De la expansión de la guerra contra Irán y sus implicaciones geopolíticas. Y de la intrahistoria de la “Operación Furia Épica” de Trump

Mientras la guerra se expande del Cáucaso al Índico,  EEUU e Israel pretenden abrir nuevo frente, por medio de los rebeldes kurdos, que esperan sea la chispa que provoque el inicio de la revuelta definitiva que acabe con el régimen teocrático de Irán.

   
La reciente escalada militar en torno a Irán revela la transformación de un conflicto regional en una crisis de alcance global. 

Lo que comenzó como una operación dirigida contra la cúpula del régimen iraní se ha expandido rápidamente a múltiples frentes, desde el Cáucaso hasta el sur de Asia. Ataques con drones contra el aeropuerto de Najicheván en Azerbaiyán, el hundimiento de un buque iraní por un submarino estadounidense frente a Sri Lanka y la tensión creciente en la frontera kurda evidencian que la guerra ha dejado de limitarse a Oriente Medio. La situación apunta a una confrontación cuidadosamente preparada desde tiempo atrás, cuya ejecución se aceleró tras una serie de decisiones estratégicas de Estados Unidos e Israel.

El detonante inmediato del conflicto fue la llamada telefónica del 23 de febrero entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Según diversas informaciones, Netanyahu alertó sobre una reunión inminente del líder supremo iraní, Alí Jameneí, con su círculo más cercano en Teherán. Los servicios de inteligencia israelíes, respaldados por la CIA, identificaron el encuentro como una oportunidad excepcional para eliminar a la cúpula del régimen. Netanyahu habría recomendado a Trump actuar de forma rápida y contundente para “descabezar” al gobierno iraní. Apenas unos días después, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel ejecutaron un ataque coordinado que acabó con la vida de Jameneí y de varios de sus principales colaboradores, marcando el inicio de una nueva guerra cuyo objetivo declarado es destruir la república islámica.

Sin embargo, la fecha elegida para la ofensiva supuso un cambio respecto a los planes iniciales de Israel, que contemplaban iniciar las hostilidades a mediados de año. La posibilidad de eliminar al líder iraní en circunstancias favorables llevó a adelantar la operación. Esta decisión fue tomada sin consultar al Congreso estadounidense, donde tanto en el Pentágono como en el ámbito político existían dudas sobre la viabilidad de abrir un conflicto de grandes dimensiones en una región ya extremadamente inestable. Aun así, la administración Trump optó por actuar con rapidez, convencida de que una ofensiva decisiva podría debilitar de manera irreversible al régimen iraní.

Paralelamente, diversas operaciones encubiertas ya estaban en marcha para debilitar a Irán desde dentro y desde sus fronteras. En el Kurdistán iraní, la CIA llevaba tiempo fomentando contactos con grupos opositores kurdos con la intención de provocar un levantamiento contra Teherán. Asimismo, la aparición simultánea de tensiones en otras zonas, como el conflicto fronterizo entre Afganistán y Pakistán y la inestabilidad en el Beluchistán iraní, ampliaba las posibles direcciones desde las que presionar al país. Estas circunstancias reforzaron la decisión de acelerar la guerra, aprovechando un contexto regional especialmente volátil.

La administración estadounidense ha defendido públicamente que la operación militar, denominada “Furia Épica”, fue planificada con antelación y que su duración sería relativamente corta. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que la campaña podría extenderse entre cuatro y ocho semanas, y aseguró que Estados Unidos dispone de abundante armamento de precisión para cumplir sus objetivos. Según sus declaraciones, la estrategia incluye el uso masivo de bombas guiadas por GPS y láser de distintos calibres. No obstante, el propio jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, había advertido días antes de que los arsenales estadounidenses se habían reducido tras el suministro continuo de armas a Israel y Ucrania, lo que ha generado dudas sobre si existe una contradicción entre el discurso oficial y la realidad militar.

Más allá de los aspectos estratégicos, las declaraciones de algunos responsables estadounidenses reflejan una concepción extremadamente dura de la guerra. Hegseth llegó a afirmar que el conflicto “nunca se concibió como una guerra justa”, lo que sugiere que la prioridad es la destrucción del régimen iraní sin considerar excesivamente las consecuencias humanitarias. Episodios como el bombardeo de Minab, donde murieron numerosas niñas tras un ataque israelí, ilustran el coste humano que ya está teniendo la ofensiva.

Oficialmente, Washington justifica la guerra por varios objetivos: impedir que Irán desarrolle armas nucleares, destruir su capacidad de fabricar misiles balísticos y reducir la influencia de las milicias proiraníes en Oriente Medio. Sin embargo, otros elementos del plan parecen ir más allá de estos propósitos declarados. Entre ellos destaca el impulso a posibles insurrecciones internas que debiliten al régimen desde dentro, especialmente en regiones con tensiones étnicas y políticas históricas.

El Kurdistán aparece como el principal foco potencial de rebelión. Los kurdos iraníes, que superan los diez millones de personas, han denunciado durante décadas discriminación cultural y lingüística por parte del régimen de Teherán. Esta situación convierte a la región en un territorio susceptible de movilización política y militar. Informaciones filtradas a medios estadounidenses indican que la CIA habría trabajado durante meses con grupos kurdos para preparar una eventual sublevación. Incluso el propio Trump expresó públicamente su apoyo a una posible ofensiva kurda contra Irán.

En este contexto, el Kurdistán iraquí desempeña un papel fundamental. Desde su capital, Erbil, donde Estados Unidos mantiene bases militares y un consulado, podría organizarse el suministro de armas y el apoyo logístico a los insurgentes. El presidente estadounidense habría contactado con líderes kurdos iraquíes como Masud Barzani y Bafel Talabani para garantizar su cooperación en caso de que se abra ese frente militar. Sin el respaldo del Kurdistán iraquí, resultaría muy difícil para las milicias kurdas iraníes lanzar una ofensiva de gran escala.

No obstante, esta estrategia implica riesgos considerables. Los kurdos constituyen un pueblo de más de veinticinco millones de personas repartido entre Turquía, Siria, Irak, Irán y Armenia, y su aspiración histórica a la independencia podría reactivarse si perciben una oportunidad favorable. Una rebelión kurda en Irán podría estimular movimientos similares en los países vecinos, desestabilizando aún más una región ya fragmentada. Además, las relaciones entre Washington y los kurdos han estado marcadas por la desconfianza, debido a precedentes en los que Estados Unidos abandonó a sus aliados locales tras alcanzar sus propios objetivos estratégicos.

Por otro lado, la guerra podría extenderse también hacia el sureste iraní, en la región del Beluchistán. Allí viven los baluchis, una minoría con fuertes vínculos con comunidades del vecino Pakistán. Una eventual insurrección en esta zona podría provocar tensiones con Islamabad y generar un nuevo foco de conflicto regional, especialmente si los talibanes afganos decidieran aprovechar la situación para ampliar su influencia.

En definitiva, la guerra contra Irán parece responder a una estrategia compleja que combina ataques militares directos con intentos de desestabilización interna. Aunque el objetivo declarado es la caída del régimen iraní, las consecuencias de esta política podrían ser imprevisibles. Un Irán devastado por los bombardeos y dividido por conflictos internos podría transformarse en un Estado fallido, similar a lo ocurrido en países como Libia o Somalia. En ese escenario, el equilibrio de poder en Oriente Medio cambiaría radicalmente.

