OPNIÓN. Consecuencias para la ciudadanía del negacionismo de derechas radicales, en la política global, continental y nacional, respecto a: Derechos Humanos, Justicia Social, Tratamientos médicos y Vacunas.

El auge de la derecha radical en la política contemporánea ha reconfigurado debates públicos en múltiples escalas —global, continental y nacional—, especialmente en torno al negacionismo.

Este fenómeno no se limita a la negación de hechos históricos, sino que abarca el rechazo a consensos científicos, la relativización de violaciones de derechos humanos y la deslegitimación de políticas de justicia social.

Las consecuencias de estas posturas impactan de forma directa en la ciudadanía, debilitando la cohesión social, erosionando la confianza institucional y poniendo en riesgo la salud pública y la dignidad humana.

Uno de los ejes más visibles del negacionismo de la derecha radical ha sido la reinterpretación o negación de hechos históricos traumáticos. En Europa, sectores vinculados al partido alemán Alternative für Deutschland han minimizado la memoria histórica vinculada al nazismo, mientras que en América Latina se observan discursos que relativizan crímenes cometidos durante dictaduras militares, como la encabezada por Augusto Pinochet en Chile. Cuando se banalizan estos hechos, no solo se hiere la memoria de las víctimas y sus familiares, sino que se debilitan los consensos democráticos construidos tras procesos de transición y reconciliación. La negación histórica erosiona el compromiso colectivo con el “nunca más” y abre la puerta a la repetición de prácticas autoritarias. 

En España tenemos la mayoritaria  oposición/negación de PP y Vox, a la Ley de Memoria Histórica, que tiene como función principal reconocer y ampliar los derechos de las personas que, sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como promover la memoria democrática.

En el ámbito de la justicia social y los derechos humanos, el negacionismo adopta la forma de rechazo a la existencia de desigualdades estructurales. Movimientos asociados a líderes como Jair Bolsonaro o Donald Trump han cuestionado políticas de acción afirmativa, programas de igualdad de género o iniciativas de protección ambiental, argumentando que constituyen “ideologías” o amenazas a la soberanía nacional. Esta retórica tiende a polarizar a la ciudadanía, promoviendo la idea de que los derechos de unos se obtienen a costa de otros. Como resultado, se debilita la noción universal de derechos humanos y se refuerzan discursos de exclusión hacia minorías étnicas, migrantes o comunidades LGBTQ+.

El negacionismo científico alcanzó su punto más crítico durante la pandemia de COVID-19. La desconfianza hacia tratamientos médicos, vacunas y medidas sanitarias fue promovida por sectores políticos que minimizaron la gravedad del virus o difundieron información no respaldada por evidencia. En Brasil, por ejemplo, el gobierno de Jair Bolsonaro adoptó una postura escéptica frente a las vacunas en los primeros momentos de la crisis, lo que generó confusión y retrasos en la respuesta sanitaria. En Estados Unidos, declaraciones del entonces presidente Donald Trump cuestionando recomendaciones científicas contribuyeron a la politización de medidas básicas como el uso de mascarillas. Las consecuencias fueron tangibles: menor adherencia a campañas de vacunación, aumento de la mortalidad y debilitamiento de la confianza pública en instituciones sanitarias. 

También en este caso, en España tenemos un buen ejemplo en Madrid, donde (además de hacerse regalos de medallas entre negacionistas, y por supuesto beberse las botellas de lejía de rigor) durante la pandemia, con premeditación y alevosía, se dejó morir, a 7.291 personas, en las residencias de mayores de Madrid, sin asistencia médica, gracias a los protocolos de la vergüenza, lo cual en mi opinión, sería homicidio imprudente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y por tanto, la Presidenta Ayuso sería cómplice de los mismos.

A nivel mundial, el negacionismo también afecta la cooperación internacional. La salida temporal de Estados Unidos del Acuerdo de París durante la administración de Donald Trump simbolizó un repliegue frente a consensos globales sobre el cambio climático. Esta postura no solo impacta en políticas ambientales, sino que transmite a la ciudadanía un mensaje de desconfianza hacia la ciencia y los organismos multilaterales. En el plano regional y local, esa desconfianza puede traducirse en resistencia a regulaciones ambientales, debilitando la protección de recursos naturales y afectando la calidad de vida de comunidades vulnerables.

En el ámbito local, el negacionismo se manifiesta en decisiones sobre educación, salud, memoria histórica y vivienda. Gobiernos municipales o estatales, pueden eliminar contenidos educativos sobre diversidad o dictaduras pasadas, restringir presupuestos para políticas sociales, o desmantelar programas de atención a poblaciones vulnerables. Estas acciones generan un efecto acumulativo: la ciudadanía pierde espacios de diálogo plural, disminuye la capacidad crítica frente a la desinformación y se profundiza la fragmentación social. 

Y como no, en España, los discursos negacionistas también atacan la Justicia Social, cuando deslegitiman el derecho a disponer de una vivienda asequible, constitucionalmente admitido, pues debido a políticas neoliberalistas, de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, que mayoritariamente, allá donde gobiernan, se oponen a aplicar la Ley de Vivienda (destacando la beligerancia ideológica de la Presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid) y como resultado, los más desfavorecidos e incluso trabajadores en activo y jubilados o pensionistas, se convierten en "sin techo" al no poder pagarse una vivienda digna, debido  a los elevados precios  actuales del alquiler, y no digamos de la compra, que en muchas ciudades quedan en exclusiva para los millonarios, pues se pagan al contado. 

En síntesis, el negacionismo promovido por sectores de derecha radical tiene profundas consecuencias para la ciudadanía. Afecta la memoria colectiva, debilita la justicia social, pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos y compromete la eficacia de respuestas ante crisis:  sanitarias, ambientales y de la vivienda. 

Más allá de las diferencias ideológicas legítimas en democracia, la negación sistemática, de derechos,  hechos comprobados y consensos básicos, erosiona los fundamentos mismos de la convivencia democrática. 

