La
democracia, desde la Antigua Grecia, ha sido uno de los sistemas políticos más
debatidos y cuestionados.
Aristóteles
sostenía que el ciudadano se define esencialmente por su participación en la
justicia y en el gobierno, idea que resume el espíritu democrático.
Sin
embargo, incluso entre los grandes pensadores clásicos existían profundas
discrepancias: Sócrates defendía la democracia aún cuando ésta lo condenó a
muerte, Platón la consideraba peligrosa e inestable, y Aristóteles advertía
sobre el riesgo del dominio de las masas. Más de dos mil años después, estas
tensiones siguen vigentes y se manifiestan en los desafíos a los que se enfrentan las
democracias contemporáneas para mantenerse sólidas y funcionales.
Durante
mucho tiempo se creyó que la democracia procedimental —basada en elecciones
periódicas y en el derecho al voto— era suficiente para garantizar la
estabilidad política y evitar el autoritarismo. No obstante, la experiencia
reciente ha demostrado que este supuesto es insuficiente. El libro "Cómo
mueren las democracias", de los profesores de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ofrece un
análisis profundo sobre cómo los sistemas democráticos pueden deteriorarse
desde dentro, sin necesidad de golpes militares ni rupturas abruptas del orden
constitucional. Según los autores, hoy las democracias suelen colapsar de
manera gradual y casi imperceptible, a manos de líderes elegidos
democráticamente que utilizan las propias instituciones para debilitar el
sistema que los llevó al poder.
Uno
de los aportes centrales de la obra es la idea de la “regresión democrática”,
un proceso en el cual las reglas formales continúan vigentes, pero las normas
no escritas que sostienen la convivencia política comienzan a deteriorarse. La
Constitución sigue en pie, el Congreso funciona y no hay tanques en las calles,
pero la democracia se vacía de contenido. Este fenómeno se apoya en reformas
legales, fallos judiciales y plebiscitos que, aunque legítimos en apariencia,
terminan concentrando poder y debilitando los controles institucionales. El
caso de Estados Unidos durante el primer mandato de la presidencia de Donald Trump es presentado
como un ejemplo paradigmático de este proceso, marcado por una fuerte
polarización, el cuestionamiento sistemático a las instituciones y la ruptura
de consensos históricos.
Levitsky
y Ziblatt sostienen que la democracia no se sostiene únicamente en leyes y
constituciones, sino también en dos normas fundamentales: la tolerancia mutua y
la contención institucional. La primera implica reconocer al adversario
político como un rival legítimo, no como un enemigo a destruir. La segunda
supone el autocontrol en el ejercicio del poder y el respeto a los límites
institucionales. Cuando estas normas se debilitan, la democracia entra en una
zona de alto riesgo. Polarización extrema, discursos de odio y deslegitimación del oponente —fenómenos cada vez más frecuentes, incluso en
redes sociales— son señales de alerta que no deben ser subestimadas.
En
este contexto, los autores advierten sobre el peligro del populismo. Los
líderes populistas suelen presentarse como la voz auténtica del “pueblo” frente
a una supuesta élite corrupta, negando la legitimidad de los partidos
tradicionales y de las instituciones democráticas. Paradójicamente, el camino
más probable para destruir una democracia es a través de elecciones libres,
cuando la ciudadanía, movida por el desencanto o la desconfianza, elige a
dirigentes con tendencias autoritarias. Para identificarlos, Levitsky y Ziblatt
proponen cuatro indicadores clave: 1)rechazo a las reglas democráticas; 2)deslegitimación de los adversarios; 3)tolerancia a la violencia y 4)predisposición a restringir libertades civiles (especialmente la libertad de
prensa).
A
pesar del tono crítico y de advertencia, el libro no es completamente
pesimista. Existen ejemplos de países que han logrado contener a líderes
demagógicos gracias a la acción responsable de las élites políticas y los
medios de comunicación, que funcionan como verdaderos “guardianes” de la
democracia. Los partidos políticos, en particular, tienen la responsabilidad de
actuar como frenos al autoritarismo, incluso cuando ello implique sacrificar
ventajas electorales inmediatas en favor de la estabilidad democrática.
En
conclusión, la democracia se enfrenta hoy a peligros reales y crecientes, muchos de
ellos silenciosos y normalizados. La apatía ciudadana, la pérdida de confianza
en las instituciones y la polarización social son síntomas de un malestar
profundo que no debe ser ignorado.
