16 de marzo de 2024

OPINIÓN. De la corrupción del PP nacional, a la del PP de Madrid, porque Madrid es España dentro de España.

De las mil caras de Ayuso y de la cronología de la semana "horribilis" de la emperatriz de Chamberí.

Martes, 6:00 horas, en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso todavía amanece, después que desde el de eldiario.es saltase el titular a los móviles de todo el país, que definitivamente pasa a ser el tema central de esa mañana y, a lo largo de la semana, supondrá un nuevo trabajo periodístico, en un escenario, que se debate entre lo legal y lo inmoral que supone enriquecerse en pandemia y defraudar 350.000 euros a las arcas públicas. Información a cuentagotas, pero tratada con rigor por los profesionales, a pesar de las acusaciones de excesivo sesgo ideológico e incluso de machismo.

Martes, 12 de marzo

06:00. 350.000 euros de fraude

La exclusiva del medio mencionado va corta y al pie, pero lo suficientemente efectiva como para agitar el tablero político. Tres delitos (dos de fraude fiscal y uno de falsedad documental), dos empresas (Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering), un nombre desconocido hasta ahora (Alberto González Amador), otro de sobra conocido (Isabel Díaz Ayuso) y un objetivo: evitar el pago de impuestos a través de empresas pantalla y facturas falsas.

09:00. Escrito de la Fiscalía

El Plural.com saca la primera exclusiva: el escrito de laFiscalía con el que el órgano jurídico acusa a la pareja de la líderesa de defraudar 350.951 euros entre 2020 y 2021.

“Según la fiscalía, la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”

14:00. El piso del millón

Uno -aunque aquí hay más- y de un millón. Así es el piso más famoso de esta semana. Localizado en el barrio pudiente de Chamberí, medios como este mismo, eldiario.es o la Cadena Ser pudo comprobar que la vivienda está tasada en 837.000 euros y cuenta con todo lujo de detalle repartidos en 183 metros cuadrados útiles: “vestíbulo, distribuidor para el comedor-estar, despacho, cocina, aseo y dormitorio de servicio, cuarto de aseo, cuarto de baño principal, dormitorio principal, tres dormitorios y un pequeño vestíbulo de servicio”. Así se desprende de la nota de registro a la que tuvo acceso este medio.

Pero el espacio en el que González y Ayuso hacen vida no se limita al interior del inmueble, sino que la pareja tiene también alquilado el ático -que dedica a gimnasio y actividades lúdicas- y hacen uso de una plaza de garaje de 100.000 euros. El piso es propiedad 100% del compañero de la presidenta y pidió para adquirirlo una hipoteca de medio millón de euros tras el presunto fraude.

Miércoles, 13 de marzo

07:00. Maserati

Este medio también ha publicado en exclusiva que el empresario tiene un Maserati para una de sus compañías. Si bien el vehículo es de segunda mano, lo que hace que su precio baje considerablemente, el coste del modelo Ghibli Diesel oscila entre los 98.000 y los 174.000 euros.

El coche, del que la presidenta, parece, hizo gala en junio de 2022 en el club que dirige el marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, acumula seis multas de tráfico y dos impuestos sin pagar.

13:00. Panamá

Sale a la luz que desde 2021 y hasta 2022 Alberto González Amador tuvo una empresa en Panamá creada por Fernando Camino, actual presidente de Quirón Prevención, que fue su cliente durante años. Presuntamente, y según las primeras informaciones que publica eldiario.es, la pareja de la presidenta administró esta sociedad durante ese periodo de tiempo, después de presuntamente defraudar a Hacienda.

Se trata de Médicos del Pacífico SA, creada por Camino en 2013 y disuelta en 2022, tras los ejercicios de los presuntos delitos por parte de González.

13:30. Explicaciones de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid se defiende por primera vez ante los medios de comunicación. Más nerviosa y dubitativa de lo habitual, comparece ante los medios desde Leganés tras un Consejo de Gobierno celebrado aquí de manera extraordinaria.

La líder regional limita todo a un ataque “orquestado” desde la Moncloa y las redacciones, y se presenta como víctima. Mientras sea legal, soy libre de subirme en ese coche o de meterme en esa cama, dice respecto de las propiedades de su pareja, a quien califica como un “ciudadano anónimo” y a quien escuda a través de la mentira. “Es una inspección fiscal y salvaje de Hacienda (…) Es el Ministerio Público el que le debe 600.000 euros por intereses. No hay trama de facturas, no hay empresas fantasma, todo es un invento”, sostiene.

20.00. Alquiler de pisos turísticos

Casi al instante, ElPlural.com publica que Alberto González Amador agrandó su fortuna convirtiendo dos locales en pisos turísticos. Lo hace a través de la empresa October Twelve Accommodation SL, una de las al menos cinco compañías con las la pareja de Ayuso está relacionado y se encuentran en activo.

Jueves, 14 de marzo

08:00. ¿Qué fue primero?

Apenas diez horas le duró a Ayuso la credibilidad, y es que a la mañana siguiente se demostró que González Amador había reconocido ante la Fiscalía haber llevado a cabo el fraude. ElPlural.com tuvo acceso a la carta que así lo demuestra, aunque el hecho provocó un cisma también entre medios: LaSexta evidenció que la pareja de la presidenta había recurrido al órgano jurídico, mientras que otros como El Mundo relataron los hechos a la inversa, que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto para que admitiera dos delitos fiscales.

