A la atención del Sr. Comisario de Justicia Europeo
Señor Comisario de Justicia Europeo, Sr. Didier Reynders.
Con el mayor respeto me dirijo a usted, como ciudadano español y europeo que soy, para trasladarle de primera mano el hacerle partícipe de mi gran preocupación, por el deterioro insoportable que sufren en España los Órganos Constitucionales, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, así como las implicaciones en el funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales, debido a la deriva antidemocrática de partidos políticos conservadores y ultraconservadores, que tanto daño están haciendo a las citadas Instituciones y más aún por lo que a mi entender está por venir, que a buen seguro todavía será peor, a no ser que una nueva legislación lo solvente. Y si le parece, en 2024, tras las elecciones generales de España, volveré a dirigirme a usted, y espero coincida conmigo que en poco o nada me haya equivocado.
Atentamente
Jose Manuel Ibáñez
INTRODUCCIÓN
Elena Herrera, periodista de tribunales de "El Diario.es"
Los conservadores, primero con Casado y ahora con Feijóo, han sometido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a un bloqueo partidista, mientras un grupo de vocales cercanos al PP se han erigido como una suerte de oposición al Gobierno desde el tercer poder del Estado
El CGPJ es la institución más
importante del tercer poder del Estado. Un órgano constitucional creado para
garantizar la independencia de más de 5.000 jueces y magistrados y tomar las
decisiones más relevantes en materia de nombramientos, ascensos o régimen
disciplinario. Pero desde hace cuatro años es también una institución sometida
a una situación de parálisis inédita en democracia. Este bloqueo es
consecuencia de los cálculos partidistas del Partido Popular, cuyos dirigentes
han desplegado una batería de justificaciones cambiantes para evitar su
renovación y perder su poder en una de las instituciones clave del Estado.
El CGPJ ya supera el umbral de los cuatro años en funciones en una
situación absolutamente precaria: con un presidente “por sustitución” elegido
tras la dimisión de Carlos Lesmes, un pleno mermado (con 18 de sus 21 miembros
originales) y unas atribuciones también limitadas. Desde marzo de 2021 tiene prohibido
ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo
que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se
pueden cubrir vacantes.
Y, entre tanto, un grupo de vocales, los más cercanos al Partido
Popular, se han erigido como una suerte de oposición al Gobierno desde dentro
del órgano. Son ocho de los diez jueces y juristas del sector conservador, que
buscan el choque con el Ejecutivo a la menor ocasión al tiempo que bloquean la
renovación del Tribunal Constitucional, que es la misión principal que tiene
ahora el órgano. De esta forma, se está prolongando la mayoría conservadora del
tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma
educativa, el aborto o la eutanasia. En el minoritario grupo progresista hay
quien piensa que los consejeros conservadores siguen con la renovación del
Constitucional una estrategia de bloqueo que reproduce la que mantiene Génova
en relación al CGPJ.
El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales
elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. Los
puestos vacantes por la jubilación del conservador Rafael Valverde y el
fallecimiento de la progresista Victoria Cinto no se han podido cubrir. Tampoco
el de Lesmes, que dimitió el pasado 9 de octubre cuando llevaba casi cuatro
años al frente de una institución con el mandato caducado. Era la primera vez
en la historia que el bloqueo institucional forzaba la dimisión de la primera
autoridad judicial del Estado. Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de
José María Aznar, se despidió repartiendo culpas por igual al PSOE y al PP.
Reprochó a ambos partidos su “reiterada indiferencia” a sus llamamientos a
atajar una situación que “debilita y erosiona a las principales instituciones
de la Justicia y el Estado de Derecho”.
Así las cosas, el CGPJ ha seguido funcionando con una composición de
mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que
nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas.
De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió en
diciembre de 2013.
Los conservadores, que salieron de la Moncloa en junio de 2018 tras la
moción de censura de Pedro Sánchez, se han resistido durante los últimos cuatro
años a pactar la renovación, que tiene que ser acordada por una mayoría
reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. Por un lado,
al conservar la mayoría en un órgano que durante dos años y medio siguió
haciendo nombramientos en la cúpula judicial a pesar de tener su mandato
caducado. Y, por otro, ante la expectativa de que un acuerdo con el PSOE les
pudiera perjudicar electoralmente frente a Vox.
Han utilizado, para ello, una batería de justificaciones cambiantes y
crecientes que han ido desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las
negociaciones, al sí de EH Bildu a los Presupuestos o la posición del socio
minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. El último intento frustrado
de renovación fue hace solo unas semanas, a finales de octubre. Pero el PP
rompió entonces unilateralmente las negociaciones después de que trascendiera
la reforma del delito de sedición.
También han reclamado un cambio en el sistema de elección para que los
12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces, como
sucedía hasta 1985. En la actualidad los jueces hacen una criba de nombres, y
luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en el Congreso. Es
una reforma que el PP no promovió en sus dos mayorías absolutas. Además, la
fórmula actual de elección parlamentaria fue ratificada en un pacto suscrito en
2001 con el PSOE, que se niega a aceptar esta reforma.
Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la
renovación del CGPJ —entre 1995 y 1996, entre 2006 y 2008 y el actual— han
servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces
en el Supremo. En ese lento proceso participaron en su día José María Aznar,
Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora lo hace Alberto Nuñez Feijóo, que ha supuesto
que la Sala de lo Penal pasara de estar formada en 1995 por siete jueces
progresistas y seis conservadores a que en 2022 sean 12 conservadores frente a
cuatro progresistas. Esa es la sala que examina en última instancia la mayoría
de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de
corrupción, que casualmente muchos afectan al PP.
Sin dimisiones a la vista
Tanto en el Gobierno como en el propio CGPJ están convencidos de que no
habrá renovación hasta después de las generales previstas para finales del año
que viene y se formen de nuevo las cámaras. La renuncia en bloque que han
solicitado sectores de la judicatura como la asociación progresista Jueces y
Juezas para la Democracia tampoco ha tenido eco entre los vocales y no se
esperan a corto plazo salidas individuales. Tras la dimisión de Lesmes, los
miembros del órgano dejaron claro en un pleno que su voluntad era que nada
cambiara en la institución. En un comunicado, afirmaron que seguirían
trabajando “con plena normalidad” y ejerciendo “todas y cada una de las
competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico”.
La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación
se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca
con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó
quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal
progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos
sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se
habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin
embargo, sólo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista
—Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— y
nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.
Con un presupuesto anual de 76 millones de euros, el CGPJ ofrece algunos
de los sueldos más altos de la Administración. El presidente y los seis vocales
con dedicación exclusiva cobran más de 120.000 euros anuales — a los que hay
que sumar los trienios o el complemento de antigüedad— y tienen a su disposición
un coche oficial y personal de secretaría. El resto de los vocales lo son solo
a tiempo parcial, sin dedicación exclusiva, con un sueldo menor. Estos vocales
reciben dietas únicamente por asistir a los plenos o a las comisiones de las
que forman parte, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente.
Durante 2021, los miembros del CGPJ que no tienen dedicación exclusiva
recibieron, en total, 278.694 euros brutos, con una media de algo más de 21.000
euros brutos anuales.
La situación del Supremo
A la grave anomalía que supone que un órgano constitucional lleve cuatro
años con el mandato caducado, se suma la parálisis que está provocando esta
situación en distintos ámbitos de la Justicia. Especialmente, en el Tribunal
Supremo, donde las vacantes ascenderán a 20 en los próximos meses, lo que
supone el 25% de sus jueces. Por ejemplo, el 21 de diciembre la Sala de
Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar porque se habrá quedado
sin miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar. Esos puestos no se pueden
cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos
en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones.
Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que
nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74
nombramientos en puestos clave. La reforma que regula la interinidad del CGPJ
ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre ambos poderes del Estado.
Los socios de Gobierno defendieron la necesidad de acabar con un vacío legal,
pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en
funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación
estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar
el órgano tras varios intentos fracasados. Tampoco fue posible.
Ahora, el CGPJ estudia qué opciones hay para reforzar el Alto Tribunal
en la actual coyuntura. La solución que se ve ahora como más “eficiente” y
“plausible” es reforzar el gabinete técnico con magistrados de otros
tribunales. Este órgano asiste a los jueces en la admisión de asuntos y
colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten.
Algunas fuentes ven “extrema y complicada” otra de las opciones que se ha barajado:
el nombramiento de jueces en comisión de servicio. Por ejemplo, de la Audiencia
Nacional. Aunque existe algún precedente, supondría tener una bolsa de jueces
en esa situación administrativa en una categoría superior a la que ostentan en
realidad, lo que podría ser “problemático”, sostienen. Tampoco convence a la
mayoría la utilización de jueces jubilados. Las fuentes consultadas explican
que exigiría una reforma legal porque la figura del magistrado emérito fue
eliminada por el PP en 2015.
Fuente: El Diario.es
RESUMEN
Echando cuentas, la situación actual de la justicia en este país está tan
depauperada que la ciudadanía está sufriendo retrasos en la resolución de los recursos que anualmente se van acumulando por cientos, cuando no miles, en Audiencias Provinciales, Tribunales
Superiores de Justicia, e incluso ante el Tribunal Supremo, por falta de
renovación de jueces y magistrados, a causa de la inacción irresponsable e inconstitucional de los ultraconservadores del PP que evitan con excusas de mal pagador, que el CGPJ se renueve,
presionando así al resto de tribunales que debido a las vacantes no cubiertas, imposibilitan que los diferentes tribunales que se reparten a lo largo y ancho de toda España, cumplan adecuadamente sus funciones.
Pero el plan del PP llega mucho más lejos, pues lo que están haciendo es
copiar miméticamente lo que hizo Trump en Estados Unidos. Y al igual que éste actuó en su país, van nombrando jueces conservadores para el Tribunal Supremo a perpetuidad (hasta su jubilación o fallecimiento) y lo mismo que con las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores
de Justicia. Y como no, de manera prioritaria, en el Tribunal
Constitucional. ¿Por qué es tan relevante este tribunal para el PP?
