La
absolución de Camps en el último juicio vivo del ‘caso Gürtel’ dejó sin castigo
en los tribunales a los jefes de los ejecutivos populares más corruptos. Aznar,
Rajoy, Aguirre y Ayuso salieron también ilesos de los escándalos enjuiciados a cuenta de
sus mandatos, no por méritos propios sino por deméritos de sus juzgadores.
ANTECEDENTES
Para
Bárcenas, político del PP metido desde hace años en un camino de la vida donde
todo son curvas peligrosas. La ruina se le echó encima a cuenta de la
corrupción y por ello fue juzgado y condenado. Con la experiencia del tiempo que lleva
atrapado en los juzgados, cuenta ahora que la justicia no es igual para todos:
“Los jefes son intocables. No es lo mismo llevarte por delante a [Luis]
Bárcenas que a Mariano [Rajoy]”.
Es
solo una opinión, aunque los hechos confirman en parte su veredicto. Desde que
los gobiernos más corruptos del PP comenzarán a sufrir las consecuencias de sus
actos -2018, primera sentencia del caso Gürtel-, todos los jefes-presidentes de
esta formación política han salido ilesos del calvario judicial.
La
Justicia no ha sido capaz en todo este tiempo de penalizar la conducta de estos
intocables. “Los jueces deberían preguntarse a quién beneficia la corrupción en
los partidos y en los gobiernos. Y llegarían a la conclusión de que los
principales beneficiados son: candidatos en campaña primero y presidentes del
Gobierno después”, señala el político procesado por corrupción.
El
PP, sentenciado en dos ocasiones como partícipe a título lucrativo de los
delitos cometidos por la misma trama, acumula en los últimos seis años
numerosas condenas por la corrupción de sus cargos públicos. Pero ningún fallo
judicial ha golpeado todavía a sus principales líderes.
La
última sentencia conocida sobre un caso probado de contratos amañados a favor
de la red Gürtel absolvió el pasado miércoles a Francisco Camps, presidente de
la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011. Pese a que el empresario
beneficiado, y condenado, confesó los hechos -”Yo le pedí a Camps que me
ayudara y él me ayudaba”- el tribunal no encontró la prueba definitiva del
delito: ni Camps dio la orden de contratar ni firmó ningún documento que le
pudiera incriminar. Otros funcionarios del Gobierno de Camps sí han sido
condenados por estos hechos.
Muchos
años antes (2012), Camps ya salió absuelto en otro juicio por supuesto cohecho
en el caso de los trajes. Un jurado de nueve le consideró “no culpable” por 5 a
4. Y eso pese a que la investigación acreditó con facturas y testimonios que la
trama corrupta pagó los trajes al entonces presidente y pese a que Camps no
logró demostrar el pago de uno solo de los trajes. Su vicepresidente, Víctor
Campos, confesó los hechos, devolvió los trajes que le regaló la trama corrupta
y fue condenado por cohecho pasivo impropio a pagar una multa. Esa trama
corrupta se enriqueció durante años a cuenta de decenas de contratos amañados
por el Gobierno de Camps, quien dimitió antes de enfrentarse al juicio de los
trajes.
Desde
aquella sentencia absolutoria hasta hoy, la Audiencia Nacional y el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia han condenado a numerosos dirigentes y cargos
públicos del PP valenciano, muchos de ellos colaboradores principales de Camps.
Pero esos castigos nunca rozaron al jefe. Los subordinados siempre cargaron con
la culpa.
Sobre
esta cuestión elaboró una curiosa teoría Alberto Jorge Barreiro, magistrado del
Supremo jubilado el 30 de abril de 2019. El voto particular de Barreiro contra
una sentencia que rebajó la pena a Jaume Matas, ex presidente de Baleares,
exponía las distintas varas de medir la culpa en casos de corrupción política:
“En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto
menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario, más próximo
suele estar a la materialización de la conducta delictiva y mayores
posibilidades tiene de incurrir en la ejecución formal de la conducta típica
(…) Se da así en no pocas ocasiones la grave contradicción de que la persona
responsable de la acción delictiva es condenada como mero partícipe del delito
y quien es mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y
disciplinariamente, es condenado como auténtico autor”.