14:00. Conexión leonesa

Buena parte del entramado se concentra, contra todo pronóstico, en la ciudad de León. Aquí, ElPlural.com destapó dos nombres más y varias firmas.

Por partes, este medio destapó que Alberto González Amador tiene dos delegaciones de una de sus empresas investigadas por la Fiscalía Provincial. En concreto, se trata de la compañía Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering que se ubica en un local comercial y los inmuebles obedecen a un local comercial y un piso céntrico de 212 metros cuadrados tasado por valor de 408.540 euros.

Los nombres propios son nada menos que, por un lado, el economista que defendió a la pareja sentimental de Ayuso ante la Agencia Tributaria, Javier Luis Gómez Fidalgo; arrendador a su vez del ático ubicado encima del piso de Chamberí, y María Gloria Carrasco Fernández, conocida farmacéutica y persona que le vendió a González la empresa Mastersman & Whitaker Medical Supplies. Su marido es Fernando Camino, con quien el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid constituyó en 2013 en Panamá la compañía anteriormente señalada: Sociedad Anónima Insumos Médicos del Pacífico.

Viernes, 15 de marzo

21:00. Florida

A más a más, la pareja de Ayuso también creó una sociedad en Florida (EEUU) en 2022 -Burnet & Brown Investments Llc- en plena investigación fiscal.

Bis: querellas, mensajes cruzados…

Y en todo este maremágnum, las acusaciones de querellas o los mensajes cruzados han sido la tónica habitual. La vuelta a X -antiguo Twitter- del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, las respuestas del ministro de Transportes, Óscar Puente, o amenazas jurídicas a María Jesús Montero han polarizado la otra cara del enfrentamiento.

Fuente: El Plural.com

POSDATA

La pareja de Ayuso admitió el fraude fiscal en febrero en su escrito a la Fiscalía

Alberto González, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ofreció en febrero a la Fiscalía llegar a un pacto en el que él se declaraba culpable de dos delitos contra la Hacienda Pública para evitar el juicio, donde su abogado, D. Carlos Neira, inicia el 2 de febrero los contactos para intentar un pacto de conformidad y así saldar esa deuda con Hacienda,  y que decía así:

"Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT".

Fuente: la Sexta.com

 OTRO POSDATA

El liberalismo político del PP llega a los medios de comunicación, en forma de censura.

 Fuente: El Pais.com; El Diario.es

 OTRO POSDATA

 La comisión de la verdad, sobre las residencias de Madrid: “Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”

 El equipo, formado por afectados y expertos, señala al Gobierno regional por frenar las derivaciones hospitalarias y no medicalizar los centros de mayores.

El informe concluye que “más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida” y que no se produjo la atención sanitaria adecuada a los ancianos por “decisiones políticas y de gestión discriminatorias”.

Fuente: El Pais.com

OTRO POSDATA

La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía pero con críticas a la tramitación

El informe no vinculante del organismo del Consejo de Europa no entra en el fondo del texto, pero recomienda a las autoridades que el texto se apruebe por mayoría cualificada y emplaza a contar con la oposiciónQue visto lo visto, con la corrupción galopante del PP, difícil se me hace a mí,  hasta ir a apañar duros con ellos. Cualquiera se fía de estos.

Fuente: El Diario.es

15 de marzo de 2024

OPINIÓN. El PP sigue a lo suyo, enfangando las Instituciones, que es, lo que mejor sabe hacer para tapar su montaña de corrupción.

 El Partido Popular a lo suyo y otra vez ha escogido la estrategia de implicar a las  instituciones públicas, españolas y europeas,  para tapar sus miserias y lanzar ataques políticos, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta deplorable acción depredadora del PP sobre las instituciones, que comenzó con la colonización del CGPJ y la oposición a soltar su presa, tiene su continuación con la presentación de una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses, bajo la suposición de presunto conflicto de intereses en el rescate financiero otorgado a Air Europa. 
La maniobra, de manera absurda, cuestiona las intenciones del acto y con apariencia de verdad, pretende desacreditar al actual gobierno mediante la manipulación torticera de los hechos y el manoseo de las entidades estatales para servir a sus oscuros fines políticos, cual son servir de tapadera para tratar de ocultar el elefante en la habitación  que es la corrupción generalizada del partido popular.

La denuncia interpuesta por el PP, no tiene fundamentos jurídico sólidos, sino que es un burdo intento de confundir a la opinión pública y erosionar la imagen pública del presidente Sánchez.

La legislación vigente, específicamente el artículo 11, letra f, de la Ley 3/2015, clarifica las condiciones bajo las cuales se requiere la abstención de cargos públicos en decisiones que podrían presentar conflictos de interés. Estas condiciones no se cumplen en el caso aludido por el PP, dado que la persona implicada no ocupa ninguna posición de dirección, asesoramiento o administración en Air Europa, lo que invalida la premisa de la denuncia.

Falta de sustento legal de la acusación

Frente a la evidente falta de sustento legal de la acusación, se hace patente que el objetivo subyacente trasciende la preocupación por las posibles incompatibilidades o conflictos de interés. Se revela, en cambio, un intento por instrumentalizar mecanismos de supervisión ética y legal en beneficio de una agenda política partidista, marcando un preocupante precedente sobre el uso de instituciones públicas en disputas políticas.

