OPINIÓN. De la depredación del PP y Vox sobre la vivienda pública en España

Los antecedentes hay que buscarlos en el primer mandato del Gobierno de Aznar, cuando primero legisló la Ley de Liberalización del Suelo (1998) y luego favoreció la transición de VPO a vivienda libre. (ver Anexo I)

LA DEPREDACION DE LA DERECHA ESPAÑOLA SOBRE LA VIVIENDA PUBLICA

La gestión de la vivienda pública por parte de gobiernos de derecha en España, especialmente en la Comunidad de Madrid durante la última década, ha generado una intensa controversia política y judicial. Se caracteriza por la desinversión en el parque público de alquiler y la venta de inmuebles sociales a fondos de inversión y capital riesgo (conocidos coloquialmente como "fondos buitre").

Aquí se detallan los principales hitos y consecuencias de estas políticas:

• Venta de viviendas sociales a fondos buitre (Caso IVIMA/Madrid).- Entre 2013 y 2014, el gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) vendió miles de viviendas de protección oficial (VPO) a fondos de inversión, como Fidere (Blackstone) y Azora. El Tribunal Supremo ha ratificado en varias ocasiones la nulidad de algunas de estas operaciones por no justificar la venta de un activo público a un precio inferior al de mercado.
• Aumento de alquileres y desahucios.- Tras la venta, los inquilinos vieron cómo sus contratos de alquiler social terminaban, enfrentándose a incrementos de renta significativos y a la pérdida del derecho de opción a compra, lo que provocó numerosos desahucios de familias vulnerables.
• Transformación de VPO en producto financiero.- Las viviendas, inicialmente destinadas a alquiler social, pasaron a ser gestionadas como activos financieros para la obtención de rentabilidad por parte de fondos internacionales, limitando el parque público de vivienda social en la región.
• Revocación judicial de las ventas.- La justicia ha calificado la operación de venta de 3.000 viviendas en 2013 como una quiebra de la protección social, ordenando a la Comunidad de Madrid que intente recuperar las viviendas vendidas.
• Situación en 2026.- Para marzo de 2026, los vecinos de varios barrios madrileños seguían denunciando la reventa de estas viviendas por parte de fondos de inversión, con precios de mercado y el riesgo de expulsión de los inquilinos originales.

Argumentos enfrentados:

• Derecha y ultraderecha política (PP/Vox).- Defiende que estas operaciones son necesarias para reducir la deuda de las empresas públicas de vivienda y liberalizar el suelo para fomentar la construcción privada, asegurando que se construye nueva vivienda protegida.
• Izquierda y asociaciones de vecinos.- Denuncian una "depredación" del patrimonio público y la privatización de un derecho fundamental, exigiendo la protección del parque público y la intervención en los precios del alquiler.

LA DEPREDACION SOBRE LA VIVIENDA PUBLICA FUNCIONA EN TODO EL MUNDO

La depredación o privatización de la vivienda pública es un fenómeno documentado y creciente en diversas partes del mundo, donde parques de vivienda social son vendidos o transferidos a entidades privadas, fondos de inversión o grandes tenedores. Este proceso, a menudo enmarcado en políticas neoliberales, busca reducir la deuda pública y mejorar la gestión, pero los resultados a menudo señalan un impacto negativo en la asequibilidad y la inclusión social.

Consecuencias de la "Depredación" de Vivienda Pública:

• Pérdida de Vivienda Social.- La venta de vivienda pública contribuye a la escasez de alquileres asequibles, lo que incrementa las dificultades habitacionales para grupos de bajos ingresos.
• Aumento de Precios y Gentrificación.- Cuando la vivienda pública se privatiza, a menudo se convierte en vivienda libre, provocando un aumento de precios y la expulsión de residentes a largo plazo.
• Gestión Privada y Rentabilidad.- Fondos institucionales que adquieren estas viviendas pueden implementar estrategias como la falta de mantenimiento o el aumento de rentas para maximizar beneficios.
• Segregación Socioespacial.- La reducción del parque público aumenta la división entre barrios, confinando a las familias vulnerables a viviendas de menor calidad.

