ANALISIS Y OPINIÓN. Del desafío para la democracia y el Estado de derecho español, que supone privar del derecho al voto, a 163.020 españolas y españoles nacionalizados por la Ley de nietos

 

INTRODUCCIÓN

El derecho al voto constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, ya que permite a la ciudadanía participar en la elección de sus representantes y en la construcción del futuro político de su país. Por ello, la suspensión del derecho de sufragio de 163.020 personas de nacionalidad española, que adquirieron esta condición mediante la denominada ley de nietos, ha generado una importante controversia jurídica, política y social en España. Esta situación plantea interrogantes sobre la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la igualdad de participación en los procesos electorales.

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión del derecho al voto de estas personas adquiere una especial relevancia ante la proximidad de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre de 2026. El escaso margen de tiempo disponible obliga a los afectados a recurrir a diferentes mecanismos legales para intentar recuperar su derecho a participar en las elecciones. En este contexto, la reclamación de los 163.020 españoles y españolas, no representa únicamente una cuestión administrativa, sino también un debate sobre el alcance de la democracia y la obligación de las instituciones de garantizar los derechos reconocidos por la Constitución.

DESARROLLO

La situación afecta principalmente a las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la ley de memoria democrática, conocida popularmente como ley de nietos. Esta normativa permitió que descendientes de españoles, muchos de ellos residentes en el extranjero, pudieran acceder a la nacionalidad. Sin embargo, la suspensión acordada por el Tribunal Supremo ha limitado temporalmente el ejercicio del derecho al voto de un amplio grupo de nuevos ciudadanos españoles.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta decisión es su repercusión sobre el derecho fundamental de sufragio, reconocido en los artículos, 23 y 68 (apartado 5), de la Constitución española. Estos preceptos garantizan el derecho de  ciudadanos y ciudadanas a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos en elecciones periódicas, aunque residan fuera de España. Desde esta perspectiva, impedir la participación electoral de más de 163.000 personas plantea un debate sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas y sobre la necesidad de proteger los derechos políticos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.

Asimismo, el caso presenta una particularidad esencial: el derecho al voto está estrechamente vinculado a una fecha electoral concreta. A diferencia de otros derechos cuya vulneración puede repararse posteriormente, la imposibilidad de votar en unas elecciones determinadas no puede solucionarse plenamente mediante una sentencia favorable dictada meses después. Una vez celebrado el proceso electoral, la oportunidad de participar en él se pierde de manera irreversible. Esta circunstancia convierte el tiempo en un factor decisivo y exige que las vías de reclamación se tramiten con la máxima diligencia posible.

Ante esta situación, los afectados cuentan con diferentes mecanismos jurídicos para defender sus derechos. Una de las principales opciones consiste en personarse ante el Tribunal Supremo y presentar alegaciones contra la resolución que mantiene la suspensión. El plazo señalado para este procedimiento concluye el 22 de octubre de 2026. Esta vía resulta especialmente importante porque permite a los afectados intervenir formalmente en el proceso judicial y preparar, si fuera necesario, una posterior reclamación ante el Tribunal Constitucional.

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional constituye otra posibilidad para denunciar una presunta vulneración de los derechos fundamentales. Para acudir a esta instancia, deben cumplirse los requisitos legales correspondientes, entre ellos los relativos al agotamiento de las vías judiciales previas y a la invocación oportuna del derecho fundamental cuya vulneración se denuncia. No obstante, dada la proximidad de las elecciones, existe incertidumbre sobre la posibilidad de obtener una resolución a tiempo. La adopción de medidas cautelares urgentes podría ser determinante para permitir que los afectados ejerzan su derecho al voto antes de la celebración de los comicios.

Por otra parte, existe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral. De acuerdo con el procedimiento electoral aplicable, estos recursos cuentan con plazos muy breves de presentación y resolución, lo que podría facilitar una respuesta judicial antes de las elecciones. Sin embargo, esta alternativa no resulta adecuada para todos los afectados, puesto que la controversia no consiste necesariamente en un error de inscripción en el censo, sino en la suspensión de los efectos electorales de determinadas inscripciones por decisión del Tribunal Supremo.

Esta diferencia demuestra que no todas las personas afectadas se encuentran en la misma situación jurídica. En algunos casos, la posibilidad de obtener una certificación consular que acredite documentalmente la nacionalidad adquirida por descendencia y las circunstancias familiares exigidas por la normativa podría permitir que la suspensión no resultara aplicable. No obstante, conseguir esa documentación dentro de los plazos establecidos constituye un desafío adicional, especialmente para quienes residen fuera de España y dependen de los servicios consulares.

En este contexto, también adquiere importancia la intervención del Defensor del Pueblo, institución que puede promover la defensa de los derechos fundamentales dentro de sus competencias. Su posible actuación ante el Tribunal Constitucional podría contribuir a examinar las consecuencias generales de la medida y la necesidad de garantizar la participación electoral del conjunto de las personas afectadas. Sin embargo, esta posibilidad no elimina los requisitos procesales que correspondan a cada vía judicial ni garantiza por sí sola una solución antes de los comicios.

Más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas, el caso plantea un problema de igualdad y representación democrática. Las personas afectadas poseen la nacionalidad española y, por tanto, la controversia se centra en las condiciones en las que pueden ejercer un derecho político fundamental. La exclusión temporal de un grupo tan numeroso puede generar sentimientos de desprotección, frustración y desconfianza hacia las instituciones, especialmente entre quienes han realizado los trámites necesarios para obtener la nacionalidad y desean participar plenamente en la vida política del país.

La situación también evidencia la necesidad de que las instituciones públicas actúen de manera coordinada, transparente y eficaz. Los tribunales deben garantizar el respeto a la legalidad y a los procedimientos establecidos, mientras que las administraciones electorales y consulares deben ofrecer información clara y facilitar, dentro del marco legal, la documentación necesaria. Al mismo tiempo, resulta imprescindible que los ciudadanos afectados conozcan sus derechos y dispongan de orientación jurídica adecuada para identificar la vía de reclamación que corresponda a sus circunstancias particulares.