Esta práctica no solo pone en riesgo la credibilidad y la imparcialidad de entidades estatales clave sino que también amenaza con socavar la confianza pública en las instituciones democráticas. La manipulación de organismos estatales con fines políticos constituye un desafío directo a los principios de transparencia, justicia e integridad que deben regir la gestión pública.

EDITORIAL

En definitiva, este comportamiento del PP viene a demostrar una continuidad desde que Aznar comenzó ha deslegitimar las Instituciones para ocultar los ataques terrorista yihadistas del 11 de Marzo de 2004 y sus mentiras referidas a la guerra de Irak. Y a partir de entonces, la desconfianza, y la mentira, entraron a formar parte indisoluble de la política basura del PP.

Pues “aquel hecho introdujo la peligrosísima teoría sobre la legitimidad de un gobierno electo, que hoy sigue degradando la democracia en España” gracias a la miseria de los políticos del PP, que se demuestran bastantes más peligrosos para la democracia que independentistas y soberanistas juntos, como nos quieren hacer creer, esta pandilla de patriotas de tres al cuarto, que hablan mal de España dentro del país, pero peor lo hacen fuera, cuando creen que nadie les escucha. Lo que decía, patriotas a tiempo parcial, solo cuando salen por la tele, después se dedican  a la corrupción o al trinque, a ver, esto en secreto, faltaría más. Tengo un amigo del PP, que su lema es que nada es delito mientras no te pescan, y después que te han pillado, negarlo todo. 

¿De que me suena esto?. A así, de las declaraciones, de Feijóo, Ayuso, Aznar, Rajoy, Gamarra, Tellado, etc. Para que seguir, si son todos iguales y siempre son los mismos, que unas veces mienten como bellacos y otras sufren amnesia temporal, solo cuando están  ante una comisión del Congreso de los Diputados o delante del juez, que lógicamente, cualquiera del PP se pone nervioso cuando raramente le toca un juez que no tiene ninguna comprensión hacia los designios divinos del PP. 

Por cierto, que bien le quedaba la  mascarilla la señor Aznar, declarando por video-conferencia, que sino llega a ser por el subtítulo que salía debajo de la pantalla, nadie diría que era él.

Desde mi opinión, entiendo, que a los dirigentes del PP les pagan por inventar mentiras, no por hacer política constructiva, que sirva a los ciudadanos, porque sino, como puede entenderse a un partido político, que desde la mañana hasta la noche, tiene entre ceja y ceja, destruir España.

Y no es de ayer, que llevan 20 años así, aunque diga el saber popular "que no hay mal que 20 años dure". Pues aunque ETA ya no existe, el PP si que existe y sigue con lo mismo.

Fuente: Diario16plus.com

4 de marzo de 2024

OPINIÓN. La chusma fascista babea de la corrupción ajena y bendice la propia

Los santos varones del PP, perseguidos por la sombra de la corrupción, en compras de mascarillas durante la pandemia

Una asociación prepara una denuncia contra Feijóo por contratos de mascarillas en la pandemia.

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) ultima una denuncia que presentará en unos días ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Audiencia Nacional contra el presidente del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por poner a la venta “mascarillas falsificadas, dejando la puerta abierta a todos los que se quieran sumar a esta iniciativa", según publica ElPlural.com. Concretamente, la asociación señala a la compra de material sanitario a la mercantil gallega Sibucu 360 SL.

Dentro del caos que supuso la pandemia, paralelamente las comunidades debían seguir las indicaciones que se marcaban desde la Unión Europea y el Ministerio de Consumo.

Según denuncia la plataforma, tanto la Comunidad de Madrid como Galicia hicieron caso omiso a un tipo de mascarillas perjudiciales para la salud que compraron a esta empresa en varias ocasiones pese a las alertas vertidas sobre algunos lotes de la misma.

Según indica el citado medio, la Xunta solicitó de nuevo los servicios de la marca en junio de 2021, tras haberle comprado 2,3 millones de mascarillas en un contrato de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Mientras, en Madrid se gastaron medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición de mascarillas quirúrgicas para el hospital La Paz.

Pese a la futura denuncia, es importante señalar que fueron varias las administraciones, de todos los signos políticos, las que acudieron a esta empresa.

Sibucu llegó a vender al gobierno gallego las mascarillas por menos de 50 céntimos la unidad, lo que suponía un 15% menos de dinero que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. En la plataforma señalan que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 restricciones para evitar que una empresa haga ofertas más bajas basadas en la menor calidad de sus productos o servicios.

Sibucu 360 SL multiplicó sus ingresos en pandemia con 4.000% más de beneficios en el año en el que explotó la pandemia, pasando de los menos de 765.000 euros con los que cerró 2019 hasta los más de 31 millones con los que llegó al 31 de diciembre de 2020.

Fuente: El Plural.com

Sibucu 360, la empresa de las mascarillas ‘fake’ de Feijóo y Ayuso que aumentó su facturación un 4.000% en pandemia

La compañía a la que recurrieron la presidenta de la Comunidad y el ahora líder del PP a pesar de detectarse irregularidades multiplicó por diez sus beneficios en 2020

Sibucu, una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida con el sector sanitario se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra el Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente un 4.000% en 2020.

Los delitos que persiguen al hombre detrás de Sibucu 360, la empresa de las mascarillas 'fake' de Feijóo y Ayuso

Aquel año, en el que las administraciones -entre ellas Madrid y Galicia con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- recurrían a la empresa que más fácil se lo ponía para acceder a material sanitario para salvar vidas, esta sociedad -que controla la empresa de iluminación MoonOff- cerró el curso con una facturación de más de 31 millones de euros. Venía de una cifra de negocio de algo de menos de 765.000 euros en 2019.

