17 de febrero de 2024

OPINIÓN. De la 'limpieza étnica' de Netanyahu

Supongo Netanyahu tiene decidido consumar el exterminio del pueblo  palestino, cuando ha ordenado evacuar Rafah ante inminente "operación masiva" del ejército israelí. 


De ocurrir finalmente el asalto a Rafah, acabarán con las vidas de cerca millón y medio de palestinos allí refugiados, que acorralados, no tienen donde huir. 

El genocidio del que está siendo objeto el pueblo palestino por los ejércitos sionistas, que protegidos por EEUU y Reino Unidoactúan con total impunidad, como los nazis hicieron con los judíos, 'ergo' los sionistas son los nuevos nazis del siglo XXI, porque los únicos capaces de acabar con la vidas de un millón de personas de la noche a la mañana, por este orden serían, Hitler, Netanyahu y Putin, ―según ellos mismos reconocieron  

Y además, siendo apoyado dicho genocidio desde España por los dirigentes de PP y Vox vergüenza admitir sean españoles semejantes individuos que van a misa todos los domingos y fiestas de guardar, sin mostrar, ni el más mínimo  escrúpulo de conciencia, ni de arrepentimiento, pues por lo visto, nada de todo esto es delito ni pecado.

A que espera la comunidad internacional para evitarlo. ¿Acaso quiere estalle la tercera guerra mundial?

En principio, debieran imponerse a Israel las sanciones que fuesen necesarias,  porque son merecedores de todas ellas.

Nada de dejarles participar en Juegos Olímpicos, ni en cualquier otra competición deportiva o de ocio, como Eurovisión. Así como también, debieran aplicárseles sanciones económicas equivalentes a las que merecidamente se le impusieron a Rusia, por la invasión de Ucrania. Y por supuesto, nada de venderles armas, pues a día de hoy, todos sabemos el uso que hacen de ellas.

PERO DEBE HACERSE DE MANERA INMEDIATA

Caso no hacer nada, como se ha hecho hasta ahora, inevitablemente se consumará el exterminio del pueblo palestino, y a excepción de Sudáfrica que denunció a Israel por genocidio ante la Corte Penal Internacional, el resto de la comunidad internacional, al completo, tendrá las manos manchadas de sangre para siempre y por toda la eternidad. Además, probablemente, acerque peligrosamente a la humanidad al inicio de la tercera guerra mundial, si no es que ha empezado ya.

Fuente: Redacción 

POSDATA

Tras la muerte de Navalni en una prisión rusa de Siberia, cabe preguntarse si no debiera dedicarse Putin a desnacificar Rusia en lugar de Ucrania (donde no lo veo por ningún lado) porque la verdad, la democracia en la Federación de Rusia, entiendo brilla por su ausencia, al igual que el respeto a los derechos humanos. Sin olvidarnos de la barbarie que llevan dos años protagonizando contra el pueblo ucraniano, contraria al derecho internacional, a la democracia y al sentido común, que es el menos común de los sentidos.

9 de febrero de 2024

OPINION. Las investigaciones que exige la UE sobre la presunta conexión entre el Kremlin y el ‘procés’ llevan años en los juzgados españoles

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó la presencia de presuntos espías rusos en Cataluña, antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 e incluso  durante el desarrollo del mismo también.

Dado que el Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución —no vinculante— para reclamar a las “autoridades judiciales competentes” que investiguen “de forma efectiva” la intervención rusa para intentar desestabilizar determinadas regiones de la UE. Además, la Cámara insta a indagar la presunta conexión del independentismo catalán con Moscú durante el ‘procés’; gracias a la insistencia y enmiendas del PP, siempre comprometidos con su afán de desequilibrar la democracia en EspañaCabe recordar al respecto a dicho Parlamento Europeo en general y al PP en particular, que desde el estallido del desafío independentista en 2017, en España se han abierto al menos dos causas judiciales sobre la supuesta conexión entre Rusia y el 'procés', sin que se haya imputado a nadie por alta traición. También se detectó la presencia de espías en fechas clave, antes del referéndum ilegal del 1 de octubre y durante la celebración del mismo. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también ha advertido en varios informes sobre las campañas de desinformación (online) impulsadas por el Kremlin.

PRIMERA INVESTIGACIÓN

En noviembre de 2019, un juzgado de la Audiencia Nacional, había iniciado una investigación sobre la presencia de agentes del espionaje ruso en Cataluña en los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y sus supuestos contactos con personas vinculadas al proceso independentista.

La Policía había abierto la Operación Volka (lobo en ruso) tras constatar el paso por Barcelona del general Denís Serguéiev, alias Serguéi Fedótov, solo 48 horas antes de que se celebrara la consulta convocada por el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

INVESTIGACION PRINCIPAL

La principal investigación en España sobre la presunta injerencia rusa en el 'procés' es la que dirige, desde hace cuatro años, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre. El magistrado indaga las reuniones que, en los días previos a la fallida declaración unilateral de independencia, mantuvo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con individuos que, presuntamente, tienen conexiones con el Kremlin. En la causa están investigados el jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay; el informático Jaume Cabaní y el exdirigente de Convergència Víctor Terradellas.

Aguirre abrió el caso Voloh y, en octubre de 2020, ordenó diversas detenciones. Fuentes de los servicios de inteligencia aseguran que se comprobó que los interlocutores rusos tenían conexiones estrechas con el Kremlin; otra cosa, matizan, es que la oferta que habían ofertado, de enviar 10.000 soldados —bajo el pretexto de una supuesta fuerza de paz— fuera una ensoñación. “El objetivo era animar con sus promesas a Puigdemont para que se diera el paso”, explican las citadas fuentes.

La causa parecía 'dormir el sueño de los justos' hasta que, el pasado 29 de enero, un día antes de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, el juez dictó un auto que, además de prorrogar por seis meses la investigación, citaba por primera vez delitos que no están cubiertos por la amnistía. 

El juez consideró entonces, que los implicados maniobraron para alterar la unidad territorial de España buscando alianzas con Rusia, que puede suponer delito de alta traición, excluido de forma expresa en el texto de la amnistía, lo cual  conlleva un obstáculo más para que, llegado el caso, Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía. 