Bueno la pregunta, entiendo, ha quedado respondida y constatada anteayer, cuando de forma zafia y chapucera, impropia de magistrados del Tribunal Constitucional, se ha dictado resolución al recurso de amparo del PP (consecuencia de votación obtenida en razón de 6 vocales conservadores a favor y 5 vocales progresistas en contra) estando 2 vocales conservadores recusados, que no solo votaron su propia recusación sino que además participaron en el debate y posterior votación por la que se aceptaron las Medidas Cautelarísimas, solicitadas para suspender sesión parlamentaria, en principio del Congreso, que después fue del Senado (hecho gravísimo, no sucedido en ninguna democracia moderna, que raya la inconstitucionalidad al obviar el artículo 66 de la Constitución Española) donde precisamente se iba a votar una ley para sustituir a los magistrados recusados. Hechos repetidos en el día de hoy, donde los recusados han vuelto a votar (con mismo balance de 6 vocales conservadores contra 5 vocales progresistas) para rechazar el recurso planteado por Senado al que el Congreso se adherió, para levantar la Medidas Cautelarísimas, ignorando las recomendaciones de la fiscalía del propio Tribunal Constitucional y el informe del letrado mayor del Congreso de Diputados que alegaba, ausencia del cumplimiento del principio de imparcialidad de ambos recusados por ser parte interesada.
A todo esto, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, mirando para otro lado, como sí la presunta prevaricación de los magistrados recusados del Tribunal Constitucional (por ser juez y parte) no fuese asunto de su competencia.
Pero además, al Tribunal Constitucional se le viene encima un gran
número de recursos de inconstitucionalidad, a propuesta, como no, de los camaradas del PP, contra leyes que implican avances
sociales (tales como, aborto, eutanasia, reforma educativa, trans, “del equilibrio ecológico”, etc. ) que con estos mimbres y de mantenerse el bloqueo en el Tribunal Constitucional, auguro que todos ellos serán votados en razón de la misma proporción de 6 vocales conservadores a favor y 5 vocales progresistas
en contra, presumiblemente favorables a declarar todas estas leyes inconstitucionales, que casualidad, coincidiría con la ideología de los que les pusieron ahí,
que no fueron otros que nuestros amigos ultraconservadores del PP. Aunque considero de bien nacidos ser agradecidos.
Por otra parte, esta sentencia del Tribunal Constitucional sentará precedente (hasta que salga otra sentencia contraria) y permitirá rechazar debates y votaciones parlamentarias que no sean del agrado de algún parlamentario (sobre todo del PP, que como ha quedado demostrado, tienen mayoría los vocales conservadores en el TC) y que antes era inconstitucional y a partir de ahora dejará de serlo. Todo muy democrático, ¿no les parece?.
Volviendo a Estados Unidos, prácticamente nadie vio venir los manejos de los republicanos hasta que la Corte Suprema de EEUU (equivalente al Tribunal Supremo español) declaró inconstitucional, y por tanto ilegal, el aborto. Y como consecuencia de ello, el descrédito que sufrió la Justicia Americana entre los estadounidenses ha sido tan grande que todavía no se ha recuperado. Pero al PP le da igual que eso ocurra en España, y quieren a cualquier precio la mayoría en el Tribunal Constitucional.
¿Y cómo conseguirlo? Que preguntas, pues ganando las próximas elecciones generales, por supuesto.
¿Pero y si no las ganan? Que estupidez,
como no las va a ganar. Pero si eso ocurriese tranquilos, los chicos listos del PP
lo tienen todo pensado, seguirían bloqueando la renovación del CGPJ y del Tribunal
Constitucional, hasta que ganasen, naturalmente.
¿Y la gente que sufre retrasos de años en sus recursos ante Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo? Pues que esperen, que dirían desde el PP, lo importante es el partido, que decía George Orwell en el "Gran Hermano"
CONCLUSION
Lo que el PP por encima de todo quiere, es llenar el Tribunal Constitucional de magistrados conservadores, al igual que han hecho con la Sala Segunda del Tribunal Supremo al que solo le resta sustituir a 4 magistrados progresistas para tener mayoría completa en la Sala, en la que ya cuenta con 12 magistrados conservadores. Todo ello al objeto de controlar y dirigir desde atrás (aún sin estar en el Gobierno) todos los Poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que aunque recientemente lo advertí, ahora se ve que algo de razón llevaba.
Y si al PP le quedase algo de dignidad y sentido de Estado, lo más conveniente para todos los ciudadanos españoles sería, que cumpliesen la Constitución y se
pusieran manos a la obra a renovar CGPJ y Constitucional, alejándose de monsergas y excusas discursivas de rigor, que para nada mejoran los intereses de la ciudadanía en relación a la Justicia y si los intereses del partido popular.
Por no hablar del daño irreparable que se le está causando al prestigio del Tribunal Constitucional como árbitro imparcial respecto de la constitucionalidad de leyes aprobadas por Parlamentos y demás disposiciones normativas.
Fuente: Redacción