Isabel
Gallego, directora general de Medios de la Comunidad de Madrid durante las
presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sufre las consecuencias
que denunció el magistrado Barreiro. Gallego está procesada en el caso Púnica
por prevaricación y malversación. “Me acusan de malversar por contratar
trabajos que la beneficiaban a ella (Esperanza Aguirre)”, indicó Gallego en el
recurso para intentar librarse del banquillo. El PP de la Comunidad de Madrid
se financió ilegalmente entre 2007 y 2011 a través de una caja b alimentada por
empresarios contratistas. Con ese dinero se pagaron actos electorales no
declarados al Tribunal de Cuentas y otros servicios para mejorar la imagen de
sus presidentes.
Un
dirigente autonómico, compañero de Isabel Gallego en el Gobierno de Aguirre, lo
cuenta así: “La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de
encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes
sociales. Gallego va para adelante en el juzgado mientras que la que sale guapa
está en su casa”.
Las
dos fiscales que investigaron durante años el caso Púnica se negaron a firmar
el escrito final de Anticorrupción, redactado por un compañero que llegó
después y exculpó a Aguirre. La presidenta del Gobierno regional y del PP de
Madrid se libró así de un sumario donde la Fiscalía pide también cárcel para el
secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, y para el gerente del
PP-Madrid, Beltrán Gutiérrez, ambos trabajadores a las órdenes de Aguirre.
La
expresidenta madrileña ha escapado, de momento, a todas las causas judiciales
abiertas a su Gobierno. Su vicepresidente Ignacio González pasó ocho meses en
prisión preventiva y está a la espera de juicio. Francisco Granados,
exconsejero y exsecretario general del PP-Madrid, pasó 33 meses preso y está a
la espera de juicio. Otro vicepresidente, Alfredo Prada, está siendo juzgado
por la gestión de la Ciudad de la Justicia, una obra faraónica empantanada tras
una inversión de más de 200 millones. Su consejero de Deportes y viceconsejero
de Presidencia, Alberto López Viejo, fue condenado a 27 años de cárcel por el
caso Gürtel, una trama que se enriqueció con cientos de contratos amañados de
la Comunidad de Madrid. Directores generales y alcaldes de la etapa en que
Aguirre era la jefa de todo en el PP de Madrid han sido condenados, procesados
o imputados en diversas causas.
Es
un balance parecido al que presenta Camps al frente del PP valenciano y del
Ejecutivo que presidió. El resultado de su gestión se puede seguir a través de
una decena de fallos judiciales para sacar algunas conclusiones: fueron ocho
años de corrupción acreditada en casi todas las áreas del Ejecutivo valenciano
que dirigía Camps. La cúpula de su Gobierno -un vicepresidente, varios
consejeros y directores generales- y de su partido -secretario y vicesecretario
general, gerente, tesorero- ha sido condenada en distintas causas abiertas por
corrupción. Campañas electorales con Camps de candidato superaban con creces
los gastos legales permitidos; muchos actos se financiaban mediante facturas
falsas o pagos en b que asumían empresarios contratistas del Gobierno que
presidía Camps; algunas consejerías y empresas públicas adjudicaban contratos
amañados a la trama corrupta; hasta la visita del Papa se usó desde la
televisión pública valenciana, dirigida por un hombre de confianza de Camps
-condenado también a cárcel- para enriquecer a la red Gürtel. Pero Camps “nada
sabe, nada recuerda, nada reconoce”, escribió el juez José Manuel Vázquez
Honrubia, ponente de la sentencia que castigó con penas de cárcel a 18 personas
entre políticos y empresarios por la financiación ilegal del PP valenciano.
El
juez Vázquez Honrubia sospechó de Camps pero nada pudo hacer: “Es jurídicamente
imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto porque en este juicio
comparece [Camps] como testigo, por lo que es obvio conforme al principio
acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su
conducta”.
Tampoco
nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar
durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente
con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos
en b: “Nunca supe nada, y yo digo que no existe ninguna caja b del Partido
Popular, lo afirmo”. Mariano Rajoy, sucesor de Aznar, también negó conocer esa
caja b que alimentó al partido durante casi 20 años: “Es absolutamente falso”.
