30 de octubre de 2026

OPINIÓN. De aquellos polvos estos lodos y de la memoria contra el cinismo de Feijóo y Abascal

La política, en su expresión más noble, debiera  ser el ejercicio de la gestión basada en la verdad, en la realidad y en la responsabilidad. 

Feijóo, solo se engaña a si mismo. Puesto que, los siete años de abandono ferroviario del PP, es una agresión imperdonable, contra la seguridad ferroviaria de toda la ciudadanía española, con la cual el Partido Popular siempre tendrá que cargar.

Aunque más recientemente, tanto PP como Vox, no se les veía tan dispuestos a pedir responsabilidades políticas por presunto homicidio imprudente, de un negacionista del cambio climático como Mazón, causante de 230 víctimas por la dana valenciana. Como tampoco se pidieron responsabilidades políticas contra Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, igualmente por presunto homicidio imprudente, esta vez de 7.291 víctimas de las residencias de ancianos y ancianas de dicha Comunidad madileña.

Lo que hacen PP y Vox en este momento, no es preocupación por la seguridad ferroviaria ni respeto a las víctimas, es oportunismo político, puro y duro.

Feijóo tampoco apareció por el Parlamento gallego tras el descarrilamiento de Angrois, que causó 80 víctimas mortales, ocurrido bajo el gobierno gallego de Feijóo, el 24 de julio de 2013, que por entonces Feijóo, demostrando lo cobarde que es, no dio la cara.

Consecuencias de recortes en inversión, del gobierno del PP de Rajoy, en la red de ferrocarriles españoles entre 2012 y Mayo de 2018.

 Aquí y ahora, este artículo, no solo pretende lanzar una denuncia contra los actuales dirigentes del Partido Popular —Feijóo, Ayuso o el legado de Rajoy—, que también, sino que que además, es  un testimonio de fiscalización ciudadana que utiliza la memoria, como antídoto contra el oportunismo político tras la tragedias ferroviarias, primero de Adamuz y ahora de Urda.

La tesis central, evidentemente se refiere a la agresiónes políticas de derecha y ultraderecha tras estos accidentes, que no nacen de una preocupación legítima por la seguridad, sino de un cinismo que ignora deliberadamente el deterioro sistémico provocado durante los años de mandato del PP de Rajoy.

Lo que estamos viendo estos días no es preocupación por la seguridad ferroviaria ni respeto a las víctimas. Es oportunismo político, puro y duro. Un intento de reescribir el pasado, de borrar años de recortes, abandono y dejadez, y de convertir en arma arrojadiza una tragedia que exige rigor, prudencia y memoria. Porque memoria es precisamente lo que parece faltar a los que hoy gritan más alto.

Durante los años de M. Rajoy, el sistema ferroviario no avanzó: retrocedió. El AVE, durante décadas símbolo de puntualidad y fiabilidad, empezó a perder su condición de “reloj de España”. Entre 2012 y 2017, los trenes de alta velocidad con retrasos superiores a 29 minutos se triplicaron: de 170 en 2012 a 750 en 2017. Comparando solo las mismas líneas, para evitar excusas, el aumento fue igual de contundente: de 170 a 441. No es una opinión: es un dato oficial del Gobierno del PP.

Mientras tanto, uno de cada cinco convoyes incumplía horarios en líneas clave como la Madrid-Sevilla, donde se llegaron a acumular hasta 17 restricciones de alta velocidad por mantenimiento inadecuado. El deterioro de las vías y el envejecimiento del material rodante no eran una hipótesis: eran una realidad reconocida por el propio Ministerio de Fomento.

La red crecía sobre el papel, pero se vaciaba por dentro. Tras un aumento inicial de servicios entre 2012 y 2014, el número de circulaciones se estancó y cayó hasta quedarse en 62.314, pese a que la red alcanzaba los 3.100 kilómetros tras invertir más de 50.000 millones de euros en décadas anteriores. Los nuevos corredores apenas sumaron 3.022 servicios, mientras los ya existentes perdían más de 3.200. ¿La razón? Falta de trenes.

