OPINIÓN Y ANALISIS. De las cloacas y la mafia del Partido Popular

 Posible utilización de recursos económicos, estructuras mediáticas y declaraciones judiciales como instrumentos de confrontación política.

INTRODUCCIÓN

La expresión «cloacas y mafia del Partido Popular (PP)» suele utilizarse para hablar de presuntas o documentadas redes de utilización irregular de recursos públicos, actuaciones policiales, espionaje, filtraciones y operaciones políticas relacionadas con dirigentes del PP.

Principales casos relacionados:

• Operación Kitchen (2013-2015).- Presunto espionaje policial a Luis Bárcenas para obtener documentación comprometedora para el PP, utilizando recursos del Ministerio del Interior.
• Caso Gürtel.- Trama de corrupción vinculada a empresarios y cargos del PP, con adjudicaciones públicas y financiación irregular.
• Papeles de Bárcenas.- Documentación sobre una presunta contabilidad paralela del PP y pagos en efectivo a dirigentes.
• Operación Cataluña.-  Presuntas actuaciones policiales clandestinas contra dirigentes independentistas catalanes durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
• Relación Villarejo-Cospedal.- Conversaciones grabadas entre María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, objeto de investigaciones judiciales.

De la novedad en el caso Koldo y de las presuntas  conexiones entre el poder político, los medios de comunicación y la financiación de estrategias judiciales.

   El caso Koldo ha adquirido una nueva dimensión tras conocerse que Dos Mil Palabras S.L., empresa editora de OKdiario, habría abonado 242.000 euros, IVA incluido, para sufragar los gastos de defensa jurídica de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. La documentación presentada ante la Audiencia Nacional, concretamente dos facturas correspondientes a los servicios legales, acredita la existencia de estos pagos y abre un nuevo debate sobre las relaciones entre determinados medios de comunicación, los actores políticos y las personas implicadas en procedimientos judiciales de gran relevancia pública.

   La controversia no reside únicamente en el origen del dinero, sino también en la finalidad que habría motivado el desembolso. Mientras que OKdiario sostiene que los pagos responden a un contrato mercantil relacionado con los derechos de imagen de Koldo García y la realización de futuros proyectos audiovisuales, el propio exasesor ministerial ofrece una versión diferente. Según un audio difundido por la Cadena SER, García afirma que el pago de su defensa jurídica formaría parte de un supuesto acuerdo con Alberto Durán, abogado del Partido Popular, mediante el cual recibiría también un millón de euros a cambio de proporcionar información comprometedora sobre dirigentes del Gobierno y del PSOE.

  Las declaraciones atribuidas a Koldo García plantean interrogantes especialmente delicados sobre los límites éticos de la actividad política y la utilización de información judicial con fines partidistas. En el audio, el antiguo asesor asegura que se le habría ofrecido una reducción de sus consecuencias penales, hasta el punto de evitar su ingreso en prisión, a cambio de facilitar declaraciones que perjudicaran al presidente Pedro Sánchez, a su esposa, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a otras figuras relevantes. Incluso sostiene que el acuerdo contemplaba la posibilidad de realizar declaraciones falsas si resultaban necesarias para alcanzar esos objetivos.

  De confirmarse estos hechos, estaríamos ante una situación de extraordinaria gravedad institucional. La búsqueda de información sobre posibles irregularidades políticas constituye una actividad legítima dentro de un Estado democrático, pero ofrecer ventajas económicas o judiciales a cambio de testimonios manipulados supondría una vulneración de principios esenciales del sistema de justicia. La declaración de un investigado debe estar guiada por la verdad y no por intereses económicos, presiones externas o estrategias diseñadas para perjudicar a adversarios políticos.

  Otro elemento relevante de esta controversia es la presunta intervención de Eduardo Inda, director de OKdiario. Según la versión de Koldo García, después de reunirse en dos ocasiones con Alberto Durán en mayo de 2025, habría mantenido un almuerzo con Inda en su domicilio para coordinar los aspectos económicos del supuesto acuerdo y preparar una entrevista periodística. El exasesor sostiene que el contenido de esa entrevista estaba destinado a convertirse posteriormente en una declaración ante las autoridades judiciales.