Ejemplos y Tendencias Globales:

• Reino Unido.- La política de "Right to Buy" (derecho a compra) ha reducido significativamente el parque de vivienda social, dejando un legado problemático de falta de vivienda asequible.
• Alemania (Berlín).- La financiarización y venta de viviendas públicas llevó a que casi el 60% de los berlineses votaran en 2021 por la expropiación de unidades en manos de grandes propietarios para convertirlas de nuevo en alquiler social.
• España.- Se denuncian casos en comunidades autónomas (como Alicante, Sevilla y Madrid) donde vivienda protegida se descalifica o se transfiere a fondos, elevando los precios y limitando el acceso a quienes más lo necesitan.
• Estados Unidos.- En EE.UU. los problemas asociados  con la vivienda pública son diferentes, destacando el deterioro por la falta de mantenimiento de las mismas y la inseguridad manifiesta en dichas comunidades de vecinos, además de la carencia de éstas (se estima que faltan diez millones de viviendas en todo el país)
• Tendencia General.- Estudios indican que la privatización de la vivienda social se está convirtiendo en una tendencia global, a menudo encubierta como "renovación urbana" o "gestión eficiente".

CONCLUSIÓN

Aunque algunos argumentos a favor sugieren que la privatización puede fomentar la propiedad privada, la evidencia mayoritaria apunta a que la desinversión pública en vivienda pública genera mayor desigualdad social y económica

La falta de un parque público de vivienda consolidado se considera estructural en España, donde la mayor parte de la vivienda protegida se ha privatizado mediante ventas a propietarios privados a lo largo de las últimas décadas, siendo fruto de ello y además la causa principal, de la actual crisis de vivienda en España.

Que por cierto sorprende a los analistas, que un problema en gran parte originado como consecuencia de la legislación de Aznar a partir de 1998, y continuado después por PP y Vox (que primero eran un único partido) no afecta electoralmente a ambos partidos, pues  le echan la culpa al gobierno progresista que a Dios gracias hoy tenemos. 

Que la derecha dirá, "bendita ignorancia" que permite a los votantes que no se pueden emancipar o duermen en la calle, hacer caso de los bulos y la desinformación de los agitadores de derechas y ultraderecha, que generan manipulando las santas redes sociales, para culpabilizar al gobierno actual, aprovechándose de que los electores ignoran la historia de la España contemporánea y desconocen las normas y leyes aprobadas por Aznar, que en lo referente a suelo y vivienda detallo seguidamente en el Anexo I. 

Fuente: Medios Digitales

 ANEXO I

1. La Ley de Liberalización del Suelo (1998)

• Fecha y Contexto: Aprobada el 26 de marzo de 1998 y publicada en el BOE el 13 de abril de ese año. Se enmarcó en una serie de medidas de liberalización económica tras la llegada al poder en 1996.
• ¿Qué hizo? La norma estableció que todo suelo que no fuera expresamente declarado "no urbanizable" (por sus valores paisajísticos, agrícolas, etc.) o "urbano" por el planeamiento municipal, debía considerarse urbanizable.
• Objetivo: El gobierno argumentó que al aumentar masivamente la oferta de suelo edificable, bajaría el precio del terreno y, por consiguiente, el de la vivienda.
• Efectos: En la práctica, aunque aumentó la construcción, los precios no bajaron, sino que iniciaron una escalada rápida, lo que se considera un factor clave en la burbuja inmobiliaria.

2. Venta de Viviendas de Protección Oficial (VPO)

Si bien el régimen de VPO es complejo y varía según la Comunidad Autónoma, la política de la era Aznar favoreció la propiedad y la transición de VPO a vivienda libre.

• Descalificación y Venta: Durante ese periodo se facilitó que las viviendas protegidas, una vez transcurrido cierto tiempo (habitualmente 10-15 años, aunque variaba según el plan autonómico), pudieran descalificarse y venderse a precio libre, permitiendo a los propietarios obtener plusvalías.
• VPO de Promoción Privada: Normas de esa época permitieron que VPO de promoción privada (no pública) acogidas a regímenes anteriores pudieran venderse a precio libre en plazos más corto

Fuente: Medios Digitales

GUERRA DE TRUMP EN IRÁN. De la reactivación de la guerra arancelaria para tapar la flagrante violación del Derecho, tanto Internacional, como Constitucional de EE.UU..

