En el día internacional
de la mujer, hemos pasado del “me gusta la fruta” de PP y Vox, al “me gusta la
guerra, los bulos y la violencia de género (ver abajo Anexo I)” de Aznar, Ayuso, Feijóo y Abascal.
Del
eco del “No a la guerra”: memoria política y debates actuales
El
lema “No a la guerra” se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la
movilización social en España a comienzos del siglo XXI.
En 2003, millones de
ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la invasión de Irak
liderada por Estados Unidos y apoyada por el Gobierno español de José María
Aznar. Aquellas protestas no solo cuestionaban la legitimidad de la
intervención militar, sino también las razones que la justificaban,
especialmente la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak,
que con el tiempo se demostró que no existían. Dos décadas después, ese mismo
lema ha sido recuperado en el debate político español, evidenciando cómo
ciertos episodios del pasado siguen influyendo en la política internacional y
nacional.
En
este contexto, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a
invocar el mensaje “No a la guerra” para expresar su rechazo a un posible
ataque contra Irán. Su postura surge en respuesta a las advertencias del
presidente estadounidense, Donald Trump, dirigidas a los países que no
respalden una eventual intervención. Sánchez ha dejado claro que está dispuesto
a mantener su posición frente a Washington si lo considera necesario, apelando
a la experiencia histórica y a la necesidad de evitar errores del pasado.
Para
comprender el peso simbólico de esta discusión es imprescindible recordar el
episodio conocido como la “foto de las Azores”. El 16 de marzo de 2003, Aznar
se reunió con el presidente estadounidense George W. Bush y el primer ministro
británico Tony Blair en la base aérea de Lajes, en el archipiélago portugués de
las Azores, con la presencia del entonces primer ministro portugués José Manuel
Durão Barroso como anfitrión. De aquella reunión surgió un ultimátum dirigido
al presidente iraquí Sadam Husein: si Irak no procedía a su desarme, una
coalición internacional intervendría militarmente. Apenas cuatro días después
comenzó la ofensiva conocida como “Operación Libertad Iraquí”.
La
reunión simbolizó la alineación de España con la estrategia de Washington y
Londres, una decisión que generó una profunda división tanto en la sociedad
española como en el ámbito internacional. Algunos aliados occidentales
relevantes, como Francia, se opusieron a la intervención. Sin embargo, Aznar
defendía que la acción militar contaba con respaldo en resoluciones de la
Organización de las Naciones Unidas y que España debía asumir un papel más
relevante en el escenario global, una ambición que él mismo describía como la
necesidad de sacar al país del “rincón de la historia”.
El
papel de los asesores y diplomáticos también fue clave en la configuración de
aquella política exterior. Entre ellos destacaron Ramón Gil-Casares e Ildefonso
Castro, quienes ocuparon posiciones relevantes en el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Gil-Casares, asesor principal de Aznar en política exterior y
posteriormente secretario de Estado de Asuntos Exteriores, defendió
públicamente la tesis de las armas de destrucción masiva que sirvió para
justificar la invasión. Años después, sería nombrado embajador de España en
Estados Unidos durante el Gobierno de Mariano Rajoy y más tarde recuperado como
asesor en asuntos internacionales por el líder de la oposición, Alberto Núñez
Feijóo. Por su parte, Castro ejercía como jefe de gabinete en la Secretaría de
Estado de Asuntos Exteriores durante el conflicto.
La
invasión de Irak se desarrolló con rapidez en sus primeras fases. El régimen de
Sadam Husein cayó en pocas semanas, aunque el líder iraquí permaneció oculto
durante meses hasta su captura en diciembre de 2003. Tres años más tarde sería
ejecutado. Sin embargo, el conflicto no terminó con la caída del régimen, sino
que dio paso a un prolongado periodo de inestabilidad política y violencia en
el país.
Dentro
del propio Gobierno español también surgieron discrepancias. El entonces
vicepresidente económico, Rodrigo Rato, expresó su desacuerdo con el envío de
tropas españolas a Irak, lo que evidenciaba que la decisión no contaba con
unanimidad incluso en el seno del Ejecutivo. Estas tensiones reflejaban el
intenso debate político que generó la participación española en la guerra.
