23 de abril de 2026

ECONOMÍA. Crónica de una crisis anunciada que ha llegado a Rusia.

De la crisis económica de Rusia en un contexto de  “guerra prolongada”

  • El PIB se contrae un 1,8% en dos meses y el déficit del primer trimestre ya supera el objetivo de todo el año
  • Los altos tipos de interés para frenar la inflación por la guerra están ahogando el crecimiento y el crédito
  • La economía de guerra genera una inflación galopante que el banco central combate con tipos de interés récord

INTRODUCCIÓN

La economía rusa se encuentra en una encrucijada crítica. 

A pesar de los pronósticos iniciales que posicionaban a Moscú como la principal beneficiaria de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, la realidad ha resultado ser mucho más compleja y desalentadora. El sostenimiento de una máquina bélica desmesurada para mantener la guerra en Ucrania ha generado un déficit fiscal tan pronunciado que ni siquiera el aumento de los precios del petróleo y el gas ha logrado contenerlo. Esta contradicción aparente revela un problema estructural profundo: Rusia ha hipotecado su economía a corto plazo sin una estrategia clara de financiamiento a largo plazo, creando una situación insostenible que amenaza tanto el esfuerzo de guerra como la estabilidad económica interna.

El Fracaso de la Bonanza Energética

Uno de los aspectos más reveladores de la crisis económica rusa es el fracaso de la bonanza energética como salvavidas fiscal. Convencionalmente, se esperaría que el aumento de los precios del petróleo en un contexto de conflicto en Oriente Medio beneficiase directamente a Rusia, uno de los mayores productores mundiales de crudo. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario: los ingresos por venta de petróleo y gas han caído un 45% interanual, mientras que los ingresos por impuestos al petróleo en marzo de 2026 se redujeron a la mitad respecto al mismo período del año anterior.

Esta paradoja revela dos realidades incómodas. En primer lugar, Rusia está sufriendo directamente las consecuencias negativas de la inestabilidad en Oriente Medio —aumento de costes, disrupciones logísticas y presión inflacionista— que contrarrestan cualquier ganancia derivada de precios más altos. En segundo lugar, las sanciones occidentales han erosionado significativamente la capacidad de la economía rusa para capitalizar sus ventajas energéticas. Los mecanismos de exportación están limitados, los precios efectivos que recibe Rusia por su petróleo son menores debido a descuentos y complicaciones logísticas, y los costes de producción se han incrementado sustancialmente.

La Brecha Fiscal Insostenible

Los números son incontestables: Rusia ha superado el objetivo de déficit para todo el año 2026 en apenas tres meses, alcanzando 4,6 billones de rublos en déficit durante el primer trimestre, cuando el objetivo anual establecido era de 3,8 billones. Esto representa un exceso del 120% del presupuesto anual en solo un trimestre, lo que sugiere que el gobierno ruso enfrenta una crisis de financiamiento de proporciones épicas.

El origen de esta crisis es transparente: mientras los ingresos han colapsado, el gasto ha aumentado un 17%. Esta desconexión fundamental entre ingresos decrecientes y gastos crecientes refleja la prioridad absoluta que Putin ha asignado al esfuerzo bélico, independientemente de sus costes económicos. El mantenimiento de la maquinaria de guerra en Ucrania no es simplemente un gasto más; es el eje estructurante de toda la política presupuestaria, sometiendo todos los demás sectores a una lógica de subordinación total.

La Trampa de los Tipos de Interés Altos

Para contener la inflación derivada del excesivo gasto público, el Banco Central de Rusia ha mantenido tipos de interés elevados. Aunque la gobernadora Elvira Nabiullina ha reconocido que estos tipos serían incluso mayores de no ser por la incertidumbre geopolítica (lo que sugiere una situación aún más frágil de la que se plasma públicamente), el impacto en la economía real ha sido devastador.

Los altos tipos de interés actúan como un freno brutal a la inversión privada. Según un informe del Instituto de Previsiones Económicas de la Academia Rusa de Ciencias, los proyectos de sustitución de importaciones que Rusia estaba desarrollando para contrarrestar las sanciones se han vuelto "prohibitivos y económicamente poco atractivos" bajo este régimen de tasas. Las empresas privadas, enfrentadas a costes de capital insostenibles, han paralizado sus inversiones.