Frente a ello, el fortalecimiento de la educación crítica, la transparencia institucional y el respeto por la evidencia científica se vuelve esencial para preservar sociedades abiertas, inclusivas y resilientes.

Fuente: Revista Ambienta.org

OPINIÓN. Consecuencias en la ciudadanía del negacionismo climático político de la derecha radical, en la política mundial, regional y local.

 El negacionismo climático político impulsado por sectores de la derecha radical se ha convertido en un fenómeno con profundas repercusiones sociales, institucionales y culturales.

 No se trata únicamente de una discrepancia científica, sino de una estrategia ideológica que cuestiona consensos internacionales, debilita políticas públicas y reconfigura la relación entre ciudadanía y Estado. Sus efectos se observan en distintos niveles —mundial, regional y local— y afectan tanto la calidad democrática como la capacidad de las sociedades para enfrentar una de las crisis más complejas del siglo XXI.

A nivel mundial, el negacionismo climático ha tensionado los acuerdos multilaterales diseñados para mitigar el calentamiento global, como el Acuerdo de París. Cuando líderes de gran influencia política cuestionan la evidencia científica o minimizan la urgencia del problema, el impacto no se limita a sus fronteras nacionales. Durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo, la retirada temporal del país del Acuerdo de París, o más recientemente, ha puesto fin oficialmente a las limitaciones federales sobre los gases de efecto invernadero al revocar la llamada «declaración de peligro» (endangerment finding) dictamen técnico aprobado en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), enviando una señal inequívoca,  del debilitamiento del compromiso climático global. Este tipo de decisiones refuerza la desconfianza ciudadana en la cooperación internacional y normaliza discursos que presentan la transición ecológica como una amenaza económica o identitaria.

En el plano regional (continental), particularmente en Europa y América Latina, el negacionismo ha alimentado polarizaciones sociales profundas. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la minimización de la deforestación en la Amazonía y la confrontación con organismos ambientales generaron tensiones tanto internas como internacionales. La ciudadanía se vio dividida entre quienes percibían la agenda ambiental como una imposición extranjera y quienes la entendían como una defensa de derechos colectivos y del patrimonio natural. Este conflicto debilitó la confianza en las instituciones ambientales y en la producción científica local, exponiendo a comunidades vulnerables a mayores riesgos.

En el ámbito local, las consecuencias son aún más tangibles. Cuando gobiernos municipales, autonómicos o nacionales, adoptan posturas negacionistas, se reducen presupuestos para prevención de desastres, adaptación climática y educación ambiental. La ciudadanía, especialmente en zonas costeras o rurales, queda más expuesta a fenómenos extremos sin herramientas suficientes para mitigarlos, caso de Dana Valenciana donde el negacionismo climático de PP y Vox, causó 230 muertos. Y eso, señor Feijóo, si se podía haber evitado, y por ello, en mi opinión,  es homicidio imprudente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que no hizo nada por ayudar a esos ciudadanos, y usted mismo es cómplice, porque sabiéndolo, ocultó durante un año la realidad de lo allí ocurrido. 

 Además, el discurso negacionista suele ir acompañado de una retórica anti-élite y anti-ciencia que erosiona la credibilidad de universidades, organismos técnicos y medios de comunicación. Esto genera un clima de desinformación donde proliferan teorías conspirativas y se debilita la deliberación pública informada.

Otro efecto relevante es la transformación del debate democrático. El negacionismo climático no solo discute políticas concretas, sino que pone en cuestión los criterios mismos de verdad y evidencia. Cuando sectores políticos desacreditan sistemáticamente los informes científicos, se produce una crisis epistemológica que afecta a la ciudadanía: se diluye la capacidad colectiva de distinguir entre opinión e información verificada. Esta dinámica contribuye a la fragmentación social y al auge de identidades políticas construidas en oposición a consensos técnicos.

Sin embargo, también han surgido reacciones ciudadanas significativas. Movimientos juveniles, organizaciones ambientales y redes comunitarias han fortalecido su activismo frente al retroceso institucional. La resistencia al negacionismo ha impulsado nuevas formas de participación política y ha renovado el debate sobre justicia climática, equidad intergeneracional y responsabilidad estatal. Paradójicamente, la negación política del cambio climático ha activado una conciencia social más amplia en ciertos sectores, evidenciando que la disputa no es solo ambiental, sino también cultural y democrática.

En conclusión, el negacionismo climático de la derecha radical tiene consecuencias que trascienden la política ambiental. Afecta la cooperación internacional, profundiza la polarización regional, debilita políticas locales de adaptación y erosiona la confianza ciudadana en la ciencia y las instituciones. 

En última instancia, pone en juego la calidad de la democracia y la capacidad de las sociedades para actuar colectivamente ante desafíos globales. 

La respuesta ciudadana —informada, crítica y participativa— será determinante para contrarrestar estos efectos y sostener un proyecto político orientado al bienestar común y la sostenibilidad.

Fuente: Real Instituto Elcano.org

De la guerra en la sombra de Rusia y del desafío de la disuasión europea.

 La OTAN debiera escalar para luego poder desescalar

 

Desde la invasión de Ucrania, el conflicto con Rusia ha dejado de ser un enfrentamiento localizado para convertirse en una confrontación estratégica más amplia. 

Ucrania constituye el frente abierto y visible, pero el objetivo del Kremlin parece ir más allá: derrotar a una coalición de adversarios que incluye a toda Europa y a las figuras de la oposición rusa refugiadas en su territorio.

En este contexto, Moscú ha desplegado una campaña sostenida de agresión encubierta dentro de las fronteras de la OTAN, transformando lo que antes se describía como “operaciones híbridas” en acciones cada vez más cinéticas. 

Así emerge lo que puede denominarse una guerra en las sombras: una sucesión de ataques físicos y sabotajes diseñados para degradar al adversario sin cruzar el umbral que desencadenaría una respuesta militar abierta.

