, a estar a punto de desaparecer, cosa que posiblemente habría ocurrido, sino hubiesen pactado con otros partidos políticos de izquierdas.
En el
caso de la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, obligó a que esta dimitiese y abandonase la política, y como ha vuelto a la política,
curiosamente la justicia ha reabierto de nuevo el caso. En cuanto a su partido Compromís, en las siguientes elecciones se hundió, debido al descrédito causado por el
proceso judicial.
Al igual
que ocurrió en el caso de Ada Colau, que la desacreditaron hasta tal punto que dimitió de todos sus cargos y abandonó la política, aunque en este momento, parece tener intención de volver,
como diputada y/o candidata a la presidencia del nuevo partido Frente Amplio
(anteriormente conocido como Sumar)
Y ahora
le toca al Presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que como no
pueden con él en las urnas, atacan a su hermano y a su esposa. Mientras Rajoy y
Aznar se van de rositas, con la montaña de mierda y corrupción que llevan en la
mochila del PP, que es casi tanto la corrupción vista como la que está por ver,
con el rosario de juicios por corrupción pendientes, unos 30 son los que están
por venir .
POSDATA
La basura fascista de PP y Vox, intentan que los españoles se enfrenten entre sí. Y es verdad que terminarán enfrentándose, pero en las urnas el 29 de noviembre. Allí veremos quien se lleva los votos, si los nazis que aplauden la muerte de personas vulnerables, y los agreden verbalmente aún después de muertos o los partidos de izquierda que protegen los derechos de inquilinos e inquilinas, así como también de los desahucios a personas vulnerables.
Y si los números alcanzan y fuese necesario, propongo que el que venza en dichas elecciones, quizás debiera
aplicar el artículo 155 en las comunidades autónomas rebeldes que no quieren aplicar la
ley de vivienda, para aumentar la protección a las personas vulnerables.
De todas formas los fascistas ya han perdido las elecciones, incluso antes de empezar, y son tan ignorantes que todavía ni se han enterado.
Fuente: Redacción