Con el
paso del tiempo, la guerra de Irak se ha convertido en un referente histórico
para evaluar decisiones de política exterior y el papel de España en los
conflictos internacionales. La ausencia de las armas de destrucción masiva que
justificaron la intervención dañó la credibilidad de los argumentos iniciales y
reforzó el recuerdo de las movilizaciones ciudadanas de 2003.
Hoy,
cuando el lema “No a la guerra” vuelve a aparecer en el debate público, no se
trata solo de una consigna pacifista. Es también un recordatorio de las
consecuencias políticas y humanas de decisiones tomadas en contextos de tensión
internacional. La memoria de la guerra de Irak continúa influyendo en la forma
en que España aborda los conflictos globales y en cómo la sociedad evalúa el
papel de sus dirigentes en la escena internacional
Fuente:
El
Plural.com
España,
Chipre y la defensa europea en el Mediterráneo oriental
España enviará la
fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre ante los ataques de Irán, que llegará el 10
de marzo como escolta del portaviones francés ‘Charles de Gaulle’
La
decisión de España de enviar la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo
oriental marca un movimiento significativo dentro de la política de seguridad
europea. El despliegue del buque español, que operará junto al portaaviones
francés Charles de Gaulle y unidades navales griegas, responde a la petición de
apoyo realizada por Chipre tras los ataques que ha sufrido por parte de Irán y
la milicia libanesa Hezbolá. Según el Ministerio de Defensa, esta operación
demuestra el compromiso de España con la defensa de la Unión Europea y, en
particular, con la protección de su frontera oriental.
La
decisión española se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente
Próximo. Chipre se ha visto afectado por ataques con drones, como el que
impactó en la base británica de Akrotiri y obligó a cancelar una reunión de
ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea prevista en la isla. Ante
esta situación, el Gobierno chipriota solicitó apoyo a sus socios europeos,
generando una respuesta coordinada de varios países. Grecia ha enviado fragatas
y cazas F-16, Francia ha desplegado el portaaviones Charles de Gaulle, y el
Reino Unido ha reforzado su presencia militar. España se suma ahora a esta
movilización con el envío de su fragata más moderna.
El
Gobierno español ha querido subrayar la diferencia entre este despliegue y
otros escenarios militares recientes. Fuentes gubernamentales han explicado que
la negativa de España a apoyar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel
contra Irán —y a permitir el uso de las bases de Morón y Rota para esa
operación— no contradice la decisión de ayudar a Chipre. Según esta
interpretación, la intervención contra Irán constituiría un acto de agresión
sin cobertura jurídica clara en el derecho internacional, mientras que el apoyo
a Chipre se enmarca en un acto de solidaridad con un socio europeo que solicita
ayuda ante un ataque exterior. De este modo, el Gobierno defiende que una
acción debilita el orden internacional y la otra refuerza la cohesión y la
seguridad europeas.
La
fragata Cristóbal Colón se encontraba inicialmente participando en ejercicios
navales junto al grupo aeronaval francés, realizando tareas de escolta y
adiestramiento avanzado. En principio no estaba previsto que acompañara al
Charles de Gaulle en su despliegue hacia el Mediterráneo oriental. Sin embargo,
tras conversaciones entre la ministra de Defensa española, Margarita Robles, y
su homóloga francesa, Catherine Vautrin, el Gobierno español decidió que el
buque se integrara en el grupo naval que se dirige hacia las costas de Creta.
Durante su tránsito, el buque de aprovisionamiento Cantabria suministrará
combustible a las unidades desplegadas.
La
misión de la fragata española será principalmente defensiva. Su tarea
consistirá en ofrecer protección y defensa aérea, complementando las
capacidades de otras fuerzas desplegadas en la región, como la batería de
misiles Patriot que el Ejército español mantiene en Turquía. Además, el buque
estará preparado para colaborar en la evacuación de civiles si el conflicto se
intensifica y pone en riesgo a ciudadanos europeos en la zona.