La proximidad de las elecciones convierte esta controversia en una prueba para el funcionamiento del Estado de derecho. La seguridad jurídica exige que las decisiones judiciales se respeten, pero también que existan mecanismos efectivos para cuestionar aquellas medidas que puedan afectar de forma significativa a los derechos fundamentales. Por esta razón, la búsqueda de una solución debe procurar un equilibrio entre el cumplimiento de las resoluciones judiciales, las garantías procesales y la protección efectiva del sufragio.

NOTA

Caso que teniendo concedida la nacionalidad española, y siendo afectado por esta sentencia, de pretender recurrirla ante el Tribunal Supremo, tendrá primero  que personarse, para ello se necesitará abogado, y si no se dispone de medios económicos, la legislación española, permite solicitar abogado de oficio gratuito, al Colegio de Abogados de Madrid. O si se dispone de certificado digital español oficial, como el gratuito de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)  (pudiendo solicitarse on line sino se dispone del mismo). Una vez dispongamos de certicado digital, ya se podría tramitar la petición, de la asistencia legal de un letrado de oficio, también por vía online, desde cualquier parte del mundo. 

CONCLUSIÓN

La reclamación del derecho al voto de las 163.020 personas nacionalizadas en España mediante la ley de nietos, constituye un asunto de gran trascendencia democrática y jurídica. La suspensión de su participación electoral plantea importantes interrogantes sobre la protección de los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley y la capacidad de las instituciones para ofrecer una respuesta efectiva dentro de los plazos electorales.

Las vías de reclamación ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa representan instrumentos esenciales para intentar resolver esta situación, aunque cada una presenta requisitos, procedimientos y limitaciones diferentes. Por ello, resulta fundamental que los afectados reciban información precisa y asesoramiento jurídico adecuado, y que las instituciones competentes actúen con diligencia para evitar que la falta de tiempo convierta una posible vulneración de derechos en una situación irreversible.

En definitiva, una democracia no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino también por su capacidad para garantizar que los ciudadanos puedan participar en ellas de manera efectiva. El derecho al voto no debe entenderse como una simple formalidad administrativa, sino como una expresión esencial de la ciudadanía y de la soberanía popular. Por tanto, la resolución de este conflicto debe orientarse hacia el respeto a la legalidad, la protección de los derechos fundamentales y la búsqueda de garantías que permitan que ninguna persona, injustificadamente, quede privada de su participación en la vida democrática.

Más información

• Para acceder a información más detallada al respecto clicar en este enlace Publico.es

Fuente: Medios digitales

ÚLTIMA HORA.

El Defensor del Pueblo en España, recurre ante el Tribunal Constitucional en recurso de amparo la sentencia de los excluidos de votar tras haber sido nacionalizados por la ley de nietos.

POSDATA

La ciudadanía empieza a preguntarse, que si los jueces no están a favor de la Constitución, ¿cuales son sus motivaciones entonces? ¿de tipo político tal vez?  Por eso el grito de lucha que comienza a escucharse en España es, "el pucherazo no estaba en Correos (*) sino en el Supremo" .

(*) Esto es debido a que al principio de la precampaña,  derechas y ultraderechas de Partido Popular (PP) y Vox, respectivamente, de manera irresponsable, sus líderes deslizaron la ida que el voto por correo postal no era fiable, y había posibilidades de un pucherazo. Y así ha resultado ser, pero el pucherazo parece venir más bien del Tribunal Supremo, con un ponente de la sentencia (**) en convivencia con PP y quizás también con Vox, y que sus dirigentes, con Feijóo y Abascal a la cabeza, se rompieron las manos de tanto aplaudir la sentencia por la cual, muy probablemente, no votarán 163.020 personas, con la nacionalidad española en vigor, en las próximas elecciones generales del  29 de noviembre. Que dicho sea de paso, la actitud de ambos dirigentes políticos, no habla muy bien de ellos mismos, respecto del obligado cumplimiento de la Constitución Española, tan patriotas como dicen ser. 

Pues pensaba que en una democracia como la que hay en España, ser patriota y demócrata significaba lo mismo, pero visto lo visto,  para PP y Vox no es así. 

Y para muestra un botón. Hoy ha llegado el secretario general del PP y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y se han puesto a dar lecciones de democracia, sobre los efectos y  consecuencias, de la venta a fondos buitre de pisos de protección oficial, que seguro bien lo saben, pues ellos eran quienes respaldaban y autorizaban dichas ventas (con sus políticas neoliberales) y por tanto cómplices, junto al resto de compinches del partido popular, de las muerte de Maricarmen, y de todos los suicidios y desahucios que ha habido en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, incluida la de Madrid, naturalmente.

(**) El Ponente de esta polémica sentencia fue, el magistrado Antonio Narváez Rodríguez, el cual participó en una reunión privada celebrada el 18 de abril de 2023 en el Hotel Claridge de Madrid, donde medio centenar de integrantes de la conservadora Asociación de Fiscales mantuvieron un encuentro con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Según información publicada por El País y diversos medios de comunicación, los detalles de aquella cena revelaron los siguientes aspectos:

• Postura expresada por Narváez.- Durante el encuentro, el magistrado —entonces ligado al ámbito fiscal y posteriormente nombrado magistrado del Tribunal Supremo— manifestó abiertamente su deseo de que el Partido Popular ganara las elecciones generales y llegara al Gobierno.
• Críticas políticas.- Asimismo, expuso su rechazo a determinados pactos del Partido Socialista y criticó con dureza a formaciones como EH Bildu.
• Reacciones y debate sobre la imparcialidad.- La revelación de esta cita generó una intensa polémica institucional sobre los límites de la neutralidad y la apariencia de independencia en las carreras judicial y fiscal, con sectores que criticaron la cercanía entre cargos del ámbito jurídico y líderes políticos, frente a la defensa de la normalidad de estas reuniones por parte de los asistentes

Fuente: Redacción

OPINIÓN. Sobre la defensa de la educación pública y la lucha por la igualdad, la dignidad y los derechos sociales.

