ANALISIS Y OPINIÓN. De la vivienda como factor de pobreza laboral en España, consecuencia de la desconexión del PP, Vox y la CEOE de la realidad española.

 

     INTRODUCCIÓN

En la España contemporánea existe una paradoja inquietante: tener un empleo no garantiza la capacidad de vivir dignamente. El trabajo, aquella actividad que históricamente se consideraba la puerta de salida hacia la estabilidad económica, se ha convertido para millones de personas en una condición necesaria, pero insuficiente para escapar de la pobreza. El factor que explica esta contradicción no es otro que la vivienda: un derecho fundamental que se ha transformado en un lujo para amplios sectores de la población trabajadora. Este artículo analiza cómo el coste de la vivienda intensifica la desigualdad social y cómo el régimen de tenencia se ha convertido en uno de los principales determinantes de la vulnerabilidad económica en nuestro país.

El Alcance de la Pobreza Laboral en España

Según el informe "Cuando trabajar no es suficiente" publicado por Oxfam Intermón, aproximadamente tres millones de personas trabajadoras en España se encuentran en situación de pobreza laboral una vez descontados los gastos de vivienda. Estas cifras no son meras abstracciones estadísticas; representan a millones de individuos que se despiertan cada mañana para dirigirse a sus trabajos, cumplen sus obligaciones laborales y, sin embargo, regresan a hogares donde la ecuación económica básica no cierra.

Lo particularmente revelador de estos datos es el impacto específico del costo de la vivienda. Mientras que sin contabilizar este gasto la tasa de pobreza laboral se sitúa en el 11,48%, una vez incorporados los costos de alquiler, hipoteca e impuestos asociados, esta cifra salta al 15,49%. Esto significa que 770.000 trabajadores adicionales caen por debajo del umbral de pobreza simplemente porque sus ingresos no pueden absorber los gastos derivados de tener un techo bajo el cual vivir. La vivienda, por tanto, no es un problema marginal sino una crisis estructural que afecta a casi cuatro puntos porcentuales de incremento en la tasa de pobreza laboral.

La brecha entre propietarios e inquilinos

Quizás el aspecto más dramático del informe es la disparidad abismal entre propietarios e inquilinos. Este contraste no es accidental sino el reflejo directo de cómo el régimen de tenencia determina la vulnerabilidad económica de los hogares españoles.

Para quienes poseen la vivienda en propiedad:

• Completamente pagada, el impacto es prácticamente nulo. Pues la tasa de pobreza laboral apenas disminuye del 8,19% al 7,95%.
• Incluso aquellos que aún afrontan una hipoteca presentan un incremento modesto, del 7,77% al 10,22%.

Estas cifras sugieren que el peso de los costes de vivienda para propietarios es, en términos relativos, asumible dentro de sus estructuras de ingresos.

Sin embargo, la realidad de los inquilinos es diametralmente opuesta. Para quienes viven de alquiler a precio de mercado, la brecha es catastrófica:

• Antes de pagar el alquiler de vivienda, el 19,35% se encuentra en pobreza laboral
• Después de abonada la renta, esta cifra se dispara al 34,08%, un incremento de casi quince puntos porcentuales.

Traducido a términos humanos, esto significa que una de cada tres personas trabajadoras que vive de alquiler en el mercado libre se encuentra en situación de pobreza después de satisfacer este gasto básico.

La crisis del alquiler de mercado libre

El estudio de Oxfam Intermón identifica una paradoja reveladora que merece especial atención: la pobreza entre los inquilinos del mercado libre es más elevada que entre quienes acceden a alquileres subvencionados, pese a que estos últimos parten de una situación económica inicialmente más desfavorable. Esta inversión de expectativas ilustra de manera contundente cómo los precios del mercado privado han alcanzado niveles patológicos, capaces de precipitar a cientos de miles de trabajadores hacia la precariedad económica incluso cuando mantienen un empleo.

Los números son elocuentes:

• Mientras que la tasa de pobreza laboral entre beneficiarios de vivienda social o protegida asciende del 23,57% al 31,28% tras pagar la vivienda,
• La de los inquilinos de mercado libre escala desde el 19,35% hasta el 34,08%,tras abonar al renta

La diferencia, aunque parezca modesta en porcentajes, representa miles de familias cuya única diferencia es el precio del alquiler que pagan. Esto no es un problema de ineficiencia del mercado, sino evidencia de un colapso sistemático en la capacidad del sistema de vivienda español para garantizar derechos fundamentales a los trabajadores.

La vivienda como eje de desigualdad social

La conclusión más perturbadora del informe es que el régimen de tenencia se ha convertido en uno de los principales determinantes de la desigualdad social en España. No se trata simplemente de que algunos tengan más que otros, sino de que el acceso a la propiedad o al alquiler asequible determina prácticamente de manera binaria quién permanecerá en la clase trabajadora y quién caerá en la pobreza a pesar de estar empleado.