Lo que es lo mismo, Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año. En el mismo tramo de tiempo, el resultado de explotación se disparó hasta los 4 millones de euros -estaba en 159.000 antes de la pandemia-, el patrimonio neto se situó en 1,5 millones y los socios acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos: una cifra que multiplicaba por tres su facturación en 2019.

Muchas autonomías recurrieron a la firma, pero Feijóo y Ayuso repitieron

En los últimos días, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) recordaba que la Xunta de Galicia, entonces gobernada por el ahora líder del PP- puso a la venta “mascarillas falsificadas” tras cerrar contratos con esta compañía. Fuentes de la asociación contaban a ElPlural.com que elevarían la causa ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o el Tribunal de Justicia Europeo.

Hay que explicar que Sibucu 360 firmó acuerdos con distintas regiones y Ayuntamientos, incluido el de José Luis Martínez-Almeida antes de que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño contactaran con el Consistorio.  Así las cosas, Sibucu la sociedad fue la primera en hacer negocio con Cibeles, el 20 de marzo de 2020. En total, se llevó 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2

 Pero las comunidades de Ayuso y Feijóo repitieron después de que la compañía repartiera mascarillas con sellos falsos. En concreto, se vertieron alertas sanitarias en mayo de 2020 por cuatro tipos importados desde China, publicándose el riesgo en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y en la red de alertas del Ministerio de Consumo.

De manera más detallada, parte de las mascarillas que distribuyó la compañía tuvieron que retirarse por tener una certificación irregular, ya que estaban validadas por un laboratorio italiano que carecía de acreditación para ello. Esto impulsó la apertura de un expediente por parte del Instituto Galego de Consumo ante el que uno de los socios expresó que se trataba de un “fraude del laboratorio” que afectó a 80.000 mascarillas cuando se habían distribuido 80 millones.

En Madrid, el 10 de agosto del primer año de pandemia el hospital La Paz invirtió medio millón de euros, tal y como destapó ElPlural.com. Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con la misma empresa la venta de mascarillas y filtros por valor de 14.980 euros -en julio- para el Hospital Ramón y Cajal.

Por su parte, la Xunta acudió de nuevo a los servicios de esta marca en junio del año siguiente, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas por valor de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de la región.

Fuente: El Plural.com

El PP de Ayuso tiene miedo y presiona a Feijóo para que se oponga a que el Congreso investigue la compra de mascarillas en pandemia

Voces dentro del partido creen que hay buscar una buena argumentación para negarse a investigar los contratos que se firmaron durante la pandemia. Al tiempo que Alfonso Serrano y Martínez Almeida ya han puesto en duda su legalidad.

Tras la ofensiva del PP con el 'caso Koldo', a inicio de semana el PSOE puso sobre la mesa una comisión de investigación en el Congreso para fiscalizar los procedimientos de compra de material sanitario durante la pandemia de todas las administraciones. La anunció el lunes y la registró el martes. Este miércoles, fuentes oficiales del PP aseguraban que todavía no han decidido si la apoyarán o no. "Cuando queramos comunicarlo, lo haremos", señalan.

Pero en el PP de Madrid ya han dejado claro su rechazo explícito. Y lo han hecho sembrado dudas sobre la legalidad de la comisión: "Tengo mis propias dudas jurídicas acerca de que una Cámara, como es el Congreso de los Diputados, pueda investigar cuestiones que afectan a otras administraciones que tienen sus propios controles", aseguró Alfonso Serrano, 'número 2' de Isabel Díaz Ayuso. 

EDITORIAL

Por lo que se ve, la exención de responsabilidades políticas y parlamentarias, solo afectaría a la Comunidad de Madrid y a su Ayuntamiento, no para el resto de España, a juzgar por las manifestaciones de Feijóo, Tellado, Gamarra y compañía, respecto la apertura de Comisiones de Investigación en el Senado para cuantas comunidades autónomas y ayuntamientos les plazca, a la mayoría absoluta del PP en dicha Cámara Parlamentaria, por supuesto excluyendo igualmente de las mismas a las administraciones, autonómica y municipal de Madrid.  Faltaría más, sino quiere Feijóo coger el mismo camino que Casado. 

Fuente: Publico.es

OPINIÓN. Justicia Constitucional versus Justicia Política

 Difícilmente jueces europeos vean terrorismo en conductas de Puigdemont

La decisión del Tribunal Supremo de investigar al dirigente soberanista catalán por organizar una banda armada no tiene precedentes en el derecho de la UE, que al ser eurodiputado procede solicitar suplicatorio al Parlamento Europeo, que está por ver si es concedido.  

El Tribunal Supremo ha dado el paso crucial de investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en el marco de la investigación contra Tsunami Democràtic, el movimiento ciudadano catalán surgido en los días del 1-O para protestar contra las decisiones del Estado español. 

Sin duda, el tribunal ha decidido atravesar un peligroso Rubicón al aceptar las tesis del juez García-Castellón, un magistrado que se ha mostrado abiertamente en contra de la amnistía a los encausados por el procés. Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional (órgano judicial en el que aterrizó en 1993 para sustituir a Baltasar Garzón) se encuentra en el ojo del huracán por defender los intereses del PP en ciertos momentos de su trayectoria profesional.