Reflexionar sobre estos riesgos es el primer
paso para fortalecer el sistema democrático y evitar su deterioro. Como
advierte el refrán popular, “sobre aviso no hay engaño”, conocer cómo mueren
las democracias también nos brinda la oportunidad de aprender cómo protegerlas
y renovarlas.
Libertad de expresión, redes sociales y democracia en crisis: el
dilema contemporáneo según Steven Levitsky
Las
democracias contemporáneas se enfrentan desafíos inéditos que ponen a prueba
sus principios fundamentales.
Entre
ellos está, el uso de las redes sociales por parte de líderes políticos con
tendencias autoritarias, que ha abierto un debate profundo sobre los límites de la
libertad de expresión, el rol de las grandes empresas tecnológicas y la
fragilidad de las instituciones democráticas.
En este contexto, las
declaraciones del politólogo Steven Levitsky, realizadas tras el primer mandato
de Donald Trump y el asalto al Capitolio en enero de 2021, ofrecen un marco
analítico clave para comprender los riesgos y contradicciones que atraviesa hoy
la democracia estadounidense y, por extensión, otras democracias del mundo.
Levitsky
sostiene que el asalto al Capitolio no fue un hecho imprevisible, sino la
consecuencia lógica de haber elegido a un líder que no estaba comprometido con
las reglas del juego democrático. Según el autor, cuando un presidente con
rasgos autoritarios utiliza su poder para desacreditar instituciones, promover
mentiras y fomentar la violencia —ya sea de forma explícita o mediante
silencios cómplices frente al extremismo—, el deterioro democrático se vuelve
casi inevitable. La historia ofrece múltiples ejemplos de este fenómeno: Europa
en las décadas de 1920 y 1930, América Latina en los años sesenta y setenta, o
el caso chileno previo al golpe de Estado de 1973. En todos ellos, las palabras
de los líderes importaron y actuaron como catalizadores de procesos violentos.
Uno
de los puntos más controvertidos abordados por Levitsky es la decisión de
Twitter y Facebook de bloquear las cuentas de Donald Trump. Aunque reconoce que
se trata de una medida drástica y sin precedentes, la considera inevitable.
Para el politólogo, la libertad de expresión no puede ser utilizada como escudo
para promover la violencia. En este sentido, subraya que no se trató de una
acción estatal, sino de una decisión tomada por empresas privadas frente a un
actor con enorme poder e influencia que estaba causando un daño real y
concreto. Trump, argumenta Levitsky, no fue silenciado: continuó teniendo
múltiples vías para expresarse, lo que invalida la idea de una violación a sus
derechos fundamentales.
Sin
embargo, Levitsky no ignora los riesgos que estas decisiones implican. Advierte
que el bloqueo de un presidente estadounidense puede sentar un precedente
peligroso, susceptible de ser utilizado por gobiernos autoritarios para
justificar restricciones a la oposición y a las libertades civiles. Este dilema
refleja una tensión central de las democracias liberales actuales: permitir la
impunidad de líderes que promueven la violencia o aceptar medidas excepcionales
que, aunque problemáticas, buscan defender el orden democrático. Para Levitsky,
la segunda opción resulta menos dañina que la primera, especialmente cuando
está en juego la legitimación de actos violentos contra instituciones
fundamentales.
En
cuanto al papel de las redes sociales, Levitsky rechaza la idea de que estas
sean la causa principal de la polarización o de la crisis democrática. Si bien
reconoce que amplifican conflictos y exacerban tensiones, recordándonos que las
sociedades han caído en guerras civiles y rupturas democráticas mucho antes de
la existencia de Twitter o Facebook. Los problemas estructurales —desigualdad,
polarización ideológica, liderazgos irresponsables— han precedido a la tecnología.
No obstante, insiste en que, como ocurrió anteriormente con la radio y la
televisión, será necesario regular estas plataformas y limitar su poder
monopólico para reducir sus efectos nocivos.
Respecto
al futuro de la democracia en Estados Unidos, Levitsky adopta una postura
cautelosa. Reconoce que se trata de una democracia “difícil de matar”, con
instituciones fuertes, un sistema federal sólido y fuerzas armadas
profesionales que han resistido presiones autoritarias. Aun así, advierte que
ningún país es inmune a la ruptura democrática si la polarización alcanza un
punto crítico. El elevado nivel de rabia en sectores de ultraderecha y la
persistencia de la deslegitimación electoral anticipan un periodo de
inestabilidad y violencia, aunque no necesariamente un golpe de Estado.