Esta realidad cuestiona los fundamentos de la meritocracia y la justicia social. Una persona puede ser trabajadora responsable, puntual, dedicada y productiva, pero si vive de alquiler en el mercado libre, es estadísticamente bastante probable que se encuentre en situación de pobreza tras pagar su vivienda.

Por el contrario, alguien que, por circunstancias de herencia, antigüedad o fortuna, posee una vivienda pagada tiene una posición económica infinitamente más sólida, incluso con ingresos similares. Esta brecha no refleja diferencias en productividad, esfuerzo o talento, sino simplemente el régimen de tenencia.

Reflexión personal sobre la erosión de la capacidad adquisitiva

El informe subraya un proceso inquietante: el encarecimiento de las rentas está erosionando de manera sistemática la capacidad adquisitiva de los hogares españoles.

 Este fenómeno no es una fluctuación temporal sino una tendencia estructural que convierte el acceso a la vivienda en uno de los principales motores de vulnerabilidad económica del país.

Cuando una de cada tres personas trabajadoras que vive de alquiler cae por debajo del umbral de pobreza tras pagar su renta, nos enfrentamos a un fracaso de las instituciones públicas en garantizar un derecho fundamental reconocido en la Constitución española.

No es un problema de trabajadores perezosos o improvistos, tal y como asegura la Sra. Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, y el señor Feijóo, líder de la oposición, y candidato del PP a la Presidencia del Estado, a los que, se une el señor Abascal, líder de Vox, e igualmente candidato a la Presidencia del Estado.

Sino que estamos ante un mercado de la vivienda desconectado de la realidad salarial de la población, afectado por la libertad de mercado que la Sra. Ayuso y resto de Presidentes o Presidentas del PP (con el visto bueno de Feijóo) han permito que los fondos buitre se hagan mil millonarios con el regalo de cientos de miles de viviendas de protección oficial para vender o alquilar las mismas. 

¿Y vamos a dejar que esos desalmados gobiernen el país?

Pues si llegan a gobernar estos, tras privatizar Sanidad, Educación y Vivienda, solo les quedan las pensiones por vender. 

Y aunque Feijóo y compañía, juren y perjuren  que no lo van a hacer, si salen elegidos esta pandilla de maleantes, apuesto a que las privatizarán también, y estoy seguro que no pierdo la apuesta, porque siempre juego a caballo ganador y cuando tengo la absoluta seguridad de ganar.

CONCLUSIÓN

El informe de Oxfam Intermón revela una verdad incómoda que cuestiona los pilares del modelo económico español: tener un techo bajo el cual vivir y podérselo permitir son, efectivamente, dos cosas completamente distintas para millones de españoles. El trabajo, ese acto que debería garantizar dignidad y estabilidad, resulta insuficiente cuando la vivienda consume una proporción desproporcionada de los ingresos.

La brecha entre propietarios e inquilinos no es meramente económica sino existencial: determina quién permanecerá dentro del sistema y quién caerá hacia la precariedad, incluso manteniendo un empleo. Mientras no se aborde de manera estructural la crisis del acceso a la vivienda, particularmente la del alquiler de mercado libre, España seguirá generando trabajadores pobres, alimentando una desigualdad que la meritocracia no puede justificar ni el crecimiento económico resolver.

La solución requiere intervenciones públicas ambiciosas:

1. Control de precios del alquiler.
2. Expansión de la vivienda social y pública.
3. Aplicación de la Ley de vivienda en todo el Estado español
4.  Y una reconfiguración del régimen de tenencia que devuelva a la vivienda su carácter de derecho fundamental en lugar de convertirla en el principal factor de estratificación social.

Solo así, el trabajo volverá a ser, para quienes lo desempeñan, el camino hacia la dignidad, la libertad y la estabilidad económica.

Fuente: Oxfam Intermón 

RUSIA, UCRANIA, EE.UU. Y EUROPA. De la guerra, los intereses políticos y del peligro de la capitulación sin más.

 

Quiero empezar recordando que la guerra entre Rusia y Ucrania, la inició de facto Rusia (no hubo declaración de guerra como tal) cuando invadió territorio continental de Ucrania. 

Aunque previamente ya había invadido otras regiones ucranianas como la península de Crimea (con un ataque de falsa bandera) que luego se anexionó. Y del mismo modo que pasó con Hitler, cuando invadió Austria, Checoslovaquia  (actualmente, Chequia y Eslovaquia) o Lituania, donde Europa calló y no dijo nada, lo cual acrecentó las ansias de conquista del dictador nazi, que ahora está ocurriendo igual con la Rusia de Putin, que ya veremos como y cuando acaba esta guerra.

INTRODUCCIÓN

La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser únicamente un conflicto territorial y militar para convertirse también en un escenario de tensiones diplomáticas, intereses económicos y enfrentamientos políticos entre los principales dirigentes internacionales. Las recientes declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y del presidente estadounidense, Donald Trump, ponen de manifiesto una profunda discrepancia sobre cómo debe terminar la guerra, quién debe asumir los costes de la paz y qué precio está dispuesta a pagar Ucrania para alcanzar un acuerdo con Rusia.