Pues éste magistrado es el que ha puesto al Supremo ante la difícil tesitura de sentar en el banquillo de los acusados a Puigdemont, el anticristo de la derecha política y judicial de este país. El alto tribunal podría haber desestimado la instrucción, pero nos encontramos en un momento culminante de la historia de España, cuando Pedro Sánchez trata de cerrar heridas con Cataluña, pasando página, con la amnistía.

Es evidente que la decisión tomada por el Supremo trasciende lo judicial para meterse de lleno en el terreno de la política. De modo que hay motivos para sospechar que estamos ante un nuevo caso de lawfare o guerra sucia jurídica. Y no solo eso, sino que todo el mundo sabe que la Justicia europea no va a comprar la tesis de que Puigdemont es un terrorista.

El expresident puede ser un sedicioso, alguien que conspira para destruir el Estado español en pos de la independencia de Cataluña, pero nadie lo ve como el nuevo sanguinario Txapote. Si los autos de extradición y euroórdenes del juez Llarena se disolvieron más allá de los Pirineos, caben muchas posibilidades de que la más que forzada y retorcida con calzador instrucción de García-Castellón podría seguir el mismo camino.

Países como Suiza, Bélgica, Alemania e Italia ya han dicho, no, a tratar a Puigdemont como si se tratase de un miembro de ETA o del IRA, y nada hace pensar que la jurisprudencia vaya a cambiar. Pese al auge de la extrema derecha en todas partes, Europa sigue siendo garantista con los derechos humanos y hay que llevar una resolución judicial muy bien fundamentada para convencer a un magistrado de la UE.  

Todo apunta a que la Justicia española sigue sin tomar nota de cómo funcionan las cosas en el espacio Schengen. Tratando de empapelar por organización terrorista al expresident impulsor del procés los jueces pueden volver a cometer el mismo error por segunda vez, porque cuando el Supremo envíe el requerimiento a la Justicia belga, ese novelón negro con más imaginación patriótica que fundamentos jurídicos, ningún jurista de aquellas tierras va a entender nada.

¿Pues dónde están las bombas lapa, los asesinatos, los secuestros y la estructura criminal que se supone rodean a todo grupo armado?

El juez García-Castellón ha levantado un extraño constructo donde una manifestación popular más o menos violenta se convierte en terrorismo, donde la única víctima mortal es un ciudadano extranjero que lamentablemente y por desgracia murió  de un infarto en un aeropuerto tomado por los manifestantes y donde un líder o cabecilla que siempre ha apelado a la vía pacífica para alcanzar sus objetivos políticos, con los que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero siempre encauzados por procedimientos democráticos como el derecho a votar.

Un juez belga, cuando reciba este dosier, quedará estupefacto al comprobar cómo un colega español pretende que vea terrorismo donde él solo ve una protesta cívica.

Los primeros varapalos ya han llegado después de que la Oficina Federal de Justicia suiza (OFJ) haya suspendido la tramitación de la comisión rogatoria cursada el pasado mes de noviembre por el juez en la que se solicitaba información sobre el paradero de Marta Rovira, huida de la Justicia española.

Mucho nos tememos que abocan a este país a sufrir un nuevo y espantoso ridículo internacional que solo servirá para incrementar la imagen de república bananera del Estado español y para reforzar la posición del fugado y refugiado en Waterloo.

Puigdemont, que estaba más débil que nunca, máxime después de que el Parlamento Europeo hubiese acordado investigar a fondo la trama rusa del procés y los posibles contactos de los líderes soberanistas con la Rusia de Putin. Y ahora son los jueces españoles, que con la politización de la justicia y sus posiciones maximalistas y ultras, están dando oxigeno y haciendo crecer al independentismo que, hasta ayer mismo, estaba de capa caída.

Fuente:Diario16.es

EDITORIAL

Probablemente se necesite retocar algún artículo del Código Penal

Entiendo, no estaría demás matizar, lo que correspondiese del Código Penal en los artículos que correlativamente van del 570 al 573 bis, en lo concerniente a la definición de terrorismo callejero, diferenciándole claramente respecto del de desórdenes públicos, puesto que, estos últimos,  a mi juicio,  en ciertas ocasiones van dirigidos por uno o varios políticos, unas veces de derechas o ultraderechas y otras de izquierdas o ultraizquierdas, con el firme propósito de desestabilizar al Gobierno y por tanto al Estado. Pero claro, ocurre que casi nunca puede demostrarse, o  igual interesa que así sea. 

En concreto me estoy refiriendo, a manifestaciones, más o menos violentas (donde en algún caso hubo hasta 30 policías heridos en un solo día)  que con la excusa de la amnistía, se produjeron en las inmediaciones del Congreso de Diputados, de Ferraz y/o de Moncloa, de los fervientes seguidores de PP y Vox, siguiendo indicaciones y exhortaciones públicas de, Abascal, Feijóo, Aznar, Ayuso y compañía, que desde luego, no creo el Tribunal Supremo esté considerando imputar por terrorismo a los mencionados líderes de PP y Vox, como por contra, aseguran jueces y fiscales del TS, que así consta en la ley en el caso de Puigdemont. 

Curiosa la distinta vara de medir de la Justicia, dependiendo de la persona de quien se trate, que además, desde mi opinión entiendo, no es un modo muy democrático ni constitucional de proceder.