Esto es particularmente grave porque representa una pérdida de oportunidad histórica. La sustitución de importaciones era potencialmente la estrategia más prometedora para que Rusia desarrollase una economía más resiliente frente a las sanciones. Al destruir el incentivo de inversión privada, el gobierno ruso ha optado implícitamente por una economía completamente estatizada y orientada hacia la guerra, a expensas de cualquier modernización o diversificación económica a largo plazo.

El "Congelamiento Profundo" del Sector Privado

Las consecuencias de esta política se reflejan en testimonios alarmantes del sector empresarial. Alexander Shokhin, responsable de la Unión de Industriales y Emprendedores de Rusia, ha descrito sectores enteros de la economía como experimentando un "congelamiento profundo." Esta metáfora es perturbadora porque implica no simplemente estancamiento, sino paralización, una suspensión de la actividad que podría dejar secuelas duraderas incluso cuando las condiciones mejoren.

El "congelamiento profundo" combina múltiples factores: la falta de inversión, los tipos de interés prohibitivos, la inflación descontrolada, la escasez de mano de obra (muchos rusos aptos para trabajar están siendo movilizados para la guerra), y la incertidumbre fundamental derivada de una economía completamente subordinada al esfuerzo bélico. Esta es una economía de guerra total, no una transición temporal hacia el conflicto, sino una transformación estructural que destruye las bases de la actividad económica normal.

La Amenaza Inflacionista Persistente

Un tema recurrente en los datos presentados es la "amenaza inflacionista muy presente en el país." La inflación en Rusia se ha convertido en un factor crónico que afecta tanto el poder adquisitivo de la población como la estabilidad macroeconómica general. El déficit fiscal, financiado inevitablemente a través de emisión monetaria o endeudamiento, genera presión inflacionista que los tipos de interés altos intentan contener, pero sin éxito completo.

Esta es una dinámica clásica de deterioro económico: para financiar el déficit, el banco central aumenta la oferta monetaria; esto genera inflación; para combatir la inflación, se suben los tipos de interés; los tipos altos destruyen la inversión privada y ralentizan el crecimiento; un crecimiento más lento reduce los ingresos fiscales; ingresos menores amplían el déficit, reiniciando el ciclo. Rusia está atrapada en este bucle vicioso, sin aparente salida mientras mantenga los niveles actuales de gasto militar.

La Pregunta Fundamental: ¿Recesión o Colapso?

Putin ha "exigido" evitar una recesión, lo que revela la conciencia en el Kremlin de la gravedad de la situación. Sin embargo, los indicadores sugieren que una recesión es ahora prácticamente inevitable. La economía rusa está simultáneamente sufriendo inflación y estancamiento (estanflación), con inversionistas privados congelados, consumidores con poder adquisitivo erosionado, y sectores enteros enfocados exclusivamente en la producción bélica.

La verdadera pregunta no es si habrá recesión, sino si será una recesión relativamente controlada o si evolucionará hacia un colapso económico más profundo. Un colapso significaría la imposibilidad de mantener el actual nivel de gasto militar, lo que tendría consecuencias directas en la capacidad rusa para sostener las operaciones en Ucrania. Este es el dilema real que enfrenta Putin: el esfuerzo bélico está destruyendo las bases económicas que lo sostienen.

CONCLUSIÓN

La crisis económica de Rusia en 2026 no es un accidente transitorio, sino el resultado lógico de una decisión estratégica de priorizar absolutamente el esfuerzo bélico sobre la estabilidad económica. A pesar de los privilegios energéticos del país, del aumento de precios del petróleo, y de todos los factores que teóricamente deberían beneficiar a la economía rusa, el déficit fiscal ha alcanzado proporciones insostenibles en apenas tres meses.

La combinación de ingresos colapsados, gastos explosivos, tipos de interés elevados, inversión privada congelada, inflación persistente y escasez de mano de obra crea una tormenta económica perfecta. Los pronósticos de Putin sobre cómo "evitar" la recesión carecen de fundamento en la realidad. La economía rusa se encuentra en una trayectoria de deterioro que, sin cambios fundamentales en la política fiscal y la prioridad del gasto militar, llevará inevitablemente a una recesión y potencialmente a algo peor.