A esta situación se suma la postura de Trump respecto a Europa, especialmente sus declaraciones sobre los disturbios en Francia y su defensa de una política migratoria extremadamente restrictiva. Todo ello plantea una cuestión fundamental: ¿estamos ante una estrategia para alcanzar la paz o ante una nueva forma de presión política que puede poner en peligro la soberanía de los países y la estabilidad europea?

El riesgo de una paz impuesta a Ucrania

Las declaraciones de Zelenski reflejan su preocupación por lo que considera una presión creciente de Washington para que Ucrania acepte unas condiciones de paz desfavorables. El mandatario ucraniano sostiene que determinadas decisiones estadounidenses, como las limitaciones en el suministro de misiles Patriot, las restricciones al uso militar de Starlink y las negociaciones relacionadas con el diésel ruso, podrían debilitar la capacidad defensiva de su país.

Desde la perspectiva ucraniana, resulta difícil aceptar que sus aliados reduzcan la asistencia militar mientras le exigen moderar sus operaciones contra infraestructuras estratégicas rusas. Zelenski argumenta que Ucrania ha pagado por parte del armamento cuyo suministro sigue pendiente y propone una posible negociación: reducir determinados ataques contra instalaciones petroleras rusas a cambio de recibir más medios para proteger sus ciudades e infraestructuras.

Esta postura evidencia una contradicción importante. Si Estados Unidos desea que Ucrania se siente a negociar desde una posición de mayor debilidad militar, el resultado podría ser un acuerdo que ponga fin a los combates, pero que no garantice una paz duradera. Una capitulación impuesta no equivale necesariamente a una reconciliación ni elimina las causas que originaron el conflicto.

No obstante, también sería necesario distinguir entre las decisiones concretas de la Administración estadounidense y la interpretación que Zelenski hace de ellas. Las declaraciones del presidente ucraniano expresan la preocupación de una de las partes implicadas y no demuestran, por sí solas, que Washington tenga como objetivo deliberado forzar la rendición de Ucrania, aunque esto finalmente pudiera terminar ocurriendo.

Trump y la lógica de la negociación

Por su parte, Donald Trump acusa a Zelenski de no querer terminar la guerra y sostiene que Ucrania habría podido obtener mejores condiciones en negociaciones anteriores. Su argumento se apoya en el coste económico y humano del conflicto, las pérdidas territoriales ucranianas y la necesidad de evitar que continúe una guerra que afecta también a la economía internacional.

Trump defiende que determinadas decisiones, como no imponer nuevas sanciones a Rusia o permitir acuerdos comerciales relacionados con sus combustibles, pueden contribuir a mantener abierto el canal diplomático. Desde esta perspectiva, la prioridad estadounidense sería evitar que Moscú abandone las negociaciones y conseguir avances concretos, entre ellos los intercambios de prisioneros.

Sin embargo, esta estrategia presenta riesgos. Cuando una potencia que proporciona ayuda militar y económica a un país invadido utiliza esa asistencia como instrumento de presión, puede alterar el equilibrio entre las partes negociadoras. Rusia podría interpretar las divisiones entre Washington, Kiev y sus aliados europeos como una oportunidad para obtener mayores concesiones.

La diplomacia requiere flexibilidad, pero también necesita límites. Un acuerdo que ignore las garantías de seguridad de Ucrania podría detener temporalmente las hostilidades sin impedir que se reanuden en el futuro. Por ello, la verdadera medida del éxito no debería ser únicamente la rapidez con la que se firma un acuerdo, sino su capacidad para evitar una nueva guerra.

Los intereses económicos detrás del conflicto

Las referencias al diésel, las refinerías y las sanciones demuestran que la guerra también está vinculada a intereses energéticos y comerciales. Las infraestructuras petroleras rusas constituyen una fuente de ingresos para Moscú, mientras que los ataques ucranianos contra ellas pueden afectar a la producción, los mercados y los precios internacionales de los combustibles.

Trump sostiene que estos ataques perjudican también a agricultores, ganaderos y empresas estadounidenses. Su preocupación por las consecuencias económicas puede formar parte de una estrategia orientada a proteger determinados intereses nacionales y a reducir las repercusiones del conflicto sobre los consumidores y los sectores productivos.

No obstante, resulta importante diferenciar entre los efectos económicos que pueden producirse y la responsabilidad de cada actor en la prolongación de la guerra. El encarecimiento de la energía, las dificultades comerciales y la incertidumbre internacional son consecuencias relevantes, pero no deberían analizarse al margen de la invasión rusa y de las necesidades de defensa de Ucrania.

La cuestión de fondo es si los intereses económicos deben determinar las condiciones de la paz o si deben subordinarse a un acuerdo que respete la soberanía ucraniana y ofrezca garantías de seguridad. Una solución exclusivamente basada en la conveniencia comercial podría dejar sin resolver el problema político y territorial que alimenta el conflicto.