INTRODUCCIÓN

La educación pública constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática, ya que garantiza que todas las personas, independientemente de su situación económica o social, puedan acceder a una formación de calidad. Sin embargo, cuando los centros educativos carecen de recursos suficientes, las aulas están masificadas y el profesorado soporta una elevada carga de trabajo, este derecho puede verse seriamente amenazado. La huelga indefinida del profesorado de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid representa un ejemplo de la lucha colectiva por mejorar las condiciones de enseñanza y defender una educación universal, inclusiva y accesible.

Las movilizaciones descritas reflejan un conflicto que va más allá de las reivindicaciones laborales. En ellas confluyen las demandas del profesorado, las preocupaciones del alumnado y las familias, y el debate político sobre la gestión de los servicios públicos. Asimismo, los incidentes ocurridos en la Universidad Complutense de Madrid han añadido una dimensión especialmente preocupante: la necesidad de proteger el derecho a la protesta y garantizar que cualquier intervención policial sea proporcionada y respetuosa con los derechos fundamentales.

El deterioro de la educación pública y las reivindicaciones del profesorado

Una de las principales razones que explican la huelga es el descontento del profesorado con sus condiciones laborales y con la falta de recursos en los centros educativos. Entre las reivindicaciones más importantes destacan la reducción del número de alumnos por aula, el aumento de las plantillas docentes, la disminución de la burocracia y la mejora de los salarios.

La masificación de las aulas dificulta que los docentes puedan ofrecer una atención individualizada, especialmente a aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas específicas. Cuando un profesor debe atender a un número elevado de alumnos, resulta más complicado detectar dificultades de aprendizaje, resolver dudas y adaptar las actividades a las características de cada estudiante. Por este motivo, reducir las ratios y reforzar los equipos de orientación, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje constituye una medida fundamental para avanzar hacia una educación más inclusiva.

A estas dificultades se añade la sobrecarga burocrática. El tiempo que los docentes dedican a cumplimentar documentos y realizar tareas administrativas reduce las horas disponibles para preparar clases, evaluar al alumnado y atender a las familias. La incorporación de personal administrativo a los centros permitiría distribuir mejor estas responsabilidades y favorecer una enseñanza de mayor calidad.

Por otra parte, las reivindicaciones salariales también ocupan un lugar destacado. Los profesionales de la enseñanza deben afrontar el aumento del coste de la vida y, al mismo tiempo, responder a unas exigencias laborales cada vez mayores. Una remuneración adecuada no solo representa una cuestión de justicia laboral, sino también una forma de reconocer la importancia social de su trabajo. En definitiva, mejorar las condiciones del profesorado significa invertir directamente en el futuro del alumnado.

La inclusión educativa como garantía de igualdad

Otro de los aspectos centrales de las movilizaciones es la necesidad de construir una escuela verdaderamente inclusiva. La educación pública debe garantizar que ningún estudiante quede excluido por razones económicas, sociales, físicas o relacionadas con sus necesidades educativas.

Para alcanzar este objetivo, no basta con permitir que todos los niños y jóvenes accedan a un centro educativo. También es necesario proporcionarles los medios para aprender en condiciones de igualdad. Esto exige disponer de profesionales especializados, materiales adaptados, instalaciones accesibles y grupos suficientemente reducidos para ofrecer una atención adecuada.

La Formación Profesional constituye igualmente un ámbito prioritario. La reducción del número de estudiantes en aulas y talleres, la presencia de profesorado especialista y la disponibilidad de plazas públicas suficientes son medidas esenciales para asegurar una formación práctica de calidad. Además, resulta necesario garantizar que el alumnado pueda realizar sus prácticas obligatorias y recibir un seguimiento adecuado durante este proceso.

Las reivindicaciones relacionadas con la climatización, el mantenimiento de los edificios y la eliminación de materiales peligrosos, como el amianto, también ponen de manifiesto que el aprendizaje depende de las condiciones materiales de los centros. No puede hablarse de igualdad de oportunidades si algunos estudiantes deben formarse en instalaciones deterioradas o inadecuadas.

Por tanto, defender la educación pública implica comprender que la igualdad no consiste únicamente en ofrecer las mismas oportunidades sobre el papel, sino en proporcionar los recursos necesarios para que todas las personas puedan aprovecharlas realmente.

La huelga como herramienta de lucha colectiva

La huelga del profesorado demuestra la importancia de la organización colectiva para defender los derechos laborales y sociales. La participación de docentes de diferentes centros, junto con estudiantes, familias y organizaciones sindicales, evidencia que los problemas educativos no afectan exclusivamente a quienes trabajan en las aulas, sino al conjunto de la sociedad.

Los testimonios de los profesores que participan en las movilizaciones reflejan la convicción de que la acción colectiva puede ejercer presión sobre las instituciones y abrir espacios de negociación. La decisión de reservar parte del salario para sostener una huelga prolongada también pone de manifiesto el esfuerzo económico que puede suponer mantener una protesta de estas características.

En este contexto, la manifestación que recorrió Madrid hasta la Puerta del Sol adquirió un significado que superaba las demandas estrictamente laborales. Las consignas que relacionaban la educación con el acceso a la vivienda mostraban la conexión entre diferentes problemas sociales. Una familia que destina una parte excesiva de sus ingresos al alquiler puede encontrar mayores dificultades para afrontar gastos educativos, mientras que la falta de escuelas infantiles públicas y asequibles puede limitar las oportunidades laborales de los progenitores.

Así, la defensa de la educación pública se relaciona con otras reivindicaciones, como el acceso a una vivienda digna, la protección de los servicios públicos y la reducción de las desigualdades económicas. La movilización colectiva permite visibilizar estos problemas y recordar que los derechos sociales se encuentran estrechamente vinculados.

La actuación policial y el derecho a la protesta

 Uno de los episodios más grave ocurridodos, es la intervención policial en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Según los vídeos e informaciones recogidas, la actuación de los agentes dejó varias personas heridas y cinco detenidas. Entre las lesiones denunciadas se encuentran las de dos personas, una con fractura en brazo y otra con heridas en la cabeza. Por su parte, la Delegación del Gobierno ha solicitado una inmediata investigación urgente al respecto para esclarecer lo sucedido.