  Esta afirmación introduce una cuestión fundamental sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. La prensa desempeña una función imprescindible en las democracias modernas: investigar, informar, fiscalizar al poder y contribuir a la transparencia institucional. Sin embargo, esa función pierde legitimidad cuando existe la posibilidad de que la actividad informativa se utilice como instrumento para construir relatos interesados o condicionar procedimientos judiciales. La relación entre periodismo y política debe sustentarse en la independencia editorial, la veracidad y la responsabilidad profesional.

  Por su parte, la respuesta del Partido Socialista refleja la dimensión política que ha adquirido el asunto. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reclamado explicaciones al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntando si su formación habría ofrecido un millón de euros a Koldo García para obtener acusaciones contra Pedro Sánchez y el PSOE. El ministro considera que, de acreditarse, los hechos tendrían una gravedad extrema y podrían ayudar a explicar determinadas campañas de difamación contra el presidente del Gobierno.

  La controversia también pone de manifiesto los riesgos derivados de la creciente instrumentalización política de los procedimientos judiciales. En un contexto de fuerte polarización, las investigaciones sobre corrupción pueden convertirse en herramientas de confrontación entre partidos, mientras que los testimonios de personas investigadas adquieren un valor estratégico. Por ello, es fundamental que los tribunales puedan desarrollar su trabajo sin interferencias políticas, mediáticas o económicas.

  En definitiva, el caso plantea una reflexión que trasciende a sus protagonistas. La democracia necesita instituciones independientes, medios de comunicación comprometidos con la verdad y representantes políticos que actúen con responsabilidad. Si se demostrara que existió un acuerdo económico para obtener declaraciones falsas o favorecer determinados intereses partidistas, no estaríamos simplemente ante una disputa entre formaciones políticas, sino ante un grave cuestionamiento de la integridad del sistema democrático y judicial.

  La transparencia sobre los 242.000 euros abonados, el esclarecimiento del supuesto millón de euros y la investigación de las reuniones descritas por Koldo García resultan esenciales para determinar qué ocurrió realmente. Solo mediante pruebas verificables y una investigación independiente será posible separar los hechos de las acusaciones y evitar que la justicia se convierta en un instrumento más de la lucha política.

Aunque Koldo asegura tener pruebas de "las cloacas y la mafia del PP": "Eso lo puedo demostrar" ha dicho. El juez Pedraz encargado del caso, ha descartado continuar investigaciones al respecto.

 Sin embargo, en plena campaña electoral el juez Ismael Moreno, abre una pieza separada del llamado "caso Koldo" que podrían involucrar al propio Koldo o quizás al exministro Ábalos. Será el premio para ambos dos, por haber tirado de la manta y un regalo electoral para el PP, a pesar de aún no haber llegado la Navidad. 

Fuente:  El País.com ; El Diario.es  

OPINIÓN. Las elecciones en Estados Unidos y Brasil, marcan el camino.

 

Posible efecto contagio del resultado de las elecciones en Brasil y Estados Unidos, a Europa en general y a España en particular.

• Normalización y auge de la derecha extrema en España (ver anexo I )

La posibilidad de que se produzca en España un efecto de rechazo electoral a las opciones de extrema derecha, siguiendo lo sucedido en Brasil y Estados Unidos, es una cuestión políticamente interesante, que merece la pena analizarse, desde una perspectiva europea.

Mi primera consideración sería que podría existir un efecto contagio político internacional, pero conviene distinguir entre tres fenómenos: el rechazo a determinados liderazgos, el desgaste de los gobiernos y el rechazo ideológico a la extrema derecha. Pues no son necesariamente lo mismo.

Además, hay dos hechos que conviene tener presentes:

• Brasil.- El 25 de octubre de 2026, Lula consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con el 51,8 % de los votos frente al 48,2 %. Fue una victoria ajustada, no un rechazo unánime del electorado brasileño a la derecha.
• Estados Unidos.- En las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, los demócratas consiguieron el control de las dos cámaras, Congreso y Senado, en unos comicios que supusieron un importante revés para Donald Trump y los republicanos.

Y hay una circunstancia excepcional: España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, apenas 26 días después de las elecciones estadounidenses. 

1. ¿Puede trasladarse ese movimiento a Europa?

