El negacionismo climático político impulsado por sectores de la derecha radical se ha convertido en un fenómeno con profundas repercusiones sociales, institucionales y culturales.
A
nivel mundial, el negacionismo climático ha tensionado los acuerdos
multilaterales diseñados para mitigar el calentamiento global, como el Acuerdo
de París. Cuando líderes de gran influencia política cuestionan la evidencia
científica o minimizan la urgencia del problema, el impacto no se limita a sus
fronteras nacionales. Durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos,
por ejemplo, la retirada temporal del país del Acuerdo de París, o más recientemente, ha puesto fin oficialmente a las
limitaciones federales sobre los gases de efecto invernadero al revocar la
llamada «declaración
de peligro» (endangerment finding) dictamen técnico aprobado
en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), enviando una señal inequívoca, del debilitamiento del compromiso climático global. Este tipo de decisiones
refuerza la desconfianza ciudadana en la cooperación internacional y normaliza
discursos que presentan la transición ecológica como una amenaza económica o
identitaria.
En el
plano regional (continental), particularmente en Europa y América Latina, el
negacionismo ha alimentado polarizaciones sociales profundas. En Brasil,
durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la minimización de la deforestación en
la Amazonía y la confrontación con organismos ambientales generaron tensiones
tanto internas como internacionales. La ciudadanía se vio dividida entre
quienes percibían la agenda ambiental como una imposición extranjera y quienes
la entendían como una defensa de derechos colectivos y del patrimonio natural.
Este conflicto debilitó la confianza en las instituciones ambientales y en la
producción científica local, exponiendo a comunidades vulnerables a mayores
riesgos.
En el ámbito local, las consecuencias son aún más tangibles. Cuando gobiernos municipales, autonómicos o nacionales, adoptan posturas negacionistas, se reducen presupuestos para prevención de desastres, adaptación climática y educación ambiental. La ciudadanía, especialmente en zonas costeras o rurales, queda más expuesta a fenómenos extremos sin herramientas suficientes para mitigarlos, caso de Dana Valenciana donde el negacionismo climático de PP y Vox, causó 430 muertos. Y eso, señor Feijóo, si se podía haber evitado, y por ello, en mi opinión, es homicidio imprudente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que no hizo nada por ayudar a esos ciudadanos, y usted mismo es cómplice, porque sabiéndolo, ocultó durante un año la realidad de lo allí ocurrido.
Además,
el discurso negacionista suele ir acompañado de una retórica anti-élite y
anti-ciencia que erosiona la credibilidad de universidades, organismos técnicos
y medios de comunicación. Esto genera un clima de desinformación donde
proliferan teorías conspirativas y se debilita la deliberación pública
informada.
Otro
efecto relevante es la transformación del debate democrático. El negacionismo
climático no solo discute políticas concretas, sino que pone en cuestión los
criterios mismos de verdad y evidencia. Cuando sectores políticos desacreditan
sistemáticamente los informes científicos, se produce una crisis epistemológica
que afecta a la ciudadanía: se diluye la capacidad colectiva de distinguir
entre opinión e información verificada. Esta dinámica contribuye a la
fragmentación social y al auge de identidades políticas construidas en
oposición a consensos técnicos.
Sin
embargo, también han surgido reacciones ciudadanas significativas. Movimientos
juveniles, organizaciones ambientales y redes comunitarias han fortalecido su
activismo frente al retroceso institucional. La resistencia al negacionismo ha
impulsado nuevas formas de participación política y ha renovado el debate sobre
justicia climática, equidad intergeneracional y responsabilidad estatal.
Paradójicamente, la negación política del cambio climático ha activado una
conciencia social más amplia en ciertos sectores, evidenciando que la disputa
no es solo ambiental, sino también cultural y democrática.
En conclusión, el negacionismo climático de la derecha radical tiene consecuencias que trascienden la política ambiental. Afecta la cooperación internacional, profundiza la polarización regional, debilita políticas locales de adaptación y erosiona la confianza ciudadana en la ciencia y las instituciones.
En última instancia, pone en juego la calidad de la democracia y la capacidad de las sociedades para actuar colectivamente ante desafíos globales.
La respuesta
ciudadana —informada, crítica y participativa— será determinante para
contrarrestar estos efectos y sostener un proyecto político orientado al
bienestar común y la sostenibilidad.