La evolución del conflicto en los próximos meses determinará si la ofensiva logra sus objetivos o si, por el contrario, desencadena una crisis aún mayor. Lo que ya resulta evidente es que la guerra ha superado los límites regionales y amenaza con alterar profundamente el orden geopolítico en varias regiones del mundo

Fuente: Publico.es

Como se pergeñó la “Operación Furia Épica” de Trump, llamadas y reuniones con Netanyahu y temor a nueva versión Bush 26.0

La reciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha abierto uno de los momentos de mayor inestabilidad internacional de los últimos años. 

 

Un extenso reportaje publicado por la revista Time analiza cómo se gestó esta ofensiva y de consecuencias políticas, económicas y estratégicas

El conflicto no solo ha provocado una nueva crisis en Oriente Próximo, sino que también ha tensionado las relaciones entre Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN —al caer misiles de Irán sobre Chipre y Turquía— evidenciando un choque de posiciones poco habitual entre aliados que históricamente han mantenido una estrecha cooperación.

Uno de los ejes centrales del análisis es la aparente contradicción entre el discurso político del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus decisiones en política exterior desde su regreso a la Casa Blanca. Durante años, Trump construyó buena parte de su identidad política sobre la crítica a las llamadas “guerras eternas” de Oriente Próximo y prometió reducir la implicación militar de Estados Unidos en conflictos internacionales. Sin embargo, la sucesión de intervenciones y operaciones militares desde su retorno al poder ha generado una percepción de incoherencia, especialmente si se considera su insistencia reciente en ser considerado candidato al Premio Nobel de la Paz. Lejos de cumplir la promesa de poner fin a conflictos armados, su administración ha sido asociada con la apertura de nuevos frentes de tensión internacional.

El inicio de 2026 ya estaba marcado por una creciente preocupación en la comunidad internacional. Las acciones estadounidenses en América Latina, particularmente la intervención en Venezuela y las declaraciones sobre posibles aspiraciones territoriales en Cuba y Groenlandia, habían despertado inquietud sobre el respeto al derecho internacional y el rumbo de la política exterior estadounidense. En ese contexto, la ofensiva militar contra Irán supuso un punto de inflexión aún mayor, tanto por sus implicaciones estratégicas como por las consecuencias económicas derivadas de la inestabilidad en una región clave para los mercados energéticos globales.

El reportaje destaca además el lugar y las circunstancias en que se tomó la decisión final de iniciar la operación militar. De manera sorprendente, el impulso definitivo surgió en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump en Florida. Según el relato periodístico, el 27 de febrero, mientras se celebraba una fiesta en la propiedad, el presidente estadounidense se reunió en privado con altos mandos militares y responsables de inteligencia. En ese encuentro se le informó de que existían indicios de que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, había sido localizado. Trump, que ya desconfiaba de las negociaciones diplomáticas mantenidas en Ginebra con el gobierno iraní, interpretó la información como una oportunidad estratégica y autorizó el inicio de la ofensiva.

La operación, denominada “Operación Furia Épica”, fue coordinada con Israel y consistió en ataques con misiles y drones contra cientos de instalaciones militares iraníes, incluidas baterías de misiles, sistemas de defensa aérea, buques de guerra y centros de mando. El objetivo principal era eliminar a Jamenei, algo que finalmente se consiguió. No obstante, la operación también provocó numerosas víctimas civiles, entre ellas estudiantes de una escuela, lo que intensificó la condena internacional. La respuesta de Irán no tardó en llegar, con ataques dirigidos contra países aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ampliando así el alcance regional del conflicto.

La cooperación militar entre Washington y Tel Aviv fue determinante para el desarrollo de la ofensiva. El entendimiento entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se consolidó tras dos reuniones clave. La primera tuvo lugar el 4 de febrero de 2025 en la Casa Blanca, cuando Netanyahu advirtió al presidente estadounidense de una supuesta conspiración iraní para asesinarlo y destacó los avances del programa nuclear iraní. Aquella conversación sembró dudas en Trump y reforzó su percepción de Irán como una amenaza inmediata. Meses después, durante el verano, se produjo la llamada “Operación Martillo de Medianoche”, un ataque contra tres importantes instalaciones nucleares iraníes. Aunque la respuesta iraní fue limitada en aquel momento, el episodio contribuyó a intensificar la tensión entre ambos países.

La segunda reunión entre Trump y Netanyahu tuvo lugar el 11 de febrero del año siguiente en Washington. Según el reportaje, el encuentro se caracterizó por un tono inusualmente serio y prolongado. Durante tres horas, ambos líderes trabajaron en los detalles operativos de una campaña militar coordinada contra Irán. Ese encuentro sería el paso definitivo hacia la ofensiva que desencadenó la guerra actual.

Este nuevo conflicto ha reavivado además un debate histórico dentro de la política estadounidense. Numerosos analistas han comenzado a comparar la situación actual con la dinámica que siguió Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, bajo la presidencia de George W. Bush. En aquel momento, la intervención militar en Irak en 2003 fue presentada inicialmente como una operación limitada, pero terminó convirtiéndose en una prolongada guerra con objetivos de cambio de régimen y reconstrucción política. La posibilidad de que la actual confrontación con Irán siga una trayectoria similar preocupa tanto a críticos demócratas como a sectores del propio movimiento “America First”.

En definitiva, la guerra con Irán no solo representa un nuevo episodio de violencia en Oriente Próximo, sino también un punto de inflexión en la política exterior estadounidense contemporánea. La contradicción entre las promesas de evitar nuevas guerras y la creciente implicación militar del país plantea interrogantes sobre la dirección estratégica de Estados Unidos. Al mismo tiempo, las tensiones con sus aliados europeos y el riesgo de una escalada regional sugieren que el impacto de esta crisis podría extenderse mucho más allá del campo de batalla, afectando, tanto a sus arsenales militares, como al equilibrio geopolítico global durante los próximos años.

Fuente: El Plural.com

ANEXO I

Estados Unidos está vaciando sus arsenales de  misiles según senadores demócratas.

En marzo de este 2026, varios senadores demócratas han expresado su profunda preocupación por el agotamiento de los arsenales de misiles de Estados Unidos, contradiciendo las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre suministros "virtualmente ilimitados".

Advertencias clave de los legisladores

• Mark Warner (D-Va.).-  El presidente del Comité de Inteligencia del Senado afirmó que es "de conocimiento público" que las municiones están en niveles bajos tras las operaciones contra los rebeldes hutíes y los conflictos actuales bajo la administración republicana.
• Richard Blumenthal (D-Conn.).- Cuestionó la falta de interceptores para sistemas como el Patriot, señalando que la escasez es la razón por la que no se han podido enviar más unidades a Ucrania.
• Andy Kim (D-N.J.).- Tras sesiones informativas clasificadas, cuestionó el ritmo de consumo de municiones comparado con el de Irán, sin obtener respuestas claras de los mandos militares.