Hay argumentos para concluir que los resultados de Brasil y Estados Unidos pueden tener repercusión internacional:

• Efecto demostración.- Cuando una fuerza política que parecía tener una posición dominante pierde unas elecciones, puede debilitarse la percepción de que su avance es inevitable.
• Movilización del voto moderado.- Determinados sectores del electorado pueden reaccionar ante discursos muy polarizados, especialmente cuando perciben riesgos para la convivencia institucional.
• Reacción al estilo de liderazgo.- Los resultados pueden alimentar un debate sobre la confrontación política, la personalización del poder y la utilización del miedo como instrumento electoral.
• Efecto mediático.- La derrota de candidatos respaldados por Trump puede convertirse en un argumento político para quienes cuestionan la influencia de ese modelo en Europa.

Contrapunto importante.- Un análisis publicado en junio de 2026 por el European Policy Centre señalaba que el crecimiento de las fuerzas de extrema derecha en Europa seguía siendo una tendencia relevante y que, hasta entonces, no se había producido un retroceso generalizado.

Por tanto, los acontecimientos de Brasil y Estados Unidos podrían contribuir a modificar el clima político europeo, pero todavía no permiten hablar de un cambio de tendencia continental consolidado.

2. ¿Qué ocurre concretamente en España?

Aquí hay un dato especialmente importante: los sondeos publicados antes de las elecciones estadounidenses no reflejan todavía un retroceso significativo de Vox.

La media de encuestas recopilada hasta el 2-3 de noviembre ofrece aproximadamente estos resultados:

Partido político	Intención de voto
PP	31-32 %
PSOE	26-27 %
Vox	19-20 %
Sumar / Frente Amplio	6-7 %

Esto significaría que el escenario electoral español, a fecha de los últimos sondeos disponibles, no muestra todavía el mismo fenómeno de retroceso que acaba de observarse en Estados Unidos.

Hay además una distinción política fundamental: no se debe identificar automáticamente al PP con la extrema derecha, aunque pacte con un partido como Vox que si lo es, y como dice el saber popular, "dime con quien andas y te diré quien eres". Lo relevante para analizar el escenario español es estudiar tanto la evolución de Vox como las posibles alianzas parlamentarias entre ambas formaciones.

3. ¿Qué podría favorecer un cambio de tendencia antes del 29N?

Hay cuatro factores que merecería la pena observar:

1. La repercusión de la derrota republicana en Estados Unidos.- Si se interpreta como un rechazo a la polarización política, podría influir en el debate español.
2. La evolución de Vox en las próximas semanas.- Será importante comprobar si los resultados estadounidenses afectan a sus apoyos o si, por el contrario, no modifican sus expectativas electorales.
3. La posición del PP.- Su relación política y parlamentaria con Vox será uno de los elementos centrales para entender el debate electoral.
4. La participación electoral.- Una movilización extraordinaria de electores moderados, jóvenes o abstencionistas podría modificar el escenario que reflejan los sondeos.

4. La cuestión decisiva. ¿Llega a tiempo el efecto estadounidense?

Creo que este es el aspecto más interesante del planteamiento.

Las elecciones estadounidenses se celebraron el 3 de noviembre y las españolas tendrán lugar el 29 de noviembre. Hay, por tanto, menos de cuatro semanas para que sus consecuencias políticas y mediáticas puedan incorporarse al debate electoral español.

Pero hay una limitación importante: los sondeos españoles publicados hasta el 2 de noviembre se realizaron antes de conocerse los resultados estadounidenses. Por tanto, todavía no sirven para medir un eventual efecto de contagio.

Habrá que observar los próximos sondeos y, sobre todo, con trabajos de campo posteriores al 3 de noviembre.

5. Mi conclusión: tres escenarios que conviene seguir

Sin atribuir probabilidades electorales que los datos disponibles no permiten establecer, podemos distinguir tres posibilidades:

ESCENARIO	EFECTOS PRODUCIDOS
Efecto internacional limitado	Brasil y EE. UU. apenas alteran las preferencias españolas.
Efecto de movilización	Los resultados estimulan la participación de sectores moderados y contrarios a la polarización.
Cambio político más amplio	Los resultados contribuyen a una revisión del apoyo a las fuerzas de derecha radical en varios países europeos.

Mi conclusión analítica es que el 29N puede convertirse en una primera prueba europea especialmente interesante de la repercusión internacional de los acontecimientos de Brasil y Estados Unidos.