La lista de incidentes atribuidos a Rusia en territorio europeo no deja de crecer

Drones vinculados a Moscú han obligado al cierre de aeropuertos en Bélgica, Dinamarca, Alemania y Noruega, provocando la movilización de aviones militares. En Polonia, la caída de drones rusos ha causado daños materiales. En el mar Báltico, buques asociados a Rusia han arrastrado anclas sobre cables submarinos, interrumpiendo conexiones energéticas y de telecomunicaciones vitales. Artefactos explosivos han afectado redes ferroviarias y depósitos logísticos, mientras que altos ejecutivos de la industria de defensa europea han sido blanco de intentos de asesinato. Varios exiliados rusos en Europa, menos afortunados, han perdido la vida en circunstancias sospechosas.

Estas acciones reflejan una lógica estratégica clara. El Kremlin, liderado por Vladímir Putin, se percibe a sí mismo en una guerra existencial contra Occidente. Desde esta perspectiva, el apoyo europeo a Kiev, las sanciones económicas y la protección ofrecida a disidentes rusos forman parte de un mismo desafío integrado al poder del régimen. Por ello, Moscú no separa la invasión de Ucrania de los ataques encubiertos en Europa: los concibe como frentes de una única confrontación.

Sin embargo, Rusia recurre a la agresión en la sombra precisamente porque teme un enfrentamiento militar directo con un adversario más poderoso. Al actuar por debajo del umbral convencional de la guerra, explota la inercia y la ambigüedad occidentales. Los gobiernos europeos suelen tardar en detectar los ataques, atribuirlos con certeza y calibrar su importancia estratégica. Cuando finalmente reaccionan, lo hacen mediante sanciones limitadas, restricciones de visado o condenas diplomáticas que apenas alteran los cálculos del Kremlin. El tratamiento de sabotajes y ataques como meros asuntos criminales —en lugar de como desafíos de seguridad colectiva— debilita el vínculo entre acción y consecuencia, erosionando así la disuasión.

Existe, desde luego, una razón para esta prudencia: evitar la escalada hacia una guerra total. Europa procura no validar la narrativa rusa de que ya se encuentra en guerra directa con la OTAN. No obstante, la ambigüedad tiene un coste. Cada respuesta tibia aumenta la tolerancia al riesgo de Moscú, ampliando el margen de maniobra para nuevas acciones encubiertas. Investigaciones recientes del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señalan que los incidentes de guerra en la sombra rusa en Europa casi se triplicaron entre 2023 y 2024, tras un aumento aún mayor el año anterior. La tendencia es inequívoca: la ausencia de consecuencias contundentes incentiva la intensificación.

El peligro radica en el error de cálculo. Un dron podría derribar accidentalmente un avión civil; un ciberataque podría paralizar un hospital o un sistema energético en pleno invierno. Si cientos de personas murieran en territorio de un miembro de la OTAN, la presión para una respuesta militar sería inmensa. Una campaña diseñada para evitar la guerra abierta podría, paradójicamente, desencadenarla.

Ante esta realidad, los enfoques tradicionales —basados en resiliencia, gestión de crisis y sanciones legalistas— resultan insuficientes. La disuasión efectiva exige que el agresor perciba costes crecientes y previsibles. Para ello, la OTAN debería establecer umbrales claros que activen consultas formales bajo el Artículo 4 siempre que esté amenazada la seguridad de un miembro o su integridad territorial. Estas consultas no deberían ser excepcionales, sino la norma frente a agresiones en la sombra.

Asimismo, Europa necesita un menú de respuestas creíbles y coordinadas: operaciones de inteligencia y ciberseguridad que desmantelen redes rusas; sanciones dirigidas a degradar capacidades militares reales; interdicciones marítimas y aéreas contra activos vinculados a operaciones encubiertas; e incluso respuestas militares proporcionadas cuando vidas o infraestructuras críticas estén en peligro. La ambigüedad estratégica puede preservarse en los detalles operativos, pero la magnitud potencial de las represalias debe ser comprensible para el liderazgo ruso.

Finalmente, la eficacia de esta estrategia dependerá de la rapidez y coherencia en la atribución y respuesta. Ello exige un intercambio de inteligencia más profundo entre aliados y una coordinación que involucre directamente a ejércitos y servicios de inteligencia, no solo a agencias policiales. En un contexto en que el compromiso estadounidense con la seguridad europea podría fluctuar, la responsabilidad de liderazgo recae cada vez más en el propio continente.

El éxito europeo no se medirá únicamente por la firmeza de sus condenas ni por el número de sanciones impuestas, sino por su capacidad para restaurar la disuasión. Si la guerra en las sombras continúa encontrando solo reprimendas leves, Moscú interpretará que el campo sigue abierto. Pero si cada acto encubierto conlleva consecuencias claras, rápidas y costosas, el Kremlin se verá obligado a recalibrar sus riesgos.

En ese delicado equilibrio entre firmeza y contención se juega no solo la seguridad de Europa, sino también la posibilidad de evitar que la sombra se convierta en guerra abierta.

 Más información

Informe de la CEPA      "Guerra sin fin: la guerra en la sombra de Rusia”

Fuente: CEPA

Del Estados Unidos y China, al borde de la ruina. A la última oportunidad para salir del abismo

Desde la década de 2010, la relación entre  EE.UU. y China, ha transitado de la cautela estratégica a una rivalidad estructural.

Lo que comenzó como competencia económica dentro de un orden internacional compartido, ha evolucionado hacia una lógica de confrontación preventiva, donde cada parte percibe a la otra no solo como competidor, sino como amenaza existencial a su legitimidad política, sus valores fundamentales y su proyección global. Esta transformación no ha sido producto exclusivo de choques externos; responde también a dinámicas internas: presiones políticas, narrativas nacionalistas, burocracias de seguridad en expansión y ansiedades profundas sobre el declive relativo y el estatus internacional.

La consecuencia más preocupante de esta deriva es la consolidación de una hostilidad que se retroalimenta. En el plano militar, la disuasión se ha vuelto más compleja e incierta.