TRUMP SOLO RINDE CUENTAS ANTE SÍ MISMO.

La Casa Blanca llega a este domingo, 3 de mayo, sin la aprobación del Congreso a su guerra tras haber superado el plazo de 60 días que comenzó a correr el 2 de marzo, cuando Trump notificó formalmente al legislativo sus bombardeos contra Irán.

Introducción

La escalada militar desencadenada por la administración Trump contra Irán a partir del 28 de febrero representa un punto de inflexión crítico en la política exterior estadounidense y en el respeto del derecho internacional. Lejos de ser una acción defensiva justificada, se trata de una ofensiva que viola tanto los principios fundamentales del derecho internacional como los mecanismos constitucionales estadounidenses diseñados para prevenir guerras unilaterales. Este artículo analiza cómo la administración Trump ha ejecutado una operación militar sin precedentes legales ni parlamentarios, mientras intenta justificarla mediante interpretaciones creativas de leyes existentes y narrativas convenientes.

La Violación del Derecho Internacional

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, fue claro en su condena del 28 de febrero: la guerra de Trump contra Irán viola los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Su declaración no fue una opinión política, sino una lectura rigurosa del derecho internacional: "El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior represalia de Irán en toda la región, socavan la paz y la seguridad internacionales".

Esta condena es particularmente relevante porque Estados Unidos no puede justificar su acción bajo ninguno de los supuestos legales internacionales permitidos. La guerra no fue precedida por un ataque previo de Irán contra territorio estadounidense ni fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por tanto, se trata de una acción unilateral que contradice directamente el ordenamiento jurídico internacional que los propios Estados Unidos ayudaron a construir tras la Segunda Guerra Mundial.

El Incumplimiento de la Autorización Constitucional

Pero el problema legal se extiende más allá de las fronteras internacionales. La Constitución estadounidense es inequívoca: solo el Congreso tiene la autoridad para declarar la guerra. Sin embargo, la administración Trump ha iniciado un conflicto militar de gran envergadura sin buscar ni obtener dicha autorización. Esta decisión representa una violación directa de los mecanismos democráticos que los Padres Fundadores establecieron precisamente para evitar que un presidente decidiera unilateralmente llevar a la nación a la guerra.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, aprobada en respuesta a los abusos presidenciales durante la Guerra de Vietnam, establece límites temporales claros para la acción militar sin autorización del Congreso: 60 días desde la notificación formal, más un período de prórroga de 30 días si el presidente certifica una "necesidad militar inevitable". Estos 90 días máximos representan un período de gracia constitucional durante el cual el presidente puede actuar en emergencias, pero después del cual debe obtener el consentimiento del Congreso.

Según expertos jurídicos consultados, especialmente Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley en California, la guerra de Trump contra Irán es "claramente ilegal" al haber superado este plazo. Chemerinsky es categórico: "es obligación de los tribunales federales" tomar cartas en el asunto.

Las Maniobras Legales de la Administración Trump

Frente a esta realidad jurídica inconveniente, la administración Trump ha recurrido a lo que podría caracterizarse como acrobacias legales para evitar la rendición de cuentas constitucional. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, introdujo una interpretación novedosa y cuestionable: argumentó ante el Senado que el "alto el fuego" con Irán detiene el reloj del plazo de 60 días establecido por la Resolución sobre los Poderes de Guerra.

Esta interpretación es problemática por varias razones. En primer lugar, confunde la naturaleza temporal de un alto el fuego con la suspensión de requisitos legales. El derecho constitucional no contempla cláusulas de pausa que permitan a un presidente extender indefinidamente su autoridad temporal. En segundo lugar, como señala Chemerinsky, "la resolución sobre los poderes de guerra no incluye una casilla de verificación para excluirse de ella". Los mecanismos legales no son sugerencias que pueden ignorarse con creatividad interpretativa; son límites establecidos por el pueblo a través de sus representantes.

La Casa Blanca ha insistido en que "a efectos de la resolución sobre los poderes de guerra, las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han terminado". Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento en la realidad factual. Las hostilidades no han cesado; simplemente han adoptado una forma de bloqueo naval y presión diplomática que sigue siendo operativamente hostil. La semántica no puede reemplazar la sustancia jurídica.