No obstante, sería precipitado considerar que estamos ante una ola internacional contra la extrema derecha. También cabe pensar, que los resultados estadounidenses sean interpretados como un fenómeno específico de la política norteamericana, sin consecuencias electorales apreciables en España.

Hay algo que es especialmente relevante, como España celebra efectivamente sus elecciones el 29 de noviembre, será una de las primeras oportunidades para observar electoralmente si ese cambio de clima político estadounidense tiene repercusión en Europa antes de las numerosas citas electorales de 2027.

La pregunta que merece la pena seguir durante estas semanas, es si el electorado español empieza a mostrar en las encuestas un comportamiento diferente después del 3 de noviembre. Esa comparación, entre sondeos anteriores y posteriores a las elecciones estadounidenses, será mucho más reveladora que cualquier especulación actual.

Fuente: Medios digitales

POSDATA

De las dimisiones por higiene democrática que el PP exige a los demás pero que ellos ignoran por sistema.

 El ya exmimistro de Transportes, Oscar Puente, que ha dimitido de su cargo por dignidad y responsabilidad política, a consecuencia de las víctimas mortales producidas en los dos últimos accidentes ferroviarios. Pero para los líderes políticos de PP y Vox, Feijóo y Abascal, respectivamente, no es suficiente porque el culpable hasta de los cambios en la capa de ozono, como  no podía ser de otra manera, es el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que ellos están siempre en campaña electoral, incluso desde el principio de la legislatura actual. 

A ese respecto quería recordarle a Feijóo y a su socio Abascal, las veces que han desperdiciado la oportunidad de dimitir, tras catástrofes humanas producidas durante los mandatos de dirigentes del Partido Popular. Por ello entiendo, que para refrescarles la memoria, no les vendría mal leer los siguientes datos.

En la historia reciente de España, ningún ministro del Partido Popular (PP) dimitió de manera inmediata ni asumió responsabilidades políticas directas marchándose de su cargo en el momento en que se produjeron las grandes catástrofes o accidentes bajo sus mandatos. Las dimisiones en el contexto de estas tragedias fueron inexistentes o, en algún caso, llegaron años después por motivos judiciales o políticos indirectos.

Los ministros y cargos que se mantuvieron en sus puestos durante la gestión de las principales crisis son:

• Federico Trillo (Ministro de Defensa).- No dimitió tras el accidente del Yak-42 en 2003, en el que murieron 62 militares españoles. A pesar de las falsas identificaciones de los cadáveres y las duras críticas a la contratación del avión, Trillo continuó en su cargo hasta el cambio de gobierno tras las elecciones de 2004.
• Mariano Rajoy (Vicepresidente y Ministro de la Presidencia).- No dimitió durante la catástrofe ecológica del hundimiento del Prestige en 2002. Tampoco lo hizo el ministro de Fomento de la época, Francisco Álvarez-Cascos.
• Ángel Acebes (Ministro del Interior).- Se mantuvo en su cargo tras la gestión de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Su gestión informativa de los ataques provocó una enorme contestación social, pero el Ejecutivo agotó el mandato hasta las elecciones celebradas tres días después.
• Ana Pastor (Ministra de Fomento).- No presentó su dimisión tras el accidente ferroviario de Angrois (Alvia) en Santiago de Compostela en 2013, que se cobró la vida de 80 personas. Su sucesor en el cargo años más tarde, Rafael Catalá, tampoco asumió ceses por este motivo.
• Ana Mato (Ministra de Sanidad).- No dimitió en 2014 durante la crisis sanitaria del brote de Ébola en España (en la que se contagió la enfermera Teresa Romero). Acabaría dimitiendo a finales de ese mismo año, pero debido a su implicación en el caso de corrupción Gürtel.

 A nivel autonómico y municipal, este patrón de no dimitir ante crisis graves también se repitió con otros dirigentes del partido, como Francisco Camps tras el accidente del Metro de Valencia de 2006, Ana Botella tras la tragedia del Madrid Arena en 2012, Isabel Díaz Ayuso por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de 2020, que causó 7.291 muertes, o Carlos Mazón tras las inundaciones provocadas por la DANA en la Comunidad valenciana, que causó 234 víctimas mortales, que tardó un año en dimitir.