Desde
el punto de vista militar, la Cristóbal Colón (F-105) representa uno de los
activos más avanzados de la Armada española. Entregada en 2012, mide 146,7
metros de eslora y desplaza más de 6.000 toneladas. Está equipada con el
sistema de combate Aegis y con misiles SM-2 y ESSM, capaces de interceptar
aviones y misiles a gran distancia. Su dotación habitual supera los 200
tripulantes y puede reforzarse con equipos especializados para operaciones
complejas. Estas capacidades la convierten en una plataforma adecuada para
misiones de defensa aérea y protección de flotas.
La
decisión de enviar este buque refleja también la dimensión política del
conflicto. Chipre no pertenece a la OTAN, pero sí a la Unión Europea, lo que
convierte su seguridad en una cuestión relevante para la política exterior y de
defensa europea. Además, el país ocupa actualmente la presidencia rotatoria del
Consejo de la Unión Europea, lo que añade un elemento simbólico a la respuesta
de los socios comunitarios.
En
definitiva, el despliegue de la fragata Cristóbal Colón ilustra cómo España
intenta equilibrar sus principios de política exterior con sus compromisos
europeos. Al rechazar participar en una ofensiva militar que considera
contraria al derecho internacional, pero al mismo tiempo responder a la
petición de ayuda de un Estado miembro de la UE, el Gobierno busca proyectar
una imagen de defensa del multilateralismo y de la seguridad colectiva europea.
En un escenario internacional cada vez más inestable, este tipo de decisiones
muestran cómo la política de defensa se convierte también en un instrumento de
posicionamiento diplomático y estratégico dentro de Europa.
Fuente:
El
País.com
Manipulación informativa y tensión política en la política exterior
española
El PP manipula un
vídeo de Margarita Robles para acusar al Gobierno de apoyar a Trump
En los
últimos años, el debate político en España se ha visto cada vez más
condicionado por la difusión de informaciones manipuladas y la
instrumentalización de fragmentos de vídeo o declaraciones fuera de contexto.
Un ejemplo reciente de esta dinámica ha surgido a raíz del encuentro entre la
ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos en
España, Benjamín León Jr. Lo que inicialmente era una reunión diplomática
rutinaria terminó convirtiéndose en objeto de controversia política tras la
difusión de un vídeo editado que, según el Gobierno, tergiversa las palabras de
la ministra.
La
reunión tuvo lugar en la tarde de un miércoles y estaba programada con
anterioridad a unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump,
en las que amenazaba a España. Como es habitual en este tipo de encuentros, la
cita se celebró a puerta cerrada, aunque durante los momentos previos se
permitió a los medios tomar imágenes de recurso. Fue precisamente durante ese
breve lapso de tiempo cuando se grabaron unas palabras informales de Robles
dirigidas al embajador y a su equipo, preguntándoles si deseaban tomar algo y
si la calefacción de la sala estaba a su gusto. La ministra, que se definió a
sí misma como “muy friolera”, incluso ofreció apagarla si resultaba incómoda.
Sin
embargo, la polémica surgió cuando algunos medios de orientación conservadora y
dirigentes del Partido Popular difundieron un fragmento alterado de ese
momento. En la versión difundida, el vídeo se corta en medio de una frase de
Robles, lo que permite interpretar de manera interesada sus palabras. Además,
según denuncian desde el Gobierno, se añadieron subtítulos que sugerían que la
ministra había afirmado: “no, no, yo estoy con Trump, lo que pasa que a veces
aquí la gente”. Desde el Ministerio de Defensa y desde Moncloa se ha negado
rotundamente esta interpretación, señalando que lo que realmente decía Robles
era que ella estaba “cómoda” en la sala, en referencia al ambiente y la
temperatura.
El
Ejecutivo ha calificado el episodio como una “manipulación interesada” de una
conversación trivial y de cortesía. Según fuentes gubernamentales, convertir
una charla circunstancial sobre bebidas o calefacción en una declaración
política constituye una distorsión deliberada de la realidad. Para Moncloa,
este tipo de prácticas no solo representan una mentira, sino que además
evidencian la falta de argumentos políticos sólidos por parte de quienes
recurren a ellas.