Al tiempo, dicho juez ha sido objeto de recusación por parte de las defensas, al haber dado una entrevista a la televisión pública alemana hablando de la causa, que presuntamente supone saltarse el principio de imparcialidad. Por otra parte, la instrucción del proceso quizás incurra en investigación prospectiva, pues probablemente, no sean aportadas nuevas pruebas documentadas, verificadas y constatadas, diferentes de las que se disponía antes del 29/01/24, que hasta entonces no habían dado lugar a ninguna imputación por delito de alta traición. 

Fuente: Redacción; el pais.com

6 de febrero de 2024

OPINIÓN. Un PP moralista, acosado por casos de corrupción, utiliza la UE y la Justicia, para protegerse contra daños colaterales de probables sentencias

 Nuestro partido popular, querido por unos y odiado por otros, utiliza a la UE y a  su brazo armado de la Justicia para defenderse, electoralmente y judicialmente, de los casos de corrupción que le acorralan, tanto actuales como futuros. Pongámoslo todo en contexto.


30 causas de corrupción abiertas hace un lustro asedian al PP

Los tribunales preparan juicios en los próximos meses de los casos Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Kitchen y otros contra relevantes exdirigentes populares.

Las causas judiciales por corrupción asedian al PP desde 2009. El año que ahora empieza tiene al menos 30 sumarios con la instrucción finalizada en los casos Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Taula, Tandem y otros con varias decenas de exdirigentes populares procesados. Los juicios pendientes, algunos ya tienen fijada fecha de inicio, sentenciarán hechos ocurridos hace más de cinco años. Esta justicia a destiempo supondrá un nuevo varapalo al prestigio de la formación conservadora que ahora preside Alberto Núñez Feijóo. Lo que sigue resume el via crucis judicial del PP.

Caso Gürtel, 14 años después, cuatro causas pendientes. El juez Baltasar Garzón desarticuló el 6 de febrero de 2009 una de las más extensas tramas de corrupción conocida en democracia. La red había colonizado más de una decena de administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía. De aquella investigación surgieron múltiples piezas separadas que dieron lugar a juicios que terminaron con duras condenas de cárcel para alcaldes, concejales, consejeros autonómicos y hasta quien fuera tesorero nacional. El PP fue considerado en dos de las causas “partícipe a título lucrativo”, se benefició de los delitos cometidos por la red corrupta. Quince años después, el PP espera todavía algunas sentencias más vinculadas al caso. Francisco Camps, que presidió un Gobierno salpicado de corruptos, a juzgar por los consejeros y altos cargos que han sido condenados estos años, se enfrenta a la petición de cárcel de la fiscalía en la pieza número 5 del caso Gürtel. Se trata de los contratos amañados que su Ejecutivo adjudicó a Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel. La sentencia se conocerá en las próximas semanas o meses.

Cajas b del PP nacional y del PP de Madrid pendientes de juicio o de recurso. El Supremo responderá en las próximas semanas a los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional por el denominado caso Bárcenas, la caja b del PP que financió parte del coste de las obras de la sede de Génova, 13. Esa sentencia culpó al extesorero y consideró responsable civil subsidiario al PP. El partido decidió no recurrir el fallo, admitiendo así la corrupción. En la Comunidad de Madrid también funcionó una caja b con la que se financió el partido ilegalmente, según el auto de procesamiento contra dirigentes del Gobierno de Esperanza Aguirre. Uno de los sumarios del caso Púnica versa sobre esta caja b y está pendiente de juicio junto a otras nueve piezas separadas más.

Los exministros Rato y Zaplana se enfrentan a altas penas de cárcel. Rodrigo Rato, exministro de Economía y expresidente de Bankia, se sienta en el banquillo desde hace semanas. La fiscalía pide decenas de años de cárcel para Rato por defraudar millones de euros. Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, se enfrenta desde el 1 de febrero a un juicio donde la fiscalía solicita 19 años por los delitos de blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación en el caso Erial.

Espionaje ilegal para proteger al PP. Caso Kitchen. Otra investigación judicial concluida y pendiente de juicio llevará al banquillo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos, Francisco Martínez y a media docena de comisarios de policía. Todos ellos están acusados de perpetrar una operación a espaldas del juez para espiar a la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con la intención de robar documentación que pudiera implicar al Gobierno de Mariano Rajoy en diversos delitos de corrupción.


Fuente: elpais.com


Operación Cataluña. El Gobierno del PP de Rajoy investigó al margen de la ley a partidos independentistas durante al menos cinco años

El ministro Jorge Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes catalanes


Mafia Policial. La Fiscalía abre investigación sobre “Operación Catalunya” a partir de la guerra sucia contra su exjefe

 El ministerio público pide documentación a elDiario.es y La Vanguardia sobre las informaciones exclusivas de la mafia policial que fabricó informes contra políticos y cargos catalanes como el exfiscal general de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.

Fuente: eldiario.es


CONCLUSIÓN

El partido popular(PP), se ha visto seriamente alcanzado en la línea de flotación por la corrupción, que para retirar el foco sobre los juicios pendientes y evitar el hundimiento total, se ha  agarrado al terrorismo como tabla de salvación electoral  y judicial (banalizando el terrorismo y despreciando el dolor de sus víctimas). Además de, compulsivamente, oponerse a la tramitación de cualquier ley en el Parlamento, dicen que por convicción política (que legítimo es aunque no sea muy democrático intentar bloquear el normal funcionamiento de Congreso y Senado). Por mismo medio y motivo, torpedean la futura ley de Amnistía, jactándose de defender la Constitución, a base de mimetizarse  con la ideología de la extrema derecha (negacionistas del cambio climático que pretenden capitanear  manifestaciones de agricultores y sacar a España de la UE) y lo ha llevado al extremo de comprometer la independencia de la Justicia, pero eso sí, acusan al  resto de partidos políticos, de ser estos y no el PP, quienes manipulan la Justicia. Faltaría más.