Fuente: The Washington Post

Estado actual de las reservas

• Interceptoras de alto nivel.- Se estima que el ejército estadounidense consumió el 25% de su inventario de misiles interceptores THAAD en solo unos días durante las operaciones contra Irán en junio de 2025.
• Misiles Patriot.- Expertos del Center for Strategic and International Studies (CSIS) estiman que las reservas de unos 1.600 misiles Patriot podrían estar cerca de agotarse debido a la intensidad de la guerra de defensa aérea.
• Tiempo de reposición.- Debido a la complejidad técnica, fabricar un solo misil de reemplazo para estos sistemas avanzados puede tomar dos años o más.

Fuente: The Hill

Respuesta de la Administración

A pesar de estas advertencias, el presidente Trump ha asegurado a través de su red social, Truth Social, que los inventarios de armas de grado medio y medio-alto nunca han sido mejores y que podrían sostener ataques indefinidamente. Por su parte, empresas como Lockheed Martin han anunciado planes para cuadruplicar la producción de armamento crítico, aunque no se ha especificado un cronograma para alcanzar dichos objetivos.

ANEXO II

En el contexto del conflicto actual (marzo de 2026), se ha informado de incidentes donde Irán ha logrado impactar o degradar ciertos activos de defensa de Estados Unidos, aunque la escala y el éxito de estas acciones son objeto de versiones contradictorias entre los bandos.

Acciones militares anunciadas por Irán contra defensas de EE. UU.

• Ataques a bases y radares.- Informes recientes indican que Irán ha atacado la Base Aérea de Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos, afirmando haber inutilizado radares y centros de mando clave.
• Sistemas de defensa aérea.- Se han difundido reportes sobre la supuesta destrucción de sistemas de defensa THAAD y radares avanzados en la región del Golfo.
• Desgaste de interceptores.- Análisis indican que el uso intensivo de interceptores de misiles por parte de EE. UU. ha expuesto brechas en su red de defensa y ha agotado inventarios costosos.
• Uso de drones.- Los ataques con drones iraníes han puesto en evidencia vulnerabilidades en la capacidad de respuesta inmediata de las defensas aéreas estadounidenses en la región.
• Ataques a sedes diplomáticas.- Se reportó ataques contra embajadas de Estados Unidos en Riad y Bagdad, causando daños materiales menores. 

Contramedidas y ofensiva de Estados Unidos

Mientras Irán busca erosionar las defensas enemigas, Estados Unidos ha ejecutado la "Operación Furia Épica", logrando resultados significativos:

• Destrucción de la Armada.- El CENTCOM informó la destrucción de múltiples buques de guerra iraníes, incluyendo un portaaviones cargado de drones.
• Eliminación de mandos.- Se reportó la baja de 48 altos mandos iraníes en operaciones conjuntas con Israel.
• Ataques aéreos masivos.- EE. UU. asegura haber golpeado casi 2.000 objetivos en Irán en pocos días, incluyendo plantas desalinizadoras y aeropuerto —pudiendo constituir estos últimos, delitos por crimen de guerra, según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) —

RIVALIDAD ESTRATÉGICA Y OPORTUNIDAD GEOPOLÍTICA: Rusia, China y la guerra de Oriente Medio

Rusia podría estar aportando inteligencia a Irán. Mientras China podría estar esperando, para conseguir ventajas geopolíticas de la demostración de fuerza de Trump en Oriente Medio.

La guerra en Oriente Medio provocada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha reconfigurado, una vez más, el equilibrio geopolítico global. 

Más allá del enfrentamiento directo entre Washington y Teherán, el conflicto se ha convertido en un escenario donde otras potencias, como Rusia y China, observan y actúan en función de sus propios intereses estratégicos. 

Informaciones de inteligencia citadas por The Washington Post sugieren que Moscú estaría proporcionando a Irán información sobre la ubicación de activos militares estadounidenses, mientras que Pekín adopta una postura más prudente, evitando una implicación directa. 

Sin embargo, la aparente neutralidad china no implica pasividad: el nuevo conflicto puede ofrecerle oportunidades estratégicas importantes. En este contexto, la guerra no solo refleja una confrontación regional, sino también un episodio más de la competencia global entre grandes potencias.

En primer lugar, la posible cooperación entre Rusia e Irán refleja la convergencia de intereses entre ambos países frente a Estados Unidos. Según funcionarios familiarizados con información de inteligencia, Moscú habría compartido con Teherán datos sobre la ubicación de buques y aeronaves estadounidenses desde el inicio de la guerra. Aunque el alcance exacto de esta asistencia no está claro, el simple hecho de que exista sugiere un intento de Rusia por debilitar la capacidad operativa estadounidense sin implicarse directamente en el conflicto. Este comportamiento encaja dentro de la lógica de la guerra indirecta o de poder por delegación, en la cual las potencias evitan enfrentamientos directos pero apoyan a actores que desafían a su rival estratégico.

La postura rusa también debe entenderse en el marco de su rivalidad más amplia con Occidente. Desde el inicio de la ofensiva, Moscú ha condenado las acciones de Estados Unidos e Israel y ha solicitado el cese de las hostilidades. No obstante, más allá de la retórica diplomática, la ayuda de inteligencia a Irán permitiría a Rusia erosionar la influencia estadounidense en la región y aumentar el coste militar de la intervención estadounidense. En otras palabras, Moscú podría estar utilizando el conflicto como una forma de desgastar a su principal adversario geopolítico sin asumir riesgos directos.

Por otro lado, la estrategia de China parece ser mucho más cautelosa. A diferencia de Rusia, Pekín no ha mostrado señales claras de apoyar militarmente a Irán, pese a la estrecha relación entre ambos países. La postura oficial china se ha limitado a condenar los ataques y pedir un alto el fuego, una reacción que encaja con la narrativa habitual de China como defensora de la estabilidad internacional y del respeto al derecho internacional. Sin embargo, esta retórica también oculta un cálculo estratégico más profundo.

El conflicto ofrece a China una oportunidad geopolítica importante: mientras Estados Unidos concentra recursos militares, políticos y económicos en Oriente Medio, disminuye su capacidad para proyectar poder en Asia. Este desplazamiento de prioridades podría beneficiar especialmente a Pekín en cuestiones clave como Taiwán, cuya relevancia estratégica podría descender en la agenda estadounidense. En este sentido, la guerra contribuye a dispersar la atención estratégica de Washington, lo que reduce la presión sobre China en su propio entorno regional.

Además, el conflicto tiene implicaciones significativas para la competencia tecnológica y militar entre ambas potencias. La ofensiva estadounidense consume grandes cantidades de armamento avanzado, incluidos sistemas de defensa antimisiles Patriot y THAAD, así como aviones de combate F-35. Estos sistemas dependen en gran medida de semiconductores y materiales estratégicos como el galio, un mineral cuyo suministro global está dominado por China. En consecuencia, cada despliegue militar estadounidense no solo implica un gasto económico considerable, sino también un desgaste de recursos cuya reposición depende, en parte, de cadenas de suministro controladas por Pekín.

Desde esta perspectiva, la guerra puede reforzar la posición estratégica de China en la competencia industrial y tecnológica con Estados Unidos. Si Washington se ve obligado a aumentar la producción de armamento mientras continúa dependiendo de minerales críticos controlados por su rival, la capacidad de negociación de Pekín se fortalece. Esta dinámica ya quedó patente durante la guerra arancelaria entre ambos países, cuando China restringió la exportación de galio, provocando tensiones en las cadenas de suministro globales.