Este
episodio se enmarca en un contexto de fuerte confrontación política. El líder
del Partido Popular ha reiterado en diversas ocasiones que el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, “siempre miente”, una acusación que forma parte de una
estrategia discursiva basada en la deslegitimación personal del adversario
político, propia de la extrema derecha. Paralelamente, el propio líder popular ha criticado la supuesta
incoherencia del Ejecutivo al defender públicamente una posición de “no a la
guerra” mientras España mantiene compromisos militares con aliados
internacionales.
La
controversia se ha intensificado en relación con la posible participación
española en misiones de apoyo en el Mediterráneo oriental, particularmente en
torno a Chipre. Ante estas críticas, Margarita Robles explicó en una entrevista
que existe una diferencia fundamental entre una misión de ataque y una misión
de defensa. Según la ministra, España mantendrá siempre su compromiso con la
Unión Europea y con los principios de paz y seguridad colectiva. En caso de que
socios europeos soliciten apoyo, el Gobierno estudiará la situación y tomará
las decisiones oportunas dentro del marco de sus obligaciones internacionales.
En la
misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó
que cualquier posible apoyo militar a Chipre sería una cuestión a valorar en el
contexto de la solidaridad entre socios de la Unión Europea. No obstante,
insistió en que este tipo de cooperación defensiva no debe confundirse con la
participación en una agresión militar, como el conflicto iniciado por Estados
Unidos e Israel contra Irán.
El
aumento de la tensión regional ha tenido ya repercusiones en el ámbito de la
OTAN. Recientemente se interceptó un misil dirigido hacia el espacio aéreo de
Turquía, país miembro de la Alianza Atlántica. Aunque Irán ha negado ser
responsable del lanzamiento, el incidente ha puesto de manifiesto el riesgo de
escalada en la zona. Robles confirmó que el misil fue monitorizado por la
batería Patriot desplegada por el Ejército español en Adana, en el sur de
Turquía, desde hace aproximadamente una década. Según explicó la ministra, la
información proporcionada por este sistema permitió que un destructor
estadounidense en el Mediterráneo oriental procediera a su interceptación.
En
este contexto de creciente tensión internacional, la ministra también aclaró el
contenido de su reunión con el embajador estadounidense. Según Robles,
transmitió a Benjamín León Jr. un mensaje claro: España sigue siendo un país
firmemente comprometido con sus aliados. No obstante, también le comunicó que
el Gobierno español no autorizará el uso de las bases de Rota y Morón para
operaciones estadounidenses relacionadas con el conflicto contra Irán.
En
definitiva, el episodio refleja cómo, en el actual clima político, incluso una
conversación protocolaria puede convertirse en objeto de confrontación y
manipulación. La difusión de contenidos editados o sacados de contexto no solo
distorsiona el debate público, sino que contribuye a erosionar la confianza
ciudadana en la información política. En un momento marcado por tensiones
internacionales y decisiones estratégicas complejas, el rigor informativo y la
responsabilidad política se vuelven más necesarios que nunca.
Fuente:
rtve.es
ENCUESTAS.
Los españoles dicen ‘no a la guerra’, aprueban el papel de Sánchez y condenan a
Feijóo
El antibelicismo de
la sociedad española frente a la deriva de las derechas belicistas que se
pierden en su apoyo cerrado a Trump y Netanyahu
La
sociedad española ha mostrado históricamente una fuerte inclinación hacia el
antibelicismo y hacia la defensa de los pueblos que sufren las consecuencias de
conflictos internacionales. Esta actitud hunde sus raíces en la memoria
colectiva de un país que conoce bien los efectos devastadores de la guerra y
que, por ello, suele posicionarse con firmeza frente a las intervenciones
militares que arrasan territorios enteros bajo el pretexto de defender la
libertad. En este contexto, amplios sectores de la ciudadanía continúan
enarbolando el lema del “no a la guerra” y observan con preocupación cómo
determinadas fuerzas políticas se alinean con políticas belicistas en el ámbito
internacional.