Pero
los tribunales les han desmentido en, al menos, dos sentencias. La última, de
la Audiencia Nacional sobre la caja b con la que el partido pagó parte de las
obras de su sede central, será confirmada en los próximos días por el Supremo.
El único condenado en esa causa ha sido Luis Bárcenas, el extesorero que
declaró al juez que aquella caja b funcionó con el conocimiento y
consentimiento de los presidentes del partido.
En
el caso de la financiación ilegal del PP valenciano, el juez condenó a quien
era secretario general, Ricardo Costa, al que consideró “el hombre que está
detrás”, definido como la persona que “sin intervenir en la ejecución tiene un
claro dominio de la situación, teniendo como tal la posibilidad de hacerla
cesar en cualquier momento”.
El
hombre que está detrás no siempre es visible para los jueces. El Tribunal
Supremo aceptó hace unas semanas la imputación por terrorismo del expresidente
catalán, Carles Puigdemont, con el argumento de que tenía el poder suficiente
para controlar los movimientos independentistas y evitar así la manifestación
violenta celebrada en el aeropuerto contra la sentencia del procés. Para
argumentar esta decisión, cinco magistrados del Supremo también hicieron
referencia a la teoría del hombre que está detrás: “No se necesita probar la
orden de cometer los delitos concretos, dado que quien está en la cabeza de la
cadena también puede ser acusado por la omisión de controlar al aparato de
poder, pudiendo y debiendo hacerlo”.
Aznar
y Rajoy, presidentes de un partido que funcionó con una caja b y ocho millones
de euros no declarados durante 20 años, afirmaron que entre sus funciones no
estaba el control de las cuentas del partido. El Supremo tiene teorías,
aplicadas a Puigdemont, que desmontan este intento de exculpación.
La
cúpula política y policial del ministerio del Interior ejecutó entre 2012 y
2016, durante el mandato del Gobierno del PP; decenas de operaciones ilegales
consistentes en la persecución del adversario político sin autorización
judicial, fabricando en ocasiones pruebas falsas para atribuir delitos que
nunca se cometieron. Entre esas operaciones también estuvo el espionaje a la
familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con la intención de robar
documentos que pudieran incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en prácticas
ilegales. Por todo ello, el juez Manuel García Castellón, ha procesado a media
docena de comisarios de policía, algunos ya jubilados, al exministro del
Interior, Jorge Fernández; y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco
Martínez.
Rajoy,
jefe de Jorge Fernández durante el tiempo que la cúpula policial hizo trabajos
sucios a favor del Gobierno que presidía, nunca estuvo investigado en esta
causa. El expolítico del PP que fue a la cárcel por corrupción, lo tiene claro:
“No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano”.
Por no hablar de Ayuso, que durante sus mandatos casualmente se han hecho millonarios su madre y su hermano, por comisiones por la venta de mascarillas, naturalmente. Además de haber muerto por presunta negligencia profesional, 7.291 ancianos y ancianas en las residencias de mayores en Madrid durante la pandemia. Lo cual no ha merecido ni siquiera un reproche por parte de la judicatura de este país.
España va bien para los corruptos del PP, supuestamente, faltaría más.
Fuente: El País.com
ACTUALIDAD
JUDICIAL
Diferencia
de trato entre el juez encargado de juzgar la kitchen y los del tribunal Supremo
encargados del juicio por las mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama.
La
diferencia de trato judicial entre el caso Kitchen (instruido principalmente
por Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional) y el juicio a José Luis
Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama (en el Tribunal Supremo) es objeto de
debate político y mediático en España, percibiendo una disparidad en la "vara
de medir" o la flexibilidad procedimental.
Aquí
se detallan las principales diferencias observadas hasta mayo de 2026:
1.
Instrucción y Cierre (Caso Kitchen)
- Gestión del Juez
García-Castellón.- Se ha criticado una instrucción que sectores de la
opinión pública califican de "cortafuegos", argumentando que el
juez instructor cerró la investigación impidiendo llegar a los máximos
responsables políticos del PP.
- Abrupto Cierre.-
La
instrucción de Kitchen fue considerada "nefasta" o excesivamente
rápida en su fase final por algunos sectores, cerrando incógnitas sobre la
cúpula de Interior.