La Función Legislativa Debilitada

El rol del Congreso en este drama es profundamente preocupante. Los demócratas han intentado seis veces en lo que va de año presentar resoluciones sobre poderes de guerra para limitar el conflicto hasta que se obtuviera la debida autorización. Las seis veces han fracasado. La última votación, del jueves anterior a este análisis, reflejó la profunda polarización política: 47 votos a favor, 50 en contra. Solo dos republicanos (Susan Collins y Rand Paul) rompieron filas, mientras que un demócrata (John Fetterman) votó con la mayoría republicana.

Esta dinámica revela un Congreso fracturado en su capacidad de ejercer sus funciones de control sobre el poder ejecutivo. La mayoría republicana ha optado por respaldar al presidente de su partido, priorizando la lealtad partidaria sobre la defensa de las prerrogativas constitucionales del legislativo. El resultado es que los mecanismos de pesos y contrapesos que la Constitución estableció han quedado paralizados, que no rotos.

Las Consecuencias Económicas y Geopolíticas

Las implicaciones de esta guerra van más allá de lo legal. El conflicto ha provocado una crisis económica global. El estrecho de Ormuz, por el que transitaba el 20% del comercio mundial de petróleo antes de los ataques estadounidenses, se encuentra doblemente bloqueado. El precio del crudo Brent ha superado los 126 dólares por barril, comparado con aproximadamente 70 dólares antes del inicio de la guerra. Este aumento de más del 80% tiene repercusiones inmediatas en las economías globales y afecta particularmente a los consumidores en forma de mayores precios energéticos.

La administración Trump, incapaz de resolver unilateralmente el problema que ha creado, ahora busca formar una coalición internacional llamada "Maritime Freedom Construct" para que otros países compartan el peso de la gestión del estrecho de Ormuz. Este giro es significativo: revela que Estados Unidos, la potencia militar más poderosa del mundo, no puede resolver por sí solo los conflictos que genera. Debe pedir ayuda a sus aliados para limpiar el desorden que ha causado.

CONCLUSIÓN

La guerra de Donald Trump contra Irán representa un fracaso triple: un fracaso del derecho internacional, un fracaso del orden constitucional estadounidense y un fracaso de la sabiduría política.

En el nivel internacional, Trump ha violado los principios que gobiernan la comunidad de naciones, ignorando la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU y actuando unilateralmente sin provocación que justifique una acción defensiva. En el nivel constitucional, ha eludido los límites que la propia Constitución de Estados Unidos impone al poder presidencial, utilizando interpretaciones legales creativas para evadir la autorización del Congreso. Y en el nivel político, ha generado una crisis que su propia administración es incapaz de resolver, requiriendo ahora la ayuda internacional que debería haber buscado antes de desencadenar el conflicto.

Lo más alarmante es la complicidad del Congreso, que ha permitido que estos abusos prosperen. Los tribunales federales, como sugiere Chemerinsky, tienen la obligación de intervenir para restaurar el imperio de la ley. Sin embargo, mientras eso ocurre, las consecuencias de esta guerra ilegal continuarán afectando a millones de personas en todo el mundo, desde Oriente Medio hasta los hogares estadounidenses que sufren los efectos de una crisis energética global innecesaria.

La historia juzgará a Trump no solo por haber iniciado una guerra, sino por haberlo hecho al margen del derecho, sin autorización democrática y sin capacidad para resolverla.

Fuente: El Diario.es 

Trump retirará cinco mil sodados de Alemania y reactivará la guerra arancelaria contra Europa.

Ojalá ningún Jefe de Estado de este mundo, tenga los ojos cegados por la bandera, porque así podrán mirar al futuro de frente y con claridad.

La reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos refleja un giro significativo en la política exterior de Donald Trump, caracterizado por una mezcla de presión económica, repliegue militar y retórica confrontativa. A través del anuncio de nuevos aranceles, la retirada de tropas y acusaciones directas contra países como España e Italia, la administración estadounidense parece redefinir las reglas de su relación con Europa en un contexto global cada vez más competitivo.