No obstante, el conflicto también plantea riesgos para China, especialmente en el ámbito energético. El país asiático es el principal comprador de petróleo iraní transportado por vía marítima, adquiriendo aproximadamente el 80% de esas exportaciones. En términos generales, el crudo iraní representa alrededor del 13% de las importaciones marítimas de petróleo de China. Una interrupción prolongada de este suministro podría obligar a Pekín a recurrir a fuentes más caras, lo que complicaría su estrategia económica en un momento en que la demanda energética aumenta, impulsada en parte por la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial.

Aun así, China ha intentado anticiparse a posibles crisis energéticas acumulando reservas estratégicas de petróleo. Según datos recientes, más del 80% del incremento de las importaciones de crudo del país en 2025 se destinó a almacenamiento. Esta política permite a Pekín resistir temporalmente interrupciones en el suministro y amortiguar los efectos de una subida de precios. De hecho, algunos analistas sostienen que un aumento significativo del precio del petróleo podría afectar más a Estados Unidos, especialmente si alimenta la inflación en un contexto político marcado por elecciones de mitad de mandato.

En conjunto, la situación actual revela cómo los conflictos regionales se integran en una dinámica global de competencia entre grandes potencias. 

Rusia busca aprovechar la guerra para debilitar indirectamente a Estados Unidos, mientras que China adopta una postura más calculada, evitando implicarse directamente pero beneficiándose de las consecuencias estratégicas del conflicto. 

Al mismo tiempo, Washington corre el riesgo de dispersar sus recursos militares en múltiples frentes, lo que podría reducir su capacidad para responder a desafíos en otras regiones clave.

En conclusión, la guerra en Oriente Medio no solo representa un episodio de confrontación regional, sino también un escenario donde se manifiestan las tensiones estructurales del sistema internacional contemporáneo. Rusia intenta erosionar la influencia estadounidense mediante apoyo indirecto a Irán, mientras que China observa y calcula, consciente de que cada recurso estadounidense gastado lejos de Asia puede reforzar su propia posición estratégica. 

En este complejo tablero geopolítico, el conflicto demuestra cómo las guerras locales pueden convertirse en piezas de una competencia global mucho más amplia.

POSDATA

Según The New York Times, el ejército de Estados Unidos podría ser responsable de la muerte de cerca de 180 niñas y niños, tras el bombardeo de la escuela donde estaban el primer día de la guerra,  lo cual de confirmarse, sería un crimen de guerra.

De acuerdo con investigaciones recientes del The New York Times, se ha determinado que las fuerzas de Estados Unidos son probablemente responsables del bombardeo a la escuela primaria de niñas  hajarah Tayyebeh en Minab, al sur de Irán, ocurrido el 28 de febrero de 2026.

Los puntos clave sobre este incidente son:

• Víctimas.- El ataque causó la muerte de entre 175 y 180 personas, la gran mayoría niñas de entre 7 y 12 años que se encontraban en clase en el momento del impacto.
• Investigación de NYT- Mediante el análisis de imágenes satelitales y videos verificados, el diario concluyó que el ataque se produjo de manera simultánea, a operación estadounidense contra base naval adyacente, de la Guardia Revolucionaria.
• Postura de EE. UU.- El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que el Departamento de Defensa está investigando el suceso, aunque inicialmente se había sugerido que las fuerzas israelíes podrían haber sido las responsables.
• Implicaciones legales.- La ONU y diversos expertos en derecho internacional han solicitado investigación exhaustiva, señalando que, de confirmarse la incorrecta verificación del estatus civil del edificio, el ataque podría constituir un crimen de guerra.

Este evento es considerado, como uno de los ataques aéreos más letales contra menores en la historia reciente, y ha generado una condena internacional generalizada.

Fuente: El Diario.es

POLITICA ESPAÑOLA. Feijóo diseña su estrategia en política internacional con mismos asesores de Aznar en la guerra de Irak, y así nos va.

 En el día internacional de la mujer, hemos pasado del “me gusta la fruta” de PP y Vox, al “me gusta la guerra, los bulos y la violencia de género (ver abajo Anexo I)” de Aznar, Ayuso, Feijóo y Abascal.

Del eco del “No a la guerra”: memoria política y debates actuales

El lema “No a la guerra” se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la movilización social en España a comienzos del siglo XXI. 

En 2003, millones de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y apoyada por el Gobierno español de José María Aznar. Aquellas protestas no solo cuestionaban la legitimidad de la intervención militar, sino también las razones que la justificaban, especialmente la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que con el tiempo se demostró que no existían. Dos décadas después, ese mismo lema ha sido recuperado en el debate político español, evidenciando cómo ciertos episodios del pasado siguen influyendo en la política internacional y nacional.

En este contexto, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a invocar el mensaje “No a la guerra” para expresar su rechazo a un posible ataque contra Irán. Su postura surge en respuesta a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigidas a los países que no respalden una eventual intervención. Sánchez ha dejado claro que está dispuesto a mantener su posición frente a Washington si lo considera necesario, apelando a la experiencia histórica y a la necesidad de evitar errores del pasado.

Para comprender el peso simbólico de esta discusión es imprescindible recordar el episodio conocido como la “foto de las Azores”. El 16 de marzo de 2003, Aznar se reunió con el presidente estadounidense George W. Bush y el primer ministro británico Tony Blair en la base aérea de Lajes, en el archipiélago portugués de las Azores, con la presencia del entonces primer ministro portugués José Manuel Durão Barroso como anfitrión. De aquella reunión surgió un ultimátum dirigido al presidente iraquí Sadam Husein: si Irak no procedía a su desarme, una coalición internacional intervendría militarmente. Apenas cuatro días después comenzó la ofensiva conocida como “Operación Libertad Iraquí”.

La reunión simbolizó la alineación de España con la estrategia de Washington y Londres, una decisión que generó una profunda división tanto en la sociedad española como en el ámbito internacional. Algunos aliados occidentales relevantes, como Francia, se opusieron a la intervención. Sin embargo, Aznar defendía que la acción militar contaba con respaldo en resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y que España debía asumir un papel más relevante en el escenario global, una ambición que él mismo describía como la necesidad de sacar al país del “rincón de la historia”.

El papel de los asesores y diplomáticos también fue clave en la configuración de aquella política exterior. Entre ellos destacaron Ramón Gil-Casares e Ildefonso Castro, quienes ocuparon posiciones relevantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Gil-Casares, asesor principal de Aznar en política exterior y posteriormente secretario de Estado de Asuntos Exteriores, defendió públicamente la tesis de las armas de destrucción masiva que sirvió para justificar la invasión. Años después, sería nombrado embajador de España en Estados Unidos durante el Gobierno de Mariano Rajoy y más tarde recuperado como asesor en asuntos internacionales por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, Castro ejercía como jefe de gabinete en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores durante el conflicto.

La invasión de Irak se desarrolló con rapidez en sus primeras fases. El régimen de Sadam Husein cayó en pocas semanas, aunque el líder iraquí permaneció oculto durante meses hasta su captura en diciembre de 2003. Tres años más tarde sería ejecutado. Sin embargo, el conflicto no terminó con la caída del régimen, sino que dio paso a un prolongado periodo de inestabilidad política y violencia en el país.

