La
imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso
Plus Ultra ha reactivado una discusión que ya venía instalada en el debate
público español: hasta qué punto la actuación judicial, más allá de ser
estrictamente legal, responde a lógicas de confrontación política.
Dos
juristas con amplia trayectoria —Ramiro García de Dios, magistrado durante más
de tres décadas, y José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal
Supremo— coinciden en el fondo de su preocupación: observan un patrón que, para
ellos, se parece demasiado a lo que suele denominarse lawfare (el uso
estratégico del Derecho y de las instituciones judiciales para producir efectos
políticos).
Desde
esa mirada, el problema no sería únicamente el contenido de un auto concreto,
sino el contexto y la reiteración del fenómeno. García de Dios lo resume con
una palabra: “cacería”. A su juicio, no se trata de un hecho aislado ni de una
iniciativa puramente técnica, sino de una serie de actuaciones que encajan en
una “utilización clarísima de las herramientas legales y los poderes del
Estado”. El magistrado jubilado sostiene que la dinámica no se agota en el
ámbito del Gobierno de España o en el PSOE, sino que alcanza a un círculo más
amplio: “la esposa del presidente, el hermano y, ahora, un expresidente”,
al que —dice— “le tienen muchas ganas” porque continúa siendo un “activo”
político y un símbolo para la izquierda de este país.
Para
reforzar su argumento, el jurista introduce tres elementos que, en su opinión,
alimentan esa supuesta cacería. Primero, la existencia de jueces dispuestos a
ir “más allá” con un “sentido autoritario”, convencidos de que están actuando
con impunidad (y todo lo hacen por España). Segundo, la intervención de actores judiciales y mediáticos que,
según él, funcionarían como “satélites” de una misma orientación política,
amplificando la narrativa inicial. Y tercero, la influencia de colectivos como
Manos Limpias, a los que califica como “asociaciones miserables ultras”,
señalando que su papel ha sido central en la investigación que llega a la
Audiencia Nacional.
En
esta línea, García de Dios considera especialmente relevante la forma en la que
se construye la imputación. En su lectura, el auto estaría redactado para
“rellenar” y dar apariencia de gravedad indiscutible a una conducta que, en el
fondo, parte de dudas. La clave sería la transformación de la sospecha en
indicio: “Convierten sospechas en indicios”. Esa frase sintetiza el temor de
quien observa el proceso penal no como un mecanismo neutral, sino como un
procedimiento que puede terminar “forzando” conclusiones a partir de elementos
débiles, mientras se consolida mediáticamente una idea de culpabilidad previa.
La
segunda voz, Martín Pallín, no comparte el tono acusatorio con la misma
intensidad, pero sí formula una advertencia de fondo. Acepta que “todo juez
puede admitir una denuncia o querella” y recuerda que, especialmente si el
denunciante o la persona afectada tienen relevancia política, procede primero
verificar los hechos. Para él, el paso decisivo no es solo admitir una
investigación, sino realizar las “averiguaciones pertinentes” que permitan
comprobar los puntos de la denuncia y, en ciertos casos, valorar medidas como
comisiones rogatorias. En definitiva: lo decisivo es si el sistema actúa con
rigor o si, por el contrario, habilita un proceso que avanza por inercia.
Martín Pallín insiste además en una idea que sirve como freno a la especulación: conviene esperar a ver “qué pasa de aquí a unos días”. Su lógica es jurídica y prudente. Si las acusaciones carecen de sustento, el procedimiento debería desmontarse; si se sostienen en términos consistentes, la investigación podría continuar.
Sin embargo, su alerta reaparece con fuerza al mencionar que “puede
pasar” lo contrario y que se repita el tipo de dinámica observada en otros
episodios, como el caso Neurona, donde durante años se investigó y finalmente
“no se llegó a nada”. Para el jurista, ese historial es una señal de que el
sistema puede ser usado para mantener en vilo reputaciones políticas durante el
tiempo suficiente como para producir daño, incluso cuando el resultado final no
sea condenatorio.
El
punto más crítico de su intervención está en la consecuencia institucional de
este tipo de procesos. Martín Pallín advierte que el modus operandi que ve en
esta causa es “peligrosísimo”, porque en un país donde “cualquiera puede poner
patas arriba un gobierno”, se abre la puerta a una inestabilidad permanente.
Además, compara el tratamiento de casos: señala que “todos los denunciantes han
sido contra personas de izquierdas” y menciona ejemplos en los que, dice,
determinados episodios vinculados a la derecha no habrían derivado en
imputaciones posteriores pese a la existencia de conversaciones con Villarejo.
Su conclusión es que la selectividad —real o percibida— puede convertirse en
una herida para la confianza ciudadana en la justicia.