En primer lugar, la imposición de aranceles adicionales del 25% a los automóviles y camiones europeos constituye una medida de fuerte impacto económico. Trump justifica esta decisión alegando que la Unión Europea no está cumpliendo plenamente el acuerdo comercial vigente, aunque no especifica qué disposiciones han sido incumplidas. Este acuerdo, que elimina barreras para numerosos productos estadounidenses mientras mantiene un arancel general del 15% sobre bienes europeos, había sido presentado como un paso hacia la cooperación económica. Sin embargo, la falta de claridad en las acusaciones debilita la legitimidad de la medida y genera incertidumbre en los mercados internacionales.

Este movimiento resulta aún más contradictorio si se considera que apenas una semana antes ambas potencias habían firmado un acuerdo estratégico sobre minerales críticos. Estos recursos, esenciales para la industria tecnológica y de defensa, se han convertido en un elemento central de la competencia geopolítica global, especialmente frente al dominio de China, que controla la mayor parte de la producción y procesamiento mundial. La cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea buscaba precisamente reducir esta dependencia, lo que hace aún más desconcertante la decisión de Trump de intensificar el conflicto comercial en paralelo.

En el ámbito militar, la orden de retirar aproximadamente 5.000 soldados estadounidenses de Alemania supone otro golpe a la tradicional alianza transatlántica. Esta decisión, anunciada por el Departamento de Defensa bajo la dirección de Pete Hegseth, se justifica en términos de adaptación a nuevas condiciones estratégicas. No obstante, también se interpreta como una señal de descontento hacia los aliados europeos por su supuesta falta de compromiso, tanto en el seno de la OTAN como en conflictos recientes como la guerra en Irán. La posibilidad de reasignar estas tropas al Indo-Pacífico evidencia un cambio de prioridades hacia regiones consideradas más críticas para la seguridad estadounidense.

Las tensiones no se limitan a lo económico y militar, sino que también se extienden al terreno diplomático. Trump ha lanzado acusaciones directas contra España e Italia, afirmando erróneamente que apoyan la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares. Estas declaraciones no solo carecen de fundamento, sino que también deterioran la confianza entre aliados históricos. Además, el presidente estadounidense ha expresado su frustración por la falta de apoyo europeo en su política hacia Irán, sugiriendo que Estados Unidos ha asumido responsabilidades que corresponderían a Europa, especialmente en conflictos como el de Ucrania.

En conjunto, estas acciones dibujan una estrategia basada en la presión unilateral y la redefinición de alianzas tradicionales. Sin embargo, también plantean importantes interrogantes sobre su viabilidad y coherencia. Por un lado, las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos podrían dificultar la implementación de nuevos aranceles por vía ejecutiva, lo que añade un componente de incertidumbre legal. Por otro, el deterioro de las relaciones con Europa podría debilitar la posición occidental en un contexto global marcado por la competencia con potencias emergentes.

En resumen, la política reciente de la administración Trump hacia Europa refleja una tensión entre cooperación y confrontación que podría tener consecuencias duraderas. La combinación de medidas económicas, decisiones militares y declaraciones polémicas no solo pone en riesgo la estabilidad de la alianza transatlántica, sino que también podría redefinir el equilibrio de poder en el escenario internacional.

En un mundo cada vez más interdependiente, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la defensa de los intereses nacionales y la necesidad de coordinar una estrategia común entre aliados históricos.

CONCLUSIÓN FINAL

 Probablemente, el Presidente de EE.UU. Donal Trump, vaya a emitir órdenes  ejecutivas contra sus aliados europeos, en represalia porque estos no le rindieron pleitesía al negarse a entrar en el conflicto bélico ilegal que EE.UU. había iniciado contra Irán.

 Desde mi opinión, en realidad lo utiliza como cortina de humo  para tapar las consecuencias desastrosas de esa guerra, de la cual parece no saber salir, sin sufrir una humillación que pudiera condicionar las elecciones de medio mandato ("the Midterm elections") de noviembre en EE.UU.

 Además, debe tenerse en cuenta que dicho conflicto, viene derivado de un flagrante incumplimiento del Derecho, tanto Internacional como el de la propia Constitución de EE.UU., lo cual hace menos viable los acuerdos.

