La agencia estatal considera que el
uso y cesión de los datos del censo infringe la normativa sobre ficheros
personales
La Agencia Estatal de Protección de
Datos (AEPD) ha advertido este viernes a los ciudadanos catalanes llamados a
formar las mesas electorales del referéndum inconstitucional del
próximo domingo, que se exponen a sanciones de hasta 600.000 euros por posibles
infracciones por el manejo fraudulento y cesión a terceros del censo electoral.
En una nota, la agencia recuerda que los integrantes de las mesas no tendrían
la consideración de miembros de un órgano electoral, al estar la consulta
suspendida por el Tribunal Constitucional, sino que recibirían los datos del
censo como ciudadanos particulares.
“La utilización por parte de esas personas del
denominado censo, aunque se entregase en formato papel, se estaría llevando a
cabo, en consecuencia, a título particular”, señala Protección de Datos. Estos
ciudadanos llamados a conformar las mesas “estarían realizando, en su propio
nombre, varios tratamientos de datos sin contar con legitimación para ello,
afectando a más de 5,5 millones de personas, según el censo electoral de 2015”.
El organismo estatal explica dos
posibles tratamientos ilegales de los datos del censo. “Por una parte, señalar,
en su caso, quiénes habrían depositado su papeleta, quiénes no habrían
participado en la votación”, afirma. La segunda conducta ilegitima consistiría
“en el traslado a un tercero, al término de la jornada, de la lista
individualizada de las personas que han votado y las que no lo han hecho”.
La Agencia señala que “el tratamiento
y la cesión de datos sin consentimiento suponen una vulneración de los
artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos”. Y añade: “En el
caso de que se produjeran estas infracciones, los miembros de las mesas podrían
ser sancionados, por cada una de ellas, −tipificadas en las letras b) y k) del
artículo 44.3 de la LOPD− con multas de 40.001 a 300.000 euros”.
La entidad estatal, órgano
independiente de la Administración que se relaciona con el Gobierno a través
del Ministerio de Justicia, ha lanzado este aviso, según la nota, “ante las
consultas recibidas por parte de ciudadanos sobre su designación como miembros
de las mesas electorales”. El organismo recuerda que tras la suspensión por el
Constitucional de la Ley del Referéndum, aprobada por el Parlament en la sesión
exprés del 6 de septiembre, y la disolución de la Sindicatura Electoral
catalana, que ha dejado sin efecto todas sus resoluciones, las mesas
electorales no han llegado a formarse válidamente.
LA GENERALITAT DICE QUE ELLA ES LA
ÚNICA RESPONSABLE DE LOS DATOS
La Autoridad Catalana de Protección de
Datos ha respondido a la nota de la agencia estatal con un comunicado en el que
asegura que las personas que formen parte de las eventuales mesas electorales
el 1 de octubre “no son responsables del tratamiento de los datos personales”.
Según esta entidad autonómica, la condición de responsable “la ostenta la
administración electoral correspondiente” y sobre ella recaerían las eventuales
responsabilidades derivadas del tratamiento de datos personales.
El comunicado señala también que la
“administración electoral competente” para el referéndum “forma parte de la
Generalitat de Cataluña”, y que el control del tratamiento de datos personales
por cualquier órgano y/o institución vinculada a la Generalitat corresponde a
la Autoridad Catalana de Protección de Datos, de acuerdo con el artículo 156
del Estatuto de Autonomía y la ley catalana de 2010 que creó el organismo.
Por ello, señala la entidad
autonómica, la Agencia Estatal no podría “en ningún caso” imponer multas a los
miembros de las mesas electorales, ni tampoco es competente para exigir
eventuales responsabilidades.
Según la Ley del Referéndum,
suspendida por el Tribunal Constitucional, la autoridad electoral es la
Sindicatura Electoral Catalana junto con las secciones y mesas electorales y el
Govern de la Generalitat. La sindicatura quedó disuelta después de que sus
miembros renunciaran al cargo después de que el Constitucional les impusiera
multas coercitivas diarias de 12.000 euros. Todas sus resoluciones quedaron
revocadas antes de tal renuncia.
Fuente: El Pais.com