Visto el presente y futuro judicial de la corrupción del PP y para que esto no influya en futuras elecciones, el partido popular ha decidido pasar al ataque utilizando sus resortes políticos para que, electoralistamente, salten a su antojo el brazo armado judicial que mayoritariamente controlan, bien sea unas veces, Consejo General del Poder Judicial y Asociaciones Judiciales conservadoras, u otras,  Consejo Fiscal, Junta de Fiscales correspondiente o Asociaciones de Fiscales afines.

En este contexto tenemos el caso Tsunami, donde el juez Garcia-Castellón, tras dejarlo en el baúl de los recuerdos durante 4 años, ahora ha sido bendecido e iluminado por Dios, que le ha revelado que era terrorismo (momento que milagrosamente coincide con tramitación parlamentaria de ley de Amnistía) frente a los fiscales conservadores, Miguel Ángel Carballo y Álvaro Redondo, de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, respectivamente, que dicen lo contrario.

En medio, han salido en tromba el resto de fiscales conservadores del Tribunal Supremo (motu proprio, como no podía ser de otra manera) para enmendar la plana al también conservador, fiscal Redondo, del propio TS; que en mi modesto entender, es un gran profesional, serio y trabajador, que cuenta con 46 años de trayectoria impecable, algunos de ellos en el País Vasco en los años duros del terrorismo, “sin aceptar presión alguna de nadie” confiesa éste. Y a buen seguro, tanto el fiscal Redondo como el fiscal Carballo, saben distinguir los delitos de terrorismo de los que no lo son, pero lógicamente, el resto de jueces y fiscales, también debieran saber diferenciarlos, y entonces me surgen las siguientes preguntas,  

  1. ¿Por qué cuando diferentes jueces y fiscales investigan un caso de presunto terrorismo, en base a las pruebas, no concluyen lo mismo?
  2. ¿Acaso los jueces y fiscales que disienten se dejan influir por su propia ideología política en la instrucción de las causas judiciales?
  3. ¿O bien, para los jueces y fiscales discrepantes,  es distinto el delito de terrorismo, respecto la opinión del  resto de la ciudadanía?
  4. ¿O quizás pudiera ser que, en algunos casos, la Justicia en este país haya dejado de ser ciega, sorda y muda?


POSDATA


Ya que desde la Unión Europea, tanto promueven la participación de la ciudadanía en las Instituciones, y dado que hoy, siete representantes de la Comisión de Venecia[*] se pasan por España, convendrían que tanto estos, como el Comisario de Justicia de la Unión Europea, echasen un ojo, a este humilde blog, para ayudarles a formar opinión de, a mi juicio, las verdaderas intenciones del partido popular, respecto la Justicia de este país, donde ni siquiera permite, se renueve el Consejo General del Poder Judicial (que figura entre las recomendaciones para España del grupo GRECO[**]) que debiera haber sido efectiva desde hace 5 años .

(*) La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, cuyas resoluciones no son vinculantes

(**) El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) es un órgano del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción


Fuente: Redacción

27 de enero de 2024

OPINIÓN. ¿Los incidentes en manifestaciones independentista es terrorismo o desórdenes públicos? ¿Y los incidentes del resto de manifestaciones que son?

Los incidentes en manifestaciones independentistas es terrorismo como manifiesta el juez García-Castellón, que casualmente coincide con las tesis de los herederos de técnicas franquistas que son PP y Vox;  o por el contrario no lo es, como considera toda España que piensa, todo lo más serían, desórdenes públicos, al igual que el resto de manifestaciones populares.

VAMOS A LOS HECHOS

El terrorismo según el juez García-Castellón 

Autor: José Antonio Martín Pallín, que ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

Las resoluciones del juez García Castellón, estadísticamente constatadas, arrojan un saldo con una tendencia evidente a perseguir a personas relacionadas con partidos de izquierda o independentistas y exonerar de responsabilidad a dirigentes destacados del Partido Popular.

 Que cada uno saque sus conclusiones. Recientemente se ha unido a la cruzada contra le ley de amnistía sacando del baúl de los recuerdos, lo sucedido el 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto del Prat. Es indiscutible que los hechos merecen la calificación de desórdenes públicos agravados, pero solo desconociendo o retorciendo la ley se pueden integrar en un delito de terrorismo.

El juez ha elevado una Exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por si existiese responsabilidad criminal de personas aforadas (Carles Puigdemont y Marta Rovira), que la ha tomado en consideración solicitando el dictamen del Ministerio Fiscal que se había opuesto a la calificación jurídica de los hechos como delito de terrorismo. Habrá que esperar a los acontecimientos, pero nada resulta más clarificador que un examen del relato de hechos que se hace en el auto dictado por el juez García Castellón con fecha 18 de enero de 2024.

Afirma que fruto de una planificación deliberada, instada y publicitada a través de sus redes sociales por Tsunami Democrático se produjo una invasión masiva de personas en el Aeropuerto del Prat que produjo una grave afectación a la seguridad del tráfico aéreo. La hora de comienzo de los hechos tuvo lugar a las 14,00 horas del día 14 de octubre de 2019, y se prolongó hasta las 21,00 horas del mismo día. Hubo concentración de numerosos manifestantes en varias zonas de la terminal T1 y accesos vía terrestre cortados en las terminales T1 y T2, afectando a la movilidad de pasajeros, tripulaciones y empleados. A continuación, realiza una descripción de las acciones violentas que se produjeron, pero omite cualquier referencia a la muerte de un pasajero por infarto de miocardio.

Termina relatando que según un informe de la Guardia Urbana, el día de la jornada de reflexión previo a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, hubo movilizaciones de Tsunami Democrático pese a la prohibición general de realizar actuación política alguna ese día, como una acampada no comunicada en la Plaza Universidad de Barcelona, en la que se instaló un escenario para actuaciones musicales y una concentración no comunicada en Gran Vía de les Corts Catalanes 585 a la que asistieron 7.000 personas. También recuerda que el día 8 de noviembre de 2019, la organización emitió un nuevo comunicado convocando acciones programadas en más de 300 municipios durante la jornada de reflexión. Añade que esta convocatoria, además de tener el objetivo de desobedecer la JEC, supondrá la primera vez que se utilice la app de Tsunami.