Dentro del propio Gobierno español también surgieron discrepancias. El entonces vicepresidente económico, Rodrigo Rato, expresó su desacuerdo con el envío de tropas españolas a Irak, lo que evidenciaba que la decisión no contaba con unanimidad incluso en el seno del Ejecutivo. Estas tensiones reflejaban el intenso debate político que generó la participación española en la guerra.

Con el paso del tiempo, la guerra de Irak se ha convertido en un referente histórico para evaluar decisiones de política exterior y el papel de España en los conflictos internacionales. La ausencia de las armas de destrucción masiva que justificaron la intervención dañó la credibilidad de los argumentos iniciales y reforzó el recuerdo de las movilizaciones ciudadanas de 2003.

Hoy, cuando el lema “No a la guerra” vuelve a aparecer en el debate público, no se trata solo de una consigna pacifista. Es también un recordatorio de las consecuencias políticas y humanas de decisiones tomadas en contextos de tensión internacional. La memoria de la guerra de Irak continúa influyendo en la forma en que España aborda los conflictos globales y en cómo la sociedad evalúa el papel de sus dirigentes en la escena internacional

Fuente: El Plural.com

España, Chipre y la defensa europea en el Mediterráneo oriental

España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre ante los ataques de Irán, que llegará el 10 de marzo como escolta del portaviones francés ‘Charles de Gaulle’

La decisión de España de enviar la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental marca un movimiento significativo dentro de la política de seguridad europea. El despliegue del buque español, que operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y unidades navales griegas, responde a la petición de apoyo realizada por Chipre tras los ataques que ha sufrido por parte de Irán y la milicia libanesa Hezbolá. Según el Ministerio de Defensa, esta operación demuestra el compromiso de España con la defensa de la Unión Europea y, en particular, con la protección de su frontera oriental.

La decisión española se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Próximo. Chipre se ha visto afectado por ataques con drones, como el que impactó en la base británica de Akrotiri y obligó a cancelar una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea prevista en la isla. Ante esta situación, el Gobierno chipriota solicitó apoyo a sus socios europeos, generando una respuesta coordinada de varios países. Grecia ha enviado fragatas y cazas F-16, Francia ha desplegado el portaaviones Charles de Gaulle, y el Reino Unido ha reforzado su presencia militar. España se suma ahora a esta movilización con el envío de su fragata más moderna.

El Gobierno español ha querido subrayar la diferencia entre este despliegue y otros escenarios militares recientes. Fuentes gubernamentales han explicado que la negativa de España a apoyar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán —y a permitir el uso de las bases de Morón y Rota para esa operación— no contradice la decisión de ayudar a Chipre. Según esta interpretación, la intervención contra Irán constituiría un acto de agresión sin cobertura jurídica clara en el derecho internacional, mientras que el apoyo a Chipre se enmarca en un acto de solidaridad con un socio europeo que solicita ayuda ante un ataque exterior. De este modo, el Gobierno defiende que una acción debilita el orden internacional y la otra refuerza la cohesión y la seguridad europeas.

La fragata Cristóbal Colón se encontraba inicialmente participando en ejercicios navales junto al grupo aeronaval francés, realizando tareas de escolta y adiestramiento avanzado. En principio no estaba previsto que acompañara al Charles de Gaulle en su despliegue hacia el Mediterráneo oriental. Sin embargo, tras conversaciones entre la ministra de Defensa española, Margarita Robles, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, el Gobierno español decidió que el buque se integrara en el grupo naval que se dirige hacia las costas de Creta. Durante su tránsito, el buque de aprovisionamiento Cantabria suministrará combustible a las unidades desplegadas.

La misión de la fragata española será principalmente defensiva. Su tarea consistirá en ofrecer protección y defensa aérea, complementando las capacidades de otras fuerzas desplegadas en la región, como la batería de misiles Patriot que el Ejército español mantiene en Turquía. Además, el buque estará preparado para colaborar en la evacuación de civiles si el conflicto se intensifica y pone en riesgo a ciudadanos europeos en la zona.

Desde el punto de vista militar, la Cristóbal Colón (F-105) representa uno de los activos más avanzados de la Armada española. Entregada en 2012, mide 146,7 metros de eslora y desplaza más de 6.000 toneladas. Está equipada con el sistema de combate Aegis y con misiles SM-2 y ESSM, capaces de interceptar aviones y misiles a gran distancia. Su dotación habitual supera los 200 tripulantes y puede reforzarse con equipos especializados para operaciones complejas. Estas capacidades la convierten en una plataforma adecuada para misiones de defensa aérea y protección de flotas.

La decisión de enviar este buque refleja también la dimensión política del conflicto. Chipre no pertenece a la OTAN, pero sí a la Unión Europea, lo que convierte su seguridad en una cuestión relevante para la política exterior y de defensa europea. Además, el país ocupa actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, lo que añade un elemento simbólico a la respuesta de los socios comunitarios.

En definitiva, el despliegue de la fragata Cristóbal Colón ilustra cómo España intenta equilibrar sus principios de política exterior con sus compromisos europeos. Al rechazar participar en una ofensiva militar que considera contraria al derecho internacional, pero al mismo tiempo responder a la petición de ayuda de un Estado miembro de la UE, el Gobierno busca proyectar una imagen de defensa del multilateralismo y de la seguridad colectiva europea. En un escenario internacional cada vez más inestable, este tipo de decisiones muestran cómo la política de defensa se convierte también en un instrumento de posicionamiento diplomático y estratégico dentro de Europa.

Fuente: El País.com

Manipulación informativa y tensión política en la política exterior española

El PP manipula un vídeo de Margarita Robles para acusar al Gobierno de apoyar a Trump

En los últimos años, el debate político en España se ha visto cada vez más condicionado por la difusión de informaciones manipuladas y la instrumentalización de fragmentos de vídeo o declaraciones fuera de contexto. Un ejemplo reciente de esta dinámica ha surgido a raíz del encuentro entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr. Lo que inicialmente era una reunión diplomática rutinaria terminó convirtiéndose en objeto de controversia política tras la difusión de un vídeo editado que, según el Gobierno, tergiversa las palabras de la ministra.

La reunión tuvo lugar en la tarde de un miércoles y estaba programada con anterioridad a unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que amenazaba a España. Como es habitual en este tipo de encuentros, la cita se celebró a puerta cerrada, aunque durante los momentos previos se permitió a los medios tomar imágenes de recurso. Fue precisamente durante ese breve lapso de tiempo cuando se grabaron unas palabras informales de Robles dirigidas al embajador y a su equipo, preguntándoles si deseaban tomar algo y si la calefacción de la sala estaba a su gusto. La ministra, que se definió a sí misma como “muy friolera”, incluso ofreció apagarla si resultaba incómoda.

Sin embargo, la polémica surgió cuando algunos medios de orientación conservadora y dirigentes del Partido Popular difundieron un fragmento alterado de ese momento. En la versión difundida, el vídeo se corta en medio de una frase de Robles, lo que permite interpretar de manera interesada sus palabras. Además, según denuncian desde el Gobierno, se añadieron subtítulos que sugerían que la ministra había afirmado: “no, no, yo estoy con Trump, lo que pasa que a veces aquí la gente”. Desde el Ministerio de Defensa y desde Moncloa se ha negado rotundamente esta interpretación, señalando que lo que realmente decía Robles era que ella estaba “cómoda” en la sala, en referencia al ambiente y la temperatura.