Durante casi cinco años, Renfe no realizó grandes pedidos de material rodante para Cercanías ni Media Distancia. Cero euros en renovación de flota. Los trenes envejecían, faltaban repuestos, aumentaban las averías y los convoyes pasaban más tiempo en talleres que en las vías. El Gobierno no reaccionó hasta 2016, con una compra tardía e insuficiente de 30 trenes de alta velocidad por 1.262 millones de euros. Esa sequía inversora no fue una casualidad: fue una decisión política.

A esa parálisis se sumó un recorte severo en el mantenimiento. La inversión en conservación de la red convencional se redujo en torno a un 30%. Menos brigadas, más externalizaciones y más incidencias.

Ni siquiera los detalles más básicos escaparon a esa lógica de recorte. Hubo preguntas parlamentarias hasta sobre la limpieza de los baños del AVE, con contratos tan ajustados que los aseos fuera de servicio y la falta de higiene se convirtieron en algo habitual. Lo pequeño reflejaba lo grande: abandono, dejadez y una peligrosa normalización del deterioro.

El impacto fue especialmente duro en Andalucía. Mientras otras comunidades recibían inversiones muy superiores, los corredores ferroviarios andaluces apenas recibieron 1,5 millones de euros desde 2011. Se perdieron proyectos estratégicos como el Anillo Ferroviario de Antequera, con 400 millones de euros previstos y fondos europeos que se esfumaron por incapacidad de gestión.

Todo ello tuvo consecuencias claras en la puntualidad. Entre 2012 y 2017, con un aumento del 29% en el número de trayectos, los trenes con retrasos superiores a 25 minutos se multiplicaron por cuatro. En la línea Madrid-Málaga, los retrasos graves aumentaron un 353%. Solo en Andalucía, las indemnizaciones por retrasos superaron los 10 millones de euros durante el mandato del PP.

En 2012, la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres fue la que más circulaciones tuvo y también la que más retrasos acumuló. Cinco años después, con menos servicios programados, las incidencias seguían creciendo. Y en 2017, la línea Barcelona-París, con apenas 1.730 circulaciones, fue la que más problemas registró. El problema no era la demanda: era la gestión.

Por eso resulta tan irresponsable banalizar hoy aquel periodo o disfrazarlo de “austeridad”. No fue austeridad: fue abandono. Y en materia ferroviaria, el abandono tiene consecuencias, que estamos pagando ahora.

Y primero tras el accidente de Adamuz y ahora tras el de Urda, quienes protagonizaron ese periodo negro del ferrocarril pretenden dar lecciones. Abascal señala y Feijóo amplifica el ruido. Ninguno menciona los recortes, la falta de mantenimiento ni la sequía de trenes nuevos. Ninguno recuerda que el peor accidente ferroviario de nuestra historia reciente, el de Angrois, ocurrió bajo un Gobierno del Partido Popular de Feijóo. Fue el 24 de julio de 2013 y dejó 80 víctimas mortales. Un hecho que debería bastar para rebajar el tono y huir de la mentira.

Que ha hecho Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno del Estado.

Frente a ese pasado, conviene hablar del presente con datos. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, la política ferroviaria dio un giro de 180 grados. La inversión total en infraestructuras pasó de 1.700 millones de euros anuales en la última etapa de Rajoy a más de 5.400 millones ejecutados en 2024. Se triplicó el esfuerzo inversor para recuperar años perdidos.

El mantenimiento dejó de ser la partida sacrificada. El gasto en conservación de la red ha aumentado un 52% en la última década, pasando de unos 737 millones en 2016 a más de 1.120 millones de euros en 2025. La inversión por kilómetro de vía se ha incrementado un 58%, de 45.000 a más de 71.000 euros, con un objetivo claro: fiabilidad es seguridad.

Y, sobre todo, se acabó la sequía de trenes. Frente a los “cero euros” de Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez ha licitado más de 3.500 millones de euros para adquirir 345 nuevos trenes de Cercanías y Media Distancia. Una renovación histórica de la flota, largamente demandada, que empieza a revertir años de abandono.

Nada de esto borra el dolor de un accidente ni evita la necesidad de investigar, mejorar y reforzar la seguridad. Pero sí desmonta la mentira. Sí deja en evidencia el cinismo de quienes recortaron y ahora señalan. 

Basta de bulos y demagogia. Basta de utilizar las tragedias como arma política.