Estos acontecimientos plantean una cuestión fundamental en cualquier Estado democrático: ¿cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante una manifestación? La policía tiene la responsabilidad de mantener el orden y proteger la integridad de todas las personas, incluidos los propios agentes. Sin embargo, esta función debe ejercerse respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Las imágenes difundidas y las versiones contrapuestas sobre lo ocurrido hacen especialmente importante que se realice una investigación rigurosa e independiente, capaz de determinar las circunstancias de la intervención y las posibles responsabilidades. No resulta adecuado establecer conclusiones definitivas sin esclarecer los hechos, pero tampoco debe restarse importancia a las lesiones denunciadas ni al impacto que una actuación violenta puede tener sobre quienes ejercen su derecho a manifestarse.

La libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho a la huelga son elementos esenciales de una sociedad democrática. Cuando estudiantes y trabajadores protestan pacíficamente para defender sus derechos, las instituciones deben garantizar que puedan hacerlo sin sufrir represalias injustificadas. Del mismo modo, cualquier conducta violenta debe investigarse de forma objetiva, con independencia de quién la haya protagonizado.

La respuesta institucional ante estos incidentes debe basarse en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales. Solo así puede mantenerse la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

El conflicto político y la responsabilidad de las instituciones

La huelga también ha generado un enfrentamiento entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los sindicatos convocantes. Mientras estos últimos presentan la movilización como una respuesta a las carencias del sistema educativo, la consejera de Educación y la presidenta regional han cuestionado su carácter y la han calificado de política o electoralista.

Las diferencias también se reflejan en las cifras de seguimiento: los sindicatos convocantes estiman una participación superior al 70 %, mientras que la Consejería la sitúa en el 44,6 %. CSIF, por su parte, calcula un respaldo cercano al 60 %. Esta disparidad evidencia la importancia de conocer los criterios utilizados para contabilizar la participación y disponer de información transparente que permita evaluar el alcance real de la protesta.

En cualquier caso, reducir el conflicto a una disputa partidista puede impedir que se aborden sus causas principales. La educación pública necesita una planificación a largo plazo, financiación suficiente y acuerdos que no dependan exclusivamente de los cambios políticos. Las administraciones tienen la responsabilidad de escuchar a los profesionales, estudiar las necesidades de los centros y establecer compromisos concretos.

La solución no debería limitarse a intercambiar acusaciones entre el Gobierno regional, los sindicatos y los partidos de la oposición. Resulta necesario abrir un proceso de negociación que permita establecer objetivos verificables, plazos de cumplimiento y recursos económicos suficientes. La calidad educativa requiere decisiones sostenidas en el tiempo y una cooperación efectiva entre todos los sectores implicados.

CONCLUSIÓN

La huelga indefinida del profesorado madrileño pone de manifiesto que la defensa de la educación pública es una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad. Las reivindicaciones relacionadas con la reducción de las ratios, la mejora de los salarios, la disminución de la burocracia, la inclusión educativa y la renovación de las instalaciones responden a una preocupación compartida: garantizar que todos los estudiantes reciban una educación digna y de calidad.

Al mismo tiempo, los incidentes ocurridos en la Universidad Complutense recuerdan la importancia de proteger los derechos fundamentales y de exigir transparencia ante cualquier posible actuación policial desproporcionada. La investigación de los hechos y la asunción de responsabilidades, cuando correspondan, son indispensables para preservar la confianza democrática.

En definitiva, una educación pública sólida no puede construirse únicamente a partir del esfuerzo individual del profesorado ni mantenerse sin recursos suficientes. Necesita inversión, planificación, profesionales reconocidos y una voluntad política real de responder a las necesidades educativas. La huelga demuestra que la organización colectiva puede convertirse en una herramienta para visibilizar las deficiencias del sistema y reclamar soluciones.

Defender la escuela pública significa defender una sociedad más justa, en la que el origen económico de una persona no determine sus posibilidades de aprendizaje ni su futuro. Por ello, garantizar una educación universal, inclusiva y de calidad no debe entenderse como un gasto prescindible, sino como una inversión imprescindible en igualdad, convivencia y democracia.

Fuente: Publico.es y El Plural.com

POSDATA

• ¿Para esto quiere el PP y Vox gobernar? 
• ¿Para matar a palos a quien se le ponga por delante? 

Valiente pandilla de fascistas que están hechos todos estos.

FMI. La economía mundial ante la incertidumbre, que va desde el crecimiento de España hasta los desafíos globales.

 El organismo actualiza sus previsiones con una mejora de cuatro décimas para el PIB español, hasta el 2,5%, mientras advierte de la fragilidad del contexto internacional.

INTRODUCCIÓN

La economía mundial atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre geopolítica, el aumento de los precios de la energía, los avances tecnológicos y las diferencias en el ritmo de crecimiento de los países. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado sus previsiones económicas, destacando especialmente el comportamiento de España, cuya economía muestra una evolución más favorable de la que se esperaba inicialmente. Sin embargo, aunque las perspectivas de crecimiento resultan positivas para algunas economías desarrolladas, los riesgos internacionales continúan presentes y podrían afectar la estabilidad económica en los próximos años.

El análisis del FMI permite comprender cómo factores internos, como el empleo y el consumo, y factores externos, como los conflictos internacionales y la evolución de los mercados energéticos, influyen en el crecimiento económico. Asimismo, pone de manifiesto la importancia de la innovación tecnológica, especialmente de la inteligencia artificial, como posible motor de desarrollo, aunque sus efectos a largo plazo todavía generan incertidumbre.

El crecimiento económico de España y su posición internacional

Uno de los aspectos más destacados del informe del FMI es la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de España. El organismo estima que la economía española crecerá un 2,5 % en 2026, cuatro décimas más de lo previsto anteriormente. Esta cifra sitúa a España entre las economías desarrolladas con mejor comportamiento y supera las previsiones de crecimiento de otras grandes economías, como Estados Unidos, cuyo avance se estima en un 2,3 %.

Este resultado refleja la fortaleza que ha mostrado la economía española en un contexto internacional complejo. Aunque el FMI no explica detalladamente las causas de esta mejora, los expertos destacan la solidez del mercado laboral, el dinamismo del consumo interno y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios. Estos factores contribuyen a sostener la actividad económica y favorecen la capacidad de España para afrontar las dificultades del entorno internacional.

