14 de octubre de 2026

FMI. La economía mundial ante la incertidumbre, que va desde el crecimiento de España hasta los desafíos globales.

 El organismo actualiza sus previsiones con una mejora de cuatro décimas para el PIB español, hasta el 2,5%, mientras advierte de la fragilidad del contexto internacional.

INTRODUCCIÓN

La economía mundial atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre geopolítica, el aumento de los precios de la energía, los avances tecnológicos y las diferencias en el ritmo de crecimiento de los países. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado sus previsiones económicas, destacando especialmente el comportamiento de España, cuya economía muestra una evolución más favorable de la que se esperaba inicialmente. Sin embargo, aunque las perspectivas de crecimiento resultan positivas para algunas economías desarrolladas, los riesgos internacionales continúan presentes y podrían afectar la estabilidad económica en los próximos años.

El análisis del FMI permite comprender cómo factores internos, como el empleo y el consumo, y factores externos, como los conflictos internacionales y la evolución de los mercados energéticos, influyen en el crecimiento económico. Asimismo, pone de manifiesto la importancia de la innovación tecnológica, especialmente de la inteligencia artificial, como posible motor de desarrollo, aunque sus efectos a largo plazo todavía generan incertidumbre.

El crecimiento económico de España y su posición internacional

Uno de los aspectos más destacados del informe del FMI es la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de España. El organismo estima que la economía española crecerá un 2,5 % en 2026, cuatro décimas más de lo previsto anteriormente. Esta cifra sitúa a España entre las economías desarrolladas con mejor comportamiento y supera las previsiones de crecimiento de otras grandes economías, como Estados Unidos, cuyo avance se estima en un 2,3 %.

Este resultado refleja la fortaleza que ha mostrado la economía española en un contexto internacional complejo. Aunque el FMI no explica detalladamente las causas de esta mejora, los expertos destacan la solidez del mercado laboral, el dinamismo del consumo interno y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios. Estos factores contribuyen a sostener la actividad económica y favorecen la capacidad de España para afrontar las dificultades del entorno internacional.

No obstante, las perspectivas para 2027 son más moderadas. El FMI mantiene su previsión de crecimiento en el 1,8 %, mientras que otras entidades económicas consideran posible alcanzar una tasa del 2,2 %. Esta diferencia demuestra que las previsiones económicas dependen de múltiples variables y pueden modificarse conforme se dispone de información más reciente.

En materia de inflación, el organismo prevé una moderación de los precios hasta el 2,7 % en 2027. Sin embargo, el Banco de España estima una inflación del 3,7 % para ese mismo año, debido principalmente al posible encarecimiento de la energía, especialmente del gas. Esta discrepancia evidencia la dificultad de anticipar la evolución de los precios en un escenario condicionado por los conflictos internacionales y las fluctuaciones de los mercados energéticos.

Por otro lado, el desempleo en España se mantendría por debajo del 10 % durante 2026 y 2027. Aunque esta tasa continúa siendo alta en comparación con otros países europeos, representa una mejora importante para una economía que históricamente ha sufrido niveles de paro elevados. Por ello, fortalecer el empleo y mejorar la productividad siguen siendo objetivos fundamentales para garantizar un crecimiento sostenible.


La resiliencia de las economías desarrolladas

El informe del FMI también destaca la capacidad de resistencia de las principales economías desarrolladas frente a los impactos negativos de la situación internacional. 

A pesar del incremento de los precios energéticos relacionado con la guerra con Irán y de las tensiones comerciales, varias economías han conseguido mantener un crecimiento relativamente sólido.

Esta resistencia se explica, en parte, por la capacidad de adaptación de las empresas y los hogares, la flexibilidad de la oferta energética, la utilización de reservas y la menor intensidad energética de las economías actuales en comparación con décadas anteriores. Estos elementos han permitido amortiguar parte de los efectos del encarecimiento de la energía y evitar un deterioro económico más pronunciado.

En este escenario, el FMI ha mejorado sus perspectivas para las economías desarrolladas y atribuye parte del resultado de la zona euro, cuyo crecimiento previsto alcanza el 1,1 %, al buen comportamiento de España y a la mejora de Irlanda. Sin embargo, la evolución económica no es uniforme entre todos los países.

Francia y Canadá representan algunos de los casos menos favorables. Francia crecería apenas un 0,4 % durante 2026, mientras que Canadá registraría un avance del 1,1 %, inferior al esperado anteriormente. En el caso canadiense, las tensiones comerciales y las medidas arancelarias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump han contribuido a aumentar la incertidumbre económica.

Estas diferencias muestran que la capacidad de adaptación de cada país depende de sus características productivas, sus relaciones comerciales y sus políticas económicas. Por tanto, aunque las economías desarrolladas han demostrado una notable resiliencia, no todas cuentan con las mismas condiciones para afrontar las crisis.

Las perspectivas de la economía mundial y los países emergentes

A pesar de la evolución relativamente favorable de algunas economías avanzadas, el panorama mundial continúa presentando importantes dificultades. El FMI prevé que el crecimiento económico global se sitúe en el 3,1 % en 2026, cuatro décimas menos que en 2025, antes de recuperarse hasta el 3,4 % en 2027.

Aunque la previsión para 2026 mejora ligeramente respecto a la estimación anterior, la desaceleración refleja las consecuencias de los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y las dificultades que afectan a diferentes regiones del mundo.

Los países emergentes son especialmente vulnerables a estas circunstancias, ya que sus previsiones de crecimiento han experimentado revisiones negativas. Muchos de ellos dependen de las importaciones de energía, cuentan con menos recursos financieros para responder a las crisis y presentan una mayor exposición a las variaciones de los precios internacionales.

El encarecimiento de las materias primas puede elevar los costes de producción, reducir el poder adquisitivo de los hogares y aumentar las dificultades de las empresas. Además, cuando los países deben destinar más recursos a importar energía, disponen de menos margen para invertir en educación, sanidad e infraestructuras.

Por estas razones, la desaceleración mundial no debe interpretarse únicamente como una reducción de las tasas de crecimiento, sino también como un desafío para la estabilidad económica y la reducción de las desigualdades entre países.