A nadie pueden engañar Feijóo, Abascal y compañía (quiero recordar que por entonces Abascal formaba parte del organigrama del PP) porque son lobos con piel de cordero, que tienen las manos manchadas de sangre, por la falta de inversión durante 7 años, que casi causó el desmantelamiento total de las infraestructuras de los trenes de alta velocidad. Y ahora mismo, aunque el Gobierno actual no para de meter dinero en las infraestructuras ferroviarias, el PP las dejó tan hundidas, que va a costar mucho tiempo y esfuerzo económico, recuperarlas. Puesto que se están comprando trenes y además, se está invirtiendo en infraestructura ferroviaria, justo lo que no hizo el PP de Rajoy, y tampoco lo hará el PP de Feijóo, cuando le toque, que no será este año, de lo cual se alegrarán los trenes españoles y también este que les habla.

 Fuente: Redacción y medios digitales



OPINIÓN. Del precio de ejercer el Poder Judicial en España. La caída del juez Acayro y el cuestionamiento sobre la confianza en la Justicia.

El exjuez Acayro relata en el programa 'Salvados' de la cadena de de TV “la Sexta” su caída judicial y denuncia las consecuencias de una condena que sigue cuestionando

El testimonio del exmagistrado Luis Acayro Sánchez en Salvados plantea una cuestión que trasciende su caso personal: qué ocurre cuando quien investiga al poder termina siendo juzgado por el mismo sistema que representa. Su relato, con frases tan contundentes como "La Justicia da miedo", merece ser leído con atención, tanto por lo que afirma como por lo que deja abierto.

La trayectoria que describe es la de un juez que, desde 2007, instruyó en Castro Urdiales numerosas causas por corrupción urbanística. Según su propio relato, esa labor lo convirtió en "alguien muy incómodo", no solo para los investigados, sino también para un entorno que terminó desplazando el foco desde los hechos hacia su figura. "El caso era yo, la foto era la mía, el titular era mi nombre", resume. Esta frase condensa un problema reconocible en muchos procesos de alto perfil: la personalización mediática puede desdibujar la discusión jurídica y convertir al instructor en protagonista.

El núcleo más grave de su argumentación es la sospecha de falta de imparcialidad. Acayro sostiene que la querella presentada por el Colegio de la Abogacía de Cantabria fue admitida a trámite por una sala presidida por José Luis López del Moral, su rival en la disputa por la presidencia del TSJ de Cantabria. Para él, esa coincidencia comprometía la apariencia de imparcialidad, un principio que el derecho procesal considera tan importante como la imparcialidad misma. Conviene subrayar que son acusaciones que el propio exjuez formula y que deben evaluarse en sus términos, sin darlas por probadas ni descartarlas de antemano.

El relato se completa con la sentencia de 2022. El Tribunal Superior de Cantabria le impuso cinco años de inhabilitación, pero el Tribunal Supremo anuló esa resolución y dictó otra que elevó la pena a diez años. Lo más llamativo es el cambio de criterio: la primera sentencia había apreciado un error de prohibición, y el Supremo consideró incompatible esa apreciación con la condena por prevaricación dolosa. Además, dos de los cinco magistrados formularon votos particulares a favor de la absolución. Ese dato es relevante: demuestra que el caso no fue unívoco ni siquiera dentro del tribunal que lo resolvió en última instancia.

Las consecuencias materiales completan el cuadro. Acayro afirma que no puede ejercer como abogado por sus antecedentes penales, que carece de ingresos y que se enfrenta a una reclamación superior a los 100.000 euros por las cantidades percibidas durante la suspensión de empleo y sueldo, a la que describe como una "prestación envenenada". Son circunstancias que explican la dureza de su testimonio.

En cuanto a su afirmación central, el exjuez matiza que no se puede desconfiar de la Justicia de manera generalizada, pero tampoco confiar en ella al cien por cien. Su conclusión es que la credibilidad institucional se erosiona progresivamente y que falta autocrítica. Esta reflexión es, quizá, la parte más valiosa de su intervención, porque plantea una tensión real: las instituciones judiciales necesitan que la ciudadanía confíe en ellas, y esa confianza solo es sostenible si los mecanismos internos de control, recusación y revisión funcionan de forma visible y creíble.