No obstante, las perspectivas para 2027 son más moderadas. El FMI mantiene su previsión de crecimiento en el 1,8 %, mientras que otras entidades económicas consideran posible alcanzar una tasa del 2,2 %. Esta diferencia demuestra que las previsiones económicas dependen de múltiples variables y pueden modificarse conforme se dispone de información más reciente.

En materia de inflación, el organismo prevé una moderación de los precios hasta el 2,7 % en 2027. Sin embargo, el Banco de España estima una inflación del 3,7 % para ese mismo año, debido principalmente al posible encarecimiento de la energía, especialmente del gas. Esta discrepancia evidencia la dificultad de anticipar la evolución de los precios en un escenario condicionado por los conflictos internacionales y las fluctuaciones de los mercados energéticos.

Por otro lado, el desempleo en España se mantendría por debajo del 10 % durante 2026 y 2027. Aunque esta tasa continúa siendo alta en comparación con otros países europeos, representa una mejora importante para una economía que históricamente ha sufrido niveles de paro elevados. Por ello, fortalecer el empleo y mejorar la productividad siguen siendo objetivos fundamentales para garantizar un crecimiento sostenible.

La resiliencia de las economías desarrolladas

El informe del FMI también destaca la capacidad de resistencia de las principales economías desarrolladas frente a los impactos negativos de la situación internacional. 

A pesar del incremento de los precios energéticos relacionado con la guerra con Irán y de las tensiones comerciales, varias economías han conseguido mantener un crecimiento relativamente sólido.

Esta resistencia se explica, en parte, por la capacidad de adaptación de las empresas y los hogares, la flexibilidad de la oferta energética, la utilización de reservas y la menor intensidad energética de las economías actuales en comparación con décadas anteriores. Estos elementos han permitido amortiguar parte de los efectos del encarecimiento de la energía y evitar un deterioro económico más pronunciado.

En este escenario, el FMI ha mejorado sus perspectivas para las economías desarrolladas y atribuye parte del resultado de la zona euro, cuyo crecimiento previsto alcanza el 1,1 %, al buen comportamiento de España y a la mejora de Irlanda. Sin embargo, la evolución económica no es uniforme entre todos los países.

Francia y Canadá representan algunos de los casos menos favorables. Francia crecería apenas un 0,4 % durante 2026, mientras que Canadá registraría un avance del 1,1 %, inferior al esperado anteriormente. En el caso canadiense, las tensiones comerciales y las medidas arancelarias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump han contribuido a aumentar la incertidumbre económica.

Estas diferencias muestran que la capacidad de adaptación de cada país depende de sus características productivas, sus relaciones comerciales y sus políticas económicas. Por tanto, aunque las economías desarrolladas han demostrado una notable resiliencia, no todas cuentan con las mismas condiciones para afrontar las crisis.

Las perspectivas de la economía mundial y los países emergentes

A pesar de la evolución relativamente favorable de algunas economías avanzadas, el panorama mundial continúa presentando importantes dificultades. El FMI prevé que el crecimiento económico global se sitúe en el 3,1 % en 2026, cuatro décimas menos que en 2025, antes de recuperarse hasta el 3,4 % en 2027.

Aunque la previsión para 2026 mejora ligeramente respecto a la estimación anterior, la desaceleración refleja las consecuencias de los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y las dificultades que afectan a diferentes regiones del mundo.

Los países emergentes son especialmente vulnerables a estas circunstancias, ya que sus previsiones de crecimiento han experimentado revisiones negativas. Muchos de ellos dependen de las importaciones de energía, cuentan con menos recursos financieros para responder a las crisis y presentan una mayor exposición a las variaciones de los precios internacionales.

El encarecimiento de las materias primas puede elevar los costes de producción, reducir el poder adquisitivo de los hogares y aumentar las dificultades de las empresas. Además, cuando los países deben destinar más recursos a importar energía, disponen de menos margen para invertir en educación, sanidad e infraestructuras.

Por estas razones, la desaceleración mundial no debe interpretarse únicamente como una reducción de las tasas de crecimiento, sino también como un desafío para la estabilidad económica y la reducción de las desigualdades entre países.

La inteligencia artificial y la geopolítica como factores determinantes

Otro de los elementos centrales del análisis del FMI es la influencia de la tecnología y la geopolítica sobre la economía mundial. Ambos factores actúan en direcciones diferentes: mientras que la inversión en inteligencia artificial puede impulsar la productividad y el crecimiento, los conflictos internacionales y la fragmentación política generan riesgos que pueden frenar la actividad económica.

La inteligencia artificial está favoreciendo las inversiones en equipos informáticos, centros de datos, infraestructuras digitales y otros recursos tecnológicos. Estas inversiones pueden estimular la demanda, crear nuevas oportunidades empresariales y mejorar la eficiencia de numerosos sectores productivos.

Sin embargo, todavía no está claro si este impulso se traducirá en un aumento sostenido de la productividad a largo plazo. Existe la posibilidad de que las expectativas de beneficios vinculadas a la inteligencia artificial sean demasiado optimistas. Si los inversores consideran que los resultados económicos no justifican las valoraciones actuales, la inversión podría reducirse bruscamente y provocar efectos negativos sobre los mercados financieros.

Por tanto, aunque la inteligencia artificial representa una oportunidad importante para modernizar la economía, sus beneficios dependerán de la capacidad de las empresas para convertir los avances tecnológicos en mejoras reales de productividad. También será necesario promover la formación de los trabajadores y facilitar la adaptación de las actividades económicas a los cambios tecnológicos.

En contraste con estas oportunidades, la geopolítica constituye una fuente importante de inestabilidad. Las guerras prolongadas, las tensiones comerciales y la fragmentación internacional pueden interrumpir las cadenas de suministro, encarecer las materias primas y reactivar las presiones inflacionistas.

El FMI advierte, además, de que los países importadores de energía y las economías de menores ingresos pueden sufrir con mayor intensidad estas consecuencias. En este sentido, la cooperación internacional resulta fundamental para reducir los riesgos y favorecer un entorno económico más estable.