La inteligencia artificial y la geopolítica como factores determinantes

Otro de los elementos centrales del análisis del FMI es la influencia de la tecnología y la geopolítica sobre la economía mundial. Ambos factores actúan en direcciones diferentes: mientras que la inversión en inteligencia artificial puede impulsar la productividad y el crecimiento, los conflictos internacionales y la fragmentación política generan riesgos que pueden frenar la actividad económica.

La inteligencia artificial está favoreciendo las inversiones en equipos informáticos, centros de datos, infraestructuras digitales y otros recursos tecnológicos. Estas inversiones pueden estimular la demanda, crear nuevas oportunidades empresariales y mejorar la eficiencia de numerosos sectores productivos.

Sin embargo, todavía no está claro si este impulso se traducirá en un aumento sostenido de la productividad a largo plazo. Existe la posibilidad de que las expectativas de beneficios vinculadas a la inteligencia artificial sean demasiado optimistas. Si los inversores consideran que los resultados económicos no justifican las valoraciones actuales, la inversión podría reducirse bruscamente y provocar efectos negativos sobre los mercados financieros.

Por tanto, aunque la inteligencia artificial representa una oportunidad importante para modernizar la economía, sus beneficios dependerán de la capacidad de las empresas para convertir los avances tecnológicos en mejoras reales de productividad. También será necesario promover la formación de los trabajadores y facilitar la adaptación de las actividades económicas a los cambios tecnológicos.

En contraste con estas oportunidades, la geopolítica constituye una fuente importante de inestabilidad. Las guerras prolongadas, las tensiones comerciales y la fragmentación internacional pueden interrumpir las cadenas de suministro, encarecer las materias primas y reactivar las presiones inflacionistas.

El FMI advierte, además, de que los países importadores de energía y las economías de menores ingresos pueden sufrir con mayor intensidad estas consecuencias. En este sentido, la cooperación internacional resulta fundamental para reducir los riesgos y favorecer un entorno económico más estable.

La deuda pública y los desafíos de la política fiscal

El informe también llama la atención sobre los elevados niveles de deuda pública y los déficits fiscales que presentan varias economías importantes. Esta situación limita la capacidad de los gobiernos para responder a futuras crisis y aumenta la importancia de gestionar adecuadamente los recursos públicos.

Cuando los precios de la energía y de otras materias primas aumentan, algunos gobiernos adoptan medidas para proteger a los hogares y las empresas, como las ayudas económicas o las reducciones fiscales. Estas actuaciones pueden ser necesarias para aliviar las dificultades de los sectores más afectados, pero también pueden incrementar el gasto público y reducir los ingresos del Estado.

Por ello, el FMI considera que estas medidas deben ser específicas, temporales y no distorsionadoras. Esto significa que deberían dirigirse principalmente a quienes más necesitan apoyo, evitar prolongarse innecesariamente y reducir los efectos negativos sobre el funcionamiento de los mercados.

Una política fiscal equilibrada debe combinar la protección social con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Si los gobiernos acumulan déficits elevados durante periodos prolongados, pueden encontrarse con menos recursos para afrontar futuras emergencias y verse obligados a destinar una mayor parte de sus presupuestos al pago de intereses.

En consecuencia, la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto público son elementos esenciales para mantener la estabilidad económica sin renunciar a la protección de los ciudadanos más vulnerables.

CONCLUSIÓN

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional muestran que la economía mundial mantiene una capacidad de resistencia significativa, aunque continúa expuesta a riesgos relacionados con los conflictos geopolíticos, los precios de la energía, las tensiones comerciales y el aumento de la deuda pública. En este contexto, España destaca por la fortaleza de su crecimiento económico, impulsado principalmente por el mercado laboral, el consumo y las exportaciones de servicios.

Sin embargo, las buenas perspectivas españolas no eliminan los desafíos pendientes. El desempleo sigue siendo elevado, la evolución de la inflación presenta incertidumbres y el crecimiento podría moderarse en 2027. Por ello, será fundamental mantener políticas que favorezcan la creación de empleo de calidad, la inversión productiva y la mejora de la competitividad.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial ofrece oportunidades para impulsar la productividad y transformar las actividades económicas, pero sus beneficios todavía deben demostrarse a largo plazo. Su aprovechamiento requerirá inversión, formación y una adaptación adecuada de las empresas y los trabajadores.

En definitiva, el principal desafío de la economía mundial consiste en transformar su capacidad de resistencia en un crecimiento duradero, equilibrado e inclusivo. Para lograrlo, será necesario combinar la innovación tecnológica con políticas económicas responsables, fortalecer la cooperación internacional y proteger a los sectores más vulnerables frente a las consecuencias de la inestabilidad global. 

España parte de una posición relativamente favorable, pero mantener esa ventaja se subordina a la capacidad para afrontar estos retos y convertir el crecimiento actual en bienestar económico y social a largo plazo, lo cual  va a depender, principalmente, de quien salga victorioso en la próximas elecciones, que si fuesen PP y Vox, ya les digo que vamos para atrás, con el hambre que tienen estos por trincar.

Fuente: El Pais.com

OPINIÓN. El Partido Popular y Vox, no llevan bien lo de cumplir con la Constitución

En España la democracia no va bien, principalmente en autonomías donde gobierna el Partido Popular junto con Vox, o respaldado por éste. Y si gobiernan el Estado, ambos pretenden expandir a toda España esas políticas que fomentan la injusticia social, puesto que, el partido ultra pone letra y música, dejando para el obediente PP, que baile y cante, cuando toque.


1)  La Comisión Europea quita la razón de ser, a la prioridad nacional de Vox.