La modernización nuclear, el desarrollo de capacidades en el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial, así como el incremento de incidentes navales y aéreos en el Pacífico occidental, configuran un entorno donde el error de cálculo podría desencadenar una escalada difícil de contener.

La historia ofrece advertencias claras: la colisión aérea de 2001 cerca de Hainan o el bombardeo de la embajada china en Belgrado en 1999 demuestran que los accidentes, en contextos de alta desconfianza, pueden adquirir dimensiones estratégicas imprevisibles. En la coyuntura actual, un incidente similar podría tener consecuencias mucho más graves.

En el ámbito económico, la interdependencia que alguna vez fue considerada un ancla de estabilidad se percibe ahora como vulnerabilidad. Desde la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, ambas economías experimentaron un crecimiento notable y una transformación estructural profunda. Sin embargo, los costos distributivos internos —desempleo industrial en el noreste chino y en el medio oeste estadounidense— alimentaron narrativas políticas que hoy legitiman controles de exportación, políticas industriales defensivas y reajustes de cadenas de suministro. 

El lenguaje de la “disociación” y la “reducción de riesgos” refleja una decisión estratégica: aceptar pérdidas económicas a corto plazo con tal de reducir dependencias consideradas peligrosas. Esta erosión del pilar económico no solo debilita la relación bilateral, sino que fragmenta el mercado global y aumenta la incertidumbre sistémica.

La dimensión cultural y académica tampoco ha quedado al margen. La disminución de intercambios estudiantiles, la sospecha hacia investigadores y periodistas, y las restricciones institucionales han reducido los espacios de comprensión mutua. Cuando los lazos interpersonales se erosionan, la política exterior tiende a reinterpretarse en términos civilizatorios, elevando el conflicto del terreno de los desacuerdos pragmáticos al de las identidades incompatibles. En ese contexto, cualquier gesto de conciliación puede ser percibido como debilidad interna.

Sin embargo, la historia demuestra que la rivalidad no es un destino inevitable. A comienzos de la década de 1970, líderes como Mao Zedong y Richard Nixon reconocieron que la confrontación permanente era demasiado costosa. Su decisión de reabrir canales de diálogo transformó la estructura estratégica global y permitió décadas de cooperación pragmática. Hoy, aunque el contexto internacional es distinto y más multipolar, subsiste una ventana de oportunidad similar: la fatiga estratégica, las necesidades económicas internas y una opinión pública menos entusiasta ante la confrontación podrían favorecer una estabilización.

Un punto crítico es la cuestión de Taiwán. La creciente militarización del estrecho convierte este tema en el principal foco de riesgo. No obstante, incluso allí existen márgenes para la desescalada si ambas partes reiteran compromisos que reduzcan la incertidumbre: insistir en soluciones pacíficas, evitar cambios unilaterales del statu quo y restablecer mecanismos de comunicación militar directa. En contextos de alta tensión, las palabras y las señales importan tanto como las capacidades materiales.

La normalización no implica ignorar la competencia ni aspirar a una hegemonía compartida que excluiría a terceros. Implica, más bien, reconocer la realidad de la multipolaridad y aceptar que ambas potencias deben coexistir dentro de un mismo sistema internacional. Esto requiere reducir aranceles cuando sea posible, reabrir consulados cerrados por represalias, flexibilizar restricciones académicas y restaurar conversaciones estratégicas regulares. Son medidas modestas, pero pueden reconstruir la confianza mínima necesaria para gestionar la rivalidad sin que derive en conflicto abierto.

El riesgo actual no radica tanto en una guerra deliberada como en una accidental, alimentada por percepciones distorsionadas y presiones domésticas. Cuando cada parte exagera la amenaza del otro o subestima su propia vulnerabilidad, la probabilidad de error aumenta. En un mundo donde ambas potencias concentran capacidades nucleares y peso económico sin precedentes, las consecuencias de una escalada serían globales: paralización institucional, descuido de amenazas comunes como el cambio climático y debilitamiento del crecimiento mundial.

La lección central es que la competencia no debe convertirse en un fin en sí misma. Si China y Estados Unidos organizan todas sus estrategias en torno a la enemistad, el sistema internacional entrará en una fase de inseguridad crónica y prosperidad menguante. Pero si aprovechan la actual coyuntura para redefinir su relación sobre bases más realistas —competencia gestionada, comunicación constante y cooperación selectiva— podrán evitar que la historia se repita en forma de una nueva guerra fría.

La decisión no es meramente estratégica; es generacional. Quienes vivieron los costos humanos de la confrontación del siglo XX saben que la hostilidad sostenida se infiltra en las aulas, en las familias y en las aspiraciones personales. Evitar que otra generación crezca bajo la sombra permanente de la rivalidad nuclear exige liderazgo político deliberado y memoria histórica. La ventana es estrecha, pero aún está abierta. Aprovecharla determinará no solo el futuro de Pekín y Washington, sino la estabilidad del orden global en su conjunto.

Fuente: Foreing Affairs

POLITICA ESPAÑOLA. Oportunidad histórica y estratégica de crear un Frente Amplio a la izquierda del PSOE, para que todos juntos, puedan competir con garantías, con el equivalente Frente de derechas de PP y Vox.

La propuesta abierta anunciada por Gabriel Rufián, en sintonía con el llamamiento de Yolanda Díaz a construir un “programa de mínimos” en la izquierda, ha reactivado un debate central en la política española contemporánea: la necesidad de articular un espacio político unitario a la izquierda del PSOE.   

 

Como suele decirse, la ocasión la pintan calva (sabio es el refranero español). 

Y más allá de nombres, listas o liderazgos personales, el planteamiento apunta a una cuestión estructural: cómo maximizar la representación política de un electorado, porque pese a contar con millones de votos, se ve sistemáticamente penalizado por el sistema electoral español.