La deuda pública y los desafíos de la política fiscal

El informe también llama la atención sobre los elevados niveles de deuda pública y los déficits fiscales que presentan varias economías importantes. Esta situación limita la capacidad de los gobiernos para responder a futuras crisis y aumenta la importancia de gestionar adecuadamente los recursos públicos.

Cuando los precios de la energía y de otras materias primas aumentan, algunos gobiernos adoptan medidas para proteger a los hogares y las empresas, como las ayudas económicas o las reducciones fiscales. Estas actuaciones pueden ser necesarias para aliviar las dificultades de los sectores más afectados, pero también pueden incrementar el gasto público y reducir los ingresos del Estado.

Por ello, el FMI considera que estas medidas deben ser específicas, temporales y no distorsionadoras. Esto significa que deberían dirigirse principalmente a quienes más necesitan apoyo, evitar prolongarse innecesariamente y reducir los efectos negativos sobre el funcionamiento de los mercados.

Una política fiscal equilibrada debe combinar la protección social con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Si los gobiernos acumulan déficits elevados durante periodos prolongados, pueden encontrarse con menos recursos para afrontar futuras emergencias y verse obligados a destinar una mayor parte de sus presupuestos al pago de intereses.

En consecuencia, la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto público son elementos esenciales para mantener la estabilidad económica sin renunciar a la protección de los ciudadanos más vulnerables.

CONCLUSIÓN

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional muestran que la economía mundial mantiene una capacidad de resistencia significativa, aunque continúa expuesta a riesgos relacionados con los conflictos geopolíticos, los precios de la energía, las tensiones comerciales y el aumento de la deuda pública. En este contexto, España destaca por la fortaleza de su crecimiento económico, impulsado principalmente por el mercado laboral, el consumo y las exportaciones de servicios.

Sin embargo, las buenas perspectivas españolas no eliminan los desafíos pendientes. El desempleo sigue siendo elevado, la evolución de la inflación presenta incertidumbres y el crecimiento podría moderarse en 2027. Por ello, será fundamental mantener políticas que favorezcan la creación de empleo de calidad, la inversión productiva y la mejora de la competitividad.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial ofrece oportunidades para impulsar la productividad y transformar las actividades económicas, pero sus beneficios todavía deben demostrarse a largo plazo. Su aprovechamiento requerirá inversión, formación y una adaptación adecuada de las empresas y los trabajadores.

En definitiva, el principal desafío de la economía mundial consiste en transformar su capacidad de resistencia en un crecimiento duradero, equilibrado e inclusivo. Para lograrlo, será necesario combinar la innovación tecnológica con políticas económicas responsables, fortalecer la cooperación internacional y proteger a los sectores más vulnerables frente a las consecuencias de la inestabilidad global. 

España parte de una posición relativamente favorable, pero mantener esa ventaja se subordina a la capacidad para afrontar estos retos y convertir el crecimiento actual en bienestar económico y social a largo plazo, lo cual  va a depender, principalmente, de quien salga victorioso en la próximas elecciones, que si fuesen PP y Vox, ya les digo que vamos para atrás, con el hambre que tienen estos por trincar.

Fuente: El Pais.com

OPINIÓN. El Partido Popular y Vox, no llevan bien lo de cumplir con la Constitución

En España la democracia no va bien, principalmente en autonomías donde gobierna el Partido Popular junto con Vox, o respaldado por éste. Y si gobiernan el Estado, ambos pretenden expandir a toda España esas políticas que fomentan la injusticia social, puesto que, el partido ultra pone letra y música, dejando para el obediente PP, que baile y cante, cuando toque.

1)  La Comisión Europea quita la razón de ser, a la prioridad nacional de Vox.

Introducción

El debate sobre la llamada «prioridad nacional», defendida por Vox y respaldada por el Partido Popular (PP), ha generado una importante controversia política y jurídica en España. Esta propuesta pretende dar preferencia a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinados servicios públicos. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado límites en la normativa de la Unión Europea, ya que las políticas nacionales deben respetar los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos fundamentales. La Comisión Europea ha advertido que aplicar este principio podría entrar en conflicto con el derecho comunitario y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desarrollo

La propuesta de establecer una prioridad para los ciudadanos españoles en el acceso a los servicios públicos plantea interrogantes sobre la igualdad de derechos entre las personas que residen en un país. Aunque los Estados tienen competencias para organizar sus políticas sociales y administrativas, estas no son ilimitadas, puesto que deben ajustarse a las normas europeas que regulan los derechos de los ciudadanos y de los residentes extranjeros.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado que los Estados miembros y las comunidades autónomas no pueden modificar unilateralmente las condiciones de acceso a determinados servicios cuando estas se encuentran reguladas por la legislación comunitaria. Esta advertencia pone de manifiesto que las decisiones políticas nacionales deben respetar los compromisos jurídicos asumidos dentro de la Unión Europea.

La cuestión llegó a las instituciones europeas a raíz de una pregunta presentada por Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís e integrante del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE). Marzà solicitó aclaraciones sobre la compatibilidad de la prioridad nacional con el derecho comunitario y preguntó si los criterios utilizados por algunos Estados miembros para conceder acceso a los recursos públicos podían vulnerar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En su respuesta, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, señaló que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente requisitos de residencia superiores a cinco años en el ámbito regulado por la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Esta norma establece un marco jurídico común para proteger los derechos de las personas que cumplen las condiciones previstas para obtener dicho estatuto.

La respuesta europea resulta relevante porque establece límites a las políticas que pretenden introducir diferencias de trato basadas en la nacionalidad o en condiciones de residencia más restrictivas que las permitidas por la legislación comunitaria. 

Desde una perspectiva política, la prioridad nacional puede presentarse como una medida destinada a proteger los recursos públicos y garantizar que las necesidades de la población sean atendidas. Sin embargo, también puede generar situaciones de exclusión si se aplica de manera generalizada, sin tener en cuenta los derechos reconocidos por la legislación europea. Por ello, resulta necesario encontrar un equilibrio entre la capacidad de los Estados para gestionar sus recursos y la obligación de respetar los derechos de las personas que viven legalmente en su territorio.