Fuente: Redacción

 

 ANEXO I

Normalización y auge de la extrema derecha en la política  española 

Es evidente que existe la necesidad de recuperar un proyecto de transformación social frente al avance de la extrema derecha.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la extrema derecha constituye uno de los fenómenos políticos y sociales más preocupantes de nuestro tiempo. Su presencia en las instituciones, su capacidad para influir en la opinión pública y la progresiva aceptación de sus discursos por parte de amplios sectores de la sociedad evidencian un cambio profundo en el panorama político. Lo que hace algunos años parecía una amenaza marginal se ha convertido en una realidad que condiciona el debate público y el funcionamiento de las democracias.

Sin embargo, el avance de la extrema derecha no puede explicarse únicamente por la eficacia de su propaganda, por el uso de las redes sociales o por la difusión de discursos de odio. También es necesario analizar las condiciones económicas, sociales y políticas que han favorecido su crecimiento, así como la incapacidad de buena parte de las fuerzas progresistas para ofrecer respuestas convincentes a los problemas cotidianos de la ciudadanía. La cuestión fundamental no consiste solamente en frenar a la derecha radical, sino en comprender por qué tantas personas encuentran en sus propuestas una respuesta a su malestar y por qué la izquierda ha perdido parte de su capacidad para representar sus esperanzas.

El malestar social. Terreno abonado para el crecimiento de la extrema derecha

El crecimiento de los movimientos ultraderechistas está estrechamente relacionado con el aumento de las desigualdades, la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda digna y el deterioro de determinados servicios públicos. Aunque los indicadores macroeconómicos puedan reflejar crecimiento económico y beneficios empresariales, estos resultados no siempre se traducen en una mejora real de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Existe una contradicción evidente entre el crecimiento de la riqueza y la persistencia de situaciones de pobreza y exclusión social. Mientras determinadas empresas y grandes fortunas acumulan beneficios extraordinarios, millones de trabajadores continúan viviendo en condiciones de incertidumbre económica. Tener un empleo ya no garantiza necesariamente una vida digna, del mismo modo que el crecimiento económico no asegura una distribución justa de sus beneficios.

Esta situación genera frustración, inseguridad y desconfianza hacia las instituciones. La extrema derecha aprovecha ese malestar y ofrece explicaciones aparentemente sencillas a problemas complejos. En lugar de señalar las causas estructurales de la desigualdad, dirige la frustración social contra colectivos vulnerables, especialmente las personas migrantes, las minorías culturales, los movimientos feministas y otros sectores que defienden derechos sociales.

De esta manera, consigue desviar la atención de quienes concentran el poder económico y responsabilizar a los sectores más desfavorecidos de problemas que tienen su origen en un modelo económico y social profundamente desigual.

La responsabilidad de las fuerzas progresistas

Aunque la propaganda ultraderechista desempeña un papel importante en este proceso, sería un error atribuir todo su crecimiento a la habilidad comunicativa de sus dirigentes. También es necesario examinar críticamente el comportamiento de las fuerzas políticas que tradicionalmente se han situado en el espacio progresista.

Una parte de la izquierda institucional parece haber renunciado progresivamente a impulsar transformaciones profundas. Su actuación se concentra, en muchas ocasiones, en gestionar el sistema existente, corregir algunos de sus efectos más perjudiciales y defender los avances alcanzados. Aunque estas actuaciones pueden resultar necesarias, no son suficientes cuando los problemas sociales tienen un carácter estructural.

La moderación permanente y la adaptación al modelo económico dominante pueden terminar debilitando la identidad política de la izquierda. Cuando las fuerzas progresistas dejan de plantear alternativas y se limitan a defender lo existente, pierden su capacidad de generar ilusión y de movilizar a los sectores sociales que necesitan cambios.

En este contexto, la extrema derecha consigue presentarse como una fuerza antisistema, aunque sus propuestas económicas y sociales tiendan a proteger los intereses de los grupos privilegiados. Su discurso de ruptura conecta con el descontento de una ciudadanía que no encuentra respuestas satisfactorias en las instituciones tradicionales.

Por tanto, no basta con denunciar el racismo, la xenofobia o el autoritarismo. Es imprescindible construir una alternativa política capaz de demostrar que existe otra manera de organizar la sociedad.

La desigualdad económica y la crisis de la democracia

Uno de los elementos centrales del problema es la creciente concentración de la riqueza y del poder económico. La democracia pierde capacidad efectiva cuando las decisiones fundamentales que afectan a la vida de la ciudadanía quedan condicionadas por los intereses de un reducido grupo de grandes empresas y fortunas.