Fuente: Redacción

POSDATA


Informe Comisión Venecia avala  amnistía

El borrador filtrado no se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, como el PP difunde a los cuatro vientos


  • Según EFE, el documento no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, “que es una cuestión que en última instancia debe decidir el Tribunal Constitucional”, ni sobre la incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.
  • El borrador avalaría la posibilidad de una ley de amnistía siempre que cumpla con los requisitos de legalidad, respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir con claridad los actos amnistiados y las excepciones, una tramitación que permita debate y participación y respeto a la independencia del poder judicial.
  • El borrador señala que, en general, las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política, unos “objetivos legítimos que deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes”, entre los que apunta la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos.
  • Según el documento para la Comisión de Venecia esta proposición de ley de amnistía registrada en el Congreso “no afectaría a la separación de poderes, ya que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos conforme a la norma”. Sin embargo, sobre que la proposición de ley se tramite de urgencia, apunta que “los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía”.

  • Advierte de que la proposición “ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España” y anima a todas las autoridades a tomarse “el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo”.

Fuente: EFE


17 de febrero de 2024

OPINIÓN. De la 'limpieza étnica' de Netanyahu

Supongo Netanyahu tiene decidido consumar el exterminio del pueblo  palestino, cuando ha ordenado evacuar Rafah ante inminente "operación masiva" del ejército israelí. 


De ocurrir finalmente el asalto a Rafah, acabarán con las vidas de cerca millón y medio de palestinos allí refugiados, que acorralados, no tienen donde huir. 

El genocidio del que está siendo objeto el pueblo palestino por los ejércitos sionistas, que protegidos por EEUU y Reino Unidoactúan con total impunidad, como los nazis hicieron con los judíos, 'ergo' los sionistas son los nuevos nazis del siglo XXI, porque los únicos capaces de acabar con la vidas de un millón de personas de la noche a la mañana, por este orden serían, Hitler, Netanyahu y Putin, ―según ellos mismos reconocieron  

Y además, siendo apoyado dicho genocidio desde España por los dirigentes de PP y Vox vergüenza admitir sean españoles semejantes individuos que van a misa todos los domingos y fiestas de guardar, sin mostrar, ni el más mínimo  escrúpulo de conciencia, ni de arrepentimiento, pues por lo visto, nada de todo esto es delito ni pecado.

A que espera la comunidad internacional para evitarlo. ¿Acaso quiere estalle la tercera guerra mundial?

En principio, debieran imponerse a Israel las sanciones que fuesen necesarias,  porque son merecedores de todas ellas.

Nada de dejarles participar en Juegos Olímpicos, ni en cualquier otra competición deportiva o de ocio, como Eurovisión. Así como también, debieran aplicárseles sanciones económicas equivalentes a las que merecidamente se le impusieron a Rusia, por la invasión de Ucrania. Y por supuesto, nada de venderles armas, pues a día de hoy, todos sabemos el uso que hacen de ellas.

PERO DEBE HACERSE DE MANERA INMEDIATA

Caso no hacer nada, como se ha hecho hasta ahora, inevitablemente se consumará el exterminio del pueblo palestino, y a excepción de Sudáfrica que denunció a Israel por genocidio ante la Corte Penal Internacional, el resto de la comunidad internacional, al completo, tendrá las manos manchadas de sangre para siempre y por toda la eternidad. Además, probablemente, acerque peligrosamente a la humanidad al inicio de la tercera guerra mundial, si no es que ha empezado ya.

Fuente: Redacción 

POSDATA

Tras la muerte de Navalni en una prisión rusa de Siberia, cabe preguntarse si no debiera dedicarse Putin a desnacificar Rusia en lugar de Ucrania (donde no lo veo por ningún lado) porque la verdad, la democracia en la Federación de Rusia, entiendo brilla por su ausencia, al igual que el respeto a los derechos humanos. Sin olvidarnos de la barbarie que llevan dos años protagonizando contra el pueblo ucraniano, contraria al derecho internacional, a la democracia y al sentido común, que es el menos común de los sentidos.

9 de febrero de 2024

OPINION. Las investigaciones que exige la UE sobre la presunta conexión entre el Kremlin y el ‘procés’ llevan años en los juzgados españoles

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó la presencia de presuntos espías rusos en Cataluña, antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 e incluso  durante el desarrollo del mismo también.

Dado que el Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución —no vinculante— para reclamar a las “autoridades judiciales competentes” que investiguen “de forma efectiva” la intervención rusa para intentar desestabilizar determinadas regiones de la UE. Además, la Cámara insta a indagar la presunta conexión del independentismo catalán con Moscú durante el ‘procés’; gracias a la insistencia y enmiendas del PP, siempre comprometidos con su afán de desequilibrar la democracia en EspañaCabe recordar al respecto a dicho Parlamento Europeo en general y al PP en particular, que desde el estallido del desafío independentista en 2017, en España se han abierto al menos dos causas judiciales sobre la supuesta conexión entre Rusia y el 'procés', sin que se haya imputado a nadie por alta traición. También se detectó la presencia de espías en fechas clave, antes del referéndum ilegal del 1 de octubre y durante la celebración del mismo. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también ha advertido en varios informes sobre las campañas de desinformación (online) impulsadas por el Kremlin.

PRIMERA INVESTIGACIÓN

En noviembre de 2019, un juzgado de la Audiencia Nacional, había iniciado una investigación sobre la presencia de agentes del espionaje ruso en Cataluña en los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y sus supuestos contactos con personas vinculadas al proceso independentista.