Fuente: El Diario.es

Reporteros Sin Fronteras denuncia acciones intimidatorias del entorno de Ayuso y del juez Peinado contra la prensa. Y de los periodistas asesinados por Israel en Oriente Medio (Anexo I)

“Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor, también hay jueces”, apunta la organización internacional en su último informe, donde relata un “clima de lawfare” contra los medios de comunicación.

La libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia consolidada. Sin embargo, en los últimos años, este principio se ha visto progresivamente erosionado en distintos países, entre ellos España. El informe de 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) pone de manifiesto una tendencia preocupante: la creciente polarización política están haciendo indistinguible la frontera entre información y opinión, al tiempo que se intensifican las presiones judiciales y políticas contra los profesionales de la comunicación.

En primer lugar, la polarización política aparece como un factor central en la degradación del ecosistema mediático. Según RSF, este fenómeno no solo afecta al debate público, sino que también contamina directamente la labor informativa. Los medios, en lugar de actuar como intermediarios neutrales entre los hechos y la ciudadanía, se ven cada vez más influenciados por posicionamientos ideológicos. Esto provoca una pérdida de credibilidad y dificulta que la ciudadanía acceda a información objetiva y contrastada.

En el caso de España, la situación resulta especialmente significativa. El país ha descendido del puesto 23 al 29 en la clasificación mundial de libertad de prensa, reflejando un deterioro tanto en términos absolutos como comparativos. La relatora de RSF en España, Edith Rodríguez Cachera, advierte de un aumento de las denominadas “demandas judiciales intimidatorias”, también conocidas como prácticas de *lawfare*. Estas acciones legales no buscan necesariamente ganar en los tribunales, sino generar presión económica y psicológica sobre los periodistas y medios.

Diversos casos recientes ilustran esta dinámica. Desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso, se han producido amenazas directas contra periodistas, especialmente tras la publicación de investigaciones sobre su pareja, Alberto González Amador. El papel de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido particularmente polémico, con mensajes intimidatorios y la difusión de datos personales de periodistas. Estas acciones no solo vulneran la ética democrática, sino que contribuyen a crear un clima de miedo y autocensura.

A estas presiones políticas se suman las procedentes del ámbito judicial. El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado actuaciones controvertidas al amenazar con querellas y exigir indemnizaciones a medios por informaciones o entrevistas críticas. El hecho de que estas acciones provengan de figuras del poder judicial agrava la situación, ya que refuerza la percepción de que los periodistas pueden ser perseguidos desde múltiples frentes institucionales.

RSF interpreta estas prácticas como intentos deliberados de “silenciar e intimidar” a la prensa, especialmente a medios digitales de tamaño medio, que cuentan con menos recursos para hacer frente a largos procesos judiciales. Este contexto genera una “pesadilla ideológica y económica” que puede condicionar las líneas editoriales y limitar la independencia informativa.

Por otro lado, el informe también subraya problemas estructurales del sistema mediático español. La alta concentración del mercado audiovisual en grandes grupos como Atresmedia, Mediaset y RTVE reduce la pluralidad efectiva, mientras que los medios públicos autonómicos agrupados en la FORTA no están exentos de posibles injerencias políticas. Aunque la prensa escrita y digital mantiene mayor diversidad, sufre una precariedad económica creciente que la hace más vulnerable a presiones externas.

Además, el clima social hacia el periodismo se ha deteriorado notablemente. La polarización y la radicalización han alimentado un aumento del ciberacoso y de los ataques físicos y verbales a periodistas. RSF señala especialmente el papel de sectores vinculados a la extrema derecha, como Vox, cuyos “agitadores” han protagonizado episodios de hostigamiento en ruedas de prensa y redes sociales. Figuras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo ejemplifican una forma de actuación que desdibuja los límites del periodismo y fomenta la confrontación directa con otros profesionales.

Finalmente, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto medidas para mejorar la transparencia y reforzar la regulación del sector, RSF advierte que muchas de estas iniciativas podrían no materializarse debido a la inestabilidad parlamentaria. Asimismo, persisten asignaturas pendientes, como la reforma de la llamada “ley mordaza” o la despolitización efectiva de los órganos directivos de los medios públicos.