La situación militar y la capacidad de resistencia ucraniana

A pesar de las dificultades, Zelenski afirma que las fuerzas ucranianas han recuperado territorio en distintos puntos del frente oriental y han rechazado avances rusos en Zaporiyia. Estas declaraciones buscan transmitir que Ucrania mantiene su capacidad de resistencia y que la evolución militar no debe interpretarse únicamente a partir de sus pérdidas territoriales.

En este contexto, los misiles Patriot y los sistemas de comunicación por satélite adquieren una importancia estratégica. La defensa antiaérea resulta esencial para proteger a la población, las instalaciones energéticas y otras infraestructuras críticas. Del mismo modo, las comunicaciones militares pueden influir en la coordinación de las operaciones y en la capacidad de responder a los ataques.

Por ello, cualquier modificación en el suministro de armamento o en el acceso a determinadas tecnologías puede tener consecuencias que van más allá del campo de batalla. También afecta a la posición negociadora de Ucrania y a la percepción que Rusia tenga de sus posibilidades de avanzar militarmente.

En cualquier caso, las afirmaciones sobre territorios recuperados, cantidades de misiles entregados y restricciones tecnológicas deben contrastarse con información independiente y actualizada. En una guerra, los mensajes oficiales también forman parte de la estrategia política y comunicativa de los contendientes.

Europa ante las decisiones de Washington

La posición estadounidense plantea un desafío para los países europeos. Si Washington reduce su compromiso militar o condiciona su ayuda a cambios en la estrategia ucraniana, Europa podría verse obligada a asumir una mayor responsabilidad en la defensa de Ucrania y en la seguridad del continente.

La cuestión no consiste simplemente en decidir si se debe apoyar la continuidad de la guerra o aceptar cualquier acuerdo de paz. El verdadero dilema es cómo contribuir a una solución negociada sin dejar a Ucrania en una situación de vulnerabilidad permanente.

Una Europa políticamente dividida tendría dificultades para influir en las negociaciones. Por el contrario, una política común, respaldada por capacidades defensivas suficientes y una estrategia diplomática coherente, podría aumentar su capacidad de actuación y reducir su dependencia de las decisiones de un único Gobierno extranjero.

Además, la seguridad europea no puede separarse de la situación de Ucrania. Si se consolidara un acuerdo percibido como una recompensa a la utilización de la fuerza para modificar fronteras, surgirían interrogantes sobre la eficacia de los compromisos internacionales y la protección de otros Estados.

Esto no significa que la negociación deba descartarse. Al contrario, la diplomacia es imprescindible. Pero la paz debe apoyarse en compromisos verificables, garantías de seguridad y mecanismos que dificulten la reanudación de las hostilidades.

Francia, inmigración y el discurso político de Trump

Las declaraciones de Trump sobre Francia y los disturbios relacionados con las protestas estudiantiles y la participación de otros movimientos sociales introducen una dimensión adicional: su visión de los problemas internos europeos y de la inmigración.

Al presentar a Estados Unidos como un ejemplo para suprimir la violencia mediante la expulsión de personas nacidas en el extranjero, Trump vincula cuestiones complejas de orden público, migración e identidad nacional. Este enfoque puede resultar atractivo para sectores de la población preocupados por la inseguridad, la conflictividad social o la presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, también corre el riesgo de convertir a los inmigrantes en responsables colectivos de problemas que tienen causas diversas.

Conviene distinguir entre combatir los delitos, garantizar la seguridad ciudadana y aplicar políticas migratorias. Son cuestiones relacionadas, pero no equivalentes. La responsabilidad penal debe determinarse individualmente, mientras que las decisiones migratorias han de respetar las leyes, las garantías procesales y los derechos fundamentales.

Asimismo, las protestas sociales no pueden interpretarse como un fenómeno uniforme. Una movilización que comienza de forma pacífica puede experimentar episodios violentos sin que ello permita atribuir la responsabilidad a todos sus participantes ni a un colectivo definido por su origen nacional.

La defensa del orden público es una obligación de cualquier Gobierno democrático. Sin embargo, ese objetivo no justifica automáticamente las expulsiones colectivas ni la discriminación. Una política eficaz debe distinguir entre quienes cometen delitos y quienes viven, estudian o trabajan legalmente en un país.

Si Europa adoptara medidas de exclusión generalizada basadas en el lugar de nacimiento, podría profundizar sus divisiones sociales y entrar en conflicto con sus propios principios jurídicos y democráticos. La seguridad y la integración no tienen por qué ser objetivos incompatibles, siempre que las políticas públicas combinen el cumplimiento de la ley con la protección de los derechos individuales.

La paz, la soberanía y la responsabilidad de los dirigentes

Las discrepancias entre Zelenski y Trump muestran que la política internacional está marcada tanto por los intereses nacionales como por las prioridades personales y electorales de sus dirigentes. Las elecciones estadounidenses de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre según la información analizada, pueden influir en el discurso político y en la forma en que se presentan las decisiones sobre la guerra.