La Policía había abierto la Operación Volka (lobo en ruso) tras constatar el paso por Barcelona del general Denís Serguéiev, alias Serguéi Fedótov, solo 48 horas antes de que se celebrara la consulta convocada por el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

INVESTIGACION PRINCIPAL

La principal investigación en España sobre la presunta injerencia rusa en el 'procés' es la que dirige, desde hace cuatro años, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre. El magistrado indaga las reuniones que, en los días previos a la fallida declaración unilateral de independencia, mantuvo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con individuos que, presuntamente, tienen conexiones con el Kremlin. En la causa están investigados el jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay; el informático Jaume Cabaní y el exdirigente de Convergència Víctor Terradellas.

Aguirre abrió el caso Voloh y, en octubre de 2020, ordenó diversas detenciones. Fuentes de los servicios de inteligencia aseguran que se comprobó que los interlocutores rusos tenían conexiones estrechas con el Kremlin; otra cosa, matizan, es que la oferta que habían ofertado, de enviar 10.000 soldados —bajo el pretexto de una supuesta fuerza de paz— fuera una ensoñación. “El objetivo era animar con sus promesas a Puigdemont para que se diera el paso”, explican las citadas fuentes.

La causa parecía 'dormir el sueño de los justos' hasta que, el pasado 29 de enero, un día antes de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, el juez dictó un auto que, además de prorrogar por seis meses la investigación, citaba por primera vez delitos que no están cubiertos por la amnistía. 

El juez consideró entonces, que los implicados maniobraron para alterar la unidad territorial de España buscando alianzas con Rusia, que puede suponer delito de alta traición, excluido de forma expresa en el texto de la amnistía, lo cual  conlleva un obstáculo más para que, llegado el caso, Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía. 

Al tiempo, dicho juez ha sido objeto de recusación por parte de las defensas, al haber dado una entrevista a la televisión pública alemana hablando de la causa, que presuntamente supone saltarse el principio de imparcialidad. Por otra parte, la instrucción del proceso quizás incurra en investigación prospectiva, pues probablemente, no sean aportadas nuevas pruebas documentadas, verificadas y constatadas, diferentes de las que se disponía antes del 29/01/24, que hasta entonces no habían dado lugar a ninguna imputación por delito de alta traición. 

Fuente: Redacción; el pais.com

6 de febrero de 2024

OPINIÓN. Un PP moralista, acosado por casos de corrupción, utiliza la UE y la Justicia, para protegerse contra daños colaterales de probables sentencias

 Nuestro partido popular, querido por unos y odiado por otros, utiliza a la UE y a  su brazo armado de la Justicia para defenderse, electoralmente y judicialmente, de los casos de corrupción que le acorralan, tanto actuales como futuros. Pongámoslo todo en contexto.


30 causas de corrupción abiertas hace un lustro asedian al PP

Los tribunales preparan juicios en los próximos meses de los casos Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Kitchen y otros contra relevantes exdirigentes populares.

Las causas judiciales por corrupción asedian al PP desde 2009. El año que ahora empieza tiene al menos 30 sumarios con la instrucción finalizada en los casos Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Taula, Tandem y otros con varias decenas de exdirigentes populares procesados. Los juicios pendientes, algunos ya tienen fijada fecha de inicio, sentenciarán hechos ocurridos hace más de cinco años. Esta justicia a destiempo supondrá un nuevo varapalo al prestigio de la formación conservadora que ahora preside Alberto Núñez Feijóo. Lo que sigue resume el via crucis judicial del PP.

Caso Gürtel, 14 años después, cuatro causas pendientes. El juez Baltasar Garzón desarticuló el 6 de febrero de 2009 una de las más extensas tramas de corrupción conocida en democracia. La red había colonizado más de una decena de administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía. De aquella investigación surgieron múltiples piezas separadas que dieron lugar a juicios que terminaron con duras condenas de cárcel para alcaldes, concejales, consejeros autonómicos y hasta quien fuera tesorero nacional. El PP fue considerado en dos de las causas “partícipe a título lucrativo”, se benefició de los delitos cometidos por la red corrupta. Quince años después, el PP espera todavía algunas sentencias más vinculadas al caso. Francisco Camps, que presidió un Gobierno salpicado de corruptos, a juzgar por los consejeros y altos cargos que han sido condenados estos años, se enfrenta a la petición de cárcel de la fiscalía en la pieza número 5 del caso Gürtel. Se trata de los contratos amañados que su Ejecutivo adjudicó a Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel. La sentencia se conocerá en las próximas semanas o meses.

Cajas b del PP nacional y del PP de Madrid pendientes de juicio o de recurso. El Supremo responderá en las próximas semanas a los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional por el denominado caso Bárcenas, la caja b del PP que financió parte del coste de las obras de la sede de Génova, 13. Esa sentencia culpó al extesorero y consideró responsable civil subsidiario al PP. El partido decidió no recurrir el fallo, admitiendo así la corrupción. En la Comunidad de Madrid también funcionó una caja b con la que se financió el partido ilegalmente, según el auto de procesamiento contra dirigentes del Gobierno de Esperanza Aguirre. Uno de los sumarios del caso Púnica versa sobre esta caja b y está pendiente de juicio junto a otras nueve piezas separadas más.