El verdadero costo de la guerra en Ucrania para Rusia no es simplemente medido en vidas perdidas o territorio disputado, sino en la destrucción sistemática de su capacidad económica a largo plazo. Putin ha apostado por la victoria rápida; al no conseguirla, ha quedado atrapado en una guerra de desgaste que consume su economía. Los próximos meses determinarán si Rusia puede gestionar este deterioro o si enfrentará un colapso que redefinirá completamente su capacidad para proseguir el conflicto.

Fuente: El Economista.es 

ECONOMÍA. La deuda pública en la zona euro crece al 87,4% por la presión del gasto en defensa y el coste de los intereses

 La entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales no contiene el aumento del pasivo de los Estados en 2025

La persistencia de altos niveles de deuda pública en Europa se ha convertido en uno de los rasgos más reveladores de la etapa económica posterior a las grandes crisis del siglo XXI. 

En el seno de la Unión Europea, donde la estabilidad fiscal ha sido tradicionalmente un pilar normativo, la reducción del endeudamiento estatal avanza con dificultad pese a un contexto de inflación controlada. Los datos recientes muestran que, lejos de disminuir, la ratio de deuda sobre el PIB sigue una tendencia ascendente moderada, lo que pone de relieve las tensiones estructurales que enfrentan las economías europeas.

Las cifras publicadas por Eurostat indican que en 2025 la deuda pública aumentó por segundo año consecutivo tanto en la zona euro como en el conjunto de la UE. En la primera, pasó del 86,5% al 87,4% del PIB, mientras que en el total de la Unión subió del 80,5% al 81,7%. Este comportamiento contrasta con la evolución del déficit público, que sí logró situarse por debajo del umbral del 3% del PIB establecido en los tratados. Esta divergencia sugiere que, aunque los Estados han contenido parcialmente sus desequilibrios presupuestarios, el volumen acumulado de deuda sigue siendo difícil de reducir.

Una de las razones principales de esta dinámica es el impacto de las crisis sucesivas entre 2008 y 2023: la crisis financiera y de deuda soberana, la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por Rusia. Estas perturbaciones obligaron a los gobiernos a incrementar el gasto público de manera extraordinaria, generando un legado de endeudamiento que ahora pesa sobre las cuentas públicas. Las nuevas reglas fiscales aprobadas en 2024 pretendían corregir esta situación, pero sus efectos iniciales han sido limitados.

En los últimos años, además, ha emergido un nuevo factor determinante: el aumento del gasto en defensa. En un contexto geopolítico más incierto, la seguridad ha pasado a ocupar un lugar prioritario en las agendas nacionales. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso flexibilizar las reglas fiscales para permitir este incremento, una medida que fue adoptada por numerosos Estados miembros. Este cambio facilitó el compromiso adquirido en el marco de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en 2035. Aunque el promedio europeo aún se sitúa en torno al 2%, países como Polonia o las repúblicas bálticas ya superan ampliamente esa cifra, reflejando la desigual exposición a las amenazas externas.

Otro elemento clave es el encarecimiento de la financiación. La respuesta del Banco Central Europeo a la inflación provocó un aumento de los tipos de interés, lo que ha incrementado el coste de emisión y refinanciación de la deuda. Según la OCDE, los inversores exigen mayores rentabilidades para los bonos a largo plazo, lo que dificulta aún más la reducción del pasivo. Así, incluso en un escenario de consolidación fiscal, el peso de los intereses limita el margen de maniobra de los gobiernos.

La debilidad del crecimiento económico europeo también contribuye a este problema. Dado que la deuda se mide en relación con el PIB nominal, un crecimiento lento —o una inflación moderada— reduce la capacidad de “diluir” el endeudamiento. Este fenómeno se observa claramente al comparar distintos países. España, por ejemplo, ha logrado reducir significativamente su ratio de deuda gracias a un crecimiento económico robusto, pasando del 109,3% al 100,7% del PIB en cuatro años. En contraste, Alemania apenas ha conseguido disminuir su deuda debido al estancamiento económico.

Sin embargo, las divergencias entre países siguen siendo notables. Francia e Italia presentan niveles de deuda muy elevados, superiores al 115% y 137% del PIB respectivamente, condicionados por déficits persistentes y dificultades políticas para implementar ajustes. Grecia, aunque mantiene la ratio más alta, ha logrado una reducción significativa en los últimos años, lo que demuestra que la consolidación fiscal es posible bajo determinadas condiciones.