Además, el debate no debe limitarse a una confrontación entre ciudadanos españoles y extranjeros. La gestión de los servicios públicos requiere políticas que garanticen su sostenibilidad, una distribución adecuada de los recursos y criterios transparentes de acceso. La nacionalidad, por sí sola, no puede utilizarse como justificación para ignorar las obligaciones legales que corresponden a los Estados miembros.

Conclusión

En conclusión, la controversia sobre la prioridad nacional defendida por Vox y respaldada por el PP demuestra que las propuestas políticas deben ajustarse al marco jurídico español y europeo. La advertencia de la Comisión Europea recuerda que los Estados miembros no pueden establecer unilateralmente determinadas restricciones cuando estas contradicen la normativa comunitaria, especialmente en materia de residencia de larga duración.

La protección de los servicios públicos constituye un objetivo legítimo, pero debe desarrollarse respetando los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación, así como los derechos reconocidos por la Unión Europea. En definitiva, el reto consiste en garantizar unos servicios públicos eficaces y sostenibles sin vulnerar las normas que protegen a las personas. La verdadera fortaleza de una democracia no reside únicamente en administrar sus recursos, sino también en hacerlo conforme a la ley y respetando los derechos fundamentales

Fuente: El Plural.com

2)  La reforma del IRPF propuesta por Vox: impacto económico y consecuencias para el Estado del bienestar

Introducción

La política fiscal constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado, ya que determina cómo se recaudan los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y cómo se distribuye la carga tributaria entre los ciudadanos. En este contexto, la propuesta de Vox de modificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha abierto un debate sobre la relación entre los impuestos, la equidad social y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Según las declaraciones del ministro de Hacienda, Arcadi España, esta reforma supondría una reducción de la recaudación de aproximadamente 85.000 millones de euros anuales, una cantidad que tendría importantes consecuencias para la financiación de servicios esenciales como la educación y la sanidad.

Desarrollo

La propuesta fiscal de Vox plantea una transformación significativa del sistema actual del IRPF. Entre sus principales medidas se encuentran el establecimiento de un mínimo exento para las rentas de hasta 22.000 euros anuales, un tipo impositivo único del 15 % para los ingresos de hasta 70.000 euros y un tipo del 25 % para las rentas superiores a esa cantidad. Este modelo sustituiría al sistema progresivo vigente, en el que los tipos impositivos aumentan a medida que crece la renta, hasta alcanzar determinados tramos superiores al 40 %.

Desde la perspectiva de Vox, una reforma de estas características podría reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos, aumentar la renta disponible de las familias y favorecer la actividad económica. Sus defensores podrían argumentar que pagar menos impuestos permite incrementar el consumo, estimular la inversión y ofrecer mayores incentivos al trabajo y al ahorro. Sin embargo, para valorar estas posibles ventajas resulta imprescindible analizar también el coste de la medida y sus efectos sobre los ingresos públicos.

Según las cifras expuestas por el ministro Arcadi España, el coste estimado de la propuesta alcanzaría los 85.000 millones de euros, mientras que la recaudación anual del IRPF se sitúa, de acuerdo con sus declaraciones, en torno a los 140.000 millones. Esta diferencia plantea una cuestión fundamental: ¿cómo se compensaría la pérdida de ingresos del Estado? Una reducción de la recaudación de tal magnitud obligaría a estudiar alternativas como la disminución del gasto público, el aumento de otros impuestos, la obtención de nuevos ingresos o el incremento del endeudamiento. Cada una de estas opciones tendría consecuencias económicas y sociales que deberían explicarse con claridad.

La preocupación del Ministerio de Hacienda se centra especialmente en la posible repercusión sobre el Estado del bienestar. Los recursos públicos permiten financiar servicios esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones y las políticas sociales. Si disminuyeran considerablemente los ingresos tributarios sin una compensación suficiente, podría aumentar la presión sobre estas partidas presupuestarias. Por este motivo, el ministro ha comparado el coste estimado de la reforma con el gasto educativo del conjunto del país y con una parte muy importante del gasto sanitario.

No obstante, es importante señalar que una reducción de impuestos no implica necesariamente, por sí sola, un recorte automático del gasto público. El efecto final dependería de las medidas complementarias que se adoptasen, de la evolución de la actividad económica y de la respuesta de los contribuyentes. Por tanto, para evaluar rigurosamente la propuesta sería necesario conocer la metodología utilizada para calcular su coste, los posibles efectos económicos a medio y largo plazo y las alternativas previstas para mantener la financiación de los servicios públicos.

Otro aspecto relevante es la distribución de los beneficios fiscales. Según los ejemplos ofrecidos por Arcadi España, una persona que percibe el salario mínimo no obtendría ahorro con la reforma, mientras que una persona con ingresos anuales de 100.000 euros ahorraría 18.935 euros y otra con ingresos de un millón de euros dejaría de pagar aproximadamente 200.000 euros. Estas cifras, atribuidas al ministro, ilustran la preocupación del Gobierno por el reparto de las ventajas fiscales entre los distintos niveles de renta.

La cuestión central no consiste únicamente en determinar si los ciudadanos deben pagar más o menos impuestos, sino también en analizar quién se beneficia de la reducción y cómo se distribuyen sus costes. Un sistema tributario progresivo busca que quienes disponen de mayores recursos económicos contribuyan en mayor medida a la financiación colectiva. En cambio, un modelo con tipos más reducidos y menos escalones de tributación modifica esa distribución y puede disminuir la capacidad redistributiva del impuesto, dependiendo de su diseño concreto.

En este sentido, el debate sobre el IRPF refleja dos prioridades que deben examinarse conjuntamente: por una parte, la necesidad de aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y favorecer la actividad económica; por otra, la obligación de garantizar ingresos suficientes para sostener los servicios públicos y reducir las desigualdades. La dificultad consiste en encontrar un equilibrio entre ambas, evitando que las decisiones fiscales generen consecuencias negativas que no hayan sido previstas o debidamente justificadas.