En definitiva, el caso Acayro ofrece dos lecturas posibles. Desde una perspectiva, es la historia de un juez que pagó un alto precio por investigar la corrupción local. Desde otra, es el ejemplo de cómo la percepción de parcialidad, aunque no se demuestre, puede minar la legitimidad de una sentencia. Ambas lecturas exigen el mismo rigor: examinar los hechos probados, los votos particulares y los argumentos de las partes antes de formar un juicio definitivo.

Fuente: El Plural.com

CONCLUSIÓN

El debate sobre la actuación de ciertos jueces en España genera una fuerte polarización mediática y política. Es fundamental diferenciar entre dos situaciones drásticamente distintas: 

  1. Magistrados formalmente condenados o expulsados de la carrera judicial por delitos reales de corrupción (como la prevaricación o el cohecho) 
  2. Jueces en activo que protagonizan intensas polémicas bajo acusaciones cruzadas de carácter político, como el fenómeno denominado lawfare (guerra judicial).

A continuación se repasan los casos históricos más notorios de corrupción judicial probada y los nombres actuales que centran las mayores polémicas en el debate público.

1. Casos históricos con condenas firmes por corrupción

En la historia democrática de España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo han expulsado y condenado a un número muy reducido de magistrados por corromper su función pública para beneficio propio o de terceros:

  • Luis Pascual Estevill.- Es el caso de corrupción judicial más paradigmático del país. Quien fuera vocal del CGPJ y juez en Barcelona fue condenado en 2005 por el Tribunal Supremo a nueve años de prisión por delitos de extorsión, cohecho y prevaricación. Estevill utilizaba su cargo para encarcelar de manera injustificada a empresarios y posteriormente exigirles millonarias sumas de dinero a cambio de su liberación.
  • Baltasar Garzón.- Uno de los jueces penalistas más mediáticos a nivel internacional. En 2012, el Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación, lo que supuso su expulsión de la carrera judicial. El motivo fue ordenar la interceptación de las comunicaciones en prisión entre los abogados defensores y los principales cabecillas de la red de corrupción política conocida como Caso Gürtel (que involucraba al Partido Popular).
  • Elpidio José Silva.- Expulsado de la carrera judicial tras ser condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación. Se determinó que actuó de forma arbitraria e ilegal al decretar el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, durante la instrucción del caso que lo afectaba.
  • Salvador Alba.- Condenado a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental. El tribunal demostró que conspiró y utilizó una causa judicial con el objetivo deliberado de perjudicar la carrera política y profesional de la también magistrada y exdiputada Victoria Rosell.

2. Magistrados envueltos en acusaciones políticas de lawfare

En la actualidad, y coincidiendo con investigaciones que afectan a partidos en el gobierno y a su entorno, el término lawfare ha cobrado fuerza en el discurso político. Se utiliza de manera informal para acusar a ciertos jueces de aparente instrumentalización de la justicia o persecución política:

  • Juan Carlos Peinado.- Recientemente jubilado, fue Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. Ha centrado gran parte de la atención informativa tras abrir una causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Desde sectores gubernamentales y desde la izquierda, se le ha acusado de mantener una investigación con fines puramente políticos y mediáticos, calificándola de "causa prospectiva".
  • Manuel García-Castellón.- Exmagistrado de la Audiencia Nacional que se jubiló en 2024. Protagonizó fuertes enfrentamientos políticos por instruir causas de gran repercusión como el caso Púnica, el caso Lezo (ambos vinculados al PP) y, especialmente en sus últimos años, la causa de Tsunami Democràtic, donde investigó por presunto terrorismo a líderes del independentismo catalán. Formaciones como Podemos o Junts lo han señalado abiertamente de actuar con sesgo ideológico.
  • Santiago Pedraz.- Magistrado de la Audiencia Nacional. Ha sido foco de controversia a raíz de la instrucción de causas que salpican a personas del entorno del PSOE, siendo catalogado por distintos actores políticos como parte de una supuesta ofensiva judicial contra el Ejecutivo central, acusación que la judicatura rechaza tajantemente defendiendo la independencia de sus actuaciones.

Fuente: Medios Digitales