En conclusión, la resistencia de la deuda europea a disminuir responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales: el legado de crisis pasadas, el aumento del gasto en defensa, el encarecimiento de la financiación y el débil crecimiento económico. Estos elementos configuran un escenario en el que la disciplina fiscal, por sí sola, resulta insuficiente. La sostenibilidad de la deuda en Europa dependerá, en última instancia, de su capacidad para reactivar el crecimiento y equilibrar las nuevas prioridades estratégicas con la estabilidad presupuestaria.

Fuente: El País.com

ECONOMÍA. El economista jefe del BCE ve con buenos ojos, que la UE vuelva a emitir eurobonos.

Philip Lane considera que hay argumentos fiscales para que la UE, capte más dinero con deuda mutualizada

 

El debate sobre la emisión de deuda conjunta en la zona euro —los llamados eurobonos— ha resurgido con fuerza en un contexto marcado por nuevas necesidades estratégicas, especialmente en materia de defensa y estabilidad económica. 

Las recientes declaraciones de Philip Lane y Olli Rehn reflejan un cambio relevante en el tono de la discusión: lo que antes era una propuesta controvertida ahora empieza a consolidarse como una opción viable dentro del marco de la integración europea.

Desde una perspectiva fiscal, Lane plantea un argumento clave: la financiación de bienes públicos europeos debería alinearse con los beneficios que estos generan. En otras palabras, si ciertas políticas —como la defensa común o la estabilidad financiera— benefician a toda la zona euro, resulta lógico que su financiación se realice mediante instrumentos compartidos, como la deuda conjunta. Este enfoque no solo responde a criterios de eficiencia económica, sino también a una lógica de equidad entre los Estados miembros.

Sin embargo, Lane subraya que este tipo de iniciativas requiere un elemento fundamental: la confianza mutua entre países. La emisión de eurobonos implica compartir riesgos, lo que exige disciplina fiscal y compromiso político por parte de todos los participantes. Este punto ha sido históricamente uno de los principales obstáculos, ya que existen diferencias significativas en las políticas fiscales y niveles de deuda entre los países de la eurozona.

La experiencia reciente ofrece, no obstante, un precedente importante. Durante la pandemia, la Unión Europea logró emitir deuda conjunta para financiar programas de estímulo, demostrando que la cooperación en este ámbito es posible en momentos de crisis. Aunque iniciativas anteriores, como la propuesta de un activo seguro europeo presentada por Lane en 2018, no prosperaron, el contexto actual parece más favorable para retomar estas ideas.

Por su parte, Rehn refuerza el argumento desde una perspectiva monetaria y financiera. Un activo seguro europeo no solo facilitaría la financiación pública, sino que también fortalecería el papel internacional del euro. Para que una moneda sea verdaderamente global, necesita mercados financieros profundos, líquidos y respaldados por activos de referencia fiables. En este sentido, los eurobonos podrían desempeñar un papel similar al de los bonos del Tesoro estadounidense, que son un pilar fundamental del sistema financiero global.

Además, la creación de un activo seguro común podría tener efectos positivos sobre la inversión privada. Al proporcionar una referencia estable y líquida, se reduciría la incertidumbre en los mercados financieros, lo que incentivaría tanto la emisión como la adquisición de activos corporativos. Esto, a su vez, contribuiría al crecimiento económico y a la competitividad de las empresas europeas.

El Banco Central Europeo ha reconocido estos beneficios en sus propuestas recientes a los líderes de la Unión Europea, abogando por la creación de un activo seguro de referencia común. Según la institución, este instrumento no solo mejoraría la disponibilidad de garantías de alta calidad, sino que también podría diseñarse de manera que preserve los incentivos para mantener políticas fiscales responsables.

En conclusión, la emisión de deuda conjunta en la zona euro se presenta como una herramienta con un potencial significativo para fortalecer la integración económica, mejorar la estabilidad financiera y reforzar el papel global del euro. No obstante, su implementación dependerá en gran medida de la capacidad de los Estados miembros para construir y mantener la confianza necesaria. En un entorno internacional cada vez más incierto, avanzar hacia soluciones compartidas podría ser no solo deseable, sino imprescindible para el futuro de Europa.

Fuente: El País.com

FISCALIDAD. La OCDE advierte de nueva subida del IRPF en España al no adaptarse el impuesto a la inflación

Progresividad en frío, entre el silencioso aumento de la carga Fiscal sobre los trabajadores y las necesidades de financiación del estado de bienestar

INTRODUCCIÓN

La presión fiscal sobre los trabajadores volvió a incrementarse en la mayoría de las economías avanzadas del globo durante el año pasado. 