A continuación, reviste con un manto legal la decisión invocando una serie de normativa europea e internacional, alguna relacionada con la seguridad aérea, para incardinar los hechos en un delito de terrorismo equiparando, extensivamente, lo sucedido en el aeropuerto y otras concentraciones pacíficas, con las acciones de ETA, las Brigadas Rojas, la banda Baader-Meinhof o los yihadistas. En el mundo jurídico existe un debate entre los especialistas sobre el verdadero concepto de lo que se debe entender por terrorismo. Según Kai Ambos, juez y profesor en la Universidad de Göttingen, el elemento definidor del terrorismo es la intención de difundir el terror a través de actos violentos para lograr fines políticos. No podemos banalizar ni extender el calificativo a todo acto de violencia.

Pero lo más extravagante, por decirlo eufemísticamente, del Auto de García Castellón sobre lo sucedido en el Aeropuerto y en otros ámbitos, es considerar a Tsunami Democrático como una organización terrorista y que los incitadores de sus actuaciones son Carles Puigdemont y Marta Rovira. Tsunami Democrático fue una plataforma independentista catalana impulsada por la sociedad civil y personalidades de la política para dar respuesta a la sentencia del juicio del procés. Sus objetivos según han manifestado en entrevistas y comunicados, son la libertad de presos, exiliados y represaliados; la defensa de derechos fundamentales y la autodeterminación de Cataluña. En un comunicado posterior a la sentencia del juicio a los líderes del proceso independentista catalán, leído por Pep Guardiola, se hizo un llamamiento a la comunidad internacional a posicionarse claramente por una resolución del conflicto. Guardiola termino le lectura de su presentación ante la opinión pública que no puede estar más alejado de cualquier propósito terrorista: “En este marco, sólo hay un camino: sentarse y hablar. Sentarse y hablar.” Todos los interlocutores deben ser conscientes de los límites que marca la Constitución y los Tratados de la Unión Europea.

Fuente: lavanguardia.com


 García-Castellón, cuestiona en un auto que pueda amnistiarse a Puigdemont

El juez ha emitido un auto en el que señala que hubo hechos graves que violan el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos.

En un auto en el que desestima un recurso contra la personación en la causa de dos antidisturbios heridos en 2019, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional considera a ambos víctimas de una acción “incompatible” con el artículo 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. de ser así, no se podría aplicar la amnistía ni a los participantes en esas protestas ni al propio Puigdemont.

Además, García-Castellón estima que no se puede descartar “el ánimo homicida” en las graves lesiones que sufrió un policía en una protesta de los CDR en Barcelona contra la sentencia del procés, manifestación que él vincula con Tsunami Democràtic.

Ve indicios de terrorismo contra el expresidente de la Generalitat en el caso Tsunami y ha hecho ese planteamiento en un auto dictado apenas dos días después de haber salido a la luz la enmienda pactada por PSOE, ERC y Junts a la ley de amnistía para incluir delitos de terrorismo siempre y cuando no hubieran causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa.

Del mismo modo, el juez en su escrito trata de estrechar más el cerco a Puigdemont indicando que resulta especialmente llamativo como indicio incriminador la conversación entre el expresidente de la Generalitat y uno de los investigados, Josep Campmajó, en la que el president, según el juez, “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad”.

García-Castellón empezó a investigar a Puigdemont en noviembre

En el mismo orden de cosas, el instructor de la causa de Tsunami ha reconocido que la fecha en la que se comenzó a investigar a Puigdemont “es la del 6 de noviembre de 2023 y que, salvo error u omisión” y que “no consta la existencia de comunicación alguna, ni recibida ni remitida, al Parlamento Europeo”.

Así ha respondido García-Castellón a la pregunta que le había hecho Puigdemont sobre si empezó a investigarlo pese a su condición de aforado, que antes le obligaría a pedir un suplicatorio ante la Eurocámara.

Fuente: elplural.com


CONCLUSIÓN

Soy de la opinión, que el ánimo homicida a veces se intuye, aunque eso no significa nada en la mayoría de los casos. En mi propia persona lo experimenté el día que uno de los grises (policía del franquismo) me asestó un porrazo tal, que me tiró al suelo, porque al salir de una librería, me topé con él, que participaba en la represión de una manifestación de izquierdas a la que no había asistido ni estaba invitado, y sin embargo me tocó a mí. Por cierto, ante la agresión de este valiente defensor del orden franquista, no me defendí, porque de haberlo hecho, todavía estaría en la cárcel; pero ese día algo aprendí del fascismo, que ahora puedo comparar con la actual situación y compartir con los demás.

Las manifestaciones de derechas son otra cosa, se respira camaradería, es más, en alguna ocasión he visto a la policía juntarse con los manifestantes hasta el punto de parecer formar parte de la ella. Por el contario, en manifestaciones de izquierdas, tan acostumbrados están sus participantes a recibir palos por defender sus derechos y libertades, que creen que están  de procesión o en la Iglesia, si no ven venir a la policía o a la Guardia Civil para darles recuerdos; que luego políticos de derechas, les llamen terroristas;  o que después, algunos jueces, por el mero hecho de defenderse si son agredidos, les sentencien a penas de  prisión por delitos de terrorismo, casualmente coincidiendo en calificación con la derecha  (que  personalmente me suena a  "déjà vu" )

¡Es la democracia estúpido! que nos dicen cuando nos quieren convencer que siempre ha sido así. ¿Pero eso es cierto?

Pues no siempre. En la dictadura doy fe que no era así. Actualmente, en manifestaciones de distintas facciones de la extrema derecha, que van con pinturas de guerra (esvásticas), la verdad es que mucho amor no parecían contagiar viéndoles por televisión, más bien desprendían cierto tufillo retador de instinto homicida, cuando se enfrentaban a la policía, enrabietados al no dejarles atacar la sede del PSOE en Madrid y/o acceder a los alrededores del Congreso de los Diputados, pero la policía retrocedía en lugar de dar la batalla como cuando se enfrentaban a la izquierda, quizás pudiendo influir en esa actitud, las apariciones en medios de comunicación de dirigentes del PP y Vox, animando a la policía a evitar el enfrentamiento y consecuentemente, invitando a estos salvajes a seguir destruyendo mobiliario urbano y todo lo que encontrasen a su paso, rompiéndolo o quemándolo, según terciase, y aterrorizando a los madrileños, en nombre de la libertad de expresión, por supuesto, con la comprensión del alcalde de Madrid que minimizaba los destrozos. 