El Ejecutivo ha calificado el episodio como una “manipulación interesada” de una conversación trivial y de cortesía. Según fuentes gubernamentales, convertir una charla circunstancial sobre bebidas o calefacción en una declaración política constituye una distorsión deliberada de la realidad. Para Moncloa, este tipo de prácticas no solo representan una mentira, sino que además evidencian la falta de argumentos políticos sólidos por parte de quienes recurren a ellas.

Este episodio se enmarca en un contexto de fuerte confrontación política. El líder del Partido Popular ha reiterado en diversas ocasiones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “siempre miente”, una acusación que forma parte de una estrategia discursiva basada en la deslegitimación personal del adversario político, propia de la extrema derecha. Paralelamente, el propio líder popular ha criticado la supuesta incoherencia del Ejecutivo al defender públicamente una posición de “no a la guerra” mientras España mantiene compromisos militares con aliados internacionales.

La controversia se ha intensificado en relación con la posible participación española en misiones de apoyo en el Mediterráneo oriental, particularmente en torno a Chipre. Ante estas críticas, Margarita Robles explicó en una entrevista que existe una diferencia fundamental entre una misión de ataque y una misión de defensa. Según la ministra, España mantendrá siempre su compromiso con la Unión Europea y con los principios de paz y seguridad colectiva. En caso de que socios europeos soliciten apoyo, el Gobierno estudiará la situación y tomará las decisiones oportunas dentro del marco de sus obligaciones internacionales.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que cualquier posible apoyo militar a Chipre sería una cuestión a valorar en el contexto de la solidaridad entre socios de la Unión Europea. No obstante, insistió en que este tipo de cooperación defensiva no debe confundirse con la participación en una agresión militar, como el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El aumento de la tensión regional ha tenido ya repercusiones en el ámbito de la OTAN. Recientemente se interceptó un misil dirigido hacia el espacio aéreo de Turquía, país miembro de la Alianza Atlántica. Aunque Irán ha negado ser responsable del lanzamiento, el incidente ha puesto de manifiesto el riesgo de escalada en la zona. Robles confirmó que el misil fue monitorizado por la batería Patriot desplegada por el Ejército español en Adana, en el sur de Turquía, desde hace aproximadamente una década. Según explicó la ministra, la información proporcionada por este sistema permitió que un destructor estadounidense en el Mediterráneo oriental procediera a su interceptación.

En este contexto de creciente tensión internacional, la ministra también aclaró el contenido de su reunión con el embajador estadounidense. Según Robles, transmitió a Benjamín León Jr. un mensaje claro: España sigue siendo un país firmemente comprometido con sus aliados. No obstante, también le comunicó que el Gobierno español no autorizará el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones estadounidenses relacionadas con el conflicto contra Irán.

En definitiva, el episodio refleja cómo, en el actual clima político, incluso una conversación protocolaria puede convertirse en objeto de confrontación y manipulación. La difusión de contenidos editados o sacados de contexto no solo distorsiona el debate público, sino que contribuye a erosionar la confianza ciudadana en la información política. En un momento marcado por tensiones internacionales y decisiones estratégicas complejas, el rigor informativo y la responsabilidad política se vuelven más necesarios que nunca.

Fuente: rtve.es

ENCUESTAS. Los españoles dicen ‘no a la guerra’, aprueban el papel de Sánchez y condenan a Feijóo

El antibelicismo de la sociedad española frente a la deriva de las derechas belicistas que se pierden en su apoyo cerrado a Trump y Netanyahu

La sociedad española ha mostrado históricamente una fuerte inclinación hacia el antibelicismo y hacia la defensa de los pueblos que sufren las consecuencias de conflictos internacionales. Esta actitud hunde sus raíces en la memoria colectiva de un país que conoce bien los efectos devastadores de la guerra y que, por ello, suele posicionarse con firmeza frente a las intervenciones militares que arrasan territorios enteros bajo el pretexto de defender la libertad. En este contexto, amplios sectores de la ciudadanía continúan enarbolando el lema del “no a la guerra” y observan con preocupación cómo determinadas fuerzas políticas se alinean con políticas belicistas en el ámbito internacional.

En la actualidad, este contraste se refleja especialmente en la postura de los partidos de la derecha española. Mientras que una parte importante de la opinión pública expresa su rechazo a las operaciones militares impulsadas por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo —que han provocado graves consecuencias humanitarias en territorios como Palestina, Líbano o Irán—, los principales partidos conservadores, el Partido Popular (PP) y Vox, han mostrado posiciones más cercanas a dichas actuaciones. Esta distancia entre la dirigencia política y la opinión de la ciudadanía ha generado un debate intenso sobre el papel que España debe desempeñar en el escenario internacional.

El llamado “antisanchismo”, que constituye uno de los ejes del discurso político de la oposición conservadora, ha llevado en muchas ocasiones a atribuir al Gobierno central responsabilidades por problemas de muy distinta índole, desde cuestiones locales hasta decisiones de política internacional. Sin embargo, esta estrategia encuentra límites cuando se enfrenta a la percepción mayoritaria de la ciudadanía en temas de gran trascendencia, como los conflictos armados y el respeto al derecho internacional. Cuando líderes internacionales como Donald Trump o Benjamín Netanyahu adoptan decisiones controvertidas que vulneran normas internacionales, una parte importante de la sociedad española espera que su país mantenga una posición independiente y crítica, en lugar de alinearse automáticamente con esas potencias.

Los datos de opinión pública reflejan claramente esta tendencia. Según una encuesta flash realizada por 40db y publicada por El País y la Cadena SER, el 68,2% de los españoles rechaza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, mientras que solo el 23,2% la apoya. El resto de los encuestados opta por no pronunciarse. Aunque el rechazo es especialmente elevado entre quienes se identifican con partidos de izquierda —como PSOE, Podemos o Sumar—, también aparece con fuerza entre votantes de derecha, particularmente entre simpatizantes del PP.

El desglose por preferencias políticas resulta revelador. Entre los electores situados a la izquierda del PSOE, apenas un 4% respalda la ofensiva militar, cifra que aumenta ligeramente hasta el 9% entre votantes socialistas, pero que sigue siendo claramente minoritaria. En el ámbito conservador, el apoyo tampoco alcanza la mayoría: el 36% de los votantes del PP se muestra favorable al ataque. Entre los simpatizantes de Vox existe una división más marcada, ya que el 53% aprueba la actuación militar, lo que implica que casi la mitad de sus votantes tampoco la respalda.

Estas diferencias también se reflejan en la valoración de los líderes políticos españoles. Según el mismo sondeo, las decisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reciben el apoyo del 42,2% de los encuestados, frente al 18,7% que respalda la actuación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Llama la atención que el apoyo a Sánchez se extienda incluso más allá de su propio electorado: ocho de cada diez votantes socialistas o situados a su izquierda respaldan su postura, pero también lo hacen dos de cada diez votantes del PP e incluso un 12% de los de Vox.