- Rol de la
Presidencia del Tribunal.-Teresa Palacios, en la fase de juicio,
ha sido señalada por limitar las indagaciones sobre los
"artífices" de la trama.
2.
Trato y Libertades en el Juicio (Caso Koldo/Ábalos/Aldama)
- Flexibilidad en
las Declaraciones.- Se observa una mayor libertad para que Víctor
de Aldama, en el Tribunal Supremo, ofrezca declaraciones extensas y
detalladas sobre financiación irregular del PSOE sin presentar pruebas
inmediatas, generando titulares mediáticos.
- "Ruido"
Mediático y Testimonios.- Mientras el caso Kitchen se ha visto
como una instrucción más controlada, en el caso Koldo se permite que los
testimonios generen un alto impacto mediático y político, centrándose en
el desgaste del Gobierno actual.
- Recusaciones
Técnicas.- Los
abogados de Koldo y Ábalos intentaron apartar a magistrados del tribunal
del Supremo (como Manuel Marchena) por supuesta afinidad con el PP,
mostrando una estrategia de defensa más agresiva frente a la composición
del tribunal.
- La acusación particular
del Partido Popular.- Intenta rebajar la pena a Aldama a 4 años, en pago
a los servicios prestados al PP, que no al tribunal porque el fiscal no ha
tenido en su cuenta su declaración, dado que las denuncias de Aldama, no
iban acompaña la falta de pruebas. Aunque por ese mismo motivo, cuando
menos sorprende que el Fiscal, caso ser declarados culpables, se pida para
Ábalos y Koldo se pidan cerca de 20 años de cárcel, y para el jefe de la
trama según la UCO se rebaje la petición de cárcel a 7 años.
3.
Diferencias en la Percepción Pública
- Velocidad y
Ritmo.- El
caso mascarillas (Koldo) ha avanzado con gran celeridad en comparación con
los largos tiempos de instrucción de la Kitchen (13 meses frente a 13 años
de investigación en tramas del PP).
- Doble Rasero.- Sectores
críticos denuncian que, bajo la misma necesidad de justicia, los
tribunales actúan con distinta severidad, limitando la investigación en
Kitchen mientras que en el caso Koldo se permite una gran
"verborrea".
- Impacto de los
testimonios.- En
el Supremo, los acusados muestran incredulidad o sorpresa ante la magnitud
de las revelaciones de Aldama, lo que contrasta con un tono más hermético
en los juicios de la trama Kitchen.
En
resumen, la principal diferencia percibida radica en que la instrucción de la Kitchen
fue acusada de blindar a la cúpula política (cortando la investigación),
mientras que en el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama se permite un
escenario más abierto y mediático donde se airean acusaciones graves contra la
financiación del partido en el gobierno (PSOE)
Fuente:
Medios digitales
POSDATA
En
referencia a la llegada a Canarias del crucero que trae turistas adinerados expuestos
al hantavirus de los cuales 14 son españoles y procede de la Argentina de Milei
(el que saca la motosierra para cerrar hospitales y echar a los médicos) amigo
por cierto de Ayuso y Abascal que por algo será. A propósito de esto, los
agitadores “salvapatrias” están haciendo campaña en redes sociales que dicho
buque trae el fin del mundo. Y lo que tengo que decir al respecto, es que lo único
que puede traer el fin del mundo es que gobierne España Vox con o sin el Partido
Popular, que lo único que saben hacer es lanzar mensajes de odio y aterrorizar
a la gente.
Y
otra cosa más, si gobernase Vox o PP en España, y en lugar de un crucero de
lujo, fuese un barco patera con enfermos que hubiesen sufrido el mismo tipo de contagio,
estoy seguro que en lugar de cumplir las leyes del mar y salvarles, mandaban un
destructor para hundirles.
Lo
digo para que todos los barbilampiños que no saben lo que fue la dictadura en
España, vayan tomando apuntes, porque un día de estos, van a tener examen, y
quizás muchos de ellos lo lamenten sino hacen lo correcto y votan a quien no deben,
pues al final, lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, los líderes de la
derecha radical, defraudan a sus electores.
Fuente:
Redacción