Sin embargo, los conflictos armados tienen consecuencias que trascienden los calendarios electorales. Para Ucrania, están en juego su integridad territorial, su población y su futuro como Estado soberano. Para Rusia, las negociaciones forman parte de sus objetivos estratégicos. Para Estados Unidos y Europa, el desenlace afecta al equilibrio de seguridad internacional y a la credibilidad de sus compromisos.

Por eso, sería un error reducir la cuestión a una disputa personal entre dos presidentes. El debate esencial consiste en determinar qué condiciones permitirían terminar la guerra sin crear incentivos para que vuelva a producirse una agresión semejante.

Una paz justa no exige necesariamente que todas las partes obtengan lo que desean, pero sí que el acuerdo sea viable, que sus compromisos puedan verificarse y que la población afectada no quede expuesta a una nueva amenaza. La negociación es indispensable; la imposición unilateral, en cambio, puede generar resentimiento, inestabilidad y nuevos enfrentamientos.

CONCLUSIÓN

La confrontación política entre Zelenski y Trump refleja dos formas distintas de abordar el final de la guerra: una que prioriza la defensa de Ucrania y teme que las concesiones conduzcan a una capitulación, y otra que insiste en la necesidad de negociar, limitar los costes económicos y evitar que Rusia abandone la mesa de diálogo.

Ambas posiciones deben analizarse con rigor, sin asumir automáticamente que las declaraciones de cualquiera de los dirigentes describen toda la realidad. La búsqueda de la paz es una necesidad urgente, pero no basta con conseguir que cesen los disparos. También es necesario establecer condiciones que permitan sostener ese cese de las hostilidades y reduzcan el riesgo de una nueva agresión.

Al mismo tiempo, el discurso de Trump sobre Francia y la inmigración evidencia cómo los conflictos internacionales y los problemas internos pueden utilizarse para defender proyectos políticos basados en la seguridad, el control de las fronteras y la identidad nacional. Estos debates deben abordarse sin simplificaciones ni generalizaciones que conviertan a poblaciones enteras en culpables de problemas colectivos.

En definitiva, la paz, la seguridad y la soberanía no deberían considerarse objetivos incompatibles. El desafío de los dirigentes internacionales consiste en encontrar soluciones diplomáticas que tengan en cuenta los intereses de los Estados, pero también los derechos de sus ciudadanos y las consecuencias humanas de sus decisiones. Si la paz se convierte únicamente en una herramienta de presión política o económica, corre el riesgo de ser tan solo una pausa antes del siguiente conflicto. Si, por el contrario, se construye sobre garantías sólidas, responsabilidad internacional y respeto a los derechos fundamentales, puede convertirse en una oportunidad real para recuperar la estabilidad en Europa.

Fuente: El Periodico.com 

POSDATA

Vengo aquí a recordarles la idea, que existe desde tiempos inmemoriales, cual es que nadie debe hacer que “paguen justos por pecadores” que decía don Quijote de la Mancha, porque la extrema derecha de ambos lados del Atlántico, tienen la mala costumbre de culpabilizar a los emigrantes, para exculpar a los nacionales del país, de cualquier culpa o delito, por lo socorrido que resulta,  “tener siempre a quien echarle la culpa de todo”. Además entiendo que si Ucrania ha pagado armamento a EE.UU. lo justo sería que lo entregase, caso contrario, el comprador debiera ser compensado económicamente por la parte no recibida. 

En mi crietrio, para el Presidente de EE.UU. todo vale con tal de bajar el precio del diésel (aumento que él  mismo causó al atacar a Irán) con vistas a las elecciones de medio mandato. Y no seré yo el que diga que eso no vaya a afectar a los resultados electorales, si bien es cierto, que quizás pudieran producirse efectos contrarios a los deseados por Donald Trump, por aquello de ayudar a Putin a ganar la guerra contra Ucrania, al levantarle sanciones económicas que le permiten exportar petróleo.

Fuente: Redacción 

OPINIÓN. De lo alejados de la realidad que están PP y Vox. Nada nuevo sobre los desahucios a inquilinos vulnerables. Las alternativas para reforzar el modelo de pensiones, ni privatizarlas ni congelarlas (como hizo Rajoy en el último Gobierno del Estado del PP ). Ver abajo Posdata

 

Mientras Abascal afirma que sea como sea, las pensiones se van a pagar ¿quizás sacándolo de un fondo de inversión, garantizado por el Estado, por si acaso se queda sin fondos, tal y como ocurrió en Chile?

Feijóo presume de sus pactos con Vox como aval para un futuro Gobierno de coalición pues funciona en cuatro autonomías, y el PP en total gobierna en once. Pero, no creo opinen lo mismo todos los ciudadanos que viven en ellas de alquiler, o simplemente necesiten un cribado de cáncer, ni los padres que precisen llevar a sus hijos a un colegio público o a una universidad pública, ¿tal vez, porque no haya plazas para atender las necesidades de todos los conciudadanos/as?