Además, en el contexto de la precampaña electoral de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, estas propuestas adquieren una dimensión política particular. Los programas económicos de los partidos no solo expresan sus prioridades ideológicas, sino que también ofrecen modelos diferentes de organización social y económica. Por ello, las promesas de reducción de impuestos deben ir acompañadas de explicaciones transparentes sobre su financiación, sus beneficiarios y sus posibles efectos sobre el conjunto de la población.

Conclusión

La propuesta de Vox para reformar el IRPF plantea un debate que va más allá de la cuantía de los impuestos. En realidad, afecta a cuestiones fundamentales como la distribución de la riqueza, la financiación de los servicios públicos y el papel del Estado en la reducción de las desigualdades. Las cifras presentadas por el ministro Arcadi España, especialmente la estimación de un coste de 85.000 millones de euros, ponen de manifiesto la necesidad de examinar con detalle las consecuencias presupuestarias de una reforma de esta magnitud.

Reducir los impuestos puede constituir un objetivo legítimo de política económica, pero su viabilidad depende de que exista un plan creíble para compensar la pérdida de ingresos o de que se justifique cómo afectará a las cuentas públicas. Del mismo modo, mantener un sistema de recaudación suficiente no significa que todos los impuestos deban permanecer inalterados, sino que cualquier modificación debe evaluarse teniendo en cuenta sus efectos económicos y sociales.

En definitiva, el debate sobre el IRPF exige algo más que promesas electorales o advertencias políticas: requiere datos verificables, cálculos transparentes y propuestas concretas. Los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo cuánto podrían ahorrar con una reforma fiscal, sino también qué consecuencias tendría para los servicios públicos y cómo se repartirían sus beneficios y sus costes. Solo a partir de esta información será posible valorar las distintas alternativas fiscales con rigor y comprender su verdadero impacto sobre la sociedad.

Fuente: El Diario.es

3)  Feijóo y Garamendi de acuerdo en lo fundamental, las bajas laborales son un cáncer.

Alberto Núñez Feijóo (líder del Partido Popular) y Antonio Garamendi (presidente de la CEOE) coincidieron en julio de 2026 en la necesidad de impulsar un acuerdo para reducir el absentismo laboral y las bajas médicas

Puntos clave del acuerdo y las declaraciones

• Declaraciones de Feijóo.- El líder del PP calificó el aumento de las bajas laborales como un cáncer y sugirió revisar las condiciones o prestaciones de quienes no acuden al puesto de trabajo.
• Posición de Garamendi.- El presidente de la patronal CEOE respaldó a Feijóo, coincidió con sus datos sobre el impacto económico (que cifran en torno a los 33.000 millones de euros) y afirmó que gran parte de las bajas se concentran en días como los lunes o los viernes.
• Críticas sindicales.- Sindicatos como UGT y CCOO rechazaron estas afirmaciones, argumentando que no existe tal crisis de absentismo injustificado y que el incremento de las bajas responde a problemas reales de salud laboral, salud mental y retrasos en las listas de espera de la sanidad pública

Fuente: Medios digitales

4)  El partido popular y Vox, coinciden en lo nuclear de cambiar el sistema de pensiones  público, a un sistema de pensiones mixto.

El Partido Popular (PP) y Vox coinciden en parte en sus posturas sobre el modelo de pensiones.

• Vox (según declaraciones de José María Figaredo) propone sustituir o reformar el actual sistema por un modelo mixto que combine el sistema de reparto tradicional con la capitalización individual (donde el 50% de las cotizaciones irían a una cuenta de ahorro personal del trabajador).
• El PP (a través de portavoz Borja Sémper) defiende el sistema de pensiones actual, al que califica de «robusto y sólido», y rechaza la propuesta de Vox de semiprivatizarlo. Si bien la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, ha dicho ayer que el sistema de pensiones público va a colapsar y hay que ir a un sistema mixto. Luego salió Feijóo prometiendo revalorizar las pensiones con el IPC pero apostilla que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable” (que sino es viable un asunto entiendo es porque va a colapsar. Que sino). Lo cual no contradice lo que dijo en 2023, cuando presentó la idea que debía introducirse la mochila austriaca en el sistema público de pensiones español (**)

(**) En junio y julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo (líder del Partido Popular) propuso implantar en España el mecanismo conocido como la mochila austriaca dentro de su programa electoral para las elecciones generales

Los puntos clave de lo que planteó entonces incluyen:

• Cuenta de capitalización individual.- Propuso crear un fondo o cuenta individual para cada trabajador, financiado a través de aportaciones periódicas de la empresa (detraídas o calculadas a cuenta del salario bruto), para sustituir o reformar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido.
• Movilidad laboral.- Defendió que el dinero acumulado en esa "mochila" sería portable, lo que permitiría al trabajador conservar su fondo de ahorro a lo largo de su vida laboral aunque cambiase de empresa, con el objetivo declarado de facilitar la movilidad en el mercado de trabajo.
• Alternativa al pago de golpe en los despidos.- Explicó que el sistema busca evitar que la empresa tenga que afrontar el pago de una gran indemnización de una sola vez en caso de un despido, acumulando el coste mes a mes.
• Críticas y debate político.- La propuesta generó un fuerte rechazo por parte del Gobierno de coalición (como Yolanda Díaz) y de los sindicatos, que advirtieron que la medida podría abaratar o facilitar el despido en España

Fuente: Medios digitales

5)  De aquellos polvos estos lodos. Huelga General en noviembre.

Como consecuencia de todo lo anterior surge la huelga general del 11 de noviembre posiblemente con presunto foco puesto en la crisis de la vivienda(*) por el estallido social tras el desahucio de Maricarmen, pero incluyen también otras reivindicaciones laborales. La denuncia de los bajos salarios es la principal que habían adelantado ya los sindicatos, pero además prevén incorporar la defensa del sistema público de pensiones y de la protección social de las bajas laborales ante los recientes discursos de PP y de Vox, que han hecho sonar las alarmas de posibles recortes si llegan a La Moncloa.

(*) Recordemos, que las Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular (PP) mayoritariamente se han negado a aplicar la Ley de Vivienda lo cual amplifica los efectos de la crisis de vivienda, al permitir que los precios de la venta y/o alquiler de vivienda suban como un cohete en dichas autonomías.

Fuente: El Plural.com