OPNIÓN. Consecuencias para la ciudadanía del negacionismo de la derecha radical, respecto a, derechos humanos, tratamientos médicos en pandemias, y de la Justicia Social, en la política global, continental y nacional.

El auge de la derecha radical en la política contemporánea ha reconfigurado debates públicos en múltiples escalas —global, continental y nacional—, especialmente en torno al negacionismo.

Este fenómeno no se limita a la negación de hechos históricos, sino que abarca el rechazo a consensos científicos, la relativización de violaciones de derechos humanos y la deslegitimación de políticas de justicia social.

Las consecuencias de estas posturas impactan de forma directa en la ciudadanía, debilitando la cohesión social, erosionando la confianza institucional y poniendo en riesgo la salud pública y la dignidad humana.

Uno de los ejes más visibles del negacionismo de la derecha radical ha sido la reinterpretación o negación de hechos históricos traumáticos. En Europa, sectores vinculados al partido alemán Alternative für Deutschland han minimizado la memoria histórica vinculada al nazismo, mientras que en América Latina se observan discursos que relativizan crímenes cometidos durante dictaduras militares, como la encabezada por Augusto Pinochet en Chile. Cuando se banalizan estos hechos, no solo se hiere la memoria de las víctimas y sus familiares, sino que se debilitan los consensos democráticos construidos tras procesos de transición y reconciliación. La negación histórica erosiona el compromiso colectivo con el “nunca más” y abre la puerta a la repetición de prácticas autoritarias. 

En España tenemos la mayoritaria  oposición/negación de PP y Vox, a la Ley de Memoria Histórica, que tiene como función principal reconocer y ampliar los derechos de las personas que, sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como promover la memoria democrática.

En el ámbito de la justicia social y los derechos humanos, el negacionismo adopta la forma de rechazo a la existencia de desigualdades estructurales. Movimientos asociados a líderes como Jair Bolsonaro o Donald Trump han cuestionado políticas de acción afirmativa, programas de igualdad de género o iniciativas de protección ambiental, argumentando que constituyen “ideologías” o amenazas a la soberanía nacional. Esta retórica tiende a polarizar a la ciudadanía, promoviendo la idea de que los derechos de unos se obtienen a costa de otros. Como resultado, se debilita la noción universal de derechos humanos y se refuerzan discursos de exclusión hacia minorías étnicas, migrantes o comunidades LGBTQ+.

El negacionismo científico alcanzó su punto más crítico durante la pandemia de COVID-19. La desconfianza hacia tratamientos médicos, vacunas y medidas sanitarias fue promovida por sectores políticos que minimizaron la gravedad del virus o difundieron información no respaldada por evidencia. En Brasil, por ejemplo, el gobierno de Jair Bolsonaro adoptó una postura escéptica frente a las vacunas en los primeros momentos de la crisis, lo que generó confusión y retrasos en la respuesta sanitaria. En Estados Unidos, declaraciones del entonces presidente Donald Trump cuestionando recomendaciones científicas contribuyeron a la politización de medidas básicas como el uso de mascarillas. Las consecuencias fueron tangibles: menor adherencia a campañas de vacunación, aumento de la mortalidad y debilitamiento de la confianza pública en instituciones sanitarias. En España tenemos un buen ejemplo en Madrid, donde (además de hacerse regalos de medallas entre negacionistas, y por supuesto beberse las botellas de lejía de rigor) durante la pandemia, con premeditación y alevosía, se dejó morir, a 7.291 personas, en las residencias de mayores de Madrid, sin asistencia médica, gracias a los protocolos de la vergüenza, lo cual en mi opinión, sería homicidio imprudente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y por tanto, la Presidenta Ayuso sería cómplice de los mismos.

A nivel mundial, el negacionismo también afecta la cooperación internacional. La salida temporal de Estados Unidos del Acuerdo de París durante la administración de Donald Trump simbolizó un repliegue frente a consensos globales sobre el cambio climático. Esta postura no solo impacta en políticas ambientales, sino que transmite a la ciudadanía un mensaje de desconfianza hacia la ciencia y los organismos multilaterales. En el plano regional y local, esa desconfianza puede traducirse en resistencia a regulaciones ambientales, debilitando la protección de recursos naturales y afectando la calidad de vida de comunidades vulnerables.

En el ámbito local, el negacionismo se manifiesta en decisiones sobre educación, salud, memoria histórica y vivienda. Gobiernos municipales o estatales pueden eliminar contenidos educativos sobre diversidad o dictaduras pasadas, restringir presupuestos para políticas sociales o desmantelar programas de atención a poblaciones vulnerables. Estas acciones generan un efecto acumulativo: la ciudadanía pierde espacios de diálogo plural, disminuye la capacidad crítica frente a la desinformación y se profundiza la fragmentación social. 

En España, los discursos negacionistas  afectan a la Justicia Social, cuando deslegitiman el derecho a disponer de una vivienda asequible (admitido constitucionalmente) pues debido a las políticas neoliberalistas, de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, que mayoritariamente, allá donde gobiernan, se oponen a aplicar la Ley de Vivienda (destacando la beligerancia ideológica de la Presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid) en donde los más desfavorecidos e incluso trabajadores en activo y jubilados o pensionistas, se convierten en "sin techo" al no poder pagarse una vivienda digna, debido  a los elevados precios  actuales del alquiler, y no digamos de la compra, que en muchas ciudades quedan en exclusiva para los millonarios, pues se pagan al contado. 