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 dejaron una paradoja evidente. Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE —Sumar y las formaciones que la integraron, junto a ERC, Bildu, BNG o Adelante Andalucía— obtuvieron alrededor de cuatro millones de votos, uno de cada seis sufragios válidos emitidos. Sin embargo, esa base electoral se tradujo únicamente en 45 escaños, una representación claramente inferior a su peso real en votos. La causa principal fue el llamado efecto D’Hondt (ver abajo Anexo I), un sistema proporcional imperfecto que castiga especialmente a las candidaturas fragmentadas en provincias pequeñas y medianas, donde los restos de voto acaban beneficiando, de facto, al Partido Popular o a VOX.

Desde esta constatación, la hipótesis de un Frente Amplio —aunque todavía sin una marca política definida— abre tres escenarios posibles, todos ellos positivos desde la lógica de la eficiencia electoral.

El primero, el escenario mínimo, parte de una premisa sencilla pero contundente: no sumar nuevos votos, sino concurrir unidos. Solo con los cuatro millones de votos ya existentes, la superación de las barreras provinciales permitiría transformar los restos en entre 10 y 14 escaños adicionales, elevando la representación hasta una horquilla de 55 a 59 diputados. Este resultado convertiría automáticamente a este espacio en la tercera fuerza política del país, incluso teniendo en cuenta el crecimiento que las encuestas auguran a VOX.

El segundo escenario, considerado conservador pero realista, contempla una movilización adicional del 10 al 12% del electorado. Este crecimiento podría provenir de la abstención juvenil, de votantes desencantados del PSOE o de antiguos apoyos de Podemos que no acudieron a las urnas en 2023. Alcanzar entre 4,9 y 5 millones de votos supondría obtener entre 61 y 68 escaños, consolidando un bloque de izquierdas estructural en la política española. En términos de gobernabilidad, este escenario permitiría revalidar un gobierno de coalición progresista sin necesidad de depender de fuerzas nacionalistas como Junts o Coalición Canaria, e incluso sin una movilización extraordinaria del voto socialista.

Más aún, una izquierda unificada y con vocación federal facilitaría una legislatura más estable. La posibilidad de acuerdos a largo plazo entre el PSOE y este nuevo bloque permitiría abordar cuestiones enquistadas, como la financiación autonómica o las tensiones territoriales, desde una perspectiva menos coyuntural y más estructural.

El tercer escenario, el de fuerte movilización, exige un esfuerzo político mayor: una campaña clara, un liderazgo coral y la superación de las desavenencias internas entre las fuerzas que hoy conforman Sumar y su relación con Podemos. En este caso, el Frente Amplio podría crecer hasta los 5,3 o 5,5 millones de votos, un 20% más que su base actual, traduciéndose en entre 70 y 75 escaños. El crecimiento sería especialmente significativo en territorios como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Madrid, mientras que en Cataluña y el País Vasco el aumento sería más moderado, aunque reforzaría la solidez del espacio.

Un elemento clave del análisis es identificar quién pierde los escaños que gana esta izquierda unificada. Los datos del 23J muestran que el principal beneficiario de la fragmentación fue el Partido Popular, que obtuvo entre 7 y 9 escaños gracias a los restos de voto de la izquierda. VOX también se benefició, al igual que el propio PSOE en menor medida. En los escenarios de movilización moderada o fuerte, el ajuste mecánico del sistema electoral revertiría esta situación: el PP perdería hasta 19 escaños, VOX hasta 9 y el PSOE hasta 13, sin que medie un trasvase ideológico, sino simplemente una corrección de la distorsión representativa.

Desde el punto de vista de la dinámica de campaña, la aparición de un Frente Amplio tendría además un efecto bilateral claro. VOX tendería a replegarse en un discurso nacionalista español centralista frente a un bloque de izquierdas de carácter federal, mientras que el PSOE concentraría su confrontación directa con el PP, poniendo el foco en los logros económicos, sociales e internacionales del gobierno. Esta polarización doble ha demostrado históricamente beneficiar al PSOE, al tiempo que permite a su izquierda defender posiciones más avanzadas en materia social y territorial.

En definitiva, la propuesta de unificar el espacio a la izquierda del PSOE no es solo una cuestión de aritmética electoral, aunque los números sean elocuentes. Se trata de una oportunidad política para corregir una anomalía representativa, fortalecer la estabilidad institucional y redefinir el eje del debate político en España. En un contexto de crecimiento de la extrema derecha y de fragmentación del sistema de partidos, la unidad de la izquierda federal aparece no como una aspiración idealista, sino como una estrategia racional y necesaria para sostener y profundizar un proyecto progresista de país.

EDITORIAL

En mi opinión, el PP trabaja activamente en favor de los intereses de Vox, para ambos, acabar con la democracia española, empleándose a fondo para ello, dentro y fuera de España, con denuncias contra Gobierno de España ante Instituciones españolas y de la UE, por medio de su arsenal ideológico fascista.

Pero en el pecado está la penitencia, y de seguir así, el partido popular desaparecerá o bien se convertirá en un partido político residual, al ser fagocitado por Vox.

Y además toda España, muy probablemente se convierta en una Autocracia, a no ser que se aproveche la oportunidad histórica aquí expuesta, que a mi entender es la única que queda. Ésta tiene la peculiaridad que los partidos que formen parte de esta coalición bien sea, política o electoral, servirá para presentarse conjuntamente a las elecciones generales, con la diferencia que si la coalición es electoral, ésta desaparecerá una vez celebrados los comicios electorales correspondientes, recuperando los partidos que conformaban dicha coalición, todos sus derechos de representatividad a todos los niveles.

POSDATA

Por cierto, ahora que los jarrones chinos también hablan y por lo que se entiende, más parece que, o bien no dicen lo que piensan o bien no piensan lo que dicen, a juzgar por la terminología fascista empleada para defender sus ideas, e insultar a los votantes de sus respectivos partidos.

Más información

El Plural.es   Frente amplio propuesto por Rufián sería tercera fuerza política en España (análisis)

Fuente: Redacción y El Plural.es 

ANEXO I

¿Cómo se reparten los escaños o concejales según el método D'Hondt?

El método D’Hondt es el sistema que se utiliza para repartir los escaños o concejales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos.