Algunas de estas Comunidades autónomas tienen en común, que están privatizando la Sanidad, la Educación y la Universidad. Además, las viviendas de protección oficial, fueron vendidas a los fondos buitre, que ahora echan a los inquilinos de sus viviendas  (aunque paguen religiosamente las mensualidades). Evidentemente, los responsables son las citadas Comunidades autónomas gobernadas por el PP, que no hayan actualizado la legislación autonómica al respecto, ni aplicado la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno Central.

INTRODUCCIÓN

En España, el debate político sobre el futuro del Estado del bienestar se ha convertido en una cuestión fundamental para la ciudadanía. Las pensiones, el acceso a la vivienda, la sanidad pública y la educación son elementos esenciales para garantizar una vida digna y reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, las diferentes propuestas políticas para gestionar estos ámbitos reflejan distintas formas de entender la economía, la distribución de la riqueza y la responsabilidad del Estado. En este contexto, las posiciones defendidas por el Partido Popular (PP) y Vox, especialmente en relación con la sostenibilidad de las pensiones y sus posibles acuerdos de gobierno, plantean importantes interrogantes sobre el futuro de los derechos sociales en España.

El acceso a la vivienda y los servicios públicos

Uno de los principales problemas sociales es la dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible. La venta de viviendas de protección oficial a fondos de inversión, señalada en el texto analizado, plantea dudas sobre la función social de la vivienda pública. Cuando estas propiedades pasan a manos de entidades cuyo objetivo principal es obtener rentabilidad, existe el riesgo de que los intereses económicos prevalezcan sobre las necesidades de los inquilinos.

Esta situación pone de manifiesto la importancia de contar con políticas públicas que protejan a las personas frente a la exclusión residencial. La actualización de la legislación autonómica, la aplicación efectiva de las normas de vivienda y el mantenimiento de un parque público de alquiler pueden contribuir a garantizar que la vivienda sea considerada un derecho básico y no únicamente un bien de mercado.

Además, el acceso a la vivienda está estrechamente relacionado con otros servicios fundamentales, como la sanidad y la educación públicas. Las dificultades económicas de las familias pueden limitar sus posibilidades de acceder a una vivienda adecuada, recibir determinados tratamientos médicos o proporcionar a sus hijos una educación de calidad. Por ello, las decisiones políticas deben evaluarse no solo por sus resultados económicos, sino también por sus consecuencias sobre la vida cotidiana de la población.

 Fuente: El Plural.com

La sostenibilidad del sistema público de pensiones

Otro de los grandes temas abordados en la información es la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El envejecimiento de la población y la jubilación de las generaciones más numerosas plantean desafíos importantes para la financiación futura. No obstante, es necesario distinguir entre reconocer estas dificultades y afirmar que el sistema ha quebrado o que resulta imposible pagar las pensiones.

Según los datos recogidos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que se cumple formalmente la regla de gasto establecida para las pensiones, aunque advierte de riesgos relacionados con el envejecimiento demográfico y el aumento del gasto público a largo plazo. Sus estimaciones apuntan a que el gasto en pensiones podría alcanzar el 16,4 % del producto interior bruto en 2050. Esta previsión obliga a planificar medidas de financiación, pero no demuestra por sí misma que el sistema sea inviable.

La cuestión central consiste, por tanto, en determinar cómo se financiarán las pensiones y quién asumirá el coste. El sistema público se sostiene mediante cotizaciones sociales, impuestos y transferencias del Estado. Por ello, su futuro depende de factores como la evolución del empleo, los salarios, la productividad económica y la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas.

Desde esta perspectiva, el debate no debería limitarse a presentar las pensiones como un problema inevitable, sino que tendría que estudiar las diferentes alternativas para garantizar su continuidad sin perjudicar injustamente a los pensionistas actuales y futuros.

El reparto y la capitalización: dos modelos diferentes

La información también contrapone el sistema de reparto, sobre el que se basa fundamentalmente el modelo público español, con el sistema de capitalización, que vincula las prestaciones futuras al ahorro acumulado individualmente.

En un sistema de reparto, las cotizaciones de los trabajadores actuales contribuyen a financiar las pensiones de quienes ya están jubilados. Este modelo se apoya en la solidaridad intergeneracional y en la responsabilidad colectiva. Su principal desafío consiste en mantener un equilibrio suficiente entre los ingresos disponibles y las obligaciones del sistema.

Por el contrario, en un sistema de capitalización, cada persona acumula recursos para financiar su propia jubilación mediante inversiones o productos de ahorro. Aunque esta alternativa puede complementar los ingresos futuros, también presenta riesgos, como la incertidumbre de los mercados financieros y las diferencias en la capacidad de ahorro de cada trabajador.

Una sustitución completa del sistema de reparto por uno de capitalización podría perjudicar especialmente a las personas que han tenido salarios bajos, empleos precarios, periodos prolongados de desempleo o responsabilidades familiares que han limitado su capacidad de ahorrar. Además, desviar las cotizaciones actuales hacia cuentas individuales generaría un problema de financiación, puesto que las pensiones de los jubilados actuales tendrían que seguir pagándose mediante otras fuentes de ingresos.