En conclusión, el informe de RSF dibuja un panorama complejo y preocupante para la libertad de prensa en España. La combinación de polarización política, presiones judiciales, precariedad económica y hostilidad social configura un entorno cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo. Ante esta situación, resulta imprescindible reforzar los mecanismos de protección a los periodistas, garantizar la independencia de los medios y promover una cultura democrática que valore la información rigurosa como un bien público esencial.

CONCLUSIÓN

Esperemos que también, el Consejo General del Poder Judicial tome medidas al respecto, porque gracias a los jueces estrella, la justicia española ya está en los últimos puestos de la lista europea.

Fuente: El Diario.es

ANEXO I

PERIODISTAS ASESINADOS POR ISRAEL EN ORIENTE MEDIO

Capítulo aparte merecen los crímenes de guerra contra periodistas cometidos por Israel en el contexto del Genocidio que está perpetrando en Gaza y Líbano

A fecha de mayo de 2026, el número de profesionales de la prensa que han perdido la vida en el marco de las operaciones militares de Israel es el más alto registrado en la historia moderna para un solo conflicto.

A continuación se detalla el resumen de víctimas profesionales de medios por país:

Gaza (Palestina)

Es el lugar más letal para ejercer el periodismo en el mundo.

• Total de Fallecidos: Se estima que al menos 262 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.
• Impacto Reciente (2026): Solo en lo que va de 2026, se han registrado nuevas víctimas, incluyendo a Mohammed Samir Washah (corresponsal de Al Jazeera), asesinado en un ataque con drones en abril de 2026.
• Situación de Riesgo: Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncian que casi la mitad de los periodistas asesinados a nivel global en 2025 murieron en Gaza por ataques de las fuerzas israelíes.

Líbano

La cifra de víctimas en Líbano ha aumentado drásticamente tras la escalada de marzo de 2026.

• Total de Fallecidos: El Sindicato de Prensa Libanés denuncia la muerte de 27 periodistas y trabajadores de medios en territorio libanés.
• Víctimas Destacadas en 2026:
• Amal Khalil (Al-Akhbar): Asesinada en un ataque aéreo en el sur del Líbano el 22 de abril de 2026.
• Ghada Dayekh (Sawt Al-Farah) y Suzan Khalil (Al-Manar/Al-Nour): Ambas fallecidas en ataques separados el 8 de abril de 2026.
• Ali Shoaib y Fatima Ftouni: Asesinados en marzo de 2026 mientras cubrían información en Jezzine, en un vehículo de prensa claramente identificado.

Otros Territorios

El impacto de las operaciones militares israelíes se ha extendido a otros países de la región:

Irán y Yemen: El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y otros medios reportan que, sumando los ataques en Irán y Yemen, la cifra total de periodistas asesinados por acciones de Israel asciende a 260-264 profesionales.

Resumen por Organismo (Cifras Acumuladas)

Organismo	Territorio	Cifra Reportada
CPJ (Comité para la Protección de Periodistas)	Gaza, Líbano, Yemen e Irán	262
RSF (Reporteros Sin Fronteras)	Gaza (Total histórico)	~220
Sindicato de Prensa Libanés	Líbano (Desde marzo 2026)	27

 La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado investigaciones independientes internacionales, señalando que estos ataques contra personal civil en ejercicio de su labor podrían constituir crímenes de guerra

VÍCTIMAS TOTALES DEL GENOCIDIO COMETIDO POR ISRAEL EN ORIENTE MEDIO

A fecha de mayo de 2026, las cifras de víctimas reportadas a causa de las operaciones militares israelíes son las siguientes:

Gaza (Palestina)

Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, el número de fallecidos ha superado las 72.000 personas según fuentes oficiales, aunque estudios independientes sugieren cifras significativamente mayores. 

• Cifras Oficiales: El Ministerio de Salud de Gaza reporta 72.594 mártires y más de 172.404 heridos hasta finales de abril de 2026.
• Estudios Independientes: Investigaciones publicadas en revistas como The Lancet estiman que el número real de muertes violentas podría superar las 75.200, a las que se sumarían miles de decesos indirectos por enfermedades y falta de suministros.
• Perfil de las Víctimas: Se estima que el 70% de los fallecidos son mujeres y niños. Además, se han registrado las muertes de:
• 391 trabajadores de la UNRWA.
• 270 periodistas y trabajadores de medios.
• 120 académicos y unos 1.600 trabajadores sanitarios. Líbano

Tras la reanudación de las hostilidades y la nueva ofensiva iniciada en marzo de 2026, el impacto en la población civil ha crecido drásticamente.