Lo hizo, en gran medida, de forma automática y silenciosa, al calor del aumento de los precios. Así lo constata la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe Taxing Wages 2025, publicado este miércoles.

Este fenómeno, conocido técnicamente como progresividad en frío, aparece cuando los salarios nominales suben para intentar compensar o aliviar el encarecimiento de la vida. En esos casos, cuando los tramos del impuesto y las deducciones se mantienen inalterados, el trabajador termina saltando a un escalón impositivo superior o pagando un porcentaje mayor de su sueldo sin que su poder adquisitivo real mejore en la misma proporción.

En tiempos de inflación, existe una paradoja económica que afecta profundamente a millones de trabajadores: mientras que los salarios nominales aumentan para compensar el encarecimiento de la vida, la presión fiscal se incrementa de manera automática y casi imperceptible. Los datos recientemente publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe Taxing Wages 2025 revelan que España no escapa de esta tendencia preocupante, que afecta a la mayoría de las economías avanzadas del mundo.

La Progresividad en Frío: Definición y Mecanismo

  La progresividad en frío constituye una distorsión del sistema tributario que ocurre cuando los tramos impositivos y las deducciones no se ajustan al ritmo de la inflación. 

En principio, cualquier sistema tributario progresivo debería mantener constante la carga fiscal relativa incluso cuando los salarios nominales aumentan para compensar la inflación. Sin embargo, cuando esta actualización no se produce, sucede algo paradójico: el trabajador salta automáticamente a escalones impositivos superiores sin que su poder adquisitivo real haya mejorado proporcionalmente.

En el caso español durante 2025, este mecanismo operó con precisión. Aunque los salarios brutos aumentaron un 3,8% —superando la inflación del 2,6%— en apariencia mejorando el poder de compra en 1,2 puntos porcentuales, el tipo impositivo medio se incrementó un 1,5%, absorbiendo casi completamente esta ganancia. El trabajador español, entonces, ganó la batalla nominal contra la inflación pero perdió la batalla real en términos de poder adquisitivo después de impuestos.

La Cuña Fiscal: Un Indicador Revelador

 El concepto de "cuña fiscal" proporciona una medida precisa para cuantificar la magnitud del problema. 

Este indicador representa la diferencia entre lo que cuesta al empleador contratar un trabajador (salario bruto más cotizaciones empresariales) y lo que el empleado recibe realmente (salario neto tras impuestos y cotizaciones). Expresado como porcentaje de los costes laborales totales, este indicador revela el impacto real de la fiscalidad sobre el trabajo.

En España, la cuña fiscal para un trabajador soltero con salario medio alcanzó el 41,4% en 2025, un aumento de 0,3 puntos respecto al año anterior. Esta cifra es especialmente significativa cuando se compara con la media de la OCDE, situada en el 35,1%. Esta brecha de 6,3 puntos porcentuales posiciona a España entre los países desarrollados con mayor presión fiscal sobre el trabajo, lo que plantea preguntas pertinentes sobre la competitividad del mercado laboral español y sobre la equidad del sistema tributario.

Dentro de este incremento de 0,3 puntos, el IRPF contribuyó con 0,25 puntos, mientras que las cotizaciones sociales a cargo de la empresa añadieron 0,05 puntos. Este último componente incluye el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a sostener las pensiones, que el informe de la OCDE identifica específicamente como factor de encarecimiento laboral. Así pues, la solución a problemas de sostenibilidad pensional termina siendo trasladada, al menos parcialmente, a través de mayores costes laborales.

Una Tendencia Global con Variantes Locales

España no constituye una excepción aislada. La OCDE constata que en 24 de los 38 países miembros la carga impositiva aumentó durante 2025, marcando el cuarto año consecutivo de esta tendencia. Sin embargo, las magnitudes varían considerablemente según la jurisdicción.

El Reino Unido experimentó el incremento más drástico dentro del bloque de la OCDE, con 2,45 puntos porcentuales adicionales. Este aumento se explica, precisamente, por la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta mientras los salarios nominales continuaban creciendo. Estonia registró un incremento de 1,94 puntos, mientras que Alemania experimentó un aumento de 1,34 puntos. En contraste, la media de la OCDE se mantuvo más moderada, con incrementos de tan solo 0,15 puntos.