Los exministros Rato y Zaplana se enfrentan a altas penas de cárcel. Rodrigo Rato, exministro de Economía y expresidente de Bankia, se sienta en el banquillo desde hace semanas. La fiscalía pide decenas de años de cárcel para Rato por defraudar millones de euros. Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, se enfrenta desde el 1 de febrero a un juicio donde la fiscalía solicita 19 años por los delitos de blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación en el caso Erial.

Espionaje ilegal para proteger al PP. Caso Kitchen. Otra investigación judicial concluida y pendiente de juicio llevará al banquillo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos, Francisco Martínez y a media docena de comisarios de policía. Todos ellos están acusados de perpetrar una operación a espaldas del juez para espiar a la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con la intención de robar documentación que pudiera implicar al Gobierno de Mariano Rajoy en diversos delitos de corrupción.


Fuente: elpais.com


Operación Cataluña. El Gobierno del PP de Rajoy investigó al margen de la ley a partidos independentistas durante al menos cinco años

El ministro Jorge Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes catalanes


Mafia Policial. La Fiscalía abre investigación sobre “Operación Catalunya” a partir de la guerra sucia contra su exjefe

 El ministerio público pide documentación a elDiario.es y La Vanguardia sobre las informaciones exclusivas de la mafia policial que fabricó informes contra políticos y cargos catalanes como el exfiscal general de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.

Fuente: eldiario.es


CONCLUSIÓN

El partido popular(PP), se ha visto seriamente alcanzado en la línea de flotación por la corrupción, que para retirar el foco sobre los juicios pendientes y evitar el hundimiento total, se ha  agarrado al terrorismo como tabla de salvación electoral  y judicial (banalizando el terrorismo y despreciando el dolor de sus víctimas). Además de, compulsivamente, oponerse a la tramitación de cualquier ley en el Parlamento, dicen que por convicción política (que legítimo es aunque no sea muy democrático intentar bloquear el normal funcionamiento de Congreso y Senado). Por mismo medio y motivo, torpedean la futura ley de Amnistía, jactándose de defender la Constitución, a base de mimetizarse  con la ideología de la extrema derecha (negacionistas del cambio climático que pretenden capitanear  manifestaciones de agricultores y sacar a España de la UE) y lo ha llevado al extremo de comprometer la independencia de la Justicia, pero eso sí, acusan al  resto de partidos políticos, de ser estos y no el PP, quienes manipulan la Justicia. Faltaría más.

Visto el presente y futuro judicial de la corrupción del PP y para que esto no influya en futuras elecciones, el partido popular ha decidido pasar al ataque utilizando sus resortes políticos para que, electoralistamente, salten a su antojo el brazo armado judicial que mayoritariamente controlan, bien sea unas veces, Consejo General del Poder Judicial y Asociaciones Judiciales conservadoras, u otras,  Consejo Fiscal, Junta de Fiscales correspondiente o Asociaciones de Fiscales afines.

En este contexto tenemos el caso Tsunami, donde el juez Garcia-Castellón, tras dejarlo en el baúl de los recuerdos durante 4 años, ahora ha sido bendecido e iluminado por Dios, que le ha revelado que era terrorismo (momento que milagrosamente coincide con tramitación parlamentaria de ley de Amnistía) frente a los fiscales conservadores, Miguel Ángel Carballo y Álvaro Redondo, de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, respectivamente, que dicen lo contrario.

En medio, han salido en tromba el resto de fiscales conservadores del Tribunal Supremo (motu proprio, como no podía ser de otra manera) para enmendar la plana al también conservador, fiscal Redondo, del propio TS; que en mi modesto entender, es un gran profesional, serio y trabajador, que cuenta con 46 años de trayectoria impecable, algunos de ellos en el País Vasco en los años duros del terrorismo, “sin aceptar presión alguna de nadie” confiesa éste. Y a buen seguro, tanto el fiscal Redondo como el fiscal Carballo, saben distinguir los delitos de terrorismo de los que no lo son, pero lógicamente, el resto de jueces y fiscales, también debieran saber diferenciarlos, y entonces me surgen las siguientes preguntas,  

  1. ¿Por qué cuando diferentes jueces y fiscales investigan un caso de presunto terrorismo, en base a las pruebas, no concluyen lo mismo?
  2. ¿Acaso los jueces y fiscales que disienten se dejan influir por su propia ideología política en la instrucción de las causas judiciales?
  3. ¿O bien, para los jueces y fiscales discrepantes,  es distinto el delito de terrorismo, respecto la opinión del  resto de la ciudadanía?
  4. ¿O quizás pudiera ser que, en algunos casos, la Justicia en este país haya dejado de ser ciega, sorda y muda?


POSDATA


Ya que desde la Unión Europea, tanto promueven la participación de la ciudadanía en las Instituciones, y dado que hoy, siete representantes de la Comisión de Venecia[*] se pasan por España, convendrían que tanto estos, como el Comisario de Justicia de la Unión Europea, echasen un ojo, a este humilde blog, para ayudarles a formar opinión de, a mi juicio, las verdaderas intenciones del partido popular, respecto la Justicia de este país, donde ni siquiera permite, se renueve el Consejo General del Poder Judicial (que figura entre las recomendaciones para España del grupo GRECO[**]) que debiera haber sido efectiva desde hace 5 años .

(*) La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, cuyas resoluciones no son vinculantes

(**) El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) es un órgano del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción


Fuente: Redacción