Introducción

El debate sobre la llamada «prioridad nacional», defendida por Vox y respaldada por el Partido Popular (PP), ha generado una importante controversia política y jurídica en España. Esta propuesta pretende dar preferencia a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinados servicios públicos. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado límites en la normativa de la Unión Europea, ya que las políticas nacionales deben respetar los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos fundamentales. La Comisión Europea ha advertido que aplicar este principio podría entrar en conflicto con el derecho comunitario y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desarrollo

La propuesta de establecer una prioridad para los ciudadanos españoles en el acceso a los servicios públicos plantea interrogantes sobre la igualdad de derechos entre las personas que residen en un país. Aunque los Estados tienen competencias para organizar sus políticas sociales y administrativas, estas no son ilimitadas, puesto que deben ajustarse a las normas europeas que regulan los derechos de los ciudadanos y de los residentes extranjeros.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado que los Estados miembros y las comunidades autónomas no pueden modificar unilateralmente las condiciones de acceso a determinados servicios cuando estas se encuentran reguladas por la legislación comunitaria. Esta advertencia pone de manifiesto que las decisiones políticas nacionales deben respetar los compromisos jurídicos asumidos dentro de la Unión Europea.

La cuestión llegó a las instituciones europeas a raíz de una pregunta presentada por Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís e integrante del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE). Marzà solicitó aclaraciones sobre la compatibilidad de la prioridad nacional con el derecho comunitario y preguntó si los criterios utilizados por algunos Estados miembros para conceder acceso a los recursos públicos podían vulnerar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En su respuesta, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, señaló que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente requisitos de residencia superiores a cinco años en el ámbito regulado por la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Esta norma establece un marco jurídico común para proteger los derechos de las personas que cumplen las condiciones previstas para obtener dicho estatuto.

La respuesta europea resulta relevante porque establece límites a las políticas que pretenden introducir diferencias de trato basadas en la nacionalidad o en condiciones de residencia más restrictivas que las permitidas por la legislación comunitaria. 

Desde una perspectiva política, la prioridad nacional puede presentarse como una medida destinada a proteger los recursos públicos y garantizar que las necesidades de la población sean atendidas. Sin embargo, también puede generar situaciones de exclusión si se aplica de manera generalizada, sin tener en cuenta los derechos reconocidos por la legislación europea. Por ello, resulta necesario encontrar un equilibrio entre la capacidad de los Estados para gestionar sus recursos y la obligación de respetar los derechos de las personas que viven legalmente en su territorio.

Además, el debate no debe limitarse a una confrontación entre ciudadanos españoles y extranjeros. La gestión de los servicios públicos requiere políticas que garanticen su sostenibilidad, una distribución adecuada de los recursos y criterios transparentes de acceso. La nacionalidad, por sí sola, no puede utilizarse como justificación para ignorar las obligaciones legales que corresponden a los Estados miembros.

Conclusión

En conclusión, la controversia sobre la prioridad nacional defendida por Vox y respaldada por el PP demuestra que las propuestas políticas deben ajustarse al marco jurídico español y europeo. La advertencia de la Comisión Europea recuerda que los Estados miembros no pueden establecer unilateralmente determinadas restricciones cuando estas contradicen la normativa comunitaria, especialmente en materia de residencia de larga duración.

La protección de los servicios públicos constituye un objetivo legítimo, pero debe desarrollarse respetando los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación, así como los derechos reconocidos por la Unión Europea. En definitiva, el reto consiste en garantizar unos servicios públicos eficaces y sostenibles sin vulnerar las normas que protegen a las personas. La verdadera fortaleza de una democracia no reside únicamente en administrar sus recursos, sino también en hacerlo conforme a la ley y respetando los derechos fundamentales

Fuente: El Plural.com

2)  La reforma del IRPF propuesta por Vox: impacto económico y consecuencias para el Estado del bienestar

Introducción

La política fiscal constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado, ya que determina cómo se recaudan los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y cómo se distribuye la carga tributaria entre los ciudadanos. En este contexto, la propuesta de Vox de modificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha abierto un debate sobre la relación entre los impuestos, la equidad social y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Según las declaraciones del ministro de Hacienda, Arcadi España, esta reforma supondría una reducción de la recaudación de aproximadamente 85.000 millones de euros anuales, una cantidad que tendría importantes consecuencias para la financiación de servicios esenciales como la educación y la sanidad.

Desarrollo

La propuesta fiscal de Vox plantea una transformación significativa del sistema actual del IRPF. Entre sus principales medidas se encuentran el establecimiento de un mínimo exento para las rentas de hasta 22.000 euros anuales, un tipo impositivo único del 15 % para los ingresos de hasta 70.000 euros y un tipo del 25 % para las rentas superiores a esa cantidad. Este modelo sustituiría al sistema progresivo vigente, en el que los tipos impositivos aumentan a medida que crece la renta, hasta alcanzar determinados tramos superiores al 40 %.

Desde la perspectiva de Vox, una reforma de estas características podría reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos, aumentar la renta disponible de las familias y favorecer la actividad económica. Sus defensores podrían argumentar que pagar menos impuestos permite incrementar el consumo, estimular la inversión y ofrecer mayores incentivos al trabajo y al ahorro. Sin embargo, para valorar estas posibles ventajas resulta imprescindible analizar también el coste de la medida y sus efectos sobre los ingresos públicos.

Según las cifras expuestas por el ministro Arcadi España, el coste estimado de la propuesta alcanzaría los 85.000 millones de euros, mientras que la recaudación anual del IRPF se sitúa, de acuerdo con sus declaraciones, en torno a los 140.000 millones. Esta diferencia plantea una cuestión fundamental: ¿cómo se compensaría la pérdida de ingresos del Estado? Una reducción de la recaudación de tal magnitud obligaría a estudiar alternativas como la disminución del gasto público, el aumento de otros impuestos, la obtención de nuevos ingresos o el incremento del endeudamiento. Cada una de estas opciones tendría consecuencias económicas y sociales que deberían explicarse con claridad.

La preocupación del Ministerio de Hacienda se centra especialmente en la posible repercusión sobre el Estado del bienestar. Los recursos públicos permiten financiar servicios esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones y las políticas sociales. Si disminuyeran considerablemente los ingresos tributarios sin una compensación suficiente, podría aumentar la presión sobre estas partidas presupuestarias. Por este motivo, el ministro ha comparado el coste estimado de la reforma con el gasto educativo del conjunto del país y con una parte muy importante del gasto sanitario.

