En las últimas décadas, la acumulación de riqueza en manos de una reducida minoría, se ha convertido en uno de los fenómenos más alarmantes del sistema económico global.
El crecimiento acelerado del patrimonio de
los milmillonarios, en contraste con el empobrecimiento relativo de la mayoría
de la población, evidencia un sistema que favorece a unos pocos a costa del
bienestar colectivo.
A nivel mundial, la riqueza conjunta de los milmillonarios alcanzó en 2025 un máximo histórico de 18,3 billones de dólares, tras crecer más de un 16% en un solo año.
Desde 2020, este incremento ha sido del 81%, una cifra obscena si se compara con la situación de casi la mitad de la población mundial, que sobrevive con menos de 8,3 dólares diarios.
Esa paradoja revela una profunda falla estructural: mientras la riqueza se multiplica en la cúspide, la pobreza, el hambre y las enfermedades prevenibles siguen afectando a miles de millones de personas.
Resulta especialmente revelador que solo el aumento de riqueza registrado en el
último año a nivel global, sería suficiente para erradicar la pobreza extrema durante más de
dos décadas, lo cual demuestra, que el problema no es la falta de recursos, sino
su distribución.
Sin embargo, el impacto
de esta desigualdad no se limita al ámbito económico. El informe advierte de un
fenómeno aún más peligroso: la conversión del poder económico en poder
político.
Los milmillonarios tienen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos políticos que la gente común, lo que les permite influir directamente en las leyes, las políticas fiscales y las reglas del mercado.
Esta captura de la política por parte de las élites económicas se traduce en rebajas fiscales para los más ricos, debilitamiento de la regulación de monopolios y bloqueo de reformas que podrían reducir la desigualdad.
En este contexto, la democracia deja de ser un
espacio de representación ciudadana para convertirse en un instrumento al
servicio del capital.
El control de los medios
de comunicación y de las plataformas digitales refuerza aún más esta dinámica. Y que más de la mitad de las grandes empresas mediáticas y la totalidad de las
principales redes sociales estén en manos de milmillonarios no es un dato
menor.
La capacidad de moldear la opinión pública, influir en el debate político e incluso normalizar discursos de odio otorga a estas élites un poder desproporcionado.
Casos como
la compra de Twitter/X por Elon Musk o el control de grandes medios por
magnates con agendas ideológicas claras evidencian cómo la información puede
convertirse en un arma política. El aumento de los discursos de odio y la
polarización social no son fenómenos espontáneos, sino consecuencias directas
de este control concentrado.
España no es ajena a esta realidad global
En 2025, la riqueza de los 33 milmillonarios españoles
superó la que posee el 39% de la población, mientras los salarios crecían muy
por debajo de la inflación.
El resultado es una
pérdida continuada de poder adquisitivo para millones de hogares, que ven cómo
el dinamismo económico beneficia casi exclusivamente a las grandes fortunas.
Esta brecha creciente alimenta la frustración social, dificulta el acceso a derechos
básicos como la vivienda y debilita la confianza en las instituciones
democráticas.
La historia reciente demuestra que altos niveles de desigualdad aumentan significativamente el riesgo de retrocesos democráticos. Cuando amplios sectores de la población sienten que el sistema no responde a sus necesidades, la desafección política se transforma en ira, polarización y apoyo a discursos autoritarios que prometen soluciones simples a problemas complejos.
En este sentido, la
desigualdad económica actúa como un catalizador de la inestabilidad política y
social, empujando al resurgimiento de radicalismos y extremismos.
Frente a este panorama, Oxfam Intermón plantea una serie de medidas urgentes: reforzar los límites entre riqueza y política, regular la financiación de campañas y los lobbies, garantizar la independencia de los medios, aplicar una fiscalidad justa a los superricos y fortalecer el papel de la sociedad civil y los sindicatos.
Estas propuestas, lejos de buscar castigar a la riqueza, intentan proteger a la democracia y asegurar que el
progreso económico beneficie al conjunto de la sociedad.
CONCLUSIÓN
La
concentración extrema de riqueza no es solo una cuestión de injusticia social,
sino que además es una amenaza directa a la democracia.
Permitir que una élite
económica acumule poder sin límites implica aceptar un modelo en el que los
derechos y libertades de la mayoría quedan subordinados a los intereses de unos
pocos.
Frenar estas dinámicas no es una opción ideológica, sino una necesidad democrática.
Solo mediante una redistribución
más justa de la riqueza y un fortalecimiento de las instituciones públicas será
posible construir sociedades más equitativas, libres y cohesionadas.
Fuente: Oxfam