En la
actualidad, este contraste se refleja especialmente en la postura de los
partidos de la derecha española. Mientras que una parte importante de la
opinión pública expresa su rechazo a las operaciones militares impulsadas por
Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo —que han provocado graves
consecuencias humanitarias en territorios como Palestina, Líbano o Irán—, los
principales partidos conservadores, el Partido Popular (PP) y Vox, han mostrado
posiciones más cercanas a dichas actuaciones. Esta distancia entre la
dirigencia política y la opinión de la ciudadanía ha generado un debate intenso
sobre el papel que España debe desempeñar en el escenario internacional.
El
llamado “antisanchismo”, que constituye uno de los ejes del discurso político
de la oposición conservadora, ha llevado en muchas ocasiones a atribuir al
Gobierno central responsabilidades por problemas de muy distinta índole, desde
cuestiones locales hasta decisiones de política internacional. Sin embargo,
esta estrategia encuentra límites cuando se enfrenta a la percepción
mayoritaria de la ciudadanía en temas de gran trascendencia, como los
conflictos armados y el respeto al derecho internacional. Cuando líderes
internacionales como Donald Trump o Benjamín Netanyahu adoptan decisiones
controvertidas que vulneran normas internacionales, una parte importante de la
sociedad española espera que su país mantenga una posición independiente y
crítica, en lugar de alinearse automáticamente con esas potencias.
Los
datos de opinión pública reflejan claramente esta tendencia. Según una encuesta
flash realizada por 40db y publicada por El País y la Cadena SER, el 68,2% de
los españoles rechaza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, mientras
que solo el 23,2% la apoya. El resto de los encuestados opta por no
pronunciarse. Aunque el rechazo es especialmente elevado entre quienes se
identifican con partidos de izquierda —como PSOE, Podemos o Sumar—, también
aparece con fuerza entre votantes de derecha, particularmente entre
simpatizantes del PP.
El
desglose por preferencias políticas resulta revelador. Entre los electores
situados a la izquierda del PSOE, apenas un 4% respalda la ofensiva militar,
cifra que aumenta ligeramente hasta el 9% entre votantes socialistas, pero que
sigue siendo claramente minoritaria. En el ámbito conservador, el apoyo tampoco
alcanza la mayoría: el 36% de los votantes del PP se muestra favorable al
ataque. Entre los simpatizantes de Vox existe una división más marcada, ya que
el 53% aprueba la actuación militar, lo que implica que casi la mitad de sus
votantes tampoco la respalda.
Estas
diferencias también se reflejan en la valoración de los líderes políticos
españoles. Según el mismo sondeo, las decisiones del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, reciben el apoyo del 42,2% de los encuestados, frente al 18,7%
que respalda la actuación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Llama la
atención que el apoyo a Sánchez se extienda incluso más allá de su propio
electorado: ocho de cada diez votantes socialistas o situados a su izquierda
respaldan su postura, pero también lo hacen dos de cada diez votantes del PP e
incluso un 12% de los de Vox.
Por el
contrario, Feijóo obtiene su respaldo principal en su propio partido, aunque ni
siquiera allí logra un apoyo mayoritario claro: solo la mitad de sus votantes
aprueba su actuación. En el resto del espectro político su respaldo es mucho
menor, alcanzando un 23% entre votantes de Vox, un 7% entre simpatizantes de
Podemos o Sumar y apenas un 4% entre los del PSOE. En cuanto a los líderes
internacionales implicados, Donald Trump y Benjamín Netanyahu cuentan con
niveles de apoyo muy reducidos en España, del 13% y el 11% respectivamente,
concentrados principalmente entre votantes de Vox y, en menor medida, del PP.
Más
allá de las valoraciones generales sobre la guerra, la encuesta también analiza
el respaldo a decisiones concretas adoptadas por el Gobierno español. Una de
las más controvertidas ha sido la negativa a permitir el uso de las bases
militares de Rota y Morón como puntos de apoyo logístico para las operaciones
militares. Esta decisión ha recibido críticas y presiones desde Washington y
Tel Aviv, pero la opinión pública española parece respaldarla: el 53,2% de los
encuestados está a favor de no ceder dichas instalaciones, mientras que el
25,8% se muestra en contra.