Como ejemplo vamos a simular un Parlamento o Ayuntamiento de 8 escaños o concejales a, repartir entre 6 candidaturas que llamaremos A, B, C , D, E y F.

En primer lugar ordenamos los resultados electorales de mayor a menor y se calcula el porcentaje de cada uno sobre el total de votos válidos, teniendo en cuenta los votos en blanco.

Para evitar una excesiva fragmentación de la cámara o la corporación, se descartan las candidaturas que no lleguen a un porcentaje mínimo de votos. En el caso de las elecciones generales este umbral es el 3% de los votos. En las elecciones locales, el porcentaje mínimo es el 5%. 

Se construye una tabla con tantas columnas como número de escaños o concejales a distribuir, completando cada columna con el número de votos de cada candidatura dividido por 1, 2, 3… hasta completarla.

Los escaños o concejales se asignan a los 8 coeficientes más altos, en orden decreciente.

En caso de empate, el escaño o concejal se asignará a la candidatura con mayor número de votos totales. Si estos también coinciden, se asignará por sorteo, y el resto de empates de forma alternativa.

El reparto de escaños o concejales queda de la siguiente forma:

• Candidatura A. 4 escaños o concejales
• Candidatura B. 2 escaños o concejales
• Candidatura C. 1 escaño o concejal
• Candidatura D. 1 escaño o concejal

EJEMPLO DEL FUNCIONAMIENTO DEL MÉTODO D´HONDT

En resumen, en este ejemplo sobre 480.000 votos válidos, se perderían 72.000 votos de los partidos E y F, que si estos partidos fuesen de izquierdas, supondrían una gran perdida y perjuicio, para la causa social española, de izquierdas y centro izquierdas, porque derechas y ultraderechas, ni están ni se les espera, para dichos menesteres.

ONU. Del “efecto Palestina” y de la deriva de las democracias liberales, caracterizado por la vigilancia extrema, el apartheid y la complicidad global

 Las reflexiones de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, trascienden con mucho el marco del conflicto palestino-israelí.

En su libro “Cuando el mundo duerme” y en las declaraciones recogidas en entrevistas, Albanese plantea una tesis profundamente incómoda para las sociedades occidentales: Palestina, no es una excepción trágica del orden internacional, sino su espejo más nítido. 

Lo que ocurre allí no solo revela la naturaleza colonial, violenta y segregacionista del proyecto israelí, sino también la deriva de las democracias liberales contemporáneas hacia modelos de control, vigilancia y exclusión.

Uno de los ejes centrales de su análisis es la caracterización de Israel como un proyecto colonial de asentamiento. Lejos de interpretaciones que reducen la cuestión palestina a un conflicto étnico o religioso, Albanese subraya que Israel opera mediante una lógica colonial clásica: apropiación sistemática de tierras, control de recursos, demolición de viviendas, desplazamiento forzado y violencia estructural contra la población autóctona. Todo ello se sostiene a través de un régimen de apartheid, entendido no como consigna política, sino como un concepto jurídico preciso que describe la institucionalización de la segregación racial y la dominación de un grupo sobre otro.

En los territorios palestinos ocupados, esta realidad se concreta en la coexistencia de dos sistemas legales: uno civil para los colonos israelíes y otro militar para los palestinos. La ley, lejos de ser neutral, se convierte en un instrumento de dominación. Los colonos actúan con impunidad, mientras la población palestina carece de acceso real a la justicia. Según Albanese, esta estructura no solo configura un crimen contra la humanidad, sino que forma parte de una política estatal orientada a la destrucción del pueblo palestino como sujeto colectivo, lo que ella define abiertamente como genocidio.

Sin embargo, uno de los aportes más inquietantes de Albanese es su insistencia en que este sistema no podría sostenerse sin una red global de complicidades.

Israel no actúa en aislamiento.

Cuenta con el respaldo político, económico, militar y diplomático de numerosos Estados y grandes corporaciones. La Unión Europea, primer socio comercial de Israel, y Estados Unidos, su principal aliado estratégico, desempeñan un papel clave en la normalización de estos crímenes. A ello se suma la colaboración de empresas tecnológicas y de vigilancia que se benefician de una industria de seguridad cuyos productos han sido “probados” sobre la población palestina.

Consecuencias del respaldo políltico

Este punto conecta con una de las advertencias más contundentes de la relatora: la “israelización” de las democracias liberales. Israel se presenta como un modelo exportable de gobernanza securitaria, donde la vigilancia masiva, el control poblacional y la suspensión de derechos se justifican en nombre de la seguridad.

Albanese sostiene que muchas democracias occidentales avanzan hacia este modelo, en el que amplios sectores —personas pobres, migrantes, comunidades racializadas— quedan formalmente dentro del sistema democrático, pero materialmente excluidos de sus derechos. La democracia, así, se vacía de contenido y se convierte en un privilegio para unos pocos.

Solo nos queda la Sociedad Civil y la Solidaridad Internacional

Frente a este panorama, Albanese reivindica el papel de la sociedad civil y la solidaridad internacional. Denuncia la indiferencia como una forma de complicidad y sostiene que “ver sin actuar” equivale a consentir la injusticia.

En este sentido, destaca el caso de España como ejemplo de una ciudadanía políticamente madura, capaz de presionar a sus instituciones, defender la libertad académica y articular redes de apoyo al pueblo palestino. Esta movilización contrasta con la deriva autoritaria observada en otros países europeos, donde se restringen las protestas y se criminaliza la solidaridad con Palestina.

El llamado “efecto Palestina” resume esta idea: las injusticias que sufren los palestinos no son ajenas al resto del mundo, sino que resuenan en luchas locales por la vivienda, la igualdad, los derechos laborales o la libertad de expresión. Palestina se convierte así en un símbolo global de resistencia frente a un sistema ultracapitalista y securitario que normaliza la guerra como estado permanente.

En este contexto, el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) adquiere una relevancia central. Para Albanese, no se trata solo de una estrategia política, sino de una “gramática de acción” que devuelve diligencias a las personas comunes. Elegir qué consumir, qué instituciones apoyar y qué relaciones aceptar se convierte en una forma concreta de resistencia ética frente a la ocupación, el apartheid y el genocidio.