No obstante, es importante señalar que una reducción de impuestos no implica necesariamente, por sí sola, un recorte automático del gasto público. El efecto final dependería de las medidas complementarias que se adoptasen, de la evolución de la actividad económica y de la respuesta de los contribuyentes. Por tanto, para evaluar rigurosamente la propuesta sería necesario conocer la metodología utilizada para calcular su coste, los posibles efectos económicos a medio y largo plazo y las alternativas previstas para mantener la financiación de los servicios públicos.

Otro aspecto relevante es la distribución de los beneficios fiscales. Según los ejemplos ofrecidos por Arcadi España, una persona que percibe el salario mínimo no obtendría ahorro con la reforma, mientras que una persona con ingresos anuales de 100.000 euros ahorraría 18.935 euros y otra con ingresos de un millón de euros dejaría de pagar aproximadamente 200.000 euros. Estas cifras, atribuidas al ministro, ilustran la preocupación del Gobierno por el reparto de las ventajas fiscales entre los distintos niveles de renta.

La cuestión central no consiste únicamente en determinar si los ciudadanos deben pagar más o menos impuestos, sino también en analizar quién se beneficia de la reducción y cómo se distribuyen sus costes. Un sistema tributario progresivo busca que quienes disponen de mayores recursos económicos contribuyan en mayor medida a la financiación colectiva. En cambio, un modelo con tipos más reducidos y menos escalones de tributación modifica esa distribución y puede disminuir la capacidad redistributiva del impuesto, dependiendo de su diseño concreto.

En este sentido, el debate sobre el IRPF refleja dos prioridades que deben examinarse conjuntamente: por una parte, la necesidad de aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y favorecer la actividad económica; por otra, la obligación de garantizar ingresos suficientes para sostener los servicios públicos y reducir las desigualdades. La dificultad consiste en encontrar un equilibrio entre ambas, evitando que las decisiones fiscales generen consecuencias negativas que no hayan sido previstas o debidamente justificadas.

Además, en el contexto de la precampaña electoral de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, estas propuestas adquieren una dimensión política particular. Los programas económicos de los partidos no solo expresan sus prioridades ideológicas, sino que también ofrecen modelos diferentes de organización social y económica. Por ello, las promesas de reducción de impuestos deben ir acompañadas de explicaciones transparentes sobre su financiación, sus beneficiarios y sus posibles efectos sobre el conjunto de la población.

Conclusión

La propuesta de Vox para reformar el IRPF plantea un debate que va más allá de la cuantía de los impuestos. En realidad, afecta a cuestiones fundamentales como la distribución de la riqueza, la financiación de los servicios públicos y el papel del Estado en la reducción de las desigualdades. Las cifras presentadas por el ministro Arcadi España, especialmente la estimación de un coste de 85.000 millones de euros, ponen de manifiesto la necesidad de examinar con detalle las consecuencias presupuestarias de una reforma de esta magnitud.

Reducir los impuestos puede constituir un objetivo legítimo de política económica, pero su viabilidad depende de que exista un plan creíble para compensar la pérdida de ingresos o de que se justifique cómo afectará a las cuentas públicas. Del mismo modo, mantener un sistema de recaudación suficiente no significa que todos los impuestos deban permanecer inalterados, sino que cualquier modificación debe evaluarse teniendo en cuenta sus efectos económicos y sociales.

En definitiva, el debate sobre el IRPF exige algo más que promesas electorales o advertencias políticas: requiere datos verificables, cálculos transparentes y propuestas concretas. Los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo cuánto podrían ahorrar con una reforma fiscal, sino también qué consecuencias tendría para los servicios públicos y cómo se repartirían sus beneficios y sus costes. Solo a partir de esta información será posible valorar las distintas alternativas fiscales con rigor y comprender su verdadero impacto sobre la sociedad.

Fuente: El Diario.es

3)  Feijóo y Garamendi de acuerdo en lo fundamental, las bajas laborales son un cáncer.

Alberto Núñez Feijóo (líder del Partido Popular) y Antonio Garamendi (presidente de la CEOE) coincidieron en julio de 2026 en la necesidad de impulsar un acuerdo para reducir el absentismo laboral y las bajas médicas

Puntos clave del acuerdo y las declaraciones

  • Declaraciones de Feijóo.- El líder del PP calificó el aumento de las bajas laborales como un cáncer y sugirió revisar las condiciones o prestaciones de quienes no acuden al puesto de trabajo.
  • Posición de Garamendi.- El presidente de la patronal CEOE respaldó a Feijóo, coincidió con sus datos sobre el impacto económico (que cifran en torno a los 33.000 millones de euros) y afirmó que gran parte de las bajas se concentran en días como los lunes o los viernes.
  • Críticas sindicales.- Sindicatos como UGT y CCOO rechazaron estas afirmaciones, argumentando que no existe tal crisis de absentismo injustificado y que el incremento de las bajas responde a problemas reales de salud laboral, salud mental y retrasos en las listas de espera de la sanidad pública

Fuente: Medios digitales

4)  El partido popular y Vox, coinciden en lo nuclear de cambiar el sistema de pensiones  público, a un sistema de pensiones mixto.

El Partido Popular (PP) y Vox coinciden en parte en sus posturas sobre el modelo de pensiones.