La
preocupación se completa con un argumento adicional que pretende situar el
debate en una dimensión europea. Martín Pallín recuerda un antecedente en el
que Europa habría autorizado a los Estados (Francia, Alemania y Portugal) a
subvencionar a aerolíneas afectadas por el coronavirus y donde la justicia
europea habría declarado que el rescate de Air Europa se hizo conforme a la
legalidad. Con ese ejemplo, sugiere que cuando existe un marco normativo
validado por instancias supranacionales, las imputaciones basadas en
interpretaciones severas o descontextualizadas deberían manejarse con más
cautela.
En suma, de este resumen se desprende que estas dos voces no se limita a discutir si Zapatero “lo hizo” o “no lo hizo”. Su foco es el modo en que se produce el proceso penal y el impacto que tiene la combinación entre decisiones judiciales, presiones mediáticas y la intervención de actores con agenda propia.
García de Dios habla de “cacería” y de un sistema “desatado” que
“permite barbaridades”; Martín Pallín subraya el carácter “lamentable” y
“peligroso” de repetir patrones en los que se investiga durante años sin llegar
a conclusiones, mientras se altera el equilibrio político y se cuestiona el
principio de neutralidad.
Más
allá del desenlace procesal que finalmente determine si hay o no delito, ambas
posturas denuncian un mismo riesgo: que la justicia penal, en vez de ser un
instrumento para esclarecer hechos, se convierta en un mecanismo capaz de
reconfigurar la vida pública con efectos irreversibles, erosionando la
confianza en el Estado de Derecho. Y ese es, precisamente, el núcleo de la
polémica: no solo el caso Plus Ultra, sino la sospecha —para ellos fundada— de
que se está usando el Derecho para perseguir fines que van mucho más allá de la
verdad jurídica, como bien pudiera ser, conseguir que el Gobierno progresista
actual dimitiese en pleno. Lo cual no dejaría de ser un golpe de estado
judicial.
CONCLUSIÓN
Espero que estos artículos que aquí resumo, dejen más tranquilos hoy a los progresistas que ayer tuvieron dudas sobre Zapatero, porque la verdad, desde mi modesta opinión, el juez José Luis Calama redacta muy bien los autos, pero de escaso contenido jurídico relevante, pero tampoco imaginaba que careciese totalmente de ello, pues desde el punto de vista penal, según los magistrados, que analizaron este auto, confunden las sospechas con indicios, para luego seguramente convertir las indicios en pruebas, en el juicio que muy probablemente llegará después.
Es es el mismo modus operandi, que ocurrió durante la instrucción del juicio en el Tribunal Supremo, contra el exfiscal general del Estado, que como todos recordarán, terminó con la condena del exfiscal, Álvaro García Ortiz, por acumulación de indicios aunque sin pruebas verificables.
Y
ahora la historia se repite con el expresidente Zapatero. Y la jauría fascista del PP y Vox, pretenden cargarse la democracia en este país con tal de llegar al
gobierno, moviendo sus peones en la judicatura. Malditos sean todos ellos.
POSDATA
Ver siguiente "ANEXO I" sobre las actividades lobistas de otros expresidentes del gobierno español, que demuestran lo hipócritas que son y las diferentes varas de medir que tienen, los iliberales fascistas del PP y Vox.
Fuente: El Plural.com
ANEXO I
Resumen
del artículo publicado por El Diario.es
Expresidentes,
puertas giratorias y capital privado en España. Relato de la trayectoria empresarial
de los expresidentes José María Aznar y Felipe González
Los dos predecesores
de Zapatero, (primer expresidente imputado en democracia) tienen un bagaje
empresarial mucho más extenso que el político leonés, en especial Aznar.
En los últimos años, el
debate sobre la “puerta giratoria” en España —la transición desde el poder
público a la asesoría privada— ha dejado de ser un mero tema moral para
convertirse en una cuestión de transparencia, control democrático y confianza
social. Lo que antes se describía como “experiencia aprovechable” hoy se
discute como un posible circuito de influencia donde participan grandes grupos
económicos, despachos de abogados y fondos de inversión, y donde la figura del
expresidente puede operar como puente: político, institucional y reputacional.
Los datos reunidos sobre José María Aznar y Felipe González permiten observar
dos trayectorias diferentes en intensidad y volumen, pero cercanas en su
lógica: el paso del liderazgo gubernamental a la consultoría estratégica y al
lobby para actores económicos con intereses concretos.