Por el contrario, Feijóo obtiene su respaldo principal en su propio partido, aunque ni siquiera allí logra un apoyo mayoritario claro: solo la mitad de sus votantes aprueba su actuación. En el resto del espectro político su respaldo es mucho menor, alcanzando un 23% entre votantes de Vox, un 7% entre simpatizantes de Podemos o Sumar y apenas un 4% entre los del PSOE. En cuanto a los líderes internacionales implicados, Donald Trump y Benjamín Netanyahu cuentan con niveles de apoyo muy reducidos en España, del 13% y el 11% respectivamente, concentrados principalmente entre votantes de Vox y, en menor medida, del PP.

Más allá de las valoraciones generales sobre la guerra, la encuesta también analiza el respaldo a decisiones concretas adoptadas por el Gobierno español. Una de las más controvertidas ha sido la negativa a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón como puntos de apoyo logístico para las operaciones militares. Esta decisión ha recibido críticas y presiones desde Washington y Tel Aviv, pero la opinión pública española parece respaldarla: el 53,2% de los encuestados está a favor de no ceder dichas instalaciones, mientras que el 25,8% se muestra en contra.

Otras medidas relacionadas con la política de defensa también cuentan con un apoyo mayoritario. El envío de una fragata a Chipre para participar en operaciones defensivas coordinadas por países de la Unión Europea es respaldado por el 61,5% de los ciudadanos. Del mismo modo, la negativa del Gobierno español a implicarse militarmente en las operaciones de Estados Unidos e Israel recibe una valoración positiva del 56,9%, frente a solo un 21,4% que se opone.

En conjunto, estos datos sugieren que la sociedad española mantiene una posición claramente crítica frente a las intervenciones militares en el exterior y respalda, en su mayoría, una política exterior basada en la prudencia, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones diplomáticas. Aunque el debate político interno continúa siendo intenso y polarizado, la opinión pública parece coincidir en un punto fundamental: el rechazo a la guerra como herramienta para resolver conflictos y la defensa de una política internacional orientada a la paz.

Fuente: Cadena Ser.

ANEXO I

Respecto la evidente negación de la violencia de género de Vox y PP

Basado en informes de partidos políticos (PSOE) y noticias de seguimiento de la política autonómica en España entre 2024 y principios de 2026, se han identificado diversas medidas en gobiernos autonómicos de coalición PP-Vox (o apoyados por Vox) que han sido señaladas como retrocesos en derechos de las mujeres e igualdad.

Aunque Vox salió de los gobiernos autonómicos en julio de 2024, el PP continúa gobernando en la mayoría de esas comunidades, manteniendo políticas influenciadas por los pactos previos.

Ejemplos destacados de medidas (2024-2026):

• Cambio de terminología en violencia de género.- Varias comunidades gobernadas por PP y Vox han sustituido el término "violencia de género" o "violencia machista" por "violencia intrafamiliar" o "violencia doméstica" en documentos oficiales y campañas, equiparando la violencia de pareja con otras formas de violencia doméstica, lo que según asociaciones feministas invisibiliza la violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
• Reducción de subvenciones a asociaciones feministas.- Se han recortado o eliminado ayudas económicas a asociaciones de mujeres y colectivos feministas que trabajaban en la prevención de violencia machista y la igualdad de género.
• Eliminación de áreas de Igualdad.- En diversos ayuntamientos y algunas áreas autonómicas, se han suprimido las concejalías o direcciones generales específicas de Igualdad, integrándolas en consejerías de Familia o Políticas Sociales, lo que se interpreta como una pérdida de relevancia institucional de las políticas de género.
• Modificación de leyes de igualdad autonómicas.- Se han iniciado o planteado procesos para modificar leyes de igualdad previas, buscando eliminar conceptos como la "ideología de género" o reducir la obligatoriedad de los planes de igualdad.
• Políticas de fomento de la natalidad vs. igualdad laboral.- Fuerte enfoque en ayudas a la natalidad sin medidas complementarias de corresponsabilidad, lo que críticos señalan fomenta un rol tradicional de la mujer.
• Rechazo a medidas contra la violencia económica.- PP y Vox han rechazado en el Senado (2025) mociones destinadas a luchar contra la violencia económica que se ejerce sobre las mujeres. 

Contexto temporal (2024-2026):

• 2024.- Consolidación de los pactos PP-Vox tras las elecciones de 2023, con la identificación por parte de la oposición de más de 130 medidas de retroceso en 131 ayuntamientos y varias comunidades.
• 2025-2026.- A pesar de la salida de Vox de los gobiernos, el PP ha mantenido gran parte de la estructura de estas políticas. En 2025 y principios de 2026, se han seguido solicitando derogaciones de la Ley Trans a nivel autonómico y se acusa al PP de mantener el marco ideológico de Vox en la ruptura de consensos de igualdad. 

Estas acciones son calificadas por el PSOE y movimientos feministas como un "mapa de la vergüenza" que supone un retroceso en derechos consolidados, mientras que PP y Vox defienden estas medidas como una reorientación hacia la "igualdad real" y la protección de la familia

Fuente: Agencias

Los límites del poder presidencial de Trump ante la política comercial

 La política comercial de Estados Unidos ha vuelto a situarse en el centro del debate jurídico y político tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles globales a las importaciones.

Más de veinte estados han presentado una demanda para impugnar estas medidas, argumentando que el mandatario se ha excedido en sus atribuciones constitucionales.

 Este conflicto no solo refleja una disputa política entre el gobierno federal y varios estados liderados por fiscales generales demócratas, sino también un debate más profundo sobre los límites del poder presidencial en materia económica y comercial.

Los nuevos aranceles, que alcanzan hasta el 15% para gran parte de los socios comerciales de Estados Unidos, fueron impuestos tras un revés judicial significativo. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló previamente un amplio conjunto de tarifas aplicadas por el gobierno bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Como respuesta, el presidente recurrió a otro instrumento legal: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición permite al presidente imponer aranceles temporales de hasta el 15%, aunque solo por un periodo máximo de cinco meses, salvo que el Congreso decida prorrogarlos.

La demanda presentada por los estados está liderada por los fiscales generales de Oregón, Arizona, California y Nueva York. Estos sostienen que la Sección 122 fue diseñada para situaciones muy específicas y limitadas, relacionadas con problemas graves de pagos internacionales, y no para establecer aranceles generalizados a las importaciones. Según los demandantes, el uso de esta herramienta para justificar tarifas amplias distorsiona el propósito original de la norma y representa un intento de eludir la decisión judicial que invalidó las medidas anteriores.

Desde la perspectiva del presidente, sin embargo, los aranceles son una herramienta fundamental para corregir el persistente déficit comercial de Estados Unidos. Este déficit, entendido como la diferencia entre lo que el país exporta y lo que importa, ha sido durante décadas un punto central en el discurso económico del mandatario. Trump sostiene que gravar los productos extranjeros ayuda a proteger la industria nacional y a reducir la dependencia de bienes producidos en el exterior.

Los críticos, incluidos los estados que impulsan la demanda, rechazan esta interpretación. Argumentan que el déficit comercial no constituye un “problema fundamental de pagos internacionales”, tal como lo plantea la Sección 122. Históricamente, esta disposición surgió durante las crisis monetarias de las décadas de 1960 y 1970, cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro y el sistema financiero internacional enfrentaba fuertes tensiones. En aquel contexto, varios países intercambiaban dólares por oro a un tipo de cambio fijo, lo que amenazaba con desestabilizar la moneda estadounidense y provocar turbulencias en los mercados financieros. Sin embargo, ese sistema dejó de existir cuando el vínculo entre el dólar y el oro fue abandonado, lo que para muchos analistas vuelve obsoleta la aplicación actual de la norma.