  • Vox (según declaraciones de José María Figaredo) propone sustituir o reformar el actual sistema por un modelo mixto que combine el sistema de reparto tradicional con la capitalización individual (donde el 50% de las cotizaciones irían a una cuenta de ahorro personal del trabajador).
  • El PP (a través de portavoz Borja Sémper) defiende el sistema de pensiones actual, al que califica de «robusto y sólido», y rechaza la propuesta de Vox de semiprivatizarlo. Si bien la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, ha dicho ayer que el sistema de pensiones público va a colapsar y hay que ir a un sistema mixto. Luego salió Feijóo prometiendo revalorizar las pensiones con el IPC pero apostilla que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable” (que sino es viable un asunto entiendo es porque va a colapsar. Que sino). Lo cual no contradice lo que dijo en 2023, cuando presentó la idea que debía introducirse la mochila austriaca en el sistema público de pensiones español (**)

(**) En junio y julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo (líder del Partido Popular) propuso implantar en España el mecanismo conocido como la mochila austriaca dentro de su programa electoral para las elecciones generales

Los puntos clave de lo que planteó entonces incluyen:

  • Cuenta de capitalización individual.- Propuso crear un fondo o cuenta individual para cada trabajador, financiado a través de aportaciones periódicas de la empresa (detraídas o calculadas a cuenta del salario bruto), para sustituir o reformar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido.
  • Movilidad laboral.- Defendió que el dinero acumulado en esa "mochila" sería portable, lo que permitiría al trabajador conservar su fondo de ahorro a lo largo de su vida laboral aunque cambiase de empresa, con el objetivo declarado de facilitar la movilidad en el mercado de trabajo.
  • Alternativa al pago de golpe en los despidos.- Explicó que el sistema busca evitar que la empresa tenga que afrontar el pago de una gran indemnización de una sola vez en caso de un despido, acumulando el coste mes a mes.
  • Críticas y debate político.- La propuesta generó un fuerte rechazo por parte del Gobierno de coalición (como Yolanda Díaz) y de los sindicatos, que advirtieron que la medida podría abaratar o facilitar el despido en España

Fuente: Medios digitales

5)  De aquellos polvos estos lodos. Huelga General en noviembre.

Como consecuencia de todo lo anterior surge la huelga general del 11 de noviembre posiblemente con presunto foco puesto en la crisis de la vivienda(*) por el estallido social tras el desahucio de Maricarmen, pero incluyen también otras reivindicaciones laborales. La denuncia de los bajos salarios es la principal que habían adelantado ya los sindicatos, pero además prevén incorporar la defensa del sistema público de pensiones y de la protección social de las bajas laborales ante los recientes discursos de PP y de Vox, que han hecho sonar las alarmas de posibles recortes si llegan a La Moncloa.

(*) Recordemos, que las Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular (PP) mayoritariamente se han negado a aplicar la Ley de Vivienda lo cual amplifica los efectos de la crisis de vivienda, al permitir que los precios de la venta y/o alquiler de vivienda suban como un cohete en dichas autonomías.

Fuente: El Plural.com

13 de octubre de 2026

OPINIÓN. A propósito de los insultos reiterados de derechas y ultraderechas al Presidente del gobierno

 

Por dar una explicación lógica a los insultos repetitivos contra el Presidente del Gobierno, da la sensación que derechas y ultraderechas tienen un alma franquista, por ello, cuando están en la oposición o simplemente no se hacen las cosas como ellos lo harían si estuviesen gobernando, les sale el ramalazo fascista y empiezan a volcar todo su odio sobre el Gobierno Central en general y sobre la Presidencia del mismo en particular.

Después de lo obvio, que es el evidente desprecio hacia esos comportamientos propios de personas sin ningún respeto a las instituciones democráticas ni educación, está la imagen del país que se está proyectado al mundo, donde bien parece querer decir, que España no es país para demócratas, sino para fascistas.

Y ahí quería llegar yo, porque desconozco el número exacto de fascistas que hay en España, ya que teniendo en cuenta que únicamente Vox, y solo algunos dirigentes de ese partido, han manifestado que su organización política es un partido fascista, insinuando incluso que se sentían orgullosos de serlo. Y suponiendo que todos sus votantes también lo fuesen, lo cual es mucho suponer. Y dado además, que el total de votantes máximo en unas elecciones generales que ha tenido esta formación ultra, ha sido de unos 3 millones de personas, podría decirse que Vox aportaría más de la mitad de los fascistas a la lista de esa categoría, el resto estarían integrados en otras organizaciones políticas, populistas, extremistas y radicales, que en conjunto alcanzarían un máximo de entre 5 y 6 millones de personas que voten a esos partidos.

Bueno, pues valorando todo esto y además, sabiendo que en España el censo electoral casi llega a los 37 millones de personas (exceptuando las 163.020 personas a los que el Tribunal Supremo ha suprimido el derecho al voto), bien,  pues teniendo en cuenta todo esto, a mí no me salen las cuentas.

Lo que no entiendo es que si  fascistas, extremistas y radicales, solo representen entre un 15% y un 16% del total  de  votantes, que emitan voto favorable a PP o Vox, para la vuelta al gobierno de la nación del franquismo.

Esto me lleva a pensar que los no  fascistas, que voten a favor del PP o Vox, sea debido a la mentada e impostada, alma franquista, que ha quedado interiorizada dentro de millones de españoles digamos por conversión forzada. Y entiendo esto fue así, más que por ideología, por el miedo que pasaron durante la dictadura, la transición, y que continúa actualmente, gracias a los discursos de odio que una y otra vez, lanzan desde PP y Vox, para atemorizar a los ciudadanos que tan mal lo pasaron durante el franquismo y el posfranquismo. 

Y hoy en día, ya en democracia, probablemente sigan atemorizados, por una posible combinación de estrés postraumático y de síndrome de Estocolmo, porque recuerdo que  era el sentir popular de los republicanos en aquella época, que no es descartable continúe en la actualidad.

Y tengo que decir, que al miedo se vence como siempre a hecho la gente de a pie, echándole cojones u ovarios  a la vida, y yendo a votar el 29 de noviembre, para que el fascismo no vuelva aterrorizar a nadie, y tampoco tenga cabida en el gobierno de esta nación, porque ya se sabe, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y en este caso la mejor parte son nuestras pensiones, por supuesto que sí, después de haber vendido a los fondos buitre las viviendas de protección oficial que eran patrimonio del Estado.

Así que menos miedo, y más decisión  para ir a votar contra los franquistas, que estos fascistas muchas cosas no sabrán hacer, pero tomar prestado lo que no es suyo, históricamente se les ha dado de maravilla (con los jueces mirando para otro lado) Y como haya muchos jubilados o jubiladas que se descuiden y no vayan a votar,  nos vamos a quedar todos los pensionistas hasta sin camisa.