1. Aznar:
un perfil empresarial de alta exposición y remuneración
El caso de Aznar aparece
descrito como el de un expresidente con un “bagaje empresarial” especialmente
dilatado. No se trata solo de que haya ocupado puestos en consejos de
administración o participado como asesor; el eje del relato es la magnitud del
intercambio económico y la continuidad durante décadas. Destaca, por ejemplo,
su relación con News Corp, el conglomerado mediático vinculado a
Rupert Murdoch: en junio cumpliría 20 años como consejero y, según los datos
aportados, la empresa le habría pagado alrededor de cinco millones de
dólares en total por sus servicios. Además, se menciona que el sueldo
publicado para el ejercicio fue de 341.565 dólares, y que se
suman 10.000 euros mensuales pagados desde 2004 hasta 2006
mediante su sociedad familiar Famaztella, en concepto de “servicios
de asesoría”.
Este punto es relevante
porque permite conectar tres capas:
- la existencia de contratos con
empresas de enorme poder;
- la remuneración cuantificada (lo
que reduce la ambigüedad sobre si “solo era asesoramiento”);
- la utilización de estructuras
societarias propias (Famaztella y otras) para la gestión de ingresos.
El artículo añade un
elemento adicional: esa sociedad habría sido sancionada por Hacienda tras
una inspección. Independientemente de los detalles jurídicos específicos, el
dato tensiona el argumento de “aprovechar conocimientos” y lo acerca al terreno
de “cómo se gestiona el beneficio” y bajo qué criterios fiscales o
regulatorios.
Más allá del ámbito
mediático, el relato ubica a Aznar en sectores energéticos y financieros de
alto impacto. Su papel como asesor de Endesa (privatizada
durante su primer gobierno) y su eventual conexión con Afiniti,
compañía de inteligencia artificial ligada a call centers, muestran una
continuidad de relaciones con grandes actores. Se menciona incluso que Afiniti
habría tanteado vender su tecnología a empresas españolas, incluida Endesa, y
que Enel (dueña de Endesa) figuraría en listados asociados a clientes. Aquí el
problema no es la asesoría en sí, sino la proximidad temporal e institucional:
cuando un expresidente interviene en ámbitos donde el Estado estuvo implicado
de forma intensa —como la privatización energética— la frontera entre
experiencia y ventaja es más frágil.
Asimismo, el artículo sitúa
a Aznar en un ecosistema de consultoría y lobby internacional: hedge funds
como Centaurus Capital, minería como Barrick Gold,
consultoras como KPMG (con encargos geopolíticos y
macroeconómicos), y despachos como DLA Piper o Latham
Watkins. En paralelo, aparece un componente de lobby sectorial en
Latinoamérica: la relación con Philip Morris en torno al
cigarrillo electrónico en las gestiones que se le atribuyen.
De forma especialmente
contundente, el relato incluye un contrato con Befesa (filial
de Abengoa) para facilitar adjudicaciones de proyectos de desalación en Libia,
bajo Gadafi, con supuesta “comisión de éxito del 1%” sobre los contratos
obtenidos. Este dato, al estar ligado a un régimen político autoritario, eleva
el nivel de exigencia ética y también el de la verificación pública: si la
asesoría se traduce en acceso a adjudicaciones y se pactan porcentajes, la pregunta
democrática ya no es “qué saben”, sino “qué influencia compran” y “quién gana”
a través de esa mediación.
En conjunto, los datos
describen a Aznar menos como “figura institucional” y más como operador
profesional dentro del mercado de la influencia global: consejos,
asesores, despachos, fundaciones y sociedades. La conclusión lógica es que su
trayectoria refuerza la percepción de una carrera posterior al cargo público
orientada a captar valor económico a través de su capital político.
2. Felipe
González: menor volumen, pero misma lógica de influencia y redes
El artículo presenta a
Felipe González con un perfil empresarial “mucho menos extenso” que el de
Aznar. Aun así, no lo describe como ajeno al circuito: su actividad como asesor
incluye el cargo de consejero de Naturgy (antes Gas Natural
Fenosa) entre 2010 y 2014, con un ingreso declarado de más de 400.000
euros (126.500 euros anuales). Se añade que compatibilizó ese puesto
con el consejo rector de Doñana mientras la gasista tramitaba
un almacén de gas en un entorno protegido. Este cruce temporal introduce una
sospecha clásica: la coexistencia de responsabilidades públicas o ambientales
con intereses privados de un mismo grupo, aunque el texto califique el trabajo
como “muy aburrido” por parte del propio González.
También aparecen datos
sobre posibles actuaciones internacionales con actores problemáticos. En 2009
se menciona una carta escrita por González a Omar Al-Bashir,
entonces presidente de Sudán del Norte, para favorecer a Massoud Zandi, socio
vinculado a PRISA, que posteriormente fue denunciado por defraudar a Hacienda.