Por tanto, cualquier reforma debería analizar cuidadosamente sus consecuencias económicas y sociales. La sostenibilidad financiera es importante, pero también lo es garantizar que todas las personas puedan disfrutar de una vejez digna, independientemente de su nivel de renta.

Las alternativas para fortalecer las pensiones

Frente a la idea de que la única solución consiste en reducir las prestaciones o fomentar el ahorro privado, se plantean otras posibilidades para reforzar el sistema público. Entre ellas destaca, fiscalidad más progresiva,  revisión de determinados beneficios fiscales, mejora de las cotizaciones sociales y aumento de la productividad.

Una tributación más progresiva permitiría que quienes disponen de mayores ingresos y patrimonio contribuyeran en mayor medida a financiar los servicios y las prestaciones públicas. Asimismo, la mejora de los salarios y de la calidad del empleo podría incrementar los ingresos por cotizaciones, fortaleciendo la base financiera del sistema.

La lucha contra la economía sumergida y la incorporación de trabajadores a empleos regulados también pueden contribuir a ampliar los recursos disponibles. Del mismo modo, el crecimiento económico y el aumento de la productividad permitirían generar más riqueza para financiar las necesidades colectivas.

Estas alternativas muestran que la sostenibilidad de las pensiones no depende exclusivamente de recortar gastos, sino también de decidir cómo se distribuyen los recursos y qué modelo económico se pretende desarrollar. En consecuencia, resulta necesario comparar las distintas propuestas políticas atendiendo a sus efectos sobre la desigualdad, el empleo y la protección social.

La responsabilidad política y la confianza ciudadana

También hay que tener en cuenta la relación entre el Partido Popular y Vox, así como las declaraciones de sus dirigentes sobre cuestiones como la inmigración, el voto por correo y la nacionalidad española. Estos asuntos reflejan la importancia de la confrontación política durante los periodos electorales, cuando los partidos intentan presentar sus propuestas como la mejor alternativa para el país.

Sin embargo, en una democracia, las afirmaciones de los representantes políticos deben poder contrastarse con los datos y los informes disponibles. Las previsiones económicas, por ejemplo, requieren interpretaciones rigurosas que distingan entre riesgos futuros, dificultades de financiación y situaciones de quiebra efectiva.

La confianza ciudadana depende, en buena medida, de que los responsables públicos expliquen sus propuestas con claridad y ofrezcan soluciones viables. También exige que las decisiones de gobierno se evalúen por sus resultados concretos, especialmente cuando afectan a derechos tan importantes como la vivienda, la sanidad, la educación y las pensiones.

Por ello, los acuerdos entre partidos no deberían juzgarse únicamente por su capacidad para alcanzar el poder, sino también por las políticas que desarrollan y por sus consecuencias para los distintos sectores de la sociedad.

CONCLUSIÓN

En resumen, toda la información analizada pone de manifiesto que el futuro del Estado del bienestar en España depende tanto de decisiones económicas como de prioridades políticas y sociales. La sostenibilidad de las pensiones constituye un desafío real, especialmente ante el envejecimiento de la población, pero reconocer este problema no significa aceptar que el sistema público esté condenado a desaparecer.

Existen diferentes alternativas para reforzar su financiación, como mejorar el empleo y los salarios, aumentar la productividad, combatir la economía sumergida y desarrollar una fiscalidad más progresiva. Frente a ellas, la capitalización privada plantea interrogantes relacionados con la desigualdad y con la capacidad de ahorro de los trabajadores, además de los costes de transición que supondría modificar profundamente el sistema actual.

Al mismo tiempo, el acceso a la vivienda y la defensa de los servicios públicos deben ocupar un lugar central en cualquier proyecto político que aspire a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Una sociedad justa no solo debe preocuparse por generar riqueza, sino también por garantizar que sus beneficios contribuyan al bienestar colectivo.

En definitiva, el debate fundamental no consiste únicamente en determinar si España podrá pagar las pensiones en el futuro, sino en decidir cómo desea organizarse para hacerlo y qué nivel de protección social quiere garantizar a sus ciudadanos. La respuesta exige responsabilidad política, transparencia en la utilización de los datos y un compromiso firme con la solidaridad entre generaciones y la reducción de las desigualdades.

Fuente: Publico.es

 LA OPINIÓN DEL GOBIERNO

El ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha querido lanzar el "mensaje inequívoco" de que las pensiones van a incrementarse en 2027 lo que corresponda conforme a la regla de revalorización establecida por ley, aunque su concreción requiere de un decreto ley que confirme la subida.

En La Hora de la 1 ha explicado que "para saber cuánto deben actualizarse las pensiones, necesitamos los datos de inflación que tendremos el 27 de noviembre, las elecciones son el 29, así que las fechas no juegan mucho a favor, pero damos un mensaje de forma inequívoca: la actualización se va a hacer, aunque el real decreto ley se apruebe después por parte de la Comisión Permanente".