Por cierto, ni al juez García-Castellón ni a ningún otro juez, le pareció oportuno calificar estos actos de terrorismo, producidos en fecha 6 y 7 de noviembre de 2023, que causaron heridas en un solo día a 30 agentes de la Policía Nacional, entre la cuarta y quinta jornada de manifestación contra la ley de Amnistía, que por otra parte, todos los detenidos fueron acusados de presuntos "desórdenes públicos" , no de terrorismo. 

Según tengo entendido, por lo que sea, ningún Agente herido en estas manifestaciones se ha ofrecido voluntario para declarar ante el juez contra los de las esvásticas.  Seguro que si la manifestación hubiese sido de independentista hubiesen acudido todos al grito de, "comunista el último".

Lo que si tengo bastante claro, de esta investigación del juez Garcia-Castellón, que por el momento, no puede decirse incurra en prevaricación, pero si pudiera ser que fuese una investigación prospectiva, que es algo así, como ponerse a investigar "por si suena la flauta" y aparece un delito, lo cual está prohibido. En el derecho penal debe existir un delito o al menos indicios del mismo basados en pruebas (hechos constatados, no suposiciones) antes de investigar la causa en general y a los imputados en particular.

Por ejemplo al Sr. Puigdemont y a la Sra. Rovira, no se les puede imputar ni investigar por delito de terrorismo si éste no existe, o bien si el juez instructor les relacionase con el delito, por medio de indicios supuestos y no constatados.

Fuente: Redacción

POSDATA(1)

Resulta paradójico oír decir a Alberto Núñez Feijóo que, "quiere dignificar la democracia en España", dado que el mismo partido popular del Sr. Feijóo, durante el gobierno de Rajoy, ejecutó  la "Operación Cataluña (ver post anterior)", considerada ya, como el watergate español.

Y sí, señor Feijoóo, usted lleva insultando a los votantes del PSOE desde que entró en política, así que ahora purgue sus pecados en la oposición, que merecido lo tiene.

POSDATA(2)

Respecto la instrucción del caso que lleva el magistrado Joaquín Aguirre, que ahora reactiva su investigación sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia, de donde quedaría excluida de la ley de olvido penal del procés; siendo además,  que recientemente ha prorrogado la instrucción otros 6 meses más, al igual que ha hecho el juez García-Castellón, con la instrucción del  caso de la supuesta relación de partidos independentistas, con el supuesto terrorismo independentista 

Solo quiero añadir, que de ambas causas antes citadas, por el momento no puede hablarse de prevaricación, aunque sí, de investigación prospectiva, lo cual caso imputación, al no ser conforme a derecho, conlleva sea inadmitida por un tribunal superior. Fuera parte, que para imputar a un eurodiputado, al tener inmunidad, debe pedirse un suplicatorio al Parlamento Europeo, que  con una investigación prospectiva, claro  lo llevan.


OPINIÓN. ¿El fin justifica los medios, para espiar a los políticos?

 El fin justifica los medios, para espiar a los políticos,  como mantienen los herederos de las técnicas franquistas que son PP y Vox, o bajo ningún concepto es justificable como asegura el resto de España.

VOLVAMOS A LOS HECHOS

El Gobierno de Rajoy investigó al margen de la ley a partidos independentistas durante al menos cinco años

El ministro Jorge Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes catalanes

Fuente: eldiario.es


Podemos recurre el rechazo del Supremo a investigar a García Castellón: el juez dañó al partido con “plena consciencia”

El partido apela a la única posibilidad que tiene para que se actúe contra el magistrado: recurrir a la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena y ante la que está aforado García Castellón, la misma que ya rechazó la querella contra el juez

Fuente: eldiario.es

La Fiscalía abre investigación sobre “Operación Catalunya” a partir de la guerra sucia contra su exjefe

 El ministerio público pide documentación a elDiario.es y La Vanguardia sobre las informaciones exclusivas de la mafia policial que fabricó informes contra políticos y cargos catalanes como el exfiscal general de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.

Fuente: eldiario.es


La mafia policial fue la coartada perfecta para publicar noticias falsas sin condenas en los tribunales

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy, amparó que diferentes unidades policiales fabricasen dosieres con información falsa para atacar a los rivales del PP. Miró para otro lado cuando estos aparecían publicados en las portadas de algunos diarios de Madrid. Y hasta fingió indignarse mucho cuando le preguntaron en el Congreso de los Diputados si conocía esos atestados apócrifos que atribuyeron falsamente todo tipo de delitos a dirigentes nacionalistas catalanes y también a algunos de la izquierda. No cabía esperar otra cosa: en una conversación que mantuvo con el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en la que ambos conspiraban para atacar a políticos independentistas sin saber que estaban siendo grabados, el ministro aseguró que negaría esas conversaciones incluso bajo tortura.

Fuente: eldiario.es


El PSOE, sobre la Operación Catalunya: “No hay nadie que pueda sentirse seguro de no haber sido espiado por el PP”

La nueva portavoz de los socialistas, Esther Peña, define el seguimiento al margen de la ley ordenado por el Gobierno de Rajoy como un es un “Watergate que haría temblar al propio Nixon” e insiste en que “no va a quedar nadie que tenga algo que decir”, aunque no aclara si los socialistas forzarán la comparecencia de Rajoy

El PSOE insiste en que “llegará hasta el final” en el esclarecimiento de la denominada 'Operación Catalunya' pero no aclara si está dispuesto a forzar la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy en la Comisión de Investigación del Congreso. La nueva portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, ha asegurado en rueda de prensa este lunes que, durante los gobiernos del PP, “no hay nadie que pueda sentirse seguro de no haber sido espiado” y ha comparado el caso con el Watergate de Estados Unidos.

Fuente: eldiario.es


CONCLUSIÓN.