Este fenómeno global refuerza una conclusión importante: la progresividad en frío no es resultado de decisiones tributarias deliberadas e inmediatas de los gobiernos, sino más bien el resultado de la inercia institucional o de la falta de voluntad política, de no actualizar regularmente los parámetros del sistema tributario. Es un impuesto escondido, pero no menos efectivo.

La Estructura Tributaria Española: Pesos y Contrapesos

Un análisis más detallado del sistema tributario español revela una estructura compleja, donde diferentes componentes contribuyen de manera desigual a la cuña fiscal. Las cotizaciones de la Seguridad Social pagadas por la empresa representan el 23,4% de los costes laborales totales, una cifra significativamente superior a la media de la OCDE del 13,5%. Esta diferencia de casi 10 puntos porcentuales refleja una característica estructural del modelo español: la financiación del sistema de bienestar social descansa proporcionalmente más en las cotizaciones empresariales que en otros países desarrollados.

El IRPF, con un peso del 13,1% en España, se sitúa ligeramente por debajo de la media de la OCDE (13,4%), lo que sugiere que el mayor diferencial en la cuña fiscal obedece principalmente a las cotizaciones empresariales más que al impuesto sobre la renta personal. Finalmente, las cotizaciones del propio trabajador representan el 5% en España, cifra inferior a la media de la OCDE (8,1%), indicando que una menor proporción de la financiación del sistema recae directamente sobre los empleados.

El Impacto Redistributivo Debilitado en Rentas Altas

Una característica particularmente distintiva del sistema español es el tratamiento diferenciado de las rentas altas a través del efecto de los topes de cotización. Mientras que en muchos países las aportaciones a la Seguridad Social crecen indefinidamente con el salario, en España existe un techo máximo fijado en 58.914 euros anuales para 2025. A partir de este umbral, el tipo marginal de las cotizaciones cae repentinamente.

Esta disposición tiene consecuencias redistributivas importantes: el sistema pierde fuerza progresiva precisamente donde más podría contribuir a la redistribución de rentas. Mientras que un trabajador con salario medio soporta una cuña fiscal del 41,4%, la progresión se ralentiza significativamente para rentas por encima del tope de cotización. Aunque el aumento hasta el 46,2% para el 167% del salario medio sugiere que la progresividad del IRPF compensa parcialmente, la estructura general tiende a debilitar la capacidad redistributiva del sistema en su extremo superior.

CONCLUSIÓN

La progresividad en frío representa un desafío silencioso pero sustancial para las democracias fiscales modernas. En el caso español, el informe de la OCDE 2025 revela que el sistema tributario no logró adaptarse al ritmo de la inflación, resultando en un aumento automático de la carga fiscal sobre los trabajadores. Mientras que un trabajador español que obtuvo un aumento salarial del 3,8% en 2025 podría haber esperado una mejora del poder adquisitivo de 1,2 puntos respecto a la inflación del 2,6%, el incremento del 1,5% en el tipo impositivo medio erosionó prácticamente completamente esa ganancia.

La cuña fiscal española del 41,4%, significativamente superior a la media de la OCDE, refleja una presión tributaria estructuralmente elevada sobre el trabajo, en la cual las cotizaciones empresariales de la Seguridad Social juegan un papel determinante. Aunque el sistema incorpora mecanismos para proteger a los trabajadores con rentas bajas y promueve la progresividad en los primeros escalones, también genera acantilados fiscales perjudiciales y debilita su capacidad redistributiva en las rentas altas debido a los topes de cotización, que quizás sea una forma de compensar los topes de cotización para los trabajadores que superan los 58.914 euros anuales para 2025. Es decir un trabajador que ingrese al año un millón de euros solo cotiza como si hubiese ingresado el tope de cotización citado de 58.914,00 €

Para abordar estos desafíos, los legisladores españoles deberían considerar actualizaciones regulares de los parámetros tributarios para prevenir la progresividad en frío, revisiones de los acantilados fiscales que penalizan el aumento de ingresos, y un análisis crítico del equilibrio entre la presión fiscal sobre el trabajo y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar social. Solo mediante intervenciones deliberadas y trasparentes en materia tributaria pueden evitarse estos aumentos fiscales implícitos que debilitan tanto el consenso fiscal como la equidad del sistema.

Fuente: El Economista.es