En síntesis, el negacionismo promovido por sectores de derecha radical tiene profundas consecuencias para la ciudadanía. Afecta la memoria colectiva, debilita la justicia social, pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos y compromete la eficacia de respuestas ante crisis,  sanitarias, ambientales y de la vivienda. 

Más allá de las diferencias ideológicas legítimas en democracia, la negación sistemática, de derechos,  hechos comprobados y consensos básicos, erosiona los fundamentos mismos de la convivencia democrática. 

Frente a ello, el fortalecimiento de la educación crítica, la transparencia institucional y el respeto por la evidencia científica se vuelve esencial para preservar sociedades abiertas, inclusivas y resilientes.

Fuente: Revista Ambienta.org

OPINIÓN. Consecuencias en la ciudadanía del negacionismo climático político de la derecha radical, en la política mundial, regional y local.

 El negacionismo climático político impulsado por sectores de la derecha radical se ha convertido en un fenómeno con profundas repercusiones sociales, institucionales y culturales.

 No se trata únicamente de una discrepancia científica, sino de una estrategia ideológica que cuestiona consensos internacionales, debilita políticas públicas y reconfigura la relación entre ciudadanía y Estado. Sus efectos se observan en distintos niveles —mundial, regional y local— y afectan tanto la calidad democrática como la capacidad de las sociedades para enfrentar una de las crisis más complejas del siglo XXI.

A nivel mundial, el negacionismo climático ha tensionado los acuerdos multilaterales diseñados para mitigar el calentamiento global, como el Acuerdo de París. Cuando líderes de gran influencia política cuestionan la evidencia científica o minimizan la urgencia del problema, el impacto no se limita a sus fronteras nacionales. Durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo, la retirada temporal del país del Acuerdo de París, o más recientemente, ha puesto fin oficialmente a las limitaciones federales sobre los gases de efecto invernadero al revocar la llamada «declaración de peligro» (endangerment finding) dictamen técnico aprobado en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), enviando una señal inequívoca,  del debilitamiento del compromiso climático global. Este tipo de decisiones refuerza la desconfianza ciudadana en la cooperación internacional y normaliza discursos que presentan la transición ecológica como una amenaza económica o identitaria.

En el plano regional (continental), particularmente en Europa y América Latina, el negacionismo ha alimentado polarizaciones sociales profundas. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la minimización de la deforestación en la Amazonía y la confrontación con organismos ambientales generaron tensiones tanto internas como internacionales. La ciudadanía se vio dividida entre quienes percibían la agenda ambiental como una imposición extranjera y quienes la entendían como una defensa de derechos colectivos y del patrimonio natural. Este conflicto debilitó la confianza en las instituciones ambientales y en la producción científica local, exponiendo a comunidades vulnerables a mayores riesgos.

En el ámbito local, las consecuencias son aún más tangibles. Cuando gobiernos municipales, autonómicos o nacionales, adoptan posturas negacionistas, se reducen presupuestos para prevención de desastres, adaptación climática y educación ambiental. La ciudadanía, especialmente en zonas costeras o rurales, queda más expuesta a fenómenos extremos sin herramientas suficientes para mitigarlos, caso de Dana Valenciana donde el negacionismo climático de PP y Vox, causó 430 muertos. Y eso señor Feijóo, si se podía haber evitado, y por ello, en mi opinión,  es homicidio imprudente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que no hizo nada por ayudar a esos ciudadanos, y usted mismo es cómplice, porque sabiéndolo, ocultó durante un año la realidad de lo allí ocurrido. 

 Además, el discurso negacionista suele ir acompañado de una retórica anti-élite y anti-ciencia que erosiona la credibilidad de universidades, organismos técnicos y medios de comunicación. Esto genera un clima de desinformación donde proliferan teorías conspirativas y se debilita la deliberación pública informada.

Otro efecto relevante es la transformación del debate democrático. El negacionismo climático no solo discute políticas concretas, sino que pone en cuestión los criterios mismos de verdad y evidencia. Cuando sectores políticos desacreditan sistemáticamente los informes científicos, se produce una crisis epistemológica que afecta a la ciudadanía: se diluye la capacidad colectiva de distinguir entre opinión e información verificada. Esta dinámica contribuye a la fragmentación social y al auge de identidades políticas construidas en oposición a consensos técnicos.

Sin embargo, también han surgido reacciones ciudadanas significativas. Movimientos juveniles, organizaciones ambientales y redes comunitarias han fortalecido su activismo frente al retroceso institucional. La resistencia al negacionismo ha impulsado nuevas formas de participación política y ha renovado el debate sobre justicia climática, equidad intergeneracional y responsabilidad estatal. Paradójicamente, la negación política del cambio climático ha activado una conciencia social más amplia en ciertos sectores, evidenciando que la disputa no es solo ambiental, sino también cultural y democrática.

En conclusión, el negacionismo climático de la derecha radical tiene consecuencias que trascienden la política ambiental. Afecta la cooperación internacional, profundiza la polarización regional, debilita políticas locales de adaptación y erosiona la confianza ciudadana en la ciencia y las instituciones. En última instancia, pone en juego la calidad de la democracia y la capacidad de las sociedades para actuar colectivamente ante desafíos globales. La respuesta ciudadana —informada, crítica y participativa— será determinante para contrarrestar estos efectos y sostener un proyecto político orientado al bienestar común y la sostenibilidad.

Fuente: Real Instituto Elcano.org