En mi criterio, la Justicia hace no lo que puede, sino lo que le dejan hacer, porque unas veces por legalismos, otras por impedimentos legales (prescripción del delito)  y otras por espurias motivaciones, los malos políticos y los políticos malos, quedan impunes, al igual que los malos jueces y los jueces malos. Y somos los ciudadanos los que pensamos que para semejante viaje no hace falta tantas alforjas, porque ahora, al igual que en la dictadura, los poderosos llámense políticos o terratenientes, son los que salen favorecidos, y los ciudadanos los que siempre salen malparados. 

Pues la ciudadanos, siempre que son tutelados por la derecha,  cuando los sus representantes políticos y los partidos políticos correspondientes, no son afines a los conservadores, estos sin piedad e impunemente, destruyen a dichos representantes reputacionalmente, de manera consciente y deliberada, siendo además lo más triste de todo, que los causantes de dicho aniquilamiento social, no sólo no son castigados, sino que además son recompensados cargándoles de medallas y privilegios.

Nada ha cambiado con la llegada de la democracia, la derecha sigue robando el protagonismo de la izquierda, aunque estos gobiernen, ya que si no puede meterlos a la cárcel, destruyen su reputación, igual que en la dictadura (aunque si bien es verdad que en la dictadura, además había pena de muerte).

Pero quizás la ciudanía, viendo la impunidad con que actúa la derecha, debiera despertar, abrir bien los ojos y alzar su voz (me refiero a esos 25 millones de votantes, que les sobran a los exmilitares franquistas) para que voten contra PP y Vox en todas las futuras elecciones, demostrando así, que son contrarios  a conspiraciones, maquinaciones y manipulaciones de la derecha, siendo además sabido que, "no hay mayor tontería que ser pobre y votar a la derecha", porque después los serás más, añado yo.


Por todo ello entiendo, que el fin  nunca justifica los medios, si para ello hay que saltarse la Ley, señora Ayuso.

Fuente: Redacción

23 de enero de 2024

OPINIÓN. El PP se rinde al populismo trumpista y abraza la ideología de la extrema derecha.

Primero fue la derecha dura del Sr. Aznar, que malvendió todas las empresas públicas que pudo; luego vino la derecha blanda del Sr. Rajoy, y tras hacernos creer que el rescate bancario nos iba a salir gratis, tuvimos que pagar con nuestros impuestos, 50.000 millones de euros de pufos de los bancos, y además, mandó a media España a las colas del hambre; más  tarde llegó el extremismo de la Sra. Ayuso, mostrando su ideología xenófoba, homófoba y racista. Y hoy en día, tenemos el negacionisno total del Sr. Feijóo. El pack completo. Así estamos. 

19 de enero de 2024

OPINIÓN. ¿La calidad democrática del PP y sus afines, es de clase superior respecto la del resto de partidos políticos y sus simpatizantes?

 Vayamos a los hechos
1.  El líder del PP a nivel nacional, Sr. Feijóo, se dedica ahora, a negar la Constitución, y, deslegitimar las Instituciones, del Congreso de los Diputados y del Tribunal Constitucional. Además de negarse a renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva 5 años caducado, el cual, no amparó al juez José Ricardo de Prada, cuando injustamente fue acusado de lawfare (prevaricación) por el partido popular, a los que previamente este juez había condenado por el caso de corrupción de la  Gürtel y sin embargo, si que amparó por la misma razón, a quienes aparentemente, fueron más benevolentes hacia los intereses del partido popular, como hoy ocurrió con el juez García-Castellon, donde los vocales del CGPJ, de mayoría conservadora desde hace 10 años que fueron nombrados a propuesta del PP,  al que deben desde entonces, puesto y sueldo, que incluso, no sería descabellado llegar a pensar, que dado lo anteriormente expuesto, presuntamente, hubiese podido influir en el diferente trato otorgado por el CGPJ, a los jueces arriba citados. 

2.   La Presidenta de Madrid del PP, Sra. Ayuso, se afana en exponer y presentar sus ideas racistas, siendo respaldada desde la dirección del partido popular con un escueto, "absolutamente de acuerdo y alineados con la posición de la Presidenta (de la Comunidad de Madrid)”

3.   El líder en la sombra del PP, Sr. Aznar, sugiere a sus afines que, “ quien pueda hacer algo lo haga” suponiendo se refiera a actos legales en contra del gobierno, ¿quizás como manifestarse sin autorización en la calle Ferraz acosando al PSOE durante meses?. Siendo la expresidenta de Madrid, la Sra. Aguirre, quien legítimamente, primero salió a la calle a manifestarse, demostrando a todos lo gran patriota que era, así como también lo es, cuando vende un cuadro de Goya inédito.

4.   El Senador del PP, Sr. Monago, nos recuerda en el Senado, “que el mayor caso de ‘lawfare’ en la historia política, fue el párrafo sobre el PP del fallo de la Gürtel" donde injustamente acusaba de prevaricación al juez José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia.

5.   Una plataforma de juristas (supuestamente afines del PP) sacan un manual de usuario al objeto de, presuntamente, influir en la voluntad de jueces demócratas para que recurran la futura ley de amnistía.

6.   La deuda heredada del gobierno de Rajoy, no deja de aumentar, pues el Estado perdió 50.000 millones de euros del rescate a la banca de 2012 y, tuvo que engordar su deuda con otros 35.000 millones en 2022 tras el fiasco de la Sareb, además ha tenido que pagar sanciones, devolver el canon de las eléctricas y ahora tendrá que restituir las subidas de impuestos a las empresas que las reclamasen, tras tumbar el Constitucional la subida fiscal de Montoro a las grandes empresas que usó para recaudar miles de millones unos  7.000 millones de euros según técnicos de Hacienda, a razón de 1.000 millones/año durante 7 años siendo también que mismo Tribunal, igualmente tumbó por inconstitucional la ley de amnistía fiscal de Montoro, ministro de Hacienda del gobierno de Rajoy por aquel entonces.

7.  La policía política remitió al Gobierno del PP de Rajoy 34 investigaciones a cargos catalanes y a sus familias en año y medio

8.   Juez imputa al número dos de Interior y de la Policía por el otro caso Gürtel, aunque como siempre, se libran María Dolores de Cospedal e Ignacio Cosidó, que solo pasaban por allí.