La libertad política resulta limitada cuando no existe una verdadera igualdad de oportunidades ni unas condiciones materiales que permitan a todas las personas desarrollar una vida digna. No puede hablarse de una democracia plenamente desarrollada mientras el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad o la seguridad económica dependa excesivamente de la capacidad adquisitiva de cada individuo.

En este sentido, la democracia no debería limitarse al derecho de votar periódicamente. También tendría que garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones económicas y sociales que determinan su futuro.

La fiscalidad progresiva, la redistribución de la riqueza y la protección de los servicios públicos son instrumentos fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa. Sin embargo, también es necesario revisar quién controla sectores estratégicos como la banca, la energía, el transporte, las comunicaciones y otros ámbitos esenciales para el funcionamiento colectivo.

La cuestión no consiste únicamente en repartir mejor los beneficios de la economía, sino también en democratizar las estructuras que permiten producir y distribuir esa riqueza.

El autoritarismo frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo

El avance de la extrema derecha resulta especialmente preocupante porque coincide con una etapa histórica marcada por graves amenazas globales. La crisis climática, la destrucción de los ecosistemas, los conflictos armados, las desigualdades internacionales y el deterioro de los derechos humanos exigen respuestas políticas basadas en la cooperación, la responsabilidad y la defensa del bien común.

Sin embargo, numerosos dirigentes políticos muestran una preocupante disposición a subordinar estos objetivos a los intereses económicos y geopolíticos de determinados grupos de poder. La industria armamentística, la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la búsqueda ilimitada de beneficios continúan ocupando un lugar prioritario frente a la protección de la vida y del planeta.

El problema se agrava cuando los discursos autoritarios cuestionan los acuerdos internacionales, desacreditan los movimientos ecologistas, atacan los derechos de las minorías y presentan la solidaridad como una debilidad.

Frente a esta realidad, es necesario recuperar una concepción de la política que sitúe la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad ambiental por encima de los intereses particulares. No podemos seguir considerando el crecimiento económico ilimitado como un objetivo incuestionable en un planeta cuyos recursos son finitos.

La necesidad de construir una alternativa emancipadora

Frenar a la extrema derecha requiere algo más que acuerdos electorales o llamamientos a la unidad de las izquierdas. La unidad es importante, pero pierde su sentido si no existe un proyecto común capaz de transformar las condiciones materiales de la sociedad.

Es necesario recuperar la ambición de construir un modelo de convivencia basado en la igualdad, la solidaridad y la participación democrática. Esto implica defender una educación y una sanidad públicas de calidad, garantizar el derecho efectivo a la vivienda, combatir la precariedad laboral y reconocer el valor social de los trabajos de cuidados.

También exige avanzar hacia una mayor democratización de la economía, reforzando el control público y social sobre los sectores estratégicos y limitando la capacidad de los grandes grupos económicos para condicionar las decisiones políticas.

Pero una transformación de estas características no puede depender exclusivamente de las instituciones. Necesita una ciudadanía organizada, consciente de sus derechos y dispuesta a participar en la construcción de alternativas. Los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, las asociaciones vecinales y los colectivos comprometidos con la justicia social desempeñan un papel fundamental en este proceso.

Asimismo, resulta imprescindible recuperar un lenguaje político capaz de transmitir esperanza. La izquierda no puede limitarse a advertir sobre los peligros de la extrema derecha; debe demostrar que es posible vivir en una sociedad diferente, donde la seguridad no dependa de la exclusión de los demás, donde el trabajo permita vivir dignamente y donde los servicios públicos sean una garantía de derechos y no una oportunidad de negocio.

Conclusión

El avance de la extrema derecha no es un fenómeno inevitable ni puede entenderse como una simple consecuencia de la radicalización de determinados sectores de la sociedad. Es también el resultado de profundas contradicciones económicas, de una creciente desigualdad y de la pérdida de capacidad transformadora de buena parte de las fuerzas progresistas.

Combatir este fenómeno exige afrontar sus causas y no limitarse a denunciar sus manifestaciones. La xenofobia, el racismo, el antifeminismo y el autoritarismo encuentran un terreno favorable cuando las personas viven situaciones de inseguridad, precariedad y abandono institucional. Por ello, la defensa de la democracia debe ir necesariamente acompañada de una defensa efectiva de la justicia social y de la igualdad económica.