• Fallecidos Totales: El Ministerio de Salud libanés confirma al menos 2.659 muertos y 8.183 heridos desde el 2 de marzo de 2026 hasta el 2 de mayo de 2026.
• Desplazamiento: El conflicto ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, lo que representa aproximadamente el 20% de la población del país.
• Violación de Treguas: A pesar de los acuerdos de alto el fuego vigentes, los ataques continúan; solo en las últimas 24 horas del 2 de mayo se registraron 41 muertes adicionales por bombardeos en el sur del Líbano

En este contexto se hace necesario recordar lo siguiente:

A fecha de mayo de 2026, la situación legal de los líderes israelíes ante la justicia internacional se ha intensificado significativamente tras las decisiones históricas de la Corte Penal Internacional (CPI).

A continuación, se detallan las órdenes de arresto y los cargos específicos:

Órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI) 

El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió oficialmente órdenes de arresto contra los principales responsables de la estrategia militar en Gaza. Recientemente, en abril de 2026, se ha reportado la emisión de una segunda orden de arresto contra Netanyahu que incluiría cargos de genocidio tras los eventos en Líbano y Gaza.

• Líderes Implicados:
  • Benjamin Netanyahu: Primer Ministro de Israel.
  • Yoav Gallant: Exministro de Defensa de Israel.
• Cargos Principales:
  • Crímenes de Guerra.- Uso de la inanición (hambre) como método de guerra mediante el bloqueo de alimentos, agua, combustible y suministros médicos.
  • Crímenes de Lesa Humanidad.- Asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
  • Ataques Directos a Civiles.- Dirección intencional de ataques contra la población civil y hospitales de Gaza.
• Estado de las Órdenes.- Las órdenes son vinculantes para los 124 Estados miembros del Estatuto de Roma. En abril de 2026, la CPI reiteró a los miembros de la ONU la urgencia de ejecutar estas detenciones. 

Situación en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Paralelamente, la CIJ mantiene un proceso por genocidio contra el Estado de Israel (caso iniciado por Sudáfrica).

• Septiembre de 2025.- La ONU emitió un informe exhaustivo confirmando que las fuerzas israelíes han perpetrado actos genocidas según la Convención de 1948.
• Medidas Cautelares.- La CIJ ha ordenado repetidamente a Israel detener cualquier acción que pueda constituir genocidio, especialmente en Rafah y, más recientemente, ante la ofensiva en el Líbano de 2026.

Consecuencias y Desafíos

• Restricciones de Viaje.- Netanyahu y Gallant enfrentan el riesgo de ser arrestados si pisan territorio de países firmantes, como Francia o Países Bajos, quienes han indicado que respetarán la legalidad del tribunal.
• Desafíos Diplomáticos.- Países como Hungría han desafiado abiertamente a la Corte, invitando a Netanyahu a su territorio en abril de 2025 y 2026 a pesar de las órdenes vigentes.
• Jurisdicción.- Israel y EE. UU. no reconocen la autoridad de la CPI, lo que dificulta la ejecución física de las órdenes dentro de sus fronteras o en países aliados no firmantes. 

Este proceso marca un hito, siendo la primera vez que la CPI emite órdenes de arresto contra líderes de un país democrático, respaldado por potencias occidentales, por crímenes de guerra.

(*) Además hay que denunciar que Israel ha cometido actos de piratería esta misma semana, al atacar en aguas internacionales a 22 barcos (de los 58 que llevaban ayuda a Gaza) secuestrando a 175 personas de distintas nacionalidades (211 según los organizadores de la flotilla), de los cuales no han sido devueltos dos ciudadanos, un egipcio y un español con doble nacionalidad hispano-sueca, que han sido detenidos, y compañeros suyos denuncian que están sufriendo torturas de parte de los sicarios del ejército israelí. 

Hasta aquí las barbaries y atrocidades cometidas por las hordas salvajes del ejército sionista, que parece ser, también pretenden estos criminales de guerra, que escale el conflicto a guerra regional.

Fuente: Medios digitales