Veamos ahora cuales son las acusaciones del PP, respecto del gobierno de coalición del PSOE y SUMAR, que ataca los cimientos de la Constitución, porque,

·  Pactan con todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados, excepto PP y Vox, que se autoexcluyen. No parecen actos delictivos ni anticonstitucionales.  

· Aprueban leyes y presupuestos de gran calado social, que atiende las necesidades de los más desfavorecidos. Tampoco diría que se trata de actos incívicos, antidemocráticos o ilegales.

· Intentan fomentar un ámbito de convivencia social en España, que abarque todas las sensibilidades. No considero que estos actos sean constitutivos de ilícito penal, ni que vayan contra la moral y las buenas costumbres.

· Están decididos a aprobar una ley de amnistía, que devuelva a España al camino de paz, concordia y entendimiento, necesario para afrontar un futuro incierto; aunque las bondades de dicha ley, considero se verán solo a medio plazo. No siendo un experto, desde mi opinión entiendo, que la Constitución no lo prohíbe, al no referirse al respecto en ningún artículo de la Carta Magna. Cosa bien distinta sería, que la futura ley no estuviese bien definida en cuanto a plazos y delitos, en los cuales fuese de aplicación, que algo apunta en ese sentido un informe de los Letrados del Congreso, donde también advierten, que la ley de amnistía debiera ser articulada, por medio de procedimiento de reforma constitucional; aunque este informe no es vinculante al igual que cualquier otro documento de los Letrados de la Cámara  (si bien es cierto, que dos de los tres letrados que firman dicho informe, tuvieron cargos afines al PP) 

Yendo al fondo del asunto, en tanto en cuanto, es aplicable dicha ley 

  En principio, en buena lógica, supuestamente sería aplicable a todas  las personas que como consecuencia del procés catalán, estuviesen encausados o hubiesen sido sentenciados, en algún proceso judicial, siempre y cuando, concurriesen en plazos y delitos previstos, quedando al margen, los encausados y/o juzgados por delitos de terrorismo.  

Más información

  • Proposición de Ley Orgánica de la Amnistíaclicar aquí   para acceso a texto completo 

Fuente: Redacción; elpais.com; eldiario.es; elplural.com; publico.es     

 

De la banalización del terrorismo 

Hablando del polémico auto del juez García-Castellón, que pide procesar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, por delitos de terrorismo, donde según el magistrado, en los últimos días han aparecido nuevos datos suficientes como para consolidar la acusación contra el líder de Junts. Podría decirse que en realidad, las pruebas de las que habla García-Castellón son más bien endebles, ya que para el instructor, montar un escenario frente a la Universidad de Barcelona durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de 2019 –tal como hizo Tsunami Democràtic, la plataforma de protesta independentista creada al efecto– fue un acto capaz de “subvertir el orden constitucional” y de “alterar gravemente la paz pública”.

La Fiscalía ya le ha dicho a su señoría que no ve el delito de terrorismo por ningún lado, ya que montar un mitin independentista “con una furgoneta y un generador”, y con “nula repercusión”, no merece el “más mínimo” reproche penal. El montaje del famoso escenario de Tsunami podría considerarse, en todo caso y forzando mucho, en una infracción administrativa recogida en la ley electoral. Y ni siquiera eso, ya que derecha y ultraderecha están organizando saraos políticos de ese tipo cada día y nadie los procesa por pertenencia a banda armada. Bueno, con la diferencia que algunos de estos rezan, en lugar de gritar. Más civilizado por Dios y por #putodefenderEspaña, faltaría más.

Si el tablao de Tsunami fuese un acto de sabotaje violento capaz de acabar con el orden constitucional, ¿qué puede decirse entonces, del cruel apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez, a manos de una multitud nazi, frente a la sede de Ferraz?

Una vez más, nos encontramos ante el habitual doble rasero de los jueces conservadores, que cuando el activismo callejero lo practica la izquierda, es terrorismo preocupante, que atenta contra el orden constitucional y al que hay que combatir con todas las armas del Estado de derecho; sin embargo, cuando ese derecho lo ejerce, la derecha o la ultraderecha franquista, es libertad de expresión, como no podría ser de otra manera desde la dictadura. No se sostiene. 

Y para muestra un botón: se dieron mucha prisa en arrebatarle el escaño al diputado morado Alberto Rodríguez por una supuesta patada a un policía, no suficientemente aclarada y ahí lo han tenido, marginado y apartado, hasta que ha llegado el Constitucional para restituirle sus derechos. 

Pero más allá de que las pruebas contra Tsunami Democràtic estén cogidas con pinzas, conviene denunciar la banalización que el juez García-Castellón está haciendo de un asunto tan dramático como el terrorismo. En este país sabemos muy bien lo que fue esa penosa lacra. Cuarenta años de bombas lapa, tiros en la nuca, secuestros, extorsiones y régimen de terror fue un aprendizaje suficiente como para que los españoles hayan sido capaces de distinguir, a primera vista, entre terroristas organizados y entrenados para matar y un piquete de huelguistas cabreados, un grupo de ciudadanos tomando parte en una manifestación social o un mitin político independentista para multitudes más o menos enfervorizadas.

¿Qué pensarán los familiares de las víctimas de ETA cuando lean el auto de García-Castellón? Sin duda, que es un sarcasmo intolerable. Como también resulta bastante surrealista considerar un acto de terrorismo cortar una carretera, tomar un edificio público o bloquear el aeropuerto del Prat. Por esa misma regla de tres, las cárceles tendrían que estar repletas de proletarios dispuestos a quemar neumáticos en medio de la autopista por defender sus puestos de trabajo, de funcionarios encerrados en oficinas públicas para exigir mejoras laborales y de controladores aéreos en lucha laboral, que por cierto bloquearon los aeropuertos de toda España, y en ningún caso, se imputó a nadie por terrorismo. 

Una cosa son los desórdenes públicos y otra bien distinta, las bandas armadas, como  el Batallón Vasco Español, ETA, el Grapo, Terra Lliure, el IRA, las Brigadas Rojas o la Baader-Meinhof.