La consigna histórica de «No pasarán» conserva toda su fuerza simbólica y política, pero no puede convertirse en una respuesta vacía. Para impedir que la extrema derecha siga avanzando es necesario ofrecer algo más que resistencia: hace falta un proyecto de futuro que ilusione, movilice y permita recuperar la confianza colectiva en la posibilidad de cambiar la realidad.

En definitiva, la verdadera alternativa al autoritarismo no consiste en conservar un sistema que genera desigualdad, sino en construir una sociedad más democrática, solidaria y respetuosa con las personas y con el medio ambiente. El reto fundamental de nuestro tiempo es recuperar la política como instrumento de emancipación colectiva y demostrar que la igualdad, la dignidad y el bien común no son ideales utópicos, sino objetivos por los que merece la pena trabajar.

Fuente: Vientosur.info 

 

SUMARIO 

1. Diagnóstico general: auge de la extrema derecha

• La extrema derecha.- Gana fuerza en muchos países y en distintos sectores sociales, y buena parte de la ciudadanía ya no la percibe como una amenaza.
• Crecimiento de la estrema derecha.- Según parece, su crecimiento responde a que el poder económico concentrado necesita políticos autoritarios, y también al descrédito de los socioliberales y a la "cobardía" de una izquierda que no se atreve a defender un cambio social.
• Discursos de odio de la ultraderecha.- Dirigido contra feministas, sindicalistas, ecologistas, activistas, personas LGTBI, personas racializadas y migrantes.

2. Situación en el Estado español y Cataluña

• Victoria de la ultraderecha, en Extremadura y brotes de xenofobia en Cataluña (caso Badalona, con un alcalde del PP).
• Datos del CEO.- Aliança Catalana podría pasar de 2 a 19-20 escaños, y VOX llegaría a 13-14 diputados. Una de cada cinco personas votantes de Junts se pasaría a Aliança Catalana.
• Crítica a Junts.- Por adoptar discursos antiinmigración e islamófobos, y al PP por asumir propuestas de VOX (autoritarismo, antifeminismo, negacionismo climático, racismo).
• Crítica a la izquierda institucional.- Por adaptarse al neoliberalismo y moderarse.

3. Críticas a la lectura económica del gobierno

• Los gobernantes destacan, cifras de crecimiento, empleo y beneficios empresariales, pero la percepción ciudadana es otra.
• Informe FOESSA 2025.- Precariedad laboral afecta al 47,5 % de la población activa; 11,6 % de hogares con inseguridad alimentaria; la mujer aporta cada vez más ingresos principales en el hogar (del 21,9 % en 2007 al 35,9 % en 2024); España tiene una de las mayores desigualdades de Europa.
• Vivienda.- Principal motor de desigualdad, con un modelo inmobiliario depredador. Más de 6.700 personas sin hogar en Cataluña y al menos 30.000 en toda España.
• Sanidad pública .- Erosionada por listas de espera.
• Oxfa.- En las 40 mayores empresas, el salario más alto es de media 111 veces la nómina media.

4. Propuestas y conclusiones

• La izquierda debe ofrecer un proyecto emancipador con capacidad de ilusionar, no solo el lema "no pasarán".
• Democracia económica.- No basta la fiscalidad; hay que socializar sectores clave como, energía,  comunicaciones, transporte, universidad, sanidad y educación.
• Instituciones.- Deben ser transparentes, cercanas, y al servicio de la ciudadanía; una justicia que no se imponga a la decisión democrática.
• Cambio cultural.- Solidaridad, cuidados remunerados y compartidos, fin del negocio de las armas, respeto a los pueblos y sus lenguas, convivencia dentro de los límites de la naturaleza.
• Advertencia final.- El capitalismo no puede resolver sus crisis con más capitalismo; es necesario sumar a millones de personas que no viven de rentas del capital.

El tema central de este breve estudio sería que, la extrema derecha no avanza únicamente por la fuerza de sus discursos de odio, que también, sino por las desigualdades sociales, la concentración económica y la falta de un proyecto transformador de verdad, por parte de la izquierda. 

Por tanto, la respuesta debe ir más allá de la resistencia electoral y apostar por una transformación democrática, económica y social.

 

Fuente: Medios digitales