POSDATA

No puedo por menos que volver a referirme a la sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe votar a 163.020 personas, a todas luces inconstitucional, donde los dirigentes del PP y Vox, como buenos fascistas que son, ignoran la Constitución y se alegran de dicha sentencia. Y es de suponer, que hasta los mismos magistrados reconozcan su inconstitucionalidad, por ser contraria al apartado 5 del artículo 68 de la Constitución Española, donde dice así:

Artículo 68

Apartado 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

Entonces tengo que coincidir con Alberto Ibáñez, cuando dice en twitter que “el pucherazo no está en Correos sino en el Supremo”

Tenemos que contemplar y valorar el hecho, que PP y Vox, sin estar en el gobierno, ya mandan y dirigen el Tribunal Supremo. ¿Se acuerdan de aquello que dijo el Sr. Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en tiempos de Rajoy, "de así controlamos la Sala Segunda del Supremo desde detrás"? ¿Y con el tiempo que ha pasado, por qué no la Sala Tercera también?. Pues eso, a ver si ya tienen póker o escalera de color. 

Por tanto, si llegan a gobernar estos antisistema, nadie podrá estar tranquilo, pues con toda seguridad quitarán pensiones, y/o pisos que tengan propietarios y/o propietarias.

Fuente: Redacción

12 de octubre de 2026

ESTUDIO Y OPINIÓN. Del negacionismo antisistema de Vox y PP.

Comparativa sobre el negacionismo total del PP y Vox

INTRODUCCIÓN


El negacionismo político es un fenómeno complejo en la democracia española contemporánea. Tanto el Partido Popular (PP) como Vox han sido objeto de análisis crítico por su posicionamiento frente a hechos históricos y realidades sociales establecidas. 

En esencia el negacionismo es una perversión política tendente a provocar en la ciudadanía confusión, por saturación de ideas contrarias a hechos históricos documentados y conocimientos científicos establecidos como ciertos.

Este estudio examina las manifestaciones del negacionismo en ambas formaciones, identificando sus similitudes, diferencias y contextos específicos.

Definición y marco conceptual

El negacionismo político implica la negación sistemática de hechos históricos documentados, realidades sociales o decisiones judiciales establecidas. Va más allá de la interpretación diferenciada para constituirse en una negación deliberada de lo verificable. En el contexto español, se ha aplicado especialmente a cuestiones como la Memoria Histórica, la Transición y ciertos hechos de la Guerra Civil.

En el Partido Popular, negacionismo selectivo

Características generales

El PP, como partido de derecha tradicional con responsabilidades de gobierno durante tres décadas, ha manifestado formas más veladas de negacionismo:

La Memoria Histórica.- El PP ha sido históricamente reacio a abordar de manera integral los crímenes del franquismo. Durante los gobiernos Aznar (1996-2004), se promocionó el discurso del "punto y final" y la reconciliación sin justicia transicional. Esto representaba no tanto la negación abierta como la negación por omisión.

La Ley de Amnistía de 1977.- El PP ha defendido sistemáticamente la amnistía franquista, argumentando que fue necesaria para la estabilidad democrática. Esta posición, aunque argumentada, implica la negación implícita de la necesidad de rendición de cuentas sobre crímenes graves.

La Ley de Amnistía de 2026.- Por el contario, el PP ha intentado criminalizar la amnistía democrática aprobada por el Congreso en fecha 30/05/2024, la cual recurrieron ante el Tribunal Constitucional en fecha 04/09/2024, que recientemente ha sido convalidada por Tribunal de Garantías, tras haber sida ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Entre medias el PP sacó a sus afines a las calles madrileñas, provocando escenas de odio hacia el gobierno y los votantes del PSOE, quemando sus sedes en todo Madrid.

Cuestiones de género y diversidad.- El PP ha mostrado resistencia a reconocer ciertos derechos, aunque esta posición ha evolucionado con el tiempo. Su oposición al matrimonio igualitario o leyes de igualdad puede interpretarse como negacionismo de derechos ya reconocidos internacionalmente.

El Nacionalismo Catalán y Vasco.- El PP, unas veces niega legitimidad a los movimientos independentistas catalanes y vascos, y otras las acepta a medias y a regañadientes, según le convenga políticamente. 

En Vox, negacionismo explícito y radical

Características generales

Vox, como partido de extrema derecha surgido en 2013, ha manifestado formas más abiertas y radicales de negacionismo:

La Violencia de Género.- Vox ha negado la existencia de violencia de género como categoría específica, argumentando que se trata simplemente de "violencia" a secas. Esto constituye una negación explícita de datos estadísticos y realidades sociales documentadas por organismos internacionales.

La Memoria Histórica y el Franquismo.- Vox ha reivindicado aspectos del franquismo y cuestionado narrativas sobre la represión franquista. Ha minimizado crímenes documentados y ha promovido una revisión de la historia desde una perspectiva que niega la gravedad de ciertos hechos.

El Nacionalismo Catalán y Vasco.- Vox niega legitimidad a los movimientos independentistas catalanes y vascos, pero más allá de la posición política, ha llegado a negar derechos lingüísticos y culturales reconocidos en la Constitución.

Cambio Climático.- En comparación con el PP, Vox muestra mayor negacionismo respecto al cambio climático antropogénico, alineándose con posiciones escépticas más radicales.

Comparativa estructurada

ASPECTOS

PARTIDO POPULAR

VOX

Forma de negacionismo

Selectivo, por omisión

Explícito, declarado

Radicalidad

Moderada

Alta

Legitimidad institucional

Gobierna/ha gobernado

Nunca ha gobernado

Discurso

Argumentado, institucional

Populista, confrontacional

Violencia de género

Reconoce (aunque discrepa en políticas)

Niega la categoría

Memoria histórica

Silencio estratégico

Revisión favorable al franquismo

Base electoral

Centroderecha tradicional

Extrema derecha, descontento

 

Diferencias fundamentales

  1. Origen y legitimidad.- El PP es un partido con raíces en la Transición, mientras que Vox es una formación más reciente que cuestiona hasta los mínimos consensos transicionales.
  2. Nivel de institucionalización.- El negacionismo del PP se ha modulado según su posición en el gobierno (aumentan cuando no gobierna). El de Vox es más consistente porque proviene de una lógica antisistema.
  3. Alcance.- El negacionismo del PP se concentra en cuestiones de memoria histórica (lo cual no habla demasiado bien de ellos). El de Vox es multidimensional: historia, género, clima, derechos, nacionalismo.
  4. Reconocimiento.- El PP aunque votó en contra de su aprobación en el Congreso, parece que algo ha evolucionado en ciertos aspectos como matrimonio igualitario y algunas políticas de igualdad; mientras que Vox mantiene posiciones negacionistas más invariables.