Otras
medidas relacionadas con la política de defensa también cuentan con un apoyo
mayoritario. El envío de una fragata a Chipre para participar en operaciones
defensivas coordinadas por países de la Unión Europea es respaldado por el
61,5% de los ciudadanos. Del mismo modo, la negativa del Gobierno español a
implicarse militarmente en las operaciones de Estados Unidos e Israel recibe
una valoración positiva del 56,9%, frente a solo un 21,4% que se opone.
En
conjunto, estos datos sugieren que la sociedad española mantiene una posición
claramente crítica frente a las intervenciones militares en el exterior y
respalda, en su mayoría, una política exterior basada en la prudencia, el
respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones diplomáticas.
Aunque el debate político interno continúa siendo intenso y polarizado, la
opinión pública parece coincidir en un punto fundamental: el rechazo a la
guerra como herramienta para resolver conflictos y la defensa de una política
internacional orientada a la paz.
Fuente:
Cadena Ser.
ANEXO I
Respecto la evidente negación
de la violencia de género de Vox y PP
Basado
en informes de partidos políticos (PSOE) y noticias de seguimiento de la
política autonómica en España entre 2024 y principios de 2026, se han
identificado diversas medidas en gobiernos autonómicos de coalición PP-Vox (o
apoyados por Vox) que han sido señaladas como retrocesos en derechos de las
mujeres e igualdad.
Aunque
Vox salió de los gobiernos autonómicos en julio de 2024, el PP continúa
gobernando en la mayoría de esas comunidades, manteniendo políticas
influenciadas por los pactos previos.
Ejemplos
destacados de medidas (2024-2026):
- Cambio de terminología en
violencia de género.- Varias
comunidades gobernadas por PP y Vox han sustituido el término
"violencia de género" o "violencia machista" por
"violencia intrafamiliar" o "violencia doméstica" en
documentos oficiales y campañas, equiparando la violencia de pareja con
otras formas de violencia doméstica, lo que según asociaciones feministas
invisibiliza la violencia específica que sufren las mujeres por el hecho
de serlo.
- Reducción de subvenciones a
asociaciones feministas.- Se
han recortado o eliminado ayudas económicas a asociaciones de mujeres y
colectivos feministas que trabajaban en la prevención de violencia
machista y la igualdad de género.
- Eliminación de áreas de Igualdad.-
En diversos
ayuntamientos y algunas áreas autonómicas, se han suprimido las
concejalías o direcciones generales específicas de Igualdad, integrándolas
en consejerías de Familia o Políticas Sociales, lo que se interpreta como
una pérdida de relevancia institucional de las políticas de género.
- Modificación de leyes de igualdad
autonómicas.- Se
han iniciado o planteado procesos para modificar leyes de igualdad
previas, buscando eliminar conceptos como la "ideología de
género" o reducir la obligatoriedad de los planes de igualdad.
- Políticas de fomento de la
natalidad vs. igualdad laboral.- Fuerte
enfoque en ayudas a la natalidad sin medidas complementarias de
corresponsabilidad, lo que críticos señalan fomenta un rol tradicional de
la mujer.
- Rechazo a medidas contra la
violencia económica.- PP
y Vox han rechazado en el Senado (2025) mociones destinadas a luchar
contra la violencia económica que se ejerce sobre las mujeres.
Contexto
temporal (2024-2026):
- 2024.- Consolidación de los pactos
PP-Vox tras las elecciones de 2023, con la identificación por parte de la
oposición de más de 130 medidas de retroceso en 131 ayuntamientos y varias
comunidades.
- 2025-2026.- A pesar de la salida de Vox de
los gobiernos, el PP ha mantenido gran parte de la estructura de estas
políticas. En 2025 y principios de 2026, se han seguido solicitando
derogaciones de la Ley Trans a nivel autonómico y se acusa al PP de
mantener el marco ideológico de Vox en la ruptura de consensos de
igualdad.
Estas
acciones son calificadas por el PSOE y movimientos feministas como un
"mapa de la vergüenza" que supone un retroceso en derechos
consolidados, mientras que PP y Vox defienden estas medidas como una
reorientación hacia la "igualdad real" y la protección de la familia
Fuente:
Agencias