El relato destaca elogios públicos hacia Zandi y la caracterización de su
“capacidad emprendedora”. La lectura crítica aquí es doble: por un lado, se
observa el uso de reputación política para influir; por otro, se conecta esa
influencia con un resultado posterior de fraude fiscal, lo que deja la duda
sobre el criterio de selección de intereses.
Además, se menciona la
creación en 2011 de Tagua Capital, un vehículo de inversión con
objetivos elevados (120 a 150 millones) centrado en tecnología. El texto lo
califica como “un fiasco”, y ello sirve como recordatorio de que la influencia
política no solo se traduce en ganancias por gestión: también puede transformarse
en apuestas privadas con riesgo reputacional.
En paralelo, el texto
aporta un ejemplo de relación con grandes fortunas. González afirma que asesora
a Carlos Slim y que la amistad “no es incompatible” con el
asesoramiento de negocios. Aquí el dato es revelador porque insiste en que el
rol del expresidente se ubica simultáneamente en dos planos: el personal y el
profesional. Y cuando ambos se mezclan, la separación entre “amistad” e
“interés” se vuelve difícil de auditar.
Por último, se detallan
movimientos patrimoniales e instrumentales: la existencia de una empresa creada
por González en 2001 (Ialcon Consultoría SL) con actividad profesional
técnica, administrada por su hija, y con facturación registrada en 2024 (aprox.
43.000 euros según el texto). El valor de estos detalles está en que muestran
que el circuito no es solo de consejos, sino también de sociedades y
estructuras privadas vinculadas a rentas, asesorías y gestión empresarial.
3. Un
patrón común: reputación política como activo transferible
Aunque el texto
contrasta los currículos —Aznar aparece como más extenso y mejor remunerado;
González, como más limitado— el patrón de fondo es compartido. En ambos casos,
el expresidente opera como activo reputacional que reduce
costes de negociación y amplía credibilidad ante grandes empresas:
- los consejos de administración y
asesorías funcionan como canales de acceso a decisiones empresariales;
- el lobby internacional o
sectorial se apoya en la credibilidad institucional;
- las fundaciones o centros
formativos (como el Instituto Atlántico) se presentan como plataformas
donde confluyen política y financiación privada.
El punto clave es que,
desde la perspectiva democrática, la magnitud no es el único problema: también
lo es la asimetría de información. Un ciudadano puede desconocer
cuánto se pacta, qué se espera y qué mecanismos convierten “contactos” en
contratos. Cuando el expresidente presta servicios y a la vez conserva una
influencia derivada de su paso por el poder, el sistema corre el riesgo de no
ser plenamente neutral, sino favorable a quienes pueden contratar su capital
político.
4.
¿Competencia o influencia? La dificultad de la frontera
Una defensa habitual
sería: “son profesionales, tienen experiencia y su asesoría puede ser útil”. El
texto, sin embargo, empuja a otra lectura: cuando se acumulan señales como
comisiones por adjudicaciones, relaciones con empresas que estaban vinculadas a
decisiones privatizadoras o tramas asociadas a ayudas y contratos públicos, la
frontera entre competencia y captura se vuelve borrosa.
La discusión esencial es institucional:
- ¿cómo se regulan estos tránsitos?;
- ¿qué límites existen?;
- ¿qué mecanismos de control y de transparencia se exigen?;
- ¿cómo se garantiza que no haya conflictos de interés?.
En este escrito aparecen indicios que —sin
necesidad de afirmar culpabilidades penales— sí muestran tensiones y
percepciones persistentes: incentivos económicos, proximidad a decisiones del
pasado y uso de redes para gestionar resultados favorables a empresas.
CONCLUSIÓN
Los datos aportados
construyen dos historias complementarias. La de José María Aznar dibuja un
recorrido de asesoría y lobby con gran exposición internacional, remuneraciones
públicas relevantes y vínculos con sectores estratégicos como energía, medios, finanzas
y empresas reguladas. La de Felipe González, aunque menos extensa, revela que
la lógica también existe: asesoría en grandes grupos, influencia en escenarios
internacionales delicados, relación con fortunas y utilización de vehículos
patrimoniales y consultoras.
En ambos casos, lo que queda en evidencia no es solo que los expresidentes trabajen después de dejar el cargo, sino que su trayectoria sugiere una transferencia del capital político hacia el mercado privado. Y cuando esa transferencia ocurre sin transparencia suficiente y con conexiones sensibles con sectores privatizados o regulados, el resultado es una democracia percibida como permeable a quienes tienen capacidad de contratar influencia.
La verdadera pregunta, por tanto, no
es si pueden trabajar: es cómo se controla el impacto de su influencia,
para que el interés público no dependa de la capacidad de pagar asesoría a
quienes antes decidían las reglas del juego.
Fuente: El Diario.es