Consecuencias políticas y sociales

Ambas formaciones han contribuido a:

  • Fragmentación del consenso histórico sobre la Transición española.
  • Obstaculización de políticas de memoria histórica y justicia transicional.
  • Polarización sobre derechos fundamentales
  • Revisionismo histórico que afecta la educación y la cultura cívica

El negacionismo del PP, más institucionalizado, ha frenado reformas legislativas. El de Vox, más radical, ha legitimado discursos marginales que ahora tienen presencia parlamentaria.

CONCLUSIONES

Tanto el PP como Vox practican negacionismo, pero en grados y formas distintas. El PP representa un negacionismo más conservador, institucional y basado en la omisión y en medias verdades; Vox representa un negacionismo más agresivo, ideológico y explícito.

Ambos suponen un desafío para la consolidación de una memoria democrática robusta en España y cuestionan consensos básicos sobre derechos humanos, justicia transicional e igualdad. Mientras que el negacionismo del PP se mantiene dentro de límites institucionales, el de Vox ha normalizado discursos que erosionan fundamentos de la convivencia democrática.

La democratización de la memoria histórica y la educación crítica sobre estos fenómenos emergen como necesidades para contrarrestar estas dinámicas negacionistas en la política española contemporánea.

La consecuencia todo ello es una España fragmentada entre los que la dividen PP y Vox, y los que intentan hacer país como PSOE junto y al resto de partidos políticos del arco parlamentario.

 Del negacionismo sistemático del PP y Vox contra la Política Exterior del Gobierno de Pedro Sánchez

INTRODUCCIÓN

Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno en 2018, la política exterior española ha sido objeto de intenso escrutinio y crítica por parte de los principales partidos de la oposición. El Partido Popular (PP) y Vox han articulado argumentos sistemáticos contra las líneas maestras de la diplomacia del Gobierno progresista actual, aunque desde perspectivas ideológicas distintas. 

Este artículo examina las principales críticas y los ejes de confrontación que han definido este debate en el terreno internacional, que como en el resto de tipos de negacionismos anteriormente citados, busca deslegitimar al gobierno progresista por su una supuesta incapacidad para gobernar.

1. Contexto General de Divergencia

La política exterior del gobierno Sánchez se ha caracterizado por un enfoque progresista, multilateralista y orientado hacia un fortalecimiento de las instituciones europeas. En contraste, tanto el PP como Vox han cuestionado esta orientación desde ópticas diferentes: el PP desde una perspectiva de centro-derecha atlantista, y Vox desde posiciones nacionalistas y soberanistas.

Las críticas no han sido meramente partidistas, sino que han reflejado concepciones fundamentales divergentes sobre el papel de España en el mundo, sus alianzas estratégicas y su posición dentro de la Unión Europea.

2. La Cuestión Catalana y sus Implicaciones Internacionales

Crítica del PP

El Partido Popular ha reprochado al gobierno Sánchez lo que considera una "cesión" frente al independentismo catalán con implicaciones diplomáticas. Específicamente:

  • Pérdida de autoridad estatal.- El PP ha argumentado que los indultos a líderes independentistas catalanes (2021) erosionan la capacidad negociadora de España en el contexto internacional, proyectando una imagen de debilidad institucional.
  • Conflictividad interna.- Ha sostenido que las negociaciones con ERC y otros partidos catalanes comprometen la cohesión necesaria para una política exterior efectiva.

Crítica de Vox

Vox ha ido más lejos en su postura, considerando las políticas del gobierno como una capitulación ante el separatismo:

  • Soberanía nacional.- Ha denunciado que el reconocimiento de espacios de negociación con fuerzas independentistas debilita la soberanía española.
  • Españolismo.- Desde una perspectiva ultranacionalista, Vox ha presentado estas decisiones como una traición a la unidad de España.

3. Relaciones con Marruecos y la Cuestión del Sahara

Este ha sido uno de los puntos más controvertidos de la política exterior del Gobierno de Sánchez .

El Giro Diplomático de 2022

Cuando el gobierno español,  reconoció la posición marroquí sobre el Sahara Occidental en 2022, suscitó reacciones contrapuestas:

Posición del PP:

  1. Criticó que se hubiera cedido sin obtener contrapartidas claras sobre Ceuta y Melilla.
  2. Argumentó que el cambio de posición debería haber sido gradual y resultado de negociaciones estratégicas más amplias.
  3. Señaló que esto podría alienar a otros aliados españoles en África.

Posición de Vox:

  • Rechazó cualquier "cesión territorial" en términos generales.
  • Planteó que las relaciones con Marruecos deberían estar supeditadas a una defensa inflexible de la integridad territorial española en el Mediterráneo.

4. Política Europea e Integración

Críticas del PP

El Partido Popular ha cuestionado aspectos específicos de la integración europea bajo Sánchez:

  • Fondos de recuperación (NGEU).- Aunque reconoce su importancia, ha criticado que el gobierno no maximizara suficientemente las ventajas para España.
  • Negociaciones presupuestarias.- Ha argumentado que en las negociaciones de presupuestos europeos, el gobierno no ha sido suficientemente asertivo en la defensa de los intereses españoles.
  • Relaciones con Francia.- Ha señalado tensiones diplomáticas innecesarias, particularmente respecto a cuestiones como los aduaneros en la frontera pirenaica.