Conclusión

Finalmente, la relatora advierte que el mundo se encuentra en una encrucijada histórica. El respaldo internacional a planes como la explotación inmobiliaria de Gaza tras la devastación revela, a su juicio, un grado alarmante de decadencia moral y jurídica del orden global. O bien se produce una ruptura profunda con las prácticas que han permitido esta situación, o el futuro será más violento, más desigual y más autoritario para todos.

En definitiva, el mensaje de Francesca Albanese es tan duro como esperanzador. Pues por una parte reconoce nuestra fragilidad, pero por otra, nuestra capacidad colectiva de transformación. Como el movimiento de las alas de las mariposas de la teoría del caos, la acción conjunta de millones de personas puede desatar la tormenta necesaria, una tormenta de justicia, que ponga fin, no solo a la injusticia en Palestina, sino también a un sistema global basado en la barbarie, la exclusión, la violencia y la impunidad.

Fuente: Redacción y El Diario.es

ELECCIONES EN ARAGÓN 2026. Segundo golpe al PP de Feijóo, segundo éxito de Vox, segundo revés al PSOE de Sánchez

Una victoria amarga y un tablero político más polarizado en Aragón

Las elecciones autonómicas anticipadas en Aragón han dejado un panorama político marcado por la paradoja: el Partido Popular gana, pero está más debilitado; el Partido Socialista pierde, pero no desaparece; y Vox emerge como el gran vencedor estratégico.

Lejos de clarificar la gobernabilidad, los comicios han profundizado la fragmentación parlamentaria y han reforzado a la extrema derecha, cuestionando las estrategias electorales tanto del PP como del PSOE.

El adelanto electoral impulsado por Jorge Azcón, con el aval de la dirección nacional del PP y de su líder Alberto Núñez Feijóo, perseguía un objetivo claro: reducir o eliminar la dependencia de Vox y alcanzar una mayoría suficiente para gobernar en solitario o con apoyos regionalistas. El resultado, sin embargo, ha sido el contrario. El PP no solo no ha crecido, sino que ha retrocedido respecto a 2023, perdiendo dos escaños y alrededor de 15.000 votos. Aunque sigue siendo la fuerza más votada, queda lejos de la mayoría absoluta y se ve obligado a pactar con un Vox mucho más fuerte que antes.

Este hecho convierte la victoria popular en una “victoria amarga”. La aritmética parlamentaria refuerza a Vox como actor imprescindible para la gobernabilidad de Aragón y le otorga una capacidad de presión política inédita. El crecimiento del partido de Santiago Abascal —que duplica su representación, pasando de 7 a 14 diputados— no es solo un éxito electoral, sino un síntoma de un electorado de derechas más radicalizado y de un voto de castigo que no se canaliza hacia el PP, sino hacia opciones más extremas.

El PSOE, por su parte, sufre un duro revés al caer a su suelo histórico con 18 escaños. La estrategia de Pedro Sánchez de situar a ministros al frente de candidaturas autonómicas no ha dado los frutos esperados en Aragón, como tampoco lo hizo en Extremadura. La candidatura de Pilar Alegría no logra frenar la sangría de votos ni contener el avance de la derecha, y el partido paga tanto el desgaste del Gobierno central como la falta de arraigo territorial de una candidata con poco tiempo para consolidarse ante el electorado aragonés.

Sin embargo, el retroceso socialista no beneficia de manera homogénea al PP. Parte de ese descontento se traduce en el crecimiento de fuerzas alternativas. Destaca especialmente la Chunta Aragonesista, que duplica sus escaños y capitaliza una parte del voto progresista desencantado. Este auge del aragonesismo de izquierdas contrasta con la desaparición de Podemos y del PAR, evidenciando una recomposición del espacio político tanto a izquierda como en el ámbito regionalista.

El resultado global confirma una tendencia preocupante: el bloque de la derecha se consolida y amplía su base electoral. Si en 2023 PP y Vox sumaban el 47% de los votos, ahora alcanzan el 52%, lo que indica un desplazamiento ideológico del electorado y una creciente normalización de la extrema derecha como socio de gobierno. Esta realidad contradice el relato del PP de que los adelantos electorales debilitan a Vox; más bien, parecen reforzarlo.

CONCLUSIÓN

Las elecciones aragonesas evidencian el fracaso de las estrategias electorales basadas en el cálculo táctico a corto plazo. El PP gana, pero gobierna más condicionado que nunca; el PSOE pierde, pero mantiene espacio para reconstruirse; y Vox consolida su papel como árbitro político. El resultado no aporta estabilidad ni claridad, sino que profundiza la polarización y deja a Aragón ante un futuro político más dependiente de pactos incómodos y equilibrios frágiles.

Una victoria que, lejos de cerrar una etapa, abre interrogantes inquietantes sobre la gobernabilidad y la deriva del sistema político autonómico.

Fuente: Redacción.

DERECHA ESPAÑOLA. Entre la irresponsabilidad democrática y el error estratégico

   

El PP de victoria en victoria hasta la derrota final,  que conlleva la nueva reconfiguración de la derecha española, empujado por el declive del Partido Popular y el auge de Vox.

  La polarización y el discurso catastrofista, favorecen el voto a Vox, como ha quedado demostrado en las últimas dos elecciones autonómicas.

La política española ha experimentado en la última década una profunda transformación, especialmente en el espacio de la derecha. El declive relativo del Partido Popular (PP), fuerza hegemónica del centro-derecha desde la Transición, y el auge de Vox, un partido de derecha radical surgido en 2013, reflejan cambios sociales, ideológicos y estratégicos que han reconfigurado el sistema de partidos. Este fenómeno no puede explicarse por una sola causa, sino por la convergencia de crisis internas del PP, nuevas demandas del electorado y un contexto político marcado por la polarización.