Fuente: diario16.com      


De causas fantasma, salvamentos al PP e ilógicas contradicciones.

El juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, vallisoletano de 71 años, ha protagonizado un momento clave de la actualidad política, al dictar auto de imputación contra el expresident Carles Puigdemont; Marta Rovira, secretaria general de ERC; y otros diez cargos relacionados con el 'procés'.

Las reacciones al auto de imputación de García Castellón, van desde la expresión “golpe de Estado permanente”, usada por el propio Puigdemont para referirse al auto judicial, hasta “Tejero lleva toga”, de Gabriel Rufián en relación al juez García Castellón.

A nadie se le escapa que una decisión de tal calibre, como investigar por terrorismo al europarlamentario y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en este preciso momento equivale a poner un granito de arena para complicar la futura ley de amnistía, opinan fuentes jurídicas relacionadas con el 'procés'.

Casualmente, el reguero de  'granitos de arena' que el juez Manuel García Castellón va dejando, siempre apuntan en la misma dirección, que acaba beneficiando al Partido Popular. Por recordar algunas de sus polémicas decisiones, cabe señalar su empeño en no imputar a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la causa Kitchen sobre el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, extesorero del PP, pese a los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción en sentido contrario; y pese a las pruebas en forma de audios que constatan sus encargos al comisario Villarejo para eliminar 'la libretita' de Bárcenas.

Según enseña la trayectoria de este juez, al que le queda un año para jubilarse forzosamente, sus líneas rojas parecen pasar por la cúpula del PP. Recientemente se ha negado a considerar al partido de Feijóo responsable a título lucrativo en la causa Kitchen, pese a que obviamente el PP se benefició de los actos ilegales de la 'brigada patriótica' del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, que, entre otras cosas, acabaron arrebatando a Bárcenas documentos que probablemente probarían la financiación ilegal del partido.

También recientemente ha archivado la pieza separada 10 del caso Púnica, en la que había casi 40 cargos del PP investigados por los contratos a las empresas de reputación 'online' de Alejandro de Pedro, entre ellos una docena de alcaldes del PP en el País Valencià y Madrid. El magistrado da por hecho que se pagó con dinero público a las empresas de De Pedro, pero dice que esos trabajos de reputación que benefician a los políticos del PP no se pueden desligar de los cargos públicos que ocupan.

Esperanza Aguirre, Cifuentes y González, salvados

García Castellón también ha cerrado la causa por la financiación irregular del PP madrileño para tres expresidentes del PP: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González. La pieza separada de Púnica que investiga la caja b del PP de Madrid cntra la presunta responsabilidad únicamente en Francisco Granados, exsecretario general del partido en Madrid, y el exgerente Beltrán Gutiérrez.

De la mano de José María Aznar

¿Quién es Manuel García Castellón? ¿Y de dónde viene su fama de juez afín al PP?

 Su gran empuje vino a raíz de investigar el atentado de José María Aznar, en abril de 1995, cuando era presidente del PP. García Castellón, en comisión de servicios en la Audiencia Nacional, asumió la investigación y se negó en redondo a indagar en las medidas de seguridad que llevaba entonces el líder de la oposición, ni quiso llamar a declarar a sus guardaespaldas, tal y como pidió la Fiscalía para aclarar el atentado.

En el año 2000 consiguió un gran regalo: ser nombrado por el Gobierno de Aznar magistrado de enlace en Francia, un puesto discrecional del Ejecutivo, muy bien remunerado. En 2012, fue trasladado a la embajada española en Roma para ejercer de enlace con los jueces del país. Y en 2017 regresó al Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en un momento muy oportuno para el PP.

Una conversación entre dos líderes del PP, hoy imputados por casos de corrupción, Eduardo Zaplana e Ignacio González, grabada por la Guardia Civil a finales de 2016, da pistas sobre la llegada, meses después de García Castellón a la Audiencia Nacional. González, expresidente de la Comunidad de Madrid, necesitaba a un juez de confianza, afectado ya por el caso Lezo, por el que fue detenido en abril de 2017.

En aquella conversación, González le trasladaba a Zaplana que tenía que regresar el juez titular del Juzgado 6 de la Audiencia Nacional y destinar al suplente a otra plaza. Y así ocurrió. Manuel García Castellón regresaba con 64 años a la Audiencia Nacional, tras 17 años sin pisar un juzgado.

La obsesión por Podemos

Pero si por algo se ha caracterizado este magistrado en los últimos años es por su obsesión contra Podemos, en causas que han acabado archivadas porque nunca existieron los delitos que intentó atribuirles a los dirigentes de la formación 'morada'.

Más de 20 querellas contra Podemos han acabado archivadas a lo largo de estos años, desde el blanqueo de capitales al falso Informe policial P.I.S.A. [acrónimo de Pablo Iglesias S. A.] que García Castellón dio por válido y con el que se pretendía vincular a Podemos y a su líder entonces, Pablo Iglesias, con delitos fiscales y blanqueo de capitales, además de con financiación ilegal. La investigación concluyó a mediados de 2022, siendo archivada por el magistrado.

Pero García Castellón tenía otra pieza reservada para Pablo Iglesias, el caso Dina, sobre el robo del móvil de la asesora de Iglesias, Dina Bousselham, en 2015, cuyo contenido apareció publicado en varios medios de la órbita del comisario Villarejo. El juez quiso darle la vuelta al caso e imputar a Pablo Iglesias, algo que finalmente frenó el Tribunal Supremo.

También la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha parado los pies a este juez en relación a su 'fiebre' para con Podemos y sus dirigentes. La investigación que inició en 2021 sobre presuntos pagos de Venezuela a la formación de Pablo Iglesias, sustentados en falsos informes policiales y en el interesado testimonio del exmilitar venezolano 'Pollo Carvajal', que pretendía paralizar su extradición a Estados Unidos, fue archivada tras el rapapolvo de la Audiencia Nacional, por ser una investigación prospectiva a todas luces.

Fuente: Publico.es    


De los retrasos injustificados

Juez García-Castellón ralentiza 2 años recurso de investigar  Operación Catalunya