Finalmente,
Levitsky se mostraba dividido frente a la posibilidad de impedir futuras
candidaturas de Trump. Aunque consideraba indispensable aplicar medidas
constitucionales, como el impeachment, advertía que la proscripción política
podía convertir al líder en un mártir y fortalecer el discurso antisistema,
como ocurrió históricamente en casos como el de Perón en Argentina. De este
modo, el politólogo subrayaba que la defensa de la democracia no solo depende de
sanciones legales, sino también del comportamiento responsable de las élites
políticas, especialmente de los partidos tradicionales, que deben romper de
forma clara con los sectores extremistas, si desean reducir la polarización y
preservar el orden democrático (justo lo contrario que ha hecho en España, el Partido Popular con Vox)
En
resumen, las reflexiones de Steven Levitsky ponen de manifiesto la complejidad
del momento histórico actual. La democracia se enfrenta a amenazas reales, pero no
inevitables. El desafío central radica en encontrar un equilibrio entre la
protección de las libertades fundamentales y la necesidad de poner límites a
quienes, desde el poder o desde la oposición, las utilizan para socavar el propio sistema
democrático.
Comparativa, del estado de la democracia en Estados Unidos, entre el primer mandato de Donald Trump y la actualidad
La democracia estadounidense ha sido históricamente presentada como un modelo de estabilidad institucional, separación de poderes y respeto por el Estado de derecho.
Sin embargo, en las últimas dos décadas —y de manera más marcada desde la elección de Donald Trump en 2016— este sistema se ha enfrentado a profundas tensiones. Comparar la situación actual de la democracia en Estados Unidos con la vivida durante el primer mandato de Trump permite identificar continuidades, rupturas y desafíos estructurales que siguen moldeando la vida política del país.
La democracia durante el primer mandato de Trump
El primer mandato de Donald Trump (2017-2021) representó una ruptura significativa con muchas normas políticas tradicionales, aunque no necesariamente con las reglas formales del sistema. Trump llegó al poder con un discurso abiertamente populista, confrontacional y escéptico de las instituciones, los medios de comunicación y los resultados electorales cuando le eran adversos.
Durante este periodo, las instituciones democráticas demostraron una resiliencia considerable. El Congreso, el poder judicial, los gobiernos estatales y la prensa independiente funcionaron como contrapesos efectivos en múltiples ocasiones. Decisiones ejecutivas fueron bloqueadas por tribunales, investigaciones legislativas avanzaron pese a la presión política y las elecciones de medio término de 2018 reflejaron un sistema competitivo y funcional.
No obstante, el daño principal a la democracia no fue institucional, sino normativo y cultural. Trump erosionó normas informales fundamentales: el respeto a la prensa libre, la aceptación de la oposición política como legítima y, de forma especialmente grave, la aceptación pacífica de los resultados electorales. El cuestionamiento constante del proceso electoral culminó en el desconocimiento de los resultados de las elecciones de 2020 y en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, un hecho sin precedentes en la historia moderna del país.
Situación actual de la democracia estadounidense
En la actualidad, la democracia estadounidense opera en un contexto marcado por las secuelas del primer mandato de Trump. A diferencia de aquel periodo, el foco ya no está solo en el comportamiento de un líder, sino en la normalización de prácticas y discursos antidemocráticos dentro de sectores amplios del sistema político y del electorado.
Por un lado, las instituciones han reforzado ciertos mecanismos de protección: se han realizado investigaciones judiciales sobre el intento de revertir las elecciones de 2020, se han actualizado procedimientos electorales en varios estados y se ha reafirmado el rol del poder judicial como árbitro. En este sentido, puede decirse que la democracia formal ha aprendido de la crisis.
Sin embargo, los problemas estructurales son hoy más profundos. La polarización política ha alcanzado niveles que dificultan la gobernabilidad y el consenso mínimo necesario para el funcionamiento democrático. Una parte significativa de la ciudadanía sigue desconfiando del sistema electoral, lo que debilita la legitimidad del proceso democrático en su conjunto. Además, la politización del poder judicial y de los organismos electorales se ha intensificado, algo menos visible antes de 2017.
También, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración, ha contribuido a que se produzcan efectos democráticos profundos en Estados Unidos:
- Debilitando la confianza en las instituciones.