El ministro ha insistido en que "se pueden subir las pensiones con el Gobierno en funciones, esa es mi interpretación. Se van a actualizar conforme al IPC, pero necesitamos conocerlo antes".

Sobre las críticas del PP que ponen en cuestión la sostenibilidad del sistema público de pensiones, Cuerpo ha lamentado que estemos "acostumbrándonos a este tipo de mensajes alarmistas e infundados". El vicepresidente primero ha explicado que no es la primera vez que hace frente a ese tipo de mensajes por parte de la oposición: "Ya lo dijeron en cuanto al crecimiento, dijeron que íbamos a entrar en una recesión profunda y lideramos el crecimiento en la UE, sobre la subida del SMI, la reforma laboral, la solución ibérica... Ya hemos pasado por este tipo de mensajes alarmistas que causan incertidumbre en la población. Luego los datos se empeñan en desmentir estas informaciones", para subrayar que "tenemos que ser claros: las pensiones son sostenibles y están garantizadas y su revalorización de cara al IPC también".

Cuerpo confía en aprobar la subida del SMI antes del 29N

El también vicepresidente primero también ha expresado su confianza en poder aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de la cita electoral del 29 de noviembre: "Los tiempos van a depender del trabajo de la comisión de expertos", encargada de ofrecer una recomendación sobre cuál debe ser la subida, ha explicado; y en ese contexto, ha mostrado la intención de "llevar la subida a un Consejo de Ministros antes de las elecciones".

Cuerpo no ha querido dar una cifra sobre cuánto tendría que subir el salario mínimo. Ha dicho que la cuantía que fije el Gobierno para llevar a la Mesa de Diálogo Social vendrá determinada por la "recomendación" de esa comisión de expertos "que estará anclada en la evolución de nuestra economía, poder adquisitivo, productividad".

El ministro ha recordado que el SMI ha experimentado un incremento acumulado del 66% en los últimos años para situarlo en el entorno del 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones europeas, y ha insistido en que las futuras subidas deben garantizar que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo.

Fuente: rtve.es

POSDATA

A mi juicio, a las personas jubiladas y pensionistas, nos interesa más el modelo actual del sistema público de pensiones, porque nosotros y nosotras, somos más de preferir, “pájaro en mano a ciento volando”.

Y sabiendo que hacia el 2050, podrían producirse posibles desviaciones (actualmente inexistentes, gracias al retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años, que comienza este año a aplicarse)  en el ámbito de financiación de dicho modelo público de pensiones, en base a las indicaciones manifestadas en los análisis anteriores, como son, mejorar el empleo y los salarios, aumentar la productividad, combatir la economía sumergida y desarrollar una fiscalidad más progresiva. 

 Además tendremos la seguridad añadida, empezando por 2030, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) debe emitir informes trienales de sostenibilidad del sistema de pensiones., para ser entregados a la Comisión Europea (ver Anexo I) 

Frente a las pensiones públicas, está la capitalización privada total o parcial, que plantea interrogantes relacionados con la desigualdad y con la capacidad de ahorro de los trabajadores, así como de los costes de transición que supondría modificar profundamente el sistema actual. Sin olvidar los peligros derivados de la gestión del fondo de pensiones correspondiente, que podría acabar en los bolsillos de otros que no fuesen jubiladas/os o pensionistas, como ocurrió en Chile.

ANEXO I

La reforma de las pensiones en España (aprobada en el marco del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) introdujo una cláusula de salvaguarda o de "cierre" que vincula la sostenibilidad del sistema a un control estricto que involucra tanto a nivel nacional como a la Comisión Europea.

Las claves y plazos de esta obligación legal se estructuran de la siguiente manera:

• Evaluación cada tres años.- No se trata de un informe único hacia el año 2030, sino de una evaluación periódica cada tres años. El proceso estipula que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) debe emitir informes trienales de sostenibilidad. De este modo, en el horizonte de la década (con hitos clave en el trienio de 2027 a 2030), el sistema público estará bajo constante examen.
• El umbral de la Comisión Europea.- La AIReF toma como base matemática el Informe de Envejecimiento (Ageing Report) que publica la propia Comisión Europea. La ley obliga a comprobar que el gasto neto en pensiones en España no supere el 13,3% del PIB.
• Consecuencias automáticas si hay desviación.- Si en alguna de estas revisiones periódicas (como la que impactará de lleno el periodo previo a 2030) se detecta que el gasto estimado supera el límite permitido, el Gobierno tiene la obligación legal de enviar una propuesta a la Comisión Europea y al Congreso con medidas correctivas. Si el Gobierno no actúa o no acuerda medidas de ingresos adicionales, se activa una penalización automática que incrementaría el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para corregir el desfase.

En resumen, de cara a 2030 y los años previos, el Estado español se encuentra bajo un estricto régimen de rendición de cuentas con Bruselas para garantizar que la jubilación de la generación del baby boom no desestabilice las finanzas públicas.

 Fuente: Redacción