Un elemento particularmente llamativo del caso es que el propio Departamento de Justicia del gobierno estadounidense había sostenido anteriormente que la Sección 122 no tenía una “aplicación obvia” para abordar los déficits comerciales. En un escrito judicial del año pasado, el departamento argumentó que dichos déficits son “conceptualmente distintos” de los problemas de balanza de pagos contemplados por la legislación. Esta posición previa debilita la defensa actual del gobierno y refuerza los argumentos de los estados demandantes.

Más allá de la disputa legal, el caso pone de relieve una cuestión fundamental en la política estadounidense: el equilibrio de poderes entre el presidente, el Congreso y el sistema judicial. 

La Constitución otorga al Congreso la autoridad principal sobre el comercio internacional, pero a lo largo del tiempo se han aprobado leyes que delegan ciertas facultades al poder ejecutivo. El conflicto actual gira precisamente en torno a hasta qué punto esas delegaciones permiten al presidente actuar de manera unilateral en materia de aranceles.

En última instancia, el desenlace de esta demanda podría tener consecuencias significativas para la política comercial de Estados Unidos. Si los tribunales fallan a favor de los estados, se reforzaría la idea de que el presidente no puede utilizar disposiciones legales pensadas para situaciones excepcionales como instrumento general de política económica. Por el contrario, si la administración logra defender su interpretación, se ampliaría considerablemente el margen de acción del poder ejecutivo en el ámbito comercial.

Así, el caso no solo trata sobre aranceles o déficits comerciales, sino sobre el alcance del poder presidencial y el papel de la ley en la regulación de la economía global. 

La decisión final podría redefinir cómo Estados Unidos equilibra sus intereses económicos con los principios institucionales que rigen su sistema político.

Fuente: Telemundo.com

Rusia ante el conflicto en Oriente Medio: pragmatismo, distancia y cálculo geopolítico.

 La reciente escalada de violencia en Oriente Medio, desencadenada tras el ataque llevado a cabo por Israel y Estados Unidos contra Irán, ha generado una profunda preocupación en el escenario internacional.

Sin embargo, la reacción de Rusia ha sido especialmente reveladora respecto a su actual estrategia geopolítica. 

A través de las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Moscú ha dejado claro que no considera este conflicto como propio. La frase “la guerra en curso no es nuestra guerra” resume con contundencia la postura rusa: combinación de distanciamiento, pragmatismo y defensa de intereses nacionales.

En primer lugar, el Gobierno de Vladímir Putin se encuentra inmerso en su propio conflicto prolongado con Ucrania, que ya se extiende desde hace cuatro años. Esta situación condiciona profundamente la política exterior rusa. Mantener recursos militares, económicos y políticos concentrados en ese frente limita la capacidad y la voluntad del Kremlin de involucrarse en nuevos escenarios bélicos. En ese contexto, Rusia evita asumir responsabilidades directas en la nueva crisis de Oriente Medio y rechaza la idea de que pueda desempeñar un papel decisivo para detener la guerra.

Peskov fue claro al respecto al afirmar que Rusia no tiene la capacidad de frenar el conflicto. Según su argumentación, únicamente los actores que iniciaron las hostilidades —en su opinión, Estados Unidos e Israel— tienen el poder de detenerlas. Esta afirmación además de reflejar la postura diplomática, también hace una crítica directa a la intervención militar occidental en la región. Moscú sostiene que la ofensiva fue provocada bajo un pretexto “inventado”, relacionado con los supuestos intentos de Irán de obtener armas nucleares, y que esta acción ha desencadenado una peligrosa cadena de acontecimientos que amenaza con desestabilizar aún más Oriente Medio.

A pesar de la proximidad política entre Rusia e Irán en varios ámbitos, el Kremlin también ha marcado límites claros a su implicación militar. Peskov aseguró que Teherán no ha solicitado ayuda militar a Moscú, incluido el suministro de armamento. Esta declaración sugiere que, al menos por el momento, Rusia no pretende abrir un nuevo frente indirecto mediante el apoyo militar a Irán. La cautela responde en gran parte al interés de evitar una escalada global que pudiera agravar aún más las tensiones internacionales o afectar negativamente a la economía rusa.

Precisamente el factor económico ocupa un lugar central en la postura del Kremlin. Peskov reconoció abiertamente que Rusia debe actuar en función de su propio beneficio, incluso si esa postura puede parecer “cínica”. La prioridad del Gobierno ruso es minimizar el impacto de las convulsiones globales sobre su economía. En un contexto de sanciones internacionales y de gasto militar prolongado, cualquier nueva crisis mundial puede tener repercusiones directas en los mercados energéticos, el comercio y la estabilidad financiera del país.

No obstante, el distanciamiento militar no implica una ruptura de las relaciones con Irán. Al contrario, ambos países mantienen una cooperación activa en diversos ámbitos, especialmente en el económico y energético. Durante una visita a la residencia del embajador iraní en Moscú, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, subrayó que los proyectos conjuntos continuarán “independientemente de los desafíos que surjan”. Incluso se ha firmado recientemente un acuerdo dentro de la comisión intergubernamental que establece un calendario de trabajo para múltiples áreas de cooperación. Este gesto evidencia que Rusia busca preservar sus alianzas estratégicas sin comprometerse militarmente en el conflicto.

Por otro lado, la diplomacia rusa ha reforzado su discurso crítico hacia Estados Unidos e Israel. El Ministerio de Exteriores ruso acusa a ambos países de intentar “sembrar la discordia” entre las naciones musulmanas, especialmente durante el Ramadán, un periodo de gran significado religioso. Según Moscú, la ofensiva habría sido diseñada para provocar una respuesta iraní que implicara a otros países árabes, ampliando así el conflicto y generando víctimas y daños materiales en la región. Además, Rusia sostiene que esta escalada también desvía la atención internacional de la situación del pueblo palestino, que el Kremlin describe como “catastrófica”.

La preocupación rusa se extiende también a las posibles consecuencias regionales de la guerra. Moscú advierte que la continuidad de las operaciones militares, incluida la nueva invasión israelí del Líbano, podría agravar aún más la inestabilidad en Oriente Próximo. Desde su perspectiva, la única vía para evitar una mayor desestabilización es un cese inmediato de las hostilidades y el fin de lo que denomina la “agresión estadounidense-israelí”. Esta posición le permite a Rusia presentarse como un actor que aboga por la paz, al tiempo que refuerza su narrativa crítica frente a Occidente.

En conclusión, la reacción de Rusia ante el conflicto en Oriente Medio refleja una estrategia basada en el cálculo pragmático. Moscú busca mantener distancia militar, proteger sus intereses económicos y aprovechar el contexto para reforzar su discurso geopolítico contra Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, preservar sus relaciones estratégicas con Irán en el ámbito económico y diplomático. De este modo, el Kremlin intenta equilibrar su papel internacional sin comprometerse en una guerra que, como ha señalado Peskov con claridad, no considera propia.

Fuente: Agencias