Durante décadas, el PP logró aglutinar bajo un mismo paraguas a conservadores, liberales y sectores de la derecha más dura. Sin embargo, esta “coalición amplia” comenzó a resquebrajarse a partir de la crisis económica de 2008. La gestión del gobierno de Mariano Rajoy, percibida por muchos votantes como tecnocrática, distante y poco ideológica, generó desafección tanto entre electores moderados como entre los más conservadores. A ello se sumaron los numerosos casos de corrupción —como la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas— que erosionaron la credibilidad moral del partido y debilitaron su autoridad como referente del orden y la estabilidad.

En paralelo, el contexto político español se vio sacudido por el desafío independentista catalán, especialmente a partir del referéndum de 2017. Para una parte del electorado de derechas, la respuesta del PP fue considerada insuficiente o excesivamente prudente. Este sentimiento de frustración abrió un espacio político que Vox supo aprovechar para ocuparlo con un discurso contundente, centrado en la defensa de la unidad nacional, el recentralismo del Estado y una crítica frontal al autonomismo. Vox ofrecía claridad ideológica y un lenguaje directo en un momento en que muchos votantes percibían ambigüedad y tibieza en el PP.

El auge de Vox también debe entenderse en el marco de tendencias más amplias en Europa, donde partidos de derecha radical han capitalizado el malestar social, el miedo a la inmigración y el rechazo a ciertas agendas culturales progresistas. En España, Vox incorporó estos elementos a su discurso, cuestionando el feminismo institucional, las políticas de memoria histórica y lo que denomina “consenso progre”. Este posicionamiento le permitió movilizar a votantes que se sentían culturalmente desplazados o silenciados en el debate público.

Por su parte, el PP ha oscilado entre dos estrategias: competir con Vox endureciendo su discurso o presentarse como una fuerza moderada y de gobierno frente a los extremos. Esta ambivalencia ha dificultado la recuperación de su antigua centralidad. Cuando el PP adopta posiciones más duras, corre el riesgo de legitimar a Vox y reforzar su marco ideológico; cuando apuesta por la moderación, puede perder apoyos entre quienes buscan confrontación y firmeza. El resultado ha sido una fragmentación del voto de derechas que contrasta con la antigua hegemonía popular.

CONCLUSIÓN

En resumen, el declive del PP y el auge de Vox no son fenómenos aislados, sino partes de un mismo proceso de transformación del sistema político español. La crisis de representación, los escándalos de corrupción, el conflicto territorial y la polarización cultural han erosionado el monopolio del PP sobre la derecha y han permitido la emergencia de una alternativa más radical. El futuro de este espacio político dependerá de si el PP logra redefinir un proyecto coherente y atractivo o si la fragmentación se consolida como una característica estructural de la derecha en España, que podría derivar en la desaparición del partido popular, fagocitado por Vox.

Fuente: Redacción

CLIMATOLOGÍA. De la relación del tren de borrascas que azota España, con la corriente en chorro y el cambio climático.

En los últimos años, los fenómenos meteorológicos extremos, han adquirido una presencia cada vez más habitual en el debate público y científico. 

       

  España, ejemplo de esa tendencia, en especial desde inicios de 2026, donde el país sufrió, inusual encadenamiento de borrascas de alto impacto.

En apenas cinco semanas, seis borrascas han azotado el territorio peninsular, provocando inundaciones, evacuaciones y graves daños materiales. 

Este fenómeno, lejos de ser casual, está estrechamente relacionado con la alteración de la corriente en chorro y con los efectos del cambio climático global.

La corriente en chorro o "jet stream" es un flujo de aire de gran velocidad que circula alrededor del hemisferio norte y que, en condiciones normales, actúa como una especie de autopista atmosférica que guía las borrascas atlánticas hacia el norte de Europa. Sin embargo, según explican expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta corriente se encuentra actualmente debilitada y muy ondulada. Una de las principales razones de este debilitamiento es el calentamiento acelerado del Ártico, provocado por las elevadas emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

El calentamiento global reduce la diferencia de temperaturas entre el polo norte y el ecuador, un gradiente térmico esencial para que la corriente en chorro mantenga su fuerza y estabilidad. Cuando esta diferencia disminuye, la corriente deja de ser recta y se vuelve más sinuosa, generando grandes ondulaciones. Estas curvas favorecen la aparición de anticiclones persistentes en zonas inusuales, como el norte de Europa, que bloquean la circulación habitual de las borrascas y obligan a éstas, a desplazarse hacia el sur, impactando de lleno en la península ibérica.

Este bloqueo atmosférico explica por qué el anticiclón de las Azores no se encuentra en su posición habitual y por qué España ha recibido una cantidad de precipitaciones extraordinaria. Las cifras son reveladoras: en enero se registró un 85 % más de lluvia de lo normal, convirtiéndose en el mes de enero más lluvioso de los últimos veinticinco años. Además, el calentamiento de los océanos y de la atmósfera contribuye a que las masas de aire contengan más humedad, intensificando las lluvias y aumentando el riesgo de fenómenos extremos.

No obstante, estas situaciones han sido utilizadas por sectores negacionistas para cuestionar la existencia del cambio climático, argumentando que la presencia de episodios de frío extremo contradice el calentamiento global. Esta interpretación es errónea. Como señalan los científicos, las ondulaciones de la corriente en chorro permiten que masas de aire ártico desciendan hacia latitudes más bajas, provocando descensos puntuales de temperatura que no invalidan, sino que confirman, el desequilibrio del sistema climático (ver gráfico abajo)

En conclusión, el tren de borrascas que afecta a España no es un hecho aislado ni fortuito, sino una manifestación clara de la alteración de los patrones atmosféricos como consecuencia del cambio climático. 

La modificación de la corriente en chorro, el calentamiento del Ártico y el aumento de la humedad atmosférica forman parte de un mismo problema de fondo: el incremento global de las temperaturas debido a la actividad humana.

Comprender esta relación es fundamental para combatir la desinformación y para afrontar con mayor preparación los desafíos climáticos del presente y del futuro.

Fuente: El Diario.es