- Intensificando la polarización política y social.
- Cuestionando la aplicación legítima de la fuerza estatal.
- Abriendo un debate sobre derechos civiles, supervisión y rendición de cuentas.
Y aunque no significa el colapso de la democracia, estos hechos representan un estrés significativo en las normas y expectativas democráticas, y subrayan la necesidad de transparencia, mecanismos de control efectivos y una revisión profunda del papel y el entrenamiento de las fuerzas federales en operaciones internas.
Otro elemento clave es que el cuestionamiento a la democracia ya no se presenta como una anomalía, sino como una estrategia política viable. Actores políticos que antes habrían sido marginados ahora encuentran incentivos electorales para desafiar resultados, desacreditar instituciones o limitar el acceso al voto bajo el argumento de la seguridad electoral.
Continuidades y diferencias entre ambos momentos
La principal continuidad entre el primer mandato de Trump y la situación actual es la fragilidad de las normas democráticas informales. El respeto mutuo entre adversarios políticos, la confianza en los resultados electorales y la moderación retórica siguen erosionados.
La diferencia central radica en el nivel de institucionalización del conflicto. Durante el primer mandato de Trump, gran parte de la amenaza democrática dependía de su figura y estilo personal. Hoy, muchas de esas prácticas se han difundido más allá de un solo líder, integrándose en partidos, medios y movimientos políticos, lo que las hace más difíciles de revertir.
Paradójicamente, también existe una mayor conciencia pública sobre los riesgos a los que se enfrenta la democracia. Sectores de la sociedad civil, académicos y funcionarios públicos discuten abiertamente la necesidad de proteger el sistema democrático, algo que antes se daba por sentado.
Conclusión
Al comparar la democracia estadounidense durante el primer mandato de Donald Trump con la situación actual, se revela un proceso de transformación inquietante. Si bien las instituciones demostraron fortaleza frente a los desafíos iniciales, el costo ha sido una erosión duradera de la confianza pública y de las normas que sostienen el sistema democrático más allá de las leyes escritas.
Hoy, la democracia en Estados Unidos no está colapsada, pero sí se encuentra en una posición mucho más vulnerable que antes de 2017. El desafío ya no es solo resistir a un liderazgo disruptivo, sino reconstruir una cultura democrática capaz de sostener el pluralismo, la legitimidad electoral y el respeto institucional en un entorno profundamente polarizado.
El futuro de la democracia estadounidense dependerá menos de individuos concretos y más de la capacidad colectiva para restaurar esas bases normativas que alguna vez parecieron incuestionables.
Impacto de los mismos peligros democráticos en países de la UE
Los
riesgos para la democracia identificados por Steven Levitsky —polarización
extrema, liderazgo autoritario, desinformación, normalización del extremismo y
debilitamiento de las normas democráticas— afectan de manera desigual a los
países de la Unión Europea.
Aunque
la UE se presenta como un espacio de democracias consolidadas, estos peligros
han ido erosionando gradualmente algunos de sus pilares fundamentales,
generando una brecha creciente entre democracias resilientes y democracias en
retroceso.
Uno
de los efectos más visibles en Europa es el avance de fuerzas populistas y de
extrema derecha, muchas de las cuales cuestionan principios básicos del
liberalismo democrático, como la independencia judicial, la libertad de prensa
o los derechos de las minorías. Siguiendo el análisis de Levitsky, el problema
no es únicamente la existencia de estos movimientos, sino la respuesta —o falta
de ella— de las élites políticas tradicionales.
En varios países, partidos
conservadores han optado por normalizar o integrar a estos actores para
mantener el poder, debilitando así la línea roja que separa la competencia
democrática legítima del autoritarismo (caso del PP con Vox en España).
La
polarización política también ha aumentado en numerosos Estados miembros.
Aunque Europa no presenta, en general, niveles de confrontación tan extremos
como Estados Unidos, el debate público se ha vuelto más identitario y menos
programático. Cuestiones como la inmigración, la soberanía nacional frente a la
integración europea, el cambio climático o la gestión de crisis (económicas,
sanitarias o geopolíticas) han sido utilizadas para dividir a la sociedad en
bloques irreconciliables. Esta dinámica erosiona la tolerancia mutua y
dificulta la cooperación política, una condición esencial para el
funcionamiento de las democracias parlamentarias europeas.