Críticas de Vox

Vox ha adoptado una posición más eurocéptica:

  • Soberanía nacional frente a Bruselas.- Ha criticado que el gobierno sea demasiado sumiso ante las exigencias de la Unión Europea.
  • Deuda y condicionalidades.- Ha cuestionado los términos de los fondos europeos, considerando que implican pérdida de autonomía política.
  • Inmigración.- Ha reprochado que las políticas de la UE sobre inmigración, que Sánchez no habría resistido suficientemente, comprometen la seguridad española.

5. Alianzas Atlánticas y OTAN

Respecto a la OTAN y EE.UU.

PP:

  • Ha mostrado mayor apoyo a las instituciones atlánticas tradicionales, pero ha criticado ocasionalmente falta de asertividad en negociaciones con Washington.
  • Ha apoyado generalmente el posicionamiento más firme ante Rusia, aunque con críticas sobre la coordinación de la defensa europea.

Vox:

  • Mantiene una posición más ambigua, rechazando lo que considera dependencia excesiva de EE.UU.
  • Ha criticado la presencia militar estadounidense en bases españolas.

Crisis de Ucrania (2022)

Ambos partidos han cuestionado aspectos de la respuesta española:

  • El PP consideró que la respuesta fue tardía y que España debería haber jugado un papel más destacado en la coordinación europea.
  • Vox criticó el envío de ayuda militar, considerándolo una "participación indirecta" en el conflicto.

6. América Latina y Relaciones Bilaterales

Crítica a la Política Latinoamericana

PP:

  • Ha cuestionado el acercamiento del gobierno a gobiernos de izquierda en América Latina (Venezuela, Nicaragua, Bolivia), considerando que compromete los intereses españoles y los de la comunidad hispanohablante.
  • Ha criticado la falta de firmeza respecto a la situación de derechos humanos en países como Venezuela.

Vox:

  • Ha sido más crítico aún, acusando al gobierno de "hispanofobia" y de debilitar la posición de España en Iberoamérica.
  • Ha rechazado explícitamente los vínculos con gobiernos de izquierda radical.

7. Política Mediterránea y Magreb

Inmigración y Seguridad

Tanto el PP como Vox han criticado que la política exterior sanchista no priorice suficientemente:

  • Acuerdos migratorios robustos con países de origen y tránsito.
  • La seguridad fronteriza como elemento central de la diplomacia con Marruecos y otras naciones africanas.

Vox ha sido particularmente virulento en estas críticas, presentando la inmigración como amenaza existencial.

8. Síntesis de diferencias clave

ASPECTOS

PP

VOX

Marco ideológico

Centro-derecha atlantista

Nacionalismo conservador

Relación con UE

Integracionista crítico

Euroexcéptico

Prioridades

Estabilidad, alianzas tradicionales

Soberanía, identidad nacional

Tono

Profesional, constructivo

Combativo, confrontacional

Alianzas

Occidentales (OTAN, UE)

Más ambiguas, nacionalistas

 

CONCLUSIÓN

La oposición del PP y Vox a la política exterior de Pedro Sánchez refleja dos modelos alternativos de diplomacia española divergentes tanto en métodos como en objetivos. 

El PP representa una crítica desde la ortodoxia atlantista y europeísta tradicional, enfatizando que el gobierno ha sido insuficientemente asertivo en la defensa de intereses españoles dentro del marco occidental establecido. Vox, en cambio, cuestiona ese mismo marco, postulando una defensa más nacionalista de la soberanía española.

Ambas críticas han influido en el debate político español, aunque con distinto peso y aceptación en la sociedad. 

Mientras la del PP goza de mayor credibilidad entre sectores empresariales e institucionales, la de Vox ha resonado entre votantes que perciben una erosión de la capacidad de decisión autónoma de España.

En última instancia, estos debates reflejan una tensión fundamental en la política exterior contemporánea: cómo equilibrar la integración internacional con la defensa de los intereses nacionales, y cómo posicionar a España en un mundo geopolíticamente fragmentado.

En definitiva, esta oposición sistemática de derechas y ultraderechas a la política exterior española del actual Gobierno progresista de Pedro Sánchez, crea una situación desfavorable a los intereses del país, y por extensión, hacia todos los españoles, donde por intereses partidistas, PP y Vox perjudican a sabiendas los intereses de la marca España y debilita la posición del país a nivel mundial, lo cual va más allá de la simple contienda política o electoral y debe situarse en un contexto  de deshumanización al Presidente del gobierno,  en base a lo que dicta el manual nazi de Goebeels, y con vistas a buscar el hundimiento moral de Pedro Sánchez, para buscar que no se presente a las elecciones.  Mucho miedo veo en esas sobrectuaciones. Se huele la tragedia. 

En el ámbito internacional, el   Centro Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), y según estudio desarrollado por este organismo, difundido en septiembre de 2026, Pedro Sánchez figuraba como el líder europeo que mayor apoyo recibía entre los encuestados (un 8%), duplicando el porcentaje obtenido por Emmanuel Macron y superando ampliamente al canciller Olaf Scholz (1%). 

En el ámbito nacional, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el barómetro oficial de julio de 2026, el presidente del Gobierno se posicionó como el líder político nacional mejor valorado con una nota media de 4,25 puntos sobre 10, situándose por delante de Yolanda Díaz (4,00).

Sorprende que no aparezcan Feijóo o Abascal en los primeros puesto de estas listas, a lo mejor  tiene algo que ver con que ambos dos practiquen el manual de goobels y el ideario fascista contra la ciudanía española, residente en España y contra los residenes fuera de España (a los que no deja votar al menos a 163.020 españoles y españolas residentes fuera de España que obtuvieron su nacionalidad a través de la popularmente conocida como ley de nietos)

Por último decirles, que hoy 12 de octubre de 2026, se ha pronunciado el Tribunal Supremo al respecto, manteniendo las medidas cautelares sobre esas 163.020 personas de nacionalidad española  que no podrán votar en las próximas elecciones de 29 de noviembre. Y añadiría que, si ese fuese mi caso, y no me dejasen otra opción, tengan por seguro, que me plantaría ante el Tribunal Constitucional, con el pertinente recurso en la mano, reclamando por el atropello que mis derechos fundamentales habían sufrido.

 Fuente: Redacción