Las
redes sociales y la desinformación desempeñan un papel central en este proceso.
Tal como advierte Levitsky, estas plataformas no son la causa principal de la
crisis democrática, pero sí actúan como potentes amplificadores del conflicto.
En el contexto europeo, la propagación de noticias falsas, campañas de
desinformación —en ocasiones impulsadas desde el exterior— y discursos de odio
ha afectado la confianza ciudadana en las instituciones y en los medios de
comunicación tradicionales. Esto ha llevado a que sectores de la población
adopten visiones conspirativas que socavan la legitimidad del sistema
democrático.
Un
riesgo particularmente grave en la UE es el retroceso democrático desde dentro,
observable en países como Hungría o, en menor medida, Polonia. Estos casos
ilustran una de las advertencias centrales de Levitsky: las democracias no
siempre mueren por golpes de Estado, sino mediante procesos graduales en los
que líderes electos debilitan los contrapesos institucionales, capturan el
poder judicial y restringen la libertad de prensa, todo ello manteniendo una
fachada electoral. Esta situación plantea un desafío estructural para la Unión
Europea, que carece de mecanismos plenamente eficaces para revertir estas
derivas sin vulnerar la soberanía nacional de los Estados miembros.
No
obstante, también existen importantes factores de resiliencia democrática en la
Unión Europea. Muchos países —como Alemania, los países nórdicos, Irlanda, los
Países Bajos o Portugal— mantienen altos niveles de confianza institucional,
sistemas de partidos relativamente estables y una cultura política comprometida
con el pluralismo. Además, la propia UE actúa como un marco de contención,
estableciendo estándares comunes en materia de derechos fundamentales, Estado
de derecho y libertad de expresión, ejerciendo además, presión política y económica
sobre los gobiernos que se desvían de estos principios.
En
conclusión, los peligros señalados por Steven Levitsky afectan a la Unión
Europea de forma asimétrica. Mientras que en algunos países estos riesgos se
manifiestan como tensiones controlables dentro de democracias sólidas, en otros
han derivado en procesos de erosión democrática más profundos. El principal
desafío para Europa no es solo frenar a los actores autoritarios, sino reforzar
las normas democráticas informales, exigir responsabilidad a las élites
políticas y adaptar sus instituciones al nuevo contexto tecnológico y
comunicativo. De la capacidad de la Unión para afrontar estos retos dependerá
su legitimidad como proyecto democrático en el siglo XXI.
¿La democracia española también resulta afectada por los peligros señalados por Steven Levitsky?
Los riesgos para la democracia descritos por Steven Levitsky no son exclusivos de Estados Unidos.
Aunque España no se enfrenta a una amenaza inmediata de ruptura democrática, varios de los peligros identificados por el politólogo —polarización extrema, normalización del discurso de odio, uso irresponsable de las redes sociales y ambigüedad de las élites frente al extremismo— en distintos grados, están presentes, en el contexto político español, quizás desde principios de la democracia.
En primer lugar, la polarización política constituye uno de los principales desafíos para la democracia española. En los últimos años, el debate público se ha vuelto más confrontacional y emocional, con una lógica de bloques que dificulta el consenso y erosiona la confianza en las instituciones. Siguiendo a Levitsky, cuando los adversarios políticos dejan de verse como rivales legítimos y pasan a ser percibidos como enemigos, se debilita una norma democrática básica: la tolerancia mutua. En España, esta dinámica se refleja en la deslegitimación sistemática del gobierno de turno, en el cuestionamiento de decisiones judiciales cuando no favorecen a una parte y en el uso constante de un lenguaje que apela a la confrontación identitaria.
En segundo lugar, las redes sociales han amplificado esta polarización. Tal como advierte Levitsky, estas plataformas no crean el conflicto, pero sí lo intensifican. En el caso español, la difusión de desinformación, teorías conspirativas y mensajes simplificados ha contribuido a radicalizar posiciones, especialmente en temas sensibles como la inmigración, el independentismo catalán o la memoria histórica. La velocidad y el alcance de las redes dificultan la deliberación racional y favorecen respuestas emocionales, lo que empobrece la calidad del debate democrático.
Otro peligro relevante es la normalización de discursos extremistas. En línea con la advertencia de Levitsky, si los partidos tradicionales no establecen límites claros frente a posiciones antidemocráticas —ya sea por cálculo electoral o por miedo a perder apoyo—, esas ideas ganan legitimidad. En España, el auge de la extrema derecha ha introducido en el debate político discursos que cuestionan derechos fundamentales, atacan a minorías o relativizan consensos democráticos básicos.
El riesgo no reside únicamente en la existencia de estos actores, sino en la disposición de otras fuerzas políticas a cooperar con ellos sin exigir un compromiso claro con las reglas democráticas.
Asimismo, la desconfianza hacia las instituciones representa una amenaza creciente. Aunque España cuenta con un Estado de derecho consolidado y fuerzas armadas profesionalizadas, el cuestionamiento constante de la justicia, de los medios de comunicación y de los organismos independientes puede minar su legitimidad a largo plazo. Levitsky insiste en que las democracias no suelen morir de forma abrupta, sino por un desgaste progresivo de sus normas e instituciones, proceso que de manera incipiente, puede observase en el contexto español.
No obstante, existen factores de resiliencia que diferencian a España de los escenarios más críticos analizados por Levitsky. La pertenencia a la Unión Europea, una sociedad civil activa, un sistema electoral competitivo y una experiencia histórica reciente con el autoritarismo, actúan como frenos importantes frente a derivas más graves. Además, a diferencia de otros casos, las fuerzas armadas españolas permanecen claramente subordinadas al poder civil, lo que reduce el riesgo de aventuras autoritarias.
En síntesis, los peligros señalados por Steven Levitsky afectan a la democracia española más como riesgos latentes que como amenazas inmediatas. La polarización, la radicalización del discurso y el uso irresponsable de las redes sociales pueden erosionar gradualmente la calidad democrática si no se gestionan con responsabilidad política.
La clave, como subraya Levitsky, reside en el comportamiento de las élites, en su capacidad para aislar el extremismo, defender las reglas del juego democrático y preservar la legitimidad de las instituciones. De ello dependerá que la democracia española siga siendo, como hasta ahora, una democracia sólida aunque imperfecta.
¿La constante erosión al gobierno del Estado y a sus instituciones, por parte de la oposición política, puede dañar la democracia de ese país?
Por
supuesto que sí, pues caso que la oposición política de un país, erosione
continuamente al gobierno y al resto de instituciones democráticas de ese Estado, puede
dañar gravemente a la democracia de ese nación. La clave está en cómo
se ejerce esa oposición.
En
una democracia sana, la oposición cumple un rol esencial: criticar,
controlar, fiscalizar y ofrecer alternativas. Eso no solo no daña la
democracia, sino que la fortalece.
El
problema aparece cuando la oposición deja de cuestionar políticas concretas y
pasa a deslegitimar sistemáticamente al gobierno y a las instituciones
democráticas en sí.
Algunos
riesgos claros de esa erosión constante serían:
- Pérdida de
confianza ciudadana.- Si se instala la idea de que “todo está podrido”
(elecciones, justicia, parlamento, organismos de control), la gente deja
de creer en las reglas del juego democrático.
- Polarización
extrema.- Se
divide a la sociedad en bandos irreconciliables, donde el adversario pasa
a ser visto como enemigo.
- Debilitamiento
institucional.- Cuando
se acusa sin pruebas o se niega legitimidad a decisiones legales, se
erosiona el respeto por la ley.
- Apertura a opciones autoritarias.- Paradójicamente, el descrédito
permanente de la democracia puede llevar a que sectores de la población
acepten “mano dura” o soluciones no democráticas.
Ahora
bien, esto no significa que toda crítica fuerte sea antidemocrática. La
diferencia está en si la oposición:
- Respeta los
resultados electorales.
- Reconoce la
legitimidad básica de las instituciones.
- Actúa dentro del
marco constitucional.
- Busca convencer
a la ciudadanía, no incendiarla.
En
resumen. La crítica es democracia. La deslegitimación constante del sistema,
no. Cuando la oposición erosiona al gobierno y a las instituciones
como estrategia permanente, puede terminar dañando seriamente la democracia de
ese país.
CONCLUSIÓN
¿Será
este el caso de España?
Veremos.
Fuente:
Redacción
POSDATA
Si
alguien tiene dudas de como le va a ir a España si gobierna el Estado Vox, solo
o acompañado del PP, que eche un ojo a lo que está pasando al otro lado del charco, en Estados Unidos,
después de un año gobernando Trump, en su segundo mandato. Y el resto pueden
imaginárselo.
